Noticias 52 – 8
Pro et contra:
Pro: la regularización de 2005 y las lecciones para hoy
(Por Ferran Elias Moreno, Dpto. de Econonomía, Universitat de Girona)
La reciente regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno ha reabierto un debate recurrente en España. Sus detractores alertan de un posible efecto llamada, de una presión adicional sobre los servicios públicos o de un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores menos cualificados. Sus defensores, por el contrario, destacan razones humanitarias y necesidades económicas vinculadas al envejecimiento demográfico y a la escasez de mano de obra en determinados sectores.
Afortunadamente, en este caso no estamos obligados a especular. España ya vivió una experiencia similar en 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero regularizó cerca de 600.000 inmigrantes que residían y trabajaban en el país sin autorización laboral. Veinte años después disponemos de evidencia rigurosa sobre sus consecuencias. En un estudio reciente publicado en el Journal of Labor Economics, Elias, Monras y Vázquez-Grenno (2025) analizan los efectos de aquella regularización utilizando datos administrativos, fiscales y laborales, y ofrecen una de las evaluaciones más completas realizadas hasta la fecha sobre una política de este tipo.
El primer resultado es probablemente el más importante para interpretar el resto. La regularización de 2005 no provocó un aumento apreciable de los flujos migratorios. Los datos no muestran que la llegada de inmigrantes procedentes de países afectados por la medida creciera más que la de inmigrantes procedentes de países no afectados. Este resultado cuestiona uno de los argumentos más habituales contra este tipo de políticas: la idea de que cualquier regularización genera automáticamente un efecto llamada significativo.
La ausencia de este efecto es crucial porque permite entender qué estaba ocurriendo realmente. La regularización no aumentó de forma sustancial la oferta de trabajo en España. Lo que hizo fue modificar la situación jurídica de personas que ya vivían y trabajaban aquí. En consecuencia, los efectos observados reflejan principalmente la transición desde la economía informal hacia la economía formal.
Y es precisamente ahí donde aparecen los principales beneficios de la medida. La regularización incrementó el empleo formal de los inmigrantes y redujo el peso de la economía sumergida. Sin embargo, no todos los trabajadores regularizados permanecieron en el sector formal. Muchos siguieron alternando entre actividades formales e informales. Esto indica que la regularización, por sí sola, no elimina la informalidad. Lo que sí hace es ampliar las opciones laborales de los trabajadores y reducir su dependencia de empleadores que se benefician de su situación administrativa irregular.
Esta conclusión ayuda a entender otro resultado aparentemente sorprendente: los salarios de los trabajadores españoles poco cualificados no disminuyeron tras la regularización. De hecho, la evidencia apunta a que aumentaron. Cuando un inmigrante carece de permiso de trabajo, sus alternativas laborales son muy limitadas. Esa vulnerabilidad otorga a los empleadores un poder considerable para fijar salarios y condiciones laborales por debajo de los que prevalecerían en un mercado más competitivo. Al obtener acceso al mercado formal, los trabajadores regularizados ganan capacidad de negociación y dejan de depender exclusivamente de empleadores dispuestos a aprovechar su situación administrativa.
Como consecuencia, se reduce la competencia basada en la precariedad y la informalidad, lo que termina beneficiando también a los trabajadores españoles con niveles de cualificación similares.
La regularización tampoco parece haber perjudicado el empleo de los trabajadores nativos. Por el contrario, la reducción de la economía sumergida contribuyó a crear un mercado laboral más transparente y eficiente. Antes de la reforma, algunas empresas podían reducir costes recurriendo a la contratación informal de trabajadores sin permiso de trabajo y eludiendo el pago de cotizaciones sociales. La regularización, acompañada de un refuerzo de las inspecciones laborales, limitó esta posibilidad y contribuyó a igualar las condiciones de competencia entre empresas. En lugar de competir mediante el recurso al empleo informal, las empresas se vieron obligadas a hacerlo en un marco más homogéneo y sujeto a las mismas reglas.
Otro resultado relevante se refiere a la movilidad laboral. Muchos inmigrantes regularizados abandonaron ocupaciones caracterizadas por una elevada informalidad para acceder a empleos en otros sectores y empresas más grandes. La regularización no solo modificó su estatus legal; también amplió sus oportunidades profesionales. Desde una perspectiva económica, esto supone una asignación más eficiente del trabajo y una mejora potencial de la productividad.
Las consecuencias fiscales también fueron positivas. La incorporación de trabajadores a la Seguridad Social aumentó significativamente la recaudación por cotizaciones e impuestos. Elias, Monras y Vázquez-Grenno estiman que las cotizaciones sociales aumentaron en torno a 4.000 euros anuales por cada inmigrante regularizado. Al mismo tiempo, no encuentran evidencia de incrementos equivalentes en el uso de servicios públicos como la educación o la sanidad. La razón es sencilla: la mayoría de estas personas ya residían en España y ya utilizaban dichos servicios antes de ser regularizadas. Lo que cambió fue su contribución al sistema.
Sin embargo, la experiencia de 2005 también contiene una advertencia importante. Buena parte de sus efectos estuvieron vinculados al aumento simultáneo de las inspecciones laborales y a una estrategia explícita de lucha contra la economía sumergida. La regularización no actuó de manera aislada. Formó parte de una política más amplia orientada a formalizar relaciones laborales que ya existían.
Esta lección es especialmente relevante para evaluar la reforma actual. La pregunta no es únicamente cuántas personas obtendrán permisos de trabajo. La verdadera cuestión es si la regularización conseguirá trasladar actividad económica desde la informalidad hacia la formalidad. Si va acompañada de inspección, control y políticas de integración laboral, la evidencia disponible sugiere que puede generar beneficios tanto para los inmigrantes como para el conjunto de la economía. Si no es así, parte de sus efectos positivos podrían diluirse.
La experiencia española de 2005 muestra que regularizar no equivale a abrir las fronteras ni a aumentar de forma masiva la inmigración. Significa reconocer una realidad ya existente y permitir que trabajadores que ya forman parte de nuestra economía puedan hacerlo en mejores condiciones. Desde esta perspectiva, la regularización no parece ser el problema. Más bien puede formar parte de la solución.
Bibliografía:
Elias, F., Monras, J. y Vázquez-Grenno, J. (2025). Understanding the Effects of Granting Work Permits to Undocumented Immigrants. Journal of Labor Economics, 43(3), 763–802. https://doi.org/10.1086/730122
Et contra: la regularización extraordinaria como síntoma, no como política
(Por FSantiago Calvo López, Universidad de las Hespérides, Subdirector de Centro Ruth Richardson y colaborador con el Instituto Juan de Mariana)
1. Punto de partida
España ha crecido en los últimos años en términos demográficos como ningún otro socio europeo. Entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de enero de 2025, la población residente aumentó en 1,73 millones de personas, pasando de 47,4 a 49,1 millones. Ese saldo neto, sin embargo, esconde dos movimientos opuestos. Los nacidos en España cayeron en cerca de 482.000 personas, mientras que los nacidos en el extranjero subieron en 2,21 millones (de 7,25 a 9,46 millones, ya un 19,3% del total). Toda la expansión poblacional, y algo más, ha sido inmigración (INE, Encuesta Continua de Población).
Ese crecimiento explica buena parte del dinamismo agregado de la economía española en este ciclo (Cuadrado y Regil, 2025) y también ha tensionado la vivienda, los servicios públicos en zonas concretas y, sobre todo, ha hecho visible una bolsa de inmigración irregular que se estima ya en torno a 840.000 personas. La respuesta del Gobierno ha sido un Real Decreto-Ley de regularización extraordinaria que afectaría aproximadamente a 500.000 personas.
Mi posición es de crítica al instrumento. Ni rechazo la inmigración como criterio general ni cuestiono que muchas personas en situación irregular estén contribuyendo a la economía. Lo que sostengo es algo más concreto. Esta regularización opera como la confesión institucional de que España carece de una política migratoria propiamente dicha, y los argumentos que la presentan como una buena política económica descansan en métricas de corto plazo que no aguantan un análisis serio. Mi crítica es al cómo, no al qué.
2.La regularización como síntoma
El primer problema es de diagnóstico. La regularización se presenta como respuesta a una anomalía, una bolsa imprevista de irregulares que conviene aflorar. La realidad es la contraria. Esa bolsa es el resultado predecible y endógeno de cómo está diseñado el sistema migratorio español desde hace veinticinco años.
La combinación es sencilla. Por un lado, una política de visados muy asimétrica que apenas filtra las entradas desde la mayoría de los países latinoamericanos y restringe en cambio las de África subsahariana y el Magreb. Por otro, una figura de arraigo que premia con regularización casi automática a quien acredite dos o tres años de residencia y un mínimo de integración laboral o social. El resultado es estructural. Una fracción significativa de la inmigración que entra de forma legal pasa por un periodo en la irregularidad antes de obtener los papeles. El sistema funciona así por diseño.
Sobre esa arquitectura, una regularización extraordinaria es un parche sobre un parche. La propia figura del arraigo opera de facto como una regularización extraordinaria diaria; y cada regularización extraordinaria adicional añade ruido, confunde la señal y erosiona la credibilidad de la propia normativa de arraigo, sin atacar el patrón que produce el problema.
3. El espejismo del beneficio fiscal
El argumento más extendido a favor de la medida es de tipo fiscal. Se citan estimaciones de un beneficio neto en torno a los 4.000 euros por inmigrante regularizado, lo que, multiplicado por el medio millón potencial, parecería un billete macroeconómico atractivo. Este cálculo no aguanta un examen mínimamente cuidadoso.
La principal estimación que circula procede del trabajo de Gálvez-Iniesta (2020), publicado como working paper de la Universidad Carlos III. La cifra que se difunde es el saldo fiscal directo, calculado como la diferencia entre cotizaciones e impuestos directos pagados, por un lado, y prestaciones monetarias recibidas, por otro. El problema es que el propio paper hace después el ejercicio relevante. Cuando se ajusta el saldo añadiendo el consumo de sanidad, educación e impuestos indirectos, siguiendo la metodología estándar de la OCDE (2013), la contribución fiscal neta de los hogares no comunitarios desaparece y se sitúa en valores ligeramente inferiores a los de los hogares nativos. Para los perfiles de inmigrantes irregulares más representativos, el saldo ajustado anual asciende, según el mismo trabajo, a entre 750 y 3.300 euros de coste para las cuentas públicas. Regularizar a estos perfiles mejora su contribución respecto al status quo de irregularidad, pero no los convierte en contribuyentes netos.
Este ejercicio es estático e ignora el ciclo vital. Cuando se introduce ese horizonte, la teoría predice un agravamiento. La razón es mecánica. En un Estado de bienestar redistributivo como el español, no todos los hogares aportan más de lo que reciben. El décimo Observatorio del reparto de impuestos y prestaciones de Fedea lo cuantifica para 2023 (López-Laborda, Marín y Onrubia, 2026). Los hogares de los tres primeros quintiles de renta bruta son beneficiarios netos de la intervención pública, con subsidios efectivos que van del 81,5% de su renta bruta en el primer quintil al 14,9% en el tercero. Los del cuarto quintil son contribuyentes netos con un saldo del −4,6%, y los del quinto, con un −19,7%. La contribución neta se concentra en el 40% superior de la distribución y, dentro de él, sobre todo en el último decil. Cuando el mismo informe incorpora la perspectiva de ciclo vital, el efecto redistributivo agregado del sistema se modera (cae del 31,9% al 25,3%), pero la jerarquía entre tramos no cambia.
¿Dónde se sitúa el inmigrante recién regularizado en esa pirámide? Por su perfil ocupacional, casi sin excepción en los tres primeros quintiles. La mayoría trabaja en hostelería, servicio doméstico, agricultura, construcción y manufactura básica, ramas donde el salario mediano se mueve cerca del SMI. Aplicar al colectivo regularizado la estructura fiscal media de los hogares nativos es engañoso. Hablamos de un colectivo cuyo lugar dentro del esquema redistributivo cae naturalmente en el lado receptor del sistema. Coincide, por cierto, con lo que el Ministerio de Hacienda danés viene documentando desde hace años para el conjunto de la inmigración no occidental, cuyo saldo fiscal a lo largo del ciclo vital se mantiene negativo de forma sostenida.
Conviene también leer con cuidado las cifras de prensa. El propio Gálvez aclaró públicamente, después de que circularan los 4.000 euros como saldo neto, que esa magnitud correspondía en realidad a un flujo bruto de recaudación estimado bajo el supuesto fuerte de que toda la bolsa irregular pasara al empleo formal. La diferencia cambia el sentido del argumento por completo.
4. El argumento del PIB y la falacia de composición
El segundo argumento que se utiliza es macroeconómico. La inmigración habría empujado el PIB y, según el reciente trabajo de Cuadrado y Regil (2025) en el Boletín Económico del Banco de España, también habría aportado entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales al crecimiento medio anual del PIB per cápita en el período 2022-2024. La cifra es real, pero conviene leerla con cuidado.
La descomposición del Banco de España muestra que el componente principal de esa aportación es la tasa de empleo, no la productividad. En las dos primeras décadas del siglo, la inmigración llegó masivamente y deprimió la productividad media por composición sectorial; en los últimos años, la cualificación de los flujos recientes ha mejorado (más titulados, mejor distribución ocupacional) y se ha completado parte del proceso de asimilación de las oleadas previas. El propio Banco de España es explícito al señalar que la concentración de la inmigración en hostelería, construcción y servicio doméstico, ramas con valor añadido por hora inferior a la media, sigue ejerciendo un efecto de composición negativo sobre la productividad agregada.
Aquí está el desajuste con la regularización extraordinaria. El colectivo afectado por la medida es, precisamente, el segmento opuesto al que tira del PIB per cápita. Baja cualificación, alta concentración en ramas de baja productividad, empleo informal previo. El argumento de que la inmigración hace crecer la economía se construye con promedios y oleadas heterogéneas. Aplicarlo a un colectivo concreto cuya distribución ocupacional es justo la inversa de la que arrastra la productividad al alza es una falacia de composición.
Detrás de esto hay un problema de modelo productivo. España genera empleo de baja productividad porque tiene una oferta abundante de mano de obra poco cualificada, y atrae mano de obra poco cualificada porque genera empleo de baja productividad. La regularización, sin tocar el sistema de visados ni el modelo productivo, refuerza ese equilibrio. La oferta crea su propia demanda y nadie tiene incentivos para salir del bucle.
5. Inspección, efecto llamada y alternativas razonables
Queda por discutir el efecto llamada. Los defensores de la medida apelan al precedente de 2005, que en los tres años siguientes no se tradujo en un aumento de entradas y sí en un repunte notable de la afiliación a la Seguridad Social, con más de medio millón de cotizantes adicionales. La analogía es problemática. La regularización de 2005 exigía contrato de trabajo en vigor; la actual no. Sin esa exigencia y con una probabilidad de inspección laboral baja, el empleador racional sigue sin tener incentivo para aflorar la relación laboral. Una parte de la bolsa irregular puede quedar regularizada como persona sin pasar al empleo formal, lo que vacía el supuesto fundamental del propio cálculo fiscal que defiende la medida.
Lo razonable sería ir al fondo del problema. Hay alternativas conocidas. La contratación en origen, con cuotas planificadas por sector y cualificación, es lo que hacen Canadá o Australia y lo que está construyendo Italia. Requiere capital político, créditos presupuestarios para la plataforma administrativa y una conversación pública adulta sobre cuántas personas queremos, de dónde, con qué cualificación y bajo qué condiciones. La política de visados podría dejar de ser tan asimétrica con las distintas regiones de origen. La formación en origen para profesiones donde España tiene déficit, como sanitarios y oficios técnicos, sería una vía complementaria. Y el problema de fondo, el modelo productivo, se resuelve atrayendo inversión hacia actividades de mayor valor añadido, no perpetuando la economía del bajo coste.
El debate, por tanto, no debería plantearse como regularización sí o no. La pregunta correcta es dentro de qué arquitectura de política migratoria se aplica. Sin esa arquitectura, cada extraordinaria es un reset. Erosiona la credibilidad institucional, alimenta la polarización y, sobre todo, aplaza una conversación que España lleva décadas postergando. Esta regularización, aprobada por la vía del Real Decreto-Ley y sin memoria económica seria, sin evaluación de impacto fiscal a medio plazo ni programa complementario de inserción o de inspección, confirma que el problema migratorio se ha preferido aplazar antes que abordar de frente.
Bibliografía
Cuadrado, P., y Regil, A. (2025). Una estimación de la contribución de la población extranjera en España al crecimiento del PIB per cápita en el período 2022-2024. Boletín Económico del Banco de España, 2025/T2, artículo 10. https://doi.org/10.53479/40025
Gálvez-Iniesta, I. (2020). The size, socio-economic composition and fiscal implications of the irregular immigration in Spain (Working Paper Economics 2020-08). Universidad Carlos III de Madrid. http://hdl.handle.net/10016/30946
López-Laborda, J., Marín-González, C., y Onrubia, J. (2026). Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles. Décimo informe – 2022 y 2023 (Estudios sobre la Economía Española 2026-13). FEDEA.
OECD (2013). The fiscal impact of immigration in OECD countries. En International Migration Outlook 2013 (pp. 125-189). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/migr_outlook-2013-en
