Noticias 51 – 10
Pro et contra: el impuesto Zucman a los ultrarricos
Pro
(Por Carlos Sánchez Mato, Economía Aplicada, Hacienda Pública y Política Económica Universidad Complutense de Madrid)
El proceso de acumulación patrimonial en manos de una reducida cantidad de agentes económicos se ha acelerado en las últimas décadas. En concreto y según datos publicados por la revista Forbes, la cifra de personas con patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares se ha incrementado a un ritmo anual del 10%, pasando de 140 personas en 1987 a 2.781 milmillonarios en 2024. Que, en un contexto de sucesión de crisis que han dañado de forma especial a la mayoría de la población mundial, se haya multiplicado por veinte el número de ultrarricos y que la riqueza poseída por estas personas como porcentaje del PIB mundial haya subido del 3% al 13,5% en las últimas cuatro décadas, no es un síntoma de éxito sino más bien de preocupación. En el caso del estado español y según estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, las 23 personas más ricas vieron aumentar el valor de su riqueza en un 33 % en el último año.
¿Por qué habría de preocuparnos que a unas pocas personas les vaya tan bien?
Más allá de razones de tipo moral ligadas a la justicia social, se trata de una cuestión pertinente porque el bienestar económico de unos está ligado al de otros y el incremento del número de milmillonarios ha exacerbado la desigualdad. El proceso, además de socavar la cohesión social, puede perjudicar el crecimiento económico y provocar inestabilidad y conflictos. Esta tesis fue recogida de manera pública por el economista francés Gabriel Zucman que puso encima de la mesa gravar el patrimonio de quienes más riqueza acumulan estableciendo un gravamen del 2% sobre el mismo que podría alcanzar una recaudación de hasta 250.000 millones de dólares. No se trataría de un “castigo” sino una compensación derivada de las ventajas normativas de ámbito fiscal de las que disfrutan las personas milmillonarias que, si algo han demostrado, son altas capacidades para eludir la tributación en sus jurisdicciones. Es incuestionable que no es ajeno al incremento de los ultrarricos su reducida contribución fiscal.
La propuesta ha sido debatida ampliamente, no solo en la academia, sino también en el ámbito político. En concreto, los ministros de Finanzas del G20 en su cumbre celebrada en Río de Janeiro en 2024 acordaron iniciar un «diálogo sobre una tributación justa y progresiva, que incluya a las personas con un patrimonio neto “ultraalto”. La aplicación de un impuesto mínimo global para la parte más alta de la distribución de la riqueza a milmillonarios y cienmillonarios sería una respuesta normativa necesaria y se debería concretar en la aplicación de un tipo complementario para los milmillonarios equivalente al 2% del valor de su patrimonio total para reducir su déficit de contribución fiscal y para abordar las crecientes desigualdades globales y financiar retos como la erradicación del hambre y la pobreza o responder al desafío de una transición ecológica justa ante el cambio climático.
¿Por qué es necesario aplicar un impuesto a los ultrarricos?
En primer lugar, porque el proceso de acumulación del que se ha beneficiado el 0,0001% superior de la población ha permitido a este reducido número de personas cuadruplicar el porcentaje de la riqueza mundial que poseen. Pasar del 3% al 13,5% del PIB mundial ya supone un factor de desequilibrio para la economía global, pero hay algo más preocupante aún y es que, si no se interviene para invertir el proceso, la riqueza de este grupo de ultrarricos continuará subiendo
hasta alcanzar el 20% del PIB mundial en 2036 y hasta el 32% en 2050[1]. La concentración extrema de la riqueza provocará un aumento todavía mayor de su poder por su capacidad de influir en la configuración del pensamiento a nivel global a través de los grandes medios de comunicación y el control de las redes sociales que ya es una realidad. Como también lo es su participación cada vez en mayor medida en procesos electorales. Para muestra, un botón. En Estados Unidos, los multimillonarios gastaron 18 millones de dólares en las elecciones presidenciales de 2000. En 2024 aportaron 2.600 millones de dólares, el 19% de todas las contribuciones a las campañas federales. Limitar por la vía tributaria esta deriva de concentración de riqueza sería una potente aportación a la salud de la democracia a nivel mundial.
En segundo lugar, no es cuestionable que la deriva de concentración de la riqueza en pocas manos agudiza el control de los mercados de bienes y servicios por parte de monopolios y oligopolios privados. Eso reducirá todavía más el bienestar de la inmensa mayoría de la población con precios superiores y cantidades inferiores a los socialmente necesarios. Más poder económico en manos de menos personas convierten la ya utópica competencia perfecta en los mercados en algo que haría sonrojar a los liberales clásicos. Los datos de Oxfam Intermón muestran cómo la brecha entre la riqueza pública y la privada se ha ampliado durante los últimos 50 años y ya en estos momentos la riqueza privada en manos del 1 % más rico multiplica por tres el total de la riqueza pública mundial. Si esta tendencia se mantiene, en 2075 la riqueza privada habrá superado a la riqueza pública en casi 900 billones de dólares.
En tercer lugar, hay que tener en cuenta los posibles efectos negativos que podría suponer el incremento todavía mayor de la desigualdad sobre el crecimiento económico dado que puede reducir las oportunidades profesionales de los grupos de la sociedad en peor situación y limitar la movilidad social con el consiguiente deterioro del crecimiento potencial de la economía. En concreto, un mayor nivel de desigualdad puede llevar a menores inversiones en capital humano por parte de los individuos de rentas más bajas si, por ejemplo, no hay un sistema de educación pública o de becas adecuado. Por ello, los países con mayor nivel de desigualdad suelen tener menores niveles de movilidad social entre generaciones. Cierto es que los resultados no son siempre concluyentes por la enorme dificultad de aislar el impacto de la desigualdad sobre el crecimiento económico, del ocasionado por otros factores que actúan de forma simultánea. A pesar de ello, el FMI sugiere que un incremento en la desigualdad resulta perjudicial para el crecimiento económico.
A modo de ejemplo, la relación histórica (1980-2012) observada entre la desigualdad y el crecimiento en los 159 países analizados muestra que si la proporción de la renta que percibe el 20% de la población con mayores ingresos aumenta en 1 p. p. (la desigualdad incrementa), el crecimiento del PIB se ralentiza en 0,08 p. p. en los siguientes cinco años. Por el contrario, si la participación en la renta del 20% más pobre de la población incrementa en 1 p. p. (se reduce la desigualdad), el crecimiento del PIB es 0,38 p. p. superior en los siguientes cinco años en promedio [2]. También la OCDE concluye que un incremento del coeficiente de Gini de tres puntos (que coincide con el aumento promedio registrado en los países de la OCDE en las dos últimas décadas) tendría un impacto negativo sobre el crecimiento económico de 0,35 p. p. por año durante 25 años, lo que representa una pérdida acumulada del 8,5% del PIB [3].
En cuarto lugar, no debe dejar de reseñarse el avance que supondría avanzar hacia una mayor justicia fiscal a nivel global dado que los tipos impositivos efectivos que soportan los ultrarricos son mucho más bajos que los que tienen otros grupos de renta. Esto convierte el sistema tributario, que solo es moderadamente progresivo en los escalones inferiores, en profundamente regresivo cuando se aplica a los milmillonarios. De hecho, Zucman estima que el 0,01 por ciento más rico de la población paga una tasa impositiva efectiva de sólo el 0,3 por ciento de su riqueza
En quinto lugar, no hay que desdeñar la capacidad recaudatoria de una tasa sobre la riqueza a este reducido grupo de personas porque podría generar ingresos tributarios adicionales del 0,27% del PIB mundial para 2030. Es decir, un porcentaje extremadamente reducido de la población mundial podría aportar de forma acumulada cerca de 2 billones de dólares en cinco años. A nadie se le escapa cómo puede contribuir a abordar los retos de suficiencia de ingresos de los sistemas tributarios.
En sexto y último lugar, y no por ello menos importante, es el elevado consenso que genera la aplicación de un impuesto a los ultrarricos. Una encuesta del Eurobarómetro realizada en 2025 reveló que dos tercios de los ciudadanos de la UE apoyan un impuesto a los ricos. El respaldo no es el mismo en los diferentes países y seguramente la explicación tiene que ver, más que con la propia medida, con las diferencias en la confianza en los gobiernos propios y en las instituciones públicas. En cualquier caso, ante la pregunta a los participantes siguiente: «¿Cuál es su opinión sobre un nivel mínimo de imposición sobre el patrimonio aplicado a las personas más ricas (el 0,001% superior) de su país?» De media, el 65% de los ciudadanos de la UE respaldó ese impuesto mínimo. El apoyo osciló entre el 45% en República Checa y el 78% en Hungría. Entre las cuatro mayores economías de la UE, los niveles de apoyo son similares. Italia encabeza con un 70%, seguida de cerca por Alemania y España con un 69% cada una. Francia, con un 65%, se sitúa en la media de la UE. Y no solo parece verle utilidad a la medida la población en general porque una encuesta encargada por Patriotic Millionaires y realizada a personas millonarias de países del G20 muestra que el 77 % considera que los milmillonarios utilizan su inmensa riqueza para comprar influencia política. Además, el 71 % de las personas encuestadas cree que emplean su fortuna para ejercer una influencia significativa en los procesos electorales. Tan solo el 17 % se muestra en contra de subir los impuestos a los más ricos para financiar políticas públicas que permitan hacer frente a la crisis del coste de la vida, mientras que el 65 % se declara a favor de una mayor tributación a los superricos. Parece que, más allá de la lógica polarización en temas fiscales entre diferentes opciones políticas, habría una cierta transversalidad a la hora de justificar la necesidad de un nuevo tributo sobre la riqueza extrema.
¿Por qué no es suficiente aplicar un impuesto a los ultrarricos?
A pesar de que la aplicación de una medida en este sentido supondría un paso adelante, está lejos de ser suficiente para abordar el nocivo incremento de la desigualdad económica a nivel global. Es evidente que las causas de un fenómeno tan complejo y con incentivos tan poderosos no pueden abordarse únicamente con un impuesto a los milmillonarios.
Tampoco puede pretenderse que dé respuesta a los tres problemas principales de los sistemas fiscales, es decir, la suficiencia de ingresos, la falta de equidad y la elusión y fraude que se concentra en los que perciben elevadas rentas y poseen cuantioso patrimonio. Por poner el ejemplo de lo que actualmente ya está en vigor en España, en nuestro país ya se aplica el Impuesto de Patrimonio cuya recaudación se disparó en 2023 hasta los 1.970 millones de euros, un 58% más que el año anterior, con un tipo medio efectivo que fue únicamente del 0,17% [4].
El salto se explica por la reactivación del tributo original en varias comunidades autónomas —que hasta entonces lo mantenían bonificado al 100%— como respuesta a la aparición de la nueva figura estatal del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas que grava patrimonios superiores a 3 millones de euros con tipos progresivos del 1,7% al 3,5%. Afecta a 23.000 contribuyentes, el 0,1% del total y recaudó en 2024 menos de 40 millones de euros. Con la tasa Zucman se estima una recaudación potencial de 5.200 millones de euros anuales en España que pagarían unos 500 ultrarricos. Sin embargo, una reforma del tributo actualmente existente la modificación del Impuesto sobre la Riqueza y Grandes Fortunas para que su recaudación alcance, con la implantación de una escala progresiva, el 1,5% del patrimonio total proporcionaría más de 11.000 millones de euros adicionales a las arcas públicas, prácticamente el doble que lo previsto con la tasa Zucman para nuestro país. Limitar la actuación fiscal a los ultrarricos es un paso adelante, pero no será suficiente para abordar los retos presupuestarios futuros.
En cualquier caso y a pesar de las limitaciones que tendría la aplicación de la nueva figura tributaria de Zucman, bienvenido sea un debate que tiene un alcance superior al ámbito fiscal y que aborda la relación entre desigualdad económica, crecimiento y protección de la democracia ante la amenaza de una oligarquía económica que concentra cada vez más poder en el siglo XXI.
[1] Borders, K, Nicolaides, P y Zucman, G. (2025): El impuesto a los milmillonarios: dinámica de la riqueza y recaudación de un impuesto mínimo global. Real Instituto Elcano.
[2] Dabla-Norris, E. et al. (2015), «Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective», FMI.
[3] OCDE (2014), «Focus on Inequality and Growth».
[4]https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_de_los_declarantes_del_Impuesto_sobre_el_Patrimonio.shtml
Et contra: el impuesto Zucman a los ultrarricos [*]
[*] Extraído de: “Patrimonio: ¿impuesto a los ricos o a los pobres?” Publicado en La Razón 24-Octubre-2022 y “Una propuesta fiscal contra el progreso y la democracia” Publicado en El País 4-febrero-2026
(Por Jesús Huerta de Soto, Catedrático de Economía Política, Universidad Rey Juan Carlos)
El anuncio por parte del Gobierno de que proyecta instaurar un nuevo “Impuesto de Solidaridad” que gravará la riqueza de aquellos que posean más de tres millones de euros ha vuelto a poner en el centro del debate a los impuestos que gravan el patrimonio y el capital. No se trata tan solo de que el anuncio esté muy politizado en un periodo ya de facto preelectoral y de que pueda perturbar la autonomía fiscal de Madrid, Andalucía y Galicia (recordemos que estas Comunidades engloban a 18 millones de españoles, es decir a casi un 38 por ciento de la población total de España). Tampoco hay que centrarse en la posible ilegalidad e incluso inconstitucionalidad del impuesto por poder llegar a ser confiscatorio. Ni en el hecho de que los patrimonios acumulados ya hayan tributado en su proceso de formación a través de impuestos, como el del IRPF, que absorbieron en su día y en muchos casos prácticamente la mitad de las rentas de sus actuales propietarios, en su gran mayoría hoy personas mayores y viudas que, después de toda una vida de esfuerzo, ahorro y sacrificio, ahora son “ricos” por tener más de tres millones de euros. Ni tampoco, en suma, de que se haya explotado por nuestros políticos una cierta demagogia que, anclada en la enfermedad moral de la envidia y en la antisocial y divisiva lucha de clases, luego se pretende edulcorar y legitimar semánticamente con el nombre de impuesto de “Solidaridad” (¿Quién puede atreverse a no impulsar la Solidaridad?).
No. El principal argumento en contra de cualquier impuesto sobre el stock de riqueza, patrimonio o capital acumulado no es ninguno de los indicados, sino el daño que hace a los trabajadores y, especialmente, a los más pobres, vulnerables y desfavorecidos. Y es que el empleo, su calidad y el nivel de los salarios depende directamente del volumen del patrimonio y del capital bien invertido por sus propietarios y puesto a disposición de los trabajadores en forma de maquinaria cada vez más sofisticada, instalaciones fabriles, recursos naturales, equipos informáticos, etc. En una economía de mercado el salario tiende a estar determinado por la productividad de cada trabajador y ésta solo puede crecer de una manera continuada y sostenible si éste cada vez disfruta de un conjunto mayor y más sofisticado de bienes de capital a su disposición.
Si un agricultor indio gana tan solo tres euros al día y uno norteamericano cien veces más, no se debe a que éste sea más listo o trabaje más horas. Simplemente resulta que el trabajador estadounidense dispone como media de cien veces más de bienes de equipo capital (por ejemplo, en forma de un potente tractor de última generación dotado de los más modernos instrumentos), que su homólogo indio (que carece de ese sofisticado equipo y se ve obligado, en muchas ocasiones, a seguir arando con animales y cosechando prácticamente a mano).
Y la abultada diferencia de salario se explica porque con un tractor de última generación el agricultor estadounidense es capaz de arar una extensión cien veces superior de la que es capaz de lograr el agricultor indio con sus rudimentarios utensilios. Ahora bien, el tractor de última generación solo se ha hecho posible porque un conjunto de capitalistas han ahorrado, han acumulado patrimonio y capital, y lo han puesto a disposición del agricultor americano en forma de un tractor que no es sino un sofisticado bien de capital que aumenta enormemente la productividad y, por tanto, el salario del afortunado trabajador.
Este razonamiento resume una de las enseñanzas más importantes de la ciencia económica e ilustra la gran sabiduría popular que siempre ha reconocido que el pobre, mucho más que un pez que le saque de un apuro inmediato, necesita una caña de pescar (es decir, un bien de capital) que le solucione definitivamente su problema. Y, además, como siempre, la ciencia es el mejor antídoto contra la explotación partidista de la demagogia.
Si Amancio Ortega, por ejemplo, tiene una fortuna de 60.000 millones de euros, de nada serviría expropiársela íntegramente y distribuirla entre, digamos, los 2.000 millones relativamente más pobres del mundo: solo tocaría cada uno de ellos a 30 euros, pero tendría un gran coste generador de pobreza, al hacer desaparecer y obligar a liquidar y cerrar las innumerables fábricas, instalaciones y edificios de este distinguido capitalista y que, para “gran fortuna” de sus decenas de miles de empleados y millones de clientes, no paran cada día de generar bienestar y riqueza por doquier impulsando la productividad y los salarios de muchos. Por tanto, si se quiere luchar contra la pobreza y favorecer la prosperidad de todos, y en especial de aquellos con salarios más bajos y vulnerables, lo que hay que hacer es mimar con esmero y cariño a todos los contribuyentes, y especialmente a los “ricos” impulsándoles en la acumulación de sus patrimonios y evitando cualquier persecución o condena social.
En suma, todo impuesto que, como el ya existente de patrimonio o el anunciado de “Solidaridad”, grave la acumulación de patrimonio, riqueza o capital, siempre termina incidiendo y perjudicando a los trabajadores y especialmente a los más pobres y vulnerables en términos relativos que son los que más se beneficiarían de un aumento en su productividad si dispusieran de más y mejor equipo capital. Además, da lo mismo que el capital o patrimonio esté constituido, como es lo más común y generalizado, por títulos valores, fondos de inversión, depósitos bancarios, bienes raíces, etc., pues todos ellos directa o indirectamente representan toda una constelación de bienes concretos de equipo capital que siempre necesitan la colaboración del trabajo, proporcionan un volumen creciente de empleo cada vez de mayor calidad y, sobre todo, hacen posible el aumento de la productividad de los trabajadores y, por tanto, de sus salarios.
Y, por contra y por ejemplo, un tipo de gravamen como el anunciado para las “grandes fortunas” del 3,5 por ciento, en menos de diez años y por simple aritmética, supondría una merma superior a un tercio del capital que habría podido acumularse de no existir este tributo sobre el patrimonio. Generándose así la concomitante merma de productividad y de reducción de los salarios reales sobre su nivel potencial. Por todo ello, debemos concluir que los impuestos sobre el patrimonio a la larga siempre los terminan pagando, y con creces, los propios trabajadores, por lo que son especialmente dañinos y, sobre todo, antisolidarios con los más pobres y vulnerables.
Se ha puesto de moda pensar que la desigualdad y la riqueza “extrema” comprometen la democracia, por lo que hay que elevar aún más la fiscalidad de las rentas altas y el patrimonio. La idea cala fácilmente en una ciudadanía agobiada por salarios reales que no crecen en sociedades esclerotizadas por el intervencionismo estatal y el exceso de regulación. Frente al eslogan fácil y la manipulación demagógica de que si “los de arriba” pagan más se refuerza el “contrato” social y se purifica la democracia, es obligación de todo buen economista plantear algunas preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿quién va a terminar pagando más: el rico de la caricatura o los trabajadores corrientes en forma de peores empleos y salarios futuros más reducidos? Y ¿qué efecto real tiene todo ello sobre la democracia?
Pues bien, la Ciencia Económica es terca: subir los impuestos a los ricos castiga el ahorro, la inversión, la innovación, la acumulación de capital y la creatividad empresarial, disminuyendo la productividad y los salarios reales de la mayoría. Y, simultáneamente, agranda todavía más el poder discrecional de los políticos para conceder privilegios y subvenciones a los grupos de interés y comprar los votos necesarios para mantenerse en el poder. Todo ello en perjuicio de la igualdad ante la ley que exige una democracia sana.
Supongamos dos trabajadores, uno indio y otro norteamericano, mismas horas de trabajo y mismo esfuerzo. El primero trabaja con herramientas rudimentarias, riego y abono precarios; el segundo trabaja con un moderno tractor, y dispone de riego y abonos de última generación. ¿Quién gana un salario mucho más alto? Obviamente el segundo, y ello se debe a que es mucho más productivo, y no a la regulación estatal, ni al gasto público ni a la redistribución de la renta. Simplemente se debe a la mayor cantidad y calidad de bienes de equipo capital que hacen mucho más productivo su trabajo. Por tanto, penalizar fiscalmente a quienes ahorran, acumulan, innovan e invierten precisamente en esos bienes de capital es la manera más segura de ralentizar y frenar el crecimiento de los salarios.
Hagamos algunos números: un impuesto sobre el patrimonio del 3,5 por ciento al año significa que, por ejemplo, después de 10 años, se evaporan más de un 40 por ciento de los bienes de capital que se hubieran podido acumular a disposición de los trabajadores, con un coste inmenso para ellos, en forma de incrementos de salario futuro dejados de percibir. Supongamos ahora que al final triunfa la demagogia y se expropia a don Amancio Ortega los 80.000 millones de euros de su fortuna para repartirlos entre los 2.000 millones de pobres del mundo, que tocan a 40 euros por cabeza. Seriamente, ¿alguien puede decir que eso mejoraría la democracia? Porque el coste en términos de prosperidad, nivel de vida y cohesión social sería colosal: empresas cerradas o descapitalizadas, inversiones canceladas, innovaciones bloqueadas y, sobre todo, empleos destruidos, y trabajos de peor calidad con salarios más bajos. A lo que hay que añadir el crecimiento elefantiásico del estado, la burocracia y el clientelismo político. Porque cuanto mayor renta y riqueza detrae coactivamente el estado y más discrecional es su poder, más esfuerzo e ingenio dedican los “buscadores de rentas” y subvenciones, y los grupos de presión para conseguir ventajas particulares corrompiendo (aún más) la democracia y el estado de “derecho”. Y es que al incrementarse (solo a corto plazo) el botín a repartir en un contexto en el que se ralentiza el desarrollo económico, se fomentan y se hacen irresolubles los conflictos sociales en un entorno cada vez más polarizado que dificulta o imposibilita el funcionamiento normal de la democracia.
En suma, la fiscalidad “contra los ricos” perjudica gravemente a los trabajadores, y en especial a los más vulnerables, a la vez que anquilosa y corrompe (todavía más) la democracia. Por tanto, la receta a aplicar para revertir la crisis social y democrática de nuestro tiempo, que es consecuencia inevitable del virus del estatismo que nos afecta, es justo la contraria: impuestos bajos y simples, eliminación del gravamen al ahorro y patrimonio, seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, desregulación generalizada y límites estrictos al gasto público que impidan que la casta política improductiva expolie, y reparta comprando votos, la riqueza de aquellos que la crean con su esfuerzo y audacia empresarial.
