Noticias 51 – 11
Jiménez, Juan Luis y Campos, Javier (2026): La evaluación de las políticas públicas (o por qué se deben evaluar por efectos y no por sus intenciones). Editorial Aula Magna, Madrid, p. 160
(Por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica- Universitat de València)
Antes de iniciar el comentario de este libro, vale la pena señalar que los autores son profesores en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y han trabajado distintos aspectos de las políticas públicas, en particular la regulación económica, las políticas de servicios y las políticas de competencia. Este tipo de trabajos les ha dado un bagaje especial para abordar la evaluación de las políticas públicas.
De forma breve, este libro se organiza en 7 capítulos. Después de la introducción, en el primer capítulo se presenta la evaluación de las políticas públicas en el siglo XXI. En el siguiente se aborda el por qué y el cómo de la evaluación. A continuación, en tres capítulos, se reseñan sendos estudios de caso (en tres áreas de actuación). En el capítulo 3, se presentan casos relacionados con ayudas al transporte, en el cuarto, medidas vinculadas con vivienda y, en el quinto, políticas acerca de redistribución de la renta. En el capítulo sexto, se entra a valorar aspectos de la política de competencia como estímulo a la evaluación de políticas públicas. En el último capítulo, a modo de conclusión, se reflexiona sobre expectativas de la evaluación de las políticas públicas.
El capítulo 1 concentra su interés en las evaluaciones expost y se subraya que las más relevantes son las que concentran su atención en los resultados perseguidos y a qué coste. Por tanto, se dejan de lado el resto de tipos de evaluaciones, en particular, las que se refieren a los objetivos o las de coherencia. Un concepto esencial que se utiliza es el de coste de oportunidad que, al relacionarlo con las políticas públicas, pone de manifiesto que los recursos estatales son escasos y los problemas múltiples, de forma que la evaluación puede contribuir en una mejor asignación de aquellos.
En el capítulo 2, se explican brevemente los métodos de evaluación que se gastan en la actualidad. Se empieza el capítulo poniendo de manifiesto para qué sirven las evaluaciones de las políticas públicas. Posteriormente, se pasa a analizar el cómo deberían evaluarse las consecuencias de las políticas públicas, subrayando que aquello que es relevante es poner de relieve los resultados reales.
Los autores postulan un método de tipo de contrafactuales, es decir, utilizando “grupos de control”, o sea agentes no sometidos a los efectos de las políticas públicas, que sirven de referencia para valorar los resultados en aquellos que sí han sido afectados por las medidas de política económica. Un aspecto interesante de este capítulo es que va explicando nuevos métodos que se utilizan en la evaluación de las políticas públicas, como se trata de los ensayos aleatorio controlados, el método de diferencia-en-diferencias, el control sintético o de regresión en discontinuidad. Hacia el final del capítulo se presenta la evaluación de las políticas públicas en España, que pone de relieve matices interesantes acerca de la concepción de esta en nuestro país.
El núcleo central del libro son los capítulos 3, 4 y 5 en los se pone de manifiesto la evaluación de las políticas públicas en la realidad. En el capítulo 3, se concentra la atención en las políticas de transporte. En concreto se analizan las políticas de subsidios a residentes, a hidrocarburos (y su impacto sobre los precios), a la compra de vehículos. En el capítulo 4, se analizan, bajo el título de política de vivienda, las ayudas e incentivos fiscales a la compra de viviendas y los controles sobre alquileres. En el capítulo 5, se orienta el análisis hacia políticas de redistribución de la renta: impuesto de herencias, el cheque-bebé, la renta básica universal, las prestaciones por desempleo (y su impacto sobre la decisión de trabajar), el apoyo a grandes eventos o el fomento de los trenes de alta velocidad.
La valoración de conjunto de los casos analizados que hacen los autores es que las intenciones se han encontrado muy alejadas de los resultados. Entonces se pasa al capítulo 6 en el que se deposita una esperanza de control sobre las políticas públicas a través del ejercicio de la competencia. Se inicia el capítulo con una reflexión y una crítica a las licitaciones públicas, para después reflexionar sobre algunos aspectos de la política de competencia (sanciones o cárteles). Se concluye que debe conjugarse mejor la competencia con las intervenciones del estado.
En el capítulo 7, con el que se concluye el libro, se plantea la pregunta de si hay esperanza en la evaluación de las políticas públicas. Se insiste en la importancia de la actividad de la evaluación y que esta ha de concentrar la atención no en lo que se dice, sino en lo que se logra.
En su conjunto el libro resulta de gran interés, destacando la explicitación de nuevos métodos de evaluación. También vale la pena destacar los casos de estudio de la parte central de libro. Estos ejemplos resultan ilustrativos para clarificar los argumentos de los autores, que constituyen una divulgación de estudios más profundos realizados y publicados en revistas de distintas categorías académicas. Quizá una dimensión destacada de la relevancia de estos ejemplos y del libro en sí mismo es su uso docente. Los estudios de casos pueden ser recomendados en las clases de Política Económica, o en otras asignaturas, para discutir con y entre los estudiantes, ayudando a la clarificación de conceptos, así como ilustrar las fases de la política económica y subrayar la importancia de la evaluación de las políticas económicas.
Una de las críticas que se puede plantear es el economicismo de los autores. En definitiva, cuando se analiza la “política económica”, subrayan la segunda parte, el adjetivo, pero obvian o, en ciertos casos, menosprecian la primera, la “política”, el sustantivo. Esta última tiene una lógica muy distinta de la primera. Aquello que se ha de tener presente es que la consideración de la dimensión política no supone menos democracia, palabra en la que se legitiman parte de los argumentos en defensa de la evaluación que, a la sazón, resulta tan vaga que no es indicador de nada.
Derivado de este tipo de consideraciones, no es de extrañar la divergencia en la consideración acerca de la relevancia de la evaluación de las políticas públicas entre políticos (policy-makers) y analistas (economistas -profesorado). Para los primeros, aquello que es relevante es la resolución de problemas, normalmente mal definidos, en condiciones de penuria de tiempo (dificultades para gestionar el tiempo) y en un contexto de incertidumbre desestructurada.
En consonancia con estas características, que afectan al proceso decisional en la configuración de la agenda y el diseño, la evaluación suele ser irrelevante. En contrapartida, para los segundos, los analistas, que disponen de tiempo y en ciertos casos de información, la evaluación ostenta una relevancia singular. La asimetría en las percepciones queda patente cuando, en diversas partes de libro, se apunta que de la evaluación se derivan responsabilidades, como la dimisión de los políticos por haber errado (que no se indica), punto nada gratificante para acentuar el interés de estos últimos acerca de la evaluación y, más aún, si se tiene en cuenta las condiciones en las que suelen tomar decisiones, que se han apuntado un poco más arriba.
