Número 32 – 8
Políticas económicas estructurales
(sección coordinada por Evangelina Aranda García, Departamento de Economía Política, Hacienda Pública, Estadística Económica y Empresarial y Política Económica, Universidad de Castilla-La Mancha y Víctor J Martín Cerdeño, Departamento Economía Aplicada, Pública y Política, Universidad Complutense de Madrid)
La política económica y la empresa
(por Dr. Fernando G. Jaén Coll. Profesor del Departamento de Economía y Empresa de la UVIC-UCC.)
La generación de una política económica es, por su propia esencia, un acto humano volitivo, bien sea de un individuo, bien de un grupo de individuos concertados y sea cual fuere el momento que consideremos de todo su proceso, desde la elaboración hasta la aplicación. No creo que cueste aceptar un momento previo, que creo que vale bautizarlo como ideológico, en el que todavía no hay una propuesta de una política económica, pero sí la perspectiva con la que se constituirá; es el momento en el que, en democracia actual, podemos situar en los juicios de valor que fundamentan a cualquier partido político. Ese momento impregna inevitablemente la propuesta de una política económica concreta a la sociedad, que se presentará en unas elecciones democráticas y que vendrá determinada de la concepción que se tenga del sistema económico y de los actores económicos cuyos intereses se defienden con mayor ahínco.
Déjeseme poner un ejemplo para que el lector no piense que me ando por los cerros de Úbeda. Tomemos el déficit público (como podríamos tomar el superávit), en sí mismo expresión de la diferencia de ingresos y gastos públicos (sin necesidad aquí de entrar en matizaciones acerca de las Administraciones públicas, tomándolas como un todo, aunque, en realidad, oculten posibles opciones contradictorias según su ámbito). El sustrato ideológico son los juicios de valor que se tengan sobre el gasto público y sobre el ingreso, sobre sus límites y sobre la interacción entre ellos. Por más que lo quieran algunos, no hay “un” déficit público objetivamente deseable, ni siquiera su nulidad. Fijar en un 3 por ciento del PIB es tan arbitrario como fijarlo en un 5 por ciento y no hay más que ver que una incidencia extraordinaria como la crisis de la “subprimes” o la pandemia del Covid-19 han silenciado el asunto. A efectos de nuestro ejemplo, fijemos los impuestos en un nivel y veremos que el déficit público depende de los juicios de valor sobre el gasto público, su alcance y nivel, y considerado por unos como necesario, incluso conveniente y hasta beneficioso; y por otros como perverso. A fortiori, quienes defienden una u otra posición al respecto, cambian de opinión según las circunstancias sin cambiar sus intereses, que es lo que permanece y se refleja en los juicios de valor, y las cambiantes circunstancias hacen que no podamos establecer una regla general y válida en la realidad. Lo que sí podemos es determinar las consecuencias de una u otra opción bajo condiciones caeteris paribus, pero entonces nos salimos de la política económica, adentrándonos en la teoría económica (Mises, Ludwig von, 2013), o, si se prefiere otro léxico, nos salimos de la economía normativa y entramos en la positiva.
La política económica se ejecuta desde los ámbitos del poder, particularmente en materia económica, pero sin que podamos dejar de lado que gran cantidad de aspectos jurídicos que no consideramos estrictamente económicos o que no aparentan serlo, y que influyen en los comportamientos económicos de los actores económicos, sean éstos personas físicas o no. Plantear la política económica como respuesta o deseo de influir en la economía como un todo, puede ser más fruto del dominio ejercido por la visión macroeconómica que no de una realidad. No hay política económica para la economía de un país (nombre que oculta los intereses de personas, empresas, instituciones, etc.), sino que la hay para unos beneficiarios, causando perjuicio a otros y, tal vez, con efectos neutros sobre algún tercero. Incluso si resulta beneficiosa para todos, no lo ha de ser forzosamente en igual medida, produciendo efectos de cambio de peso relativo entre los actores económicos. De ahí que el sujeto de análisis de la política económica ha de ser las medidas adoptadas y sus consecuencias para los diferentes grupos de actores económicos y momento en que producen su efecto e interacciones, sin caer en la trampa de aceptarlas porque se formulan como si fueran acordes con los juicios de valor de uno: Si soy partidario del gasto público (apoyado en el prejuicio favorable de que lo público favorece a la colectividad más que lo privado) y esto conlleva aumento del déficit público, me puede parecer bien si el gasto es para allegar recursos a unos colectivos marginales; en cambio, no me parecerá bien si es para subvencionar tal o cual empresa, sector o función empresarial. Pero no tiene nada de científico, se basa en un a priori del que juzga, de ahí que llevemos siglos discutiendo doctrinariamente liberalismo e intervencionismo y sus grados en lugar de centrarnos en los intereses en juego.
Centrémonos en la relación de la política económica con uno de los actores económicos: la empresa. Que sea ésta individual, familiar o societaria tiene sus especificidades, pero el busilis estriba en el poder de que disponen para imponer sus intereses, desde la fase previa ideológica (sufragando gastos de centros de estudios, por ejemplo, o durante la fase de elaboración, mediante los “lobbies”), por lo que lo significativo es si la empresa es grande y hasta dónde alcanzan sus tentáculos de poder; de ahí que John Kenneth Galbraith estableciera su análisis del sistema económico distinguiendo dos subsistemas: el de planificación, que corresponde a las empresas que tienen poder, frente al de mercado, en el cual las empresas carecen de poder (Galbraith, J. K., 1979). Poco importa al asunto si son empresas públicas o privadas, aunque ello añada matices (por ejemplo, el papel que juega el beneficio), como igualmente no invalida la división el que unas empresas actúen en un marco de los llamados comunistas o de los denominados capitalistas (Galbraith, J. K. y Menshikov, S., 1989).
Las medidas de política económica que se adoptan, pueden ser generales (del tipo macroeconómico, por ejemplo, con objetivos de empleo, inflación, crecimiento, etc.) o específicas para las empresas o para sectores de estas o incluso para alguna función desempeñada (exportación, innovación, etc.) Aunque esté de moda y forme parte de la confusión el atender a otros objetivos de las empresas, las empresas tienen un elemento director en la tasa de beneficio, o sea su rentabilidad (beneficio sobre capital invertido, en términos de retorno sobre la inversión propia, de manera equivalente a como lo razona un inversor particular al entregar unos fondos de los que espera un retorno aumentado). No es preciso aquí detenerse en las múltiples formas de “afinar” estos conceptos ni siquiera de dar cabida a la maximización de valor para el accionista). Esta tasa orienta los flujos de inversión externos cuando son necesarios o se contemplan como alternativa a una inversión “pasiva” en un instrumento financiero “seguro” (si es que podemos aceptar que eso existe o nos conformamos con su relatividad). Por tanto, y con todo y ser una simplificación (Galbraith señala la falta de respuesta al plazo desconocido en el que contemplamos este beneficio, que no son otra cosa que convenciones la distinción entre corto, medio y largo plazo, al igual que el cálculo anual del beneficio contable, que, como bien señaló Alfred Rappaport (1998), no es más que una opinión), daremos por bueno que el criterio valorativo y decisor en la empresa es la tasa de beneficio, cuyo numerador se obtiene por diferencia entre ingresos y gastos.
Tres son, pues, las variables principales que intervienen al evaluar la empresa una propuesta de política económica: ingresos, gastos y capital; de su potencial influencia en el futuro de la empresa y de sus proyectos resultará el juicio positivo, negativo o neutro, pero no perdamos de vista que hablamos de ”la” empresa como si hubiera una, pero no hay empresa que no tome en consideración a su competencia actual o potencial, de ahí que también incorpore en su valoración de una propuesta de política económica en qué posición relativa le deja frente a sus competidores (ejemplo sencillo es el de una subida del tipo de interés, que tendrá repercusión distinta si una empresa está muy endeudada y otra de la competencia no). De ahí que debamos establecer dos niveles: la empresa en general, de la sectorial y de la específica. De los intereses de la primera se harían eco la organización patronal de ámbito nacional; de la segunda, las diversas patronales sectoriales y de la tercera, cada empresa se formará su opinión.
En términos generales, toda empresa privada aplaudirá las medidas que amplíen las posibilidades de sus beneficios; de ahí que siempre será partidaria de la reducción del ámbito público de la economía que pueda incidir en ellos, aceptando la subsidiariedad de lo público allí donde no ve oportunidad de realizarlos, donde los costes o los riesgos no son asumibles por la limitación de los ingresos esperados; pero una vez hecha esta reserva del sector público (que no es fija en el tiempo, pues la tecnología, cuando no otros factores, por ejemplo una guerra, una pandemia, etc., puede modificar el coste o la rentabilidad y pasar a ser de interés empresarial), siempre será partidaria de una menor dimensión de lo público, con un menor ingreso público (menos impuestos, tasas, etc.), liberando recursos para la adquisición de bienes y servicios privados. Ni que decir tiene que los impuestos que cargan directamente sobre la empresa y sus beneficios son rechazados sistemáticamente, con menor intensidad si su pago se traslada directamente al cliente o si puede la empresa trasladarlos en todo o en parte al precio de venta.
Del gasto público, la empresa juzgará impertinentes aquellos que no le repercutan beneficiosamente; así, por ejemplo, valorará positivamente los que vayan a infraestructuras necesarias (de transporte, de comunicación, etc., cuya ejecución se presume que será encargada a empresas privadas), como también las subvenciones a las empresas, que afloran en la empresa como menor gasto o mayor ingreso (sea en concepto de internacionalización, que le supone a la empresa menor gasto en apertura de mercados, sea por una clase de inversión, que le supone a la empresa una menor necesidad de capital, etc.). Juicio bien distinto tendrá del gasto público “social”, si bien la empresa ha aprendido que una parte de esa clase de gasto es conveniente a sus intereses, pero le quedará el exigir atarlo en corto (por ejemplo, el de desempleo). Más difícil de aceptar por la empresa es el gasto en aparato administrativo público (en términos generales, “funcionarios”) de ahí la habitual insistencia en reducirlo.
Un ejemplo de conjunto y de mucha actualidad, de cómo analiza la empresa, en este caso a través de quien la representa en defensa de sus intereses y conveniencias, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), lo tenemos en el Documento marco para la recuperación, la transformación y la resiliencia de la economía española. Perspectiva y contribución empresarial al Plan “España Puede” (Noviembre 2020). La propuesta de CEOE con su Documento pretende “concentrar los esfuerzos en la recuperación y transformación de nuestra economía, a través de reformas e inversiones” financiadas a partir de movilizar la parte que nos corresponda de los 2 billones de euros de fondos europeos, si bien hay que dividir la parte del Marco Financiero plurianual entre 7 años, pudiendo decir que en promedio se queda en 285,7 miles de millones de euros anuales (incluyendo el Plan Europeo de Recuperación), con ello se pretende recuperar la economía de las consecuencias de la pandemia y abordar la transformación del “modelo” productivo. En aras de un uso eficiente, CEOE destaca que “es obligado invertir en proyectos viables, con visión de largo plazo y orientados en sus principales hitos por una visión empresarial” (negrita en el original, dentro del apartado “2.1. Objetivos prioritarios para una España recuperada, transformada y resiliente”). En el decálogo de medidas elaborado por CEOE, encontramos, seleccionando los más explícitos: “6. El empleo de los recursos debe hacerse mediante esquemas de colaboración público-privada que permitan incorporar las mejores capacidades de las empresas.” “7. El sectorfinanciero debe participar activamente en la gestión de los recursos”. “8. Los fondos europeos deben complementarse con un marco adecuado de incentivos fiscales” (Ibidem, en negrita como el original).
Desde el punto de vista de empresa individual, ¿en qué momento o marco conceptual e instrumental integra la empresa la política económica en sus análisis? En el denominado análisis del entorno externo, cuya herramienta facilitadora es el que se conoce académicamente como análisis PESTEL (acrónimo de las dimensiones contempladas en la matriz: Política, Economía, Sociedad, Tecnología, Ecología y Legal). Comoquiera que la empresa mira siempre al futuro, sólo se interesa por estas dimensiones en su influencia futura, sin que el pasado tenga ningún interés; igualmente no pretende un análisis de la situación económica, ni de la coyuntura (no porque no influya, sino porque se está sometido a ella en el corto plazo y la reacción adaptativa es de otra índole). El énfasis lo pone en lo que pueda acarrear en el futuro, contemplando desde el más cercano hasta un horizonte relativamente largo, según convenga por la influencia que pueda tener una u otra dimensión y el horizonte temporal de la empresa. La política económica es objeto de interés en las diversas dimensiones en que influirá en ese entorno de cada empresa. Ni que decir tiene que el uso de esta matriz no tiene el mismo interés ni utilidad para una empresa del subsistema de mercado que para la que sea del subsistema de planificación. De ahí surgirán las amenazas y oportunidades para la empresa.
Bibliografía
Galbraith, J. K. (1979): La economía y el objetivo público. Plaza & Janés Editores, S. A.
Galbraith, J. K. y Menshikov, S. (1989): Capitalismo, comunismo y coexistencia. Editorial Planeta.
Mises, Ludwig von (2013): Problemas epistemológicos de la economía. Unión Editorial.
Rappaport, A. (1998): La creación de valor para el accionista: una guía para inversores y directivos. Ed. Deusto, Bilbao.




