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Políticas económicas estructurales
Emprendimiento y bienestar en la Unión Europea: implicaciones de política económicaesarial
(por Saby Giannina Romero Medina, Departamento de Economía Aplicada I -área de Política Económica- Talavera-, Universidad de Castilla-La Mancha)
El análisis del estado de bienestar se debe a que este es uno de los principales objetivos de las diversas economías de la Unión Europea. El debate sobre los regímenes de bienestar radica en el papel que el Estado debe desempeñar, surgiendo dos corrientes. La primera, de origen europeo, señala que el Estado desempeña el papel central, sobre el que recae la responsabilidad de garantizar un nivel de protección social mínimo. Los defensores de la segunda corriente de origen anglosajona, en cambio, señalan que el mercado es el que desempeña el papel central a la hora de configurar un estado de bienestar mínimo para los miembros de una sociedad. Estas corrientes han cobrado mayor importancia frente a los diversos desafíos a los que se enfrentan las economías de la Unión Europea-15 en la actualidad, entre los que destacan las débiles tasas de crecimiento económico, el incremento persistente del gasto social, los elevados niveles de desempleo en algunos países, el cambio en la estructura familiar, entre otros (Arellano-Esparza, 2023; Coote, 2022). En consecuencia, y frente a estos desafíos se requieren de nuevas alternativas que equilibren los esfuerzos públicos y privados en la garantía del bienestar, siendo una de estas alternativas, el emprendimiento.
El objetivo principal de esta investigación consiste en determinar el efecto del emprendimiento sobre el bienestar, concretamente sobre el crecimiento económico, la pobreza y las desigualdades, en las quince economías de la Unión Europea, las que se unieron antes de su ampliación en 2004 y, a continuación, plantear acciones concretas en materia de política económica. Esta investigación, tras este planteamiento introductorio, consta de 3 epígrafes: el primero muestra los aspectos relacionados con el estado de bienestar; el segundo, trata sobre el emprendimiento; el tercero sobre las implicaciones de política económica y, finalmente, el cuarto, sobre las conclusiones.
1. El estado de bienestar en la Unión Europea
La literatura coincide en señalar que el origen del estado de bienestar se produjo en la Alemania de Bismark hace más de 140 años. Este sistema de protección involucraba la aportación de tres agentes de la economía: los obreros, los patronos y el Estado, con el objetivo de garantizar el bienestar de la población y salvaguardar la economía de la influencia socialista radical de aquella época (OIT, 2009). Ahora bien, cuando se habla de bienestar surgen algunos cuestionamientos respecto a qué tipo de bienestar se refiere y, dado que el término abarca diversas interpretaciones, entre las que se incluyen el bienestar físico, psíquico, familiar, social o la conjunción de todos estos términos, una forma de aproximarse a dicho concepto es a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que, en su artículo 25, establece:
- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
- La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Con el establecimiento de estos derechos se pretende alcanzar el objetivo de proteger a los ciudadanos ante situaciones de incertidumbre y de indefensión, que pueden aparecer a lo largo de la vida de una persona y que escapan de su voluntad. Por lo tanto, un Estado puede ser calificado como de bienestar cuando está comprometido en asegurar al menos una cantidad mínima de esos derechos, por medio de políticas económicas, de las actuaciones de instituciones públicas concretas o a través de ciertas reformas (Béland et al., 2023; León, 2023).
La consolidación del estado de bienestar se produce después de la Segunda Guerra Mundial en un contexto de altas tasas de crecimiento económico, lo que permitió que el gasto social vinculado a la protección social se incrementara, dando lugar a la generalización del bienestar en los países de Europa occidental (Robertshaw et al., 2022; Rodríguez y Puga, 2022). Frente a la consolidación y expansión del estado de bienestar, llega un momento que, con la crisis del petróleo de 1973, se empiezan a replantear las políticas keynesianas que habían funcionado hasta entonces. Dentro de los principales acontecimientos y reformas en la Unión Europea- 15 se encuentran: Primero, la postura en contra del intervencionismo estatal volvía a cobrar fuerza a partir de 1980, en Reino Unido, por ejemplo, durante el gobierno de Thatcher se implementaron una serie de medidas destinadas a contraer el gasto social. Más adelante, en la década de los noventa, surge la tercera vía como una nueva alternativa, no obstante, la tendencia hacia la reducción del gasto se mantuvo en los próximos años. Así, durante la crisis financiera de 2008, las recomendaciones a nivel de la UE se dirigían hacia su reducción, situación que cambió con la llegada de la crisis sanitaria de 2019 (Olsen y Jensen, 2022; Pérez, 2023).
En segundo lugar, las débiles tasas de crecimiento, en las quince economías, a partir de los últimos años del siglo XX, situación que se ha mantenido hasta la actualidad. Además, la recaudación de ingresos fiscales para hacer frente a las necesidades sociales se vio agravada por el incumplimiento de las obligaciones tributarias, así como por el peligro que experimentan los gobiernos si toman la decisión de incrementar la presión tributaria (Huber et al., 2022).
Tercero, los cambios sociodemográficos, entre los que se encuentran el envejecimiento de la población, las bajas tasas de fecundidad, el incremento de la esperanza de vida y la tasa de dependencia. En el interior de la familia también se ha producido una transformación, principalmente en el rol de la mujer, que se ha incorporado al mercado de trabajo.
Cuarto, la economía postindustrial ha sufrido una transformación a raíz de los avances tecnológicos, esta situación ha provocado un descenso de la mano de obra industrial fordista. La mano de obra en el estado de bienestar contemporáneo se caracteriza por ser menos estandarizada y más diferenciada (Koch, 2022).
Quinto, el incremento de la cantidad de trabajos temporales o a tiempo parcial, las altas tasas de desempleo juvenil, los bajos niveles salariales en algunos empleos femeninos de baja cualificación, entre otros aspectos, han supuesto la reconfiguración del mercado laboral, con los consiguientes recortes en la protección social (Koch, 2022).
Ahora bien, diversos estudios han tratado de concretar cuál es el mejor estado de bienestar; no obstante, en este análisis se presenta la dificultad de encontrar un indicador que mida ese bienestar. En este sentido, la literatura ha venido considerando que el PIB per cápita es el mejor indicador, dado que un mayor crecimiento económico proporciona mayores niveles de empleo y menores niveles de pobreza (De Beer et al., 2001; Romero, 2023) y desigualdad (Anand y Kanbur, 1993; Barnajee y Duflo, 2003). Todos estos retos hacen que se planteen nuevas alternativas de financiación, como la creación de nuevas empresas, las que permitirán hacer frente a los elevados gastos de protección social de la Unión Europea, pero que, al mismo tiempo, contribuyen a la consecución de los objetivos sociales y económicos.
2. El emprendimiento
El emprendimiento se conceptualiza como el proceso por el que se ponen en marcha acciones encaminadas a detectar oportunidades y/o generar nuevas actividades, sean estas empresas, productos, procesos, formas de comercialización o formas de gestión, pudiendo asumir riesgos en condiciones de incertidumbre (Audretsch y Keilbach, 2004; Castaño-Martínez, 2020; Ebner, 2000; Galindo-Martín et al., 2023). Además, el emprendimiento contribuye a transformar y mejorar el bienestar de la sociedad; esto se debe a la capacidad que tienen los emprendedores para enfrentar desafíos globales, como las crisis económicas y los cambios en el ámbito social, cultural e institucional (Boudreaux et al., 2022; Dicuonzo et al., 2022; GEM, 2002).
2.1. El Emprendimiento y su relación con el crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad
Existen numerosos estudios que evidencian la relación positiva entre emprendimiento y crecimiento económico (Aeeni et al., 2019; Audretsch, 2005; Castaño et al., 2016; Doran et al., 2018; Galindo-Martín, 2008; Galindo-Martín, 2009; Méndez-Picazo et al., 2012; Stoica et al., 2020). En efecto, la iniciativa empresarial a través de la creación y desarrollo de nuevos productos, la búsqueda de nuevos mercados y la innovación tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico. Tal impacto significativo del emprendimiento en el crecimiento económico se deriva de la creación de empleo, del cambio tecnológico generado por la intensificación de la competencia y el aumento de la productividad (Acs, 2006) o de la innovación (Audretsch et al., 2006).
Por otra parte, cuando se analiza el efecto del emprendimiento sobre la pobreza, el World Business Council for Sustainable Development WBCSD (2014) señala que, ha sido el sector privado empresarial y no el gobierno, el que ha permitido el desarrollo de las economías de occidente. Los gobiernos, por su parte, tienen la responsabilidad de crear las condiciones que motivan o dificultan ese desarrollo; pero es el sector privado el que emprende, crea nuevos puestos de trabajo y genera riqueza. La creación de nuevos negocios, además de mejorar la productividad y de ampliar la oferta de productos y servicios, favorece la competitividad y reduce la pobreza a través de la inclusión de un mayor número de personas en las actividades económicas.
Por su parte, Amorós y Cristi (2011), Gulyani y Talukdar (2010), Morris et al. (2020), Reynolds et al. (2005) y Yaqub (2012) señalan que el emprendimiento, a través de la generación de actividades productivas, permite a las familias de los nuevos empresarios y de los trabajadores contratados por estos obtener los ingresos necesarios para mantener un nivel de vida digno y, en todo caso, sacarlos o mantenerlos alejados de la línea de pobreza y exclusión social.
La preocupación por la desigualdad económica ha aumentado rápidamente en los últimos años, tanto entre los académicos como en el conjunto de la sociedad, lo que ha llevado a profundizar en su análisis. Para distintos autores, el emprendimiento tendría un efecto negativo o positivo en la reducción de la desigualdad en función del contexto en el que se origina y en función de la formación y cualificación de los emprendedores. Así, para Cagetti y De Nardi (2006) y Lewellyn (2018) el emprendimiento tiene un efecto adverso en la reducción de las desigualdades; es decir, el incremento en la iniciativa empresarial da lugar a mayores niveles de desigualdad en contextos donde la formación de los emprendedores es casi nula y la creación de empresas no responde al estudio de las oportunidades del mercado, sino que esta se convierte en una alternativa para salir del desempleo. Sin embargo, la situación cambia cuando la iniciativa empresarial se da en economías con una mayor formación del capital humano y un entorno favorable para la iniciación empresarial. En estos casos, el emprendimiento tendría un efecto favorable en la disminución de las desigualdades en los niveles de la renta.
2.2. Factores que influyen en la actividad emprendedora: el entorno del emprendedor
Castaño et al. (2016), Galindo y Méndez (2014), Méndez-Picazo et al. (2021), Portuguez-Castro et al. (2019), señalan que la actividad emprendedora se ve influenciada por el entorno. Dentro de los factores culturales e institucionales se encuentran la gobernanza y el capital humano, que pueden favorecer o perjudicar a la actividad emprendedora. La gobernanza, a través de las instituciones y la garantía del Estado de derecho que rigen la actividad económica, impacta en el emprendimiento y en los objetivos de política económica. Del mismo modo, la obtención de un mayor nivel educativo entre los individuos favorecería la introducción y el desarrollo de nuevos productos y servicios. Por otro lado, dentro de los factores económicos se encuentran la política fiscal, vía gasto público e impuestos, y la regulación del mercado de trabajo, elementos claves en la creación y consolidación de las empresas.
3. Implicaciones de política económica
Los resultados de la investigación evidencian un efecto positivo del emprendimiento sobre el bienestar, concretamente sobre el crecimiento económico, la pobreza y las desigualdades. En consecuencia, las acciones de política económica se han de centrar en la consecución de los objetivos del bienestar teniendo en consideración tres fases de la economía:
En primer lugar, una etapa pre-pandemia, en la que las principales economías de la Unión Europea estuvieron expuestas a un periodo de inflación persistentemente baja, lo que llevó al Banco Central Europeo (BCE) a mantener sus tipos de interés cercanos a cero, o incluso, en algunos casos, negativos. En la medida en que el margen para bajadas adicionales de tipos de interés se fue acortando, el BCE comenzó a utilizar diversos instrumentos no convencionales, con el fin de conseguir un mayor nivel de expansión monetaria. Estas medidas fueron acompañadas de políticas fiscales también expansivas y mayores niveles de endeudamiento destinados a financiar los desequilibrios en los presupuestos anuales y hacer frente a los elevados niveles de gasto público, así como la implementación de programas de estímulo a la inversión privada y la creación de nuevas empresas (Aguilar et al., 2020).
En segundo lugar, la pandemia de la COVID-19 ha generado grandes incertidumbres, afectando de forma negativa las expectativas de los agentes económicos, reduciendo las inversiones, la creación de empresas, el empleo y el crecimiento económico. La reacción ante esta crisis ha dado lugar a la introducción de cambios significativos en la forma de realizar las actividades en diversos sectores de la economía, entre los que destacan la introducción del teletrabajo, los horarios flexibles y escalonados, las transacciones comerciales on-line, etc. (FMI, 2020).
En consecuencia, es importante señalar que, a diferencia de la crisis financiera de 2008, marcada por la austeridad y la disciplina fiscal, la crisis de la COVID-19 se ha caracterizado por la aplicación de políticas monetarias y fiscales expansivas. Particularmente, la política monetaria expansiva que se aplicó tenía como objetivo financiar el endeudamiento de las empresas, que se habían visto fuertemente afectadas por la inactividad económica y que podían cerrar, con las consecuencias que esto significaría en términos de empleo y crecimiento económico (BCE, 2023). Por otra parte, los gobiernos respondieron implementando un conjunto de medidas de gastos, impuestos y de liquidez para apoyar a las familias y a las empresas (FMI, 2020).
En tercer lugar, la etapa de recuperación después de la pandemia evidenciaba el incremento de la inflación, el déficit público y la relación deuda-PIB como resultado de los políticas monetarias y fiscales ultra expansivas que se habían venido aplicando, incluso, antes de la COVID-19. Además, esta situación se ha visto agravada por las guerras en Ucrania y Oriente Medio, que han hecho subir los precios de la energía y las materias primas para la alimentación (Aguilar et al., 2020).
Así, en 2022, y luego de más de una década, el BCE comenzaba a subir los tipos de interés de la eurozona hasta alcanzar los 4,5 puntos en diciembre de 2023. Con respecto a las previsiones, el Consejo de Gobierno del BCE espera que la inflación descienda escalonadamente en 2024, también se espera un crecimiento de 0,6% en 2024 y de 1,5 % en 2025 y 2026 (BCE, 2023).
A partir de lo expuesto, los gobiernos han de aplicar una política fiscal responsable, eficaz y oportuna, que garantice la compatibilidad entre eficiencia y bienestar, teniendo en cuenta el emprendimiento como factor determinante en el logro de los objetivos de política económica.
Con relación al gasto en pensiones, este ha de garantizar un nivel de vida adecuado a las personas de la tercera edad, lo que requiere de políticas activas en el mercado de trabajo. Con el fin de asegurar su sostenibilidad financiera, se han planteado una serie de medidas, como el retraso en la edad de jubilación, la implementación de planes complementarios y la inserción en el mercado de trabajo de las personas mayores de 55 años. Por su parte, el sistema sanitario se enfrenta a tres desafíos puntuales: reforzar la eficacia, optimizar la accesibilidad y mejorar la adaptabilidad, lo que requiere de mayores inversiones en tecnología, infraestructura y formación. Del mismo modo, la inversión en educación es una prioridad para los Estados miembros de la Unión Europea.
Por su parte, mejorar la empleabilidad es un objetivo de política económica que requiere de políticas activas en el mercado de trabajo, que impulsen la demanda y la oferta de mano de obra. Se ha de mejorar la eficacia del dialogo social, promover la igualdad de oportunidad y reducir la pobreza y la exclusión social. Al respecto, y a pesar de los numerosos esfuerzos, la Unión Europea no ha logrado el objetivo de sacar de la pobreza a 20 millones de personas. Dentro de las acciones concretas para hacer frente a este problema, se plantean la formación y la educación, unos regímenes de renta mínima, el acceso a una vivienda y a servicios esenciales de calidad, y la inserción de las personas más desfavorecidas al mercado laboral.
Respecto a las políticas dirigidas a reducir las desigualdades de ingresos, fomentar un mayor nivel de cualificación entre los ciudadanos es una prioridad. Por otra parte, el efecto del gasto social en la reducción de las desigualdades depende de su diseño. Así, el mantenimiento de las prestaciones para los que vuelven a trabajar y la reducción de la carga fiscal a los perceptores de rentas bajas son políticas importantes que garantizan que las personas desempleadas e inactivas tengan siempre un incentivo económico positivo para desarrollar sus actividades económicas como asalariados o como independientes.
Por otro lado, las políticas de fomento de la actividad emprendedora no deben enfocarse únicamente en aumentar la tasa de creación de empresas, sino que los esfuerzos se han de centrar en empresas con potencial de crecimiento, para lo que es necesario la existencia de un entorno institucional y un clima social favorable para su desarrollo y consolidación. Respecto a la política fiscal, el gasto se ha de enfocar en la formación y cualificación de los nuevos empresarios y en programas que garanticen su expansión y crecimiento. Del mismo modo, una reducción de los impuestos podría generar un efecto beneficioso.
Todas estas medidas se han de implementar en el marco de la buena gobernanza económica. Es decir, se han de reforzar las competencias de los decisores políticos, se ha de modernizar el sistema de la administración pública y se ha establecer una mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno a nivel nacional, en cada país, y a nivel de la Unión Europea.
4. Conclusiones
El estado de bienestar es un objetivo prioritario de las quince economías de la Unión Europea. En la actualidad se enfrenta a una serie desafíos, entre los que destacan las débiles tasas de crecimiento, los elevados niveles de desempleo, el incremento persistente del gasto social, el cambio en la estructura familiar, el envejecimiento de la población y las elevadas tasas de dependencia. Por otra parte, diversos autores señalan que los esfuerzos en protección social se han de medir en función de los resultados en el bienestar, medido este a través del crecimiento, la reducción de la pobreza y las desigualdades.
Los resultados de la investigación evidencian un claro efecto macroeconómico causal del emprendimiento sobre las medidas del bienestar socioeconómico en las quince economías de la Unión Europea. Por lo tanto, se ha concluido que no se trata de una mera actividad económica, sino que éste constituye un fenómeno social que ha de ser impulsado por un conjunto de medidas y actuaciones.
En consecuencia, las acciones de política económica, concretamente, la política fiscal ha de ser eficaz, responsable y oportuna. Por otra parte, se ha de fomentar la creación de empresas que garanticen el crecimiento económico sostenido, la reducción de la pobreza y las desigualdades, lo que requiere de un entorno institucional y económico favorable, en el que se garantice la gobernanza, el Estado de derecho y la adquisición de competencias clave en todos y cada uno de los ciudadanos de la Unión Europea.
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