Noticias 48 – 9
Pro et contra: La prórroga de la vida útil de las centrales nucleares en España
Pro
(Por Antonio González Jiménez, Director de Estudios y Apoyo Técnico Foro de la Industria Nuclear Española)
¿Podemos permitirnos el lujo de prescindir del parque nuclear?
El parque nuclear español está formado por siete reactores en cinco emplazamientos: dos unidades en las centrales de Almaraz (provincia de Cáceres) y de Ascó (Tarragona) y una unidad en las de Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona).
Por sus características técnicas de funcionamiento ─síncronas, firmes y con gran potencia inercial─, las centrales nucleares contribuyen a la estabilidad, regulación y equilibrio del sistema eléctrico y son las más adecuadas para la producción de la electricidad necesaria las veinticuatro horas todos los días del año, es decir, para cubrir la denominada demanda en base, ya que no dependen de condiciones meteorológicas externas.
De forma conjunta, los siete reactores producen alrededor de 55.000 GWh cada año, habiéndose convertido en los últimos trece en la única tecnología que ha generado el 20% de la electricidad consumida en nuestro país, a pesar de que su potencia instalada se mantiene constante, mientras que la de otras tecnologías no deja de incrementarse.
Por otra parte, una central nuclear produce energía eléctrica mediante un proceso físico, la fisión del átomo de uranio, lo que significa que en su operación no emite a la atmósfera gases de efecto invernadero ni otros productos de combustión. En este sentido, el parque nuclear español evita cada año la emisión de unos 20 millones de toneladas de CO2, habiendo representado en 2024 más del 26% de la electricidad generada sin emisiones.
Hay que tener en cuenta que las centrales nucleares españolas son económicamente competitivas si se atiende a sus costes intrínsecos, aunque se ven penalizadas y discriminadas, como veremos más adelante, por la carga tributaria a la que están sometidas.
Además, el conjunto de la industria nuclear española es un motor de riqueza y empleo, ya que cuenta con cerca de 30.000 trabajadores directos, indirectos e inducidos con altísima cualificación y gran experiencia acumulada. Muchos de ellos viven en los entornos rurales en los que se ubican las instalaciones nucleares, lo que ayuda a la fijación de la población.
El Protocolo de Intenciones y el PNIEC 2023-2030
A pesar de estas características positivas de la energía nuclear, el Gobierno de España formado en el año 2018 pretendía que las centrales españolas operasen hasta un máximo de 40 años, tal como venía proponiendo el PSOE en sus programas electorales de las distintas elecciones generales anteriores.
Sin embargo, y dado que los recursos acumulados hasta ese momento en el Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), el llamado Fondo Enresa, no serían suficientes para la gestión de los residuos radiactivos ─especialmente el combustible gastado─ y el desmantelamiento futuro de las instalaciones cuando alcanzasen el final de su vida operativa, en marzo del año 2019 se alcanzó un acuerdo y se firmó un Protocolo de Intenciones entre la empresa pública Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) y las empresas propietarias de las centrales nucleares españolas ─bajo el auspicio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)─ por el que se establecía la continuidad de la operación de los siete reactores que conforman el parque nuclear hasta una media de 46,5 años y un cierre progresivo de las mismas, comenzando por la unidad I de la central de Almaraz en noviembre de 2027 y terminando por la de Trillo en mayo de 2035.
Al mismo tiempo, en este Protocolo se acordó que, desde el 1 de enero de 2020, se incrementase la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario mediante la que se financia el servicio de Enresa a las centrales nucleares en explotación ─la llamada Tasa Enresa, aportada en su totalidad por las empresas propietarias de las mismas─ en un máximo del 20% respecto del valor que en ese momento tenía vigente, que es la que alimenta el Fondo Enresa para la gestión de los residuos y el desmantelamiento.
Por otra parte, el MITECO aprobó en marzo de 2021 una primera versión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). En el mismo se establecían una serie de objetivos para la transformación del modelo energético de España, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea recogidas en el paquete Fit for 55 en cuanto a descarbonización de los procesos productivos, garantía del suministro y disponibilidad de fuentes económicamente competitivas.
El PNIEC 2021-2030 establecía una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 de, al menos, un 23% respecto al año de referencia de 1990, y una participación de las tecnologías renovables en la generación de energía eléctrica del 74%.
Por la exigencia de la Unión Europea a todos los estados miembros de actualizar de forma ambiciosa los objetivos establecidos en los diferentes planes nacionales ─en el contexto geopolítico en el que busca conseguir soberanía energética─, en septiembre de 2024 el Gobierno de España aprobó una revisión del Plan (PNIEC 2023-2030), estableciendo una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 32% en el año 2030 respecto a los niveles del año 1990 y una participación de las fuentes renovables (especialmente eólica y solar fotovoltaica) de un 81% en la generación de energía eléctrica.
Adicionalmente, y como aspecto clave para la penetración masiva de las energías renovables en el sistema eléctrico, el Plan establece que habrán de estar operativos al menos 22.500 MW de potencia de almacenamiento eléctrico masivo ─baterías y centrales hidroeléctricas de bombeo─ en dicho horizonte temporal.
En el Plan se apuesta también por la utilización del gas en ciclos combinados como potencia de respaldo frente a la intermitencia de las fuentes renovables y se recoge lo acordado en el Protocolo de Intenciones de marzo de 2019, de tal manera que las siete unidades que conforman el parque nuclear seguirán en funcionamiento hasta finales de 2027 y que en 2030 la potencia nuclear pasa a ser menos de la mitad respecto a la que actualmente se encuentra en funcionamiento, cesando la actividad de las tres unidades restantes de forma progresiva hasta el año 2035.
A día de hoy, y a pesar del notable incremento ─aunque no en la cuantía de lo previsto─ de la potencia renovable, especialmente fotovoltaica, los objetivos de capacidad de almacenamiento están muy retrasados respecto a los fijados en el PNIEC, ya que la potencia instalada de turbinación de bombeo y baterías no llega a 3.500 MW. Sin embargo, el cese de actividad de las centrales nucleares se mantiene fijo de manera concreta con unas fechas determinadas.
La tributación ahoga al parque nuclear
En España, desde mediados del año 2023, se viene produciendo una gran volatilidad en los precios del mercado mayorista de la electricidad debido a la masiva entrada de fuentes renovables, especialmente solar fotovoltaica. Esto supone que en los momentos de producción de estas fuentes los precios caen fuertemente, incluso con valores cercanos a cero o negativos. Sin embargo, cuando estas fuentes no producen, los precios suben mucho por la necesidad de un mayor uso de fuentes térmicas y el carácter marginalista del mercado en la formación de los precios, y lo harían mucho más ─entre un 23% para familias y pymes y un 35% para consumidores industriales, según un reciente informe de PwC─ si no se dispusiese del 20% de electricidad que genera el parque nuclear.
En cualquier caso, y dada su característica de potencia base, la energía nuclear no presiona la formación de los precios en el mercado mayorista, al ofertar su producción a precio cero, por lo que sin su participación los precios serían mayores, ya que su producción tendría que ser cubierta por la de otra tecnología ─fundamentalmente ciclos combinados de gas─ cuyo precio se hubiese ofertado por encima del último de casación y, por tanto, habiendo quedado fuera de la misma.
Lo que sin duda se puede afirmar es que las centrales nucleares españolas son económicamente competitivas, si se atiende a sus costes intrínsecos: operación y mantenimiento, combustible, amortizaciones y gastos de personal. Sin embargo, están sometidas a una carga tributaria ─conjunto de impuestos y tasas de carácter nacional, autonómico y local─ excesiva e incluso en algunos casos redundante, que supone una cifra de entre 17 y 18 €/MWh producido y un monto total cercano a los 1.000 millones de euros anuales. Esta tributación no es homogénea ni comparable a la del resto de tecnologías que participan en el sistema eléctrico español, lo que penaliza su funcionamiento y gestión.
Ahondando en esta desproporcionalidad, en junio de 2024 el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 589/2024 por el que se modificaba el valor de la Tasa Enresa a partir del 1 de julio de 2024. Esta modificación, que representa un incremento de 2,38 euros por cada MWh producido respecto a la tasa que estaba vigente (7,98 €/MWh desde el 1 de enero de 2020), es absolutamente ajena a la operación de las centrales nucleares y se debe exclusivamente a los cambios adoptados en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno en diciembre de 2023.
El 7º PGRR supone un cambio sustancial en cuanto a la gestión del combustible irradiado respecto al anterior plan. Cancela el proyecto de construcción y puesta en marcha de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio conquense de Villar de Cañas y contempla la construcción y operación de siete Almacenamientos Temporales Descentralizados (ATDs) en cada uno de los emplazamientos de las centrales nucleares con combustible gastado (tanto en operación como en proceso de desmantelamiento) y la entrada en operación del Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) para su almacenamiento definitivo en el año 2073.
Todos estos cambios suponen un encarecimiento en la gestión de más de 2.200 millones de euros. Por tanto, y puesto que han sido adoptados por el Gobierno sin consenso con los agentes involucrados, los sobrecostes del nuevo Plan no deberían imputarse, en ningún caso, a los titulares de las centrales nucleares. Además, hay que recordar que el Protocolo de Intenciones de marzo de 2019 contemplaba un incremento máximo del 20% del valor de la tasa respecto al que en ese momento tenía (6,69 €/MWh) y hasta el límite de los 7,98 €/MWh vigente.
Este nuevo incremento del 30% aprobado unilateralmente por el Gobierno supone que la Tasa Enresa tenga un nuevo valor de 10,36 €/MWh y que las empresas propietarias de las centrales nucleares tengan que ingresar al Fondo Enresa, a partir del 1 de julio de 2024, unos 130 millones de euros anuales adicionales a los 450 millones de euros que el conjunto del parque nuclear español ya estaba aportando cada año desde enero de 2020.
Este hecho, junto con la desproporcionada, discriminatoria y asfixiante carga tributaria que soporta, pone en riesgo la viabilidad y la continuidad de la operación del parque nuclear español. En este sentido, los informes de PwC indican que el conjunto de la carga fiscal que soporta se ha incrementado más de un 70% en los últimos cinco ejercicios y que entre los años 2025 y 2035 supondrá más de un 40% de sus costes totales.
Conclusión
Ante los desafíos medioambientales y la necesidad de garantizar el suministro a precios competitivos, agravados por la actual situación geopolítica, la mayoría de los países están apostando por la operación a largo plazo de sus centrales nucleares, con autorizaciones para 60 e incluso 80 años, y/o la construcción de nuevas unidades. Sin embargo, y si no se modifica lo establecido en el PNIEC 2023-2030, en el caso de España los siete reactores que conforman nuestro parque nuclear solo podrán operar hasta una media de 46,5 años.
Por todo lo expuesto, no parece lógico que en España podamos permitirnos prescindir del parque nuclear, dada la seguridad de suministro que ofrece y que no emite CO2, entre otras ventajas mencionadas. No tiene sentido aferrarse a mantener un plan de cierre como el del Protocolo de Intenciones de marzo de 2019, ya que las condiciones energéticas, ambientales y geoestratégicas han variado sustancialmente desde entonces hasta el momento actual.
Es imprescindible alcanzar un acuerdo sobre el futuro del conjunto de la industria nuclear española y específicamente sobre la continuidad de la operación de nuestras centrales nucleares más allá de las fechas actualmente establecidas, asegurando que se racionalice la fiscalidad a la que están sometidas, ya que la energía nuclear ha de ser un elemento clave en la transición energética en España.
[1] https://raing.es/pdf/eventos/20230426_Jose_Casas_Real_Academia_Ingenieria_Nuclear.pdf
[4] https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-taxonomia-verde-europea-que-es-y-por-que-es-importante-2022-01-25_es
Et contra
(Por Aurelia Mañé Estrada, Economia Aplicada Universitat de Barcelona)
En el año 2019 se llegó un acuerdo estatal para el cierre progresivo de las centrales nucleares que hay en España, empezando por Almaraz I en 2027 y siguiendo, con el resto, hasta el año 2035. En junio de 2025, en el Congreso de los Diputados, se tramitó una ley para prorrogar la vida útil de las nucleares, que contó con el apoyo del PP y de VOX, así como con la abstención de Junts. Además del riesgo de accidente nuclear, del que no es necesario hacer comentarios adicionales después de Three Miles Island (1979); Chernobyl (1986) y Fukushima (2011), hay razones adicionales por las que –quién escribe considera– se deberían cerrar las centrales nucleares.
El elevado coste de la energía nuclear
La energía nuclear pasa por ser una de las formas de obtener electricidad más barata, pues, en general se estima que el coste marginal de generar electricidad en una central nuclear es muy bajo. Sin embargo, cuando incluimos costes de operación, mantenimiento del combustible, gestión de residuos, la tasa ENRESA, u otros, el coste de esta misma generación es mucho más elevado, ya que se estima que se sitúe entre unos 60 y 70€ el Kw/h [1].
Aunque buena parte de las inversiones que se hicieron en el momento de la construcción de las centrales nucleares están amortizadas y otras pagadas gracias a la moratoria nuclear –lo que se suele ver como una ventaja, pues no es necesaria nueva inversión, más allá de la de mantenimiento–, es muy importante tener en mente, cuatro elementos que hacen que la energía nuclear, de facto, sea muy cara –por encarecimiento del coste y del precio.
- El combustible que emplean las centrales nucleares es importado. Aunque las cifras que proporciona DataComex sobre las importaciones de uranio enriquecido no son excesivas, casi 800 millones de € en 2024, éstas ya duplican lo que se pagaba el año anterior y consolidan una tendencia creciente que se viene observando desde 2017. En el contexto bélico y en el que se alerta de un nuevo renacer nuclear en el mundo, es muy previsible que el coste del combustible básico de la energía nuclear siga con esta tendencia creciente.
- El coste de mantenimiento y seguridad de unas centrales que ya cuentan con cuatro décadas de vida (por ejemplo, Almaraz y Cofrentes). Estas centrales van a requerir, si el cierre no se produce, elevadas inversiones en seguridad y mantenimiento. Según datos del Foro Nuclear –que deben ser, por su sesgo pro nuclear, estimaciones a la baja– unos 3.000 millones hasta el final de su vida útil, además de lo que periódicamente se invierte en mantenimiento (unos 50 millones al año en Almaraz). Estas cifras, han de aumentar a medida que se amplíen las prórrogas al resto del parque nuclear español (Ascó, Trillo y Vandellós).
- El coste de los residuos, que si nos ceñimos a las cifras que da ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) y al 7º Plan de Residuos radiactivos será de unos 20.000 millones de aquí al final de siglo XXI, a lo que hay que sumar unos 585 millones al año, que las empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP) pagan a través de la tasa ENRESA, y unos 3.000 millones de tasas adicionales por imprevistos. A ello, habría que sumar el importe de las compensaciones que reciben las localidades que almacenan residuos (baja/media actividad, en El Cabril, Córdoba, y de alta actividad en piscinas y almacenes en cada una de las centrales), que grosso modo podría alcanzar unos 1.500 millones de euros; y lo que se paga, cuando es necesario exportar temporalmente residuos a Francia o el Reino Unido. Por ejemplo, España pagó a Orano/La Hague unos 96 Millones de euros, a razón de unos 76.000 €/día. Y, en general, se estima que en los últimos 30 años en España se ha pagado por la gestión de los residuos nucleares, 795.000 millones de euros, lo que vendría a suponer 26.500 millones de euros anuales [2] .
- El último factor que considero necesario apuntar en este apartado es que debido al elevado poder de monopolio de las propietarias de las eléctricas, estos elevados costes, acaban repercutiendo en el precio que los usuarios finales pagan por la electricidad, a través de la factura. Y, este es un factor para tener muy en cuenta, ya que el sector eléctrico ya ha anunciado que, si se produce el cierre de las nucleares, éste, dejará de pagar por el mantenimiento de los residuos [3].
En resumen, la primera razón a favor del cierre de las nucleares es el elevado coste asociado a la generación de electricidad con este origen. Es cierto que la existencia de los residuos y su coste de mantenimiento es una herencia de la que como sociedad no nos podemos desprender, pero también es cierto que, a más vida de las nucleares, mayores residuos. Frente a ello, cierto es, también, que habrá que considerar los costes del desmantelamiento de las instalaciones y cómo se gestiona social y políticamente el conflicto de quién paga y en qué proporción por la herencia de los residuos.
La demora en la transición energética
Ante un cierto consenso de que hay que actuar frente al cambio climático, y que éste se debe, fundamentalmente, a las emisiones de CO2 ocasionadas por la combustión de combustibles fósiles, la energía nuclear ha pasado a ser considerada una energía limpia. Así queda reflejado en la “taxonomía verde” de la Unión Europea,[4] y queda reflejado en los acuerdos adoptados en la COP28 para triplicar la energía nuclear en el mundo entre 2023 y 2050.
Más allá del debate sobre qué entendemos realmente por transición energética —si se trata de un cambio en las fuentes de energía primaria, de una transformación orientada a generar energía útil sin emisiones de carbono, o de una reestructuración profunda de las relaciones de poder y las estructuras del sistema energético—, lo cierto es que la energía nuclear sólo encajaría plenamente en la segunda visión, la centrada en la descarbonización. Si, en cambio, se adopta una perspectiva más amplia —como la que plantea una transformación del modelo energético en su conjunto—, mantener o incluso ampliar el uso de la energía nuclear podría considerarse contrario a los principios de una transición energética integral.
Una discusión profunda sobre esta cuestión, supera con mucho el objeto de este “contra” del Noticias de Política Económica, pero aportaremos tres elementos que permitirán entender el porqué de este argumento.
1.Como nos explicó Hermann Scheer en 2010, en su libro El Imperativo energético, cualquier inversión en tecnologías de transición (en generación de energía baja en emisiones de CO2 o en captura de estas), sólo atrasa a las inversiones en generación de energía basada en fuentes renovables. En primer lugar, porque los recursos que se invierten en una tecnología (nuclear o captura y almacenamiento de carbono) no se invierte en otra (eólica, solar…); y, en segundo lugar, porque hasta que no se amorticen del todo las tecnologías de transición, lo que pueden ser décadas, no se preverán nuevas inversiones.
De hecho, el ejemplo más claro de este argumento es el mismo que nos llevan a realizar este escrito: las razones que se dan para la ampliación de la vida de las nucleares, más allá de lo previsto.
2.El segundo factor —particularmente relevante a la luz del apagón que afectó a la Península Ibérica en abril de 2025— se refiere a una de las principales limitaciones técnicas de la energía nuclear, que a menudo se pasa por alto cuando se argumenta a su favor. Debido a su rigidez operativa, las centrales nucleares no pueden adaptar fácilmente su producción a las variaciones de la demanda. Esta inflexibilidad impide en muchas ocasiones la plena integración de fuentes renovables como la solar o la eólica, especialmente en momentos de baja demanda eléctrica. Al tener prioridad en el vertido a la red, la nuclear desplaza a tecnologías más limpias, más flexibles y, en muchos casos, más económicas.
3. Por último, el tercer elemento de este bloque —que conecta directamente con el siguiente— tiene que ver con la visión social de lo que realmente implica una transición energética. Aunque hoy se hable mucho de descarbonización y se etiquete a la energía nuclear como “verde” o “tecnología de transición”, eso no significa que un mix más nuclear contribuya, en sentido pleno, a una auténtica transición energética. Por un lado, como ya se ha señalado, su rigidez obstaculiza la integración de fuentes renovables. Pero, sobre todo, porque no cuestiona ni transforma las estructuras de poder existentes; al contrario, las refuerza. La energía nuclear forma parte del modelo fósil y del orden geopolítico que lo acompaña. Prueba de ello es que sigue vigente el debate sobre quién tiene derecho a enriquecer uranio y de qué países se puede —o no— comprar material nuclear.
En resumen, si bien la energía nuclear podría contribuir a un mix energético más descarbonizado –que no verde ni renovable ni limpio–, el mantenimiento de las nucleares y su eventual ampliación retrasa la sustitución de fuentes fósiles y minerales por fuentes renovables, e impide una transición energética que incida en un cambio en las relaciones de poder energético y, contribuya, como veremos a continuación en un modelo energético más democrático.
La no democratización de las relaciones energéticas
Este es el argumento fundamental del texto más icónico sobre la transición energética: Energy Strategy: The Road Not Taken?, de Amory B. Lovins, publicado en 1976. En él, Lovins plantea una disyuntiva entre un futuro energético centralizado, intensivo en recursos y tecnocrático, y otro distribuido, eficiente y más alineado con valores democráticos. Esta visión fue posteriormente, en 1997, comentada y ampliada por Laura Nader, especialmente en su trabajo Controlling Processes: Tracing the Dynamic Components of Power, donde analiza cómo las elecciones tecnológicas reflejan y refuerzan determinadas estructuras de poder, y cómo sistemas como el nuclear reproducen relaciones sociales jerárquicas e inequitativas.
Ambos argumentan que la energía nuclear, lejos de ser una tecnología neutra o simplemente una opción técnica más dentro del mix energético, encarna un modelo de organización social y política profundamente jerárquico. Su funcionamiento requiere estructuras centralizadas, altos niveles de capital, personal altamente especializado y una gestión opaca del riesgo, lo cual concentra el poder en manos de instituciones estatales, élites tecnocráticas y grandes corporaciones energéticas. Este tipo de diseño no sólo excluye a la ciudadanía de las decisiones fundamentales sobre la energía, sino que refuerza un sistema donde la participación democrática es mínima y la dependencia estructural máxima. A diferencia de las renovables, que permiten una distribución descentralizada del control y el acceso, la energía nuclear reproduce lógicas propias del modelo fósil-industrial: concentración, secretismo y verticalidad. En este sentido, estas opciones tecnológicas no son inocentes: incorporan y reproducen valores y relaciones de poder.
Por todo ello, concluiría este apartado de “en contra”, afirmando que el mantenimiento de la infraestructura nuclear implica aceptar no solo los riesgos asociados a la seguridad o a la gestión de residuos a largo plazo, sino también una cultura política basada en la vigilancia, el control del conocimiento y la exclusión de amplios sectores sociales de la toma de decisiones. La energía nuclear reafirma formas de organización autoritarias y dependientes de tecnologías que requieren regulación estatal y geopolítica intensiva.
Apostar por un modelo energético más democrático implica, precisamente, lo contrario: democratizar el acceso, descentralizar la producción y permitir que las comunidades se conviertan en sujetos activos del cambio, algo que la lógica nuclear, intrínsecamente, impide.
Desde el punto de vista de quien escribe, el argumento más sólido en contra de la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares es que supone, en realidad, una prórroga en la transición hacia sociedades más democráticas y menos elitistas. Es probablemente esta dimensión política —y no sólo técnica o económica— la que explica por qué quienes defienden la continuidad o expansión de la energía nuclear, tanto en España como a nivel global, se sitúan mayoritariamente en el espectro de la derecha y la extrema derecha. Ese es, en última instancia, el debate que deberíamos abordar en el Congreso de los Diputados: no sólo el coste o la eficiencia, sino qué modelo social y político implica cada opción energética.
[1] https://raing.es/pdf/eventos/20230426_Jose_Casas_Real_Academia_Ingenieria_Nuclear.pdf
[4] https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-taxonomia-verde-europea-que-es-y-por-que-es-importante-2022-01-25_es
