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Pro et contra: El debate sobre las ayudas directas: el Bono Alquiler Joven
Pro
(Por Paloma Taltavull de la Paz, Universidad de Alicante, Depto. Análisis Económico Aplicado)
El bono de Alquiler Joven es una medida particular dentro de la batería de medidas de apoyo al acceso residencial contenidas en el Plan Estatal de Vivienda. Responde a la evidencia de que la crisis residencial tiene efectos específicos en algunos grupos sociales, entre los cuales se encuentra el formado por los jóvenes, y específicamente cuando la tenencia es en alquiler. Es una medida simple que se dirige a reducir el efecto que los precios de alquiler tienen sobre la accesibilidad en esta forma de tenencia a través de aportar una proporción del alquiler en sí. Es necesario comprender las razones por las que se diseña una medida de ayuda a fondo perdido para este grupo demográfico.
1.Las razones de la tensión en los precios de alquiler
La crisis financiera dejó, como herencia en el mercado residencial, dos fuertes restricciones: de oferta y de financiación. La primera consistió en una fuerte y súbita caída en la de oferta de vivienda nueva resultado de la contracción en la demanda de vivienda y la reducción en los recursos financieros que el sector necesitaba para seguir construyendo. El resultado fue una fuerte contracción del ciclo edificador que llegó a su mínimo histórico en 2013 y del que no ha habido recuperación, ni siquiera en las fases expansivas del ciclo económico que se producen posteriormente, resultando en un flujo de vivienda nueva mínimo durante una década. La segunda consistió en una caída en los flujos financieros al sector constructor y una posterior revisión de los niveles de riesgo (Basel III) que mantuvieron los flujos financieros a la construcción en mínimos históricos, hasta nuestros días. Ambos procesos, interrelacionados, han generado una insuficiente producción de viviendas desde inicios de la década anterior, en un período en que se producen cambios socioeconómicos importantes, que se traducen en un aumento en la movilidad de la población y de la migración internacional.
La concentración de los nuevos flujos de población provocan el shock de accesibilidad, que se explica en el esquema 1, y que indica cómo se suceden los efectos sobre el mercado de vivienda: una acumulación creciente de demanda en los lugares de mayor creación de empleo, que experimentan restricciones en su oferta residencial por la falta de construcción mantenida durante un largo período, tiene como efecto inmediato el aumento de alquileres y precios residenciales por que la nueva demanda compite por las pocas unidades existentes. Los primeros hogares que no pueden conseguir una vivienda por este hecho son los de menor nivel de renta, los que, normalmente, acuden al mercado de alquiler.
La proporción de individuos que encuentran empleo en la recuperación y tienen capacidad de pago, se dirigen al mercado de propiedad para acceder a la vivienda. La restricción crediticia genera una financiación insuficiente para todos los que desean la vivienda en propiedad, y los que son excluidos, se reorientan al mercado en alquiler. La acumulación de mayores flujos de demandantes en el mercado de alquiler (por encima de los niveles normales) junto con la mayor capacidad de pago, eleva aún más los precios de alquiler, generando una situación de aceleración de rentas que exige un mayor esfuerzo de pago, lo que expulsa parte de los individuos que no pueden acceder a través de ninguno de las dos formas de tenencia.
El aumento de los precios de alquiler es el resultado de dos desajustes iniciales (falta de oferta y de financiación) que hacen concentrarse la demanda en ese mercado y elevan las rentas. En tanto que la oferta de viviendas no aumente (lo que suavizaría el crecimiento en las rentas) o se disponga de viviendas públicas, las medidas para facilitar el acceso en alquiler en el corto plazo no pueden sino ser un conjunto de herramientas que consigan, o bien paralizar el crecimiento de precios (medidas de control de rentas), o bien ayudar al acceso de forma directa, reduciendo el esfuerzo de pago. Esperar a que el mercado ajuste solo, implica permitir que esta sobrerreacción de los precios (y la imposibilidad de tener una vivienda) afecte negativamente la movilidad de la población durante suficiente tiempo como para que penalice el ciclo de vida de los individuos. Esto significa que los hogares se dilatarían en su formación y evolución, lo que tiene efectos sociales en el largo plazo negativos y muy complejos de revertir.
La evidencia indica que, efectivamente, el mayor problema del acceso se concentra en el mercado de alquiler, y que el esfuerzo para realizar el pago se presenta antes de entrar, afrontando alquileres muy elevados con respecto a los ingresos por trabajo (falta de accesibilidad ex_ante), pero también tras alquilar, por haberse asumido pagos de renta más elevados. El gráfico 1 muestra este esfuerzo en las dos fases. Se mide con el ratio de accesibilidad (pago del coste de la vivienda / renta disponible) y se ha calculado teniendo en cuenta las condiciones de acceso previas agregadas (Exante, gráfico izquierdo), y las declaraciones de gasto en vivienda contenidas en la Encuesta de Condiciones de Vida para España (Expost, gráfico derecho).
En ambos casos, se observa como los pagos a los que se enfrentan los demandantes de alquiler (línea roja y naranja, respectivamente) superan ampliamente el 30% de su renta, límite habitualmente considerado como frontera entre la accesibilidad y la no accesibilidad.
Es en este contexto, en el que el Bono de Alquiler Joven se implanta, con el fin de reducir el esfuerzo de pago de este colectivo en concreto, en mercados con crecientes rentas.
2. Las medidas específicas
Aunque la definición del Bono determina que un objetivo es ayudar a la emancipación, lo cierto es que el hecho de requerir que el joven solicitante acredite rentas del trabajo elimina de la ayuda a todo el resto de los jóvenes que desean dejar su casa paterna, trasladarse a otros mercados a estudiar o a realizar otras actividades no remuneradas o temporales. Esta segmentación de demandantes derivada del requisito de ingresos por trabajo, claramente hace referencia a una medida que intenta facilitar la movilidad laboral permanente de la mano de obra joven.
La medida es, además, generalista. Al delimitar la edad en 35 años máximo, recoge un grupo de trabajadores que supone un 25.7% del total de la fuerza de trabajo ocupada en España, con un total de 5.77 millones de ocupados, según los últimos datos de la EPA (EPA, 2025 3 trim). Por otro lado, también integra individuos con rentas medias (con ingresos anuales con un máximo de 3x IPREM = 8400 x 3 = 25200 €/año, o 1800 € brutos/mes, cifra cercana a la renta bruta media por persona, según el INE), lo que es consistente con otras evidencias internacionales que muestran como los problemas de accesibilidad residencial afectan ya a estos grupos de hogares y no solo a los más pobres.
Si se tiene en cuenta que la población joven es la que más probabilidades tiene de moverse entre mercados de trabajo, la medida claramente se dirige a respaldar la fuerza de trabajo joven a moverse entre mercados de trabajo, evitando que el mercado de alquiler actúe de barrera. Sí es verdad que uno de los requisitos para la concesión es el empadronamiento, lo que excluye a aquellos jóvenes que, por razones laborales, necesiten alquilar de forma no permanente en el medio plazo, y también a la fuerza de trabajo joven en su primer empleo si este se produce fuera de su lugar de origen (región).
3. ¿Es suficiente la ayuda?
Esta medida establece una ayuda a fondo perdido de 250 euros/mes para cubrir una parte del alquiler, mantenida por dos años (total= 6000 euros por persona joven). Los límites máximos de alquiler son de 950 euros (Madrid) y 900 en el resto del Estado, lo que implica que, si se encuentra una vivienda con el alquiler en estos importes, la ayuda lineal supondría una reducción de hasta el 26,6% del alquiler, lo que implica una reducción sustancial del esfuerzo de pago del coste de la vivienda.
Sin embargo, estos niveles de alquiler son cada vez más complejos de alcanzar. El gráfico 2 muestra la evolución acelerada de los alquileres en la media nacional y en las principales ciudades, mostrando la dificultad a la que se enfrentan los jóvenes hogares.
El límite de alquiler fijado por el bono parece estar sobrepasado en la mayoría de las capitales españolas, aunque, como media, estos valores posiblemente reflejan una distribución de rentas que contengan viviendas con alquileres que se ajusten al límite fijado. Si ocurre esto, posiblemente su localización estará alejada de las áreas de mayor tensión, por lo que el Bono, indirectamente, está potenciando la localización de los jóvenes en los límites del área metropolitana de la capital donde se localicen, alejándolos de las zonas de mayor tensión de precios y contribuyendo, así, a reducir ésta, al menos un poco.
La generalización de la medida a un grupo poblacional importante implica la necesidad de disponer de un elevado volumen de recursos por parte de la administración pública. Si se observa la estructura de asignación del Bono (a los solicitantes que cumplen las condiciones y hasta que se agote el crédito contemplado en los presupuestos) el total potencial de solicitantes cubiertos en cada fase de apertura es pequeño (66 mil en 2024 según distintas fuentes). La concesión anual a un número reducido de solicitantes limita la efectividad (y el alcance) de esta medida, pero también evita que el efecto de una ayuda directa afecte a los alquileres finales (es decir, se transmita vía precios como avisa la teoría económica) por que el volumen de demandantes se encuentra disperso en los distintos mercados residenciales, es pequeño con respecto al total de demandantes de alquiler y, por tanto, no tiene la suficiente entidad como para afectar a las rentas.
4. Conclusión
Como conclusión, el Bono de alquiler joven es una medida que se aplica ajustada a la realidad del mercado, y persigue como fin el evitar los efectos negativos sobre la sociedad derivados de la falta de acceso a la vivienda que afectan a trabajadores jóvenes; entre otros, la mayor dilatación en la formación de hogares y en el acceso al primer empleo, son los que más impacto social de largo plazo tienen. Por su parte, al reducir el esfuerzo de pago, también permite una mejora en los niveles de consumo de los hogares jóvenes. La obligatoriedad de encontrar viviendas en alquiler con rentas ajustadas a los máximos que se fijan dificulta la aplicación del bono de forma más generalizada, aunque también implica que la medida reorientará a los jóvenes hacia mercados menos tensionados que pueden reactivar áreas urbanas. La parte negativa es su limitado alcance hasta el momento, posiblemente por restricciones presupuestarias, pero que tiene, como efecto, que las ayudas directas no se trasladen a las rentas de alquiler, al menos de momento.
Et contra:
(Por Juan González Alegre, Departamento de Teoría e Historia Económica, Universidad de Málaga)
El Gobierno de España plasmó en el Real Decreto 42/2022 la regulación del llamado “Bono Alquiler Joven” que tiene por objeto subvencionar, a arrendatarios «jóvenes” (de hasta 35 años de edad) 250 € al mes durante dos años (6.000 € en total) por su contrato de alquiler de una vivienda u habitación. Otros requisitos establecidos serían la obtención de rentas del trabajo de hasta 21.600 € anuales, límite que puede ser incrementado por las Comunidades Autónomas, y un importe máximo de la renta del alquiler de 600 € al mes para las viviendas y 300€ para las habitaciones, aunque nuevamente estos límites son incrementados por las CC. AA. para ciertas áreas metropolitanas. Apenas se incluyen coeficientes correctores para familias o solicitantes con hijos a cargo, que en todo caso la norma deja a discreción de las Comunidades Autónomas. La renta del solicitante aparece como un factor excluyente pero no determinante de la ayuda, aunque es cierto que algunas CC AA han adaptado parcialmente la cuantía de la subvención a la ratio renta/ingresos de los solicitantes. En resumen, el principal, y casi único requisito para acceder a la ayuda es la edad. Ser joven.
El mercado de la vivienda y, en concreto, el alquiler está pasando por un momento especialmente delicado en España, debido a las extraordinarias subidas de precio que se están observando, especialmente en las áreas metropolitanas, que es donde se concentra la mayor parte de la población. ¿Tiene sentido esta ayuda tan específica? Yo diría que no mucho, a tenor de los argumentos que voy a exponer a continuación.
Algunos de los principios generales de los modelos de comportamiento del mercado no se corresponden fielmente con el caso de las viviendas en alquiler. Por ejemplo, no se puede considerar que sea un producto homogéneo ni que la transacción esté libre de riesgo para ninguna de las partes. No obstante, a grandes rasgos, los efectos de las políticas de vivienda se pueden predecir de manera bastante fiable (al menos el sentido del impacto) con las herramientas tradicionales del Análisis Económico.
A modo de ejemplo, es mundialmente famoso el rígido control de precios que lleva décadas en vigor en Suecia. La teoría predice que el establecimiento de precios máximos genera escasez, y esto es exactamente lo que ocurre en ese país. En Estocolmo hay más de 700 000 personas en lista de espera en la Agencia Municipal de Alojamiento (Bostadsförmedlingen), que logra la firma, solamente, de unos 10 000 contratos al año, en una ciudad de algo menos de dos millones de habitantes. La espera para conseguir un alojamiento en alquiler nunca baja de los diez años. Inicialmente, el sistema ofrecía cierta estabilidad en lo relativo a la duración y el precio. Sin embargo, cada vez es un menor porcentaje de la población que puede disfrutar de esa estabilidad y los precios han subido bastante más de lo pronosticado debido a un insuficiente crecimiento de la oferta en un mercado nada atractivo para inversores. El contraejemplo de intervención pública exitosa sería el caso de la ciudad de Viena, donde el gobierno municipal lleva más de cien años gestionando directamente la construcción de vivienda pública y ha sido capaz de mantener un crecimiento de la oferta estable que garantiza precios relativamente bajos mientras sigue siendo atractivo para el inversor privado. Nuevamente, tal y como predice la Teoría Económica. ¿Y qué predice la Teoría sobre el establecimiento de una subvención al alquiler? El impacto de la propia subvención genera un incremento del precio que hará que la subvención no se la quede íntegramente el inquilino, sino que parte de ella sea transferida, por la vía de un mayor precio del alquiler, a los propietarios.
El porcentaje de la subvención que se queda cada agente dependerá fundamentalmente de la elasticidad-precio de la demanda y de la oferta. Es decir, de cómo de sensibles sean inquilinos y propietarios al precio, siendo la parte menos sensible al precio la que se queda una mayor parte de la subvención. El peor escenario es aquél en el que la oferta de vivienda es muy rígida y no se incrementa tras el establecimiento de la subvención mientras que la demanda sí que muestra mucha sensibilidad, ya que en esas circunstancias serían los propietarios los principales beneficiados.
Esta política directamente renuncia a establecer ninguna condicionalidad en el lado de la oferta, por lo que su capacidad para estimular la oferta se limita a la de las condiciones del mercado actual, no especialmente favorables. Por su parte, por el lado de la demanda, la política se dedica a un colectivo (los jóvenes) cuya sensibilidad al precio es naturalmente mayor debido a que muchos tienen la posibilidad de retrasar el abandono del domicilio familiar (e incluso ahorrar para la entrada de una hipoteca) cuando el precio del alquiler es demasiado elevado. Esa característica la hace especialmente favorable para los propietarios, pues la mayor demanda estimulará un incremento de precios que les beneficiará.
Si la política se hubiese dirigido a aquéllos que no tienen más remedio que arrendar una vivienda independientemente del precio, se podría conseguir que prácticamente la totalidad de la subvención se quede en manos del inquilino y no se transfiera a los propietarios. A modo de ejemplo, familias con hijos o aquéllos que no disponen de una alternativa familiar podrían representar una interesante alternativa.
El problema es que el efecto de la subida de precios provocada por la ayuda es generalizado, y aquéllos que no sean elegibles para la subvención sufrirán un perjuicio evidente en un momento especialmente delicado en este mercado. La ayuda, así diseñada, más que representar un simple desperdicio de fondos públicos podría significar un cargo más en la espalda de colectivos especialmente vulnerables, como pueden ser familias numerosas, inmigrantes y jubilados que vivan de alquiler.
Sin embargo, sería lícito argumentar a favor de una política que, reduciendo ligeramente la eficiencia de mercado, responda a una necesidad social imperante o a una cuestión de justicia. Por ejemplo, se podría pensar que los jóvenes suelen disponer de una renta menor que los mayores. Es cierto que la renta media de los más jóvenes es algo menor que la de los “mayores”, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que disemina el INE. Pero ni siquiera este particular queda muy claro. Los tramos de edad considerados por la ECV son demasiado amplios como para poder interpretar correctamente las diferencias observadas. La renta de la población de entre 16 y 29 años cumplidos es unos 2.400 euros – un 15% – menor que la de los ciudadanos con edad en la franja 45-64 años. Pero ni siquiera este dato revela claramente una mayor vulnerabilidad financiera. Por un lado, en el tramo de los jóvenes es de esperar una elevada dispersión derivada del hecho de que muchos de ellos aún no se han independizado o continúan, total o parcialmente, su proceso de educación. Por otro lado, es lógico esperar que los ciudadanos de mayor edad obtengan un porcentaje mayor de rentas del ahorro.
De hecho, los datos de Eurostat para España revelan un riesgo de pobreza muy similar para los distintos tramos de edad. Incluso algo peores para los ciudadanos más cercanos a la edad de jubilación: 25.5% para el tramo de los 20 a los 24 años, 22.3% para el tramo de 25 a 29 años frente al 25.4 % del tramo de 55 a 64 años. La edad, por tanto, no es en absoluto un indicador de vulnerabilidad económica.
En resumen, si se hubiese querido destinar esta ayuda a las personas más necesitadas económicamente, las ayudas deberían haberse repartido directamente en función de la renta familiar o personal de los solicitantes en lugar de en función de su edad.
Tampoco parece que otros indicadores de vulnerabilidad sean especialmente desfavorables para la población joven. La probabilidad de suicidio se incrementa con la edad, siendo a los 40 años más del doble que a los 20 y creciendo hasta representar el triple a los 80. La gravedad de los trastornos mentales, para quien los tiene, también se agudiza con la edad. Los mayores gastan más en sanidad y menos en ocio o en restaurante y hoteles.
El número de hogares con un habitante ha crecido en torno a un 10% en entre 2021 y 2023, los hogares con 5 o 6 moradores también han crecido significativamente, mientras que el número de hogares con 2-4 personas permanece prácticamente estancado. Cada vez, más personas mayores viven solas.
¿Tiene sentido recibir una (otra más) subvención del Estado por el mero hecho de ser joven? Evidentemente no. Ser joven no es ni una virtud ni un defecto, no es un mérito ni un demérito, es simplemente una situación coyuntural de todo ser humano, inevitable, y una bendición. Los jóvenes tienen más opciones de ocio, más capacidad para disfrutar, especialmente de las cosas baratas de la vida, más facilidades para la movilidad y más opciones a su alcance. No es justo descargar el coste de adelantar el lógico (y deseable) proceso de emancipación de algunos sobre el bolsillo de otros, especialmente los más vulnerables. Además, como tantas subvenciones e incentivos fiscales que se están generalizando en nuestra sociedad, ésta podría tener un fuerte componente regresivo. Nadie nos garantiza que no estemos subvencionando una pléyade de pijos que vuelven a casa de sus padres el Domingo a por ropa limpia y el táper de comida para la semana.
