Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz (extra 2022) – 11
Estanflación o conflicto social: una lucha que ya se ha instalado en la economía española
(por Ana Cristina Mingorance Arnáiz, Profesora de la Universidad CEU-San Pablo)
A Luis debo mi amor por la economía y la política económica. Fue la persona que me acercó al mundo de la economía, pues cuando aún contaba 18 años, y me debatía, como todos los jóvenes de la época, entre estudiar Economía General o Economía de la Empresa, me dejó claro, a través de mi padre, Guardia Civil como él, que la empresa no funciona sin la economía. Entender cómo se relacionan las variables económicas, qué hechos afectan a su evolución, cómo se puede actuar sobre ellas… es fundamental para un buen desempeño empresarial. No se trata de predecir, solo de entender qué está ocurriendo en la economía y por qué, pues solo así es posible tomar decisiones que animen al consumo y la inversión privada, favoreciendo de este modo la prosperidad económica.
1.- Introducción
Hace apenas un año, la economía española vivía inmersa en un proceso deflacionista similar al experimentado durante la Gran Recesión del 2008. La demanda se hundió por la crisis sanitaria de la Covid-19, y con ella la producción y los precios. En el segundo semestre de 2020, la caída interanual del PIB superó el 21%, alcanzando niveles que no se habían observado desde la Guerra Civil.
Lejos parecen haber quedado esos tiempos en los que luchar contra la caída de precios se convertía en el objetivo esencial de las autoridades fiscales y monetarias. Desde marzo de 2021 se ha producido un repunte notable de la inflación, al alcanzar, en marzo de 2022, el 9,8%. Si bien, el problema no es exclusivo de España. En marzo de 2022 la inflación de Estados Unidos se situaba en el 8,5%, la de la Zona euro en el 7,5%, y la de la OCDE en el 7,7% en el mes de febrero. De hecho, algunos países europeos, como la República Checa, Estonia, Letonia y Lituania, mostraron cifras que superaron los dos dígitos.
En esta ocasión, y a diferencia de lo que ha ocurrido en otros periodos, los factores de oferta y de demanda se han combinado para empujar los precios al alza. El aumento que experimentaron los precios a lo largo del 2021 se explicaría, esencialmente, por perturbaciones positivas de demanda. Los shocks negativos de oferta quedaron relegados a un segundo plano, al contribuir de forma gradual, y en menor medida, al crecimiento de la inflación. En 2022 la situación cambia, los shocks de oferta resultan fundamentales en el comportamiento de los precios.
2.- Porque preocupan tanto las altas tasas de inflación
La recuperación de los precios era necesaria, por eso las alarmas no saltaron hasta septiembre de 2021, cuando empezaron a observarse crecimientos pronunciados en la inflación subyacente (véase gráfico 1)[1]. Es entonces cuando los primeros analistas empiezan a temer que la inflación no sea un problema temporal.
En agosto de 2021, el 24% de los componentes de la cesta del consumo experimentaban crecimientos superiores al 2%. De este 24% casi la mitad eran productos energéticos y alimentos, todos ellos bienes que escapan al cálculo de la inflación subyacente. La situación cambia drásticamente al mirar los datos de marzo de 2022, cuando el 70% de los productos incluidos en la cesta del consumo alcanza tasas de inflación superiores al 2%, y casi el 30% se sitúa por encima del 5%.
Estos datos muestran que el actual problema de inflación se ha instalado en la cesta de la compra, y lo ha hecho con cierta velocidad. Se trata de un problema permanente que fácilmente llegará a alcanzar los dos dígitos, algo que no se veía desde mediados de los años 80, cuando la crisis energética de finales de los 70 daba sus últimos coletazos.
Comprender los motivos que han empujado al alza el crecimiento de los precios es un primer paso para conocer, por un lado, el nivel de anclaje de la inflación, y por otro, las medidas que podrán aplicarse para evitar que siga acelerándose y, en la medida de lo posible, corregirla.
3.- Factores determinantes de la elevada inflación
La elevada tasa de inflación que se observa en la mayoría de los países nos lleva a buscar las causas, no solo dentro de nuestras fronteras, sino también en el exterior. Así, entre los factores determinantes de este aumento de los precios encontramos: a) la fuerte recuperación de la demanda a partir de la segunda mitad del 2020, una vez que las medidas de contención del virus dieron los primeros frutos, b) el aumento en el precio de los productos energéticos, como el gas, el petróleo o la electricidad, c) el crecimiento de los precios de ciertas materias primas, como los metales, los semiconductores y los productos agrícolas, entre otros, y d) la disrupción en las cadenas de suministro globales, lo que ha afectado a los precios y disponibilidad de determinados bienes intermedios.
Durante la crisis financiera del 2008 las autoridades europeas se vieron obligadas a aplicar políticas monetarias y fiscales expansivas. El BCE acudió para ello a instrumentos convencionales y no convencionales, tales como, comunicaciones respecto a las actuaciones futuras sobre el tipo de interés, o medidas de relajación cuantitativa que se trasladan a su balance[2]. Durante la crisis de la Covid se aumentó la expansión monetaria con programas de compras de activos (PEPP), relajación en las condiciones de acceso a las operaciones de financiación a más largo plazo (LTRO III), y acceso a un nuevo programa de operaciones de financiación a más largo plazo (PELTRO). El objetivo era inundar de liquidez el mercado para facilitar el acceso a la financiación de gobiernos y empresas. Por su parte, los gobiernos nacionales se vieron en la necesidad de aumentar su déficit y deuda, con programas de gasto sobre el mercado de trabajo y en materia sanitaria.
En definitiva, las circunstancias de los últimos diez años generaron un exceso de liquidez en el mercado, y cuando la recuperación económica y sanitaria se produjo, la demanda se disparó. Encontramos en el crecimiento de la demanda un primer detonante para la escalada de los precios.
Frente al aumento de la demanda encontramos los problemas de oferta. Las medidas de choque que se adoptaron para paliar los efectos de la Covid-19 frenaron no solo la demanda, sino también la producción, especialmente la de determinados sectores[3]. Superados los grandes escollos de la pandemia, la demanda se recuperó, pero la oferta no fue capaz de hacerlo al mismo ritmo. Los desajustes entre la oferta y la demanda generaron cuellos de botella que han incidido con fuerza en algunos sectores como el de fabricación de vehículos de motor, el caucho, el plástico, el papel, el material de equipo electrónico, la informática, la electrónica y los productos metálicos. La preocupación respecto a la disrupción en las cadenas globales de suministro es doble. En primer lugar, la capacidad de las empresas para responder a la demanda se habría visto limitada, lo que provocó un aumento de los precios de los bienes manufacturados. En segundo lugar, la producción disminuye, generando cierto temor a la entrada en una nueva fase de recesión. Fernández Cerezo et al (2021) estimaron que las disrupciones en las cadenas globales de suministro podrían reducir el crecimiento del PIB entre un 0,7 y 1,2 p.p. a lo largo de 2021 y 2022. En esta caída juegan un papel esencial los efectos arrastre nacionales e internacionales.
Estos problemas de oferta se han visto agravados por el encarecimiento del gas, el petróleo y ciertas materias primas (metales, semiconductores, productos agrarios, etc.), lo que ha provocado un aumento de los costes de producción y suministro de todos los bienes. La producción oligopolística de muchas de estas materias ata de manos a los productores nacionales, a los que no les queda más remedio que asumirlos, y siempre que sea posible, trasladarlos a los consumidores finales.
En relación con el petróleo, no debe pasarse por alto que el consumo de las familias en productos derivados del petróleo es significativo y, que es además un factor empleado en la producción de otros bienes y servicios. El precio del barril de petróleo ha experimentado incrementos sin precedentes en el último año. Así, como se muestra en el Gráfico 2, el crecimiento medio del último año alcanza el 92%, superándose el 200% en abril del 2021. Este aumento medio se sitúa por encima del incremento del 82% de enero de 2017.
Las variaciones del precio del petróleo no son un problema si se consideran de manera aislada, pues sus subidas suelen acompañarse de fuertes caídas en otros momentos del tiempo. En este sentido, el mayor problema del aumento del precio del petróleo se encuentra, como mencionan Álvarez et al. (2017), en que sus variaciones se trasladan con rapidez a la inflación general, mucho más difícil de corregir. Al subir el precio del petróleo se incrementa el precio de los carburantes, lo que eleva los costes de transporte y consecuentemente los de distribución. Cuando esto ocurre, se produce un aumento de los costes de producción que las empresas terminan por trasladar a los precios de venta del resto de productos. Es entonces cuando la inflación se instala en la economía.
Respecto al gas, el incremento de su precio se vincula tanto, a las distorsiones de la oferta, como a la mayor demanda procedente de Asia, pero también, a la intensa reactivación de la actividad económica mundial (véase Pacce y Sánchez (2021) y Alonso y Suárez-Varela (2021)). Los países productores están afrontando elevados costes para mantener sus infraestructuras ante la reducción en la inversión de los últimos años, al tiempo que se han generado ciertas tensiones geopolíticas. El resultado ha sido una escalada en el precio del gas que ha arrastrado consigo a la electricidad y al resto de productos[4]. El Gráfico 3 muestra la relevancia que los carburantes y combustibles tienen en la variación del IPC de la economía española, y deja claro que la subida de los precios de la energía suele ser un factor explicativo de la inflación.
Entra dentro de las previsiones que los precios del gas sigan subiendo. Las sanciones impuestas por Occidente a Rusia como consecuencia de la invasión de Ucrania, aunque imprescindibles, no ayudan a rebajar las tensiones[5]. A ello se une, en el caso de España, el más que probable recorte en el suministro de gas por parte de Argelia. La decisión del Presidente del Gobierno de apoyar la propuesta de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, solo ha avivado las tensiones. De hecho, y pese a los elevados costes de transporte, España se ha visto obligada a incrementar sus importaciones de gas procedente de Estados Unidos.
La subida del precio del petróleo, el gas y la electricidad, ha terminado por afectar a consumidores y productores. Recientemente hemos vivido una huelga de camioneros, incapaces de afrontar los costes de llenar el depósito de sus camiones. No dejamos de oír que los pequeños empresarios, ahogados por los altos precios de la electricidad y la subida de sus costes de producción, se ven abocados al cierre. Y las familias destinan cada vez una mayor parte de sus rentas al pago directo de gasolina, gas y electricidad. A ello habría que añadir el aumento en el precio de ciertas materias primas, como el litio o el níquel, cuyas reservas se encuentran mayoritariamente en Rusia y Ucrania, y de muchos productos agrarios que son bienes básicos en la cesta del consumo[6]. Todo ello se ha convertido en una tormenta perfecta que ha ayudado a que la inflación se haya instalado en nuestra economía.
4.- Principales efectos de la persistencia de la inflación y algunas medidas necesarias
La elevada inflación que estamos soportando afectará a distintos aspectos de la economía. En primer lugar, ya se están viendo redistribuciones de renta entre países, pero también dentro del país. Por un lado, es de esperar que, como consecuencia del aumento del precio de la energía, se produzcan redistribuciones de renta desde los países importadores de dichas materias primas hacia los exportadores de las mismas. Por otro lado, las desigualdades sociales, ya dañadas por la pandemia, se acrecentarán. La subida de precios no afecta por igual a todos los hogares. Como menciona Sánchez Soliva (2022) la fuerte subida de los precios de los bienes de primera necesidad (alimentos, vivienda y productos energéticos) impacta en mayor medida en los hogares con menor renta. El diferencial del impacto de la citada inflación se cifra en 0,8 p.p. en beneficio de las rentas altas.
En segundo lugar, las elevadas tasas de inflación están retrasando la recuperación del poder adquisitivo de las familias. La Covid-19 mermó la renta disponible en más de un 3% a lo largo de 2020, y no logró recuperarse en 2021. Si tenemos en cuenta que fueron las rentas bajas las que soportaron las mayores pérdidas de renta, y también las que más están sufriendo la subida de los precios, es razonable pensar que las desigualdades sociales se acrecienten.
También se observan redistribuciones de renta entre las empresas en función de su tamaño y el sector productivo al que pertenezcan. Las pequeñas empresas, con menor poder negociador en los mercados, y con menos instrumentos para adaptarse a la nueva coyuntura, se encuentran en una posición más vulnerable que las grandes para sortear la inflación. En cuanto a los sectores productivos, manufacturas y turismo son los más susceptibles de perder cuota de mercado. El motivo se encuentra en el aumento del precio de la electricidad y del petróleo, que está afectando negativamente a su nivel de competitividad.
En cuarto lugar, entra dentro de lo probable que las incertidumbres respecto a la duración y virulencia del conflicto bélico en Ucrania incremente las expectativas de inflación de consumidores y empresas, lo que se traducirá en presiones al alza en los costes laborales. Los efectos de segunda ronda son más probables cuando la inflación se extiende al conjunto de bienes y se alarga en el tiempo. Aunque ha logrado contenerse la espiral inflacionista, en parte por el grado de holgura que existe en el mercado de trabajo, lo cierto es que los incrementos salariales que se recogen en los convenios colectivos firmados en marzo de 2022 (2,7% de media) ya muestran un ligero ascenso frente a los negociados en 2021 (1,5%)[7]. Aumentar los salarios al ritmo que lo hace la inflación es pernicioso para la economía a largo plazo, pero no hacerlo producirá efectos negativos sobre la capacidad de ahorro de las familias, y a la larga perjudicará el crecimiento económico y aumentará el endeudamiento y las desigualdades sociales.
Cuando la inflación surge por una combinación de causas, como está ocurriendo ahora mismo, no se puede esperar una solución a corto plazo, pero sí se pueden adoptar algunas medidas que ni España ni Europa quieren plantearse. El Banco Central se ha obstinado en mantener el programa de compras de activos y los tipos de interés de financiación nulos. En lugar de actuar para controlar el aumento de los precios y cumplir así con su mandato, ha optado por evitar el colapso de la economía y de los gobiernos nacionales, permitiéndoles refinanciar su deuda a coste cero[8]. El BCE no tiene intención de concluir con la compra de deuda hasta el tercer trimestre de 2022, y todavía no ha hablado de subir los tipos de interés. Retrasar una medida que ya otros Bancos Centrales han adoptado solo hará que, cuando la restricción monetaria se lleve a cabo, los efectos negativos sean aún más intensos.
Por su parte, el Gobierno español ha preferido mirar a otro lado. Culpar a otros del aumento de precios es lo fácil, pero pensar que todo se debe a la política monetaria del BCE y al conflicto de Ucrania, es no querer asumir responsabilidades. Dejando de lado los pasos erróneos que se han dado en las relaciones diplomáticas, el Gobierno se ha empeñado en mantener los niveles de demanda subiendo el gasto público. A la extensión de los ERTES se une la subida de las pensiones en función del IPC, dando marcha atrás a la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy con la que se pretendía contener el gasto de la Seguridad Social[9]. Se aprobó el ingreso mínimo vital y se han otorgado subvenciones a la gasolina y la electricidad. Afrontar la inflación generando déficit público no es más que un parche que dificultará su solución futura. En lugar de incrementar el gasto público se debería haber optado por relajar las tensiones inflacionistas reduciendo el gasto público y apoyando la iniciativa privada mediante una reducción de impuestos a empresas y ciudadanos.
Aunque las autoridades monetarias y fiscales pueden adoptar medidas para corregir la inflación, sus efectos no serán inmediatos. Se hace necesario alcanzar un pacto de rentas amplio que logre distribuir de la manera más equitativa posible los costes de la inflación, y que evite los efectos de segunda ronda, y el impacto negativo sobre el empleo y la inversión. Además, y a más largo plazo, se recomienda invertir en energía nuclear, lo que ayudaría a contener, como en el caso de Francia, futuras tensiones inflacionistas que tengan su origen en el aumento del precio de la energía.
Bibliografía
Alonso, I. y Suárez-Varela, M. (2021), “Un análisis del impacto económico global del reciente encarecimiento de las materias primas energéticas”, Boletín Económico del Banco de España, 4/2021, pp. 27-30
Álvarez, L.J. y Sánchez, I. (2018), “Variables de referencia para el análisis de la inflación en España”, Boletín Económico del Banco de España, 3/2018, Nota económica del 14 de septiembre de 2018.
Álvarez, L.J., Sánchez, I. y Urtasun, A. (2017), “El efecto de las fluctuaciones del precio del petróleo sobre la inflación española”, Boletín Económico del Banco de España, 2/2017, Artículo Analítico.
Fernández Cerezo, A., Montero, J. M. y Prades, E. (2021), “El impacto potencial de los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro sobre la economía española en los próximos trimestres”, Boletín Económico del Banco de España, 4/2021, pp. 39-41.
Izquierdo, M. y Soler, I. (2022), “Un primer análisis acerca del impacto de la inflación sobre la negociación colectiva en 2022”, Boletín Económico del Banco de España, 1/2022, pp. 42-44.
Sánchez Soliva, R. (2022), “La inflación sí entiende de clases”, Informe mensual del Servicio de Estudios de la Caixa, nº IM03, pp. 15-16.
Pacce, M. y Sánchez, I. (2021), “Los factores detrás del reciente incremento de la inflación en España”, Boletín Económico del Banco de España, 3/2021, pp. 46-48.
[1] Siguiendo a Álvarez y Sánchez (2018), hemos tomado como inflación subyacente la tasa de inflación excluidos los alimentos, tanto elaborados como sin elaborar, y la energía, en lugar del tradicional IPSEBENE. El aumento de este último indicador de precios ha sido incluso mayor que el del indicador utilizado.
[2] En octubre del 2008 el BCE actuó sobre los instrumentos convencionales. Comienza a reducir el tipo de interés de las operaciones principales de financiación, hasta situarlo, en menos de un año, en el 1%. Al mismo tiempo actúa sobre las subastas de dinero, tanto de las operaciones principales de financiación (MROs) como de las operaciones de financiación a más largo plazo (LTROs). Ambas pasan a realizarse a tipo fijo, a plazos más largos, al tiempo que se amplía la lista de activos que son admitidos como garantía en los préstamos solicitados, y se adjudican todas las cantidades demandadas. En relación con los instrumentos no convencionales el Banco Central se dotó de una serie de instrumentos con los que pretendía conceder préstamos directos a los bancos, inicialmente ampliando las líneas swaps con otros Bancos Centrales, para recurrir en mayo de 2009 a un programa de compra de bonos garantizados (CBPP).
[3] En concreto, la hostelería perdió el 50% de la actividad en el 2020, las actividades de ocio casi el 25%, y las de transporte y almacenamiento el 26%, al igual que el comercio al por mayor y el minorista.
[4] El precio del gas muestra crecimientos más moderados que el del petróleo, si bien, su crecimiento medio mensual en el último año se sitúa en el 20,5%.
[5] Finlandia y Suecia acaban de solicitar su incorporación a la OTAN, incrementando aún más las tensiones. De hecho, Rusia ha amenazado con desplegar armas nucleares en el mar Báltico en el caso de que la adhesión se lleve a cabo, lo que podría aumentar la virulencia de la guerra y por ende sus consecuencias sociales, políticas y económicas.
[6] La exposición directa de España al conflicto de Ucrania es reducida, si bien, la exposición indirecta es mayor. España apenas depende del petróleo y el gas ruso, y la dependencia del maíz, el trigo y el aceite de girasol ucranianos solo tiene un impacto microeconómico, pero sí dependemos del turismo ruso. Además, un elevado número de empresas españolas tienen intereses en Rusia y sin duda nos veremos afectados por la escalada de los precios de la energía en los mercados internacionales, la inflación que soporten otros países y que absorberemos vía importaciones, y las medidas que sobre el tipo de interés y la compra de deuda adopte el BCE.
[7] Como señalan Izquierdo y Soler (2022), el riesgo de una espiral inflacionista no reside en el incremento salarial pactado, sino en la inclusión de cláusulas de salvaguarda salarial, cuya presencia ha aumentado este año.
[8] El balance del BCE ha seguido creciendo pese a la inflación. Así, desde agosto de 2021 el aumento del activo, y consecuentemente del pasivo, del BCE, ha superado el 8%.
[9] Revalorizar las pensiones con el IPC no solo supone un gasto adicional este año, sino también genera un gasto acumulativo que da lugar a mayores incrementos del gasto futuro.
