Número 25 – 8

Pro et contra

(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

La propuesta de contrato único

Pro…

En defensa de la idea de contrato único y de una articulación jurídica matizada

(por Jesús Lahera Forteza, Profesor Titular Derecho Trabajo Universidad Complutense)

La idea del contrato único indefinido, presente desde hace una década en el debate político laboral, ha sido, de inicio, positiva en la búsqueda de alternativas al exceso de temporalidad en España. Ha puesto el foco en el gran problema de la precariedad laboral y ha señalado una vía de generalización del contrato indefinido. Es una idea que desde sus inicios ayudó a identificar este problema y a diagnosticar las disfunciones de una alta precariedad laboral. Activó un debate necesario y propició una dialéctica positiva en la búsqueda de soluciones en nuestro mercado laboral. La defensa de contrato único ha operado como idea-fuerza, primero en ámbitos académicos, no sólo económicos sino también jurídicos y sociológicos, y luego en un plano más político, al asumir un partido político emergente como Ciudadanos la propuesta laboral. El debate político y mediático de contrato único ha sido fructífero, al poner en primer plano el problema de la precariedad laboral y la posibilidad de una alternativa. Por tanto, debe darse valor a la mera idea de contrato único, al menos a efectos dialécticos y motivadores del debate, o desde una pedagogía social de una problemática laboral.

La idea de contrato único ha sido útil también para mostrar las deficiencias de las políticas laborales de contratación laboral desde hace décadas. En los años ochenta se optó por reducir desempleo a través de la contratación laboral temporal, originando un mercado de trabajo dual con una temporalidad inédita en Europa. Desde entonces, la alta temporalidad ha sido una constante en nuestro mercado de trabajo, con efectos perniciosos en la propia tasa de desempleo, en la formación, la productividad y la desigual protección jurídica entre fijos y temporales, con todas sus consecuencias sociales negativas. Los diagnósticos críticos con la dualidad laboral fueron elaborados ya en los años noventa y, desde entonces, sucesivas reformas laborales (1997, 2001, 2002, 2006, 2010 y 2012) han intentado luchar contra la instalada precariedad de nuestro mercado de trabajo. Las herramientas utilizadas en estas reformas, que no alteran la estructura de los contratos temporales, forman parte del ordenamiento laboral vigente: duración máxima en el contrato de obra con conversión a fijo, límites temporales al encadenamiento de contratos precarios con el mismo trabajador, aumento de las indemnizaciones en las extinciones de los contratos eventuales y de obra, fomento de la contratación indefinida con reducción del coste del despido improcedente, y una constante aplicación de bonificaciones sociales para incentivar el empleo fijo.

El resultado de todas estas reformas es evidente a la luz de las estadísticas de empleo. Las medidas adoptadas en los últimos 20 años fueron bien intencionadas y meritorias, pero no han logrado superar la dualidad laboral ni reducir la alta temporalidad. Estas reformas no han conseguido transformar el modo de contratar trabajadores en España. Tras la caída de temporalidad generada por la crisis y el aumento de desempleo, la recuperación económica ha vuelto a poner de manifiesto que la creación de empleo está asociada a un aumento considerable de la precariedad laboral.

En este contexto, se han planteado siempre iniciativas políticas continuistas y rupturistas. Las primeras pretenden continuar adoptando este tipo de medidas paliativas del modelo de contratación temporal. Se propone volver a establecer duraciones máximas y aumenta las indemnizaciones por fin de contrato temporal, poner límites al encadenamiento contractual, y luchar contra el fraude. Esta lucha contra el fraude en la temporalidad es un objetivo constante de anteriores reformas, que siempre choca con la realidad de pocos medios de la Inspección de Trabajo para controlar medias de 20 millones de contratos temporales anuales. Las propuestas rupturistas han estado inspiradas en la idea de contrato único y de un nuevo modelo de contratación laboral. Es el caso de la Proposición de Ley de lucha contra la precariedad laboral presentada, en su día, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los diputados (BOC 9 Marzo 2018). La propuesta generaliza la contratación indefinida y desplaza la temporalidad al justificado, pero restringido y bien delimitado, ámbito de las sustituciones de personal, junto a los contratos formativos. La generalización de una contratación indefinida de partida se efectúa sin alterar las indemnizaciones vigentes de despido procedente de 20 días salario/año e improcedente de 33 días salario/año, equiparadas, también, para los trabajadores temporales por sustitución. La propuesta se acompaña de una mochila personal de cada trabajador con derechos acumulados e independientes de la antigüedad en la empresa; esta cuenta personal es utilizada en el cálculo final de la indemnización de los despidos. La reforma integra la jurisprudencia europea en despidos colectivos y la nacional del TS en despidos colectivos y objetivos otorgando mayor seguridad jurídica y certidumbre para las empresas. Se establece, finalmente, un bonus-malus de cotizaciones sociales que incentiva la estabilidad en el empleo. Es una propuesta distinta hasta lo ahora recorrido, innovadora y que bebe de la idea de contrato único. En el debate, hasta ahora, han predominado las propuestas continuistas, pero hay que darle valor a una idea, el contrato único, que ha propiciado alternativas distintas como la expuesta.

La idea de contrato único ha sido, por tanto, positiva, en términos de dialéctica social y de propuestas políticas. Estando o no de acuerdo con esta idea, creo debe ser valorada su aportación de manera muy positiva.

A partir de esta conclusión, cabe defender una articulación jurídica matizada y razonable de la idea de contrato único. Se debe romper la ecuación contrato único/despido libre que ha sido manipulada en este debate. De ninguna manera se debe identificar contrato único con despido libre. Los propios impulsores de esta medida, FEDEA, rectificaron hace ya muchos años, en 2011, y presentaron una propuesta de contrato único con un despido casual y dos escalas indemnizatorias, una para la procedencia del despido objetivo y otra para la improcedencia. La propuesta política antes expuesta era muy respetuosa con la causalidad del despido y, si bien incorporaba medidas de flexibilización de la causa objetiva, estaba construida desde la procedencia e improcedencia, sin, por cierto, alterar las cuantías indemnizatorias vigentes. Por tanto, es perfectamente compatible articular jurídicamente el contrato único con las exigencias constitucionales y derivadas de nuestros compromisos con el convenio OIT de despido. De ninguna manera defender contrato único es defender un despido libre incompatible con nuestras bases jurídicas. Por su parte, el contrato único supone generalizar la contratación indefinida de inicio, asumiendo un mayor margen de flexibilidad en la causa objetiva del despido, y, en su caso, una disminución de costes indemnizatorios, partiendo de la base de la derogación de los contratos de obra y eventual, utilizados masivamente en nuestro mercado laboral. Es una contrapartida que permitiría reducir sustancialmente la precariedad laboral, al menos, de inicio, en las relaciones laborales.

Como se deduce de las propuestas académicas y políticas que beben de la idea fuerza del contrato único, su articulación jurídica contempla situaciones de temporalidad real en las empresas que deben ser atendidas. Es el caso de las sustituciones de trabajadores, en diversos supuestos de hecho, que serían cubiertas por contratos de sustitución. Podría ser el caso de circunstancias de alta producción o demanda puntual, de duración transitoria y determinada, cubiertos por contratos eventuales o derivadas a las empresas de trabajo temporal. Con claridad, es el caso de los contratos formativos de duración determinada. La articulación jurídica de contrato único exige contemplar estos matices y atender a necesidades temporales y formativas reales en las empresas. Pero sobre la base de una contratación indefinida generalizada, que potenciaría figuras como el fijo discontinuo y modalidades diversas de tiempo parcial. Habría también que reconstruir las empresas de trabajo temporal, como gestoras de empleos eventuales, de sustituciones y de trabajos estacionales fijos, o como agencias de colocación potentes, que pudieran servir de prueba de trabajadores en empresas. Articular jurídicamente la idea fuerza de contrato único no es sencillo y obligaría a una labor técnica y matizada, compleja, pero posible y viable en nuestro marco normativo.

Es posible, finalmente, que las ideas y propuestas rupturistas alrededor del contrato único con estos matices terminen confluyendo con otras, más continuistas, que sostienen articular tres contratos, indefinido, temporal y formativo, con medidas restrictivas de la temporalidad. Desde una óptica, el contrato sería indefinido con las excepciones matizadas de temporalidad. Desde otra perspectiva, los tres contratos indefinido, temporal y formativo, podrían ser diseñados con excepciones similares de temporalidad. Ambas alternativas podrían confluir en potenciar y generalizar la contratación indefinida. Puede existir un debate sobre el despido objetivo en ambas perspectivas, porque generalizar la contratación indefinida y derogar las bases estructurales de nuestro modelo temporal, implica dosis altas de flexibilidad extintiva. Si esta confluencia fuera una realidad en el futuro, la idea fuerza de contrato único y su articulación jurídica habría aportado construcción al debate, y será valorada de manera positiva con el tiempo.

En conclusión, por sus efectos dialécticos, por su metodología incisiva en diagnosticar un problema y solucionarlo, por su pedagogía social y trascendencia política, y por su aportación a las propuestas que intentan cambiar la precariedad laboral debe ser defendida y valorada de manera positiva la idea fuerza de contrato único y su articulación jurídica matizada en los términos descritos.

…Et contra

El contrato único no es la vía para combatir la excesiva precarización del mercado laboral español. Consideraciones en torno a la última propuesta de contrato único.

(por Fernando Fita Ortega. Profesor T.U. de Derecho del Trabajo. Universitat de València E.G.)

Se

1.- Coincidencia en el diagnóstico: la excesiva temporalidad en la contratación laboral como problema estructural del mercado de trabajo español. El problema de la excesiva temporalidad de la contratación laboral en España es estructural, como se desprende del hecho de que es el país de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad, situación que se viene prolongando a lo largo del tiempo. Únicamente con el ciclo de crisis económica iniciado en 2008 se redujo la temporalidad (ocupando España el segundo país de la U.E. en tasa de temporalidad, por detrás de Polonia), sin que dicha reducción se deba a los esfuerzos en ese sentido efectuados -sobre el papel- por el legislador, sino como consecuencia de la propia crisis dado que, de una parte, las empresas amortizaron en primer término los contratos temporales para ajustarse al nuevo ciclo y, de otro, la crisis impactó fuertemente en sectores con alta tasa de temporalidad, como la construcción.

Este excesivo porcentaje de contratación temporal en España no obedece a necesidades temporales de mano de obra de las empresas, sino, en buena medida, a actuaciones abusivas en materia de contratación. De hecho, esta materia es una en las que más fácilmente puede advertirse la gran distancia que separa la regulación laboral -donde se proclama la necesaria causalidad de la contratación temporal (art. 15 E.T.)- de la realidad del funcionamiento de las relaciones laborales en nuestro país. La lucha contra la precariedad laboral, en términos de falta de estabilidad de los contratos, resulta, pues, uno de los grandes retos a los que se enfrenta el modelo de relaciones laborales español, tal y como se viene reconociendo en las Recomendaciones del Consejo a los sucesivos Programas Nacional de Reformas presentados por nuestro país, así como por el propio legislador español en sus diversas disposiciones por las que se ha venido reformando la normativa laboral.

Pese a este reconocimiento y la declarada intención de luchar contra la excesiva temporalidad, las medidas dirigidas, supuestamente, a acabar con esta situación más parecen perseguir otros objetivos. De hecho, la actuación del legislador al respecto ha sido tímida y errática, sin que haya querido establecer medidas radicales para acabar con la temporalidad excesiva. De este modo, se ha seguido apostando por incrementar las posibilidades de la contratación temporal descausalizada como instrumento de creación de empleo, y no ya únicamente mediante la aparición de nuevas figuras de contrato temporal acausal en época de crisis económica y de empleo -p. ej., el contrato primer empleo joven-, sino, además, mediante la desvinculación cada vez más evidente de los contratos formativos de la causa que justificó su origen, aproximándolos a los mecanismos contractuales de fomento del empleo.

Así pues, el legislador ha sido uno de los principales causantes de la cultura de la precariedad que parece asentada entre el empresariado español, reacio a formalizar contratos indefinidos como consecuencia de los costes económicos y mayores cargas formales que implica la extinción de estos contratos; de los menores índices de sindicación de los trabajadores con contrato temporal y de la mayor sumisión a los poderes empresariales de quienes se encuentran pendientes de una renovación contractual en un mercado de trabajo donde la demanda de empleo es superior a la oferta.

Junto a estos dos elementos favorecedores de la precariedad laboral (legislador y empresariado) no cabe olvidar el papel que en este mismo sentido han jugado los agentes sociales, a través de la negociación colectiva, y la jurisprudencia laboral. Los primeros, porque han extendido más allá de lo legalmente admisible -dada la subordinación del convenio a la ley en esta materia- las posibilidades legales de celebración de contratos temporales causales.

La segunda, realizando una interpretación de la norma que en ciertas ocasiones ha favorecido la extensión de la temporalidad, tal y como ha ocurrido con la doctrina -posteriormente matizada- sobre el reconocimiento de la legalidad de un contrato de obra de duración vinculada a una contrata de obra o servicio, lo que, dado el proceso descentralizador en el que se ve inmerso el tejido productivo, ha incrementado el recurso a la contratación temporal; o con la recuperación por vía de la negociación colectiva de modalidades contractuales temporales desaparecidas de la normativa vigente (STS 12-12-2018, rec. nº. 151/17 -aunque en este caso en particular, lo criticable fue la desaparición de dicha modalidad contractual-) Identificada de este modo la realidad del mercado de trabajo por lo que se refiere a la contratación temporal, y apuntados los diversos factores que han favorecido esta situación, procede destacar la necesidad de establecer mecanismos para evitar un uso fraudulento de la contratación temporal, de la que es consciente el legislador español (aunque pocas veces ha actuado de forma coherente en esta materia) y que viene impuesta por a normativa de la Unión Europea.

Si a la circunstancia de excesiva temporalidad se une el elevado porcentaje de trabajo a tiempo parcial no voluntario -en muchas ocasiones empleado igualmente en fraude de ley-, el panorama de precariedad en la contratación laboral española queda evidenciado.

2.- La última propuesta sobre un contrato único: la Proposición de Ley de lucha contra la precariedad laboral, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos en la XII Legislatura (9 de marzo de 2018)

La última propuesta de contrato único presentada por el grupo parlamentario Ciudadanos con ocasión de lo que para alguno no fue sino la materialización de un contrato único en España (STJUE C-596/14 asunto Diego Porras) al hacer tambalearse los cimientos de la dualidad laboral, consistió en esencia en:

  1. Derogar los contratos temporales, salvo los de interinidad para sustituir a trabajadores con reserva de puesto de trabajo o reingreso preferente, sustituir a los trabajadores cuya actividad laboral se halle interrumpida temporalmente por disfrute de vacaciones o permisos, para la cobertura de vacantes mientras se celebra el correspondiente proceso de selección o cuando se trate de complementar la reducción de jornada llevada a cabo por los trabajadores de plantilla. Igualmente se mantendrían los contratos formativos.
  2. Reconocer el carácter indefinido de los contratos de trabajo a tiempo parcial, salvo en el caso de los contratos formativos (admitiendo los contratos de formación y para el aprendizaje a tiempo parcial, lo que actualmente no es posible -art. 12.2 E.T.-)
  3. El sistema de causas del despido, con las correspondientes indemnizaciones legales previstas actualmente, permanecería intacto.
  4. Se incorpora una nueva causa objetiva de extinción de los contratos para dar cabida a la extinción de los contratos de obra o servicio que hasta ahora se venían realizando para atender contratas.
  5. Propone incorporar un nuevo apartado en el artículo 52 E.T. (despido por causas objetivas) recogiendo como causa de extinción la amortización del puesto de trabajo individualizado.
  6. Acompañar las anteriores medidas con otras, como la creación de un sistema de cuentas personales de protección en caso de pérdida (incluso voluntaria) del empleo, modificación del plazo del cómputo del número de trabajadores afectado para determinar la diferencia entre un despido colectivo y uno objetivo por causas económicas y empresariales o, a efectos de incrementar el control sobre la actividad de cesión de trabajadores, establecer la responsabilidad solidaria de las ETT por los contratos celebrados en fraude de ley.

3.- ¿Es el contrato único la medida adecuada para combatir la excesiva temporalidad de la contratación laboral? Desde mi punto de vista, rotundamente no, y ello por varios motivos.

a) En primer término, si la pretensión es acabar con la dualidad existente en la actualidad entre trabajadores con “fuerte” tutela frente al despido y aquellos que carecen de la misma, factor que se encuentra en la génesis de la excesiva temporalidad laboral, la medida fracasa en su objetivo. En este sentido, como se reconoce en la misma proposición de ley, la causa de temporalidad del contrato de trabajo ha permitido extinguir, en ocasiones, sin indemnización, o en otras, con cuantías notablemente inferiores a las de los contratos indefinidos. La dualidad del mercado de trabajo se ha construido desde esta asimetría, asumida por la naturaleza temporal de los trabajos prestados, cuando no por la necesidad de válvulas flexibles y poco costosas de ajuste de empleo, como ha sucedido en España.

Si bien es cierto que, con relación a los actuales contratos temporales, se incrementa el número de días de salario a tener en cuenta en el cálculo de las indemnizaciones por extinción del contrato (pasando de 12 a 20) y, por tanto, incrementando las cuantías indemnizatorias, se ignora que el elemento determinante de la diferente tutela lo constituye el número de años de servicio del trabajador en la empresa. En el ordenamiento español las indemnizaciones se calculan atendiendo a cuatro elementos (número de días de salario; salario día; años de servicio en la empresa y tope indemnizatorio) siendo que el verdaderamente determinante de la dualidad tuitiva está integrado por el mencionado en tercer lugar (años de servicio en la empresa) dado que este factor incrementa la cuantía indemnizatoria a medida que aumenta la antigüedad de la empresa del trabajador, lo que no se corrige en la propuesta. De este modo, si el salario más frecuente en 2017 fue de unos 17.500 € según el I.N.E., un trabajador con 18 años de antigüedad en una empresa tendría derecho a una indemnización por despido objetivo procedente de 17.260,27€ (solamente a partir de 18 años y tres meses se rebasaría el tope indemnizatorio de, en este caso, 17.500€); mientras que un trabajador con 6 meses de antigüedad en la empresa e idéntico salario generaría derecho a una indemnización de 479,45€ (frente a los 287,67 que percibiría con el actual régimen jurídico). En caso de improcedencia, la indemnización ascendería a 28.479,45€ en el primer caso (el tope quedaría en 35.000€) y 791,10€ en el segundo.

En definitiva, la dualidad, objetivo declarado de la medida, no se corrige, en la medida en que muchos de los contratos “indefinidos” sobre el papel no gozarían de una protección disuasoria del fraude en la extinción de los contratos, de modo que los empresarios que hoy día utilizan en fraude de ley la contratación temporal optarían, con toda probabilidad, extinguir los contratos antes de que se alcanzase una antigüedad que llevase aparejado un sustancial incremento de derechos de los trabajadores. En este caso, la dualidad indefinido/temporal se trocaría por menor antigüedad/mayor antigüedad, pero no desaparecería. En caso de optarse por mantener otras modalidades contractuales temporales más allá de los contratos de interinidad y formativos, tampoco parece que fuese a jugar un efecto realmente disuasorio de la celebración de los contratos temporales el significativo incremento de la indemnización en caso de procedencia del despido (de 12 a 20 días) dado lo exiguo en todo caso de su cuantía, fundamentalmente si se considera que, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el 37,9% de los contratos celebrados en 2017 tenía una duración inferior a un mes (Síntesis Anual del Mercado de Trabajo)

Toda propuesta que siga vinculando completamente la indemnización a percibir a la antigüedad del trabajador de la empresa, sin establecimiento de un suelo indemnizatorio mínimo, si es sincera en sus propósitos y no encubre una vía hacia un despido más libre -por menos costoso-, fracasará en su pretensión. Por lo demás, interesa destacar que es a este objetivo al que van dirigidas, precisamente, propuestas de contrato único como la formulada en el año 2009 en el conocido como Manifiesto de los 100: Propuesta para la reactivación laboral en España, propugnando, además de un abaratamiento del despido, una descausalización del mismo contraria a la normativa internacional vigente en la materia. Línea ésta seguida por el derogado contrato indefinido de apoyo a emprendedores que, bajo el eufemismo de su denominación, contemplaba una modalidad contractual con extinción sin causa, sin preaviso y sin indemnización, al establecer un periodo de prueba de un año de duración.

               b) Con relación al coste indemnizatorio debe tenerse en cuenta que la introducción de una indemnización por fin de contrato temporal tuvo en su origen el deseo de frenar la excesiva temporalidad (Real Decreto-ley 5/2001). Es decir, la indemnización en estos casos no estaba diseñada para compensar al trabajador por la pérdida de su empleo, sino como elemento disuasorio para el recurso a la contratación temporal. Por este motivo, los contratos de interinidad y formativos quedaban -y quedan, tras el cambio de criterio del TJUE respecto de la adecuación de la normativa española a la normativa comunitaria en materia de contratación temporal- al margen de cualquier indemnización, cuestión ésta que, en caso de introducirse indemnizaciones a modalidades contractuales hasta ahora carentes de ella como se recoge en la propuesta de contrato único, podría determinar la preferencia empresarial por el recurso de horas extraordinarias en lugar de efectuar contrataciones de interinidad para sustituir a los trabajadores con reserva de puesto de trabajo, con el consiguiente perjuicio para el reparto del trabajo existente.

c) En tercer lugar, no debe olvidarse el efectivo papel que desempeñan los contratos temporales causales cuando su celebración responde verdaderamente a necesidades temporales de mano de obra (como es el caso, claramente, del contrato de interinidad) así como los contratos formativos, que si bien pueden celebrarse para cubrir necesidades permanentes de mano de obra, son temporales dada su -tantas veces ignorada- finalidad de proporcionar una formación -ya teórica, ya practica- que favorezca la inclusión en el mercado laboral o la transición a un mejor empleo. Precisamente esta circunstancia es la que ha llevado a reformular las propuestas de un contrato único. No obstante, la misma observación cabe realizar respecto del contrato de obra o servicio determinado y del contrato eventual, pues ambas figuras se dirigen a satisfacer necesidades temporales de mano de obra. A su supresión cabría realizar idénticas objeciones que a la desaparición que en su día se efectuó del contrato de lanzamiento de nueva actividad, contrato éste que permitía atender la necesidad derivada de la puesta en marcha de una nueva iniciativa empresarial. El fraude que hoy día existe en la contratación temporal no debe atajarse mediante la supresión de modalidades contractuales que dan respuesta a necesidades reales de las empresas, sino que debe combatirse por otras vías.

d) Por último, si no se aborda una profunda reconducción de los contratos de trabajo en prácticas y para la formación y el aprendizaje a sus objetivos formativos, alejándolos de su uso como instrumentos de fomento del empleo (lo que no se contempla en la propuesta de contrato único) éstos incrementarán su juego en la esfera del fraude de ley en la contratación en un contexto empresarial sumido, como se ha señalado, en la cultura de la temporalidad.

Teniendo presente que el objetivo debe ser el de acabar con el fraude y el uso sistemático de la contratación temporal, más que penalizar de manera general un uso de ésta que en muchas ocasiones puede estar justificado (RODRÍGUEZ PIÑERO, “Algunos aspectos jurídicos de la propuesta de contrato único”, Relaciones Laborales n. 1/2010) resulta imprescindible cambiar la percepción de la temporalidad en nuestro sistema de relaciones laborales, tanto de empresario, como de legislador y agentes sociales. Solamente así podrá acabarse con la dualidad existente en nuestro mercado de trabajo, generadora de precariedad y caracterizada por la rotación de trabajadores en puestos de trabajo, lo que impide el desarrollo de una política de formación eficaz de los trabajadores con la consiguiente descapitalización de los recursos humanos. Esto implica poner mayores trabas -consecuencias más gravosas- a la celebración de contratos temporales no causales en fraude de ley; mejorar la legislación sobre la causalidad de los contratos temporales; dejar de emplear la temporalidad como un instrumento de fomento del empleo y dotar de mayor seguridad jurídica a la regulación de la extinción del contrato de trabajo por lo que se refiere a sus justas causas (sin que este objetivo pueda cumplirse mediante la eliminación del control judicial de los despidos, donde se tendrá que dirimir acerca del carácter fraudulento, abusivo, arbitrario, o incluso discriminatorio, de las extinciones), además de seguir reforzando a la Inspección de Trabajo en su lucha contra la utilización abusiva de los contratos temporales, sin que la opción de un contrato único sea, en mi opinión, la solución por los motivos apuntados.



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