Número 32 – 9

Pro et contra

La reforma reciente en el sector eléctrico

(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

Pro…

Las últimas reformas del sector eléctrico en España: ¿un paso adelante, o una oportunidad perdida?

(por Pedro Linares, Universidad Pontificia Comillas)

Después de un período de cierta inactividad, en parte debido a la inestabilidad política, y en parte a la falta de interés de Gobiernos anteriores, el año 2020 ha sido muy abundante en regulación sobre el sector eléctrico en España. Una regulación que era muy necesaria, y más aún en tiempos de transición energética como los que vivimos. Y es que esta transición, descrita en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, o en la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, requiere cambios muy relevantes en el sector eléctrico, un sector clave en dicha transición. Así, se prevé que las energías renovables alcancen un 74 por ciento de la producción eléctrica, y que la electricidad aumente su cuota en la demanda de energía final, en particular en edificios (con la penetración de la bomba de calor) o en el transporte (por medio de los vehículos eléctricos).

Para que se produzcan estos cambios en el plazo de tiempo relativamente corto que resta hasta 2030 es fundamental que se envíen señales claras a los inversores y consumidores, y que el mercado eléctrico se adapte a esta mayor contribución de las energías renovables. De ahí la importancia y urgencia de las reformas del sector eléctrico, a la que ha respondido el Gobierno con una batería de medidas de gran alcance que, en general, cubren todos los flancos necesarios.

El problema es que, desgraciadamente, y a pesar de contar con un buen número de informes independientes[2] que planteaban recomendaciones que considero muy sensatas, o incluso el informe de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, el Gobierno, por razones seguramente de economía política más allá del alcance de este breve artículo, no siempre ha diseñado estas reformas siguiendo los principios habituales de la ortodoxia regulatoria: efectividad, eficiencia y equidad. Y esto puede resultar en que las reformas sean oportunidades perdidas para realmente crear un marco regulatorio estable, eficiente y justo, que promueva la transición energética al mínimo coste para los consumidores.

A continuación presento un análisis, necesariamente sucinto y algo provocador[3], de las principales reformas planteadas hasta el momento: la metodología de cálculo de peajes y cargos para la tarifa eléctrica; las subastas de energías renovables; la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE); y la propuesta del Mercado de Capacidad. Finalmente, y de forma más breve, comentaré otras medidas también relevantes.

Metodología de cálculo de peajes y cargos para la tarifa eléctrica

Lo primero que creo que hay que decir a este respecto es que es una satisfacción contar con una metodología estable de cálculo de peajes y cargos para la tarifa eléctrica. Como siempre ha dicho el Profesor Pérez Arriaga, “la tarifa no se fija, se calcula”. Contar con un procedimiento para hacer este cálculo de forma objetiva y estable es una forma excelente, con la que no contábamos hasta ahora, de reducir en lo posible el habitual oportunismo político alrededor de las tarifas (algo que no es necesario recordar en estos días).

Ahora bien, creo que las metodologías aprobadas contienen elementos perjudiciales para la eficiencia y equidad del sistema, que sería conveniente corregir.

En primer lugar, respecto a la retribución de las actividades: la propuesta de la CNMC está firmemente asentada en la contabilidad regulatoria, que tenía más sentido cuando los activos eran lo más importante. En un contexto de transformación del sector eléctrico, sería más conveniente evolucionar hacia una retribución basada en el servicio eléctrico y su calidad. Esto da una clara señal de eficiencia a los agentes, ya que les incentiva a realizar sólo las inversiones necesarias (evitando el famoso efecto Averch-Johnson de sobreinversión), y además, elimina la discriminación existente hacia el CAPEX y en menor medida el OPEX. El sistema eléctrico inteligente del futuro tendrá precisamente como característica la inteligencia, algo difícil de retribuir con un sistema como el actual. Esto es algo que ya hemos visto con los programas de respuesta de la demanda: si lo que se retribuye es la inversión en contadores inteligentes, o en el hardware de gestión, pero no la gestión eficiente del sistema, no debería sorprendernos que esos millones de contadores desplegados estén sirviendo para bastante poco, y muchos consumidores no tengan claro si esta inversión era rentable…

En segundo lugar, tanto la metodología de peajes de la CNMC como la de cargos del Ministerio tienen un problema fundamental, y es que se implementan en gran medida sobre el término variable de la tarifa. Aquí me gustaría comenzar con una simplificación para tratar de hacer la cosa más entendible. Imaginemos, por ahora, que no hay crecimiento vegetativo en la red de transporte y distribución (algo que en países como el nuestro no está muy alejado de la realidad). Es decir, que todo el coste que hay que pagar es coste hundido, coste de las redes o de los cargos ya existentes. Y, por lo tanto, supongamos por ahora que no hay que enviar señales para la construcción eficiente de nueva red, o para minimizar los cargos. En esta situación no hace falta utilizar ningún tipo de señales de eficiencia, ni del momento de consumo (los períodos horarios). Porque nada de ello va a modificar el coste ya incurrido que hay que recuperar.

En este caso, aunque existen muchas posibilidades, la tendencia histórica más habitual ha sido utilizar como criterio de asignación que cada cual pague en función del uso que hace de la red, porque eso se supone que ha sido el driver para su inversión. Pero esto, que parece muy razonable, y que ha funcionado bastante bien tradicionalmente, tiene un problema. Y es que, para que sea eficiente, requiere que los consumidores no modifiquen sus comportamientos: que no cambien la potencia contratada, ni cambien la energía consumida (por ejemplo instalando autoconsumo), ni muevan su consumo de unos períodos a otros. Esta falta de respuesta, que antes era lo habitual, ya no es necesariamente válida. Las mejoras en eficiencia energética de los equipos, o la generación distribuida competitiva, o la competencia creciente entre la electricidad y otros vectores energéticos, hacen que los consumidores vean rentable, y de hecho ya lo estén haciendo, reducir su término de potencia o su término de energía, o desplazar sus consumos, para a su vez reducir el peaje que pagan. Y eso sin hablar de los que puedan considerar desengancharse totalmente del sistema. ¡Pero recordemos que el coste que hay que pagar es fijo! Y por tanto aquí la señal de eficiencia no ayuda, porque no reduce ese coste que tenemos que pagar entre todos. Lo único que hace es cambiar la distribución de los costes, algo que, evidentemente, puede tener consecuencias muy negativas, sobre todo cuando los que pueden reducir su factura son los que tienen las rentas más altas, y por tanto aumentan la cantidad a pagar por las rentas más bajas. Además, por supuesto, de distorsionar la competencia entre la electricidad y otros vectores energéticos, y de no garantizar la suficiencia de los ingresos.

Cuando todo el coste está hundido, la respuesta eficiente, la que no distorsiona, es que se pague como un tanto alzado, un cargo fijo, no necesariamente igual para todos los consumidores, pero sin relación ni con la potencia ni con la energía consumida. Por supuesto, aquí se pueden introducir criterios de equidad: que se pague en función de la renta, o del IBI, o de algún otro indicador no manipulable. Desgraciadamente no ha sido la opción escogida.

Subastas de renovables

Aumentar la contribución de las energías renovables es esencial para la transición hacia un sistema energético descarbonizado. Parte de este aumento puede ocurrir de forma natural, como resultado de la creciente competitividad de estas tecnologías: la energía solar fotovoltaica o la eólica ya son más baratas que las alternativas basadas en fósiles. Sin embargo, dadas las características de los mercados energéticos en Europa, todas ellas pueden necesitar todavía algún tipo de soporte regulatorio para asegurar que se realicen las inversiones adecuadas. Por tanto, las subastas han tenido, y seguirán teniendo, un papel importante, ya que brindan certeza a los inversores y resultan en costes más bajos para los consumidores.

En este sentido, la nueva regulación de las subastas en España puede considerarse muy positiva. Incluyen muchos elementos de diseño recomendados, como flexibilidad en los volúmenes adjudicados, un calendario razonable para futuras subastas, reglas de concentración de vendedores o un diseño híbrido que combina la especificidad con la neutralidad tecnológica. Sin embargo, se deben mejorar otros elementos para futuras subastas: un plazo más largo para preparar las ofertas, incentivos geográficos o promover un conjunto más diverso de actores. En cualquier caso, los primeros resultados ya pueden considerarse muy satisfactorios, y cabe pensar pues en que este instrumento siga siendo efectivo y eficiente.

El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico

El FNSSE es otro ejemplo de una política que era necesario implantar, pero que puede plantear riesgos fundamentalmente redistributivos.

Comenzando por el principio, las razones para sacar el coste de la promoción de las renovables de la tarifa eléctrica creo que admiten poca discusión: Por un lado, el coste de la promoción de las renovables en España viene asociado a una obligación europea, la necesidad de suministrar un determinado porcentaje de la energía final, que ha ido cambiando con los años, con estas fuentes renovables. Es por tanto el consumo de energía final, que incluye a todos los vectores energéticos y no solo a la electricidad, el inductor de este coste; Por otro lado, las políticas de promoción de renovables tratan también de corregir la externalidad asociada a la innovación en este ámbito. Es cierto que esta innovación tiene carácter global, pero esto no supone que no debamos contribuir todos a internalizarla.

Ahora bien: el coste que hay que pagar es un coste hundido, no un coste futuro. Por lo tanto, no tiene sentido recuperarlo por medio de un sobrecoste por unidad de energía vendida[4], ya que esto puede generar distorsiones innecesarias en la asignación de los vectores energéticos, y efectos redistributivos no deseados.

Respecto a la primera cuestión: la creación del Fondo básicamente supone una reducción del precio de la electricidad, y un aumento del coste del gas natural y de los derivados del petróleo. Algo que en principio está alineado con los objetivos de la transición energética, pero que hubiera sido más conveniente lograr por medio de fiscalidad energético-ambiental. Además, la gran cantidad de exenciones y bonificaciones contempladas en la normativa hace que, previsiblemente, los efectos negativos se concentren en algunos sectores, en particular los hogares.

Esta misma concentración también afectará a los efectos redistributivos. Aunque algunas valoraciones previas muestran efectos en general progresivos, cuando se introducen las exenciones y bonificaciones, y se tiene en cuenta la heterogeneidad de los hogares, este efecto se mitiga mucho, resultando en impactos negativos ya desde la tercera decila en los hogares que tienen gas o vehículo privado, o los de las comunidades del interior peninsular. Y recordemos que el efecto dinámico puede incluso acentuar estas desigualdades, ya que son precisamente los consumidores de mayor renta los que pueden invertir en electrificarse.

De nuevo, estos efectos indeseados podrían haberse solventado, sin pérdida de eficiencia, recuperando estos costes mediante un término fijo.

La propuesta de un Mercado de Capacidad

Finalmente, la propuesta más reciente efectuada por el Gobierno es la creación de un mercado de capacidad. Estos mercados pueden ser necesarios para garantizar la inversión requerida en el sistema para dar respaldo a las energías renovables, dados los problemas que tienen las alternativas, fundamentalmente la inexistencia de una demanda suficiente para un mercado espontáneo de fiabilidad. La pregunta es cuál debe ser el diseño apropiado. La propuesta del Gobierno introduce algunos elementos muy positivos: la incorporación al sistema del almacenamiento y la demanda es muy bienvenida (aunque es limitada); también lo es el régimen sancionador para penalizar la indisponibilidad, o la idea exigir la disponibilidad de combustible (por ejemplo, contratos de gas) para poder cumplir con el servicio. Ahora bien, no creo que la opción escogida sea la más apropiada para el sistema en su conjunto, o en particular para los consumidores. Las opciones de fiabilidad, consideradas generalmente como el mejor mecanismo, son descartadas muy rápidamente por la dificultad en fijar el precio de referencia, concluyendo en que, por esta razón, es un instrumento difícil de implementar. ¿Seguro que es tan complicado, a la vista de las discusiones tan habituales en la sociedad y los medios cada vez que hay un problema de falta de suministro (recordemos las discusiones en el caso de Filomena), determinar cuál puede ser un precio razonable de referencia?

Y esto, como si el mecanismo finalmente propuesto fuera más sencillo (algo que sorprendentemente se afirma sin pudor en la propuesta): en lugar de fijar un precio de referencia, debe fijar la necesidad de cobertura y los momentos en que se debe activar, los ratios de firmeza, la forma de medir la contribución de la demanda, el valor de la energía no suministrada…Y no sólo no es más sencillo, sino que además, es menos eficiente: los análisis previos muestran que un mercado de potencia firme falla más a la hora de determinar los períodos críticos, así como la contribución de las distintas tecnologías. Y esto lo que supone básicamente es que al final, todos pagamos más por una igual o menor fiabilidad del sistema.

Otro problema del sistema propuesto es que establece un único mercado. Esto puede llevar a que se promueva la potencia firme pero no flexible, cuando el sistema necesita ambas (incluso se podría argumentar que necesitamos más de la segunda, en forma de almacenamiento flexible…). Por ejemplo, la energía nuclear (muy poco flexible, al menos por el momento en España) es la que tiene la potencia firme más barata.

Además, en nuestra opinión el modelo propuesto es mucho menos transparente, ya que deja la fijación de todos estos valores no a un proceso abierto de debate y participación, sino un Procedimiento de Operación a elaborar por el Operador del Sistema la determinación de cuestiones fundamentales como los ratios de firmeza, las penalizaciones por indisponibilidad, la fijación de los momentos críticos del sistema, o la capacidad de contribución de la demanda. Además, al ser un servicio asociado a la potencia, y no a la energía, el cargo debería ser sobre la potencia demandada, y no sobre la energía consumida. Si no, se corre el riesgo de no ser capaz de recuperar los costes (algo sobre lo que ya comentado extensamente antes).

En conclusión: El sistema español necesita claramente un mecanismo que promueva la instalación de capacidad firme y flexible para encajar bien toda la potencia renovable que debemos instalar. Pero la opción propuesta, aunque sí garantiza la seguridad de suministro, no es ni mucho menos la mejor para el sistema ni para los consumidores. ¿Por qué se habrá seleccionado así entonces?

Otras reformas

En lo que se refiere a medidas más concretas, podemos citar el Real Decreto Ley 23/2020 por el que se trata de ordenar el acceso a la red eléctrica, y se incorpora al almacenamiento, a los agregadores independientes, y a las comunidades de energía renovable en el ordenamiento jurídico y en los mecanismos de mercado y de gestión del sistema. Desgraciadamente, la ordenación del acceso no soluciona los problemas esenciales del mismo, asociados a la asignación de rentas que crea.

En cuanto a la inclusión de nuevos agentes, es una medida bienvenida. No obstante, queda pendiente su desarrollo legislativo para lograr la trasposición e implantación plena de lo dispuesto por el paquete de energía limpia. A este respecto, habrá que cuidar para que su inclusión no genere distorsiones indeseadas en el balance económico o en los procedimientos del sistema.

El RDL introduce además una idea de gran interés, los bancos de pruebas regulatorios, que pueden ser una gran oportunidad para diseñar políticas eficaces, eficientes y equitativas. Desgraciadamente sólo se mencionan para el sector eléctrico, y sin aclarar mucho más.

…Et contra

En contra de…la reciente (que no última) reforma del mercado eléctrico

(por Miguel Cuerdo Mir, Dpto. Economía Aplicada I, Hª e I. Económicas, Grupo de Investigación GEIPE-URJC, Universidad Rey Juan Carlos)

Probablemente, el mercado que más veces ha sido reformado en España mediante regulación pública en los últimos cincuenta años ha sido el mercado de la electricidad, no siempre para bien. La más reciente de las reformas ha consistido en dos medidas. Por una parte, una nueva metodología de cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad (vid. Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Resolución de la CNMC de 18 de marzo de 2021, publicada en el BOE el 23 de marzo de 2021); por otra, una nueva metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico (vid. Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo).

Las dos confluyen en una modificación sustancial del sistema de precios, ya sean tarifas reguladas (Precio de Venta al Pequeño Consumidor) o tarifas de libre mercado. En los dos casos se desarrolla un método de asignación de costes regulados, tanto de peajes de acceso como de otros cargos del sistema eléctrico, que se ajustan al principio de que el consumo de electricidad no es homogéneo a lo largo del año ni a lo largo del día. De manera que la demanda tiene unos picos en los que el sistema tiende a saturarse y unos valles en los que el sistema apenas funciona con unas tecnologías de base cuyos costes marginales tienden a cero (centrales nucleares y centrales eólicas), a tenor de lo que se observa en los mercados diarios de subasta de generación eléctrica.

Esto significa también que el demandante de electricidad prefiere disponer de un kWh en determinadas horas del día (periodos de punta) y no en otras (periodos de valle). Si esto es así, hay que suponer también que el que consumo electricidad, ya sea un hogar o una empresa, está dispuesto a pagar un precio mayor en unas horas que en otras. Podríamos decir que el coste de oportunidad de este suministro es muy diferente según las horas, incluso según las estaciones del año o los días de la semana. Este elemento diferencial estará anclado en las preferencias, costes y restricciones con los que cada uno de los usuarios (o tipos de usuarios) enfrenta la decisión de comprar electricidad para fines diversos.

Todo lo anterior no hace sino expresar, al menos en el mercado diario, lo que técnicamente llaman la “curva de carga” o curva de demanda. Por tanto, la regulación de última hora, puesta en marcha el pasado 1 de junio, a través de sistema de unos precios más diferenciados en peajes y otros cargos regulados, por tramos horarios y por tramos de tiempo más amplios, como temporadas, busca modificar esa curva de carga: un incentivo tarifario para moverse de las puntas de demanda hacia los valles de demanda. En definitiva aplanando en la medida de lo posible la curva de carga. Por no ir más allá en la interpretación, basta con citar la exposición de motivos de la Circular 2/2020, ya citada, donde se dice que la medida busca incentivar “el uso de redes en periodos donde la saturación de redes es menor y se desincentiva el uso de las redes en periodos horarios de mayor demanda del sistema eléctrico donde la probabilidad de saturación de las redes es más elevada”. Es decir, siguiendo el “principio de causalidad de los costes de redes”. A mayor abundamiento del argumento de la Circular 3/2020, el RD 148/2021, ya referido, de cálculo de cargos, también se motiva del mismo modo “acompasar las señales de precios enviadas por los peajes e incentivar el consumo en los momentos en que las redes están menos congestionadas, se ha optado por una estructura de cargos con discriminación horaria”.

En el mismo sentido, la reforma de la metodología de cálculo, de peajes de transporte y distribución y de otros cargos del sistema eléctrico, cifra su éxito en dos elementos, por un lado, que los compradores de electricidad respondan a las señales de precios (instrumento inmediato) y, por otro, objetivo último, que se modifique la curva de carga del sistema, favoreciendo un uso más homogéneo de las redes a lo largo del día y del año.

Entrando en harina, lo primero que cabe preguntarse es si el consumo de electricidad no está articulado en base a “señales de precios”. La respuesta es que aparentemente sí. Al menos ese es el espíritu que trasciende las sucesivas reformas generales del sector desde el celebérrimo Protocolo Eléctrico de 1996 que dio origen a la Ley del Sector Eléctrico de 1997, con la que se inició el proceso de liberalización del sector.

Sin embargo, entre las cosas que impiden una mayor orientación del consumo a las señales de precios están las interferencias de la Administración Pública en las mismas, por ejemplo, a través de la creación del llamado Precio de Venta del Pequeño Consumidor, que lejos de trasladar al comprador doméstico y pyme un precio de acuerdo a las estrictas señales de mercado, le traslada un precio medio diario (subrayamos precio medio) que actúa como precio máximo (subrayamos precio máximo). No es un asunto menor, puesto que de los casi 27 millones de contratos de suministro eléctrico para potencias inferiores o iguales a 10 kW, que se corresponden en su gran mayoría con consumos domésticos, más del 37 por ciento, según los datos de la CNMC a junio de 2021, están adheridos al PVPC.

Aquí conviene detenerse, puesto que hay que tener en cuenta que en una factura normalizada de un hogar cualquiera con, por ejemplo, 5,5 kW de potencia y un consumo mensual de unos 500 kWh, el coste de la energía suministrada (la que se compra en el mercado diario de generación eléctrica) representa un 50 por ciento más de lo que representa el peaje de acceso a esa energía. Mientras que ese coste de energía suministrada supone casi el doble del peaje de acceso de potencia instalada. Por tanto, puestos a orientar a precios el consumo eléctrico, comencemos por lo que en sí es lo más importante el precio al que se compra la energía generada en cada momento del día. El regulador no ha dado explicaciones acerca de por qué discriminación horaria en los peajes y no en la generación eléctrica. Es más, si el componente mayor en la factura (al margen otros costes regulados) es el coste de generación, es evidente que unas tarifas que atiendan a precios de mercado no pueden articularse sobre la idea de un precio medio como si la curva de carga no existiera, cuando es el mercado mayorista de generación de electricidad el que permite en todo momento saber cuánto cuesta la energía producida. Por tanto, el argumento aparente en favor de orientación a señales de precio se desvanece o, por lo menos, se debilita mucho.

Centrémonos ahora en los peajes de transporte y distribución. De saque, hay que señalar que la oferta de electricidad se hace a costes marginales crecientes porque hay tecnologías de producción también marginales de costes superiores a las tecnologías de base del sistema. De manera que si la demanda aumenta en determinadas horas, el precio de generación aumenta porque se necesitan esas tecnologías marginales. Con la reforma se intenta paliar en parte este problema con la manipulación de los precios de acceso a las redes de transporte y de distribución, que son monopolios y tienen una retribución regulada. Sin embargo, los costes de estas redes no tienen una estructura que se le parezca a la de la producción de electricidad. Los costes de una infraestructura (básicamente, costes hundidos y costes fijos), como las redes de transporte y distribución eléctricos, no cambian en función de la demanda. Lo que cambia con la demanda es la capacidad para recuperarlos total o parcialmente en un plazo mayor o menor de tiempo. De hecho, no está claro que sea malo para la infraestructura que esté al borde de la saturación, porque significará un pleno uso de la misma y, por otro lado, el reparto de esta demanda en otros momentos no implica una reducción de costes de la red. Otra cosa es que como en determinadas horas del año la red se satura haya que ampliar la red y, en ese caso, una distribución horaria distinta elimine esa necesidad. Sin embargo, volvemos al párrafo anterior: la red se satura porque los precios de generación que se trasladan a una parte importante de la demanda doméstica y pymes no se ajusta a las condiciones reales de mercado. No es que el acceso a la red sea barato en las horas punta, es que el precio que se paga por la energía generada en hora punta no responde a la estructura de costes de la generación propiamente dicha.

Más allá de las consideraciones técnicas expresadas y centrándonos en el lado de la demanda de electricidad, hay que preguntarse por qué después de casi 25 años del comienzo de la liberalización del sector eléctrico, casi el 40 por ciento de los consumidores domésticos está acogido a una tarifa regulada o de precios máximos como el PVPC. La razón probable es que prefieren asumir un precio medio de mercado diario a plantearse unos precios que discriminen horas de consumo de electricidad. Esta debe ser una razón preferencial que tiene fuerza en sí, porque en el mercado libre al consumidor se le ofrece precios con discriminación horaria y precios conocidos para largos periodos de tiempo. Es decir, de alguna forma, buena parte del consumidor doméstico no está tan interesado en asegurarse un precio anual para una franja horaria como asegurarse un precio diario único para cualquier franja horaria. Precisamente esto es lo que se intenta atacar con las últimas novedades regulatoria del sector eléctrico. Se ataca el vector preferencial del consumidor: cambiarle los hábitos.

Sin entrar en mayores consideraciones en relación con el concepto de hábito, todo apunta a que el consumidor de PVPC o de mercado libre está comprando libertad para poder organizar su vida de una determinada manera, pero teniendo en cuenta que esta organización está muy condicionada por un conjunto de restricciones muy notables y rígidas, como son los horarios de los colegios, los horarios de trabajo, las costumbres asociadas a los modos y tiempos de alimentarse y las formas de construir sus tiempos de ocio. No se dice que no se pueda cambiar, pero sí se debe decir que cuando un gobierno quiere cambiar los hábitos es porque considera que los hábitos son perniciosos para el interés general. Es decir, se plancha a las ocho de la tarde porque se ha terminado la jornada laboral, que en España es muy prolongada, porque los niños ya han hecho los deberes y han merendado y porque si planchamos a las doce de la noche, cuando nos levantamos a las siete de la mañana para ir a trabajar, no hemos dormido lo suficiente y es muy probable que nuestro nivel de productividad sea más bajo ese día que si hubiéramos planchado a las ocho de la tarde.

Es la rigidez a la que el consumidor doméstico (dejamos para mejor ocasión las empresas, que también tienen lo suyo) se ve sometido en la organización de su vida diaria la que le va a obligar a no poder reaccionar a cambios en los precios de los peajes por horas. La rigidez se puede expresar por la elasticidad de la demanda al precio. No parece que haya mucho debate en cuanto a la rigidez de la demanda de electricidad en el sector doméstico, al menos en el corto plazo. Se pueden citar algunos de los últimos trabajos donde esto se pone de manifiesto. Vallés et al. (2018) en Applied Energy señalaban que la respuesta de los consumidores está muy condicionada y muy variable por una interacción de variables socioeconómicas; por tanto, no solamente por el precio. Bryne, La Nauze y Martin (2021) en The Energy Journal han documentado recientemente una alta rigidez de la demanda de electricidad de los hogares a cambios importantes en los precios, incluso en el largo plazo y utilizando gestores de demanda como los medidores inteligentes. Para el caso que nos ocupa, Bigerna y Bollino (2014) en Energy Journal señalaron para el caso italiano que la elasticidad variaba significativamente con la hora del día, de manera que las puntas de demanda se correspondían con elasticidades muy bajas en los consumos domésticos. Schulte y Heindl (2017) en Energy Policy estudiaban el caso alemán, desagregando hogares en función de la renta y observaban que las rentas más bajas tenían una elasticidad demanda-precio más baja. En esa misma línea, Romero-Jordán, Del Río y Peñasco (2016) en Energy Policy estudiaban el consumo de electricidad en España y se encontraban con lo mismo: las rentas más bajas tenían una elasticidad más baja. En definitiva, que los aumentos en los precios reales de la energía tienen un patrón regresivo con consecuencias para el bienestar y especialmente cuando estos aumentos se centran en aquellos momentos del día en los que tenemos menos posibilidades de elección.

A mayor abundamiento de todo lo anterior, hay que tener presente lo innecesario del asunto, puesto que se envía una señal de que el consumo doméstico frena la lucha contra el cambio climático del planeta. Sin embargo, hay que recordar que la antigua tarifa 2.0 A, que agrupa a buena parte del consumo doméstico solamente representa el 16,5 por ciento del total de la demanda nacional de electricidad. Por otra parte, este tramo de consumo es el que más cara paga la electricidad, por razones bien fundadas basadas en el suministro al por menor, etc.

Finalmente, no se puede ocultar que el planteamiento final de precios de peaje y cargos de la nueva regulación supone un incremento notable en la factura del consumidor doméstico. Dado que un porcentaje muy elevado del consumo, como se pone de manifiesto en la curva de carga, acentuada en la demanda doméstica, se realiza entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche de un día laborable, no es relevante que el peaje de potencia en hora valle se haya reducido en más de 8 veces en relación con el actual. Lo relevante es que, para peaje de potencia y para otros cargos, solamente se distingue un periodo valle (0h-8h) y un periodo punta (resto de horas diarias). Por lo que el consumo se hace en horas de peaje de acceso de potencia de punta. Este peaje supone 0,3537 € por cada kW de potencia y día y significa que se multiplica por 3,5 veces en relación con el anterior que se situaba alrededor de los diez céntimos de euro en el último año. En definitiva, una penalización innecesaria a la parte menos elástica y con menos poder de negociación del mercado, utilizando para ello la parte más monopólica del mercado y, desde el punto de vista de la eficacia, de dudoso resultado.

[1] Pueden verse: McCann, P. (2019) Perceptions of regional inequality and the geography of discontent. Insights from the UK. Regional Studies, doi: 10.1080/0034304.2019.1619928; Rodríguez-Pose,A. (2018). The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it). Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 11(1): 189-209; Dijkstra, L., Poelman, H., y A. Rodriguez-Pose (2020). The geography of EU discontent. Regional Studies, 54(6): 7373-753

[2] Véase por ejemplo https://economicsforenergy.wordpress.com/2017/01/09/la-utility-del-futuro/ o https://www.iit.comillas.edu/publicacion/mostrar_publicacion_informe.php.es?id=86

[3] Los lectores pueden solicitar al autor materiales adicionales, en los que se matizan y amplían las a veces excesivamente simplistas afirmaciones recogidas aquí.

[4] Esto hubiera sido la solución eficiente si se hubiera implantado desde el comienzo de la obligación de cumplir con una cuota de renovables.



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