Número 35 – 7

Fundamentos de la Política Económica

El exceso de política, un peligro para la política económica, para las empresas y para los ciudadanos

(por el Dr. Fernando G. Jaén Coll. Profesor titular del Departamento de Economía y Empresa de la UVIC-UCC)

Entre estudiosos de la política económica es sabido que la expresión alude al contenido y que lo sustantivo es la política, adjetivada con la economía; así lo estudiamos en su día. No debiera sorprendernos, pues, el dominio del primero sobre el segundo y así sucede normalmente en la realidad.

La arquitectura política de los Estados se fundamenta en el ejercicio del poder por algunos sobre el resto. Imponer sus decisiones sobre la mayor parte de la población utilizando alguno de los instrumentos principales que J. K. Galbraith señaló en su libro La anatomía del poder (Plaza & Janés Ed. Primera edición: Octubre, 1984): el poder condigno, el compensatorio y el condicionado. “El poder condigno obtiene la sumisión infligiendo o amenazando consecuencias apropiadamente adversas. El poder compensatorio, por el contrario, obtiene la sumisión mediante el ofrecimiento de una recompensa afirmativa, mediante el otorgamiento de algo valioso para el individuo que se somete. […] El poder condicionado, por el contrario, se ejercita modificando la creencia.” (p. 23). Castigar, recompensar y condicionar, han sido utilizados secuencialmente en la historia a la vez que simultáneamente, acumulativamente en una proporción que varía según el momento histórico.

En el presente, en tiempos recientes, si se quiere, refiriéndonos a Occidente (podemos circunscribirlo a los países enriquecidos), los tres instrumentos están presentes, si bien bajo un manto al que llamamos democracia, aludiendo ésta más al acto electoral que al cumplimiento de unos supuestos que varían en el tiempo, cual pudiera considerarse la separación de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial, presentes también en las dictaduras. El busilis está en la manera de materializarlos en el seno de una sociedad dada.

Lo que se considera generalmente como beneficioso socialmente de la acción política y su entramado político-institucional y la acción política misma es que ensanche el bienestar y la seguridad, o al menos lo mantenga para la mayor parte de la población o para una parte suficientemente amplia de esta, esto legitima y hace que se reconozca a quien se aúpa al poder (por vía dictatorial o por medio de representación partidista) como beneficioso socialmente. Por el contrario, si su acción conlleva la reducción del bienestar y/o de la seguridad del colectivo que conforma una mayoría, en términos absolutos o relativos, el juicio le será negativo a quien se ha aupado al poder sin hacerse esperar, aunque no disponga del poder necesario para cambiarlo.

Es la economía una parte principal del bienestar colectivo y, además de su pasado histórico, que se concreta en su configuración actual como formación económico-social, la política incide en ella, mirando desde el presente inmediato hacia el futuro. El colectivo social es un poliedro de muchas caras: a la vez ciudadanos, empresas, consumidores, etc., con intereses particulares individuales y la resultante de las interacciones de sus grupos de interés. La política económica que se realice, la que finalmente se imponga desde el poder, afectará de manera distinta a cada grupo y, a fortiori, a cada individuo. Esa será la intervención del poder sobre el quehacer económico libre de los individuos en un momento dado (podríamos entrecomillar la palabra libre, pues se ejercita esa libertad en el marco legal y condiciones establecidas). Dos vías principales de intervención son las que atañen ampliamente a la política económica: la ordenación económica y los presupuestos de las Administraciones Públicas, tanto por la vía de los ingresos como de los gastos y su resultante.

Esta es la manera de presentar el asunto del poder visto con predominancia política; si bien hay que extenderlo al poder alcanzado por parte de grupos sociales organizados, indispensables al poder político mismo, cual lo son las grandes empresas de lo que J. K. Galbraith llamó “subsistema de planificación” (frente al subsistema de mercado), en clara simbiosis con estamentos del poder y del que hoy tenemos manifiesta presencia en diversos sectores de la economía, principalmente en el dominio digital, en los suministros básicos como energía y agua, y en las finanzas, con mercados que son oligopolios cuando no monopolios por concesión pública. Lo más visible popularmente de la simbiosis del poder político y del subsistema de planificación lo tenemos en las denominadas “puertas giratorias” (o sea, la contratación por empresas privadas de políticos y altos funcionarios públicos que han servido al poder político). Menos visible es la recíproca, cuando altos directivos de empresas privadas se introducen en cargos públicos, sirviendo intereses privados con toda naturalidad.

Puesto que las grandes empresas necesitan un entorno externo estable para evitar malograr sus cuantiosas inversiones, lógicamente tienen interés en que la política económica sea lo más acomodada posible a sus intereses, por lo que hacen valer su fuerza económica para inculcar la conveniencia de sus propuestas a la sociedad (mediante el poder influyente en los medios de comunicación de masas, redes sociales incluidas) en tanto procuran condicionar las decisiones del poder político acomodando a sus líderes, subvirtiendo su supuesta entereza moral o supeditando su financiación. Tenemos ejemplos bastantes de los años 1980 hasta el presente.

No tienen los ciudadanos la fuerza y la influencia de las grandes empresas, reduciéndose al ejercicio del voto entre partidos, que acaban igualmente sometidos a los intereses de las grandes empresas, y, en situaciones graves, a manifestarse públicamente contra medidas de política económica que aprueba el gobierno debidamente condicionado. Lo que otrora se consideró (por J. K. Galbraith en su libro El capitalismo americano. Ariel, Barcelona, 1972) el poder compensador (especialmente los sindicatos, a los que hoy ya no se puede considerar que ejerzan tal poder).

Cabría la esperanza de que la política incidiera en menor medida en la organización y acción económica y lo hiciera compensatoriamente. En cualquier caso, a la acción de las Administraciones públicas le es hoy en día exigible que bogue en favor de una economía que favorezca a la más amplia porción de población sin abandonar a los menesterosos que antaño acudían a la caridad. En el juego de intereses entre partidos políticos, grandes empresas y ciudadanía, la política económica no debe estar dominada por intereses mayormente políticos, vale decir de los partidos políticos y de las altas burocracias del poder, repercutiendo negativamente en las empresas y en los ciudadanos; por el contrario, la acción política debiera comprender la manera de actuar económicamente de una sociedad compleja y no desbaratar los planes que los sujetos económicos se forjan para actuar.

La seguridad jurídica, tal vez el bien más preciado de la ordenación económica, se ve amenazada por la proliferación de normativas, por su defectuosa redacción y abuso de terminología innecesariamente abstrusa, por su ubicación en marcos legales generales, por la variedad de centros emisores de legislación sobre un mismo asunto. Afecta a empresas y a ciudadanos, pero estos últimos están en desventaja y los medios compensatorios que pone a su alcance el poder político son escasos e inadecuados para que surtan eficacia.

Siguiendo a von Mises, en su idea de la incapacidad del sector público de sustituir las decisiones individuales que se manifiestan en el mercado, podemos señalar que intervenir sobre la legislación de sectores enteros (en última instancia por mero interés electoralista o por beneficiar a unos inversores frente a otros), creyendo que funcionarios públicos, aunque tengan un elevado nivel de formación y experiencia ministerial van a ser capaces de comprender mejor que los actores económicos el funcionamiento del mercado en cuestión, así como las decisiones adaptativas al entorno, es exceso de soberbia que concede el estar en el poder.

La intervención pública mediante subvenciones a sectores o a empresas en particular, es otra manera de desbaratar los planes de inversión y adquisición de bienes. Una cosa es que, producido un daño generalizado, imposible de atender individualmente, la Administración acuda en pronto socorro, y muy otra es convertirse en intérprete del futuro económico a gusto y manera del político o de su partido y decidir que se apoya a este y no a otro sector o empresa. ¿Puede acaso el poder político ver con anticipación lo que conviene a los individuos de una formación económica y social? ¿Puede acaso hacer el cálculo económico de la resultante mejor que los individuos involucrados? Esto se plantea hoy crudamente en asuntos como la política energética (a título de ejemplo: la Comisión europea no ha tenido empacho en aplazar objetivos, que planteó años ha y que eran inalcanzables. El Gobierno francés, interviniendo con su mayoría accionarial en la empresa EDF, ha causado el desastre de ésta, al a que habrá de salvar mediante el aumento en la participación de su capital. Los ejemplos recientes del gobierno PSOE con Podemos y apoyos concretos de otros partidos, muestran igualmente el inadecuado uso de dinero público). El político adopta las medidas por su efecto propagandístico y electoral más que por sus consecuencias económicas, que desconoce, por más asesores que pague.

Inundar de regulaciones técnicas todos los sectores, escudándose en atender seguridades marginales, normalmente suscitadas por el miedo estimulado por intereses particulares, es otra vía de intervención pública que enrarece lo económico. Quien tras la crisis de las “subprimes” se crea que la parafernalia regulatoria a que se ha sometido a los bancos beneficia a los ciudadanos, se equivoca de medio a medio. Encarecimiento de los servicios bancarios, restricciones contractuales, reducción de la flexibilidad necesaria para acomodar los intereses ciudadanos con los de la banca, todo en nombre de supuestas mejoras que en última instancia ocultan la pésima gestión de los bancos centrales, provocadores de la crisis (“incendiarios”, según el gran coyunturalista y profesor francés, Patrick Artus, Les incendiaires: les banques centrales dépassées par la globalisation, Ed. Perrin, Francia, 2007, del que puede verse mi reseña en Foment del Treball Nacional, N.º 2025, 2009/02, pp. 46 a 49), peor aún, incapaces de ver venir la crisis (ya es caso extremo el del gobernador del Banco de España, el socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que reconoció no haberse enterado), por lo que toda la política económica anterior no parece que fuera acertada, particularmente la de tipos de interés.

Otro ejemplo de exceso de política en la política económica, es el de forjar expectativas de inflación, (entendida ésta por su repercusión en los precios de los bienes de consumo). Mantenerla bajo control es un objetivo de quienes llevan a cabo la política económica, en este caso con la particular encomienda a los Bancos centrales, y puede inducir a un error en la toma de decisiones empresariales y también de los ciudadanos.

¿Qué orientación pueden deducir los actores económicos de las opiniones manifestadas desde el Banco de España? En particular de las manifestadas por Óscar Arce, director general de economía y estadística del Banco de España, que aludía, en 2019, al deterioro de las expectativas de inflación como uno de los dos argumentos a la acomodación de la política monetaria (La economía española tras un lustro de crecimiento ininterrumpido: Perspectivas y retos. Intervención en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, 25 de junio de 2019), sin que fuera objeto de su intervención un año y medio después en el Foro Económico de Castilla (La economía española ante la crisis del COVID: situación, perspectivas y retos. Madrid, 12 de noviembre de 2020), mencionándola en la presentación de las Proyecciones macroeconómicas de España 2021-2023 (Madrid, 23 de marzo de 2021 en los términos siguientes: “El alza de la inflación en 2021 se prevé que sea temporal, condicionado por el ascenso de los precios de las materias primas, que no implican modificaciones significativas del escenario de inflación a medio plazo.” (p. 4), que viene a ser una manera de forjar expectativas tranquilizadoras en los actores económicos.

A parecidas expectativas calmas nos conduce una más completa explicación de las causas, expuestas en un artículo publicado por el Banco de España (Los factores detrás del reciente incremento de la inflación en España, por Matías Pacce e Isabel Sánchez. (Banco de España. Boletín Económico 3/2021. Informe trimestral de la Economía Española. Recuadro 7): los precios de la electricidad, los precios de la energía no eléctrica y la incidencia en hostelería y ocio, todos ellos afectados por un efecto base como consecuencia de la desaceleración que tuvieron previamente en el año 2020. Consideradas alzas transitorias, si bien se admite que pudieran tener efectos indirectos y de segunda vuelta. Todo ello conduce a pensar en un paréntesis del que no hay que preocuparse mucho; sin embargo, entrados ya en 2022 y vistas las actuaciones de la Fed en materia monetaria y sus consecuencias en los precios de las acciones en las Bolsas, cabe dudar del acierto de los que elaboran la política económica española y de si no son los actores económicos más capaces de anticipar el devenir económico y de si no confunde más que ayuda la pretensión política de señalar la transitoriedad de la inflación, creando con ello confusión.

Para la zona euro, véase el gráfico siguiente, publicado por el servicio de estudios del banco francés BNP el 6 de octubre de 2021, del que su autora, Hélène Baudchon, que, desde finales de 2020, la inflación en la zona euro remonta de manera casi vertical y que un año antes era ligeramente negativa (puede verse en https://economic-research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublication.aspx?type=document&IdPdf=44545, última consulta, 21-1-2021):

Por otra parte, no debe olvidarse al hablar de inflación, que los precios de los activos de inversión se elevaron como consecuencia de la disponibilidad de liquidez a escaso coste o nulo, intentando forzar la máquina económica a la vez que se erosionaba progresivamente el ahorro ciudadano en los depósitos bancarios a plazo.

El sobrepeso de la política en la política económica pudo ser más tolerable en épocas anteriores, pero se alza como amenaza en el presente y futuro inmediato en que las sociedades se han segmentado y la pluralidad de intereses chocan entre sí y con las intenciones sentimentales que manejan los políticos, más allá de lo que pueda convenir a la economía.



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