Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz (extra 2022) – 9

25 de mayo de 2022

Unas breves reflexiones sobre la política económica en un mundo en desorden

(por Jesús Paúl Gutiérrez, Universidad CEU-San Pablo)

 

Recientemente se ha producido el fallecimiento de Luis Rodríguez Sáiz, uno de mis maestros, con el que compartí docencia, investigación y gestión y en los tres ámbitos fue para mí un importante referente de honestidad, esfuerzo y eficiencia.

Al inicio de mi carrera académica (finales de los ochenta y principios de los noventa) tuve el privilegio de publicar con el profesor Rodríguez Sáiz una serie de artículos en los que abordamos diferentes ámbitos de la política económica española. Eran momentos de importantes retos e incertidumbres para la economía española y para sus autoridades. Nuestro país se acababa de incorporar al Sistema Monetario Europeo y daba sus primeros pasos para alcanzar la estabilidad nominal que le permitiera incorporarse a la futura Unión Económica y Monetaria Europea.

Sin embargo, si aquellos eran momentos de importantes cambios para la economía española, europea y mundial, aún más disruptivo puede que sea el momento presente, abriéndose importantes incertidumbres sobre su devenir futuro.

A continuación, se recogen unas modestas reflexiones sobre la política económica y que pretendo que sirvan como homenaje póstumo y agradecimiento a Luis Rodríguez Sáiz.

Cualquier economista que no esté henchido de soberbia, creo que debería reconocer que la economía, en gran medida, sigue siendo una especie de caja negra. De tal forma que a pesar del gran número de personas inteligentes que a lo largo de varios siglos han tratado de sentar las bases de cómo funciona, nuestro nivel de comprensión al respecto dista mucho de ser ni siquiera medianamente completo. 

Dadas estas deficiencias en la comprensión del funcionamiento de la economía es lógico que sea prácticamente imposible que exista un consenso generalizado entre los académicos, los políticos y las autoridades económicas de distintos países, sobre las actuaciones de política económica a adoptar en cada momento. Así, partiendo de la concepción de Tinbergen de la política económica, según la cual ésta consiste en la manipulación deliberada por parte de las autoridades económicas de cierto número de instrumentos con objeto de alcanzar determinados objetivos económicos, es comprensible que, cuando no existe un conocimiento elevado de las relaciones existentes entre instrumentos y objetivos  de política económica, se planteen controversias en relación a las medidas a adoptar en cada momento, o incluso que surjan  desacuerdos  respecto a cuáles deben ser los objetivos a alcanzar.

Si ya de por sí resulta complejo para las autoridades económicas tomar decisiones partiendo de una teoría económica con deficiencias para explicar el funcionamiento de la economía, esta dificultad se acentúa cuando tenemos en cuenta que sus decisiones se han de adoptar en un entorno, no sólo económico, sino también político y geoestratégico, en continuo cambio. Por tanto, las decisiones de los bancos centrales y el resto de “policy-makers”, los objetivos a alcanzar y la forma de alcanzarlos, difícilmente van a ser los mismos cuando se enfrentan a entornos muy diferentes.

Si los cambios son parte consustancial de la historia, las disrupciones acontecidas en la última década y media probablemente sean algo que vaya mucho más allá del habitual dinamismo del devenir histórico. Así, en el período transcurrido desde 2007 hasta la actualidad, el mundo se ha enfrentado no solo a perturbaciones de índole económico-financiera (crisis financiera global de 2008 y la posterior crisis de la deuda soberana europea de 2012), sino también sanitarias (pandemia de la Covid-19) y geopolíticas (Guerra de Ucrania). Cada uno de estos eventos, en gran medida imprevisibles y con enormes consecuencias macroeconómicas, no sólo ha hecho que las autoridades económicas actúen tratando de paliar los impactos negativos de los mismos, sino que también ha hecho que múltiples ámbitos de la política económica o bien hayan sido revisados o se enfrenten a importantes incertidumbres en cuanto a la forma en que deben ser considerados en el futuro.

A mediados de la primera década del presente nuevo milenio se describía la situación económica global, en especial, la referida a Estados Unidos, con el término “Gran Moderación”, en referencia a la importante reducción en la volatilidad de las principales variables macroeconómicas que se había producido desde mediados de los años ochenta. Eran momentos en los que existía una cierta creencia entre economistas y autoridades económicas de que prácticamente se sabía todo acerca de la mejor forma de gestionar la política económica, y una prueba de ello era la creciente estabilidad macroeconómica alcanzada en las décadas anteriores.

Por otro lado, si pensamos más allá de lo estrictamente económico, hace menos de dos décadas todavía estaba en buena medida presente la idea planteada por Fukuyama de “el Fin de la Historia”, interpretada como la desaparición de las guerras y las revoluciones sangrientas consecuencia del triunfo de las democracias liberales tras la disolución del bloque comunista. Las democracias liberales, sustentadas en la economía de libre mercado, con gobiernos representativos y defensoras de los derechos jurídicos de sus ciudadanos, eran consideradas como el único sistema político capaz de asegurar el desarrollo económico y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

Vistos desde el momento presente, los términos “Gran Moderación” o “Fin de la Historia” resultan casi tan lejanos como puede parecernos la revolución francesa. Por un lado, la volatilidad de la economía ha alcanzado niveles desconocidos. Así, si nos centramos en la economía española, las caídas en la producción registradas en 2002, 2012 y en 2020, como consecuencia de la crisis financiera global, crisis de la deuda soberana y de la pandemia de la Covid-19, respectivamente, la reciente escalada de la inflación hasta aproximarse a los dos dígitos o la existencia de una deuda pública en el entorno del 120% del PIB, poco se corresponden con la situación económica que caracterizaba la “Gran Moderación”, hasta el punto que se han retomado conceptos previos a la misma y hasta hace poco casi considerados de la historia de la política económica como “inflación con estancamiento” o “política de rentas”.

Por otro lado, desde el ámbito político, la situación presente no puede ser nada más antagónica que la prevista por Fukuyama en su “Fin de la Historia”. Por desgracia, estamos comprobando que las guerras no son algo superado, y lo que es aún más preocupante para nuestra egoísta postura occidental, sino que también pueden acontecer en nuestro propio continente y no solo en lejanos países pobres. Asimismo, tampoco resulta tan evidente el triunfo de las democracias liberales como forma óptima de organización de la sociedad. La pandemia de la Covid-19 y la Guerra de Ucrania han puesto en evidencia la vulnerabilidad de las economías de las democracias occidentales ante países gobernados por autocracias totalitarias. La dependencia que los países occidentales tienen de la energía rusa o de la multitud de productos importados de China no sólo pueden estrangular sus economías, sino que al poner en riesgo su prosperidad económica también pueden erosionar sus valores democráticos, al facilitar la aparición de aparentes soluciones populistas procedentes de los dos polos ideológicos.

Hace apenas año y medio, en plena pandemia, los analistas del Deutsche Bank publicaron un informe cuyo título, “La era del desorden”, define muy bien el marco en el que se encuentra el mundo en la actualidad y en el que las autoridades económicas tienen que adoptar sus decisiones de política económica. La principal idea defendida en este informe es que 2020 constituyó el fin de la segunda era de globalización económica que comenzó a principios de los años ochenta y el inicio de un período económico caracterizado por el caos y el retroceso en el proceso de globalización. La pandemia Covid-19 habría acelerado un proceso que de forma paulatina se había iniciado en años anteriores y que habría conducido al inicio de una “nueva era” económica, caracterizada por el caos, y en la que destacan los siguientes temas claves:

  • El deterioro de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el retroceso de la globalización sin restricciones.
  • El inicio de un período clave para la consolidación o el retroceso de la Unión Europea tras el Brexit.
  • El elevado nivel de la deuda pública a nivel mundial y la generalización de la denominada teoría monetaria moderna.
  • El fin del período de estabilidad de precios y las dudas ante un período de deflación o de inflación.
  • El empeoramiento de la desigualdad, incluso dentro de los países desarrollados.
  • La brecha intergeneracional que provoca una confrontación de intereses entre jóvenes y las generaciones de mayor edad.
  • El debate sobre el cambio climático y la mayor o menor prioridad hacia un modelo económico sostenible con el medio ambiente.
  • El impacto de la revolución tecnológica que ya está provocando cambios importantes en las sociedades y las economías.

Aunque las transformaciones que ha experimentado la política económica son resultado de un proceso continuado, han sido los períodos de fuertes crisis los que han propiciado cambios más acusados y acelerados. Al igual que las crisis del petróleo de los años setenta tuvo un fuerte impacto en distintos ámbitos de la política económica –sustitución del paradigma keynesiano por el monetarista, creciente peso de las políticas de oferta frente a las políticas de demanda, o la relevancia del control de la inflación como objetivo de la política económica, …-, la crisis financiera global surgida en 2008 tuvo también importantes implicaciones en el marco de la política económica, tanto en lo que se refiere al papel asignado a los diferentes objetivos, como a la relevancia de sus instrumentos tradicionales. Lo que hasta el inicio de la crisis constituía un consenso bastante generalizado en cuanto a la forma en que las autoridades económicas debían conducir la política económica, posteriormente, en buena medida, ese consenso se vio claramente erosionado, abriéndose un importante debate en cuanto a qué políticas debían implementar las autoridades con el fin de evitar los errores cometidos en el pasado, y de esa forma, preservar el logro de sus objetivos. Asimismo, la crisis sanitaria de la Covid-19 y la actual Guerra de Ucrania han supuesto nuevos desafíos para las autoridades económicas y políticas, que se han visto obligadas a adoptar decisiones en un marco prácticamente impredecible hasta la fecha.

Si una de las críticas habituales a la economía es su tendencia a responder “depende” ante la mayor parte de las preguntas que se le formulan, el momento actual, “esta era del desorden”, quizá sea el menos adecuado para que nuestra profesión y, por extensión, las autoridades económicas, no puedan dar respuestas acertadas a muchos de los problemas que se plantean.

Entre algunos de los múltiples temas relevantes y que en el momento presente no tienen una respuesta fácil, y sin tratar de ser exhaustivos ni establecer una taxonomía atendiendo a su carácter coyuntural o estructural, merece la pena destacar algunos interrogantes:

  • ¿Cómo explicamos el crecimiento registrado por la inflación en el último año?, ¿son las tensiones inflacionistas el resultado de las políticas monetarias fuertemente expansionistas adoptadas por los bancos centrales de los principales países tras la crisis financiera global o responden a las interrupciones en la cadena de suministro derivada de la Covid-19 y la posterior subida de los precios de la energía agravada por la guerra de Ucrania?, ¿tiene el repunte inflacionista un carácter temporal o va a ser un fenómeno que perdure en los próximos años?
  • ¿Qué papel deben jugar los bancos centrales en la lucha contra la inflación?, ¿el endurecimiento de la política monetaria es la vía adecuada para evitar los efectos inflacionistas de la subida de los precios de las materias primas y de la energía?, ¿es útil la política de rentas para evitar una situación de inflación con estancamiento?
  • ¿Qué papel debe seguir jugando la política fiscal en el contexto actual?, ¿es posible mantener los actuales niveles de deuda pública, ante una más que previsible subida de tipos de interés o, por el contrario, es necesario diseñar de forma inmediata programas ambiciosos de consolidación fiscal?, ¿deben los bancos centrales mantener sus programas de compra de deuda pública con el fin de asegurar la estabilidad financiera, especialmente de los países más endeudados?
  • ¿Es necesaria una reforma en profundidad de la gobernanza en el seno de la Unión Económica y Monetaria Europea, en especial en lo referido a las reglas fiscales?
  • ¿Qué lecciones deben extraer las autoridades económicas ante las vulnerabilidades que han mostrado las economías occidentales consecuencia del proceso de globalización económica?, ¿se debe dejar exclusivamente al mercado el devenir del proceso de globalización económica, aunque de ello se derive una creciente dependencia exterior no exenta de importantes riesgos?
  • ¿Se puede seguir apostando por un crecimiento económico sin tener en cuenta su impacto medioambiental?

El filósofo Bertrand Russell indicó que la principal aportación que la filosofía puede hacer para el que la estudia es enseñarle “a vivir sin certeza y, sin embargo, sin ser paralizado por la duda”. De igual manera las autoridades económicas, con un conocimiento limitado de cómo funciona la economía, deberán seguir tomando decisiones. Las controversias de política económica no son algo del pasado, sino que van a seguir estando más presentes que nunca, dado el entorno tan complejo en el que se han de tomar decisiones. A pesar de todas las dificultades, es necesario que las autoridades económicas tengan una hoja de ruta muy precisa y acertada, dada la transcendencia que tendrán sus acciones, y no sólo desde el punto de vista económico, sino también porque pueden estar en juego los propios valores democráticos occidentales.


Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz (extra 2022) – 10

25 de mayo de 2022

La unión bancaria: situación actual y perspectivas

Adjunto de Economía Aplicada, Universidad San Pablo CEU)

 

Es un honor para mí poder colaborar en este merecido homenaje a mi querido Luis Rodríguez Sáiz, al que conocí allá por el año 1984 cuando comenzaba mi tercer curso de la Licenciatura en la Universidad Complutense y me enfrentaba por primera vez a una asignatura denominada Política Económica. Desde entonces él fue primero mi profesor, después uno de mis maestros y, finalmente un gran amigo al que echaré mucho en falta.

Para esta colaboración he elegido un tema que a él le hubiese gustado estudiar como experto en sistema financiero: la Unión Bancaria.

Haciendo un breve repaso histórico podemos afirmar que la situación económica experimentada en la Unión Europea en el siglo XXI y, sobre todo, en el último quindenio, está caracterizada por un elevado grado de incertidumbre como consecuencia de diversos acontecimientos que han marcado su evolución: crisis financiera del 2008 y la posterior recesión económica, la crisis del euro del 2010,  el desarrollo de los “populismos” en diversos países, la salida de la UE del Reino Unido en 2020 y, más recientemente, la pandemia del COVID-19 y la invasión de Ucrania por Rusia del presente año. Todo ello dio lugar a la adopción de medidas de calado por parte de las autoridades comunitarias para poder resolver los distintos problemas que se planteaban, una de las cuales fue, como analizaremos, la Unión Bancaria.

Efectivamente, la crisis financiera del 2008 demostró que una estructura supervisora en los sistemas financieros basada en el control por parte de la autoridad nacional correspondiente (aunque se realizase en colaboración con la autoridad nacional del país de acogida), mostraba importantes lagunas en unos mercados financieros altamente integrados como los europeos (Calvo, A. y Alcalde, E., 2015).

Por ello, a finales de 2010, se abordó una reforma en profundidad del sistema que culminó con una nueva arquitectura financiera para la UE con la creación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (encargada de la supervisión macroprudencial) y del Sistema Europeo de Supervisores Financieros (SESF, compuesto por las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) y las autoridades nacionales), encargado de la supervisión microprudencial.

Esta reforma de la estructura de supervisión europea, junto a la ampliación de la cobertura de los sistemas de garantía de depósitos (hasta los 100.000 €) y las mayores exigencias de capital consiguieron resolver los problemas planteados en los sistemas financieros inicialmente, pero no eliminaron completamente las amenazas que se cernían sobre la UEM, derivadas, fundamentalmente, de la crisis de la deuda soberana de distintos países, con el aumento de sus primas de riesgo, y del fuerte vínculo existente entre dicho riesgo soberano y el riesgo bancario que actuaba como canal de transmisión e intensificación de la crisis. Las dudas a nivel internacional sobre la viabilidad de la moneda única eran patentes.

Ante esa situación, los líderes europeos, quizá por primera vez desde la creación del euro, adoptaron con rapidez una serie de medidas que culminaron, en el Consejo Europeo de diciembre de 2012, en la Unión Bancaria[1] cuyo desarrollo legislativo se prolongó hasta 2014, y que se sustentaba en un Mecanismo Único de Supervisión (MUS), un Mecanismo Único de Resolución (MUR), un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS en sus siglas en inglés), que constituían los tres pilares, y un Código Normativo Único (Single Rule Book) que aseguraba la consistencia normativa de todo el esquema (Parejo, J. A.. y Alcalde, E., 2017)

A continuación, vamos a analizar, de una forma sintética como corresponde a un trabajo de estas características, el desarrollo de cada uno de estos tres pilares hasta la actualidad, destacando los avances, así como los retos a los que se enfrenta la Unión Bancaria.

En ese sentido hay que tener en cuenta que, en los últimos años, la intensidad de las intenciones tanto políticas como económicas para avanzar en la Unión Bancaria fueron disminuyendo paulatinamente lo que, como veremos, ha afectado de forma más intensa al tercer pilar (EDIS). Ello se vio agravado por la pandemia del COVID 19 que cambió drásticamente la agenda de la UE ya que los esfuerzos se han centrado desde entonces en la gestión de la crisis económica asociada y a la recuperación de los niveles de crecimiento, sustituyendo al desarrollo de la Unión Bancaria que había sido el objetivo principal en la última década de dicha agenda (Carrión, M. 2020).

  1. El Mecanismo Único de Supervisión: MUS

Aunque la nueva arquitectura financiera antes mencionada supuso un avance considerable en materia de supervisión, las peculiaridades de la Eurozona exigían un planteamiento particular en este ámbito en el que una única institución fuese la responsable de la supervisión prudencial de las entidades de crédito de los países de la UEM.

Por ello se consideró que el primer pilar de una unión bancaria sólida fuese establecer un Mecanismo Único de Supervisión (MUS) consistente en un sistema en el que el BCE fuese ese supervisor único, en colaboración con las Autoridades Nacionales Competentes (ANC), con responsabilidades que abarcaban desde la autorización y concesión de licencias hasta el control del cumplimiento de los requisitos mínimos de capital, pasando por la supervisión en base consolidada.

El BCE ejerce dichas funciones desde el 4 de noviembre de 2014 en el marco del SESF y, por tanto, colaborando con las tres AES sin menoscabo de sus competencias.

Si observamos la trayectoria del MUS hasta la actualidad cabe decir que una transición tan compleja desde el sistema anterior (descentralizado) al actual (centralizado), se puede dar hoy por concluida siendo, quizás, uno de los mayores éxitos de la UE y un estímulo para seguir con la integración financiera europea.

Efectivamente, el MUS presenta en la actualidad una gran madurez con un modelo de supervisión que incorpora un alto grado de exigencia centrado, principalmente, en el análisis de riesgos, en el modelo de negocio y de la gobernanza de las entidades ampliamente asumido por estas como algo necesario en el desarrollo de su actividad y en el que juega un papel fundamental la comunicación continua y permanente entre el MUS y las propias entidades.

A pesar de lo anterior, no es menos cierto que aparecen dificultades en el futuro del sistema que se constituyen en retos que abordar inevitablemente como pueden ser (Sánchez, R., 2020): la necesidad de simplificar los procedimientos de supervisión, mejorar la eficiencia de las medidas de intervención temprana para detectar situaciones de vulnerabilidad de las entidades (poco utilizadas por los supervisores, como destaca la Autoridad Bancaria Europea (ABE, 2020) o también mejorar en su gobernanza para llegar a funcionar como un órgano de decisión europeo y no como un comité de autoridades nacionales.

Sin embargo, quizá el mayor riesgo en el futuro se encuentre en una Unión Bancaria incompleta por la ausencia de un acuerdo, fundamentalmente político, para la conclusión de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, como analizaremos posteriormente, que condiciona la supervisión única y, por tanto, el pleno desarrollo del MUS.

  1. El Mecanismo Único de Resolución (MUR)

La Unión Bancaria descansa en un segundo pilar fundamental que es el Mecanismo Único de Resolución (MUR). Su objetivo fue resolver los efectos negativos provocados por las diferentes formas en las que los países habían rescatado a sus entidades bancarias durante los años de la crisis (Parejo, J. A. y Alcalde, E., 2017).

El MUR se plantea como un sistema integrado de “autoridades nacionales de resolución” (ANR), liderado por la Junta Única de Resolución (JUR)[2] como autoridad responsable de la aplicación uniforme de las normas comunes de resolución de la UE recogidas en la Directiva de Resolución y Reestructuración Bancaria (BRRD). Así mismo, se crea el Fondo Único de Resolución (FUR) dotado con aportaciones de las instituciones bancarias hasta alcanzar en 2024 el 1% del importe de los depósitos objeto de cobertura de todas las entidades de crédito sujetas el MUR[3].

Por otro lado, y en previsión de que todo lo anterior no fuese suficiente, en junio de 2014 el Eurogrupo acordó la posibilidad de que el MEDE pudiese servir como instrumento de recapitalización directa de las entidades de relevancia sistémica con una dotación de 60.000 millones de euros.

El MUR durante su desarrollo se ha enfrentado a importantes dificultades (Sánchez, R., 2020). En primer lugar, al hecho de que no existía una cultura de autoridades nacionales de resolución (cosa que si existía en el ámbito de la supervisión) por lo que las ANR o habían sido creadas como reacción a la crisis de 2008 o debían ser creadas desde ese momento teniendo en cuenta, además, que la modificación de la Directiva de resolución (BRRD2) no ha sido traspuesta a las legislaciones nacionales hasta el año 2020, lo que implicaba un cierto carácter de transitoriedad a la normativa aplicable.

En segundo lugar, la existencia de un período transitorio para dotar completamente el FUR hacía que existiese un riesgo para proporcionar la financiación requerida en casos de crisis. Por ello en diciembre de 2015 los países participantes acordaron un mecanismo de financiación puente según el cual, a partir de 2016, cada Estado Miembro proporciona una línea de crédito individual para respaldar su propio compartimento nacional dentro del FUR utilizable solo una vez agotadas todas las fuentes de financiación previstas (y que serían posteriormente reembolsables por los sistemas bancarios de cada país).

En tercer lugar, y a pesar de todas las medidas cautelares anteriores, las autoridades comunitarias consideraban que no se podía eliminar completamente el riesgo de tener que recurrir a la financiación pública para aumentar la capacidad de los fondos de resolución por lo que entendían que era necesario dotarse, durante ese período transitorio, de un mecanismo común efectivo de protección presupuestaria, que se utilizaría solo en última instancia (common backstop).

En esa línea, en el Eurogrupo de diciembre de 2018 se alcanzó el acuerdo político de reformar el Tratado del MEDE, firmándose dicha reforma por los países miembros el 27 de enero de 2021. En ella se recoge que el MEDE se convertirá en el respaldo del FUR, pudiendo otorgarle préstamos hasta una cantidad igual a su tamaño objetivo (con un tope de 68.000 millones de euros) para financiar una resolución bancaria y que solo se utilizará como último recurso. Dichos fondos, en caso de ser utilizados, se reembolsarán con aportes bancarios.

Por último, cabe decir que el MUR se enfrenta en el futuro a distintos retos que deberá abordar con eficacia, entre los que podemos destacar (Sánchez, R, 2020): a) profundizar en la aplicación del bail-in, con los riesgos que supone para la confianza en el sistema bancario si en algún momento se plantea aplicárselo a los depósitos de los clientes no cubiertos por los fondos de garantía de depósitos; b) armonizar las leyes de insolvencia nacionales, actualmente muy dispares; c) el hecho de que la utilización del MEDE como common backstop acordado en 2021 puede no ser suficiente en la resolución de entidades. Para ello se plantea la intervención del BCE para dotar de liquidez a las entidades afectadas por una resolución (al menos en los primeros momentos); por último, d) mejorar la coordinación entre la JUR, el BCE y las ANR.

  1. El Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS)

El tercer pilar de una Unión Bancaria plena, que permitiría eliminar algunos de los riesgos para la misma citados en los epígrafes anteriores, estaría constituido por la existencia de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD).

La crisis de 2008 demostró que un sistema de garantía de depósitos fragmentado por países no conseguía la confianza de los depositantes y generaba una importante inestabilidad financiera, lo que obligó a elevar el nivel de cobertura mínimo fijado por la normativa comunitaria desde los 20.000 € hasta los 100.000 €.

Sin embargo, está medida claramente transitoria, no podía servir de base para reducir la incertidumbre por lo que, para reforzar la armonización de los distintos países en esta materia, vio la luz la Directiva 2014/49/UE que incluía importantes medidas de coordinación y estructurales en los SGD nacionales.

A pesar de dichos avances, la inexistencia de un sistema común de garantía de depósitos para la Unión Bancaria implicaba que los depositantes seguían siendo vulnerables a posibles perturbaciones locales, por lo que se consideraba que el desarrollo de un sistema de carácter europeo aumentaría la resistencia de la Unión Bancaria frente a futuras crisis financieras, reduciendo la citada vulnerabilidad de los SGD nacionales y debilitando aún más el vínculo existente entre el riesgo soberano y el riesgo bancario al no depender la cobertura de los depósitos del lugar en que se encuentre la entidad afectada.

El año 2015 presento diversas iniciativas en el sentido de la intensificación y profundización en la UEM que fueron desde el denominado Informe de los cinco presidentes (Comisión Europea, 2015) hasta la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea en noviembre de ese año con la finalidad de establecer un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos como tercer pilar de la Unión Bancaria.

En líneas generales, el SEGD propuesto establecía tres etapas (reaseguro, coaseguro y seguro pleno, con el horizonte temporal de julio de 2024) en las que la administración sería competencia de la JUR junto con los SGD participantes, creándose además el Fondo de Garantía de Depósitos que se dotaría con aportaciones de los bancos.

Los debates posteriores en el seno de la UE sobre esta propuesta provocaron sustanciales modificaciones del proyecto inicial de  tal manera que en noviembre de 2017 se acordaron diversas medidas, mucho menos ambiciosas, que podemos resumir en la aparición de un debate entre aquellos Estados que desean avanzar en la mutualización de los riesgos (risk sharing) y aquellos otros que prefiere primero reducir los riesgos de que las entidades tengan activos dañados (risk reduction) para poder avanzar en el SEGD:

En cualquier caso, y dado que se sigue considerando necesario completar la Unión Bancaria, en la reunión del Eurogrupo de 2018 se dio luz verde a la creación de un grupo de expertos para desarrollar el SEGD (High-Level Working Group (HLWG) on EDIS) que en diciembre de 2019 planteó una hoja de ruta para las discusiones políticas (HLWG, 2019), sin fechas concretas, que en la materia que nos ocupa ahora proponía un SEGD planteado como un modelo híbrido en el que los fondos de garantía nacionales serían complementados por un fondo comunitario que ejercería, primero, funciones de provisión de liquidez (el denominado reaseguro) y, más adelante, dependiendo del desarrollo del debate, pudiera servir para absorber pérdidas (risk sharing), siempre que se llevase a cabo un análisis previo de la calidad de los activos en los balances de las entidades (risk reduction).

En esa línea, el Presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, ha presentado en la última reunión del 3 de mayo un plan a los ministros de la eurozona (Eurogrupo, 2022) para poder avanzar en un futuro próximo sobre la puesta en marcha definitiva del SEGD-EDIS, retomando así los trabajos en esta materia, con un planteamiento muy similar a la propuesta realizada en 2019.

Efectivamente, en él se plantea una primera etapa (que comenzaría en 2025) consistente en un mecanismo de garantía europeo que funcionaría solo como apoyo a los fondos de garantía nacionales[4] concediéndoles préstamos cuando no pudiesen hacer frente a sus compromisos ante una quiebra bancaria y una segunda etapa que consistiría en ir avanzando gradualmente a un sistema mutualizado en el que el SEGD se haga cargo de proteger los depósitos y absorber posibles pérdidas en cualquier estado con el horizonte de 2028.

 Por tanto, como se puede observar, los avances para configurar el tercer pilar, imprescindible para completar la Unión Bancaria, siguen en proceso de discusión, el cual, como ya mencionábamos con anterioridad, se ha visto muy afectado por el cambio de agenda de la UE provocado por la pandemia y por la invasión de Ucrania por Rusia que son las que en los últimos años han estado en primer plano.

  1. Conclusión

La Unión Bancaria, y la velocidad con la que se construyó para responder a la crisis del euro del 2010 ha supuesto uno de los grandes hitos de la UE en las últimas décadas.

Sin embargo, la evolución de sus distintos pilares no ha sido homogénea. Mientras el MUS se ha desarrollado de una manera rápida y eficaz a las diferentes situaciones surgidas en la supervisión de las entidades de crédito, y el MUR, con sus limitaciones por su juventud, también ha avanzado de forma significativa en sus funciones, el tercer pilar, el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos no solo no se ha desarrollado en línea con los anteriores si no que, muy al contrario, sigue estancado en una discusión, fundamentalmente política, entre aquellas países que está dispuestos a construir “más Europa” y aquellos otros que todavía piensan en clave nacional y que no están dispuestos a avanzar más si no hay un mayor control de los riesgos asumidos por las entidades de crédito en los distintos países.

La conclusión es que, mientras no se termine de desarrollar un sistema de garantía de depósitos común, a nivel europeo, la Unión Bancaria no estará completa y, por tanto, seguirán vigentes los distintos riesgos a los que hemos hecho referencia con anterioridad, tanto para el MUS como para el MUR y, por tanto, para toda la Eurozona en su conjunto.

 

Referencias bibliográficas

Autoridad Bancaria Europea (2020): Discussion Paper on the application of early intervention mesures under the BRRD. https://eba.europa.eu/calendar/discussion-paper-appli­cation-early-intervention-measures-european-union-accord­ing-articles

Calvo, A. y Alcalde, E.(2015): “El Espacio Financiero Único” en BENEYTO, J.M. (dir.): Tratado de Derecho y Políticas de la UE, Tomo VII, Otras Políticas horizontales y sectoriales. Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Navarra (España).

Carrión Álvarez, M. (2020): “The state of play of Banking Union”. FUNCAS. https://www.funcas.es/articulos/the-state-of-play-on-banking-union/

Comisión Europea (2015): “Realizar la Unión Económica y Monetaria Europea (Informe de los cinco presidentes)”, Estrasburgo.

Eurogrupo (2022): “President: Summing-up letter, Eurogroup in inclusive format, 3 May 2022” https://www.consilium.europa.eu/media/56054/summing-up-letter-eurogroup-03-05-2022.pdf

High-Level Working Group (HLWG) on Edis (2019): Further strenghtening the Banking Union, including EDIS”. Diciembre.

MEDE (2021): Acuerdo de modificación del Tratado del MEDE, 27 de enero de 2021. https://www.consilium.europa.eu/media/48069/agreement-amending-the-treaty-establishing-the-european-stability-mechanism-27-january-2021_en.pdf

Parejo, J. A. y Alcalde, E.(2017) : “La nueva arquitectura financiera europea: hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria”, en MANCHA NAVARRO, T. (Dir.) “Política Económica Regional y Servicios”, Ed. Civitas- Thomson Reuters, Navarra (España).

Sánchez Barrios, R. (2020): ¿Qué fue de la Unión bancaria? La Unión Europea tras la pandemia. Revista de Economía ICE, septiembre-octubre 2020.

Swinkels, M. y VAN Esch, F. (2022): “Deciding upon the Banking Union: how a joint belief shift instigated Deep institutional change in Eurozone governance”, European Policy Analysis, febrero. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/epa2.1137

[1] Estos cambios, que supusieron un profundo cambio institucional en la gobernanza de la eurozona, tuvieron diversas causas tanto económicas como políticas que no se habían planteado antes en el desarrollo de la UE (Swinkels, M. y van Esch, F., 2022).

[2] Comenzó su actividad el 1 de enero de 2015.

[3] El FUR tenía como objetivo completarse en el período 2016-2023 con un valor estimado de 65.000 millones de euros. En junio de 2021 alcanzaba ya el valor de 52.000 millones de euros). Este instrumento actuará como respaldo financiero cuando la resolución requiera más fondos que aquellos que puedan asumir los accionistas y acreedores de la entidad (el denominado bail-in).

[4] En el cual la contribución de cada estado se determinaría en función del riesgo de su banca, incluida su exposición a la deuda soberana.


Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz (extra 2022) – 11

25 de mayo de 2022

Estanflación o conflicto social: una lucha que ya se ha instalado en la economía española

(por Ana Cristina Mingorance Arnáiz, Profesora de la Universidad CEU-San Pablo)

 

A Luis debo mi amor por la economía y la política económica. Fue la persona que me acercó al mundo de la economía, pues cuando aún contaba 18 años, y me debatía, como todos los jóvenes de la época, entre estudiar Economía General o Economía de la Empresa, me dejó claro, a través de mi padre, Guardia Civil como él, que la empresa no funciona sin la economía. Entender cómo se relacionan las variables económicas, qué hechos afectan a su evolución, cómo se puede actuar sobre ellas… es fundamental para un buen desempeño empresarial. No se trata de predecir, solo de entender qué está ocurriendo en la economía y por qué, pues solo así es posible tomar decisiones que animen al consumo y la inversión privada, favoreciendo de este modo la prosperidad económica. 

1.- Introducción

Hace apenas un año, la economía española vivía inmersa en un proceso deflacionista similar al experimentado durante la Gran Recesión del 2008. La demanda se hundió por la crisis sanitaria de la Covid-19, y con ella la producción y los precios. En el segundo semestre de 2020, la caída interanual del PIB superó el 21%, alcanzando niveles que no se habían observado desde la Guerra Civil.

Lejos parecen haber quedado esos tiempos en los que luchar contra la caída de precios se convertía en el objetivo esencial de las autoridades fiscales y monetarias. Desde marzo de 2021 se ha producido un repunte notable de la inflación, al alcanzar, en marzo de 2022, el 9,8%. Si bien, el problema no es exclusivo de España. En marzo de 2022 la inflación de Estados Unidos se situaba en el 8,5%, la de la Zona euro en el 7,5%, y la de la OCDE en el 7,7% en el mes de febrero. De hecho, algunos países europeos, como la República Checa, Estonia, Letonia y Lituania, mostraron cifras que superaron los dos dígitos.

En esta ocasión, y a diferencia de lo que ha ocurrido en otros periodos, los factores de oferta y de demanda se han combinado para empujar los precios al alza. El aumento que experimentaron los precios a lo largo del 2021 se explicaría, esencialmente, por perturbaciones positivas de demanda. Los shocks negativos de oferta quedaron relegados a un segundo plano, al contribuir de forma gradual, y en menor medida, al crecimiento de la inflación. En 2022 la situación cambia, los shocks de oferta resultan fundamentales en el comportamiento de los precios.

2.- Porque preocupan tanto las altas tasas de inflación

La recuperación de los precios era necesaria, por eso las alarmas no saltaron hasta septiembre de 2021, cuando empezaron a observarse crecimientos pronunciados en la inflación subyacente (véase gráfico 1)[1]. Es entonces cuando los primeros analistas empiezan a temer que la inflación no sea un problema temporal.

En agosto de 2021, el 24% de los componentes de la cesta del consumo experimentaban crecimientos superiores al 2%. De este 24% casi la mitad eran productos energéticos y alimentos, todos ellos bienes que escapan al cálculo de la inflación subyacente. La situación cambia drásticamente al mirar los datos de marzo de 2022, cuando el 70% de los productos incluidos en la cesta del consumo alcanza tasas de inflación superiores al 2%, y casi el 30% se sitúa por encima del 5%.

Estos datos muestran que el actual problema de inflación se ha instalado en la cesta de la compra, y lo ha hecho con cierta velocidad. Se trata de un problema permanente que fácilmente llegará a alcanzar los dos dígitos, algo que no se veía desde mediados de los años 80, cuando la crisis energética de finales de los 70 daba sus últimos coletazos.

Comprender los motivos que han empujado al alza el crecimiento de los precios es un primer paso para conocer, por un lado, el nivel de anclaje de la inflación, y por otro, las medidas que podrán aplicarse para evitar que siga acelerándose y, en la medida de lo posible, corregirla.

3.- Factores determinantes de la elevada inflación

La elevada tasa de inflación que se observa en la mayoría de los países nos lleva a buscar las causas, no solo dentro de nuestras fronteras, sino también en el exterior. Así, entre los factores determinantes de este aumento de los precios encontramos: a) la fuerte recuperación de la demanda a partir de la segunda mitad del 2020, una vez que las medidas de contención del virus dieron los primeros frutos, b) el aumento en el precio de los productos energéticos, como el gas, el petróleo o la electricidad, c) el crecimiento de los precios de ciertas materias primas, como los metales, los semiconductores y los productos agrícolas, entre otros, y d) la disrupción en las cadenas de suministro globales, lo que ha afectado a los precios y disponibilidad de determinados bienes intermedios.

Durante la crisis financiera del 2008 las autoridades europeas se vieron obligadas a aplicar políticas monetarias y fiscales expansivas. El BCE acudió para ello a instrumentos convencionales y no convencionales, tales como, comunicaciones respecto a las actuaciones futuras sobre el tipo de interés, o medidas de relajación cuantitativa que se trasladan a su balance[2]. Durante la crisis de la Covid se aumentó la expansión monetaria con programas de compras de activos (PEPP), relajación en las condiciones de acceso a las operaciones de financiación a más largo plazo (LTRO III), y acceso a un nuevo programa de operaciones de financiación a más largo plazo (PELTRO). El objetivo era inundar de liquidez el mercado para facilitar el acceso a la financiación de gobiernos y empresas. Por su parte, los gobiernos nacionales se vieron en la necesidad de aumentar su déficit y deuda, con programas de gasto sobre el mercado de trabajo y en materia sanitaria.

En definitiva, las circunstancias de los últimos diez años generaron un exceso de liquidez en el mercado, y cuando la recuperación económica y sanitaria se produjo, la demanda se disparó. Encontramos en el crecimiento de la demanda un primer detonante para la escalada de los precios.

Frente al aumento de la demanda encontramos los problemas de oferta. Las medidas de choque que se adoptaron para paliar los efectos de la Covid-19 frenaron no solo la demanda, sino también la producción, especialmente la de determinados sectores[3]. Superados los grandes escollos de la pandemia, la demanda se recuperó, pero la oferta no fue capaz de hacerlo al mismo ritmo. Los desajustes entre la oferta y la demanda generaron cuellos de botella que han incidido con fuerza en algunos sectores como el de fabricación de vehículos de motor, el caucho, el plástico, el papel, el material de equipo electrónico, la informática, la electrónica y los productos metálicos. La preocupación respecto a la disrupción en las cadenas globales de suministro es doble. En primer lugar, la capacidad de las empresas para responder a la demanda se habría visto limitada, lo que provocó un aumento de los precios de los bienes manufacturados. En segundo lugar, la producción disminuye, generando cierto temor a la entrada en una nueva fase de recesión. Fernández Cerezo et al (2021) estimaron que las disrupciones en las cadenas globales de suministro podrían reducir el crecimiento del PIB entre un 0,7 y 1,2 p.p. a lo largo de 2021 y 2022. En esta caída juegan un papel esencial los efectos arrastre nacionales e internacionales.

Estos problemas de oferta se han visto agravados por el encarecimiento del gas, el petróleo y ciertas materias primas (metales, semiconductores, productos agrarios, etc.), lo que ha provocado un aumento de los costes de producción y suministro de todos los bienes. La producción oligopolística de muchas de estas materias ata de manos a los productores nacionales, a los que no les queda más remedio que asumirlos, y siempre que sea posible, trasladarlos a los consumidores finales.

En relación con el petróleo, no debe pasarse por alto que el consumo de las familias en productos derivados del petróleo es significativo y, que es además un factor empleado en la producción de otros bienes y servicios. El precio del barril de petróleo ha experimentado incrementos sin precedentes en el último año. Así, como se muestra en el Gráfico 2, el crecimiento medio del último año alcanza el 92%, superándose el 200% en abril del 2021. Este aumento medio se sitúa por encima del incremento del 82% de enero de 2017.

Las variaciones del precio del petróleo no son un problema si se consideran de manera aislada, pues sus subidas suelen acompañarse de fuertes caídas en otros momentos del tiempo. En este sentido, el mayor problema del aumento del precio del petróleo se encuentra, como mencionan Álvarez et al. (2017), en que sus variaciones se trasladan con rapidez a la inflación general, mucho más difícil de corregir. Al subir el precio del petróleo se incrementa el precio de los carburantes, lo que eleva los costes de transporte y consecuentemente los de distribución. Cuando esto ocurre, se produce un aumento de los costes de producción que las empresas terminan por trasladar a los precios de venta del resto de productos. Es entonces cuando la inflación se instala en la economía.

Respecto al gas, el incremento de su precio se vincula tanto, a las distorsiones de la oferta, como a la mayor demanda procedente de Asia, pero también, a la intensa reactivación de la actividad económica mundial (véase Pacce y Sánchez (2021) y Alonso y Suárez-Varela (2021)). Los países productores están afrontando elevados costes para mantener sus infraestructuras ante la reducción en la inversión de los últimos años, al tiempo que se han generado ciertas tensiones geopolíticas. El resultado ha sido una escalada en el precio del gas que ha arrastrado consigo a la electricidad y al resto de productos[4]. El Gráfico 3 muestra la relevancia que los carburantes y combustibles tienen en la variación del IPC de la economía española, y deja claro que la subida de los precios de la energía suele ser un factor explicativo de la inflación.

Entra dentro de las previsiones que los precios del gas sigan subiendo. Las sanciones impuestas por Occidente a Rusia como consecuencia de la invasión de Ucrania, aunque imprescindibles, no ayudan a rebajar las tensiones[5]. A ello se une, en el caso de España, el más que probable recorte en el suministro de gas por parte de Argelia. La decisión del Presidente del Gobierno de apoyar la propuesta de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, solo ha avivado las tensiones. De hecho, y pese a los elevados costes de transporte, España se ha visto obligada a incrementar sus importaciones de gas procedente de Estados Unidos.

La subida del precio del petróleo, el gas y la electricidad, ha terminado por afectar a consumidores y productores. Recientemente hemos vivido una huelga de camioneros, incapaces de afrontar los costes de llenar el depósito de sus camiones. No dejamos de oír que los pequeños empresarios, ahogados por los altos precios de la electricidad y la subida de sus costes de producción, se ven abocados al cierre. Y las familias destinan cada vez una mayor parte de sus rentas al pago directo de gasolina, gas y electricidad. A ello habría que añadir el aumento en el precio de ciertas materias primas, como el litio o el níquel, cuyas reservas se encuentran mayoritariamente en Rusia y Ucrania, y de muchos productos agrarios que son bienes básicos en la cesta del consumo[6]. Todo ello se ha convertido en una tormenta perfecta que ha ayudado a que la inflación se haya instalado en nuestra economía.

4.- Principales efectos de la persistencia de la inflación y algunas medidas necesarias

La elevada inflación que estamos soportando afectará a distintos aspectos de la economía. En primer lugar, ya se están viendo redistribuciones de renta entre países, pero también dentro del país. Por un lado, es de esperar que, como consecuencia del aumento del precio de la energía, se produzcan redistribuciones de renta desde los países importadores de dichas materias primas hacia los exportadores de las mismas. Por otro lado, las desigualdades sociales, ya dañadas por la pandemia, se acrecentarán. La subida de precios no afecta por igual a todos los hogares. Como menciona Sánchez Soliva (2022) la fuerte subida de los precios de los bienes de primera necesidad (alimentos, vivienda y productos energéticos) impacta en mayor medida en los hogares con menor renta. El diferencial del impacto de la citada inflación se cifra en 0,8 p.p. en beneficio de las rentas altas.

En segundo lugar, las elevadas tasas de inflación están retrasando la recuperación del poder adquisitivo de las familias. La Covid-19 mermó la renta disponible en más de un 3% a lo largo de 2020, y no logró recuperarse en 2021. Si tenemos en cuenta que fueron las rentas bajas las que soportaron las mayores pérdidas de renta, y también las que más están sufriendo la subida de los precios, es razonable pensar que las desigualdades sociales se acrecienten.

También se observan redistribuciones de renta entre las empresas en función de su tamaño y el sector productivo al que pertenezcan. Las pequeñas empresas, con menor poder negociador en los mercados, y con menos instrumentos para adaptarse a la nueva coyuntura, se encuentran en una posición más vulnerable que las grandes para sortear la inflación. En cuanto a los sectores productivos, manufacturas y turismo son los más susceptibles de perder cuota de mercado. El motivo se encuentra en el aumento del precio de la electricidad y del petróleo, que está afectando negativamente a su nivel de competitividad.

En cuarto lugar, entra dentro de lo probable que las incertidumbres respecto a la duración y virulencia del conflicto bélico en Ucrania incremente las expectativas de inflación de consumidores y empresas, lo que se traducirá en presiones al alza en los costes laborales. Los efectos de segunda ronda son más probables cuando la inflación se extiende al conjunto de bienes y se alarga en el tiempo. Aunque ha logrado contenerse la espiral inflacionista, en parte por el grado de holgura que existe en el mercado de trabajo, lo cierto es que los incrementos salariales que se recogen en los convenios colectivos firmados en marzo de 2022 (2,7% de media) ya muestran un ligero ascenso frente a los negociados en 2021 (1,5%)[7]. Aumentar los salarios al ritmo que lo hace la inflación es pernicioso para la economía a largo plazo, pero no hacerlo producirá efectos negativos sobre la capacidad de ahorro de las familias, y a la larga perjudicará el crecimiento económico y aumentará el endeudamiento y las desigualdades sociales.

Cuando la inflación surge por una combinación de causas, como está ocurriendo ahora mismo, no se puede esperar una solución a corto plazo, pero sí se pueden adoptar algunas medidas que ni España ni Europa quieren plantearse. El Banco Central se ha obstinado en mantener el programa de compras de activos y los tipos de interés de financiación nulos. En lugar de actuar para controlar el aumento de los precios y cumplir así con su mandato, ha optado por evitar el colapso de la economía y de los gobiernos nacionales, permitiéndoles refinanciar su deuda a coste cero[8]. El BCE no tiene intención de concluir con la compra de deuda hasta el tercer trimestre de 2022, y todavía no ha hablado de subir los tipos de interés. Retrasar una medida que ya otros Bancos Centrales han adoptado solo hará que, cuando la restricción monetaria se lleve a cabo, los efectos negativos sean aún más intensos.

Por su parte, el Gobierno español ha preferido mirar a otro lado. Culpar a otros del aumento de precios es lo fácil, pero pensar que todo se debe a la política monetaria del BCE y al conflicto de Ucrania, es no querer asumir responsabilidades. Dejando de lado los pasos erróneos que se han dado en las relaciones diplomáticas, el Gobierno se ha empeñado en mantener los niveles de demanda subiendo el gasto público. A la extensión de los ERTES se une la subida de las pensiones en función del IPC, dando marcha atrás a la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy con la que se pretendía contener el gasto de la Seguridad Social[9]. Se aprobó el ingreso mínimo vital y se han otorgado subvenciones a la gasolina y la electricidad. Afrontar la inflación generando déficit público no es más que un parche que dificultará su solución futura. En lugar de incrementar el gasto público se debería haber optado por relajar las tensiones inflacionistas reduciendo el gasto público y apoyando la iniciativa privada mediante una reducción de impuestos a empresas y ciudadanos.

Aunque las autoridades monetarias y fiscales pueden adoptar medidas para corregir la inflación, sus efectos no serán inmediatos. Se hace necesario alcanzar un pacto de rentas amplio que logre distribuir de la manera más equitativa posible los costes de la inflación, y que evite los efectos de segunda ronda, y el impacto negativo sobre el empleo y la inversión. Además, y a más largo plazo, se recomienda invertir en energía nuclear, lo que ayudaría a contener, como en el caso de Francia, futuras tensiones inflacionistas que tengan su origen en el aumento del precio de la energía.

 

Bibliografía

Alonso, I. y Suárez-Varela, M. (2021), “Un análisis del impacto económico global del reciente encarecimiento de las materias primas energéticas”, Boletín Económico del Banco de España, 4/2021, pp. 27-30

Álvarez, L.J. y Sánchez, I. (2018), “Variables de referencia para el análisis de la inflación en España”, Boletín Económico del Banco de España, 3/2018, Nota económica del 14 de septiembre de 2018.

Álvarez, L.J., Sánchez, I. y Urtasun, A. (2017), “El efecto de las fluctuaciones del precio del petróleo sobre la inflación española”, Boletín Económico del Banco de España, 2/2017, Artículo Analítico.

Fernández Cerezo, A., Montero, J. M. y Prades, E. (2021), “El impacto potencial de los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro sobre la economía española en los próximos trimestres”, Boletín Económico del Banco de España, 4/2021, pp. 39-41.

Izquierdo, M. y Soler, I. (2022), “Un primer análisis acerca del impacto de la inflación sobre la negociación colectiva en 2022”, Boletín Económico del Banco de España, 1/2022, pp. 42-44.

Sánchez Soliva, R. (2022), “La inflación sí entiende de clases”, Informe mensual del Servicio de Estudios de la Caixa, nº IM03, pp. 15-16.

Pacce, M. y Sánchez, I. (2021), “Los factores detrás del reciente incremento de la inflación en España”, Boletín Económico del Banco de España, 3/2021, pp. 46-48.

 

[1] Siguiendo a Álvarez y Sánchez (2018), hemos tomado como inflación subyacente la tasa de inflación excluidos los alimentos, tanto elaborados como sin elaborar, y la energía, en lugar del tradicional IPSEBENE. El aumento de este último indicador de precios ha sido incluso mayor que el del indicador utilizado.

[2] En octubre del 2008 el BCE actuó sobre los instrumentos convencionales. Comienza a reducir el tipo de interés de las operaciones principales de financiación, hasta situarlo, en menos de un año, en el 1%. Al mismo tiempo actúa sobre las subastas de dinero, tanto de las operaciones principales de financiación (MROs) como de las operaciones de financiación a más largo plazo (LTROs). Ambas pasan a realizarse a tipo fijo, a plazos más largos, al tiempo que se amplía la lista de activos que son admitidos como garantía en los préstamos solicitados, y se adjudican todas las cantidades demandadas. En relación con los instrumentos no convencionales el Banco Central se dotó de una serie de instrumentos con los que pretendía conceder préstamos directos a los bancos, inicialmente ampliando las líneas swaps con otros Bancos Centrales, para recurrir en mayo de 2009 a un programa de compra de bonos garantizados (CBPP).

[3] En concreto, la hostelería perdió el 50% de la actividad en el 2020, las actividades de ocio casi el 25%, y las de transporte y almacenamiento el 26%, al igual que el comercio al por mayor y el minorista.

[4] El precio del gas muestra crecimientos más moderados que el del petróleo, si bien, su crecimiento medio mensual en el último año se sitúa en el 20,5%.

[5] Finlandia y Suecia acaban de solicitar su incorporación a la OTAN, incrementando aún más las tensiones. De hecho, Rusia ha amenazado con desplegar armas nucleares en el mar Báltico en el caso de que la adhesión se lleve a cabo, lo que podría aumentar la virulencia de la guerra y por ende sus consecuencias sociales, políticas y económicas.

[6] La exposición directa de España al conflicto de Ucrania es reducida, si bien, la exposición indirecta es mayor. España apenas depende del petróleo y el gas ruso, y la dependencia del maíz, el trigo y el aceite de girasol ucranianos solo tiene un impacto microeconómico, pero sí dependemos del turismo ruso. Además, un elevado número de empresas españolas tienen intereses en Rusia y sin duda nos veremos afectados por la escalada de los precios de la energía en los mercados internacionales, la inflación que soporten otros países y que absorberemos vía importaciones, y las medidas que sobre el tipo de interés y la compra de deuda adopte el BCE.

[7] Como señalan Izquierdo y Soler (2022), el riesgo de una espiral inflacionista no reside en el incremento salarial pactado, sino en la inclusión de cláusulas de salvaguarda salarial, cuya presencia ha aumentado este año.

[8] El balance del BCE ha seguido creciendo pese a la inflación. Así, desde agosto de 2021 el aumento del activo, y consecuentemente del pasivo, del BCE, ha superado el 8%.

[9] Revalorizar las pensiones con el IPC no solo supone un gasto adicional este año, sino también genera un gasto acumulativo que da lugar a mayores incrementos del gasto futuro.


Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz (extra 2022) – 12

25 de mayo de 2022

La reciente inflación y los impuestos en España

(por Begoña Barruso Castillo, Profesora titular de Economía Aplicada (Hacienda Pública), Universidad San Pablo-CEU)

 

Mi relación con Luis Rodríguez Sáiz empezó en el año 1990, cuando fue mi profesor de Política Económica. De Luis aprendí, más allá de los conocimientos de la asignatura (que fueron buenos y muchos), las cualidades de un buen docente: rigor, exigencia, al tiempo que cercanía, preocupación porque sus alumnos aprendiesen y por hacer sus clases atractivas, disponibilidad, paciencia, entrega a su tarea docente. Se percibía claramente que tenía vocación por la docencia y que disfrutaba con ella. Posteriormente, durante mi etapa como profesora becaria en el CEU Luis Vives tuve la oportunidad de seguir conociéndole; siempre atento, preocupado por cómo íbamos con nuestras Tesis doctorales los profesores jóvenes… Sin duda todo un lujo conocerle y aprender de él. Luis era un auténtico maestro y un modelo por seguir como docente y como persona.

  1. ¿Se está viendo afectada la recaudación impositiva por la inflación en España?

El impacto de la inflación en los sistemas impositivos es un fenómeno que se trata en todos los manuales de Hacienda Pública, pues puede provocar un aumento de la carga tributaria soportada por los contribuyentes, sin que ésta tenga su origen en un incremento de su capacidad económica, pudiendo generarse incluso aunque ésta se haya reducido. Es lo que se conoce como progresividad en frío o rémora fiscal. En este sentido, debe destacarse que el artículo 31.1 de la Constitución Española de 1978 establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Este efecto es más marcado, si cabe, en aquellos impuestos que aplican una tarifa por tramos, como es el caso, en España, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF), del Impuesto sobre el Patrimonio o del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Para evitar este aumento no deseado del impuesto a abonar, que no responde a un incremento real de la capacidad económica del contribuyente, pueden adoptarse dos estrategias. Por un lado, introducir en el sistema impositivo mecanismos automáticos de indiciación, que corrijan automáticamente los efectos de la inflación. Y, por otro, dejar que sean los gobiernos los que adopten medidas de ajuste discrecionales. En este último caso, pueden producirse retrasos, intencionados o no, en la aprobación de las medidas, lo que puede reducir su efectividad. Un sistema de indiciación automática permitiría la exacta e inmediata corrección de los efectos negativos que la inflación tiene sobre la carga tributaria, pero introduciría importantes dosis de complejidad, lo que chocaría en la actualidad con el principio de simplicidad impositiva, muy presente en las reformas fiscales de los países desarrollados. Por ello, los gobiernos se decantan más por la adopción discrecional de medidas compensatorias. Como señala Sanz Sanz (2022,9) “En la actual coyuntura, indexar los sistemas fiscales a la evolución de los precios es una recomendación defendible por razones de eficiencia, equidad y estabilización económica”.

Aun cuando no se trata de un debate nuevo, sí ha ganado protagonismo en los últimos meses por el repentino aumento de la tasa de inflación, derivada del incremento en el precio de los productos energéticos y en general de las materias primas, la ralentización de los procesos productivos por la pandemia, las tensiones geopolíticas y el incremento de la demanda, entre otros factores.

Si bien la inflación afecta a todos los impuestos, analizaremos de forma más detallada cómo influye ésta al IRPF, por ser el impuesto con mayor importancia recaudatoria (aporta el 45% del total de ingresos impositivos), abonándolo un elevado número de contribuyentes (en el último ejercicio se presentaron más de 20 millones de declaraciones), y resultar especialmente afectado por la inflación en sus diferentes elementos.

  1. La inflación y el IRPF

Aunque habitualmente se focalizan los problemas en la tarifa del impuesto, no hay que olvidar otros elementos que también sufren esos efectos de la inflación, tal y como se pondrá de manifiesto a continuación.

En la medida en que se aplica una tarifa por tramos, un aumento de la renta nominal en la misma proporción que el incremento experimentado en los precios, puede provocar un salto de tramo, sometiendo la renta a un tipo marginal superior y obligando al contribuyente a pagar más, aun cuando su renta en términos reales no se ha modificado. Este fenómeno puede producirse incluso cuando el incremento en la renta es inferior a la inflación, situación en la que el contribuyente, además de pagar más impuestos, pierde poder adquisitivo. Tal y como demuestra Domínguez (2012) aunque no se produzca el salto a un tramo superior de la tarifa, la renta disponible del contribuyente después de impuestos puede verse reducida (en términos reales), al aumentar su tipo medio, pues hay una mayor proporción de la renta gravada al tipo marginal.

Supongamos un contribuyente madrileño con una base liquidable de 35.150€, procedente de rendimientos del trabajo. Con la tarifa actual del IRPF abonaría 8.483,02€, por lo que le quedaría una renta disponible de 26.666,98€. Su tipo medio de gravamen ascendería al 24,13%. Si en respuesta a la inflación existente en España se le sube el salario un 2,36%[1] (el incremento experimentado por los salarios pactados en convenios hasta el mes de marzo de 2022), pasaría a percibir un ingreso de 35.979,54€, al que correspondería abonar 8.783,22€ en concepto de IRPF, quedándole una renta disponible de 27.196,32€. Su tipo medio se situaría en el 24,41%. Aunque su renta disponible se ha incrementado, lo ha hecho sólo en un 1,98%, por debajo del 2,36% que subió su renta nominal. El contribuyente pierde poder adquisitivo debido, por un lado, a la inflación no compensada con un incremento salarial, y por otro, al aumento del tipo impositivo medio. La inflación, por lo tanto, puede alterar la progresividad real del impuesto.

Debe destacarse, además, que en España no se deflacta la tarifa del IRPF desde el año 2008, siendo la inflación acumulada desde entonces hasta enero de 2022, según datos del INE, del 22,4%.

Junto a la tarifa, otros elementos del IRPF se ven afectados por la inflación. En este sentido cabe destacar, en primer lugar, todos aquellos que son importes fijos, como exenciones, reducciones, deducciones, bonificaciones, mínimos exentos… Cuando su cuantía no aumenta en la misma proporción que la inflación, se reduce su valor en términos reales, afectando en mayor medida a los ciudadanos con menor renta. En la Cuadro 1 se recogen esos elementos a indexar.

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En segundo lugar, es necesario actualizar los valores de adquisición de los elementos transmitidos de cara a calcular la correspondiente ganancia o pérdida patrimonial. Si no se actualizan, el contribuyente se verá obligado a declarar por el beneficio nominal, en vez de por el real. La normativa del IRPF en España contemplaba esta situación, mediante la aplicación al valor de adquisición de unos coeficientes de actualización, que variaban en función del año de compra del bien transmitido. Si bien su uso se limitó a la venta de inmuebles, la Ley 26/2014 eliminó la aplicación de estos coeficientes de corrección monetaria a partir de enero de 2015.

Por otro lado, el desfase temporal que existe en el IRPF entre el momento en que se obtienen las rentas y el momento de la liquidación y pago del impuesto, en contextos de elevada inflación, también puede generar distorsiones en la carga fiscal soportada por los contribuyentes.

Se hace necesario por lo tanto, ajustar la estructura del IRPF a la inflación en todos sus elementos, no exclusivamente en lo que a la tarifa se refiere, para que la carga del impuesto se distribuya de forma equitativa entre los contribuyentes, evitando así pérdidas de equidad vertical (por el aumento del tipo medio) y horizontal (dando un tratamiento fiscal similar a contribuyentes con la misma capacidad económica, independientemente del origen de sus rentas), y permitiendo además, ajustar adecuadamente la carga tributaria a las circunstancias personales y familiares de los contribuyentes[2].

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3.- Efectos de la inflación en la recaudación tributaria

La recaudación impositiva ha alcanzado un máximo histórico en 2021, situándose en 221.396 millones de euros, un 15,1% más que en el año 2020, por encima incluso de los niveles del año 2007 (previo a la gran recesión de 2008). Ahora bien, dado que el año 2020 fue muy negativo en términos recaudatorios, por la crisis sanitaria de la COVID19, la comparación con el año 2019 se considera más adecuada pues permite obtener una visión más realista de cómo han evolucionado los ingresos impositivos. Pues bien, la recaudación también aumentó, un 5,1%, respecto a la del año 2019. A continuación, se analiza por separado el comportamiento de la recaudación en lo que se refiere a los impuestos directos e indirectos.

Efectos de la inflación en el IRPF

Si se analiza el comportamiento de las principales figuras, puede concluirse que los impuestos directos son los que más aportan al crecimiento de los ingresos públicos. Así, la recaudación del IRPF se incrementó en 7.654 millones de euros respecto al año 2019 y en 6.574 millones en relación al año 2020. Este incremento tuvo su origen en el comportamiento de las rentas de carácter público (salarios de las Administraciones Públicas y pensiones) y a las políticas de sostenimiento de rentas (prestaciones de desempleo y trasferencias ligadas a los ERTES y a las ayudas a autónomos) [3].

Varios son los estudios elaborados recientemente para cuantificar el aumento recaudatorio en el IRPF del 2021, debido a la inflación. Así, el profesor José Félix Sanz (Sanz, 2022) estima el importe de la rémora fiscal en 4.110 millones de euros, de los que 1.693 millones tienen su origen en la no indexación de las tarifas de gravamen (estatal y autonómica) y 2.417 millones se deben a la ausencia de ajustes en los otros elementos del impuesto. Esto supone un sobreimpuesto medio por declaración de 199€. En otro informe elaborado por este profesor para el diario Cinco Días, se desagrega dicho aumento recaudatorio en el IPRF por tramos de renta, llegando a la conclusión de que el efecto derivado de la no indexación del IRPF afecta más a los contribuyentes con rentas más bajas. Tal y como se desprende de la Cuadro 3, el 65,1% del sobreimpuesto (2.671 millones de euros) se corresponde con los niveles de renta por debajo de los 36.000€, alcanzando el 80,29% si se amplía el umbral de renta hasta los 48.000€ (3.300 millones de euros). Para los contribuyentes con bases liquidables superiores a 60.000€ el sobrecoste es de 549,1 millones de euros (un 13,35% de la sobreimposición total).

En la misma línea el profesor Jorge Onrubia (investigador de FEDEA) ha estimado que la inflación ha generado un aumento en la recaudación del IRPF de 2021 entre 3.700 y 4.400 millones de euros. El Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF, 2022) concluyó que los contribuyentes podrían ahorrar hasta 477 euros en su factura del IRPF si, ante una subida salarial del 3%, se deflactase la tarifa del impuesto un 3% y un 6,5% otros componentes del impuesto (como los mínimos personales o los gastos de trabajo). El motivo de diferenciar el porcentaje de deflactación aplicable a la tarifa y al resto de elementos del impuesto radica en que el efecto real de la tarifa deriva de la subida de los salarios, y no de la inflación en sí, por lo que su ajuste debería realizarse conforme al incremento retributivo de los contribuyentes y no del IPC.

Debe destacarse, además, que la recaudación del IRPF en los dos primeros meses de 2022 se ha incrementado un 9,4% respecto al mismo periodo de 2021. Detrás de este aumento se encuentran, entre otros factores, el abono a los pensionistas de la paga compensatoria ligada a la revalorización de las pensiones y al incremento en los salarios producida para compensar la subida de la inflación.

Efectos de la inflación en los impuestos indirectos

La recaudación procedente de los impuestos indirectos muestra, sin embargo, un comportamiento distinto al señalado en el caso del IRPF, fruto de los cambios normativos introducidos para intentar controlar la fuerte subida de los precios de los productos energéticos[4]. Así, los ingresos procedentes del Impuesto sobre el Valor Añadido aumentaron un 14,5% respecto a 2020, que fue un año bastante negativo para la recaudación del IVA por las restricciones de movilidad y de actividad derivados de la pandemia y la caída del precio del petróleo, y sólo un 1,4% respecto a 2019.

La rebaja del tipo impositivo del IVA aplicado al consumo doméstico de electricidad (que pasó del 21% al 10% a partir del mes de junio), restó al impuesto 509 millones de euros[5]. Ahora bien, tal y como señala la propia Agencia Tributaria (2022b) a partir del mes de agosto de 2021, el valor de las ventas diarias se situó por encima de las del año 2019, debido en parte a la subida de precios, que se fueron acentuando a medida que avanzaba el año. Debe tenerse en cuenta además que los precios de los productos energéticos experimentaron aumentos intensos a partir del mes de marzo de 2021, lo que también tiene un impacto positivo en la recaudación del IVA.

En esta misma línea Cristina Herrero (Presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal – AIReF), en una conferencia organizada por el Colegio de Economistas, el 15 de marzo de 2022, cuantificó un aumento en la recaudación del IVA en 2021 entre 3.000 y 3.500 millones de euros adicionales gracias al efecto de la inflación.

Por otro lado, a medida que este aumento de los precios energéticos se va trasladando al resto de la economía, se produce un claro efecto en los ingresos impositivos. Así, en los dos primeros meses de 2022, la recaudación por IVA ha aumentado un 20,50% respecto al mismo periodo del año 2021, aportando un 44,32% del crecimiento recaudatorio global en este periodo.

Peor comportamiento ha mostrado los Impuestos Especiales, que, si bien aumentaron su participación respecto al 2020 en un 5%, lo hicieron en un porcentaje inferior al presupuestado, sin llegar a alcanzar los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, en los dos primeros meses del año 2022, esta recaudación se ha incrementado un 8,5% respecto al mismo periodo de 2021. Dentro de los Impuestos Especiales debe destacarse el Impuesto sobre la Electricidad, que hubiese superado la recaudación del año 2019 si no se hubiese reducido su tipo impositivo, desde mediados de septiembre, del 5,11% al 0,5%, para frenar los efectos de la subida de precios (según estimaciones de la AEAT esto supuso una reducción de 336 millones en su recaudación). En los dos primeros meses del año 2022, en los que se mantiene dicha reducción del tipo impositivo, los ingresos procedentes de este impuesto se han reducido en 189 millones de euros respecto al mismo periodo de 2021.

Es de esperar, sin embargo, que se incremente la aportación a los ingresos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos, debido al aumento del precio de los productos que grava. En este sentido, este impuesto ha elevado su recaudación en 20,2 puntos, aportando el 60,61%[6] de los ingresos por Impuestos Especiales, compensando además la bajada, antes señalada, experimentada por el Impuesto de la Electricidad, que es además la única figura impositiva de este bloque que ve reducida su recaudación.

La recaudación impositiva en España se encuentra, por lo tanto, en una senda de claro crecimiento, que tiene su origen, como se ha puesto de manifiesto, no solo en el paulatino proceso de recuperación económica, sino también en la fuerte subida del nivel de precios que, en ausencia de mecanismos de indexación tributaria, genera ingresos adicionales a las arcas públicas, que son cuestionables pues no se corresponden con incrementos en la capacidad económica real de los contribuyentes y que además pueden afectar negativamente a los futuros niveles de crecimiento de la economía española. Y en este contexto adquiere gran relevancia el destino que se dé a este incremento de los ingresos públicos, que lejos de dedicarse a un aumento del gasto público improductivo, debería emplearse para disminuir el déficit y la deuda públicas, ante el anuncio de las autoridades europeas de volver a la disciplina presupuestaria, y cuando además es previsible que la financiación de la deuda pública se encarezca por el aumento de la inflación y las necesarias políticas restrictivas que se espera ponga en marcha el Banco Central Europeo. 

 

Referencias bibliográficas

Agencia Tributaria (2022a):  Informe Mensual de Recaudación Tributaria. Febrero de 2022.

  • (2022b): Informe Mensual de Recaudación Tributaria. Diciembre de 2021.

Albi Ibáñez, E. y González-Páramo, J.M. (2017): Economía Pública I, Editorial Ariel Economía, 4ª edición renovada, Barcelona.

Domínguez Martínez, J.M. (2012): “¿Es necesario deslizarse a un escalón superior de renta para verse afectado por la progresividad en frío?”, eXtoikos, nº 7, pp. 111-112.

Ministerio de Hacienda (2021): Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021. Libro amarillo. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

REAF (2022): Encuentros REAF sobre la Reforma Fiscal. Resumen. Conclusiones. Propuestas; Consejo General de Economistas, Febrero.

Sanz, J. F. (2022): ¿Cuánto pagarán de más los contribuyentes españoles en el IRPF por la inflación durante 2021?, IX Informe Fundación Disenso, Febrero.

 

[1] Dato extraído de la Estadística de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

[2] Debe destacarse, sin embargo, que las Haciendas Forales Vascas y Navarra sí han mantenido medidas de indexación del impuesto, no solo sobre la tarifa, sino también en lo que a la aplicación de los coeficientes de actualización para el cálculo de las ganancias patrimoniales se refiere. Así, en su última Ley de Presupuestos Navarra ha indexado un 2% la tarifa, ha incrementado un 5% el importe de los mínimos personales y familiares, con un complemento adicional de 100€ más para las rentas inferiores a 30.000€ (lo que se estima supondrá una reducción de la recaudación por valor de 53 millones de euros). Por su parte las tres Haciendas Forales vascas mantienen los coeficientes de corrección monetaria para este año 2022 y han deflactado las tarifas un 1,5%.

[3] La caída de los ingresos de los impuestos ambientales tiene claramente su origen en la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica en los dos últimos trimestres del año 2021.

[4] Debe destacarse, sin embargo, que la reducción de ingresos que conllevaron la aplicación de estas medidas se vio compensada con el incremento de recursos fruto de la subida del tipo impositivo del Impuesto sobre Primas de Seguros, del 6% al 8% (476 millones de euros), así como la creación de dos nuevos impuestos: el Impuesto sobre Transacciones Financieras (296 millones) y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (166 millones) y ello pese a que la recaudación aportada por ambos fue claramente inferior a la inicialmente presupuestada (1.818 millones). Ver Ministerio de Hacienda (2021).

[5] De no haberse tomado esta medida, la recaudación del IVA se habría incrementado un 2% respecto a la del 2019. Debe destacarse, además, que la reducción impositiva derivada de esta bajada del tipo se vio parcialmente compensada por el aumento en la recaudación del IVA originado por la subida del tipo impositivo aplicado a las bebidas azucaradas (del 10% al 21%), que supuso un ingreso adicional a las arcas públicas de 314 millones de euros.

[6] En estos datos no se recoge la reducción de 20 céntimos por litro de carburante que el Gobierno de España introdujo, de manera temporal (durante tres meses), a partir del 1 de abril.


Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz (extra 2022) – 13

25 de mayo de 2022

La política comercial multilateral a debate. El papel de la política comercial comunitaria

(por Inmaculada Hurtado Ocaña; María Jesús Arroyo Fernández y Begoña Blasco Torrejón, Universidad CEU San Pablo)

 

Dedicado a nuestro muy querido profesor D. Luis Rodríguez Sáiz, en agradecimiento por los años compartidos con él y las enseñanzas que nos transmitió, no sólo en el campo de nuestro trabajo en la Universidad, sino especialmente porque en él se cumplían las palabras de Antonio Machado, “y más que un hombre que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno”.

 

Desde hace casi cuatro décadas, tras la Ronda Uruguay del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y la constitución de la Organización Mundial de Comercio (OMC) el 1 de enero de 1995, hemos vivido un periodo de clara liberalización del comercio mundial. De hecho, según datos de la OMC, desde entonces se han reducido los aranceles sobre productos industriales un 40 por ciento y tanto países desarrollados, como países en desarrollo y en transición se han comprometido a reducir el número de derechos consolidados, de forma multilateral, acogiéndose al principio de nación más favorecida.

Los factores que han estado detrás, en gran parte han venido determinados por el proceso de globalización en el que se han implicado la mayor parte de los países. Aunque también, por el papel que ha jugado la OMC en la vigilancia de las políticas comerciales de sus Estados miembros. Así, ha impedido que llevaran a cabo acciones que pudieran perjudicar el impulso del comercio, y ha actuado en la intervención y mediación en los conflictos comerciales que iban surgiendo a lo largo de los años, a través del Mecanismo de Solución de Diferencias.

La consecuencia de todo ello ha sido un crecimiento en promedio del comercio (6%) muy superior al del PIB real (2,9%), como se puede observar en el gráfico 1, con un claro carácter procíclico, pero que viene explicado, entre otras razones, por el aumento de las cadenas de valor globales que han ido proliferando desde finales del siglo XX, pero muy especialmente en los últimos veinte años.

Con el paso de los años, el aumento de países que conformaban la OMC y la complejidad de los temas que se trataban en cada una de sus Conferencias Ministeriales – desde los temas agrícolas, los derechos de propiedad intelectual o el comercio de servicios, entre otros – han ido frenando ese proceso de desarme en las barreras al comercio internacional, y la operatividad de la OMC se ha ido poniendo en entredicho.

Ya entrado el siglo XXI, el comportamiento del comercio comenzó siendo vigoroso hasta el año 2008 (con un crecimiento promedio del 12,5% frente al 3,5% del PIB real), pero los efectos de la Gran Recesión afectaron no sólo a las tasas negativas de variación del PIB real y con ello al desplome de las mercancías intercambiadas, sino al comienzo de una progresiva tendencia al proteccionismo entre los principales actores internacionales.

En este sentido, también han sido determinantes los cambios que se han ido produciendo en esta nueva centuria de los principales exportadores mundiales de manufacturas (Gráfico 2). Resaltando el papel protagonista que ha tomado China en las exportaciones mundiales (15,1%), que incluso ha adelantado a los hegemónicos Estados Unidos (7,9%) y al comercio extracomunitario (11,6%). Este hecho no es una circunstancia baladí, porque esta distribución del comercio está condicionando el poder de mercado que están jugando estos tres socios, pudiendo llegar a generar un grave problema de suministro – como así sucedió entre 2018 y 2019, durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China; o actualmente en 2022 con la guerra entre Rusia y Ucrania – especialmente por la concentración geográfica de las exportaciones de determinados productos, tanto intermedios como finales, en el comercio del resto de los países, y los eslabonamientos que posteriormente se generan en las cadenas globales de valor[1].

Es importante, además, comprender el papel que juegan los distintos inputs de producción comerciados por la menor elasticidad de sustitución que tienen en unos casos[2], y por la mayor proporción de inputs importados en las exportaciones[3], en otros. En otras palabras, muchos países dependen de determinados productos importados que son de difícil sustitución en el corto y medio plazo, y que, por tanto, actuaciones proteccionistas o tratados comerciales podrían poner en peligro el buen funcionamiento del comercio internacional.

No sólo por esa vía se puede llegar a esa complicada situación, sino que, además, en la medida que los países vayan sustituyendo producción nacional (o intrarregional) que anteriormente era importada, para incorporarla en los productos exportados, se estará mermando el crecimiento del comercio. Estos hechos han sido claramente evidenciados desde la crisis del COVID-19 y que se están acelerando durante la guerra de Rusia en Ucrania.

Frente a este escenario convulso e incierto, la Organización Mundial de Comercio se ha ocultado en la sombra, sin dar señales de actuación en unos años tan complicados. Desde la Gran Recesión, el crecimiento del comercio no ha sido el motor del crecimiento mundial. Al contrario, como se veía en el gráfico 1, entre 2012 y 2016 las tensiones nacionales y las amenazas de guerras comerciales entre los principales socios internacionales, rezagaron el ritmo de crecimiento del comercio (-2,5%) mientras la economía mundial seguía manteniendo signos claros de recuperación económica (2,9%).

Tampoco ha favorecido el ingreso de China en la Organización, en 2001, porque su intención de compartir la estrategia de liberalización del comercio, en un marco de transparencia en las políticas comerciales y permitiendo el correcto funcionamiento de las empresas tecnológicas transnacionales instaladas dentro de su país no está dando sus frutos. Como afirma Steinberg (2022) no es fácil el encaje de la economía china en los acuerdos multilaterales y las consecuencias de tal afirmación ha sido el enfrentamiento con la Unión Europea y la guerra comercial con Estados Unidos[4].

El Mecanismo de Solución de Diferencias ha visto dar la vuelta a la senda que se había iniciado a principios de siglo, que se pasó de las 37 alegaciones formuladas a su amparo a las 8 de 2011. Sin embargo, a partir de entonces fueron incrementándose hasta las 38 de 2018 y las 20 de 2019[5]. Y los principales temas que han ocupado dichas disputas fueron sobre todo las relativas a aranceles (GATT-94), medidas antidumping, subsidios y agricultura. Esta vuelta a los inicios del funcionamiento de la OMC en materia de solución de diferencias está permitiendo que los Estados miembros busquen salidas en paralelo para la liberalización del comercio, principalmente a través de la firma de acuerdos comerciales bilaterales. ¿Se convierte entonces el bilateralismo en la alternativa al impulso del comercio mundial obviando las normas del multilateralismo?

Podemos hablar, por tanto, de una crisis en el modelo diseñado en la década de los noventa para corregir los obstáculos que se plantearon al buen funcionamiento de las transacciones internacionales. Como señala la Comisión Europea (2021), la crisis no sólo afecta al Mecanismo de Solución de Diferencias, sino que es consecuencia también de las graves relaciones mantenidas por dos de los tres grandes socios de la OMC – Estados Unidos y China – y porque este último no ha conseguido actuar como una economía de mercado en materia comercial frente al resto de socios de la Organización, falseando la competencia, ante lo cual la OMC tampoco ha sido capaz de negociar nuevas normas que den respuesta a tal comportamiento. Por otro lado, de los 164 países que integran la OMC, casi el 65% son declarados como países en desarrollo o países menos adelantados, lo que se traduce en un trato preferencial en las negociaciones. Este hecho se convierte en un verdadero obstáculo cuando se tratan temas sensibles como los productos agrícolas o la liberalización del comercio de servicios o propiedad intelectual, en los que se enconan las posiciones y es difícil avanzar.

Por último, se señala la gravedad de la falta de transparencia sobre la legislación y la puesta en práctica de normativas en materia, por ejemplo, medioambiental, el cambio climático o las normas internacionales sobre el trabajo, en donde la función de vigilancia y deliberación se está mostrando inoperante.

Por todo ello, lo que se está evidenciando es la necesidad de modernizar la OMC a las nuevas exigencias que tiene el comercial mundial y a la complejidad de los Estados que la componen. Y, ante esta situación, cuál es el papel que quiere adoptar la Política Comercial Comunitaria, el tercer gran actor en el escenario del comercio internacional.

La actuación de la Unión Europea en las negociaciones multilaterales se quiere orientar hacia los grandes retos que deben afrontar los países en esta nueva era de la globalización, donde los aspectos medioambientales, los riesgos del cambio climático y la digitalización y transformación tecnológica son ahora una prioridad para todos los países.

Todo ello supone que las nuevas normas en las que se base el comercio internacional deben tener interiorizadas estas cuestiones para que el comercio de bienes y servicios y todas las inversiones directas internacionales no sean capaces de minusvalorarlas. Se debe, asimismo, tender hacia la neutralidad competitiva, sin que la intervención de los Estados pueda afectar al funcionamiento del comercio (incluidos los temas sobre agricultura, que tantas discrepancias suponen entre países). De esta forma, podrían integrarse los acuerdos plurilaterales – fuera del mecanismo multilateral de nación más favorecida – en la normativa de efecto para todos los países miembros.

Para llevar a cabo todo ello, la Unión Europea ha diseñado su “autonomía estratégica abierta” [6]como mecanismo de liderazgo para la reforma de la OMC. El fin último debe ser la consecución de un comercio libre y equitativo con las cadenas globales de valor. Con esta vía geoestratégica se propone una cooperación transnacional en la que la UE pueda trasladar sus valores y normativas para la fijación de unos estándares multilaterales[7].

Este liderazgo de la Política Comercial Comunitaria (PCC) ante la debilidad de la OMC quiere tener como líneas de actuación prioritarias las presentadas en el Cuadro 1, de forma que algunas de ellas se puedan transponer o servir de vía de reforma de las normas en desuso de la Organización.

Como conclusión de todo lo anterior, creemos que las buenas prácticas ya demostradas por la política comercial comunitaria y el poder de comercio, tanto a nivel intracomunitario como extracomunitario, pueden hacer factible la puesta en marcha de la “autonomía estratégica abierta” como modelo de reforma de las normas multilaterales en descrédito de la Organización Mundial de Comercio.

La puesta en primer plano de todos los aspectos relacionados con el reto climático y digital que están viviendo todas las economías, así como la prioridad de una actuación cooperativa transatlántica en materia de una regulación normativa clara y homogénea podría dar solución a esta severa situación, que está restando capacidad de respuesta ante un escenario de consecutivas crisis que pueden llegar a ser sistémicas en un plazo no muy largo.

 

Bibliografía

Casella, b.; Bolwijn, r.; Moran, d. y Kanemoto, K. (2019): “Improving the analysis of global value chains: the UNCTAD-Eora Database”. Transnational Corporations vol. 26, num. 3, pp. 115-142.

Comisión Europea (2021): Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Revisión de la Política Comercial – Una política comercial abierta, sostenible y firme. COM (2021) 66 final, Bruselas 18.2.2021 y Anexo.

FEÁS, E. (2021): “La estrategia de política comercial de la UE y sus implicaciones para España”. Análisis del Real Instituto Elcano 79/2021, 23 de septiembre.

Serdaroglu, S. (2020): “Who likes cooperation? A long-term analysis of the trade war between US, the EU and China”, Uluslararasi Iliskiler, Journal of International Relations, 31 July.

Steinberg, F. (2022): “El imposible encaje de China en la Organización Mundial de Comercio”. Comentario Elcano 1/2022, 20 de enero.

[1] El crecimiento del comercio internacional hoy se debe en gran medida al papel de las cadenas globales de valor y en las vinculaciones internacionales e intraempresa que están moviendo gran volumen de transacciones en todo el mundo, como así lo afirman Casella, B.; Bolwijn, R.; Moran, D. y Kanemoto, K. (2019).

[2] Una baja elasticidad de sustitución en los procesos productivos dificulta el cambio de unos factores por otros, sin que la producción obtenida resulte afectada. Esto se debe a que, por el estado de la tecnología empleada, se están utilizando proporciones relativamente fijas de los factores en los procesos, que los hace casi complementarios más que sustitutivos, lo que dificulta esa flexibilidad.

[3] Estamos hablando de la mayor elasticidad de importación de las exportaciones porque el incremento porcentual de las importaciones es cada vez mayor por cada variación porcentual de las exportaciones que se produzca, de lo que se deduce la creciente dependencia que presentan las exportaciones de los productos o factores importados. Esto es así dada la mayor necesidad que se está generando por parte de las empresas, que han dividido sus procesos de producción en otros países y aumenta la demanda de bienes intermedios o servicios de otros países para incorporarlos a su producción. En cada caso, la sensibilidad de la penetración de las importaciones por unidad de exportación es diferente, pero en los últimos años ha aumentado en la mayoría de los países y se considera un indicador de la creciente complejidad de las cadenas globales valor a través de la sucesiva transformación de bienes intermedios importados que son luego exportados.

[4] Quedando claramente evidenciado en Serdaroglu (2020).

[5] La situación de 2020 no se tiene en cuenta por el efecto de la pandemia sobre el comercio internacional y por el bloqueo de nombramientos del Órgano de Apelación del Mecanismo de Solución de Diferencias, producido en 2019 por Estados Unidos.

[6] Véase Comisión Europea (2021), pp.4-10.

[7] Es lo que Feás (2021) afirma que ya se conoce como el “Efecto Bruselas”.


Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz (extra 2022) – 14

25 de mayo de 2022

Soberanía monetaria y criptoactivos

(por Ricardo Javier Palomo Zurdo, Catedrático de Economía Financiera, Decano de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo)

 

Escribo estas líneas con el recuerdo del profesor y catedrático Luis Rodriguez Sáiz, gran persona, querido y respetado por todos. Acreedor de esa óptima combinación de profesionalidad y honradez, de cercanía y de criterio. Tuve el placer de conocer a Luis en el CEU en mis últimos años de licenciatura, que fueron seguidos de encuentros constantes y acertadas recomendaciones. Recuerdo, particularmente, su puntualidad y formas castrenses, y por ello, la casi diaria coincidencia en el patio de la Facultad a las dos de la tarde (en punto) durante los años que se ocupaba de dirección financiera de la Fundación San Pablo CEU. En los últimos años coincidíamos en las actividades de la ACdP, siempre con un efusivo abrazo. ¡Mi más sincero homenaje y recuerdo a tu persona, amigo Luis!, recogiendo seguidamente unas breves líneas de reflexión sobre materias de tu entorno de investigación, de las que hemos hablado en muchas ocasiones.

 

Mientras las entidades financieras estaban ocupadas en solventar su fuerte crisis financiera y reputacional entre 2008 y 2014, centrando su estrategia en la mera supervivencia y en los irremediables procesos de fusiones, absorciones, liquidaciones, reestructuraciones o intervenciones públicas, la tecnología Blockchain de base distribuida iniciaba un proceso de deconstrucción del sistema financiero-monetario en su concepción tradicional.

Actualmente se asiste a un proceso creativo o de innovación abierta que reformula los cimientos de las teorías y prácticas monetarias y que implica, para este sector financiero, un salto desde la economía financiera tradicional a la economía financiera digital, en su máxima expresión, consagrando a la tecnología como elemento clave en la actividad financiera.

La idea de que las transformaciones radicales requieren reiniciar procesos o plantearlos de nuevo en su integridad, empieza a cobrar sentido en muchas actividades del sector financiero, pero, donde más se acusa su impacto es en sus conceptos monetarios. Tener un medio de pago en moneda que no sea de curso legal, bajo la diferencia de opiniones o la controversia que supone afirmar o desmentir que sea, realmente, una moneda, una divisa o un activo intercambiable, abona el terreno para la tendencia a legislar este fenómeno.

Regulación que tiene motivaciones no siempre justificadas; pues la ampulosa argumentación en favor de la protección del inversor enmascara, a menudo, los recelos de las autoridades monetarias ante la existencia de un elemento distorsionador de las claras y tradicionales reglas del juego monetario internacional.

La pérdida de soberanía monetaria, el juego geopolítico de las grandes divisas internacionales o la preocupación por la dificultad -o casi imposibilidad- de aplicar un control impositivo a las transacciones en una supuesta moneda -que no lo es, pero que funciona como si lo fuese-, complican mucho la objetividad en la regulación.

El descubrimiento y exponencial expansión de la tokenización de activos físicos y digitales añade fuerza a un fenómeno que se revela imparable y cada vez más popular, que gana adeptos día tras día. A esto se añade el éxito de los tokens no fungibles (NFT o Non Fungible Tokens) en relación con la venta de obras de arte digitales en la blockchain de Ethereum y que se ha convertido en un nuevo canal de transacciones financieras y de diversificación de inversiones.

El rápido avance de la tecnología blockchain y de sus aplicaciones financieras, a pesar de las trabas legales que encuentra en su camino, parece ser que podría redefinir la intermediación financiera y eliminar actores muy asentados como las cámaras de compensación, los sistemas de liquidación, la gestión centralizada de órdenes y transacciones, los sistemas de transferencias, e incluso, la propia configuración de la moneda y el rol de la banca.

Su sistema de registro distribuido e inmutable y la reducción o eliminación de intermediarios la hace idónea para muy diversas operativas con activos financieros y valores, para sistemas de compensación y liquidación, para las operaciones de financiación y refinanciación o para la gestión de transferencias internacionales. Además, mediante el uso de los llamados Smart contracts, puede automatizar gestiones y la ejecución de cláusulas contractuales, como podría ser un pago de dividendos de acciones o del cupón de unos bonos. Así, el 12 de septiembre de 2019, Banco Santander hizo público que había realizado la primera emisión de bonos mediante la blockchain de Ethereum, por un importe cercano a los 20 millones de dólares.

En el ámbito económico ya es bastante común en muchas áreas el concepto de “tokenomics” o “tokenización de la economía”, pues permite hablar de la virtualización o digitalización de todo tipo de activos, e incluso de la subdivisión o creación de activos subyacentes sobre los tokens que representan un activo real o físico; o bien, un activo o un derecho virtualizado, como podrían ser unas acciones, un préstamo o un activo hipotecario, por lo que se pueden ver muchas aplicaciones en el ámbito financiero.

Blockchain cambia el paradigma de la necesidad de elementos centralizadores como depositarios tradicionales y acreditados de la confianza y, por ello, altera el rol de los intermediarios y de la tradicional necesidad de compilar registros en un mismo lugar -físico, como un registro de documentos, o virtual, como un servidor de internet-.

El planteamiento es que, si muchos servicios financieros son, simplemente, un servicio que puede prestar cualquier empresa tecnológicamente capacitada para ello, no se requiere de un banco/entidad financiera para su realización, lo cual implica una suerte de competencia externa no bancaria sobre determinados servicios financieros que requieren menor regulación.

En este agitado contexto de situación, aún nada clara de la regulación que procede aplicar a los servicios financieros descentralizados o distribuidos y a las entidades que los ofrecen por razón de la aplicación de las nuevas tecnologías, es donde se generan las principales controversias, pues se alega la excesiva regulación de la banca frente a la más laxa regulación de los nuevos actores financieros. De hecho, parece razonable exigir una regulación homogénea para todas las entidades que presten los mismo servicios y, particularmente, la protección del inversor; pero ello choca con algunos modelos de negocio innovadores que no pueden entenderse desde la regulación tradicional o existente, lo que ha llevado, en diversos países a la creación de los sandbox con una regulación financiera laxa, pero con una supervisión que trate de entender las nuevas actividades para su posterior ordenamiento legal.

En este sentido, la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero regula un entorno controlado de pruebas que permita llevar a la práctica proyectos tecnológicos de innovación en el sistema financiero con pleno acomodo en el marco legal y supervisor, respetando en todo caso el principio de no discriminación.

Por lo que respecta a la futura regulación europea conocida como MiCA (Markets in Crypto Assets) se trata de un marco legal para los activos, mercados y proveedores de servicios que, actualmente, no están regulados a nivel de la UE, por lo que hace posible la prestación de servicios con licencia en toda la UE y también afectará a cualquier empresa que quiera hacer negocios en su territorio. Es, por tanto, una propuesta sobre criptoactivos para ayudar a la regulación de las DLT y los activos virtuales con el objetivo de proteger a los usuarios e inversores; y se aplicará directamente a todos los Estados miembros, supuestamente mediante su adoptación formal como norma legal en 2024.

MiCA tiene buenos propósitos, como futura regulación que pretende establecer reglas uniformes en relación a: requisitos de transparencia y divulgación en relación con la emisión y admisión a negociación de criptoactivos; autorización y supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos, emisores de tokens respaldados por activos y emisores de tokens de dinero electrónico, funcionamiento, organización y gobernanza de los emisores de tokens respaldados por activos, los emisores de tokens de dinero electrónico y los proveedores de servicios de criptoactivos; normas de protección del consumidor en relación con la emisión, negociación, intercambio y custodia de criptoactivos; así como medidas destinadas a prevenir el abuso de mercado para garantizar la integridad de los mercados de criptoactivos.

Ahora bien, todo esto nos puede traer a la memoria expresiones como “EEUU inventa, China copia y Europa regula». Regular con el objetivo de proteger al inversor puede ser aconsejable, pero es un ejemplo más del instinto protector, más que habitual en una Europa que ha acostumbrado a sus ciudadanos a confiar en un modelo de Estado más que asistencial y que puede llevarle a una pérdida de competitividad financiera de base tecnológica frente a las dos superpotencias: EEUU y China.

 

Bibliografía

Financial Stability Board (2019): Fintech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications, http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P140219.pdf

Fischer, M. (2021): Fintech Business Models, De Gruyter.

Gurrea, A.; Remolina, N.; Bijkerk, W.; Palomo, R. (2019), Fintech, Regtech y Legaltech: fundamentos y desafíos regulatorios. Tirant lo Blanch, Valencia.

Palomo, R. (2021): “Transformación digital y revolución fintech”, en: BELANDO, B.; Marimon, R.: Retos del mercado financiero digital, Aranzadi.

Palomo, R. (2018): “La disrupción monetaria de las de las criptomonedas”, en Blockchain: la cuarta revolución industrial, Editorial Lefebvre-El Derecho, pp 48-51.

Pilkington, M. (2016): “Blockchain Technology: Principles and Applications”, en Olleros, X.; Zhegu, M.; Elgar, E., (Coord.), Research Handbook on Digital Transformations, 2016, SSRN: https://ssrn.com/abstract=2662660.

Tapscott, D. (1996): The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, New York.

Workie, H. y Jain, K. (2018): “Distributed ledger technology: implications of blockchain for the securities industry”, Journal of Securities Operations & Custody, V. 9, N. 4, 2017, pp. 437-355”, en Blockchain: la cuarta revolución industrial, Editorial Lefebvre-El Derecho, pp 48-51.



 


Número 35 – Índice

30 de marzo de 2022

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CONTENIDO

1.- V Taller Internacional de Política Económica Internacional Valladolid, 27 de Mayo de 2022 (programa provisional)
2.- XXXV Congreso Internacional ASEPELT, Madrid, 29 de junio- 2 de julio de 2022
3.- XLVII Reunión de Estudios Regionales y XIII Congreso de la AACR , Granada, días 19, 20 y 21 de octubre de 2022
4.- Manual de Política Económica: Políticas económicas estructurales
5.- Noticias internacionales: Revista Finanzas y Política Económica
6.- Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)
7.- Fundamentos de Política Económica: El exceso de política, un peligro para la política económica, para las empresas y para los ciudadanos
8.- Política económica estructural: Claroscuros de las ayudas Covid-19 al tejido empresarial. Análisis y valoración desde una visión empresarial
9.- Política económica estructural: Política de infraestructuras portuarias: priorización de inversiones y preferencias de los usuarios
10.- Política económica y género: La penalización por hijo en España
11.- Pro et contra: La última reforma laboral (Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de Diciembre)
12.- Reseñas de libros
• Lo que nos debemos unos a otros. Un nuevo contrato social (Shafik, Minouche)
• Amenazas Sociales de la Revolución Digital (Velasco, Roberto )
• Cuando los votantes pierden la paciencia. Casos radicales de política económica (Pampillón, Rafael)
13.- Nota Necrológica: Luis Rodríguez Sáiz

Número 35 – 1

30 de marzo de 2022

V Taller Internacional de Política Económica “Los agentes de la política económica en momentos críticos”. Valladolid, 27 de Mayo de 2022 (programa provisional)

Organiza: Unidad Docente de Política Económica. Departamento de Economía Aplicada.

Universidad de Valladolid

Lugar: Presencial (por concretar) y online

Programa provisional

09:30 – 10:00 horas: PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA

10:15 – 11:00 horas: CONFERENCIA DE APERTURA: Antón Costas Comesaña. Presidente del Consejo Económico y Social de España. Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.

«El papel del diálogo y la concertación social en la formación de la política económica en situaciones de incertidumbre»

11:15 – 12:15 horas. Mesa 1. Mercado de trabajo y diálogo social

12:30- 13:45 horas. Mesa 2. Desigualdad económica y social

16:30- 17:30 horas. Mesa 3. Proyección de influencias y ámbitos de decisión

17:30- 18:45 horas. Mesa 4. Agentes de política económica: Perspectiva internacional

19:00 – 19:45 horas: CONFERENCIA DE CLAUSURA: Antonio Sánchez Andrés. Profesor Titular de Política Económica de la Universidad de Valencia. Director del equipo editorial de la Revista Internacional de Política Económica.

«Una propuesta de política económica para el siglo XXI»

19:45 – 20:00 horas: CLAUSURA

  • Inscripciones para asistir al taller e información:

http://eventos.uva.es/go/VTIPE

 


Número 35 – 2

30 de marzo de 2022

XXXV Congreso Internacional ASEPELT, Madrid, 29 de junio- 2 de julio de 2022

Organización: Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política y Facultad de Estudios Estadísticos (Universidad Complutense de Madrid).

Además de sus tradicionales aspectos de interés académico, como economía internacional, sectorial, etc. En esta edición se presta una atención especial a la Política Económica. De hecho, su línea temática E4 se denomina: Economía del Sector Público, Política Económica, Administración y Gobernanza.

Adicionalmente, se confirma que el jueves 30 de junio 2022 se impartirá la conferencia Economic Policy and the Growth of Nations por el profesor Finn Kydlan (Premio Nobel de Economía en 2004. Profesor en la Universidad de California).

Fechas relevantes (ampliación de presentación de participaciones):
• Plazo de envío de resúmenes: hasta el 10 de abril de 2022
• Notificación de aceptación: hasta 30 de abril de 2022

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente
Lorenzo Escot (U. Complutense de Madrid)
Vicepresidente
José Andrés Fernández Cornejo (U. Complutense de Madrid)
Secretaria
María Ángeles Medina Sánchez (U. Complutense Madrid)
Vocales
Alicia Pérez Alonso (U. Complutense de Madrid)
Ana Martínez Cañete (U. Complutense de Madrid)
Cristina Castellanos Serrano (UNED)
Elena Márquez de la Cruz (U. Complutense de Madrid)
Eva del Pozo (U. Complutense de Madrid)
Inmaculada Gutiérrez García-Pardo (U. Complutense de Madrid)
Julio Emilio Sandubete Galán (U. San Pablo CEU)
María Isabel Riomoros Callejo (U. Complutense de Madrid)
Pedro Durá Juéz (U. Complutense de Madrid)
Víctor J. Martín Cerdeño (U. Complutense de Madrid)

Más información: https://www.congresoasepelt.com/ 
info@congresoasepelt.com


Número 35 – 3

30 de marzo de 2022

XLVII Reunión de Estudios Regionales y XIII Congreso de la AACR <Desafíos, políticas y gobernanza de los territorios en la era post-covid>, Granada, días 19, 20 y 21 de octubre de 2022 (presencial y on-line).

Organiza: Instituto Universitario de Investigación de Desarrollo Regional (IDR) de la Universidad de Granada y el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea. Las Asociaciones Española y Andaluza de Ciencia Regional (AECR y AACR, respectivamente), tienen el placer de invitaros a participar en la XLVII Reunión de Estudios Regionales y en el XIII Congreso de la AACR.

Para esta XLVII edición hemos elegido el lema: “Desafíos, políticas y gobernanza de los territorios en la era post-covid”. Con este lema, pretendemos poner el foco en el análisis de los grandes desafíos territoriales que debemos enfrentar tras esta pandemia, así como en las acciones y la necesidad de coordinación de los actores que instrumentan las políticas. Esta pandemia ha puesto de manifiesto problemas que afectan a los territorios de forma desigual, aumentando las asimetrías en las dotaciones factoriales; aumentando la destrucción de empleo y del tejido productivo, especialmente en los ámbitos más periféricos; generando una mayor presión migratoria; fortaleciendo los procesos de concentración urbana; así como una serie de problemas que han afectado a los ámbitos: ambiental, social y económico.

Desde la instrumentación de las políticas territoriales, la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas para el desarrollo de acciones estratégicas como la implementación de los Fondos Next-Generation-EU, es un reto importante y que, desde la perspectiva académica, exige una evaluación de dicho proceso de implantación. De forma complementaria, la necesidad de dotar a los territorios de oportunidades de desarrollo, conlleva reducir el gap regional y visualizar el papel de las instituciones en la implementación de esta estrategia, donde las políticas del lugar deben de erigirse como piedra angular, garantizando al mismo tiempo los elementos diferenciales de unas y otras, que permitan aprovechar las potencialidades de cada territorio. Para ello, la XLVII Reunión de Estudios Regionales se marca como objetivo aportar un debate amplio, sensato y constructivo sobre los distintos temas que forman parte del ámbito regional y local.

 Fechas importantes:

  • Llamada a los resúmenes: 15 de marzo.
  • Presentación de resúmenes ampliados: 15 de junio.
  • Aceptación de resúmenes ampliados-comunicaciones: 30 de junio.
  • Pago ordinario: finaliza el 10 de julio.
  • Fechas del congreso: 19-21 de octubre.

Más información: https://reunionesdeestudiosregionales.org/granada2022/


Número 35 – 4

30 de marzo de 2022

Manual de Política Económica: Políticas económicas estructurales

Sánchez Andrés, Antonio (coord.) (2022): Política económicas estructurales. Tirant lo Blanch, Valencia, pp.339 (ISBN: 978-84-1113-714-0

Desde principios del siglo XXI, parte del grupo de profesores de la Unidad Docente de Política Económica de la Universidad de Valencia comenzaron a editar un manual sobre políticas estructurales, que pretendía cubrir la laguna editorial existente al respecto. El presente libro constituye una continuación de ese esfuerzo, que se plasmó en la publicación de los siguientes manuales:

  • García, Andrés (coord.) (2003): Política económica sectorial y estructural. Tirant lo Blanch, Valencia.
  • García, Andrés y Sánchez, Antonio (coords.) (2010): Política económica estructural y de competitividad. Tirant lo Blanch, Valencia.
  • García, Andrés y Sánchez, Antonio (coords.) (2016): Políticas económicas estructurales y de competitividad. Tirant lo Blanch, Valencia.

Con este proyecto se pretendía sistematizar un grupo de políticas económicas que, tradicionalmente, se habían presentado de manera muy dispersa. Por este motivo, uno de los objetivos de estos manuales y, por tanto, del actual era presentar agrupada y organizadamente las políticas estructurales más relevantes. Esto resultaba más perentorio en la medida en que cada vez se insistía más en la importancia especial que iban adquiriendo las políticas estructurales en condiciones del cambio productivo que estaba aconteciendo, en particular, en las denominadas economías desarrolladas.

Los contenidos de este manual son:

  • Tema 1. Políticas estructurales: una introducción (Antonio Sánchez Andrés)
  • Tema 2. Política industrial (Pedro Durá)
  • Tema 3. La política económica para los servicios (José Antonio Camacho Ballesta y Mercedes Rodríguez Molina)
  • Tema 4. La política de servicios: los casos del comercio interior y el turismo (Evangelina Aranda García y Enrique San Martín González)
  • Tema 5. Políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) (Belén Miranda Escolar, Guillermo Aleixandre Mendizábal y Jesús María Gómez García)
  • Tema 6- Las políticas de empleo (Josep Banyuls Llopis y Josep V. Pitxer i Campos)
  • Tema 7. La política financiera en perspectiva microprudencial (Antonio Calvo Bernardino)
  • Tema 8. Políticas de reordenación del sector público (Antonio Sánchez Andrés)
  • Tema 9. Políticas de regulación económica (Miguel Cuerdo Mir)
  • Tema 10. Política económica de competencia (Pablo Castellanos García y José Manuel Sánchez Santos)
  • Tema 11. Política económica de infraestructuras (María Jesús Santa María Beneyto)
  • Tema 12. La política medioambiental (José Mª March Poquet)

 

En cuanto a los contenidos, por un lado, no se han considerado algunas políticas económicas estructurales porque la pretensión del libro es que sirva de apoyo a un curso semestral. Por otro lado, como el destinatario corresponde esencialmente a los estudiantes del grado de Economía, se han excluido los temas correspondientes a políticas estructurales de corte más social, que deberían aparecer en un manual que tuviese como objetivo las políticas estructurales sociolaborales.

Respecto a los capítulos, además de actualizar, renovar y ampliar aquellos que se incluyeron en la anterior edición, en este manual, se ha introducido un tema introductorio que analiza el concepto de políticas estructurales. También como innovación cabe señalar que se ha renovado el grupo de profesorado implicado. En este último sentido, se ha contado con la participación de 19 profesores adscritos a 10 universidades españolas distintas.

Finalmente, cabe señalar que con este manual se completa el esfuerzo docente editorial realizado por parte del grupo de profesores de Política Económica de la Universidad de Valencia orientado a dotar de manuales a las asignaturas que constituyen la troncalidad de la Política Económica en los estudios de grado de Economía en la Universidad de Valencia. Así pues, el conjunto de los tres manuales sería:

  • Sánchez, Antonio (2021): Introducción a la Política Económica. Concepto, estructura y formación. Tirant lo Blanch, Valencia, pp.197
  • Ochando Claramunt, Carlos (coord.) (2021): Políticas económicas coyunturales. Objetivos e instrumentos. Tirant lo Blanch, Valencia, pp.290
  • Sánchez Andrés, Antonio (coord.) (2022): Política económicas estructurales. Tirant lo Blanch, Valencia, pp.339

Número 35 – 5

30 de marzo de 2022

Noticias internacionales: Revista Finanzas y Política Económica

La Revista Finanzas y Política Económica, de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Colombia, constituye un espacio científico de discusión de aspectos relacionados con Política Económica. Tiene una categoría de Q4 en Scopus. Más información:

https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/

Contenidos de número reciente

vol.14, nº.1, enero-junio, 2022

Editorial

  • Desigualdad económica en el Siglo XXI (Joan Miguel Tejedor Estupiñán)

Artículos de Investigación

  • Instrumentos financieros claves para la inclusión financiera en América Latina (Lisana B. Martínez, María Belen Guercio, Sofía Orazi, Hernán Pedro Vigier)
  • Una propuesta de modelo con base en NIIF pymes para el mejoramiento de la gestión económica y financiera en pequeñas empresas guayaquileñas (Vicente René Encalada Encarnación)
  • Shocks de precios y términos de intercambio para commodities: el caso de Ecuador (Ricardo Andrés Troncoso Sepúlveda)
  • Teoría del Pecking Order para el análisis de la estructura de capital: aplicación en tres sectores de la economía colombiana (Guillermo Alejandro Arévalo Lizarazo, Sandra Milena Zambrano Vargas, Angel Wilhelm Vázquez García)
  • Análisis de redes complejas: un estudio de la inflación en Uruguay (Juan Gabriel Brida Árbol académico, Emiliano Alvarez, Mickaela Martínez, Pablo Mones)
  • El impacto de las crisis en el desempeño del sector agropecuario del Ecuador (Diego Marcelo Lara Haro, Luis Anderson Argothy Almeida, Juan Pablo Martínez Mesías, Marcelo Agustín Mejía Chávez)
  • Impact Of Risk Governance, Associated Practices and Tools on Enterprise Risk Management: Some Evidence from Colombia (María Antonia Nuñez, Eduart Villanueva, Izaias Martins)
  • Tributación y Dinámica Económica Regional en Colombia (Henry Antonio Mendoza Tolosa, Jacobo Campo Robledo, Pedro Hugo Clavijo Cortes)

Número 35 – 6

30 de marzo de 2022

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.

Una parte importante de los trabajos distribuidos se han relacionado con los problemas generados a raíz del COVID. Algunos artículos se refieren a las ayudas concedidas (sobre aspectos concretos de estas vale la pena destacar el artículo de Rajan). También se mencionan otras distorsiones, como los problemas comerciales (informe específico del FMI o, también de esta misma organización, sus perspectivas sobre la economía mundial), pero también se subraya el papel de la nueva inflación (trabajo publicado por Bruegel, artículo de Rodrik y, en cierta medida, el de James Galbraith). También se mencionan aspectos sobre problemas relacionados con el desacoplamiento entre política y economía, con alusión a la UE, así como unas recomendaciones de política económica de la UE. Finalmente, vale la pena poner de relieve el artículo de Beatriz Benítez sobre reflexiones acerca de los manuales de Política Económica.


Número 35 – 7

30 de marzo de 2022

Fundamentos de la Política Económica

El exceso de política, un peligro para la política económica, para las empresas y para los ciudadanos

(por el Dr. Fernando G. Jaén Coll. Profesor titular del Departamento de Economía y Empresa de la UVIC-UCC)

Entre estudiosos de la política económica es sabido que la expresión alude al contenido y que lo sustantivo es la política, adjetivada con la economía; así lo estudiamos en su día. No debiera sorprendernos, pues, el dominio del primero sobre el segundo y así sucede normalmente en la realidad.

La arquitectura política de los Estados se fundamenta en el ejercicio del poder por algunos sobre el resto. Imponer sus decisiones sobre la mayor parte de la población utilizando alguno de los instrumentos principales que J. K. Galbraith señaló en su libro La anatomía del poder (Plaza & Janés Ed. Primera edición: Octubre, 1984): el poder condigno, el compensatorio y el condicionado. “El poder condigno obtiene la sumisión infligiendo o amenazando consecuencias apropiadamente adversas. El poder compensatorio, por el contrario, obtiene la sumisión mediante el ofrecimiento de una recompensa afirmativa, mediante el otorgamiento de algo valioso para el individuo que se somete. […] El poder condicionado, por el contrario, se ejercita modificando la creencia.” (p. 23). Castigar, recompensar y condicionar, han sido utilizados secuencialmente en la historia a la vez que simultáneamente, acumulativamente en una proporción que varía según el momento histórico.

En el presente, en tiempos recientes, si se quiere, refiriéndonos a Occidente (podemos circunscribirlo a los países enriquecidos), los tres instrumentos están presentes, si bien bajo un manto al que llamamos democracia, aludiendo ésta más al acto electoral que al cumplimiento de unos supuestos que varían en el tiempo, cual pudiera considerarse la separación de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial, presentes también en las dictaduras. El busilis está en la manera de materializarlos en el seno de una sociedad dada.

Lo que se considera generalmente como beneficioso socialmente de la acción política y su entramado político-institucional y la acción política misma es que ensanche el bienestar y la seguridad, o al menos lo mantenga para la mayor parte de la población o para una parte suficientemente amplia de esta, esto legitima y hace que se reconozca a quien se aúpa al poder (por vía dictatorial o por medio de representación partidista) como beneficioso socialmente. Por el contrario, si su acción conlleva la reducción del bienestar y/o de la seguridad del colectivo que conforma una mayoría, en términos absolutos o relativos, el juicio le será negativo a quien se ha aupado al poder sin hacerse esperar, aunque no disponga del poder necesario para cambiarlo.

Es la economía una parte principal del bienestar colectivo y, además de su pasado histórico, que se concreta en su configuración actual como formación económico-social, la política incide en ella, mirando desde el presente inmediato hacia el futuro. El colectivo social es un poliedro de muchas caras: a la vez ciudadanos, empresas, consumidores, etc., con intereses particulares individuales y la resultante de las interacciones de sus grupos de interés. La política económica que se realice, la que finalmente se imponga desde el poder, afectará de manera distinta a cada grupo y, a fortiori, a cada individuo. Esa será la intervención del poder sobre el quehacer económico libre de los individuos en un momento dado (podríamos entrecomillar la palabra libre, pues se ejercita esa libertad en el marco legal y condiciones establecidas). Dos vías principales de intervención son las que atañen ampliamente a la política económica: la ordenación económica y los presupuestos de las Administraciones Públicas, tanto por la vía de los ingresos como de los gastos y su resultante.

Esta es la manera de presentar el asunto del poder visto con predominancia política; si bien hay que extenderlo al poder alcanzado por parte de grupos sociales organizados, indispensables al poder político mismo, cual lo son las grandes empresas de lo que J. K. Galbraith llamó “subsistema de planificación” (frente al subsistema de mercado), en clara simbiosis con estamentos del poder y del que hoy tenemos manifiesta presencia en diversos sectores de la economía, principalmente en el dominio digital, en los suministros básicos como energía y agua, y en las finanzas, con mercados que son oligopolios cuando no monopolios por concesión pública. Lo más visible popularmente de la simbiosis del poder político y del subsistema de planificación lo tenemos en las denominadas “puertas giratorias” (o sea, la contratación por empresas privadas de políticos y altos funcionarios públicos que han servido al poder político). Menos visible es la recíproca, cuando altos directivos de empresas privadas se introducen en cargos públicos, sirviendo intereses privados con toda naturalidad.

Puesto que las grandes empresas necesitan un entorno externo estable para evitar malograr sus cuantiosas inversiones, lógicamente tienen interés en que la política económica sea lo más acomodada posible a sus intereses, por lo que hacen valer su fuerza económica para inculcar la conveniencia de sus propuestas a la sociedad (mediante el poder influyente en los medios de comunicación de masas, redes sociales incluidas) en tanto procuran condicionar las decisiones del poder político acomodando a sus líderes, subvirtiendo su supuesta entereza moral o supeditando su financiación. Tenemos ejemplos bastantes de los años 1980 hasta el presente.

No tienen los ciudadanos la fuerza y la influencia de las grandes empresas, reduciéndose al ejercicio del voto entre partidos, que acaban igualmente sometidos a los intereses de las grandes empresas, y, en situaciones graves, a manifestarse públicamente contra medidas de política económica que aprueba el gobierno debidamente condicionado. Lo que otrora se consideró (por J. K. Galbraith en su libro El capitalismo americano. Ariel, Barcelona, 1972) el poder compensador (especialmente los sindicatos, a los que hoy ya no se puede considerar que ejerzan tal poder).

Cabría la esperanza de que la política incidiera en menor medida en la organización y acción económica y lo hiciera compensatoriamente. En cualquier caso, a la acción de las Administraciones públicas le es hoy en día exigible que bogue en favor de una economía que favorezca a la más amplia porción de población sin abandonar a los menesterosos que antaño acudían a la caridad. En el juego de intereses entre partidos políticos, grandes empresas y ciudadanía, la política económica no debe estar dominada por intereses mayormente políticos, vale decir de los partidos políticos y de las altas burocracias del poder, repercutiendo negativamente en las empresas y en los ciudadanos; por el contrario, la acción política debiera comprender la manera de actuar económicamente de una sociedad compleja y no desbaratar los planes que los sujetos económicos se forjan para actuar.

La seguridad jurídica, tal vez el bien más preciado de la ordenación económica, se ve amenazada por la proliferación de normativas, por su defectuosa redacción y abuso de terminología innecesariamente abstrusa, por su ubicación en marcos legales generales, por la variedad de centros emisores de legislación sobre un mismo asunto. Afecta a empresas y a ciudadanos, pero estos últimos están en desventaja y los medios compensatorios que pone a su alcance el poder político son escasos e inadecuados para que surtan eficacia.

Siguiendo a von Mises, en su idea de la incapacidad del sector público de sustituir las decisiones individuales que se manifiestan en el mercado, podemos señalar que intervenir sobre la legislación de sectores enteros (en última instancia por mero interés electoralista o por beneficiar a unos inversores frente a otros), creyendo que funcionarios públicos, aunque tengan un elevado nivel de formación y experiencia ministerial van a ser capaces de comprender mejor que los actores económicos el funcionamiento del mercado en cuestión, así como las decisiones adaptativas al entorno, es exceso de soberbia que concede el estar en el poder.

La intervención pública mediante subvenciones a sectores o a empresas en particular, es otra manera de desbaratar los planes de inversión y adquisición de bienes. Una cosa es que, producido un daño generalizado, imposible de atender individualmente, la Administración acuda en pronto socorro, y muy otra es convertirse en intérprete del futuro económico a gusto y manera del político o de su partido y decidir que se apoya a este y no a otro sector o empresa. ¿Puede acaso el poder político ver con anticipación lo que conviene a los individuos de una formación económica y social? ¿Puede acaso hacer el cálculo económico de la resultante mejor que los individuos involucrados? Esto se plantea hoy crudamente en asuntos como la política energética (a título de ejemplo: la Comisión europea no ha tenido empacho en aplazar objetivos, que planteó años ha y que eran inalcanzables. El Gobierno francés, interviniendo con su mayoría accionarial en la empresa EDF, ha causado el desastre de ésta, al a que habrá de salvar mediante el aumento en la participación de su capital. Los ejemplos recientes del gobierno PSOE con Podemos y apoyos concretos de otros partidos, muestran igualmente el inadecuado uso de dinero público). El político adopta las medidas por su efecto propagandístico y electoral más que por sus consecuencias económicas, que desconoce, por más asesores que pague.

Inundar de regulaciones técnicas todos los sectores, escudándose en atender seguridades marginales, normalmente suscitadas por el miedo estimulado por intereses particulares, es otra vía de intervención pública que enrarece lo económico. Quien tras la crisis de las “subprimes” se crea que la parafernalia regulatoria a que se ha sometido a los bancos beneficia a los ciudadanos, se equivoca de medio a medio. Encarecimiento de los servicios bancarios, restricciones contractuales, reducción de la flexibilidad necesaria para acomodar los intereses ciudadanos con los de la banca, todo en nombre de supuestas mejoras que en última instancia ocultan la pésima gestión de los bancos centrales, provocadores de la crisis (“incendiarios”, según el gran coyunturalista y profesor francés, Patrick Artus, Les incendiaires: les banques centrales dépassées par la globalisation, Ed. Perrin, Francia, 2007, del que puede verse mi reseña en Foment del Treball Nacional, N.º 2025, 2009/02, pp. 46 a 49), peor aún, incapaces de ver venir la crisis (ya es caso extremo el del gobernador del Banco de España, el socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que reconoció no haberse enterado), por lo que toda la política económica anterior no parece que fuera acertada, particularmente la de tipos de interés.

Otro ejemplo de exceso de política en la política económica, es el de forjar expectativas de inflación, (entendida ésta por su repercusión en los precios de los bienes de consumo). Mantenerla bajo control es un objetivo de quienes llevan a cabo la política económica, en este caso con la particular encomienda a los Bancos centrales, y puede inducir a un error en la toma de decisiones empresariales y también de los ciudadanos.

¿Qué orientación pueden deducir los actores económicos de las opiniones manifestadas desde el Banco de España? En particular de las manifestadas por Óscar Arce, director general de economía y estadística del Banco de España, que aludía, en 2019, al deterioro de las expectativas de inflación como uno de los dos argumentos a la acomodación de la política monetaria (La economía española tras un lustro de crecimiento ininterrumpido: Perspectivas y retos. Intervención en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, 25 de junio de 2019), sin que fuera objeto de su intervención un año y medio después en el Foro Económico de Castilla (La economía española ante la crisis del COVID: situación, perspectivas y retos. Madrid, 12 de noviembre de 2020), mencionándola en la presentación de las Proyecciones macroeconómicas de España 2021-2023 (Madrid, 23 de marzo de 2021 en los términos siguientes: “El alza de la inflación en 2021 se prevé que sea temporal, condicionado por el ascenso de los precios de las materias primas, que no implican modificaciones significativas del escenario de inflación a medio plazo.” (p. 4), que viene a ser una manera de forjar expectativas tranquilizadoras en los actores económicos.

A parecidas expectativas calmas nos conduce una más completa explicación de las causas, expuestas en un artículo publicado por el Banco de España (Los factores detrás del reciente incremento de la inflación en España, por Matías Pacce e Isabel Sánchez. (Banco de España. Boletín Económico 3/2021. Informe trimestral de la Economía Española. Recuadro 7): los precios de la electricidad, los precios de la energía no eléctrica y la incidencia en hostelería y ocio, todos ellos afectados por un efecto base como consecuencia de la desaceleración que tuvieron previamente en el año 2020. Consideradas alzas transitorias, si bien se admite que pudieran tener efectos indirectos y de segunda vuelta. Todo ello conduce a pensar en un paréntesis del que no hay que preocuparse mucho; sin embargo, entrados ya en 2022 y vistas las actuaciones de la Fed en materia monetaria y sus consecuencias en los precios de las acciones en las Bolsas, cabe dudar del acierto de los que elaboran la política económica española y de si no son los actores económicos más capaces de anticipar el devenir económico y de si no confunde más que ayuda la pretensión política de señalar la transitoriedad de la inflación, creando con ello confusión.

Para la zona euro, véase el gráfico siguiente, publicado por el servicio de estudios del banco francés BNP el 6 de octubre de 2021, del que su autora, Hélène Baudchon, que, desde finales de 2020, la inflación en la zona euro remonta de manera casi vertical y que un año antes era ligeramente negativa (puede verse en https://economic-research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublication.aspx?type=document&IdPdf=44545, última consulta, 21-1-2021):

Por otra parte, no debe olvidarse al hablar de inflación, que los precios de los activos de inversión se elevaron como consecuencia de la disponibilidad de liquidez a escaso coste o nulo, intentando forzar la máquina económica a la vez que se erosionaba progresivamente el ahorro ciudadano en los depósitos bancarios a plazo.

El sobrepeso de la política en la política económica pudo ser más tolerable en épocas anteriores, pero se alza como amenaza en el presente y futuro inmediato en que las sociedades se han segmentado y la pluralidad de intereses chocan entre sí y con las intenciones sentimentales que manejan los políticos, más allá de lo que pueda convenir a la economía.


Número 35 – 8

30 de marzo de 2022

Políticas económicas estructurales

(sección coordinada por Evangelina Aranda García, Departamento de Economía Política, Hacienda Pública, Estadística Económica y Empresarial y Política Económica, Universidad de Castilla-La Mancha y Víctor J Martín Cerdeño, Departamento Economía Aplicada, Pública y Política, Universidad Complutense de Madrid)

Claroscuros de las ayudas Covid-19 al tejido empresarial. Análisis y valoración desde una visión empresarial

(por Ricardo Miralles Mayor, Director de Economía y Análisis de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana –CEV-)

El severo impacto económico de la epidemia Covid-19 sobre el tejido productivo -sin precedentes en España en tiempos de paz- justificaría por sí sólo, en términos cuantitativos, la implementación de medidas de política económica en apoyo a empresas y autónomos. Sin embargo, en términos cualitativos, si tenemos en cuenta que una parte muy significativa de este impacto ha sido originado directamente por los distintos shocks de oferta y demanda a partir de las restricciones y limitaciones a la actividad y la libre circulación que fueron decretadas por las autoridades, y que estas medidas restrictivas, a su vez, han provocado efectos contractivos de forma indirecta e inducida sobre la actividad empresarial, la implementación de medidas de política económica en compensación de las pérdidas causadas no sólo está justificada, sino que se torna en obligación moral para el sector público.

Con la perspectiva que nos permite el paso del tiempo, así como los datos actualizados, podemos afirmar que la crisis ha sido -y sigue siendo- más profunda y más larga de lo inicialmente previsto. Por sectores, el impacto ha sido mayor en las ramas en las que la interacción social es más relevante, pero, salvo excepciones muy concretas, ninguna ha esquivado desplomes de dos dígitos en su actividad. Los altos grados de especialización de nuestra economía, su vinculación sectorial y la propia dinámica de las cadenas de valor globales han provocado que la mayoría de ramas hayan sufrido pérdidas significativas en sus volúmenes de facturación. Por tamaño, el impacto de la crisis ha afectado sobre todo a microempresas, autónomos y a pequeñas empresas (el 98,95 % del tejido productivo español en marzo 2020).

La profundidad de la crisis, su duración y la conjunción de los elementos sectoriales y de tamaño característicos de la empresa española provocaron que los problemas de liquidez mutaran en problemas de solvencia para un gran número de empresas. De la estadística experimental sobre la coyuntura demográfica de empresas del INE se puede inferir que en los primeros seis meses de la crisis se dieron de baja más de 207.000 empresas y más de 323.000 autónomos.

En este contexto, la implementación de las medidas de estabilización, su cuantía, calendario y gestión resultan de máxima y vital importancia, tanto a nivel micro como a nivel macro. Desde el punto de vista microeconómico, las medidas de ámbito laboral y financiero, así como las de compensación de las pérdidas provocadas por razones ajenas a la voluntad y gestión empresarial, deben apoyar la supervivencia y la viabilidad futura de la empresa individual. Desde el punto de vista macroeconómico, las medidas de estabilización deben evitar las quiebras en cascada, los impagos y el contagio de la crisis a las entidades financieras y al conjunto de la economía, con la consiguiente pérdida masiva de tejido productivo y su empleo asociado. Desde el punto de vista nacional, el diseño, el monto, los tiempos y plazos, y la propia gestión de las ayudas de ámbito estatal activan ventajas o desventajas competitivas para el conjunto de la economía frente a otros enclaves económicos del resto del mundo. Y desde el punto de vista regional, las medidas deben ir adecuadas a la estructura y la idiosincrasia propias y diferenciales de cada Comunidad Autónoma y facilitar su implementación. En términos dinámicos y en comparativa internacional, toda disfunción en la implementación y ejecución de las medidas tendrá efectos adversos sobre la coyuntura y, en el peor de los casos, incluso sobre la estructura económica, al lastrar y retrasar la recuperación económica y, en los casos de cierre empresarial, provocar una pérdida de tejido productivo, empleo, actividad e ingresos públicos.

A continuación, se analizan y valoran -por orden cronológico de su implementación- las principales medidas de política económica en apoyo al tejido productivo que han emanado desde el Gobierno central. En el caso de las ayudas directas, al haberse descentralizado su gestión, también se realiza una breve referencia regional.

  1. Ámbito laboral – ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo)[1]

El ERTE, como mecanismo de flexibilidad interna laboral, es un procedimiento de consulta con la representación de los trabajadores e información a la Autoridad Laboral, desarrollado dentro de los plazos y en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores y en el RD 1483/2012, cuyo objetivo principal es proteger la continuidad del empleo mediante la suspensión de los contratados laborales. Para la empresa, el ERTE activa la exoneración en la cuota empresarial a la Seguridad Social en una horquilla del 65 % al 85 %, según tamaño de empresa y mes. Para el trabajador acogido al ERTE, las prestaciones por desempleo no activan el cómputo de consumo de sus derechos adquiridos.

Pese a que este mecanismo es más ágil que el del despido colectivo, a la vista de la cantidad de suspensiones de contratos de trabajo que iban a producirse a partir de la suspensión y limitación de actividad derivadas de la pandemia sanitaria y de las medidas gubernamentales, el Gobierno central modificó con urgencia la regulación de los ERTEs derivados de los efectos del Covid-19. La medida (1) agilizó el inicio del ERTE por fuerza mayor; (2) facilitó la interlocución de los ERTEs por causas objetivas en empresas sin representación unitaria; (3) redujo plazos; (4) obvió ciertos mecanismos de control; y (5) agilizó la tramitación y abono de las prestaciones por desempleo de los trabajadores, convirtiendo a la empresa en responsable de la solicitud de las prestaciones por desempleo.

Si el 11 de marzo de 2020, tres días antes de decretarse el estado de alarma, apenas había 5.000 personas sujetas a ERTE, el 30 de abril el número de trabajadores acogidos a ERTE había escalado hasta las 3.386.785 personas. Desde entonces la cifra ha ido descendiendo, salvo en el intervalo entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, a causa de la virulencia de la segunda ola. La extensión de la crisis ha obligado a decretar hasta seis prórrogas, adaptándolas a la realidad sanitaria, económica y sectorial. La última prórroga ha estado vigente hasta el 28 de febrero de 2022. A la vista de que a finales de febrero de 2022 todavía había 115.311 personas sujetas a ERTEs, se ha activado el mes de marzo como mes de transición para poder adaptar los expedientes a la regulación contenida en la última reforma laboral. A partir del 1 de abril entrará en vigor una nueva modalidad de ERTE, el denominado Mecanismo Red, que permitirá ajustes cíclicos y sectoriales, y, en base a este segundo subtipo, se pondrá en marcha un ERTE sectorial para las agencias de viajes.

La valoración empresarial de esta medida de flexibilidad laboral es positiva y probablemente se la considere como la más eficaz y equitativa de las que se han adoptado durante la crisis. Gracias al diálogo social, los ERTEs han dotado a las empresas de la flexibilidad necesaria para poder reorganizar en el muy corto plazo sus niveles de actividad, protegiendo a empresas y trabajadores que, o bien han tenido impedida su actividad por causa directa o indirecta de la crisis sanitaria, o bien la han tenido limitada por resoluciones administrativas restrictivas de aforos, horarios y cierres perimetrales.

En términos económicos, la medida ha supuesto un alivio importante para las empresas, pero debe recordarse que no ha cubierto el total de los costes laborales totales de la actividad no realizada y perdida a causa de la crisis. Por otra parte, el hecho de haber descargado en las empresas la gestión de la solicitud de las prestaciones por desempleo, así como su responsabilidad, ha causado cuellos de botella importantes y un aumento de costes para estas.

Además, en la normativa española se han arbitrado una serie de condicionantes que suponen una limitación o prohibición para las empresas españolas y, al no tener parangón en ningún otro país de la Unión Europea, suponen una desventaja competitiva. En concreto, desde las organizaciones empresariales se destacan las siguientes:

  1. La prohibición de repartir dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en el que apliquen los ERTEs, salvo que se abonen previamente los importes de las exoneraciones aplicadas a las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Esta prohibición debería haberse limitado y matizado, ya que existen muchas empresas familiares a cuyos propietarios, tras inyectar sus ahorros privados en la empresa durante lo más agudo de la crisis, tan sólo les queda el recurso de los dividendos para garantizar su supervivencia.
  2. El compromiso de mantenimiento del empleo por seis meses tras el ERTE. A la vista de lo profunda y larga que está siendo la crisis, esta obligación quedó pronto desfasada. Los balances y las perspectivas de muchas empresas no permiten mantener los niveles de empleo previos a la crisis.
  3. Por los mismos motivos, la prohibición de despedir por fuerza mayor o por causas objetivas también quedó desfasada.
  4. Ámbito financiero

2.1. Medidas de Liquidez – Líneas de Avales ICO COVID-19

La línea de avales del Estado para autónomos y empresas también fue aprobada por el RD-ley 8/2020, de 17 de marzo, pero su implementación a través de la concesión de créditos otorgados por la banca comercial tuvo un retraso -comprensible, por su complejidad- de varias semanas. El objetivo de la línea de avales fue facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria, facilitando el acceso al crédito y la liquidez a empresas y autónomos. La línea, presupuestada con un monto de 100.000 millones de euros, es gestionada por el ICO a través de las entidades financieras.

Los avales ICO garantizan como máximo el 80 % de la operación principal en el caso de autónomos y pymes y el 70 % en el resto de los casos (grandes empresas). Las operaciones inicialmente tenían un plazo máximo de cinco años, con un año máximo de carencia. Posteriormente, a la vista de la extensión y la profundidad de la crisis y tras la insistencia de las organizaciones empresariales, se ampliaron los plazos.

En su conjunto, hasta el 31 de diciembre de 2021, han sido avaladas un total de 1.020.022 operaciones correspondientes a más de 619.118 empresas, por un importe de 92.582 millones de euros, que han movilizado una financiación de 121.929,2 millones de euros. Según el propio ICO, el 90 % de las empresas con operaciones formalizadas pertenecen a los segmentos de microempresas y autónomos.

A nivel agregado, esta medida de liquidez tuvo una acogida generalizada por parte del tejido productivo y la valoración empresarial sobre estas líneas ha sido positiva, aunque con matices.

El primer inconveniente se manifestó en forma de cuello de botella. En su inicio, las líneas ICO se liberaron por tramos cortos (4 tramos de 20.000 millones de euros y un último de 15.000 millones de euros), mediando varias semanas entre la liberación de uno y el siguiente. Además, las asignaciones a las entidades bancarias en cada uno de los tramos se realizaron por importes máximos no transferibles entre ellas. El retraso en la reasignación de importes sobrantes de unas entidades bancarias a otras dentro de un mismo tramo antes de que se liberara el siguiente, unido a excesos de demanda en ciertas entidades, generó cuellos de botella temporales y cierta tensión en algunas sucursales bancarias.

El segundo inconveniente se manifestó en forma de estrés financiero y surgió cuando quedó patente que la recesión iba a ser más profunda y más larga de lo inicialmente previsto. Desde verano de 2020 las organizaciones empresariales advirtieron del riesgo de que la mayoría de las empresas no habría generado suficientes ingresos y liquidez para poder atender a las cuotas de amortización a partir de los meses de marzo y abril de 2021. Por ello solicitaron la ampliación del periodo de carencia a dos años, así como la extensión de los avales y los créditos hasta un total de siete u ocho años. En noviembre de 2020, mediante Acuerdo de Consejo de Ministro, se amplió el plazo de amortización de uno a dos años y el plazo de los avales aún no liberados se extendió de los cinco hasta los ocho años.

Más conflictivo resultó el tercer inconveniente relacionado con el régimen de minimis[2]. La Resolución por la que se aprobaron las características del primer tramo de la línea de avales estipuló, grosso modo, que a los avales ICO hasta el importe de 1,5 millones de euros les sería de aplicación el Reglamento para ayudas minimis. A las ayudas por encima de 1,5 millones de euros les sería de aplicación el Marco Temporal de Ayudas del Estado. Esta diferenciación, junto al hecho de que el ICO aplicara a efectos de minimis una fórmula que estimó la ayuda equivalente en el 13,3 % del monto del aval, llevó a una realidad en la que algunas pymes, tras acceder a una línea ICO y computársele en dicho ejercicio el 13,3 % como ayuda equivalente, vieran obstaculizado su acceso a convocatorias de otras ayudas estructurales sujetas a minimis. Incluso se dieron casos en los que esta dinámica llegó a provocar que algunas administraciones se vieran obligadas a denegar, revocar o minorar ayudas, porque las pymes habían cubierto o superado sus topes minimis con los préstamos liquidez ICO-COVID-19.

Desde las organizaciones empresariales se advirtió a todas las instancias pertinentes sobre las disfunciones y perjuicios que estaba provocando esta dinámica. Tras una larga travesía de reuniones y con mucho retraso, desde junio/julio de 2021, aunque sin efecto retroactivo, algunas empresas pudieron solicitar la extensión del plazo [3] de sus préstamos avalados por el ICO y, gracias a esta extensión, desvincular los citados préstamos del entorno minimis.

El cuarto inconveniente surgió cuando la prolongación de la crisis evidenció que para muchas empresas la problemática de liquidez, lejos de solventarse, estaba mutando hacia una problemática de solvencia, con sus efectos y riesgos para las entidades bancarias. El RD-ley 5/2021 abordó esta nueva realidad. A grandes rasgos, (1) se posibilitó la ampliación del plazo de vencimiento de las operaciones firmadas con una extensión adicional de dos a cinco años, siempre que la operación total no superara los ocho o diez años, según los importes; (2) se facilitó su conversión préstamos participativos no convertibles en capital; y, como medida de último recurso, (3) se abrió la posibilidad de realizar transferencias directas a autónomos y empresas para la reducción de la financiación avalada, siempre que se cumplieran unas condiciones de elegibilidad.

Pese a los inconvenientes descritos, la valoración conjunta del tejido empresarial de esta medida es positiva. Las líneas han ido adaptándose gradualmente a la realidad mutante, y a pesar de los desajustes iniciales, los cuellos de botella y los retrasos en las tramitaciones, el apoyo a la liquidez ha resultado eficaz para miles de empresas.

No obstante, debe subrayarse que esta medida ha estado dirigida a facilitar el acceso a la liquidez empresarial y evitar rupturas en la cadena de pagos en el conjunto de la economía. Sin embargo, esta medida no ha compensado las pérdidas causadas por el desplome de la actividad empresarial. Las empresas que han accedido a las líneas están asumiendo los gastos financieros y, a falta de conocer los datos correspondientes a las conversiones en préstamos participativos y las transferencias directas, devolverán con intereses la totalidad de los importes prestados.

2.2. Líneas de Avales Inversión y Actividad ICO COVID-19

La línea de avales del Estado para la financiación de capital y gastos corrientes relacionados con las nuevas inversiones o con el proceso productivo fue aprobada mediante el RD-ley 25/2020, de 3 de julio, con una dotación de 40.000 millones de euros.

A fecha 31 de diciembre de 2021 el ICO había avalado un total de 128.165 operaciones correspondientes a 102.755 empresas. Según la propia institución de crédito oficial, el importe avalado ascendió hasta ese momento a 10.449,5 millones de euros, activando una financiación de 13.453,6 millones de euros. En esta línea el porcentaje de empresas con operaciones formalizadas pertenecientes a los segmentos de microempresas y autónomos es del 79 %.

En términos generales, el sector empresarial ha valorado la instrumentación de esta línea, pero, como se puede apreciar por el grado de ejecución, el ciclo económico y la incertidumbre imperante no han favorecido la acogida en la misma medida que la línea liquidez.

  1. Ámbito Fiscal – Medidas de liquidez

En el ámbito fiscal las medidas de liquidez instrumentadas desde el Gobierno central[4] consistieron en aprobar aplazamientos de impuestos e ingresos a la Seguridad Social. El RD-ley 7/2020, de 12 de marzo, posibilitó el aplazamiento de las deudas tributarias resultantes de las declaraciones-liquidaciones de impuestos (IRPF, IS, IVA e II.EE.) por un periodo de seis meses, estando los tres primeros meses libres de intereses de demora. Para los ingresos de cuotas a la Seguridad Social se estableció una moratoria en los devengos de seis meses, sin intereses, y la posibilidad de aplazamiento de deuda de los meses de abril a junio de 2020 al 0,5 %.

La medida estuvo principalmente destinada a autónomos y pymes. Se estableció un límite de 30.000 euros de aplazamiento de deuda conjunta por todas las cuotas tributarias, incluidos los aplazamientos previamente concedidos a la unidad empresarial. La gran empresa pudo acceder también a los aplazamientos de tributos, pero a través del procedimiento ordinario y asumiendo los costes asociados. Las condiciones de moratoria y aplazamientos de deuda de las cuotas a la Seguridad Social para la gran empresa sí fueron las mismas que para autónomos y pymes.

Las organizaciones empresariales, conscientes del estrés de tesorería y de las dificultades para hacer frente al calendario de pagos de los tributos a partir de la paralización y limitación decretadas de la actividad, valoraron positivamente estas medidas de aplazamiento, que también se implementaron a nivel autonómico y a nivel local. Sin embargo, la prolongación del estado de alarma y de la crisis en su conjunto pronto revelaron que esta medida iba a resultar insuficiente para multitud de empresas. Por ello se reivindicó que se extendieran los plazos y se ampliara o suprimiera el límite de la deuda aplazada, fijado en 30.000 euros. En paralelo, a la vista del estrangulamiento generalizado que se podría producir en la cadena de pagos, las organizaciones empresariales propusieron una serie de medidas fiscales adicionales que, de haberse implementado, habrían permitido generar más liquidez. Dentro de una cincuentena de propuestas, que no prosperaron, destacaban las siguientes: (1) permitir mayores aplazamientos y fraccionamientos de pagos en varios plazos sin interés; (2) eliminar las restricciones cuantitativas de bases negativas en el IS; (3) establecer la posibilidad de monetizar los créditos fiscales en el IS; (4) activar la posibilidad de compensación de bases negativas hacia atrás en el IS, como media excepcional; (5) ampliar la libertad de amortización a todas las empresas y por todos los activos nuevos; (6) establecer la reducción de plazos para devoluciones por parte de la Agencia Tributaria, sobre todo en el IVA de empresas exportadoras y (7) posibilitar la compensación de devoluciones por IVA con otras deudas tributarias.

Obsérvese que estas medidas, al igual que las de aplazamiento, no suponían una reducción de la carga tributaria, ni por tanto una merma en la recaudación de las arcas públicas por la vía del beneficio fiscal, sino una optimización de saldos a favor de las empresas que hubiera permitido la generación de liquidez en el momento que más lo necesitaban.

Hubo otras propuestas, como la de establecer y permitir deducciones para gastos vinculados a los efectos de la pandemia, o la exención del IAE, a nivel estatal, para los ejercicios 2020 y 2021[5], que tampoco se implementaron.

Por ello, pese a que desde las organizaciones empresariales se valoraron este tipo de medidas en favor de la liquidez, lo cierto es que, al limitarse a aplazamientos (en algunos casos, incluso con costes financieros), al delimitarse el alcance temporal por debajo del periodo de la crisis y al mantenerse la limitación cuantitativa, su eficacia fue corta en el tiempo y escasa en volumen.

  1. Ámbito patrimonial – Medias de solvencia – Ayudas Directas

Las tan esperadas ayudas directas a empresas, que en Alemania se iniciaron en noviembre de 2020, fueron anunciadas por el presidente del Gobierno de España el 24 de febrero de 2021, subrayando el carácter urgente de las mismas para apoyar a empresas y autónomos. La medida vio la primera luz con el Decreto 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, la complejidad de la norma estatal junto con la delegación la gestión en las CC.AA. provocaron un desfase adicional en su implementación. En la Comunitat Valenciana la Orden de Bases se publicó el 14 de mayo de 2021 y el primer plazo para la presentación de solicitudes se inició el 31 de mayo. A nivel estatal los 7.000 millones de euros para empresas y autónomos estaban destinados a “satisfacer deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos por ejemplo, relativos al suministro de energía y al coste de cambio de potencia, incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público, siempre y cuando estas deudas se hayan devengado a partir de 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor” del propio RDL. El plazo de ejecución finalizaba el 31 de diciembre de 2021.

Desde el principio, las organizaciones empresariales advirtieron de que el monto inicial era insuficiente para resarcir al tejido productivo de las mermas ocasionadas por la crisis. Además, (1) los requisitos impuestos por el RDL estatal, (2) la no inclusión de un número elevado de CNAEs como ramas beneficiarias; (3) los importes mínimos y máximos de subvención establecidos por tipologías de beneficiarios y (4) la excesiva burocracia en su tramitación, iban a encorsetar sobremanera el acceso y la ejecución de las ayudas.

Pese a que las CC.AA. pudieron ampliar el número de CNAEs, adaptándolo a la realidad sectorial de sus economías, y que algunas CC.AA. instrumentaran hasta noviembre dos convocatorias de ayudas, el grado de ejecución medio a finales de dicho mes se situaba entre el 30 y el 40 % [6].

A la vista de estos bajísimos grados de ejecución y de que la Comisión Europea había ampliado el plazo del Marco Temporal hasta el 30 de junio de 2022, en la segunda quincena de noviembre de 2021 las organizaciones empresariales solicitaron a la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital que se ampliara el plazo de ejecución en la misma medida que el Marco Temporal y que se modificaran las condiciones de acceso a la subvención para empresas y autónomos. En concreto, tras analizar los principales elementos que estaban provocando los bajos niveles de ejecución, se solicitó (1) reducir el suelo de la cuantía mínima (establecido en 4.000 €); (2) ampliar el techo de la cuantía máxima (200.000 €); (3) reducir el porcentaje de caída de facturación por debajo del establecido (30 %) y (4) establecer el límite de ayuda por empresa, no por grupo. Esta última medida resultaba especialmente importante para el sector hotelero, uno de los más afectados por la pandemia.

Desde el Ministerio, ni se dio contestación a los escritos, ni se amplió el plazo, ni se relajaron las condiciones de acceso. Algunas CC.AA., como la Comunitat Valenciana, lanzaron en diciembre una tercera y última convocatoria, incorporando novedades derivadas del RD-ley 17/2021, de 14 de septiembre -que incorporaba la cobertura de ciertos costes fijos-, así como otros matices derivados de la interpretación de consultas realizadas por las CC.AA. al Ministerio. A 31 de diciembre, salvo Canarias y Baleares, que por su mayor peso en el sector turístico lograron ejecutar un alto porcentaje de las ayudas asignadas, en el resto de las CC.AA. el grado de ejecución se situó entre el 47 y el 65 % [7]. Las cantidades no ejecutadas tuvieron que reintegrarse desde las consejerías de hacienda al Ministerio de Asuntos Económicos.

En opinión de las organizaciones empresariales los principales motivos que han excluido o limitado a muchas empresas y autónomos el acceso a estas ayudas directas son los siguientes: (1) los restrictivos criterios y requisitos generales regulados por la normativa estatal, que encorsetan las posibilidades en las ordenes de bases y las convocatorias autonómicas; (2) la delegación de la implementación, gestión y responsabilidad en las CC.AA., con el consiguiente retraso y despliegue no homogéneo de las convocatorias; (3) el complejo y farragoso mecanismo de control, involucrando a la Agencia Tributaria; (4) la excesiva burocracia y las ineficiencias de las AA.PP.; (5) el hecho de excluir el pago de deudas pendientes con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y resto de AA.PP.; y (6) el escaso monto de 7.000 millones de euros, que probablemente esté correlacionado con las disfunciones en el diseño del RDL.

Evidentemente, la valoración empresarial a esta medida que, según la exposición de motivos de la propia norma, se aprobó “para evitar un impacto negativo estructural que lastre la recuperación de la economía” y “establecer con urgencia y determinación un marco de actuación ágil, que se anticipe a la aparición de los problemas para minimizar el coste público y privado de una acción reactiva”, sólo puede ser negativa; no sólo por su forma, como se comentaba anteriormente, sino también por su fondo.

Desde el principio, una de las grandes quejas empresariales fue que esta medida, más que abordar la problemática de la solvencia, volvía a incidir en la problemática de la liquidez. Además, lo hacía de forma no equitativa. La medida no resolvía el problema de la solvencia, porque no abordaba el gran objetivo pendiente: resarcir a las empresas del desplome de ingresos motivado por los cierres y las limitaciones de actividad decretados por la crisis. Según CEOE, sólo en 2020 las empresas dejaron de facturar 287.000 millones de euros. ¿Cómo se iba a abordar semejante desplome de facturación con 7.000 millones de euros con ayudas para saldar las facturas pendientes de pago? La medida, además, no era equitativa porque, al delimitar el destino de la ayuda a satisfacer deuda y realizar pagos, discriminaba a aquellas empresas y autónomos que con gran esfuerzo habían destinado recursos propios para, precisamente, estar al corriente de sus obligaciones de pago y mantener la operatividad con sus proveedores. En otros países, como en Alemania, las ayudas directas a empresas han ido destinadas desde el principio a cubrir un porcentaje de los costes, independientemente de la situación de pago de las facturas asociadas a dichos costes.

  1. Conclusión

Por todo ello, como conclusión final se puede destacar que la valoración de las ayudas Covid-19 al tejido empresarial está llena de claroscuros. Resultaron positivas, por su agilidad y adaptación a las circunstancias cambiantes, las medidas relativas al mercado laboral, los ERTE. También resultaron positivas, por su monto y eficacia, las medidas de liquidez relacionadas con los avales ICO, y fueron puntualmente útiles los aplazamientos en el ámbito fiscal. Pero debe subrayarse que, salvo los aplazamientos cortos de deudas tributarias, estas medidas han sido onerosas para las empresas y que ninguna de ellas las ha resarcido del destrozo que los cierres y limitaciones a la actividad decretados les ha causado sobre sus cuentas y estados financieros y patrimoniales. Las ayudas directas, conforme se han implementado, tampoco lo han hecho. Su resultado ha sido insuficiente e insatisfactorio. El escaso apoyo directo a las empresas, que apenas ha mitigado la merma de recursos propios del tejido productivo, supone una desventaja competitiva a nivel micro y macroeconómico, que allana y retrasa la recuperación del conjunto de la economía y nos coloca en una posición de inferioridad comparativa para enfrentarnos a la siguiente crisis, que lamentablemente ya está en ciernes.

[1] En paralelo, el RD-ley 8/2020, de 17 de marzo, y sus posteriores modificaciones, regularon la Prestación Extraordinaria por Cese de Actividad para el colectivo de autónomos afectados por el estado de alarma.

[2] Minimis limita las ayudas a empresas compatibles con el Reglamento UE a un máximo de 200.000 euros en los últimos tres años.

[3] El RD-ley 34/2020, de 17 de noviembre, extendió el plazo, hasta ocho años, así como del periodo de carencia, hasta un año adicional.

[4] En los ámbitos autonómicos y local también se implementaron aplazamientos de tributos, pero su análisis excede del objetivo de este artículo.

[5] Al respecto debe recordarse que el IAE -tributo obsoleto en el marco de una fiscalidad moderna- grava de forma objetiva, no ajustada a la realidad empresarial, actividades económicas que ya vienen gravadas de forma ajustada por otros impuestos. Se grava la capacidad productiva, no la actividad económica efectivamente realizada, que para muchas empresas fue suspendida o limitada durante el estado de alarma y los periodos posteriores.

[6] En la Comunitat Valenciana el grado de ejecución en noviembre de 2021 fue del 33,99 %.

[7] En la Comunitat Valenciana el grado de ejecución en diciembre de 2021 fue del 47,62 %.


Número 35 – 9

30 de marzo de 2022

Políticas económicas estructurales

Política de infraestructuras portuarias: priorización de inversiones y preferencias de los usuarios

(por Julián Martínez Moya, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia)

Tradicionalmente, la inversión en infraestructuras de transporte ha sido uno de los grandes pilares de las políticas económicas estructurales implementadas en los países alrededor del mundo, posicionándola en el centro de sus agendas para mejorar el crecimiento y la competitividad de sus economías. En este sentido, en las últimas décadas, con unos patrones de comercio internacional dominados por el transporte marítimo, los puertos se han convertido en nodos clave de la competitividad de países y empresas, facilitando los intercambios comerciales y la fragmentación de las cadenas de valor globales. Así, el papel jugado por los puertos ha ido evolucionando a medida que los tráficos marítimos ganaban relevancia y peso en la economía mundial, de tal forma que, de ser considerados meras infraestructuras de intercambio de modos de transporte entre carretera y marítimo, han pasado a ser un elemento esencial plenamente integrado en las cadenas globales de suministro.

En el entorno dinámico en que operan los puertos, caracterizado por múltiples factores de incertidumbre, estos deben estar en continua alerta para detectar los retos y oportunidades que se les presentan y continuar generando valor para sus usuarios y clientes. Para ello, deben ser capaces de identificar, de entre todas las inversiones y actuaciones posibles, aquellas que les permitan maximizar la eficiencia total de las cadenas de suministro a las que dan servicio. A la inherente complejidad asociada a este tipo de decisiones, hay que añadir la presión que se deriva de disponer de unos recursos económicos cada vez más limitados.

Desafortunadamente, en algunas de las ocasiones, las decisiones tomadas por los decisores en materia de política económica, lejos de estar basadas en criterios técnicos y económicos y ajustarse a las necesidades que dicta el mercado, responden a criterios meramente políticos, lo que reduce su efectividad e impide alcanzar los resultados esperados (Castillo-Manzano y Fageda, 2014). Así, tras analizar la rentabilidad de las inversiones realizadas entre 2000 y 2013 en 37 puertos europeos, el Tribunal de Cuentas Europeo (2016) concluyó que la financiación de infraestructuras y superestructuras portuarias similares en puertos vecinos había dado lugar a inversiones ineficaces e insostenibles, estimándose que uno de cada tres euros se gastó de hecho en inversiones que duplicaban las existentes en instalaciones cercanas y que la mitad de dichas inversiones se destinó a infraestructuras que, transcurridos tres años desde su puesta en funcionamiento, habían quedado en desuso o estaban considerablemente infrautilizadas.

En este sentido, España no es una excepción. Una parte de las inversiones recibidas para la mejora o el desarrollo de infraestructuras portuarias se destinaron no solo a ampliar la capacidad de algunos puertos que no la necesitaban, sino también a desarrollar nuevas terminales de contenedores en puertos muy cercanos entre sí, donde ya existían dichas infraestructuras (Castillo-Manzano y Asencio-Flores, 2012). Como consecuencia, algunas de estas inversiones provocaron la duplicación de las infraestructuras portuarias de contenedores en el sistema portuario español, lo que ha dado lugar a un sistema con una elevada sobrecapacidad que dificulta su competitividad (Esparza, Cerbán and Piniella, 2017). Por tanto, a pesar del esfuerzo inversor realizado, en algunos casos, no se consiguió el objetivo de captación de carga ni de uso requerido para la sostenibilidad de dichas infraestructuras y, desafortunadamente, quedaron infrautilizadas. En este contexto, la correcta identificación de los factores determinantes de la elección portuaria -y con ello del nivel de competitividad relativa del puerto- resulta crítica de cara a poder definir la estrategia de optimización de las decisiones de inversión en infraestructuras más adecuada.

Con este propósito, una de las herramientas de utilidad para los decisores en política económica son los modelos de elección portuaria. De este modo, se aproxima la elección mediante modelos de comportamiento basados en las elecciones realizadas por sus usuarios, centrándose en las decisiones tomadas por las empresas importadoras y exportadoras y, por otro lado, en las compañías navieras que seleccionan el puerto de escala para ofertar sus servicios marítimos. Así, se identifican las necesidades y preferencias de cada usuario en relación con las infraestructuras de transporte y los niveles de servicio ofertados, permitiendo los resultados obtenidos establecer una guía de priorización de inversiones por parte de los decisores en política de infraestructuras.

Sin embargo, esto no es siempre una tarea sencilla, ya que las preferencias dependerán de las características de los productos y las necesidades logísticas de cada industria y cada usuario. En general, las empresas importadoras y exportadoras valoran la eficiencia operativa del puerto, la disponibilidad y calidad de infraestructuras terrestres, la conectividad marítima y los costes de transporte y portuarios cuando seleccionan un puerto frente a un conjunto de alternativas. No obstante, por ejemplo, el peso otorgado a cada uno de estos factores por parte de la industria agrícola puede ser bien distinto del que otorga la industria cerámica (Martínez-Moya et al., 2022).

Es por ello que, ante la posible heterogeneidad de los resultados, uno de los temas más debatidos en esta área de investigación sigue siendo la definición del papel que juegan las políticas económicas en la mejora de la competitividad de las infraestructuras portuarias. En este sentido, hay dos corrientes bien diferenciadas. Por un lado, aquellos que defienden que las inversiones realizadas sí tienen el efecto deseado para mejorar la competitividad de los puertos y, en consecuencia, son percibidas por sus usuarios (por ejemplo, inversiones en infraestructuras ferroviarias que conecten el puerto con los principales centros de producción y consumo o también el uso de las tasas portuarias para ganar competitividad). En cambio, otros investigadores defienden que el margen que tienen dichas inversiones es muy limitado, quedando la competitividad del puerto condicionada meramente a su ubicación espacial en el mapa. Es decir, esta corriente otorga un mayor peso a los factores geográficos frente a las políticas concretas que puedan implementarse, demostrando que las empresas seleccionaran de entre las alternativas disponibles el puerto más cercano a sus instalaciones (si con ello aprovechan la ventaja de la reducción del coste de transporte terrestre y/o el tiempo de tránsito que otorga la mayor proximidad geográfica).

Pese a que tradicionalmente la evidencia empírica ha concedido mayor peso a los factores geográficos, lo cierto es que en los últimos años esta tendencia ha ido cambiando y los organismos públicos juegan ya un papel central (Martínez Moya et al., 2017). Por ello, en este nuevo contexto, un análisis detallado del peso de dichos factores sobre la elección portuaria y el papel que juegan las instituciones públicas en la definición de políticas que incidan significativamente sobre la competitividad de los puertos resulta de especial interés.

Por lo tanto, esto presenta importantes implicaciones para los gestores portuarios y los responsables de política económica. Si en una primera etapa se identifican los criterios de elección de los usuarios del puerto, estos servirán como hoja de ruta para diseñar políticas eficaces que con mayor probabilidad ayuden a conseguir los objetivos perseguidos. Además, cabe destacar que, una vez identificada dicha inversión, en una segunda etapa es necesaria la realización de un análisis coste beneficio (ACB) para evaluar su viabilidad financiera, económica, social y medioambiental. De lo contrario, corren el riesgo de aplicar medidas cuyos beneficios no sean percibidos por los usuarios del puerto y que terminen dando como resultado un uso ineficiente de los recursos económicos públicos.

Referencias

Castillo-Manzano, J. I., & Asencio-Flores, J. P. (2012). Competition between new port governance models on the Iberian Peninsula. Transport Reviews, 32(4), 519-537.

Castillo-Manzano, J. I., & Fageda, X. (2014). How are investments allocated in a publicly owned port system? Political factors versus economic criteria. Regional Studies, 48(7), 1279-1294.

Esparza, A., Cerbán, M. D. M., & Piniella, F. (2017). State-owned Spanish Port System oversizing: an analysis of maximum operational capacity. Maritime Policy & Management, 44(8), 995-1011.

Martínez Moya, J., & Feo Valero, M. (2017). Port choice in container market: a literature review. Transport Reviews, 37(3), 300-321.

Martínez-Moya, J., & Feo-Valero, M. (2022). Do shippers’ characteristics influence port choice criteria? Capturing heterogeneity by using latent class models. Transport Policy, 116, 96-105.

Tribunal de Cuentas Europeo, 2016. El transporte marítimo en la UE se mueve en aguas turbulentas: mucha inversión ineficaz y sostenible (23). Luxemburgo, 2016

 


Número 35 – 10

30 de marzo de 2022

Política económica y género

(sección coordinada por Lorenzo Escot Mangas y José Andrés Fernández Cornejo, profesores del Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política, Universidad Complutense de Madrid)

La penalización por hijo en España[1]

Alicia De Quinto (Universidad Autónoma de Madrid)

Tras el conocido trabajo de investigación llevado a cabo por Kleven, Landais y Søgaard en 2019, en el que se identificaba la maternidad como principal causante de la brecha salarial de género en Dinamarca, muchos autores han querido replicar el estudio para medir la penalización en los ingresos por hijos en otros países y comparar los resultados. De hecho, poco después se repitió el estudio para otros cinco países (Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Austria y Suecia), más tarde también para Finlandia y Holanda y, además, se realizaron análisis similares con Francia, Chile o Uruguay, entre otros.

En España, podemos encontrar un análisis preliminar de esta cuestión en mayo de 2019, que se complementa con nuestro artículo (The child penalty: evidence from Spain) publicado en SERIEs el pasado mes de julio. Este estudio, conjunto con dos investigadores del Banco de España (Laura Hospido y Carlos Sanz) cuantifica la penalización por hijos y trata de identificar mecanismos subyacentes tales como el nivel educativo de los trabajadores o las características del sector de actividad en que se encuadran y su contrato laboral.

La siguiente tabla recoge las estimaciones de la penalización en los ingresos laborales tras la maternidad para distintos países. En el contexto internacional, España sale mejor parada que Estados Unidos y se sitúa cerca de los distintos países nórdicos, con un alto grado de igualdad de género. Este fenómeno no es sorprendente dada la rápida extensión de los valores feministas observada en los últimos años.[2]

Nuestro artículo se nutre de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) para los años 2005 a 2018, la cual permite reconstruir la historia laboral de los trabajadores con datos mensuales de sus ingresos desde el año 1980. Siguiendo otros estudios similares, realizamos un seguimiento de cada trabajador durante 15 años (de 5 años antes hasta 10 años después del nacimiento de su primer hijo) considerando aquellos que permanecen afiliados a la Seguridad Social durante todo el periodo. La medida de ingresos laborales se calcula a partir de las bases de cotización mensuales, para las que disponemos de datos históricos completos desde los años noventa. También exploramos la opción de utilizar los registros tributarios, con resultados similares. Así, nuestro análisis se construye a partir de una muestra de aproximadamente 264.000 madres y 279.000 padres para el periodo 1990-2018, lo que supone casi 95 millones de observaciones mensuales.

Para facilitar la comparativa internacional, seguimos la misma metodología que en el resto de estudios anteriormente mencionados: cotejamos los ingresos laborales (además de otras variables) de madres y padres alrededor del evento del nacimiento de su primer hijo -en concreto, de 5 años antes a 10 años después de dar a luz-.

La siguiente figura ilustra el resultado principal del estudio: En el año consecutivo al nacimiento de su primer hijo, las madres afrontan una pérdida en sus ingresos brutos del 11,2% -respecto al nivel de ingresos inmediatamente anterior al nacimiento-, mientras que los ingresos brutos de los padres apenas varían. Durante el segundo año, los ingresos brutos de las mujeres continúan disminuyendo hasta un 19,5%, siendo este el preámbulo de una tendencia divergente en los ingresos de padres y madres que continúa hasta 10 años después del nacimiento de su primer hijo. Precisamente en ese punto, los ingresos de las madres se estabilizan alrededor del 33% de pérdida, mientras que los de los padres disminuyen un 5%. Por lo tanto, estimamos que la penalización por hijos en el largo plazo es del 28%.

Además, contemplamos algunos mecanismos que podrían explicar esta brecha de género: las diferencias en el número de días trabajados y en la probabilidad de trabajar a tiempo parcial o con un contrato temporal. Se observa que, aun siguiendo hombres y mujeres una tendencia similar antes de convertirse en padres y madres, el número de días trabajados durante el año disminuye drásticamente para las mujeres después de dar a luz, mientras que el de los hombres se mantiene mucho más estable.

Asimismo, encontramos una amplia diferencia en la probabilidad de trabajar a tiempo parcial, que aumenta considerablemente para las madres y disminuye para los padres, resultando en una brecha del 43% tras 10 años.

Por último, las madres tienen mayor probabilidad de trabajar con un contrato temporal -un 29% después de 10 años-, mientras que la de los padres es un 6% menor.

Por completitud, también consideramos dos mecanismos complementarios: la probabilidad de trabajar en sectores flexibles y en sectores conocidos por demandar horas extra a sus trabajadores[3]. Concluimos que la probabilidad de trabajar en sectores que demandan horas extra disminuye para las mujeres en el año inmediatamente posterior al nacimiento de su primer hijo, y no alcanza los niveles previos al parto hasta 6 o incluso 10 años después, dependiendo del número de horas semanales considerado. Por el contrario, en el caso de los padres, la probabilidad de trabajar en dichos sectores aumenta continuamente a lo largo de los años, dejando una brecha notable entre hombres y mujeres. Las madres tienen, sin embargo, una mayor probabilidad de trabajar en sectores flexibles y, aunque esta probabilidad apenas cambia para los padres, la brecha se estrecha rápidamente e incluso desaparece 3 años después del nacimiento de su primer hijo.

El estudio también encuentra diferencias por nivel educativo. La penalización en el nivel de ingresos y en el número de días trabajados en el año es significativamente mayor para las mujeres no universitarias que para las universitarias. Sin embargo, las madres universitarias tienen más probabilidad de trabajar a tiempo parcial, aunque este efecto tiende a desaparecer con el tiempo. Por último, las mujeres no universitarias tienen más probabilidad de trabajar con un contrato temporal. En este caso, excepcionalmente, también se observan diferencias para los hombres: la probabilidad de tener un trabajo temporal disminuye significativamente para los hombres universitarios después de ser padres, mientras que esta probabilidad apenas cambia para los hombres no universitarios.

[1] Este artículo también se ha publicado recientemente en 5centims.cat, un blog de laSocietat Catalana d’Economia

[2] Véase Evans, A. (2021). “Spain’s feminist secret: the backlash against religious authoritarianism and the Almodóvar effect”. Una versión en español está disponible.

[3] Definimos un sector como flexible si está por encima de la mediana en la proporción de trabajadores que pueden ajustar su horario laboral o días de permiso por motivos familiares; asimismo, los sectores conocidos por demandar horas extra son aquellos que están por encima de la mediana en la proporción de trabajadores que invierten 40 (y, alternativamente, 50) horas semanales en el trabajo.


Número 35 – 11

30 de marzo de 2022

Pro et contra

La última reforma laboral (Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de Diciembre)

(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

Pro…

Una reforma orientada a la reconquista de derechos frente a la precariedad, incrementada, especialmente, con la reforma de 2012

(por Fernando Fita Ortega, Profesor Titular Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad de Valencia)

1.- Las notas caracterizadoras de la reforma laboral de 2021

De la reforma laboral introducida por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, cabe destacar tres características: se trata de una reforma fruto del diálogo social; (1) viene condicionada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado formalmente por las instituciones europeas (a través del Consejo ECOFIN) el 13 de julio de 2021 (2); y se enmarca dentro del proceso de reformas dirigidas a corregir la orientación del modelo de relaciones laborales diseñado en la normativa laboral (3).

1) Una de las constantes que pueden apreciarse en las reformas acaecidas en la normativa laboral ha consistido, con alguna puntual excepción, en la falta de participación de los agentes sociales en su elaboración. Basta referirse al proceso de reformas llevado a cabo con ocasión de la crisis económica de 2008 para confirmar esta conclusión, periodo en el que las reformas se tramitaron mediante Reales Decretos-ley, “cocinados” por el Gobierno y ratificados en el Congreso de los Diputados sin apenas debate parlamentario, aprovechando la mayoría absoluta del partido del Gobierno en la Cámara.

La reforma laboral de 2021, en línea con lo que ha venido sucediendo con las normas laborales aprobadas en la presente legislatura, se enmarca en una lógica distinta, al ser fruto del diálogo entre los agentes sociales y el Gobierno, cumpliéndose con el compromiso expresado en el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por España a la Unión Europea con el objetivo de recabar fondos para impulsar la recuperación económica tras la pandemia. En dicho Componente se plantea la necesidad de llevar a cabo las reformas necesarias a través del diálogo social. Fruto de este carácter consensuado resulta que el resultado obtenido, como sucede en todo proceso de negociación, no coincida con aquellas pretensiones que se plantearon por parte del Gobierno al inicio de las negociaciones, como tampoco ha colmado las aspiraciones de patronal y sindicatos.

2) Por otra parte, el Componente 23 del El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, se marca como objetivo la promoción de reformas laborales que permitan reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, reduzcan la temporalidad y corrijan la dualidad del mercado laboral, aumenten la inversión en capital humano, modernicen los instrumentos de negociación colectiva y aumenten la eficacia y eficiencia de las políticas públicas de empleo. Habiendo aprobado el ECOFIN, en julio de 2021 -previo informe favorable de la Comisión el mes anterior- el Plan de Recuperación del Reino de España, la obtención de fondos europeos para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia quedaba condicionada a su cumplimiento. En él se determinan once proyectos reformadores: R1 Regulación del trabajo a distancia; R2 Medidas para eliminar la brecha de género; R3 Regulación del trabajo de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales; R4 Simplificación de contratos: Generalización del contrato indefinido, causalidad de la contratación temporal y adecuada regulación del contrato de formación; R5 Modernización de políticas activas de empleo; R6 Establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna, estabilidad en el empleo y recualificación de trabajadores en transición; R7 Revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral; R8 Modernización de la negociación colectiva; R9 Modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales; R10 Simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo; R11 Digitalización del SEPE para su modernización y eficiencia

3) El tercero de los factores a considerar para valorar la reforma es el relativo a la situación del mercado laboral español, que se caracteriza por la elevada tasa de temporalidad y de desempleo. Así, según datos extraídos de Eurostat, la tasa de temporalidad en 2020 en España fue del 20,4%, siendo la segunda más alta dentro de los países de la Unión Europea, por detrás de Países Bajos. Por lo que se refiere a la tasa de desempleo, en 2020 ésta fue del 15,5% en España, solamente por detrás de Grecia, con una tasa del 17.6%, según datos de Eurostat (situación que se viene repitiendo desde 2013).

Estos dos factores, y las negativas consecuencias, derivadas de la dualidad y la rotación de los trabajadores en el mercado de trabajo, que acarrean para la economía, el funcionamiento de las empresas, las personas trabajadoras y el sistema de protección social (ley 63/1997, de 26 de diciembre), han constituido, al menos de palabra, en un leiv motif reiterado machaconamente en las diferentes reformas laborales adoptadas en España desde las introducidas, a mediados de la década de los años 80 del siglo pasado, en virtud de la ley 32/1984, de 2 de agosto.

Lo cierto es que las diversas reformas laborales no respondieron, por lo general, al espíritu señalado, pues siguieron favoreciendo la temporalidad y la precariedad, siendo que, como se dijo con ocasión de la reforma de 1997 y resulta igualmente predicable de las posteriores reformas, es en esta materia donde se “manifiesta de manera más descarada esa contradicción entre lo que había constituido el planteamiento del Gobierno en la discusión sobre las medidas de la reforma de trabajo a adoptar y las que luego habría de poner en práctica” (BAYLOS GRAU, A., “Modalidades de contratación y reforma del mercado”, La reforma del mercado de trabajo y de la seguridad y salud laboral : XII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales -coord. MONEREO PÉREZ, J.L.)

2.- Los objetivos de la reforma incorporada por el Real Decreto-ley 32/2021.

Las modificaciones introducidas con el Real Decreto-ley 32/2021 no constituyen un punto final, sino que se enmarcan en un proyecto reformador, que se inicia antes de esta disposición, y que tiene la pretensión de seguir desarrollándose con objeto de alcanzar, como se dice en el Plan de Resiliencia, un Estatuto del Trabajo del siglo XXI, que responda a las nuevas necesidades y realidades del mercado laboral. La falta de adecuación de la normativa laboral al actual contexto productivo ha sido denunciada reiteradamente, y la pandemia de la Covid-19 lo puso en evidencia cuando, ante la proliferación del trabajo a distancia y del teletrabajo, surgió la necesidad de ajustar la regulación de esta forma de prestación de la actividad productiva para abordar los problemas jurídicos que suscita.

La reforma persigue, pues, avanzar en esa adecuación de la norma asumiendo el reto de superar las deficiencias del mercado laboral español, y con el deseo de favorecer el marco normativo que satisfaga el deseo de conseguir unos mercados de trabajo más justos. Se enmarca, pues, en el objetivo establecido en la Agenda 2030 de Naciones Unidas de alcanzar un nuevo contrato social que permita hacer compatible la estabilidad en el empleo con las necesidades de una economía en plena evolución marcada por las transiciones ecológica y digital. Ahora bien, esta reforma no aspira a formalizar dicho contrato, sino únicamente a asentar las bases del mismo. Como se señala en el preámbulo del Real Decreto-ley, éste solamente afecta al proceso de reformas enunciados en los apartados 4 (simplificación de los contratos); 6 (establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad y estabilización del empleo); 8 (la modernización de la negociación colectiva) y 9 (modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales). Resulta, pues, que con el Real Decreto-ley se ha perseguido contribuir a la formulación de ese nuevo contrato social, inspirado en la idea del trabajo decente y justo.

3.- Una valoración de la reforma

Conviene señalar, en primer término, que tanto el objetivo marcado como el mecanismo para lograrlo, haciendo partícipes a los agentes sociales, resultan bien ambiciosos, lo cual podría favorecer una apreciación injusta del resultado obtenido. Desde hace décadas se viene hablando de la necesidad de modificar el modelo productivo del país y atajar el problema de la temporalidad y precariedad del mercado de trabajo español para superar sus problemas de productividad y eficiencia. El diagnóstico de las debilidades de estos factores ha conducido a conclusiones prácticamente unánimes, sin embargo, las actuaciones del legislador han sido, por lo general, poco honestas con aquellas. De este modo, se ha empleado la filosofía de la flexiguridad y del emprendedurismo como acicates para favorecer un modelo de relaciones laborales caracterizado por un fortalecimiento de los poderes directivos empresariales y, a la par, impulsar un arrinconamiento del derecho del trabajo frente al pretendido derecho del empleo, con medidas que han conducido a un empobrecimiento de la clase media, fruto de la focalización en el abaratamiento de costes laborales para mantener la competitividad, dando lugar con ello a un notable aumento de las desigualdades sociales.

La reforma laboral introducida con el Real Decreto-ley 32/2021 es ambiciosa en sus objetivos y coherente con las medidas formuladas, pues plantea medidas dirigidas a conseguir aquello que se propone. Ciertamente, podría apuntarse que en algunos aspectos se queda corta, que debería haber sido más firme en alguna de las soluciones presentadas. Sin embargo, ello requería un nivel de consenso en las medidas adoptadas que no se dio en el proceso de negociación, fruto, desde mi punto de vista, de posturas excesivamente asentadas en la cultura de la precariedad que se ha ido consolidando desde las reformas laborales introducida con la Ley 32/1984, de 2 de agosto, para lograr la adaptación del marco institucional que regula el mercado de trabajo a las circunstancias de la economía española tras la crisis de la década de los 70 del siglo pasado.

Ahora bien, hay dos aspectos esenciales en los que se ha dado una respuesta decidida a la hora de conseguir un cambio en el modelo productivo y de relaciones laborales: el combate contra la excesiva temporalidad, y el refuerzo de la formación de los trabajadores. Estos dos aspectos han ido estrechamente vinculados en nuestro modelo de relaciones laborales, mucho más de lo que la lógica y un correcto diseño de las modalidades de contratación laboral justificarían. De una parte, tal y como ya apuntase la Comisión en su documento Hacia los principios comunes de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la seguridad COM(2007) 359 final, existe una correlación entre contratación temporal y déficit de inversión en formación, pues ni las empresas estarán interesadas en invertir en mano de obra que permanecerá poco tiempo en ellas, ni esta situación contribuye a estimular a los trabajadores poco cualificados en su formación, dada la previsible rotación y cambio de sector a la que se verán sometidos. De otra, por cuanto las modalidades de contratos formativos han visto muy frecuentemente relegada su finalidad formativa a cambio de su potenciación como instrumentos de creación de empleo.

Por este motivo, el preámbulo del Real Decreto-ley 32/2021, recoge el objetivo de regular eficazmente los contratos formativos, de modo que se proporcione un marco idóneo para la incorporación de las personas jóvenes al mercado laboral, marcando un cambio de modelo de estos contratos, reforzando su componente formativo.

Solamente la formación puede contribuir a favorecer el éxito de las transiciones (hacia el mercado de trabajo, para acceder a él, o dentro del mismo, mejorando el empleo que se viene ocupando) en torno a la que gira la idea de la flexiguridad. Y es ese componente el que se pretende reforzar, no solamente con el nuevo modelo propuesto de contratos formativos, sino, además, mediante el fomento de las acciones formativas en los expediente de regulación temporal de empleo, ya se trate de reducciones de jornada de trabajo o de suspensiones de contratos de trabajo (incentivadas, por otra parte, mediante el sistema de exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social sobe la aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta); así como a la hora de regular la extinción del contrato indefinido por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción.

En cuanto a la lucha contra el abuso de la temporalidad, cabe destacar que en los últimos años estaba encontrando como aliado a los tribunales laborales españoles, en los que cabe apreciar un marcado cambio de actitud, impulsado por las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en aplicación de la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio de 1999, sobre el trabajo de duración determinada. A ello se suma ahora, en virtud de la reforma laboral de 2021, la iniciativa del legislador decidida a reducir la tasa de temporalidad existente en el mercado laboral español mediante la recuperación de la causalidad en los contratos temporales, en un intento de lograr que el contrato indefinido sea la regla general. La presunción, incorporada en el artículo 15 .1del Estatuto de los Trabajadores, de que el contrato de trabajo está concertado por tiempo indefinido, es una clara declaración de intenciones. Como también lo es que se exija que en el contrato se especifique, con precisión, no solamente la causa habilitante de la contratación temporal, sino, además, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista, requisitos mucho más precisos y estrictos que el contenido en la normativa relativa a los contratos temporales hasta ahora, que solamente exigía que el contrato especificase e identificase suficientemente, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituya su objeto, la causa o la circunstancia que lo justifique, o identificase al trabajador sustituido y la causa de la sustitución (arts. 2.2, 3.2 y 4.2 del RD 2728/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada).

Por otra parte, la eliminación del contrato de obra o servicio, que es, junto con la modalidad del contrato eventual por circunstancias de la producción, la que se ha venido utilizando de forma mayoritaria, puede suponer un punto de inflexión en este panorama. E igualmente puede contribuir a reducir la tasa de temporalidad el encarecimiento, con alguna excepción, de los costes laborales de los contratos temporales de corta duración (de menos de 30 días) o la potenciación de la labor de la Inspección de Trabajo en la lucha contra el fraude en la contratación temporal, así como el reconocimiento -sin admisión de prueba en contrario- de la condición de fijos de las personas contratadas incumpliendo lo previsto en el artículo 15 del ET, o, finalmente, el incremento de la cuantía de las sanciones a imponer en caso de transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los previstos legal, reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando dichos extremos puedan ser determinados por la negociación colectiva, al considerarse una infracción por cada una de las personas trabajadoras afectadas.

Por último, cabría destacar el intento de revertir la situación derivada de las reformas de 2011 y 2012 en materia de negociación colectiva, cuestión ésta muy controvertida y que iría en contra de las políticas marcadas en el seno de la Unión Europea en torno a la centralidad del convenio de empresa. Si bien en este punto no cabe apreciar una vuelta al modelo existente antes de las reformas introducidas como consecuencia de la crisis económica de 2008, es destacable el intento que realiza para, como se dice en el preámbulo del Real Decreto-ley 32/2021, garantizar que la descentralización de los convenios colectivos no provoque un efecto devaluador de costes retributivos o desventajas injustificadas entre las empresas, y aporte flexibilidad en la medida adecuada, procurando, como se indica en el apartado octavo de las reformas recogidas en el Plan de Resiliencia, que la adaptación de las condiciones de trabajo a las características del sector o de la empresa posibilite una competencia entre las empresas que gravite fundamentalmente en la calidad y no en los costes laborales.

En definitiva, la reforma laboral de 2021 marca un cambio de tendencia, una redefinición de los paradigmas que regulan el mercado de trabajo, que deberá ir consolidándose en futuras acciones legislativas que avancen en la modernización del modelo de relaciones laborales existente en España, favoreciendo un cambio de cultura en la gestión de la mano de obra.

 

 

 

…Et contra

 

¿Contrarreforma laboral?

 

(por Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid)

 

Como es público y notorio, tras años de incesante polémica, de muchos dimes y diretes, de anuncios y desmentidos, el pasado 28 de diciembre, el Gobierno aprobó, una vez más por Real Decreto Ley – en este caso, el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo- la que considera su reforma laboral. Pese a las cincuenta y cuatro páginas de BOE, que serían muchas menos si el legislador, en buena técnica, se hubiera limitado a reflejar en el diario oficial lo que en la Ley cambia, su lectura sosegada obliga concluir que lo más relevante y significativo de esta reforma, archipublicitada eso sí, es lo que no es. No es, desde luego, una derogación de la reforma laboral de 2012, por más que llevamos años oyendo declaraciones demonizadoras de la misma y promesas de su inmediata derogación por su carácter “lesivo” para los trabajadores. Tampoco es, como dice faltando a la verdad la ditirámbica exposición de motivos de la norma, “la primera reforma laboral de gran calado de la Democracia que cuenta con el respaldo del diálogo social”, pues ni es la primera reforma pactada ni tiene tamaño calado. Más bien estamos ante una modificación parcial y relativamente incisiva de algunos aspectos del marco normativo de las relaciones laborales que la reforma de 2012 definió y que ésta ha venido a consolidar.

No seré yo quien lo lamente. Creo que el Gobierno tenía ante sí dos formas de afrontar la reforma. La que cabría denominar “ideológica”, que hubiera consistido en trasladar a la letra de la Ley todas las críticas acerbas vertidas contra la reforma de 2012, modificándola sustancialmente, y otra, que denominaría “pragmática”, que pasaba por hacer una valoración cabal y desprejuiciada de la reforma de 2012 y de sus efectos, transcurridos casi diez años desde su entrada en vigor, para detectar aquellos extremos en los que la reforma no ha tenido el impacto deseado y/o se han producido disfunciones, para corregirlos. El ruido ambiental parecía presagiar lo peor, pero, por fortuna, la acertada decisión de que la reforma se pactara en la mesa del diálogo social – garantía casi siempre de prudencia y sensatez- ha hecho que se imponga la segunda.

Yo creo que, bien mirada, la reforma ahora instrumentada podría leerse como un desarrollo de la reforma de 2012, a la que en buena medida vendría a cerrar. Varias razones, a mi entender, así lo acreditan.

En primer lugar, el hecho de que algunas reformas básicamente consistan en desarrollos de la regulación previa, tal es el caso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES), que son objeto de un interesante desarrollo a la luz de la experiencia durante la pandemia en la que, dicho sea de paso, la regulación ahora completada se mostró utilísima, y de los contratos formativos, respecto de los cuales se introducen modificaciones menores. En segundo lugar, el que otras modificaciones supongan rectificaciones puntuales de algunas instituciones introducidas en 2012, como es el caso de la prioridad aplicativa del convenio de empresa, de la que ahora se excluye la materia salarial, sobre la que sin embargo sigue abierta la posibilidad del llamado “descuelgue”. En tercer lugar, el que otros cambios, conseguidos los objetivos de renovación de anquilosadas estructuras negociales, vengan a incorporar a la Ley la que ha sido una previsión extendida en la contratación colectiva posterior a la reforma: la ultraactividad sin límites del convenio colectivo decaído en su vigencia y denunciado. En cuarto lugar, el que el RDL aborde la modernización de una institución, la de las contratas y subcontratas, que hace diez años no se tocó y que además lo haga en el sentido adecuado de garantizar a los trabajadores de la contratista la aplicación del convenio colectivo del sector de la actividad que ejecutan en la contrata. En quinto lugar, en fin, el hecho de que el más relevante de los cambios operados, la reforma de la contratación temporal y de las modalidades de contratación, venga, creo, a cerrar y dar coherencia a la reforma de 2012.

Me explico. En la economía de la reforma del 2012, que vino a incrementar de forma significativa la flexibilidad interna en la empresa, es decir, las posibilidades de gestión sin trabas de la mano de obra en su seno, y la flexibilidad externa de salida, esto es, las posibilidades de suspensión y extinción del contrato de trabajo, había implícita, creo, una reforma de las modalidades contractuales y señaladamente de la contratación temporal, de la flexibilidad de entrada en la relación de trabajo, en sentido restrictivo. Por razones de equilibrio en la regulación de la relación de trabajo, el aumento de la flexibilidad laboral interna y externa de salida debiera haberse compensado con una restricción significativa de la flexibilidad de entrada, sobre la que venía en exceso pivotando en nuestro país la adaptabilidad de las empresas a las fluctuaciones del mercado. El legislador de 2012 no se atrevió a hacerlo porque la situación de empleo con la que se encontró era pavorosa y el contexto económico tan desfavorable que su objetivo inmediato no fue el de la calidad del empleo, aunque alguna medida introdujo con tal propósito, sino el de la cantidad del empleo, que debía generarse a toda costa.

El contexto económico en el que se produce la actual reforma tampoco es que sea boyante, pero, ahora, auspiciado por las instituciones europeas, se ha tenido el coraje político necesario para enfrentar el problema, de lo que hay que felicitarse. La desmesurada temporalidad española, considerablemente más alta que la media europea, no solo ha tenido y tiene efectos sociales deletéreos, sino también efectos desestabilizadores del sistema de protección social, del sistema económico y, me atrevería a decir, del propio sistema político. Es bueno que, por fin, se haya abordado un problema que viene de lejos- desde la década de los ochenta – y que ha sido largamente demorado.

La terapia propuesta, la drástica restricción de las posibilidades de contratación temporal y la apuesta por el contrato fijo discontinuo, es sin duda, una apuesta arriesgada, pues, al margen del contexto económico poco propicio, los cambios culturales – y eso es lo que entre nosotros se requiere- no se consiguen por decreto. De otra parte, la formulación técnica de la reforma deja mucho que desear, es manifiestamente mejorable en términos de seguridad jurídica, por lo que la conflictividad judicial está servida. Pero que los agentes sociales hayan decidido meterle mano a este grave problema y hayan acordado de consuno explorar una solución es ya de por sí una buena noticia.


Número 35 – 12

30 de marzo de 2022

Reseñas de libros

(sección coordinada por Maja Barac. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

  • (2022): Lo que nos debemos unos a otros. Un nuevo contrato social. Paidós, Barcelona.

(por Carlos Ochando Claramunt, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia)

La publicación de este libro ha generado enormes expectativas entre los lectores. No sólo por el interés del tema que aborda, sino por la extraordinaria experiencia política y académica de su autora. Nemat (Minouche) Shafik es, en la actualidad, directora de la London School of Economics and Political Science. Además, ha sido vicepresidenta del Banco Mundial, subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional y vicegobernadora del Banco de Inglaterra. Un currículum de esas características despertaría el interés por la lectura del libro hasta del lector más perezoso y remolón. El libro es el resultado del programa de investigación “Beveridge 2.0” enmarcado en la LSE y destinado a replantear las bases del nuevo Estado del bienestar del siglo XXI.

Sin duda, el tema que aborda el libro es de gran importancia. Comparto con la autora un profundo interés por el nuevo diseño del Estado del bienestar en el actual siglo. Una consecuencia de la pandemia de la COVID-19 ha sido la necesidad de replantear y repensar las bases de nuestro Estado del bienestar. Y de ahí la aparición de libros que tienen como principal preocupación el diseño de un nuevo contrato social (véase la reseña en el número anterior del NPE nº 34 de diciembre de 2021 del libro de Costas, A. y Arias, X.C. El laberinto de la prosperidad). Incluso antes de la crisis pandémica otros autores, como Carlos Mulas-Granados, Joseba Zalakain y Borja Barragué en España y Gosta Esping Andersen, Bruno Palier y Nicholas Barr –entre muchos otros- fuera de nuestras fronteras, planteaban la necesidad de diseñar una nueva arquitectura del Estado del bienestar para afrontar los nuevos riesgos sociales que nos venían encima con el comienzo del siglo XXI. Por tanto, el tema –aunque ahora de moda y encima de la agenda social y política- no es nuevo.

Creo que el libro tiene luces y sombras. Empecemos por las luces. El libro tiene tres grandes virtudes: la claridad, la ambición y la extraordinaria recopilación bibliográfica. En primer lugar, sorprende (muy agradablemente) la sencillez y claridad con que está escrito, considerando que está escrito por una persona de una larga trayectoria académica y política. Esta característica lo hace accesible y ameno tanto para los expertos en el tema como para los lectores profanos (pero preocupados e interesados) por el tema del Estado del bienestar. En segundo lugar, es ambicioso porque aborda todos los pilares del Estado del bienestar (o del nuevo contrato social en terminología de la autora). Por sus páginas se analizan las políticas de la infancia, educación, salud, trabajo, vejez y transferencias intergeracionales. Por tanto, es encomiable el enfoque holístico que desarrolla la autora en el libro. Prácticamente, ningún pilar esencial del Estado del bienestar queda fuera de su análisis. Y, por último, otro aspecto positivo del libro es la abundantísima recopilación bibliográfica. Por sí mismo, esto lo convierte en un valioso material de recopilación de información sobre los temas centrales del Estado del bienestar. Y hasta ahí, lo que nos parecen las “luces” del libro. Vayamos ahora con las “sombras”.

Una de los problemas del libro es que, al intentar abarcar tantos temas, le falta profundidad en el tratamiento de los mismos. Sin duda, es difícil no estar a favor del contrato social que propone el libro cuando buena parte de las propuestas son declaraciones de principios y buenas intenciones y deseos. Un ejemplo de ello lo encontramos casi al final del libro cuando la autora resume lo que entiende por nuevo contrato social para el siglo XXI: “un contrato social más generoso e inclusivo reconocería nuestras interdependencias, proporcionaría unas mínimas protecciones fundamentales para todos, haría que compartiéramos colectivamente ciertos riesgos y demandaría de todos los ciudadanos que contribuyeran cuando pudieran durante el máximo tiempo que pudieran. No se trata de aumentar el tamaño del Estado del bienestar, sino de invertir en las personas y de construir un nuevo sistema para compartir los riesgos a fin de incrementar el bienestar general” (p. 240). Imposible estar en desacuerdo con ese deseo.

Para diseñar el nuevo contrato social la autora propone tres principios que subyacen a sus argumentos (p. 211):

  1. seguridad para todos (garantía de un nivel de vida mínimo digno);
  2. máxima inversión en capacidades (invertir lo máximo en la creación de oportunidades para que los ciudadanos sean productivos y contribuyan al bien común todo el tiempo que puedan) y
  3. reparto eficiente y equitativo de los riesgos (entre individuos, familias, empresas y Estado).

Casi imposible estar en desacuerdo con esta declaración de principios.

Para construir ese nuevo contrato social, la autora establece tres estrategias claves: el incremento de la productividad, el replanteamiento de la política fiscal y un nuevo contrato con las empresas (p. 215). De nuevo, casi imposible no estar de acuerdo con esas estrategias.

Con todo lo expuesto hasta aquí, ¿a dónde queremos ir a parar? Pues que desde mi humilde opinión al libro le falta la necesaria profundidad en las propuestas concretas para diseñar la nueva arquitectura del nuevo Estado de bienestar. Y creo que es la parte más complicada de tratar. Existe un consenso sobre la necesidad de establecer un nuevo contrato social o un nuevo diseño del Estado de bienestar, pero ¿cómo?, ¿a través de qué instrumentos y medidas?, ¿qué nuevas herramientas de innovación social debemos diseñar para afrontar los nuevos riesgos sociales del siglo XXI? Las respuestas a estas preguntas no tienen el consenso necesario. Además, desde una perspectiva teórica y aplicada, son preguntas muy difíciles de responder. Y creo que más allá de las grandes líneas estratégicas, el libro no aborda –con profundidad y valentía- las nuevas herramientas que deben fundamentar las políticas sociales del siglo XXI. No hay concreción en las medidas, vuelve a ver un diagnóstico -sabido y estudiado por todos los expertos del tema- de los riesgos y retos de la vieja arquitectura del Estado del bienestar y de sus límites para cubrir (de manera eficiente y equitativa) los nuevos riesgos sociales del siglo XXI. Además, el libro no aborda dos cuestiones centrales en el debate:

  • los principios del nuevo contrato social, ¿tienen validez universal o cada país debe transitar por su camino para alcanzar un contrato social que reúna el mayor consenso social posible?, ¿cuánto de peso tienen las propias instituciones políticas, sociales y económicas en la construcción del contrato social? y
  • ¿en qué contexto político se puede alcanzar el consenso propuesto?, ¿es posible en el actual contexto de polarización?, ¿es posible refundar el Estado del bienestar en el actual contexto político de consolidación y crecimiento de los partidos populistas de extrema derecha?, ¿qué actores impulsarán las bases del nuevo contrato social?

Creo que esos son las grandes carencias del libro o, por lo menos, las razones de la fustración y/o decepción que uno siente con la lectura del mismo. Se sabe -sabemos todos- que las sociedades se enfrentan a transcendentales transformaciones económicas, sociales y políticas como la globalización de las economías, el progreso y cambio tecnológico, los cambios demográficos (envejecimiento), las transformaciones estructurales del mercado de trabajo, los cambios en el modelo de familia y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la desigualdad creciente y la nueva polarización social y el cambio climático. Dichas transformaciones son el embrión de nuevos riesgos sociales que el Estado del bienestar tiene que afrontar. Pero, ¿cómo?, ¿por quién?, ¿en qué contexto político? Preguntas que no responde el libro. De diagnósticos andamos sobrados. De respuestas y propuestas rigurosas muy escasos. Y de actores valientes más todavía.

  • Velasco, Roberto (2021): Amenazas Sociales de la Revolución Digital. Serinfor, Bilbao (disponible en www.robertovelasco.es)

(por Felipe Serrano, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, UPV/EHU)

El profesor Roberto Velasco acaba de publicar un nuevo libro titulado “Amenazas Sociales de la Revolución Digital”. En las páginas de este trabajo pueden encontrarse definiciones claras y precisas de conceptos tales como: “robotización”, “inteligencia artificial”, “big data”, “Industria 4.0” o “ciberdelincuencia” y “ciberseguridad”. Los fenómenos a los que se refieren estos conceptos han pasado a formar parte de nuestra cotidianeidad, sin que tengamos claro en muchas ocasiones cómo están contribuyendo a transformar nuestra vida. Algunos dirán, y con razón, que nos la están haciendo más difícil, aunque no podemos ignorar aspectos tan positivos como las mejoras en los tratamientos médicos que han facilitado o la disminución en los costes de información que han auspiciado.

Pero lo más relevante de este nuevo trabajo del profesor Velasco se encuentra en la advertencia sobre la que se construye la obra: los retos sociales a los que nos enfrenta la revolución digital.

Para los economistas el cambio técnico es, junto con las instituciones, el motor principal del crecimiento económico. Las transformaciones tecnológicas que está induciendo la revolución digital todavía no han alcanzado su plenitud, pero ya hemos visto lo suficiente para percatarnos de los retos a los que debemos enfrentarnos. En el libro el profesor Velasco explica el potencial impacto que estos cambios pueden tener en el empleo, tanto en la “cantidad” como en la “composición” y la “calidad”. Pero esto no es mas que una introducción al verdadero objetivo del trabajo. El interés del profesor Velasco se encuentra en mostrarnos que la naturaleza disruptiva de esta revolución tecnológica transciende el ámbito de la economía, y que es nuestra “forma de vida” la que está siendo amenazada por la anarquía con la que estas nuevas tecnologías están entrando en nuestras vidas.

La información personal que volcamos en la red cuando realizamos compras a través de internet, o cuando utilizamos los buscadores para comparar ofertas, o cuando consultamos la prensa, es utilizada para identificar patrones de comportamiento o inclinaciones ideológicas y políticas que luego se venden para orientar campañas electorales. La privacidad se transforma de esta forma en un bien comercializable sobre el que los “agregadores” de preferencias se asignan unos derechos de propiedad con un dudoso respaldo legal. Y esto cuando no utilizan la información que obtienen por su labor de intermediación entre el vendedor y el comprador final para orientar la venta de sus propios productos, expulsando así del mercado a los competidores que usan sus servicios de intermediación.

Pero los peligros no vienen solamente de las empresas que monopolizan (o parasitan) estas nuevas herramientas tecnológicas. Es en la propia naturaleza de estas tecnologías en donde se contiene el germen de los problemas. La Inteligencia Artificial, insiste el profesor Velasco, es un producto hecho por los hombres. Por tanto, nuestras imperfecciones, nuestra ética o nuestros prejuicios terminan transmitiéndose a los algoritmos que diseñamos para procesar la información. Los programas informáticos que organizarán (y organizan ya) nuestras vidas no son asépticos y neutrales, tal como se trata de presentarlos, sino que expresan unas determinadas reglas de juego. Las convenciones y las normas sociales, así como las reglas formales que organizan nuestras relaciones sociales pueden ser sustituidas por las convenciones y las normas de quienes tienen la capacidad para diseñar los algoritmos o para encargar su diseño. Pocas veces es posible observar con tanta crudeza la aseveración del profesor Douglas North sobre la íntima relación que existe entre el diseño de las reglas de juego sociales y los intereses de quienes tienen el poder de negociación para imponerlas.

No cabe derivar de lo dicho, sin embargo, que el profesor Velasco proyecte una imagen deprimente del futuro que nos aguarda. Precisamente porque defiende la tesis de que la revolución digital no es una revolución que se impone a los mortales de manera inexorable, como si de la ley de la gravedad se tratase, muestra al final de libro algunos de los retos que deberíamos afrontar para que la convivencia con estas nuevas tecnologías sea positiva. Pero para que estos retos puedan ser abordados es necesario que la sociedad tome conciencia de los peligros a los que nos enfrentamos, entre otros, a la pervivencia de nuestra propia libertad para orientar los cambios a la voluntad de la mayoría, y no a la voluntad de un grupo de privilegiados que tienen el poder para imponer sus reglas. No deja de ser contradictorio que en un momento histórico tan trascedente como el actual, en el que la recuperación de los valores éticos que han permitido a los hombres vivir en sociedad de una manera civilizada, se prive a las generaciones futuras de una formación filosófica. Tal vez sea esta la primera batalla perdida contra los sacerdotes de la nueva religión tecnológica.

  • Pampillón Olmedo, Rafael (2022): Cuando los votantes pierden la paciencia. Casos radicales de política económica. McGraw Hill, Madrid.

(Por el Dr. Fernando G. Jaén Coll. Profesor del Departamento de Economía y Empresa de la UVIC-UCC.)

Con prólogo de Juan R. Cuadrado Roura, prestigioso catedrático de política económica y no pocos reconocimientos a su favor, nos adentramos en el reciente libro Casos radicales de política económica (McGraw Hill, 2022), del profesor Rafael Pampillón, con una carrera académica consolidada. Libro de doble condición: es ensayo (lo que Ortega calificara de ciencia sin prueba) y es didascálico, de exposición a alumnos, aunque no los tengamos en lista ni sepamos qué han cursado antes. No espere el lector demostración, sino, al uso de von Mises, comprensión. No estamos ante teoría, sino ante historia, pero aún esto merece el deslinde disciplinar para situarnos correctamente en su lectura, pues, si bien el objeto principal se incardina en la política económica, en tanto que disciplina, se alimenta con la teoría y con la historia. Ardua tarea es sujetarse los machos y no derivar en esa perspectiva histórica que es la guerra económica, que tan sutilmente hubiera podido vincularse en este libro, pero, que, desde el punto de vista disciplinar, el profesor Pampillón manifiesta que su dominio de estudio será la política económica, estudiando sus cambios pendulares en diversos países, normalmente con el trasfondo de una crisis económica que induciría “un deterioro del bienestar de los ciudadanos, que exigen un cambio de gobierno.” (digamos, de paso, que “ciudadanos” sería la palabra adecuada en el título, en lugar de “votantes”)

El libro se estructura en forma como si de casos se tratara, pero he de confesar que no acaba de gustarme esta denominación en el sentido habitual de “estudios de casos” (que valdría para el estudio profundizando por países, por ejemplo), y menos aún que se les califique de “radicales”, cuya radicalidad debiera explicarse en la introducción de éste ya que no es evidente. Se entiende claramente que son acontecimientos singulares y sobresalientes de la historia económica desde el mercantilismo hasta el presente, a los que se asocia una predominancia de una u otra doctrina económica.

No hay duda de que el autor arriesga mucho al encabezar el capítulo con el nombre de una doctrina, como en el caso del mercantilismo, pues sitúa al lector en el dominio de la historia de las doctrinas económicas, y ahí la complejidad es grande, como basta comprobar en el capítulo correspondiente de cualquier buen manual al uso, citemos, a modo de ejemplo el del profesor Alessandro Roncaglia, La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico (puede verse mi reseña del libro en SYN@PSIS, N.º 30. Sep-Oct. 2007), en el que se señala que “ahora se reconoce que el término mercantilismo debe aplicarse con mucha cautela (p. 71).

En el capítulo 3 menciona a Adam Smith (“padre del librecambismo”, p.11) y su “mano invisible” del mercado, por más que dicha manida expresión diste de destacar en el texto de Adam Smith, según señala el profesor Roncaglia, que le dedicó un libro: El mito de la mano invisible (puede verse mi reseña del libro en SYN@PIS N.º 55 Nov-Dic. 2011). Librecambismo que abarca desde 1860 hasta 1933, centrando el capítulo en la evolución de EE. UU. entre 1860 y 1929 (y nos preguntaremos ¿Por qué no hasta 1933? Visto lo afirmado unas líneas antes, o, viceversa, acortar el período librecambista hasta 1929).

El capítulo 4 tiene dos asuntos destacados: las causas de la Gran Depresión y la hiperinflación alemana consiguiente a los acuerdos de paz tras la I GM y sus consecuencias. Aunque cada autor elige las fuentes que le parecen bien (y ya nos cuesta aceptar que use como fuentes trabajos de final de grado de estudiantes), no deja de sorprender que no estén presentes ni John Kenneth Galbraith (recordemos su magnífico libro El Crac del 29) ni Charles Kindleberger y su libro La crisis económica 1929-1939. De entre las seis causas que menciona de la crisis de 1929, encontramos a faltar mención a la burbuja inmobiliaria que precedió a la primera de las causas que menciona, la quiebra de la bolsa de Nueva York. Con todo, este capítulo es más una apretada síntesis histórica que no de la política económica, especialmente en la sección de la hiperinflación.

El capítulo 5 nos adentra en el keynesianismo, tras la llegada de Hitler al poder en Alemania, que aplicó políticas keynesianas (p. 29, pero no se olvide que Suecia las aplicaba antes de formularse como tales), al igual que hiciera Roosevelt en EE. UU., cuyo tratamiento corresponde a la segunda sección del capítulo, seguida de una valoración conjunta de cómo el hartazgo de sendos pueblos los aupó al poder para aplicar una política económica alternativa, que se alargó, ya vencido Hitler, durante los Treinta Gloriosos. La elección entre cañones y mantequilla y una extensa nota al pie sobre la guerra de Vietnam cierran este capítulo.

El capítulo 6 lo destina a tratar la crisis del petróleo y la estanflación, si bien sería mejor utilizar el plural pues las del petróleo fueron dos o, si se quiere, una doble, lo cual no empecé lo que el autor deduce, pues ambas fueron en el mismo sentido. Ejemplifica con las acciones políticas y de política económica adoptadas en EE. UU., que, si Nixon y Ford no lograron doblegar la inflación, tampoco Jimmy Carter, que la alimentó aplicando ideas keynesianas. La sección segunda la destina a la decadencia de Gran Bretaña, y la tercera al fracaso del Partido Laborista, con Callaghan al frente, que abrió la puerta a Margaret Thatcher en 1979, antesala del próximo capítulo.

El capítulo 7, más extenso que los anteriores, es el tercer cambio pendular, con la aparición de las denominadas políticas de oferta, que arranca con el ejemplo de Reagan y sigue con una relativamente extensa sección dedicada a explicar la curva de Laffer, para añadir otra sección (curioso vaivén histórico, que resulta chocante y podía incluirse en la anterior a modo de ejemplo, o bien subsumir aquella en el ejemplo), en la cual sitúa al español Laureano Figuerola como “el Laffer español” por su defensa de bajar los aranceles en España, provocando mayores ingresos aduaneros para el Estado español con la reforma arancelaria de 1869, podríamos decir que se trata de una licencia que se toma nuestro autor.

La Dama de Hierro corresponde a la sección siguiente, con su política de desregular los mercados, privatizar empresas de servicios públicos, reducir el poder de los sindicatos, etc., que dio un giro copernicano a lo que era la política económica anterior a ella, empeorando la distribución de la renta, aunque con tasas de crecimiento de la economía muy notables en los 18 años de mandato, incluyendo los de Major, que la sustituyó hasta que, en 1997, ganara las elecciones un laborista, Tony Blair, del que no nos apunta nada y no estamos seguros de que fuera un “movimiento pendular”, pues Blair parecía más un liberal que un socialista o socialdemócrata (y así se puede colegir más adelante, en la p. 62). Claro está el cambio pendular en la sección siguiente, dedicada a Francia y el viraje que dio el Presidente francés, el socialista François Miterrand, del que señala, que, conjuntamente con su Primer ministro, Pierre Mauroy “adoptaron, en parte, las tesis de Thatcher y Reagan.” (p.53).

En esta misma sección aprovecha para alabar la política seguida en EE. UU., con Alan Greenspan en la Reserva Federal, si bien finalmente su política de tipos de interés acabó desembocando en la crisis de las subprimes (también denominada después “Gran Recesión”). Dos epígrafes destacados en la sección: “7.7.1. La política monetaria estricta”, donde acoge a tres economistas de renombre: Milton Friedman, Robert Lucas y Friedrich Hayek, incurriendo en el desliz de calificarlos “premios Nobel de Economía”, cuando dicho premio no existe, por más que los periodistas así lo mencionen, pues es el premio que otorga el Banco de Suecia, no la fundación Nobel. No entraremos aquí a objetar las ideas de cualquiera de ellos, señaladas en breve espacio y que corresponde a un enfoque peculiar de la economía, contrapuesto al de muchos otros prestigiosos economistas. Anotemos que sólo desarrolla aspectos monetarios de Lucas y Friedman y no de Hayek. En el epígrafe “7.7.2. Menos Estado”, sí se sirve del libro de Hayek, Camino de servidumbre y critica a Thomas Piketty.

El capítulo 8 es el del cambio pendular de la economía china. Aquí tenemos la prueba de que el título del libro no es adecuado, pues no hay votantes que pierdan la paciencia, salvo que así se consideren a los miembros del Partido Comunista chino. Dedica tan sólo cinco páginas sin ir más allá de poner en perspectiva evolutiva informaciones de carácter periodístico. Mao, Deng Xiaoping y Xi Jimping, son los protagonistas de los cambios de dirección o de énfasis en la economía china.

El Capítulo 9, sobre los cambios en los países del Este, desentona del resto anterior por su estilo literario, comprensible por tratarse de unas notas bibliográficas sobre un libro de Kristina Sapohr. Resulta una interpretación muy subjetiva del desmembramiento de la URSS.

El capítulo 10 “Cuarto cambio pendular (2001-2021): la vuelta al keynesianismo y la Gran Recesión”, afianza la impresión, conforme avanzamos en la lectura, de que el autor antepone sus convicciones políticas y económicas, si bien presenta algunos asuntos importantes como la crítica a los mercados eficientes, aunque de manera que niegue la crítica. La sección 10.6. El declive de la economía alemana: el caso de Ingolstadt”, se nos antoja poco representativo. De lo que no hay duda es que él se ha interesado por los EE. UU. y su economía y se ha procurado una visión de conjunto de su evolución reciente dentro de los cánones ortodoxos, sin caer en el maniqueísmo de la defensa a ultranza del Partido Republicano frente al Partido Demócrata. Su defensa es la de los objetivos que se suelen asignar a la política económica como si esta fuera una desiderata por encima de las opciones políticas.

A la “La pandemia y el gran confinamiento”, capítulo 11, dedica 3 páginas. En él hallamos la afirmación de que la tendencia a la desglobalización es anterior a la pandemia, que bien hubiera podido ser útil en el capítulo anterior, permitiéndole organizarlo con este eje.

En el capítulo 12 “Las políticas keynesianas de Joe Biden”, prosigue con su visión de la economía de los EE. UU. y el juego entre la Presidencia y su Partido, concluyendo que fue su “agenda energética […] la que empezó a dañar las buenas relaciones que mantenían ambos con los mercados, los empresarios y la opinión pública estadounidense.” (p. 108)

Cuesta aceptar el capítulo 13. “El diagnóstico de los expertos” de tan sólo dos páginas y sin que haya otro “experto” que el propio autor, que ya nos ha dado su opinión en sucesivas ocasiones y que aún retomará en el 15. “¿Qué podemos aprender?”, y que bien pudieran haberse refundido en uno, después del 14, dedicado a los movimientos populistas como cambio pendular del siglo XXI.

A lo largo del libro, los argumentos no deslindan suficientemente el papel que juega la inversión de capital, para el desarrollo, ni el papel de la revolución tecnológica como fundamento de los cambios, inductores de transformaciones de las empresas, ni se menciona el hecho de los cambios de los mercados más que de los países. La política económica tiene su fundamento político en la economía de las naciones, pero lo que ha sucedido en los últimos decenios ha inducido enorme poder a las grandes empresas multinacionales. Ahí radica el problema de perspectiva que subyace en una determinada visión de la economía que intenta existir al margen del poder, cuando es este el que está en el centro neurálgico de la vida económica y no es sólo el poder de la política y de las Administraciones públicas, sino de otros agentes y contrapoderes.

El profesor Pampillón nos ha llevado de la mano en un recorrido por hitos de la historia económica, por más que la selección sea personal y corresponda a la manera que él ha incorporado su síntesis al acervo de su conocimiento económico. No hay duda del esfuerzo que supone saber de los diferentes episodios de la historia en su vertiente política y económica y ello le confiere, a no dudarlo, mérito. El plantear como eje de su exposición el carácter pendular de la política económica, puede abundar en favor de una idea muy socorrida, quién sabe si verdadera, y es la oscilación por mera moda, que viene a decir que los ciudadanos no juzgan con criterios sofisticados, dicotomizando la elección y, por ende, la substitución de unas por otras; también cabe identificar ese movimiento pendular con el piloto automático de navegación, que mueve un poco a la derecha y corrige moviendo a la izquierda.

Desde el punto de vista práctico, de destinatarios que pueden aprovechar sus enseñanzas, y a mi modesto entender, creo que este libro tiene utilidad en lo que pueden ser unas prácticas o ejercicios de política económica a modo de un guion para profundización y crítica subsiguientes tema a tema. Ahí radica, creo yo, la utilidad académica, sin excluir su interés para el lector curioso, gustoso de practicar lo que podríamos calificar como “turismo” por episodios de la historia económica, y conste que el paseo es muy agradable, aunque la visita haya sido rápida y no hayamos podido conocer todas las ciudades.


Número 35 – 13

30 de marzo de 2022

Nota Necrológica: Luis Rodríguez Sáiz

El pasado 26 de marzo falleció Luis Rodríguez Sáiz. Nació en Cuenca en 1942. Inicialmente su camino profesional fue ajeno a la vida universitaria, puesto que ingresó la Guardia Civil. Sin embargo, sus aspiraciones intelectuales le condujeron al desarrollo de estudios universitarios, en concreto, en Economía. En este sentido, en 1973 defendió su tesis doctoral relacionada con la política de transportes. A partir de mediados de los años 70 se adentró en la política financiera a la que ha estado ligado hasta sus últimos trabajos, destacando el manual “Sistema financiero español”, editado por primera vez en1987 y apareciendo su edición número 27 en 2018.

En 1981 obtuvo la plaza de Agregado en Política Económica, oposición que le resultó un revulsivo para analizar aspectos de metodología de la Política Económica. Estos análisis acercaron su colaboración con el profesor Andrés Fernández Díaz, fruto de la que editó un manual de Política Económica, primero en la editorial AC y después en McGrawn Hill, que ha sido una referencia docente esencial desde los años 80 hasta la actualidad (en 2006 vio la luz cuarta edición en McGrawn Hill).

Además de sus relaciones con la Universidad Complutense de Madrid, realizó una apuesta académica por el Centro de Estudios Universitarios (CEU), con el que ha tenido una constate y estrecha relación. Esto supuso un mayor acrecentamiento de su interés por las políticas sociales.


Número 34 – Índice

24 de diciembre de 2021

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CONTENIDOS

1.- V Taller Internacional de Política Económica Internacional Valladolid, 27 de Mayo de 2022 (Solicitud de trabajos)
2.- VI Encuentro de Política Económica Internacional Valencia, 18 de Noviembre 2021 (Resumen)
3.- Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)
4.- Política económica estructural: La economía circular y la política económica
5.- Política económica y género: ¿Podemos celebrar la igualdad en los cuidados? Una evaluación de políticas públicas
6.- Política económica internacional: Una década de política económica en Brasil (2011-2021)
7.- Pro et contra: Reforma de la política fiscal en la eurozona:¿hacia una mayor disciplina fiscal?
8.- Reseñas de libros
• Laberintos de la prosperidad (Arias, Xosé C. y Costas, Antón.)
• Reescribir las reglas de la economía europea (Stiglitz, Joseph)
• Escritos sobre principios del Derecho, división de poderes, libertad y Estado de derecho (Fernández Díaz, Andrés)
• Economía Española (Vallés Ferrer, José y Caldentey del Pozo, Pedro)
• ¿Qué es el desarrollo? Una revisión de las ideas y una propuesta centrada en las personas y su libertad (Legna Verna, Carlos)


Número 34 – 1

24 de diciembre de 2021

V Taller Internacional de Política Económica “Los agentes de la política económica en momentos críticos”. Valladolid, 27 de Mayo de 2022 (solicitud de trabajos)

Organiza: Unidad Docente de Política Económica. Departamento de Economía Aplicada.

Universidad de Valladolid

Lugar: Presencial (por concretar) y online

Presentación

 

  • Cómo participar:

El V Taller Internacional de Política Económica se celebrará en un doble formato: presencial y online.

  • Plazos y entregas:

El Taller contará con un grupo de ponencias invitadas que constituirán la estructura vertebral de la discusión. A estas se añadirán las comunicaciones (no será necesario enviar el texto completo) que sean ofertadas por iniciativa propia de investigadores y aceptadas por la organización. Se precisará el envío de un abstract de 1.500 palabras como máximo, con las especificaciones formales que se establezcan al efecto, antes del 28 de febrero de 2022. Su aceptación se comunicará antes del 30 de marzo de 2022, así como las áreas de trabajo y las mesas para su presentación y debate. Aquellas comunicaciones que hayan sido aceptadas enviarán una presentación PowerPoint en fichero pdf, antes del 15 de mayo de 2022, por el medio que establezca la organización.

  • Inscripciones para asistir al taller e información:

http://eventos.uva.es/go/VTIPE

moyano@eco.uva.es


Número 34 – 2

24 de diciembre de 2021

VI Encuentro de Política Económica Internacional: “Política Económica en el ámbito internacional y estudios de caso por países”. Valencia, 18 de Noviembre de 2021 (resumen de resultados)

Este año y ya desde el año pasado, la responsabilidad de la organización de este Encuentro ha sido acometida por Maja Barac y Margarita Rohr, ambas profesoras de Política Económica pertenecientes al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Tal como estaba previsto el VI Encuentro de Política Económica tuvo lugar según el programa previamente establecido. El objetivo del Encuentro era realizar un análisis comparado de las políticas económicas que se están aplicando en distintos países. Estos eran de diversos tipos para que quedasen más claras las diferencias entre las distintas intervenciones gubernamentales. Además, dados los tiempos en que vivimos, en los análisis presentados ocuparon un lugar destacado las políticas relacionadas con la crisis económica provocada por el COVID-19.

El evento se organizó en tres sesiones que se compusieron de tres intervenciones. Después de la presentación del evento y la congratulación de haberse organizado ya 6 ediciones de este tipo de Encuentro relacionado con política económica internacional, se pasó a la primera área de trabajo. Aquí se presentaron los casos de las políticas económicas diseñadas y ejecutadas en China, Corea y EE.UU. En la segunda sesión se abordaron los ejemplos de Botsuana, Suráfrica y Colombia. En la tercera se acometió la presentación de estudios sobre Brasil, Ecuador y México. En todos, los casos, y siguiendo los criterios del comité evaluador de los trabajos, se exigió que ésos y sus presentaciones siguieran un esquema fijado previamente para conseguir visualizar mejor la comparación entre políticas económicas. Por este motivo, todos los trabajos tuvieron tres partes esenciales. En concreto, problemas relevantes considerados por los correspondientes gobiernos, diseño de las políticas económicas (establecimiento de objetivos y especificación de medidas) y ejecución-resultados de las intervenciones estatales. Los resultados del Encuentro han resultado muy fructíferos y han supuesto la generación de un material original para avanzar en el estudio de la política económica internacional comparada. Algunos de estos trabajos serán publicados, en sus versiones actualizadas y reformadas siguiendo al menos los comentarios vertidos en el Encuentro, como parte de la futura edición del Anuario de Política Económica, que se encuentra en fase de edición.


Número 34 – 3

24 de diciembre de 2021

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.

Entre los artículos difundidos recientemente cabe destacar los relacionados con la inflación. Con cierta relación con este tipo de temas se encuentra el trabajo denominado el final del dinero gratis. Quizá uno de los trabajos más interesantes es el realizado por el Banco de España, sobre una política económica a largo plazo. También tienen relevancia por su actualidad el que se refiere a los alquileres en España o el relacionado con desempleo juvenil. Sobre cuestiones internacionales, destaca el análisis específico sobre la ruptura en las cadenas internacionales de valor y el que incluye una reflexión de largo alcance de Mazzucato acerca de un nuevo consenso mundial. En términos más teóricos se encuentra el trabajo de Skidelskiy sobre la crisis de la macroeconomía y otro que analiza las oportunidades en inteligencia artificial.


Número 34 – 4

24 de diciembre de 2021

Políticas económicas estructurales

(sección coordinada por Evangelina Aranda García, Departamento de Economía Política, Hacienda Pública, Estadística Económica y Empresarial y Política Económica, Universidad de Castilla-La Mancha y Víctor J Martín Cerdeño, Departamento Economía Aplicada, Pública y Política, Universidad Complutense de Madrid)

La economía circular y la política económica.

(por Luz Dary Ramírez Franco, Departamento de Economía Aplicada –Política Económica-, Universidad de Valencia)

 

La economía circular surge como una alternativa al modelo económico lineal, promoviendo un sistema de producción y consumo sostenible y fundamentado en la reducción del consumo de recursos naturales como materias primas. El modelo propone extender al máximo la vida útil de los productos, empleando los residuos de estos una vez se dejan de utilizar, es decir, propone que el producto, una vez cumpla su ciclo vital, se recicle como materia prima o sea reparado y reutilizado para otros usos. En otras palabras, convertir los residuos de nuevo en recursos, a la vez que minimizar el volumen de desechos. El gráfico adjunto aparece una representación de lo que expresa el modelo.

Como se observa en el gráfico, el modelo de economía circular propone emular el funcionamiento y mantenimiento de la naturaleza, es decir, producir bajo un sistema regenerativo.

El término economía circular aparece por primera vez en el libro de Pearce y Turner (1989) sobre Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. De hecho, el capítulo 2 del libro lleva por título «La economía circular», y, aunque hay trabajos previos relacionados con el análisis conocido como de la cuna a la cuna, el término como tal ha sido sociabilizado y globalizado por la Fundación Ellen McArthur y por la ONU a partir del año 2000. Por otro lado, a nivel empírico o de aplicación, la Comisión Europea aprobó en 2015 un plan de acción para impulsar la transición de Europa hacia la economía circular; en diciembre de 2019 se presentó el Pacto Verde Europeo y en marzo de 2020 se aprobó el nuevo plan de acción para la economía circular. Con ello, Europa toma las riendas de la aplicación del modelo, y no solo en su propia región, sino extendiéndolo a los países socios y beneficiarios de sus ayudas y apoyos.

La economía circular afecta tanto a los factores de producción como al papel de los agentes económicos, y, finalmente, a los bienes y servicios, incluyendo también su proceso de distribución. Por ello, es necesario que los analistas de política económica empecemos a preguntarnos cuáles han sido las medidas de política económica relacionadas y aplicadas desde 2015 hasta la actualidad con el objetivo de desarrollar el modelo. Es decir, es importante comenzar ya a explorar, recopilar y revisar las medidas de intervención que los Estados europeos han puesto en marcha con el fin de alcanzar los objetivos propuestos por el nuevo modelo económico. La revisión de la política económica facilitará el entendimiento del modelo para poder contribuir a la extensión de este.

La política económica es clave para el funcionamiento de la economía circular, en efecto, el modelo ha sido impulsado a través de la política fiscal pues los estados subsidian proyectos de producción verde y las nuevas tecnologías limpias. Además, los países líderes en la aplicación del modelo como por ejemplo los europeos propenden porque los Estados aumenten el gasto en proyectos I+D+i enfocados en nuevas metodologías de producción y consumo verde, tales como el ecodiseño y la reducción y reutilización de los recursos.

Finalmente, han sido los Estados los que han dictaminado las políticas que han conducido y facilitado la transición desde el modelo marrón hacia la economía circular. De hecho, en el Plan de Acción de la Unión Europea se hace énfasis en la necesidad de una supervisión de los avances de la transición de las economías en este sentido; la recopilación y el análisis de la política económica propuesta y aplicada para ello será parte determinante para el conocimiento y la evaluación del impacto y el avance del nuevo modelo. 


Número 34 – 5

24 de diciembre de 2021

Política económica y género

(sección coordinada por Lorenzo Escot Mangas y José Andrés Fernández Cornejo, profesores del Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política, Universidad Complutense de Madrid)

¿Podemos celebrar la igualdad en los cuidados? Una evaluación de políticas públicas

(Por Cristina Castellanos Serrano, Departamento de Economía Aplicada, Facultad de Ciencias económicas y Empresariales, UNED, ccastellanos@cee.uned.es. Investigadora colaboradora del Grupo de investigación UCM: Análisis de datos en estudios sociales, de género y políticas de igualdad)

Deberíamos estar celebrando que España es el primer país del mundo que ha conseguido permisos iguales para padres y madres, intransferibles y pagados al 100% en el mundo. Esto parece indicar que padres y madres van a poder cuidar de sus bebés por igual, ¿no es así? Esto parece indicar que padres y madres se van a ausentar de sus puestos de trabajo cuando nazca un bebé por el mismo tiempo o muy similar ¿no es así? Esto parece indicar que la penalización por maternidad que lleva tantos años como punta del iceberg de la discriminación laboral que sufren las mujeres tendería a desaparecer, ¿no es así?

Pues siento escribir que no es así. Señoras y señores, damas y caballeros, les damos la bienvenida a un espectáculo de magia en el que las cosas no son lo que parecen. Y esta es la segunda, por no decir la tercera parte, de la misma saga: la reforma de permisos parentales con igualdad formal pero no real.  ¿Es brujería o adivinanza hacer esta afirmación? No, se llama simple y llanamente evaluación de políticas públicas.

Hace nada menos que casi medio siglo, en un país en plena transformación social y legal, se apostó por individualizar todos los derechos y formas de relación del individuo con el Estado. Sin embargo, por primera vez en la historia de los estados de bienestar, se hizo transferible un derecho contributivo de la seguridad social. Sí, lo han adivinado: el permiso parental. Con solo decidirlo, el padre podía transmitir todo su permiso a la madre. Y pensaban que así iba a ocurrir. Y así ocurrió. 20 años después, decidieron que los padres deberían cuidar más tiempo a sus hijos. Y añadieron un mes al permiso, si los hombres no lo usaban, lo perdían. Y se empezó a usar de forma masiva. Curioso, que fuera novedoso que un derecho con prestación económica contributiva tuviera que ser disfrutado por la persona que genera dicho derecho. Este país era Suecia. Hoy los padres tienen 3 meses intransferibles, les llaman los meses del papá, porque el resto de forma mayoritaria se lo toman las madres.

¿A alguien le parece novedoso que no puedas ceder tu prestación por desempleo o tu baja por enfermedad? ¿Se consideraría innovador que el permiso por el fallecimiento de un padre o una madre se diera justo en el día que fallece el familiar y siguientes para poder ir al entierro y funeral? Pues esto es lo que querrán señalar como novedoso en un tiempo. Que cambien la ley actual y de pronto, los padres puedan coger el permiso de nacimiento y cuidado, o parte de él, cuando se necesita cuidar a un bebé. Es decir, en el tiempo que no está cubierto por el cuidado del otro progenitor.

Porque, damas y caballeros, en el espectáculo de magia que ha empezado el día 1 de enero del 2021, nos dicen que la reforma de los permisos es para conseguir la igualdad efectiva y, sin previo aviso, quitan el derecho a tomarse el permiso en las fechas que la persona trabajadora lo necesita para cuidar. Obligan al padre durante 6 semanas a tomarse el permiso a tiempo completo y a la vez que la madre nada más nacer el bebé, cuando puede que sea necesario o no. Pero una vez que la madre se reincorpora al trabajo después de su permiso, al menos supuestamente, se le quita el derecho al padre a que se tome su permiso a tiempo completo. Ahora, justo cuando los hombres se incorporan al cuidado de forma masiva, la legislación concede a la empresa el derecho de decidir si el permiso se tomará a tiempo completo o parcial y, por tanto, con esta fuerza, puede presionar a los padres a no usar el permiso en las fechas que necesitarían para el cuidado. ¿Cómo vas a cuidar a un bebé de 5 meses solo la mitad de la jornada? Ante esta posible situación, muchos hombres prefieren evitar esa negociación, y usar el permiso a la vez que la madre. Acaba de llegar un bebé a la familia y parece mucho más placentero estar dos personas cuidando que una, ¿no es así?  Se ahorran una posible negociación, e incluso enfrentamiento, con la empresa y visibilizar que cuando tienen que cuidar a su bebé, su rol de trabajador puede pasar a un segundo plano. Al fin y al cabo, en un mundo laboral altamente volátil y precarizado, ¿a quién le interesa que su empresa pueda imaginarse que son recursos totalmente prescindibles o sustituibles durante tres meses? ¿Reduce eso su valor? Sin embargo, si ese permiso lo toman a la vez que la madre, en muchas profesiones, esos padres podrán mantener el contacto con la empresa de alguna manera, y todos lo saben. Dos personas cuidando un bebé permiten algunos ratos, una sola no. Pues dadas las inercias actuales, los roles de género y la legislación que quita o dificulta el derecho al trabajador para una parte del permiso y para otra parte amplia obliga a estar ambos progenitores a la vez, lo más probable es que la mayoría social no extienda el cuidado con la equiparación de los permisos. Habrá una minoría que lo consiga, pero la gran parte de los hombres cuidarán a la vez que las madres y se reforzará el rol de “padre ayudante” en vez de padre corresponsable. Esto es lo que lleva denunciando la PPIINA desde marzo del 2019 (1) cuando se incluyeron estas trampas en la legislación y, desde antes cuando otras propuestas legislativas estaban encima de la mesa (2), y es lo que efectivamente ha ocurrido. Más del 75% de los padres han tomado todo su permiso por nacimiento a la vez que las madres, desde que entró en vigor la ley, según los datos proporcionados por la Seguridad Social (3).

Por cierto, a las madres también se les ha quitado o dificultado ese derecho, pero como prácticamente todas las mujeres usan el permiso seguido nada más nacer su bebé, y hasta la fecha tenían ese derecho, la inercia hace que esto, al menos por ahora, no se cuestione por las empresas. 

Pero, las madres ¿por qué no dicen nada? ¿Por qué las madres no presionan para que los padres usen las semanas de permiso que pueden después que ellas y no a la vez para alargar el tiempo de cuidado y poder volver a sus trabajos mientras sus bebés son cuidados por sus padres? Porque ellas también son conscientes de todo esto y viven en la misma cultura y con la misma legislación en la que resulta inconcebible que los hombres prioricen el cuidado al trabajo remunerado, incluso sin perder esta remuneración. Además, al fin y al cabo, ¿no es mejor que esté el padre que estar solas? Han mejorado, piensan muchas mujeres, ¿de qué podrían quejarse? Pues muchas de ellas, lo harán, con el tiempo. Porque sus parejas seguirán sin corresponsabilizarse de los cuidados, porque seguirán discriminadas en el mercado laboral, porque parece que sí en lo formal, pero lo sustancial y sistémico no ha cambiado.

En Suecia se limita el uso simultáneo del permiso por parte de padre y de madre a un mes, cuando disponen de seis meses y medio bien remunerados cada progenitor (2). En España se obliga a un uso simultáneo de mes y medio, la parte obligatoria del permiso, de los 4 meses. En Suecia se tiene derecho al uso a tiempo completo del permiso parental, como se tenía en España hasta marzo del 2019. En España hoy, ese derecho se difumina y no queda claro en la legislación. Se conocen bien las trampas para que los padres no se responsabilicen del cuidado por igual que las madres: que los permisos sean transferibles, que se fomente que ambos progenitores estén presentes, que se difumine la responsabilidad y el propósito del permiso… Quienes evaluamos políticas, llevamos muchos años analizándolo y explicándoselo a quienes hacen las leyes, los políticos.

Muchas personas dirán, poco a poco, se necesita tiempo para los cambios. Pero si estos cambios no los permite la ley o los dificulta para la gran mayoría, no se podrán dar de forma masiva, por mucho tiempo que pase. Siempre habrá casos que sí, empresas en las que no se coaccione a sus trabajadores, hombres que quieran cuidar y hagan todo lo posible por usar el tiempo para alargar el cuidado lo máximo posible, pero seguirán siendo una minoría, porque la ley ejemplariza. Algunas mujeres estudiaban cuando se les prohibía, pero obviamente no eran la mayoría. Algunas mujeres llegaban al Congreso a principios del siglo XX, pero eran la minoría. Los impedimentos legales, económicos y sociales entrelazados son muy complicados de subvertir de forma individual. Se necesitan muchos incentivos para compensar los enormes costes individuales del cambio. Sin embargo, los cambios colectivos suponen menos costes individuales y estos se hacen asumibles.  La misma idea aplica al cuidado y a los hombres. Y de ahí la importancia de la legislación, porque refleja lo socialmente aceptado y aceptable, lo sencillo, lo que no va a suponer muchos más costes que los normales en cada situación.

En Suecia, casi 50 años después de que se igualaran por ley los permisos parentales, menos del 20% de las parejas usan los permisos de tal forma que cada progenitor haya usado entre el 40 y 60% del tiempo de permiso parental en los dos primeros años. Todavía hay una parte importante de los permisos transferible y modificar esa ley está costando mucho aunque se considera uno de los tres puntos clave para acabar con la brecha salarial. Esto ocurre en uno de los países líderes en todos los rankings de igualdad de género (2).

España ha abierto la puerta a algo insólito, que un permiso para el cuidado no se pueda usar en las fechas y el modo que es necesario para el cuidado de un bebé, a tiempo completo y cuando no tiene otro progenitor cuidándolo. ¿Alguien pensaría en una baja de enfermedad cuando no estás enfermo, digamos, un mes después porque es cuando conviene, para no dejar cuestiones laborales prioritarias pospuestas? Además, el nacimiento de un hijo es algo que, dentro de unos márgenes, se prevé con tiempo y permite la organización con mayor facilidad que otros permisos.

Damas y caballeros, cuando dentro de algún tiempo nos digan que hay una novedad para conseguir la igualdad de género, que es una maravilla la reforma que permite tomarse una parte relativamente pequeña del permiso cuando el bebé lo necesita, es decir, según indique la persona trabajadora dentro de su primer año de vida, permítanme que no me entusiasme ni me sorprenda. Ese truco ya lo usaron hace muchos años. Que algo cambie, para que todo siga muy parecido. Un paso de hormiga en vez de un paso de gigante. ¿Por qué nos quejamos? Estamos avanzando. Dentro de dos o tres siglos, si no hay pasos atrás, quizá nuestras tataranietas solo cobren un 10% menos que los tataranietos, cuiden solo 2 horas más al día y las mujeres de su generación ocupen ya el 30% de los puestos de responsabilidad. ¿Qué más podrían querer? ¿Especulaciones de alguien poco positiva y optimista? No, damas y caballeros, son conclusiones bien fundamentadas de la evaluación de políticas públicas, eso que no están haciendo ni quienes administran nuestro presente y futuro desde el gobierno, ni quienes deberían ejercer de contrapoderes, llámense oposición, sindicatos, patronal o quienes quieran que sean los contrapoderes de un sistema que reproduce la desigualdad de género y no termina de incorporar a los hombres al cuidado en igualdad (4)(5).

Referencias

https://igualeseintransferibles.org/blog/grafico-carrera-de-obstaculos-hacia-la-corresponsabilidad/ 

(*) (Una versión de este artículo se publicó previamente en Público, en 2 de mayo 2021).


Número 34 – 6

24 de diciembre de 2021

Política económica Internacional

Una década de política económica en Brasil (2011-2021)

(por Juan Francisco Albert Moreno, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia)

Tras haber registrado un crecimiento económico excepcional a principios de este siglo, la economía brasileña empezó a mostrar signos de agotamiento en 2011. Brasil experimentó una década dorada a principios de siglo. Entre los años 2003-2009, el PIB nominal del país creció a un ritmo del 4,1 % de media anual y la tasa de desempleo formal pasó del 10,5% a finales de 2002, al 5,7 % en diciembre de 2010. Los factores que permitieron este crecimiento inusual fueron múltiples. Por un lado, las políticas económicas aplicadas por el expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva, permitieron al país disfrutar de uno años sostenidos de certidumbre y estabilidad económica. A modo de ejemplo, a lo largo de estos años Brasil fue capaz de devolver la totalidad de su deuda al Fondo Monetario Internacional, acumuló reservas de divisas, redujo su deuda pública, mantuvo las tasas de inflación bajo control y cumplió con sus compromisos en materia fiscal. Esas cifras dotaron al país de una gran confianza internacional y sus políticas fueron puestas de ejemplo en el continente y en el resto del mundo. La estabilidad internacional y el control de los agregados macroeconómicos también permitieron unos tipos de interés estables e históricamente bajos que impulsaban el consumo y la inversión. Por otro lado, el programa de ayudas públicas “Bolsa Familia” consiguió sacar a millones de personas de la pobreza extrema y redujo las desigualdades de forma notable. Se estima que más de 29 millones de brasileños salieron de la pobreza gracias a estas transferencias mensuales de aproximadamente 80 dólares. Las políticas redistributivas no supusieron solamente un éxito en términos sociales, sino que además floreció en el país una clase media inexistente hasta entonces que impulsó el consumo y la demanda interna. Finalmente, los vientos de cola también vinieron del sector exterior. El auge en el precio de las materias primas en la primera década del siglo, instigado entre otros factores por la mayor demanda de China – principal socio comercial de Brasil – supuso para Brasil un beneficio gigantesco y una entrada de divisas internacionales sin precedentes. Brasil es uno de los máximos exportadores mundiales de madera, mineral de hierro, estaño, productos petroquímicos o de productos agrícolas como la soja. El buen desempeño del comercio exterior permitió a su vez la financiación del gasto social mientras las cuentas públicas permanecían controladas. El éxito fue tal que a finales de 2009 la economía brasileña representaba el 40% del PIB total de América Latina y el Caribe, el 55% del PIB de Sudamérica y se había convertido en la quinta potencia mundial superando a países europeos como Italia, Francia y Reino Unido.

Sin embargo, todas las previsiones y expectativas del Brasil boyante que iba a albergar el Mundial de Futbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, se trucaron en la siguiente década. A partir del año 2011 la economía brasileña empezó a mostrar signos de agotamiento con tasas de crecimiento moderadas y en 2015 y 2016 el país se vio inmerso en una profunda crisis política, económica y social. A lo largo de esos dos años el PIB se contrajo en casi 7 puntos porcentuales. Brasil se convirtió así en el único país de los 44 analizados por la OCDE con dos años consecutivos de caída durante este periodo. La economía brasileña volvió a crecer a una tasa positiva en 2017 apoyada por la recuperación de la confianza de hogares y empresas, el mayor dinamismo de las exportaciones, especialmente de productos agrícolas, y unas condiciones económicas favorables a nivel global. Sin embargo, el crecimiento interanual cercano al 1,5% durante el periodo comprendido entre 2017 y 2019 fue bastante más débil de lo esperado e insuficiente para afrontar la gran crisis económica y sanitaria que todavía estaba por venir. Muchos analistas señalan que la última década ha sido más nociva en lo económico y social para Brasil que la recesión que golpeó al país en la década de 1980, conocida como la «década perdida».

La incertidumbre política junto a la corrupción y los problemas estructurales son los principales escollos por los que atraviesa la mayor economía de América Latina y los principales causantes de la recesión y la exigua recuperación. Si los años precedentes eran años de estabilidad macroeconómica y política, en la década posterior ha sido todo turbulencias. En estos 10 años, el país ha conformado 4 gobiernos de distintos colores y todos ellos han estados envueltos en escándalos de corrupción. La crisis económica que tuvo lugar durante los años 2015-16 precipitó una crisis política y social que afecta gravemente a la gobernabilidad del país y dificulta la toma de decisiones de calado que se necesitan para llevar a cabo las reformas estructurales necesarias. Los sonados casos de corrupción han sido una constante en los últimos años y han agitado más si cabe el panorama político y social.  Una corrupción institucionalizada que ha afectado de forma directa o indirecta a todos los presidentes de los últimos 18 años y sigue estando presente hoy en día. Tras los escándalos de los gobiernos de Lula da Silva, Dilma Roussef y Michel Temer, recientemente la fiscalía de Brasil denunciaba al hijo del actual presidente, el senador Flavio Bolsonaro, por una supuesta trama de blanqueo de fondos en la época en la que este era diputado del legislativo de Río de Janeiro. Asimismo, otro de los hijos del presidente, Carlos Bolsonaro, fue identificado por la policía Federal como uno de los cabecillas de la organización criminal para la difusión de noticias falsas.

Los factores exógenos también son relevantes para explicar la decadencia de la economía brasileña en los últimos años. Por un lado, Brasil se ha visto muy afectado por la caída del precio del petróleo. El precio del crudo sufrió un desplome cuando EE. UU. empezó a desarrollar sus propias explotaciones petrolíferas mediante la fractura hidráulica (fracking) y los países de la OPEP optaron por no reducir la cantidad producida. Con la transición energética que se lleva a cabo a nivel global y la mayor inversión en fuentes de energía más sostenibles y económicas, las ganancias derivadas del petróleo se prevén cada vez menores. Por otro lado, el cambio del modelo productivo en China, cada vez menos dependiente de sus exportaciones, y las sucesivas depreciaciones de su moneda, el Renminbi, ha impactado negativamente en el sector exterior brasileño. Finalmente, las tensiones políticas internas han minado la confianza internacional de Brasil conduciendo a una salida nada desdeñable de capitales y de inversión privada.

La crisis política y económica convive con una grave conflictividad social, en muchos casos derivada de los problemas políticos. Más recientemente, se ha intensificado el creciente malestar generado en muchos sectores de la población por las políticas sociales adoptadas por el actual gobierno del exmilitar, Bolsonaro. Las medidas y declaraciones del presidente ultraconservador han precipitado las revueltas sociales de muchos colectivos, tales como feministas, LGTB, estudiantes o tribus indígenas, los que protestan por la pérdida progresiva de sus derechos. A esto se ha añadido una oleada de críticas y manifestaciones por la gestión de la pandemia, especialmente en los momentos donde los contagios alcanzaban cifras récord. Asimismo, la pandemia ha exacerbado las desigualdades ya preocupantes en Brasil y se empieza a observar un repunte de la pobreza extrema. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Brasil es el séptimo país más desigual del mundo. Por si fuera poco, la pandemia ha podido incrementar la desigualdad de ingresos en un 20% según la Fundación Getulio Vargas. Los retos para las familias con menores ingresos son múltiples. Por un lado, muchos hogares vulnerables no tienen acceso a una atención sanitaria completa con el sistema público de salud desbordado. Esto supone que un mejor acceso y atención sanitaria en Brasil esta sesgado hacia aquellos sectores de la población con suficientes recursos. Por otra parte, se ha realizado un esfuerzo desde las distintas administraciones para mitigar las consecuencias financieras más inmediatas de las familias en los meses más duros de la pandemia. El aumento del desempleo y la caída de los ingresos laborales, especialmente entre los más pobres, ha producido que la potencial inclusión de millones de brasileños en la economía formal, garantizándoles el acceso a las protecciones sociales y a la movilidad económica, esté cada vez más lejos del objetivo. A la elevada desigualdad y pobreza hay que añadir la otra pandemia de delincuencia y violencia criminal que está azotando el país en los últimos años. La tasa anual de homicidios en 2017 fue de 31,6 muertes por cada 100.000 habitantes, triplicando la tasa que establece la Organización Mundial de la Salud como epidemia violenta.

Con este contexto, la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 sorprendió a Brasil en un momento delicado. La crisis sanitaria ha supuesto para Brasil un desafío sanitario y económico sin precedentes. A pesar de las reticencias de Gobierno Federal, muchas administraciones de carácter local y estatal pusieron en marcha distintas medidas de confinamiento y distanciamiento social con la intención de detener la propagación del virus. Como consecuencia de estas medidas y la incertidumbre generada por la pandemia, se generó una importante contracción tanto en la oferta como en la demanda interna. Asimismo, las medidas de aislamiento transfronterizas han tenido un fuerte impacto negativo en el sector exterior brasileño, especialmente en lo relativo a los productos manufacturados. En marzo de 2021, Brasil alcanzó su pico más alto de casos positivos por COVID-19 siendo uno de los países más golpeados por la pandemia. De acuerdo con el Banco Mundial, en el primer trimestre de 2021 Brasil era el segundo país del mundo con mayor número de casos confirmados por COVID-19 (12,7 millones) y de muertes (321.000, es decir, 149 por cada 100.000 habitantes). A finales de septiembre la cifra de fallecidos por este virus respiratorio se incrementaba hasta los 550.000 brasileños y, según datos del Fondo Monetario Internacional, la esperanza de vida media en el país se veía reducida en 1,3 años.

A pesar del drama sanitario y humano que está viviendo el país desde el inicio de la pandemia, las importantes medidas públicas de apoyo a empresas y hogares han permitido a la economía brasileña capear el temporal de forma razonable. Si bien es cierto que en el año 2020 la economía se contrajo en un 4,2%, si analizamos este dato en perspectiva comparada, observamos que el PIB real de Brasil disminuye menos que en la mayoría de las economías avanzadas y emergentes y se registra la menor contracción entre las principales economías latinoamericanas. Por ejemplo, en Argentina la caída del PIB fue del 9,9%, en Méjico del 8,5%, y en el promedio de los países de América Latina y el Caribe se registró un decrecimiento del 7,0%. En este sentido, cabe remarcar que la caída del consumo privado se ha visto amortiguada por el ambicioso paquete de transferencias públicas dirigidas a los hogares más vulnerables y al amplio grupo de trabajadores informales que subsiste en el país. Asimismo, se realizaron importantes medidas de apoyo a la liquidez y al capital de las empresas que garantizaron la resistencia del sistema financiero.

La pandemia ha agravado otro de los problemas que viene arrastrando Brasil en los últimos años: el deterioro de las cuentas públicas. En 2020, el déficit público se situó en cifras cercanas al 14% y la relación deuda pública/PIB alcanzó el 90%, un incremento sustancial de la deuda pública explicado por las medidas de apoyo a hogares y empresas, la depreciación de la moneda y una severa caída del PIB. Brasil lleva toda la década intentando controlar las cuentas públicas sin demasiado éxito. Sin una estructura eficiente de impuestos que aumente la recaudación, confiar solamente en la privatización de sus empresas públicas para contener los déficits públicos parece una quimera. 

Por último, hay que destacar que en Brasil persisten los problemas económicos asociados a una baja productividad y competitividad. La evolución de la productividad ha contribuido negativamente al crecimiento del PIB potencial desde el año 2013. El gran reto para Brasil consiste en abandonar el cortoplacismo que rige la lógica de unos ciclos políticos muy polarizados para implementar reformas duraderas. El bajo desempeño de la productividad está producido, en parte, por las deficientes infraestructuras, un sistema fiscal poco progresista y costoso, la escasa liberalización comercial o una reforma energética y educativa pendiente. Mención aparte merece la gestión ecológica del gobierno. Brasil alberga más del 60 por ciento de la selva amazónica y la legislación laxa en cuanto a las cuestiones relativas a la protección del medio ambiente está suponiendo problemas medioambientales importantes y una fuente de tensión en las relaciones diplomáticas internacionales. En este sentido, el incumplimiento de los compromisos climáticos por el gobierno de Bolsonaro impide el acuerdo de un nuevo tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y obstaculiza unas buenas relaciones bilaterales con la Administración Biden en EE.UU..

La política económica para el futuro más inmediato está marcada por las elecciones a la presidencia que se celebrarán en octubre de 2022, momento en el que el actual presidente aspira a la reelección. No obstante, las últimas encuestas de octubre de 2021 no le auguran un buen resultado. Por un lado, una investigación parlamentaria sobre su gestión de la pandemia y el reiterado negacionismo sigue cercenando la imagen pública de Bolsonaro y restándole apoyos parlamentarios. La comisión parlamentaria denuncia que el presidente incurrió en «crímenes contra la humanidad» con su negacionismo, agravando la incidencia de la enfermedad en el país. Por otra parte, el repunte de la inflación se ha convertido en una de las mayores críticas populares en lo referente a la gestión económica. Además, hay que añadir la inesperada vuelta a la escena política del expresidente, Lula da Silva. En marzo de 2021, un juez de la Corte Suprema anuló las dos condenas por corrupción del exmandatario y líder del Partido de los Trabajadores, tras pasar encarcelado 580 días. Esta sentencia le ha permitido recuperar sus derechos políticos y, aunque no ha confirmado con rotundidad si se va a presentar a las elecciones presidenciales, el consenso de las encuestas le sitúa como el máximo favorito. El más que probable duelo en los próximos comicios entre Bolsonaro y Lula da Silva podría acentuar todavía más el agitado clima de polarización instaurado desde hace tiempo en Brasil. La población brasileña se encuentra así en un momento clave que podría marcar el devenir de la próxima década.

 

 


Número 34 – 7

24 de diciembre de 2021

Pro et contra: Reforma de la política fiscal en la eurozona:¿hacia una mayor disciplina fiscal?

(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

Pro…

 

Por una mayor disciplina fiscal

(por Vicente J. Pallardó López, Investigador Senior Instituto de Economía Internacional, Profesor Departamento de Estructura Económica y Director Máster en Internacionalización Económica; Universidad de Valencia)

Introducción

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) fue establecido en Dublín, en el año 1996, como piedra angular de la nueva estructura de políticas macroeconómicas que debían contribuir al éxito de la que pronto sería Unión Económica y Monetaria (UEM), construida por un número creciente de países de la Unión Europea que decidió compartir una moneda única, el euro. En ausencia de la flexibilidad necesaria de mercados y productos, y/o de un único presupuesto federal de envergadura (al estilo del estadounidense) como mecanismos que reclama la Teoría de las Áreas Monetarias Óptimas para que una Unión Monetaria sea exitosa (en la medida en que permiten hacer frente a las crisis económicas, en especial las asimétricas), los países de la Eurozona optaron por un conjunto de reglas fiscales que permitieran compatibilizar la sostenibilidad de las finanzas públicas con la flexibilidad de las políticas fiscales, dotándolas de un perfil anticíclico escasamente practicado hasta ese momento en muchos de los futuros miembros del euro.

Un cuarto de siglo después, puede afirmarse que el PEC ha fracasado, incluyendo sus ajustes intermedios, en todas las dimensiones que pretendía garantizar. Pero, con niveles de deuda pública alcanzando máximos sin precedentes en tiempos de paz, existe una necesidad inequívoca de recuperar reglas fiscales que establezcan la disciplina fiscal y coadyuven a alcanzar esos objetivos que nunca cumplió el PEC.

Ciertamente, no procede volver a instaurar lo que ya ha fracasado, ni sustituirlo por presuntas soluciones tan amantes de la “flexibilidad” que parecen revelar un deseo de que no haya disciplina alguna, por no hablar de otras consistentes en engañar a los agentes económicos. Con toda la devastación que ha generado, el SARS-CoV-2 (o virus generador de la pandemia COVID-19) nos ofrece un punto de partida para impulsar una verdadera política fiscal anticíclica, reforzar y dar continuidad a mecanismos nacidos a raíz de la pandemia y profundizar, con ello, en la E de la Unión Económica y Monetaria, evitando una peligrosa sobreutilización de la M como la que se viene produciendo en los últimos años.

A reflexionar sobre todo ello dedicamos el resto de este texto.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Su justificación

El crecimiento económico occidental de las últimas tres décadas largas ha estado sostenido por un creciente endeudamiento, tanto privado como público, validado de manera cada vez más intensa por una política monetaria asimétrica (mucho más rápida y enérgica en respuesta a las flexiones a la baja del ciclo que a los momentos de exuberancia) y una política fiscal mucho más propensa a la expansión que a la contracción, ignorando lo que debería ser su esfuerzo de compensación del ciclo. Los debates de a quién ha beneficiado y a quién perjudicado este modelo de crecimiento, de si hay forma de recuperar un crecimiento más equilibrado, apoyado en los avances de la productividad y no en los de la deuda (o si el destino de Occidente es el estancamiento secular), o de las implicaciones no económicas de todo lo anterior son apasionantes, pero se alejan del objetivo de este ensayo.

Sin embargo, para los impulsores de la UEM en los países centrales de Europa, observadores de la tendencia señalada en las políticas macroeconómicas (aún incipiente en aquel entonces), un proceso de integración que les uniría de manera permanente a otros Estados “menos rigurosos” en la persecución de la estabilidad macroeconómica, requería de ciertas garantías. Ciertamente, un Banco Central Independiente construido sobre el modelo del Bundesbank, con un objetivo prioritario de estabilidad de precios y un pilar exclusivamente monetario, más la cláusula de “no rescate” en caso de problemas de sostenibilidad financiero-fiscal de un socio por parte del resto ejercían (en principio) como tales garantías. Pero en la nueva estructura de la UEM, la política fiscal quedaba en manos de los gobiernos nacionales. Era necesario establecer límites a los mismos si querían evitarse efectos de contagio ante potenciales conductas irresponsables que, así se entendía, provendrían de los famosos PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain).

El PEC desempeñaría esa función. Reglas fiscales combinadas con valores más bien arbitrarios pero sensatos de ciertas variables fiscales críticas (3% y 60% de déficit y deuda públicos, respectivamente) permitirían cumplir varios objetivos: conferir sostenibilidad a las finanzas públicas incluso ante cambios estructurales de importancia (envejecimiento demográfico); dotar de perfil claramente anticíclico a unas políticas fiscales que no lo eran, generando colchones en los momentos de expansión que permitirían acciones de estímulo que, junto a los márgenes establecidos en el PEC, supondrían una respuesta fiscal importante en fases de recesión; y reducir el incentivo a un endeudamiento excesivo que se deriva de la integración en una Unión Monetaria con países más creíbles. El incumplimiento de lo pactado supondría sanciones económicas para los Gobiernos “culpables”, que serían también penalizados por sus propios votantes, conscientes del daño que la irresponsabilidad fiscal causaría a su propia economía y a la de la Eurozona en general. Técnicamente, razonable. ¿Creíble? En absoluto.

Desde luego, por brillante que fuera la nueva arquitectura cambiaria, monetaria y fiscal de la Eurozona (que no lo era, en especial por la ausencia de un Presupuesto Federal de envergadura, capaz de sostener los objetivos comunes de la UEM y atajar episodios de crisis), resultaba de un optimismo heroico creer que once (inicialmente, hasta 19 en la actualidad) países con características estructurales sustancialmente dispares, en momentos distintos del ciclo y con Gobiernos, en general, poco dados a realizar las reformas de calado necesarias para modernizar sus economías (no solo, aunque sí principalmente, en los países del Mediterráneo) iban a poder hacer frente a situaciones de tensión en las fases difíciles del ciclo. Pero a esa “enmienda a la totalidad”, habrá que sumar toda una serie de factores más específicos que convirtieron el PEC en papel mojado.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Su fracaso

Pocos defensores encuentran el PEC en la actualidad, y la mayoría de los críticos, al menos en la periferia de la Eurozona, apuntan a las presuntas rigideces del Pacto y sus reglas, que habrían impedido el crecimiento y la respuesta adecuada a las crisis de las pasadas dos décadas. Claro, que encontrar algún número que avale esa opinión es complicado. Más bien nos hallamos ante lo contrario. Como revela el gráfico adjunto, el saldo presupuestario estructural (es decir, excluyendo el impacto del ciclo económico sobre las cuentas públicas) en el conjunto de la Eurozona ha sido superavitario en exactamente ¡ninguno! de los 25 años transcurridos desde la firma del PEC (mismo resultado para España, incluso aunque ese cuarto de siglo incluye el mayor ciclo expansivo desde el inicio del actual período democrático), y ello pese a que Alemania, con el mayor peso ponderado en la zona, consiguió números positivos a lo largo de los ocho años previos a la pandemia COVID-19. Este déficit estructural perenne no es una norma en Occidente. Revisando el mismo período para otras economías desarrolladas de mediano o pequeño tamaño, como son las de la Eurozona, los ejercicios con superávit público estructural son frecuentes en esos 25 años tanto en Australia (11 de esos años), Canadá (13), Corea del Sur (24), Dinamarca (11), Islandia (9), Nueva Zelanda (19), Suecia (10) o Suiza (12)[1].

A esta carencia de disciplina fiscal debe añadirse que, desde el principio, se ignoraron los referidos límites establecidos en el propio PEC para ciertas variables fiscales, así como los mecanismos de sanción por incumplimiento. Italia, Bélgica y Grecia se incorporaron al euro con niveles de deuda pública muy superiores al 60% del PIB, y el artificio de que estaban convergiendo hacia ese nivel (jamás se han aproximado al mismo) resultaba poco más que una broma de mal gusto. En cuanto a la contabilidad creativa para cumplir con el límite del 3% de déficit público, existió desde el principio (Italia antes de 1999), alcanzando su clímax con la aceptación de que Grecia se movía en el margen establecido, cuando su déficit público real, en la fase expansiva del ciclo tras su entrada en el euro (2001 a 2007), osciló entre el 5.5 y el 9 % del PIB. Pero, claro está, estando Alemania (2001-2004) y Francia (2002-2004) entre los incumplidores reiterados, el mecanismo de sanción previsto (que, por cierto, sí se había iniciado contra Portugal) se suspendió por parte de la Comisión Europea, bajo presión del Consejo Europeo (los incumplidores se perdonaban a sí mismos), para reformar el PEC y hacerlo, esa es la realidad, simplemente más fácil de cumplir, mediante el establecimiento de excepciones (“circunstancias excepcionales”, “otros factores relevantes”) que no mejoraron el comportamiento fiscal de los socios de la Eurozona, más allá de la responsabilidad de cada Gobierno nacional que, obviamente, difería según los países y los momentos.

Por tanto, el problema no se encuentra en la inflexibilidad y/o la dureza de las reglas, sino en el incumplimiento de todos y cada uno de los principios establecidos en el PEC en los momentos álgidos o intermedios del ciclo, lo que, inevitablemente, conllevaba una disposición extremadamente débil de las finanzas públicas de muchos países de la Eurozona ante una potencial crisis grave. Aun podría añadirse que, si el mecanismo explícito de sanciones fue suspendido, el implícito, es decir, la penalización de los votantes a los Gobiernos que no respetasen su compromiso de una política fiscal sostenible y anticíclica, no puede siquiera considerarse en la mayor parte de los países, en los que nunca ha existido una pedagogía sobre la necesidad de los equilibrios fiscales y dónde, en todo caso, si algo se tuerce, es recurrente la excusa de que la culpa es de Bruselas (o Frankfurt). 

En este escenario, cuando estalló La Gran Recesión en 2008, la debacle era inevitable. De manera pertinente, se dejó actuar a los estabilizadores automáticos y se articularon medidas expansivas ad hoc, excediendo cualquier límite de déficit, hasta que, con origen en Grecia, toda la periferia de la Eurozona se vio privada de financiación a un coste razonable por la carencia absoluta de confianza en la capacidad de los Gobiernos nacionales (ausente el margen fiscal que deberían haber generado en la expansión previa) para parar la crisis, así como por el cambio en la valoración de los inversores sobre la cláusula de “no rescate” (de “esto no se lo cree nadie” a “vaya, van a dejar caer a Grecia, y quién sabe si a alguien más”). Ello obligó a aplicar medidas procíclicas (es decir, restrictivas), que agravaron la crisis en la periferia de la Eurozona, en especial al combinarse con el “cierre del crédito” al sector privado directamente derivado de la crisis financiera.

La Gran Recesión, por tanto, desarticuló definitivamente el PEC y dio pasó a su sustitución por un marco fiscal (extendido a toda la Unión Europea, con excepción de Reino Unido y la República Checa) apoyado en el conocido como Fiscal Compact[2] (marzo de 2012). En esencia, se trataba de una versión mejorada (se suponía) del PEC original y su reforma, con mayor peso concedido a la evolución de la deuda pública y el saldo estructural (ideas correctas), mayor automatismo en los mecanismos de ajuste y de sanción (tan poco creíbles como los anteriores, al tener que pasar de nuevo por el Consejo Europeo) y la obligación de que los límites y mecanismos del Fiscal Compact se incorporasen a la legislación nacional. Esta sorprendente exigencia (¿firmar un acuerdo internacional con los socios más cercanos no es compromiso suficiente para los gobernantes europeos?) dio lugar a ese peregrino episodio en España de realizar una reforma constitucional en el sentido indicado en pleno mes de agosto, como si la disciplina fiscal fuera un principio perverso en lugar de una necesidad para garantizar el papel estabilizador y contracíclico de la política fiscal.

Aunque la Comisión Europea indicó que los límites del PEC debían regir de nuevo desde 2013, la realidad económica hizo que la fecha se fuera posponiendo, y la combinación del nuevo ciclo expansivo y la adquisición masiva de deuda pública por parte del BCE desde marzo de 2015, ya no como respuesta de emergencia a la crisis (en marcha desde 2011 y esencial para la supervivencia de la Eurozona), sino como máxima expresión de la nueva política monetaria no convencional al alcanzarse el nivel cero de tipo de interés, hizo que la restricción fiscal en la Eurozona se olvidase. Eso sí, el déficit estructural ha seguido acompañando a buena parte de los países, entre ellos España, en esta etapa (cierto que, en promedio, no para el caso español, dentro del generoso margen concedido, sobre todo pensando en la fase expansiva del ciclo, por el Fiscal Compact).

Y he aquí que la COVID-19 terminó por provocar la suspensión del PEC/Fiscal Compact (en principio, entre 2020 y 2023), además de intensificar las compras de deuda pública por parte del BCE, reduciendo su coste prácticamente a la nada, a pesar de los niveles sumamente elevados alcanzados por la deuda (ver de nuevo el gráfico adjunto). Es un momento ideal para, desde este singular nuevo punto de partida, repensar el marco fiscal europeo, con las enseñanzas derivadas de todo lo anterior y aprovechando algunas de las actuaciones que se han desarrollado en respuesta a la pandemia.

El nuevo marco fiscal europeo. Por dónde no ir

En opinión del autor, existen dos vías preocupantes[3], que desde luego no consideran muy necesaria la disciplina fiscal, para enmendar el contexto en el que deben moverse los países de la Eurozona en este ámbito. La primera, asumiendo que el problema no está en el flujo (déficit) sino en el stock (deuda), principio cierto, consiste en recuperar la vieja práctica histórica de permitir que la inflación vaya deteriorando el valor real de la deuda[4]. Con una inflación media incorporada al coste de los bonos que oscila alrededor del 3% para el conjunto de la Eurozona (menor en los países centrales que en los periféricos), dejar que los precios se “escapen” hasta crecimientos anuales del 4-5% haría el trabajo. Esta “inflación no esperada”, no obstante, supondría un engaño para los ciudadanos, especialmente los ahorradores (ya penalizados seriamente con el tipo de interés de referencia cero que mantiene desde hace casi una década el BCE y su efecto de arrastre sobre el resto de los tipos de la economía) y los inversores. Por supuesto, en el porcentaje de la deuda indiciada a la inflación no habría mejoría alguna y en emisiones futuras los tipos exigidos se elevarían, encareciendo el coste de la nueva financiación. Pero lo peor es que un desanclaje de las expectativas de inflación derivado de esta línea de actuación, podría conducir a una espiral que llevase a un crecimiento de precios muy superior al indicado…o a un endurecimiento súbito de la política monetaria que generaría una nueva recesión.

La otra alternativa postula excluir del cómputo de los gastos/inversiones a considerar a efectos del déficit público en términos de las reglas fiscales aquéllos/as que se estima se dedican a “partidas de especial interés”. Más flexibilidad, se denomina. En realidad, esta es una vía ya abierta, hasta cierto punto, por la Reforma del PEC de 2005 y por el Fiscal Compact. Claro, cómo no excluir de la restricción fiscal el esfuerzo realizado en infraestructuras físicas y tecnológicas, o en transición verde, o en capital humano, o en apoyo a las PYMEs, o en políticas de género, o en previsión del incremento del coste de las pensiones, o en seguridad interna, en especial en la lucha contra el terrorismo yihadista, o en la defensa europea (incluyendo los submarinos necesarios para protegerse contra un socio de la OTAN), o en la gestión de la inmigración, o en reducir la pobreza, o en la ayuda al mundo en desarrollo, o en combatir el ciberterrorismo, o en un nuevo sistema de prevención y lucha contra epidemias/pandemias, o en… Si el lector se esfuerza (no mucho), aún encontrará más de estas “partidas de especial interés” en los discursos de ciertos políticos, expertos y grupos de interés. Y, como cada Gobierno puede considerar más relevantes unos u otros de los objetivos anteriormente citados, esta alternativa termina con una regla fiscal singular, en la que cada cual gasta en lo que le parece y excluye lo que estima oportuno. Eso sí, casi seguro que podrían obtenerse posiciones de superávit “computables” por esta vía. ¿Caricatura? Sí, pero no mucho. El problema es que, incorporados al déficit o no, esos gastos generan deuda, agravando un desequilibrio fiscal ya difícilmente manejable hasta límites extremos[5].

El nuevo marco fiscal europeo. Una propuesta

Pasemos ahora a una propuesta de un nuevo marco fiscal para la UEM, en el que se recuperan reglas en busca de una política fiscal estabilizadora y anticíclica en cada uno de los países del euro, que son reforzadas por mecanismos de sanción creíbles, y apoyadas en su efecto sobre el crecimiento por actuaciones supranacionales. Esa propuesta puede sintetizarse en los siguientes cinco elementos:

I.- La pandemia ha generado un fuerte incremento, inevitable y justificado, en el nivel de deuda pública de todos los países de la Eurozona. Ese aumento, entre 2019 y 2022, de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, rondará los 15 puntos del PIB de la Eurozona, con un máximo de 21 puntos en el caso de España. El Banco Central Europeo habrá adquirido (programa PEPP[6]) deuda pública por un volumen superior al del total de la deuda emitida por los países miembros en el período y, con semejante demandante, los tipos de interés de colocación de ese endeudamiento han sido apenas superiores a cero (cuando no negativos). Toda esa deuda, igualando el importe de cada país a, por ejemplo, el 20% de los PIB respectivos (gracias a las compras realizadas con anterioridad por el BCE mediante su “expansión cuantitativa” existe margen para ello) debería convertirse en perpetua al tipo de interés de emisión (o nulo para las emisiones con tipos negativos) y quedar de manera permanente en manos del BCE[7]. De esa manera, se ofrecería un cierto alivio en el punto de partida del nuevo marco fiscal, se daría el tratamiento adecuado a la deuda provocada por un factor exógeno e imprevisible y, como en breve veremos, se podría establecer un mecanismo de sanción automático sobre los incumplidores.

II.- El nuevo objetivo de saldo presupuestario anual se fijaría en términos estructurales, con una banda estrecha, variable según el ritmo de crecimiento económico efectivo del país (considerando más escenarios que la dicotomía recesión o no recesión). Ninguna partida presupuestaria quedaría excluida del cómputo de gastos públicos para evaluar el cumplimiento o no del objetivo.

III.- El nivel objetivo de deuda pública se mantendría en el 60% del PIB, pero la exigencia de reducir la brecha (para los países con niveles superiores – 12 de los 19 de la Eurozona en la actualidad) a un ritmo mínimo del 5% anual (eliminándola en 20 años), establecida en el Fiscal Compact, se reduciría. Con todo, el conjunto de la propuesta aquí presentada debería permitir cumplir incluso con el ritmo actualmente fijado.

IV.- La Eurozona, aunque el óptimo y más factible escenario es que este punto fuese aplicado al conjunto de la Unión Europea, daría continuidad al programa (de respuesta a la pandemia) Next Generation European Union. Los fondos se destinarían íntegramente a los objetivos definidos a escala supranacional (por la Comisión Europea), que podríamos resumir en un crecimiento más sostenible en términos económicos y medioambientales, la transformación digital, la mejora del posicionamiento europeo en los sectores de vanguardia, todo ello con especial atención al capital humano y las PYMEs. Como se ha demostrado con la primera emisión en los mercados de capital internacionales (12 de octubre de 2021) de los “bonos Next Generation (NG)”, la UE puede colocar deuda sin el menor problema a tipos muy favorables. La financiación futura de esos programas provendría de la “imposición verde”, realizada a escala europea, y los fondos se distribuirían entre los socios en función de la calidad y cantidad de proyectos presentados, con prioridad a los de carácter transnacional.

V.- Todo lo anterior supone un compromiso de cumplimiento de los países integrantes del euro. Para garantizarlo, debieran articularse uno (o ambos) de los dos mecanismos de sanción siguientes:

1.- El coste de la deuda pública en manos del BCE convertida en perpetua pasaría del tipo de interés de emisión (muy bajo en todos los casos) a un tipo penalizador, de no menos del 5%, durante el período de incumplimiento. Se trataría de un mecanismo absolutamente automático. Los ingresos así obtenidos serían transferidos por el BCE para reforzar el nuevo y continuo NG, en beneficio de los socios cumplidores.

2.- El país incumplidor quedaría excluido de los fondos NG mientras persistiese en quebrar las reglas establecidas. De manera crucial, la ejecución de esta decisión quedaría en exclusiva en manos de la Comisión Europea. Nótese que la justicia europea acaba de avalar la decisión de la CE de retener los fondos del NG asignados a Polonia por incumplimiento de los valores de la UE. Podría aplicarse el mismo principio.

Se consideraría que un país está violando su responsabilidad fiscal en caso de romper el criterio de déficit estructural (punto I) y no corregirlo el año siguiente o de quebrar el criterio de deuda (nivel o convergencia hacia el mismo, punto II) en el promedio del último trienio y no enmendarlo el año posterior.

Evidentemente, una transformación del marco fiscal de la Eurozona de esta magnitud requeriría la aprobación de Comisión, Consejo y Parlamento europeos, además de los parlamentos nacionales de los países socios. Pero, una vez firmado el acuerdo correspondiente, la responsabilidad sobre el mismo debería asignarse a la Comisión Europea, evitando dilaciones e interferencias indebidas de los Gobiernos nacionales.

Reflexión final

La arquitectura fiscal de la Unión Económica y Monetaria, construida entorno al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ha resultado un fracaso, más ligado a la carencia de responsabilidad fiscal de buena parte de los Gobiernos de la Eurozona que a las deficiencias (que también las ha tenido) de ese marco fiscal.

En este ensayo se ha alegado que soluciones basadas en una mayor inflación o la exclusión de partidas de gasto público del cómputo para las reglas fiscales conducirían a un deterioro adicional de la situación fiscal europea (y de la confianza entre los miembros de la zona euro). A continuación, se ha presentado una propuesta de cómo delinear un nuevo marco fiscal para, a partir de la situación en la que nos ha dejado la pandemia COVID 19 y los mecanismos empleados para responder a la misma en el plano económico, impulsar una verdadera política fiscal anticíclica, a la par que se refuerzan los objetivos estructurales relativos al crecimiento económico a escala europea.

 

 

…Et contra

 

Aprender de la experiencia: un nuevo marco fiscal para el futuro o vuelta a la austeridad

(por Jorge Uxó, Universidad de Castilla – La Mancha)

 

La creación hace 30 años de la unión monetaria, caracterizada por la coexistencia de una política monetaria centralizada y el mantenimiento en la esfera nacional de las competencias de política fiscal, provocó la demanda de un conjunto de “reglas fiscales” que evitasen que las políticas fiscales aplicadas en algunos países pudieran tener efectos negativos sobre el resto de Estados miembros o sobre la política monetaria común.

Desde el principio, esto se interpretó en un sentido unidireccional: se pensó que lo que se necesitaba era “disciplina fiscal” y poco más. Dos argumentos explicaban (erróneamente, como comprobaríamos dolorosamente después) este planteamiento.

En primer lugar, todos los temores se centraron en la externalidad negativa que podría producirse si algunos países practicasen políticas fiscales demasiado expansivas, incurriendo en déficits o niveles de deuda elevados. Esto podría dificultar la actuación del BCE para controlar la inflación o trasladar al resto de países el “riesgo de insolvencia”. Por ello, en el Tratado de Maastricht incluyó el principio político de “evitar déficits excesivos” -que se concretó a su vez en los límites de un déficit del 3% del PIB y una deuda del 60% del PIB- y se establecieron dos cortafuegos: la cláusula de “no rescate” y la prohibición de financiación monetaria de la deuda pública. Se olvidó, sin embargo, que las políticas fiscales de los países también afectan al crecimiento del resto y a la evolución de la inflación del conjunto de la eurozona a través de otra vía: los desbordamientos de demanda. Lo comprobó el BCE tras la Gran Recesión, cuando había agotado su capacidad para estimular la economía mediante bajadas del tipo de interés, se mantenían los riesgos de deflación y el marco fiscal no promovía la orientación más expansiva de la política fiscal que se necesitaba, sino al contrario.

En segundo lugar, se partió de un marco teórico en el que se asignaba a la política fiscal un papel muy secundario, si no irrelevante. Según este marco, el crecimiento potencial de la economía y la tasa de paro de equilibrio (NAIRU) están determinados fundamentalmente por factores por el lado de la oferta. Aquellos países que se enfrentan a tasas de crecimiento insuficientes o tasas de paro elevadas deben aplicar, en consecuencia, reformas estructurales, no políticas de demanda. De hecho, aunque estas no tienen la capacidad para mejorar el crecimiento a medio plazo, sí pueden resultar contraproducentes si provocan tensiones inflacionistas o problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas. La estabilidad presupuestaria -se decía- es la mejor contribución que puede hacer la política fiscal para asegurar un crecimiento elevado.

¿Y qué hay de la estabilización cíclica? También aquí el papel principal correspondía a las reformas estructurales, que debían potenciar la “flexibilidad” de precios y salarios (léase devaluación salarial) para favorecer el ajuste de las economías a las posibles perturbaciones que pudieran experimentar. La vuelta a la tasa de crecimiento potencial debía asegurarse por un correcto funcionamiento de los “mecanismos de mercado” y no por un peligroso activismo fiscal. En todo caso, la política monetaria podría contribuir a la estabilidad cíclica mediante las variaciones del tipo de interés y debería permitirse la actuación de los estabilizadores fiscales automáticos, siempre que no se superase la barrera del 3% de déficit y el presupuesto permaneciese equilibrado en términos estructurales.

Esta visión teórica del funcionamiento de la economía y del papel de la política fiscal ha quedado, sin embargo, completamente desacreditada por la experiencia de las dos crisis que hemos sufrido en los últimos 15 años (la Gran Recesión y la COVID) abriendo la posibilidad de que se consolide un nuevo consenso sobre la política económica que necesitamos en los próximos años.

La estrategia de la “austeridad expansiva” intentada en 2011-2013 fue un fracaso

 

[8]. La prioridad absoluta concedida a la reducción de la deuda pública mediante programas de recortes provocó daños económicos y sociales tanto a corto plazo (una segunda recesión, aumentos del paro) como a medio plazo. No solo los multiplicadores resultaron ser claramente más altos de lo previsto, sino que los efectos de histéresis también redujeron el crecimiento potencial, contradiciendo su supuesta independencia respecto al comportamiento de la demanda. A estos efectos restrictivos de la austeridad fiscal se sumó, no hay que olvidarlo, la devaluación salarial. Pero esta estrategia ni siquiera obtuvo los resultados previstos en términos de sostenibilidad de las finanzas públicas (debido a la recesión provocada por los recortes fiscales y salariales, la ratio deuda/PIB aumentó en vez de reducirse).

La experiencia muestra también que los periodos de consolidación fiscal suelen implicar fuertes recortes en la inversión pública (así fue claramente en 2011-2013). Sin embargo, hoy existe una amplia consciencia de que la adaptación de las economías europeas al cambio climático y a la digitalización requiere aumentos sustanciales de la inversión pública. Su rentabilidad social, además, es muy superior al coste de financiarlas, por la bajada de los tipos de interés.

Otro factor determinante en este cambio de visión sobre el papel de la política fiscal es, precisamente, la reducción tendencial en los tipos de interés, que viene produciéndose incluso desde antes de la Gran Recesión. Esto es el reflejo de un periodo de “estancamiento secular” de la demanda privada, que debe ser compensado por políticas públicas para mantener niveles adecuados de empleo. Sin embargo, este necesario impulso para garantizar un crecimiento suficiente no puede venir de la política monetaria, precisamente porque los tipos han alcanzado su límite inferior. Por el contrario, la bajada de los tipos favorece la posibilidad de utilizar las políticas fiscales, ya que reduce el coste de la deuda (en España, el porcentaje de deuda sobre el PIB ha pasado en los últimos 25 años del 60% al 120%, pero el coste por el pago de intereses ha bajado del 5% al 2%) y permite que el necesario déficit estructural y niveles mayores de deuda sean sostenibles. Dicho de otra forma: la bajada de los tipos de interés hace más necesaria la política fiscal y a la vez la hace más posible, reduciendo el coste de aumentar la deuda y cuestionando la urgencia de reducir los niveles actuales de endeudamiento[9].

Esta utilidad de la política fiscal se ha reivindicado tanto en el periodo de recuperación de la anterior crisis (que acabó siendo impulsada precisamente por el abandono de las políticas de austeridad) como, sobre todo, durante la pandemia. En 2020 y 2021 los gobiernos han desplegado un amplio abanico de medidas para sostener los ingresos y proteger el empleo y el tejido productivo, evitando el cierre de empresas. Estas políticas han supuesto aumentos del déficit y de la deuda pública, pero hay un consenso generalizado en que han sido medidas necesarias y beneficiosas para enfrentarse a las consecuencias de la pandemia.

También ha cambiado, finalmente, la visión que se tenía respecto al papel del BCE. Sigue manteniéndose formalmente que el banco central no puede financiar a los tesoros nacionales y que su objetivo prioritario es garantizar la estabilidad de precios con total independencia. Sin embargo, desde que en 2012 anunciara su intención de intervenir en los mercados de deuda para evitar la crisis del euro y en 2014 anunciara el inicio de los programas masivos de compra de deuda pública en los mercados secundarios (reforzada durante la pandemia) está desempeñando un papel implícito de “prestamista en última instancia” de los gobiernos. Esto ha sido fundamental para asegurar la financiación pública en condiciones adecuadas y ha evitado en la pandemia que subieran las primas de riesgo. Si el banco central no puede estimular la demanda mediante el tipo de interés, al menos sí debe asegurar las condiciones favorables para que se despliegue sin problemas el instrumento que sí puede -la política fiscal-.

Reivindicar un papel más activo de la política fiscal no significa despreciar la importancia de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero sí podemos ofrecer distintas razones para afirmar que las reglas actuales ni permiten el despliegue de la política fiscal que necesitan las economías europeas ni, paradójicamente, garantizan esta sostenibilidad.

Los límites numéricos establecidos en el Tratado de Maastricht para el déficit y la deuda (3% – 60%) no tienen justificación teórica: se derivan simplemente de la situación que se registraba como media en ese momento[10], ¡y llevan tres décadas condicionado nuestra política económica! Hoy se reconoce además que la sostenibilidad de la deuda depende de distintos factores (especialmente, la relación entre tasa de crecimiento y tipo de interés) y que no existe un límite de deuda válido para todos los momentos y todos los países; es necesario tener en cuenta las circunstancias de cada caso[11].

En el contexto actual, con el coste de la deuda en mínimos históricos (el tipo de interés medio de las nuevas emisiones de deuda española en 2021 ha sido del -0,02%), el déficit de inversión pública que padecemos después de un largo periodo de recortes y la necesidad de adaptar nuestras economías a la transición ecológica y digital, la prioridad no puede ser reducir la deuda hasta un nivel establecido de forma puramente arbitraria hace 30 años.

Más aún. Si a partir de 2023, cuando previsiblemente deje de estar vigente la “cláusula de escape” que ha suspendido la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento desde el inicio de la pandemia, se aplicasen estos límites y se pretendiese reducir la deuda hasta el 60% en los 20 años que establece el Pacto mediante la receta tradicional (recortes del gasto público) el resultado sería desastroso. Lo sabemos, porque ya lo intentamos. Esta vuelta a la austeridad abocaría a las economías europeas a una nueva recesión que, además, como ocurrió en 2011-2013, acabaría aumentando la propia ratio deuda/PIB, en vez de reducirla, provocando la “insostenibilidad” que se quiere evitar. Lo que garantiza hoy la sostenibilidad de las finanzas públicas, e incluso la reducción de la ratio deuda/PIB, es más bien la aplicación de políticas fiscales que aseguren un crecimiento suficiente en los próximos años.

Algunos economistas[12] han propuesto recientemente una adaptación pragmática a esta situación: subir el umbral de deuda desde el 60% hasta el 100% (nuevamente, la media de la zona euro en estos momentos). Pero no es una cuestión del número escogido, sino de lo inadecuado de este tipo de reglas en las que se utilizan referencias numéricas fijas y comunes para todos los países. Este modelo no ha funcionado ni puede hacerlo, porque la política económica requiere capacidad de adaptación a los cambios en el contexto.

Las reglas establecen también la obligación de mantener el “equilibrio estructural” de sus cuentas públicas. Esto es problemático, por dos razones. Nuevamente, nos encontramos ante una restricción autoimpuesta sin ninguna justificación teórica[13]. En un contexto de estancamiento secular de la demanda y con tipos de interés ya próximos a su límite inferior, el déficit estructural puede ser necesario para garantizar que la economía no cae en una espiral de estancamiento y deflación. Y este déficit puede ser perfectamente financiable: lo demuestra la propia experiencia europea (entre 1995 y 2007, el déficit medio de la UE-15 fue próximo al 3%, y la ratio de deuda sobre el PIB se redujo en 8 puntos) y se ve favorecido además precisamente por los bajos tipos de interés.

Además, la política fiscal no puede basarse en un concepto no observable y difícil de estimar como el de “saldo presupuestario estructural” (cuál habría sido el déficit si descontáramos los efectos del ciclo económico). De hecho, se ha constatado que esta estimación ha estado sesgada, infravalorándose sistemáticamente el efecto de la crisis sobre el déficit, y provocando políticas fiscales demasiado restrictivas[14]. Por tanto, es necesario también eliminar esta referencia de las reglas, que deberían basarse exclusivamente en variables fiscales observables.

La propia Comisión Europea, otrora guardiana absoluta de las esencias de la ortodoxia fiscal y precursora de la austeridad expansiva, es consciente de este estado de la cuestión, y ha abierto un debate sobre la modificación de las reglas fiscales que está dando pie a numerosas propuestas[15]. La que mejor recoge las observaciones que hemos hecho aquí es la que ha impulsado Olivier Blanchard, consistente en sustituir el enfoque basado en “reglas” y “límites numéricos” por otro basado en “estándares”[16]. Podemos resumirla de esta forma:

  1. Dados los objetivos económicos y políticos que cada país pretende alcanzar con su política fiscal y dado el contexto macroeconómico previsto (básicamente, tasa de crecimiento y tipo de interés), debe diseñarse una estrategia a medio plazo sobre los ingresos y gastos públicos.
  2. Esa estrategia, y su influencia sobre el contexto económico, dará lugar a una evolución previsible del déficit y la deuda. Lo que el marco fiscal debe vigilar es que esta evolución sea “sostenible”: que el riesgo de que el gobierno se enfrente a dificultades para refinanciar su deuda es bajo, no que se alcance un valor arbitrario fijado a priori.
  3. Este juicio debe basarse en una metodología prestablecida que sería aplicada por instituciones independientes. La función de estas instituciones no sería emitir un juicio detallado sobre la política fiscal del país ni hacer recomendaciones concretas, sino únicamente evaluar el riesgo de insostenibilidad. Si este riesgo es bajo, se cumple con el principio de “evitar déficits excesivos” recogido en el Tratado y no son necesarias más reglas o procedimientos de supervisión.

También es crucial lo siguiente: en vez de empezar el diseño de la política fiscal por un objetivo de reducción de deuda y déficit al que todo se condiciona, deben fijarse primero los objetivos económicos y diseñar una estrategia para alcanzarlos que sea sostenible. Al gobierno no hay que juzgarlo por cuánto ha reducido el déficit, sino por haber alcanzado objetivos socialmente deseables en una forma fiscalmente sostenible.

El debate actual abre por primera vez una oportunidad de cambio real. La pandemia hizo que, gracias a la activación de la cláusula de salvaguarda, se abriera la jaula del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ahora que hemos comprobado que fuera se vive mejor, no volvamos a entrar en ella.

[1] Solo Noruega, en esta tipología de economías, presenta un saldo estructural negativo en cada año del período, compensado ampliamente por los ingresos netos derivados de la exportación de petróleo y gas natural, que, aunque obtenidos por la actualmente denominada Equinor ASA, de titularidad pública, solo se incorporan al presupuesto en un pequeño porcentaje determinado por ley (2-4%, según el momento). El resto va al descomunal Fondo de Inversión Soberana del país, el mayor del mundo (1.4 billones de dólares de activos acumulados).

[2] Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union.

[3] No incluiremos aquí la sesuda propuesta de condonar la deuda pública existente, en todo o en gran parte, porque debemos referirnos a líneas de actuación que, además de algún sentido económico, tengan alguna posibilidad de prosperar en una negociación de los 19 países de la Eurozona.

[4] No presentaremos aquí la formalización que muestra qué hace la deuda sostenible (o no), pero recordemos que la sostenibilidad requiere superávits primarios y/o un crecimiento nominal (incluyendo la inflación existente) mayor que el tipo de interés nominal pagado por la deuda (que incorpora la inflación esperada, que es la que está incluida en la remuneración de un bono).

[5] Técnicamente, obligaría a un mucho mayor “ajuste stock-flujo” del que se realiza ya hoy en la descomposición de la deuda pública acumulada por una economía.

[6] Pandemic Emergency Purchase Programme.

[7] Habría que definir un esquema paralelo, con menor conversión, para los dos países cuyo nivel de deuda, incluso en 2022, será inferior o cercano al 20% del PIB (Estonia y Luxemburgo), porque no parece razonable eliminar su mercado de deuda pública.

[8] Cárdenas, L., Villanueva, P., Álvarez, I., Uxó, J., (2020): “Peripheral Europe beyond the Troika. Assessing the ‘success’ of structural reforms in driving the Spanish recovery”, Review of Keynesian Economics, 8(4), 560-588

[9] Furman, J., Summers, L. (2020): A Reconsideration of Fiscal Policy in the Era of Low Interest Rates”, Discussion Drat, Brookings Institution.

[10] Buti, M., Gaspar, V. (2021): “Maastricht values”, VoxEu – CEPR.

[11] Blanchard, O. (2019): “Public Debt and Low Interest Rates”, American Economic Review, 109 (4), 1197-1229.

[12] Por ejemplo, Francová, O. et al (2021): “EU fiscal rules: reform considerations”, Discussion Paper Series/17, European Stability Mechanism.

[13] Sawyer, M. (2012): “The contradictions of balanced structural government budgets”, SSRN Electronic Journal.

[14] Fatas, A. (2019): “Fiscal Policy, Potential Output, and the Shifting Goalposts”, IMF Economic Review, 67, 684–702.

[15] Puede encontrase un resumen muy útil en HAFELE, J. et al (2021): Fiscal Policy for a Thriving Europe: Feasibility and Impact Analysis of Fiscal Policy Reform Proposals. ZOE-Institute for Future-fit Economies.

[16] Blanchard, O., Leandro, A., Zettelmeyer, J. (2021): “Redesigning EU Fiscal Rules: From Rules to Standards”, Working Paper 21-1, Person Institute for International Economics.


Número 34 – 8

24 de diciembre de 2021

Reseñas de libros

(sección coordinada por Maja Barac. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

  • Arias, X.C. y Costas, A. (2021): Laberintos de la prosperidad. Galaxia Gutenberg, Barcelona.

(por Carlos Ochando Claramunt, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia)

Recientemente, en octubre de este mismo año, ha salido publicado el último libro del tándem creativo que han formado los profesores y compañeros Xosé Carlos Arias y Antón Costas. Creo que la presentación de los autores es innecesaria en este foro. Como es por  todos/as sabido ambos son catedráticos de Política Económica, el primero en la Universidad de Vigo y el segundo en la Universidad de Barcelona. Antón Costas ha sumado recientemente el cargo de presidente del Consejo Económico y Social y consejero de Estado. Ambos autores comenzaron hace, exactamente ahora una década, una profunda reflexión sobre el futuro del capitalismo, el impacto de las crisis económicas y sus inevitables transformaciones. Comenzó esa reflexión con el libro del 2011 La torre de la arrogancia. Políticas y mercados después de la tormenta (Ed. Ariel), al que siguió La nueva piel del capitalismo publicado en 2016 por Galaxia Gutenberg. Por tanto, con este nuevo libro completan los autores (esperemos que no la cierren….) esta larga y profunda reflexión sobre los retos, desafíos, límites y nuevas transformaciones del capitalismo.

El título (“Laberintos de la prosperidad”) invita a pensar que se trata de un libro un poco diferente a los anteriormente citados, en la medida que se adentra en las claves futuras de lo que ahora (o ya hace un tiempo) se denomina “desarrollo o crecimiento inclusivo”. No obstante, el que aparezca el sustantivo “laberintos” nos indica que quizás ese camino no sea nada fácil de recorrer.  El optimismo “matizado” de los autores lo encontramos en el subtítulo del libro: “¿hacia una nueva Gran Transformación?”. La interrogación puede significar duda, deseo, incertidumbre, escepticismo, pronóstico…..Sólo leyendo el libro, finalmente, el lector conocerá la posición de los autores.

El libro está divido en dos partes tituladas: I-La pandemia y el nuevo zeitgeist y II-La gran transformación en el siglo XXI. Creo que la más original y novedosa, sinceramente, es la segunda. En la primera parte, los autores repasan las transformaciones últimas del capitalismo: los efectos de la pandemia, el papel de los Estados emprendedores, la desigualdad, la digitalización, los límites medioambientales, la globalización, las nuevas tecnologías, la hiperaceleración de la información, los efectos sobre la propia democracia, y un largo etcétera. En este bloque los autores hacen un buen diagnóstico de los cambios y transformaciones del reciente capitalismo y sus riesgos para lo que tratarán en la segunda parte: el contrato social. Se parece ese diagnóstico al que realizan en los dos anteriores libros, si bien actualizando los últimos cambios que ha provocado la crisis económica de la COVID-19.

Sin duda la parte más interesante (o por lo menos para el que firma esta breve reseña) es la segunda. En ella los autores se aventuran a diseñar los pilares de los que ellos llaman “nuevo contrato social”. Para ello, utilizan herramientas como el “velo de la ignorancia” del filósofo político John Rawls y buena parte de la literatura reciente sobre la “pre-distribución”. El objetivo del libro está bien definido en la página 252 cuando los autores escriben: “en último término, lo que vienen a decir teorías como la `ventana de Overton´ o el `velo de ignorancia´ rawlsiano es que la incertidumbre acerca del futuro provocada por una gran crisis actúa de catalizador para decantar los cambios que estaban ya siendo impulsados por las tendencias presentes en la economía o la sociedad, pero que se encontraban bloqueados por la resistencia de aquellos que resultaban favorecidos por el sistema económico y social vigente. Las crisis que tienen un fuerte impacto sobre las condiciones de vida y acentúan la incertidumbre sobre el futuro generan condiciones favorables para un nuevo contrato social, para una profunda mutación del sistema económico”.

Existe un Cuadro en la página 206 muy interesante sobre los tipos de contratos sociales y vías para la posteridad inclusiva. En él se describen cuatro modelos en función de dos ejes: 1) economía abierta/economía cerrada y 2) poca distribución (filosofía individualista)/fuerte redistribución (filosofía solidaria y Estado emprendedor). Estos cuatro modelos son: 1) Prosperidad mediante mercados libres; 2) Prosperidad mediante proteccionismo y nacionalismo; 3) Prosperidad mediante redistribución de la renta y 4) Prosperidad mediante distribución y pre-distribución.

Los autores apuestan por el modelo 4 que combina medidas distributivas (salarios mínimos + negociación colectiva + antitrust + reforma de la empresa + fiscalidad global) y predistributivas (inversión en justicia social para familias, niños y jóvenes).  Suscribimos plenamente la elección. Solo un contrato social basado en la distribución y la predistribución puede enfocar con cierto éxito una de las lacras actuales del capitalismo: la extrema desigualdad y polarización en el reparto de la renta y la riqueza. Solo un contrato social que establezca en su núcleo la lucha por la desigualdad, la apuesta decidida por un Estado del bienestar de amplia cobertura social y la justicia social -en cierta medida ejercida desde el ámbito pre-distributivo- puede servir de buen pegamento social en el futuro. Totalmente de acuerdo con los autores.

Sin embargo, creo que Xosé Carlos y Antón pueden pecar de un exceso de optimismo cuando plantean que la “niebla” de la incertidumbre actual provocada por la crisis económica y el “velo de la ignorancia” de Rawls construyen los pilares de este nuevo contrato social, de esta “nueva Gran Transformación”. Ojala¡¡¡¡¡. Podría suceder todo lo contrario: que la extrema incertidumbre provocada por la crisis económica pandémica genere miedo y que el miedo aumente el apoyo social y político hacia soluciones populistas de extrema derecha (muy alejadas de los fundamentos del nuevo contrato social que pronostican los autores). Una situación que no sólo nos alejaría de ese nuevo contrato social, sino que cuestionaría los propios fundamentos del sistema democrático. Constatamos, en la actualidad, un creciente apoyo social, especialmente en el continente europeo, hacia esas soluciones políticas de extrema derecha. No sería, por tanto, muy descabellado pensar que la elevada incertidumbre en lugar de acercarnos al nuevo contrato social proclamado por los autores (y al que, personalmente, apoyo y defiendo) nos aleje hacia posiciones en las cuales la conquista de los derechos sociales, e incluso la propia democracia, están en peligro.

El hecho de que los autores no se adentren a analizar el propio contexto político actual es otra de las debilidades o carencias del libro. Sólo la utilización del “velo de la ignorancia rawlsiano” sirve de herramienta analítica a los autores. Creo que es una herramienta insuficiente para analizar el actual clima político de polarización que ha contaminado los sistemas políticos europeos. En realidad, las condiciones políticas actuales (en las cuales deberíamos de sembrar ese nuevo contrato social) es algo que queda fuera del análisis de los autores y, debilita, por consiguiente, la reflexión. Porque el lector se pregunta: ¿existe a día de hoy un ambiente político para alcanzar ese nuevo contrato social?, ¿quiénes son los agentes sociales y políticos que defienden el nuevo contrato social?,¿el descrédito de la política y el creciente desapego por la misma que muestran los ciudadanos es un buen caldo de cultivo para el nuevo contrato social? Preguntas que en cierta medida quedan sin respuesta tras la lectura del libro. Intuimos que algunas respuestas nos alejarían, en la actualidad, de la propuesta de los autores.

Ojalá los ciudadanos se comporten con la racionalidad prevista en los libros de Rawls y apuesten por un contrato social de mayor cohesión social y de apoyo a las políticas redistributivas que nos permitan reducir la desigualdad y la pobreza. Pero nada garantiza que eso vaya a ser así. Más aún, parece que el apoyo social y político a líderes de extrema derecha que utilizan un “marketing político” basado en fakenews, va, por desgracia, en aumento.

Finalizo esta reseña, poniendo en valor la aportación de Xosé Carlos y Antón (me permito referirme a ellos por su nombre de pila porque los considero a ambos buenos amigos y excelentes colegas académicos). Creo que el libro es una muy buena reflexión sobre los retos a los que nos enfrentamos en el futuro (algunos de ellos como el cambio climático ya en el presente). Además, ambos realizan una encomiable fundamentación teórica y política de un nuevo contrato social que humanice y rediseñe un capitalismo más decente e inclusivo. Solo un último deseo: ojalá se cumplan las condiciones para esa Gran Transformación y podamos transitar hacia ese nuevo modelo de contrato social propuesto por los autores. Eso querrá decir que caminamos por el mejor de los caminos hacia una sociedad mejor y más decente. Ojalá¡¡   

  • Stiglitz, Joseph (2021): Reescribir las reglas de la economía europea. Antoni Bosch,

(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada –Política Económica- Universidad de Valencia)

 

Se trata del último libro del famoso economista americano que se ha traducido en España. Este se puede incluir dentro del programa de investigación que lidera el autor que podría denominarse “Reescribir las reglas de las economías”. La primera parte del proyecto se plasmó en un libro que vio la luz en inglés en 2015 con el título Rewriting the Rules of the American Economy: An Agenda for Growth and Shared Prosperity. La segunda parte, se materializó en el actual libro que se publicó en 2020 en EE.UU. y ahora, de la mano de Antoni Bosch, en español.

El libro objeto de esta reseña concentra su atención en la política económica que debería practicarse en la Unión Europea para conseguir superar la crisis en la que se encuentra inmersa. El libro se compone de cuatro partes. La primera sobre el objetivo de pleno empleo, la segunda acerca del funcionamiento de los mercados, la tercera concentra su atención en los problemas de la desigualdad y el cuarto y último aborda cómo gestionar la globalización.

La primera parte pone sobre la mesa recuperar el pleno empleo como objetivo esencial de la política económica. Esta parte se organiza a través de tres capítulos. Entre los tres capítulos se argumenta que las políticas de austeridad deben pasar a un segundo plano y transformarse en una primera prioridad la consecución del pleno empleo. Por este motivo, la política monetaria debe someterse al mencionado objetivo y perder la autonomía de la que goza en la actualidad. Esto se habría de complementar con una política de gasto en inversiones cuyo objetivo sería la creación de empleo. La estructura de los tres capítulos es similar. En primer lugar, define el aspecto central que pretende abordar, después concreta los problemas y, finalmente, realizar unas propuestas de intervención estatal bajo el epígrafe de soluciones. Cabe señalar que, siempre que apunta este esquema, la parte de las soluciones suele ser la más interesante. Así pues, en el primer capítulo, se recomienda la eliminación de las políticas de austeridad encarnadas, entre otras, en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Junto con esta línea de intervención se postula un mejor reparto de las cargas derivadas de la crisis, así como de los riesgos entre los países con la pretensión de fomentar una mayor integración interna. En el capítulo segundo se analiza la política monetaria y se subrayan los interrogantes sobre la lucha contra la inflación, acerca la gobernanza en el Banco Central Europeo (BCE) y en relación con el diseño del euro. En el apartado de soluciones se predica ampliar el mandato del BCE más allá de la lucha contra la inflación e incluyendo el empleo; reformar la gobernanza del BCE, evitando, a los efectos, capturas por parte del sector financiero; crear una unión bancaria y un mecanismo de estabilidad mejorado. El capítulo tercero se orienta hacia la explicación de una política de inversiones coherente con la creación de pleno empleo en la que la participación del sector público sea mucho más activa. En este sentido, las soluciones se orientan hacia las inversiones en capital, con la creación de un Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. Desde este punto de vista se deberían concentrar los recursos en áreas como la energía, la digital, el transporte, el medio ambiente y los aspectos sociales. Una propuesta para vehicular las inversiones es la creación de bancos públicos, muchos de ellos de carácter regional, que apoyen el desarrollo económico.

La segunda parte también se compone de tres capítulos subrayando que se ha de conseguir unos mercados más competitivos, pero guiados por unos mejores incentivos y teniendo como horizonte la innovación. El capítulo 4 apunta entre sus elementos de discusión la no competencia en muchos mercados estratégicos y la ausencia de una gobernanza empresarial. En este caso, las propuestas son más difusas y se refieren a medidas para concretar de una forma nueva los derechos de propiedad intelectual. El capítulo 5 aborda los problemas en el sistema financiero, que lo califica de disfuncional, con fuertes tendencias oligopolistas y generador de inestabilidad. Entre las soluciones que predica el autor se encuentran la introducción de mejoras en las estructuras regulatorias, establecimiento de nuevos requerimientos de capital, controlar el tamaño de las entidades financieras, incorporar nuevas regulaciones sobre los riesgos que puedan asumir los bancos, establecimiento de restricciones a la banca en la sombra, limitar la unión de mercados de capitales, crear una garantía común de depósitos o mejorar los sistemas de supervisión bancaria entre otras. El tema 6 acomete el análisis de la fiscalidad. En su centro se encuentra la idea de constituir un sistema fiscal más progresivo que imprima mayor justicia social y genera mayores ingresos públicos para poder intervenir dentro de la economía. Entre las propuestas se encuentran el aumento de impuestos sobre aspectos perjudiciales para la salud (alcohol, tabaco y similares), de carácter medioambiental, así como las transacciones financieras.

La tercera parte se centra en el problema de la desigualdad y también agrupa tres capítulos. El capítulo 7 se inicia constatando el acrecentamiento de la desigualdad, mientras que las soluciones van en la línea del aumento en el gasto público en educación y en vivienda. El capítulo 8 defiende el establecimiento de un sistema de seguridad social europeo. Sus ejes vertebrales serían una sanidad, unas pensiones y una asistencia social públicas. El capítulo 9 se centra en el mercado laboral. Parte de las apuestas de Stiglitz van por la creación de un sistema de flexiseguridad laboral que permita compartir riesgos. Para conseguir esto se requiere recuperar la capacidad negociadora de los trabajadores, generar una negociación colectiva más efectiva, aumentar el salario mínimo, regular la precariedad y la creación de programas de empleo especialmente orientados hacia jóvenes y parados de larga duración.

Finalmente, el último capítulo coincide con la última parte, y establece relaciones entre la Unión Europea en condiciones de las nuevas tendencias de la globalización. En este caso, plantea la situación de EE.UU. y China, con las interrelaciones con la UE. La mayor parte de las recomendaciones se encuentran relacionadas con establecer acuerdos internacionales de fiscalidad, propiedad intelectual, controles financieros globales, extensión de comercio, nuevos acuerdos de inversión, cooperación climática y otros similares.

En términos globales se trata de un buen libro que está preocupado no sólo por realizar un diagnóstico, sino que se arriesga a realizar recomendaciones de intervención estatal. Así pues, va más allá de indicar que hay crisis y pretende ofrecer opciones. La conclusión del libro es que sí que hay opciones alternativas de política económica.

Quizá se podrían destacar las dos primeras partes del libro como las más interesantes y en las que se ofrecen opciones más detalladas y realistas. La parte de la desigualdad y las lucha contra ésta es mucho más genérica. El último capítulo apunta generalidades sobre EE.UU. y China. Respecto al primer país, da la sensación de que ofrece una visión muy subjetiva y sesgada, mientras que respecto al segundo revela un desconocimiento sobre el país y su proyección exterior.

Como se ha comentado, los capítulos suelen tener una primera parte de diagnóstico de la situación y de definición de los problemas. Quizá esta parte se podría haber sintetizado un poco más, puesto que, en muchos casos, se repiten tópicos. Si se hubiese operado un recorte en el sentido apuntado, entonces el tamaño del libro se podría haber reducido a la mitad transformándose en más atractivo para diversos públicos y ganar influencia en la proyección social de las propuestas que se defiende y que son el objetivo de este libro. Finalmente, este libro constituye un buen material para apoyar clases de política económica, tanto para ofrecer ejemplos de opciones de políticas coyunturales, como de naturaleza estructural.

  • Fernández Díaz, Andrés (2021): Escritos sobre principios del Derecho, división de poderes, libertad y Estado de derecho. Delta, Publicaciones Universitarias. Madrid

(por Loren Escot, Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política. Universidad Complutense de Madrid)

No cabe, literalmente, en una reseña bibliográfica del Noticias una presentación exhaustiva del autor de este libro. Por otra parte, tampoco creo que el profesor Fernández Díaz necesite mucha presentación (y por si hay algún interesado dejo por aquí el enlace a su página de Wikipedia). Personalmente, me sigue sorprendiendo su capacidad para elegir los temas de investigación que desarrolla, tan variados y poliédricos, para detectar y anticipar problemas y debilidades de nuestro sistema económico y social, y también para proponer medidas y políticas para su solución.

Tras casi dos años de pandemia por la Covid-19, el profesor Fernández Diaz nos presenta en este nuevo libro la diagnosis de la gestión de esta crisis sanitaria por parte del gobierno, que en su opinión incluía una serie de medidas que resultaban abusivas e inadecuadas, anticipándose en más de 9 meses a las sentencias del Tribunal Constitucional que a la postre le dan la razón al profesor. Estas medias hacen referencia, en esencia, al control parlamentario, o mejor dicho a la falta de control parlamentario del ejecutivo durante el primer y segundo estado de alarma. Primero prolongando durante 6 meses la excepcionalidad del estado de alarma sin control parlamentario, y después por la delegación de la gestión sanitaria de la pandemia a los gobiernos de las Comunidades Autónomas, que de nuevo no están sujetos al control parlamentario.

Detrás de esta crítica se encuentran aspectos fundamentales relacionados con la independencia de poderes, la calidad democrática y la organización del Estado. En consecuencia, el profesor Fernández Díaz dirige en esta ocasión su foco de atención hacia los propios fundamentos del Estado de derecho, la separación de poderes, la función de control parlamentario o la renovación de los miembros de algunas de las más importantes instituciones del Estado como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Consejo General del Poder Judicial.

Y como ya nos tiene acostumbrados, la forma en que el profesor Fernández Díaz nos ofrece su diagnosis es mediante el rigor científico, recurriendo a los fundamentos, en este caso a los fundamentos del Derecho. Comienza así el primer capítulo recurriendo a las bases, recurriendo a, en palabras del propio autor, una pregunta impertinente ¿es el Derecho una Ciencia? Impertinente, al menos, si aludiesen a otras disciplinas como la Física, la Química, la Matemática o la propia Economía que cuentan con el reconocimiento generalizado de su carácter científico. Como nos relata el autor en este primer capítulo, en el campo del Derecho, sin embargo, existe una controversia mantenida durante más de 185 años respecto a si el Derecho es o no es una ciencia. Para dar respuesta a esta controversia el profesor Fernández Díaz realiza una revisión sistemática de las contribuciones más destacadas en esta materia (Kant, Hegel, Hart, Bobbio, Catania, Ferrajoli, Kelsen y Atienza), para llegar a la conclusión de que, tomando como referencia el método científico, se puede afirmar, sin ninguna clase de dudas, que el Derecho es una ciencia, que junto a la Economía encabezan el grupo de las denominadas ciencias sociales.

Sentados ya los principios científicos del Derecho, el siguiente capítulo se adentra en el análisis de la importancia y trascendencia de la división de poderes en el marco del constitucionalismo. El profesor critica la paralización por falta de acuerdo parlamentario que sufre, y van ya para cuatro años, la renovación de los miembros de algunas instituciones y órganos del Estado tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial. El análisis de esta situación se realiza recurriendo a las fuentes de la fundamentación de la separación de poderes desarrollada por el filósofo inglés John Locke en su obra Two Teatrases of Goverment de 1689, y por el jurista francés Charles Luis de Secondant, Barón de Montesquieu, autor de L’Esprit des Lois en 1748. Se plantea así necesidad, en aras de garantizar la libertad y la democracia, de la separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Se pregunta el profesor si es posible, y en su caso conveniente, hablar de una autentica separación de poderes entre legislativo y ejecutivo cuando el partido de Gobierno tiene mayoría Parlamentaria, o entre éstos y el judicial cuando los miembros de su órgano rector son elegidos según el color de las mayorías parlamentarias.

Con estos preámbulos en los que se establecen las bases del Estado de Derecho, en los dos siguientes capítulos, el profesor Fernández Díaz habla abiertamente, amparado quizás en que ya no siente ninguna necesidad de callarse nada, de las debilidades de la gestión de la crisis de la Covid19 por parte del ejecutivo.

Las circunstancias excepcionales de crisis sanitaria llevaron a plantear como solución inicial a la pandemia el confinamiento domiciliario, que supuso la renuncia de forma expresa o tácita a una parte de la libertad de los ciudadanos, la libertad de movimiento (artículo 19 de la Constitución). Esta situación de renuncia a la libertad fue recogida ya en 1651 por el filósofo y político inglés Thomas Hobbes es su Leviathan, donde ilustra la situación de Inglaterra a mediados del siglo XVII en respuesta a la guerra civil (1642-1649). Una renuncia a la libertad de movimiento, que sin embargo no debería haber supuesto la renuncia al control del ejecutivo. El autor nos reseña que el legislativo “regaló” al ejecutivo seis meses de estado de alarma, lo que supuso una prolongación de la excepcionalidad que no era necesaria y que debilitaba la separación de poderes, garantía de la calidad democrática del Estado. Como ya se ha comentado anteriormente, estas afirmaciones del profesor Fernández Díaz se han visto corroboradas posteriormente por las recientes sentencias del Tribunal Constitucional, que ponen en entredicho no tanto las limitaciones a la libertad de movimiento del confinamiento domiciliario impuesto por el ejecutivo, sino la renuncia a su control por parte del Parlamento.

Igualmente crítico es el siguiente capítulo que el profesor titula Lenguaje y descentralización corrosiva: obstáculos para un verdadero estado de derecho. En esta ocasión, y de nuevo buscando la fundamentación de autores como John Locke o Ludwing Wittgentein, se pone de manifiesto cómo la distorsión y manipulación del lenguaje afecta negativamente a principios y valores como la libertad, la justicia y la igualdad, que caracterizan el Estado de Derecho. En particular se menciona el manejo incorrecto de términos y expresiones por una gran parte de los medios de comunicación, que en opinión del autor se explican por una mezcla de ignorancia y de intencionalidad, y que contribuye a crear un clima y estado de opinión entre los ciudadanos que son víctimas del conocido “efecto rebaño” con una pérdida notable de su personalidad y capacidad de decidir, o lo que es lo mismo, con la consiguiente pérdida de libertad.

Este capítulo finaliza con una nueva revisión crítica de la gestión de la pandemia. La referente a la descentralización de la misma a través del traslado o cesión de competencias a las Comunidades Autónomas. En su opinión la gestión de la crisis sanitaria debería ser responsabilidad directa del Gobierno de la Nación, y no debería haberse dejado en manos de 17 gobiernos autonómicos, ya que, a pesar de los esfuerzos, ha revelado una falta de unidad de acción y una falta de control por parte de las Cortes Generales, lo que debilita de nuevo nuestro Estado de Derecho.

En definitiva, el profesor Fernández Díaz nos ofrece en su obra un análisis riguroso que, ante una situación difícil y compleja, partiendo del marco legislativo existente, considerando las decisiones tomadas al respecto en los distintos niveles de la Administración Pública, y sin olvidar la necesidad de respetar el principio de separación de Poderes, nos permita conocer, en virtud de los resultados obtenido, hasta qué punto en nuestra sociedad actual existe un verdadero Estado de Derecho.

  • Vallés Ferrer, José y Caldentey del Pozo, Pedro (2021): Economía española. Ediciones Alfar, Sevilla

(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada –Política Económica- Universidad de Valencia)

 

Este libro constituye la tercera edición de la obra del mismo nombre coordinada por el profesor Vallés, antiguo catedrático de Política Económica de la Universidad de Sevilla. La primera edición vio la luz en 2007 y la segunda en 2009, ambas en la editorial McGraw-Hill. Esta tercera edición además de encontrarse bastante renovada y actualizada, se ha editado en la editorial Alfar y cuenta con un nuevo co-coordinador. Además de que cuenta con una especie de anexo de unas treinta páginas en el que se rinde un homenaje a Joan Sardá.

El libro pretende ofrecer una visión global sobre la situación de la economía española que se compone, de hecho, de 16 capítulos, que se organizan en cuatro partes. En la parte denominada “marco general de la economía española” se presenta una visión global con perspectiva histórica en cuatro capítulos. Cabe destacar en el primer capítulo (el quinto, según el cronograma del libro) la referencia que realiza al plan de recuperación y resiliencia para el periodo 2020-26 asociado a la crisis del COVID-19, así como en el tercero (escrito por Pedro Caldentey), el análisis sobre la respuesta de la UE a la pandemia en la actualidad.

La siguiente parte, “sectores productivos”, también formada por cuatro capítulos presenta las características de la economía española desde un enfoque sectorial (esencialmente sectores agrario, secundario y terciario). Esta parte es más descriptiva, pero en el capítulo que aborda el sector secundario destaca el epígrafe sobre digitalización y sostenibilidad, así como el que tiene en su centro la política industrial comunitaria y española.

La tercera parte se denomina “marco instrumental de la economía española” y se agrupan seis capítulos. Esta parte ocupa cerca de un tercio de las reflexiones del libro y concentra su atención en la política económica. En el primer capítulo se presenta la política monetaria, en el siguiente, la fiscal, después la de empleo, a continuación, la de rentas, después, la comercial exterior y, finalmente, las de sostenibilidad. Dentro de esta parte, son destacables los comentarios sistematizados sobre la reforma laboral reciente en España y las políticas activas de empleo. Resulta especialmente atractivo el capítulo sobre política medioambiental y, en concreto, las alusiones a la economía circular, que cada vez están adquiriendo mayor relevancia.

La última parte, titulada “el futuro de la economía española” recoge dos capítulos, uno sobre los retos de la economía española y otro sobre el futuro del sistema financiero. El primero de estos dos capítulos presenta gran interés por la introducción en su discurso de los problemas del COVID-19. No obstante, resulta un poco breve esta parte del libro.

Una de las innovaciones del libro es, a los efectos el anexo dedicado a Joan Sarda. Este fue de hecho, el padre del Plan de Estabilización español. Esta parte está constituida por varios capítulos, que son más bien fichas relacionadas con ese economista español.

De los comentarios apuntados, se desprende que nos encontramos ante un manual, que puede tener interés no sólo para estudiantes, sino también para interesados en aumentar sus conocimientos sobre economía española. No obstante, debe subrayarse que, la parte más interesante es la tercera de las apuntadas, en la que se concentra la atención en las políticas económicas. Por este motivo, este libro puede ser utilizado como bibliografía complementaria de los cursos de política económica, tanto coyuntural como estructural, para ilustrar aspectos concretos de las explicaciones. Además, puede presentar un interés docente la actualización de ciertos datos o las alusiones a los cambios provocados por la crisis del COVID-19.

  • Legna Verna, Carlos (2020):, ¿Qué es el desarrollo? Una revisión de las ideas y una propuesta centrada en las personas y su libertad. La Laguna, Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna (Islas Canarias), 255 páginas, I.S.B.N 978-84-15939-74-0

(por José Luis Rivero Ceballos, Catedrático de Economía, Universidad de La Laguna)

El objetivo del libro lo resume su título: proponer una interpretación de qué es el Desarrollo, proposición que se centra en las personas y en su libertad. Con esta finalidad se hace una revisión de las ideas sobre este tema (primer capítulo) desde que se comenzó a hablar de Desarrollo, los primeros años de la segunda postguerra mundial. Esa revisión permite detectar dos grandes corrientes de interpretación: una, que asimila crecimiento económico a Desarrollo (pone al PIB en el pedestal, como se afirma en el libro); y otra que, por el contrario, se centra, de diversas maneras, en las personas y en su realización como seres humanos. De esta segunda corriente, que es mucho más rica que la primera, se exponen sus principales ideas, particularmente las que se originaron en América Latina (trabajos de la CEPAL –Comisión Económica para América Latina, de NNUU- de instituciones como la Fundación Bariloche, etc.), generalmente poco conocidas en España. En ellas, el autor detecta que hay dos preocupaciones dominantes: bienestar de los seres humanos y justicia, encaminados ambos a la plena realización de las personas, a su liberación, como se dice en algunos textos. Retoma estas preocupaciones centrales en los cuatro capítulos siguientes, que están dedicados a elaborar su propuesta de qué es (o debe ser, pues es normativa) el Desarrollo. De estos cuatro, en los tres primeros hace una revisión crítica de las ideas sobre bienestar y justicia que se encuentran en el utilitarismo, en los estudios sobre la felicidad y en el Enfoque de las Capacidades (originalmente debido a Amartya Sen). Esta revisión provee de insumos, y descarta otros, para la elaboración de su propuesta, que hace en el último capítulo. Del estudio del utilitarismo, de tan fuerte influencia en la teoría económica, concluye que sus ideas no son válidas para la interpretación de qué es el Desarrollo. Por el contrario, considera que son útiles los estudios empíricos sobre la felicidad, que revelan cuales son las condiciones y características de las sociedades que hacen más felices a las personas, que tienen una gran coincidencia con lo que propugna el Estado del Bienestar y también con lo que sostiene el Desarrollo Humano (lo que significa que ambos hacen más felices a las personas); y el Enfoque de las Capacidades, que desempeña un papel importante en su propuesta de qué debe ser el Desarrollo (si bien es más amplia que él).

Finalmente, en el último capítulo, se propone una interpretación de qué es el Desarrollo: es un proceso de cambio de la sociedad cuya finalidad central es la realización de las personas como tales, lo que implica expandir su libertad, porque ella hace a la esencia de la humanidad. El autor considera necesario, antes de elaborar su propuesta, precisar su definición de libertad, pues es un término polisémico. La que se propone tiene fundamentos kantianos y difiere substancialmente de la de los libertarios. A partir de este basamento construye su interpretación de qué debe ser el Desarrollo: es una construcción que ensambla la noción kantiana de libertad (a la que se agregan otros componentes), el Enfoque de las Capacidades y su conexión con ideas de Aristóteles, los resultados de los estudios empíricos sobre la felicidad y otras aportaciones del autor. Frente a quienes propugnan la eliminación del Estado de Bienestar, la propuesta fundamenta no sólo su mantenimiento, sino su profundización. Entre lo que ella incluye, se destaca que la igualdad de oportunidades requiere una disminución de las desigualdades entre las Capacidades de los miembros de la sociedad y un mínimo de equilibrio en las relaciones de poder que se producen entre los agentes sociales.

La Fundación Cristino de Vera celebró el pasado año 2020 un ciclo de conferencias, dirigido por el Dr. Castro Borrego, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna. El motivo central del ciclo fue la afirmación de Sthendhal, “El arte es una promesa de felicidad”. El Dr. Castro Borrego transformó la aseveración de Sthendhal en pregunta ¿Es el arte una promesa de felicidad? El ciclo de conferencias recorrió la obra de Monet, Bonnard y Matisse. Tres pintores que vivieron en la Europa destrozada de principios del Siglo XX, pero prefirieron ofrecer a la humanidad una obra pictórica centrada en la belleza de los nenúfares de Giverny en el caso de Monet, el esplendor de la imagen de la mujer saliendo de la bañera en el de Bonnard y la alegría de vivir en el de Matisse. Los tres decidieron separarse del sentido trágico de la vida que gobernaba el arte de entonces como consecuencia del estado en el que se encontraba el viejo continente. No olviden que Celaya escribía por entonces aquellos maravillosos versos en La Poesía es un Arma Cargada de Futuro:

Maldigo la poesía concebida como un lujo

cultural por los neutrales

que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.

Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.

Mientras iba oyendo las conferencias, pensaba si era pertinente preguntarse: ¿es la economía una promesa de felicidad?

Escribió Thomas Carlyle, en 1836, que la economía es una ciencia lúgubre y lo repitió. En cambio, posteriormente, Keynes, en 1929, dice a los alumnos de doctorado en Cambridge que el capitalismo es capaz de crear la suficiente cantidad de bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Además, en una corta jornada de trabajo, así que las personas tendrán tiempo para cultivar el espíritu. Sus nietos disfrutarán de la prosperidad. El mensaje oculto era: no se dejen seducir por la revolución bolchevique.

Allá por los años cincuenta, pensamos que el progreso de la ciencia nos traería la felicidad. Disponíamos de importantes armas: la política económica derivada de la síntesis neoclásica, la econometría, los acuerdos de Bretton Wood. Y todo ello produjo la convergencia entre la academia y los negocios, lo que Schumpeter llamó la “segunda situación clásica”. Pero vinieron las crisis de los setenta, ochenta, noventa, del siglo XX, y continuaron las dos crisis del siglo XXI. Vinieron la bomba atómica y las guerras. Estalinistas, nazis y fascistas, camparon por sus respetos, y en el siglo XX, la rueda de la Historia gira y gira. El proyecto de la Ilustración se resquebrajó y cualquier otro proyecto se deja llevar por la realidad líquida de Bauman.

Y mientras, un grupo de economistas y filósofos, siguen preguntándose si la economía puede hacer promesas de felicidad. A esta estirpe pertenece Carlos Legna y su libro: a los que siguen buscando la forma en la que la economía puede contribuir a la felicidad. Su libro es brillante. Y es que pocos están en condiciones de ofrecer una síntesis de esta naturaleza: el Dr. Legna une a su sólida formación intelectual el conocimiento del terreno, no en vano “ha andado muchos caminos y abierto muchas veredas”. El Dr. Legna es extremadamente cuidadoso al ir desgranando todas las vertientes del desarrollo, y esto convierte a su libro en un material imprescindible para aumentar el bagaje cultural de los científicos sociales de nuestro mundo. Especialmente interesante me parece la lectura para los jóvenes, tan preocupados por el presente y el futuro que olvidan aprender de las vueltas y revueltas del pasado, en particular, desprecian el aprendizaje que se deriva de los errores del pasado. Para ellos, el libro será un descubrimiento inolvidable.

Adorno escribió que “el arte es una promesa de felicidad, sólo que es una promesa incumplida de felicidad”. Podríamos decir lo mismo de la economía. Por eso hacen falta libros como el del Dr. Legna. Libros que hacen gala de una virtud escasa: la modestia. En la película titulada Los Consejos de Alice, de Nicolas Pariser, un proto-candidato a la secretaría general del Partido Socialista Francés, escribe un discurso, que no llega a leer porque finalmente no es nominado candidato, en el que termina diciendo: “Quizás ha llegado por fin el tiempo de la modestia” ¡Qué así sea!

 

 


Número 33 – Índice

27 de noviembre de 2021

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CONTENIDOS

1.- VI Encuentro de Política Económica Internacional Valencia, 18 de Noviembre 2021 (solicitud de trabajos)
2.- Manual de Política Económica: Políticas económicas coyunturales
3.- Noticias internacionales: Revista Finanzas y Política Económica
4.- Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)
5.- Política económica coyuntural: Nuevos caminos para la política monetaria
6.- Política económica estructural: El vínculo geopolítico de la política económica
7.- Pro et contra: La subida del salario mínimo interprofesional
8.- Reseñas de libros
• Introducción a la Política Económica (Sánchez, Antonio)
• La economía de la vida. Prepararse para lo que viene (Attali, Jacques)
• No desaprovechemos esta crisis (Mazzucato, Mariana)

Número 33 -1

27 de noviembre de 2021

VI Encuentro de Política Económica Internacional: “Política Económica en el ámbito internacional y estudios de caso por países”. Valencia, 18 de Noviembre de 2021 (solicitud de trabajos)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada –Política Económica- , Universidad de Valencia (España)

Lugar: Facultad de Economía, Universidad de Valencia (Campus dels Tarongers, Avda. Tarongers, s/n)

Lugar:

Presentación

Por sexto año consecutivo celebramos el Encuentro de Política Económica donde analizamos la Política Económica en diversos países de la esfera internacional y tratamos algunos temas de Política Económica de interés general.

El cambio climático lleva años poniendo en cuestión el modelo de desarrollo económico tradicional lineal de los países capitalistas y consumistas. La pandemia de la COVID-19 ha puesto más presión y ha evidenciado algunas de las debilidades de la excesiva globalización y externalización de la producción. Los indicadores de crecimiento económico como éxito o progreso de un país más usuales: niveles y tasas de PIB (variables cuantitativas) suelen tener muchas limitaciones a la hora de recoger otras dimensiones sociales o incluso de sostenibilidad, aunque su relativa facilidad de cálculo y comparabilidad internacional hace que sigan siendo claves para las clasificaciones de los países en función de su grado de desarrollo económico. Sin embargo, para desentrañar más en profundidad las dimensiones cualitativas y la extensión de dicho desarrollo es imprescindible analizar el diseño de la política económica, su ejecución y resultados, sin descuidar el contexto socio-político en el que se llevan a cabo dichas medidas.

Para ello se elaboran los análisis de países a nivel internacional donde se estudian los principales indicadores macroeconómicos de los mismos, el contexto socioeconómico e institucional en el que se desarrollan las actuaciones de política económica, así como los resultados alcanzados o el grado de sostenibilidad de las mismas. Por el momento en el programa contamos con el análisis de diversos países como Botsuana, China, Corea, Ecuador, EE.UU. o Sudáfrica entre otros. Además, los resultados de las ponencias serán publicados en forma de capítulos en el VII Anuario de Política Económica editado por Tirant lo Blanch “Política Económica 2021”.

Invitamos a los interesados de la comunidad a participar en el VI Encuentro como público, así como a enviar sus propuestas sobre ponencias/artículos de carácter transversal y de fondo sobre Política Económica (véanse los requisitos en Envío de trabajos).

Envío trabajos:

Se aceptan propuestas de ponencias/artículos de carácter transversal y de fondo sobre Política Económica. Es decir, se puede optar por participar sólo como ponente del Encuentro, sólo con la publicación del artículo en formato capítulo o en ambas modalidades. Los interesados pueden mandar su propuesta exponiendo el título de la ponencia, un breve resumen de la misma, así como la modalidad e preferencia enviando un correo electrónico a Maja Barac (maja.barac@uv.es) y Margarita Rohr (margarita.rohr@uv.es).


Número 33 – 2

27 de noviembre de 2021

Nuevo manual de Política Económica: Políticas económicas coyunturales

Ochando Claramunt, Carlos (coord.) (2021): Políticas económicas coyunturales. Objetivos e instrumentos. Tirant lo Blanch, Valencia, pp.290 (ISBN: 978-84-1397-774-4) (2ª edición).

El manual constituye la actualización del anterior libro publicado en 2015, coordinado por el mismo autor. Como sucedía en el anterior manual, el ahora publicado tiene por objetivo el análisis de los principales objetivos e instrumentos de las llamadas políticas coyunturales o instrumentales. Es decir, aquellas políticas de naturaleza macroeconómica que tratan de estabilizar los ciclos económicos y los shocks externos y que fijan sus objetivos en el corto y medio plazo.

El libro mantiene la estructura formal del anterior. Su contenido se desarrolla en ocho capítulos con los mismos títulos que la edición del 2015, aunque, en algunos casos, con diferentes autores. Su estructura es sencilla: los dos primeros capítulos están dedicados a los objetivos y los restantes seis a los instrumentos de la política económica.

El primer capítulo aborda los objetivos a largo plazo (crecimiento económico, desarrollo y distribución de la renta). Tradicionalmente, tales objetivos han quedado fuera del campo de acción de las políticas coyunturales o de estabilización a corto plazo. Sus autores son Salvador Pérez Moreno y Beatriz Benítez Aurioles, ambos profesores de la Universidad de Málaga.

El segundo capítulo está dedicado al estudio de los objetivos a corto y medio plazo (empleo e inflación). Este capítulo también hace una referencia especial a la importancia que están adquiriendo los ciclos económicos en el debate actual de la política económica. Tras dos crisis en casi una década (la Gran Recesión del 2007-2008 y el Gran Confinamiento del 2020-2021), los problemas de caída de la actividad económica y de desempleo adquieren una importancia extraordinaria. Su autora es Maja Barac, profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia.

A partir del capítulo tercero se profundiza en el análisis de los instrumentos de la política de estabilización económica. Los capítulos tres y cuatro están dedicados a la política fiscal. Los autores del capítulo tres son Isidro Antuñano y Víctor Fuentes, ambos profesores, ya jubilados, del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. El capítulo tres centra su atención en el proceso de elaboración y ejecución presupuestaria, analizando las decisiones que hay que adoptar respecto a la política de ingresos y gastos públicos.

En el capítulo cuatro, que es una continuación en el estudio de la política fiscal y presupuestaria, se analizan las causas y consecuencias de dos de los principales desafíos de la política fiscal: el déficit público y la deuda pública. Con la crisis económica provocada por la pandemia de la Covid-19 ambos problemas acrecentarán su importancia en el futuro (no muy lejano). La autoría de este capítulo sí que ha variado de manera significativa respecto al libro anterior. En esta edición sus autores son Luis Cárdenas del Rey y Paloma Villanueva, ambos profesores de la Universidad Complutense de Madrid.

Los siguientes capítulos tienen como objetivo el estudio de la política monetaria y financiera. El capítulo cinco, cuyo objetivo es el análisis de la política monetaria aplicada en los últimos años, es realizado por José F. Teixeira y Ana Esther Castro, ambos profesores de la Universidad de Vigo. Mientras que el capítulo seis centra su análisis en la política financiera. Sin duda, la regulación financiera no es neutral respecto a los resultados macroeconómicos. De ahí que se haya considerado necesario tratarla en un capítulo aparte, dándole una entidad propia. Su autor, el profesor Antonio Calvo Bernardino perteneciente a la Universidad CEU San Pablo de Madrid, focaliza el estudio en la política financiera macroprudencial, en coherencia con los objetivos de un manual de estas características.

El capítulo siete está dedicado a los desequilibrios exteriores de la economía y a las políticas que permiten su corrección. En una economía ampliamente globalizada y con una fuerte interconexión entre diferentes países, las restricciones y crisis externas adquieren una importancia creciente en la agenda de la política económica. Asimismo, el objetivo de competitividad se ubica en el núcleo central de la política económica actual. Su autor es el profesor de la Universiad CEU San Pablo de Madrid Jesús Paúl Gutierrez.

Finalmente, el capítulo ocho analiza los objetivos e instrumentación de la política de rentas. Esta política tiene una naturaleza diferente a las anteriores. Recordemos que la política de rentas interviene en el proceso de generación de las rentas y no en el momento del gasto de las mismas (como ocurre con la política fiscal o la política monetaria). Su autor es el propio coordinador del manual, Carlos Ochando, profesor de Política Económica del Departamento de Economía Aplidad de la Universidad de Valencia.

Los autores han hecho un admirable esfuerzo de síntesis y de actualización de la información para elaborar estos ochos capítulos. Han intentado describir y analizar los cambios en la política económica acaecidos en los últimos años, adoptando un enfoque realista y actualizado. ¿Qué se ha hecho en política económica en los últimos años?, ¿cuáles han sido (y son) los debates significativos en política económica desde la crisis hasta ahora?, ¿cómo han cambiado los objetivos e instrumentos de la política económica en estos últimos años?, ¿qué alternativas de política económica se plantean en este último periodo de tiempo? Estas son algunas de las preguntas que tratan de contestar cada uno de los capítulos del manual.


Número 33 – 3

27 de noviembre de 2021

Noticias internacionales: Revista Finanzas y Política Económica

La Revista Finanzas y Política Económica, de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Colombia, constituye un espacio científico de discusión de aspectos relacionados con Política Económica. Tiene una categoría de Q4 en Scopus. Más información:

https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/

Contenidos de número reciente

vol.13, nº.2, julio-diciembre, 2021

Artículos

  • Análisis de los incentivos fiscales brasileños a la innovación y los datos de patentes: un enfoque de modelo de principal-agente (Felippe Clemente, Evaldo Henrique da Silva)
  • Implicancias de la inclusión financiera y el empleo informal en la pobreza monetaria de los departamentos del Perú (Pedro Grados Smith)
  • Análisis del alcance de los créditos bancarios a tasa subsidiada para pymes: un estudio desde el lado de la demanda (Lilia José Corzo, María Belen Guercio Árbol académico, Hernán Pedro Vigier Árbol académico)
  • Técnicas estadísticas y computacionales para la extracción de factores de riesgo sistemáticos subyacentes: una comparativa en la bolsa de valores mexicana (Rogelio Ladrón de Guevara Cortés, Salvador Torra Porras Árbol académico, Enric Monte)
  • Innovation behavior of Salvadoran food & beverage industry firms (Elías Humberto Peraza Castaneda, Guillermo Aleixandre Mendizábal Árbol académico)
  • Revisando el nexo inflación-crecimiento: una cointegración asimétrica basada en el enfoque ARDL no lineal en el caso de Bangladesh (Zobayer Ahmed)
  • Una adaptación funcional de la Ley de Okun para Perú (Enrique Samanamud Valderrama)
  • Teoría de la sincronización del mercado y el orden jerárquico en América Latina (Francisco Javier Vásquez Tejos, Hernán Pape Larre)
  • Prima de riesgo en Chile (Zocimo Campos, Juan Tapia, Paulina Gudaris)

 


Número 33 – 4

27 de noviembre de 2021

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.


Número 33 – 5

27 de noviembre de 2021

Política económica coyuntural

Nuevos caminos para la política monetaria

(por Clara Ruiz y Gumersindo Ruiz -UMA, Instai- gruiz@uma.es)

En el mes de julio tuvo lugar la Jornada científico-divulgativa organizada por la Universidad de Málaga y el programa Edufinet de educación financiera, sobre “Política monetaria, crecimiento inclusivo y sostenibilidad ambiental”. Se ofrece aquí una reseña de las ponencias presentadas, agrupándolas en los dos grandes temas tratados, desigualdad y sostenibilidad, y destacando el reto analítico y de implementación que suponen hoy para la Política Económica.

La presentación del profesor Salvador Pérez Moreno (Universidad de Málaga), director de la Jornada, trató de “El paradigma del crecimiento inclusivo sostenible, políticas pre-in-post mercado”, revisando la situación actual del análisis del crecimiento, desigualdad, y sostenibilidad desde la perspectiva de política económica, con una referencia al papel de la política monetaria expansiva que siguen los bancos centrales. En la relación que se establece entre crecimiento y equidad se parte del análisis convencional de la incompatibilidad entre ambos objetivos; la compatibilidad establecida por Kuznets considerando efectos positivos por las oportunidades que abre el crecimiento, que podría verse como una tendencia hacia la compatibilidad; o bien trabajar con la hipótesis de que es una relación indeterminada. Los criterios de medición tradicionales del PIB y un índice de concentración tipo Gini no resultan determinantes, pues pueden darse situaciones en que aumenta la desigualdad con el crecimiento, pero se alivian situaciones de pobreza, e incluso se forma una clase media. La política económica puede actuar ex ante para una distribución original más equitativa, durante el proceso, o ex post, corrigiendo las desigualdades, todo ello tradicionalmente mediante la política fiscal. El descubrimiento de Piketty sobre la acumulación creciente de rentas del capital se pone en conexión con la política monetaria expansiva seguida por los bancos centrales, con tipos de intereses muy bajos y compras de activos, que lleva sistemáticamente a ganancias de capital. En cuanto a la sostenibilidad y su relación con el crecimiento, se aplican los mismos razonamientos que a la desigualdad, con la peculiaridad de cómo los cambios en la tecnología o forma de crecimiento influyen en la sostenibilidad a largo plazo.

El profesor Juan Francisco Albert Moreno, de la Universidad de Valencia se refirió también a estas cuestiones en su ponencia sobre “Desigualdades y política monetaria”, con una síntesis del tema tal como se plantea actualmente. Los mecanismos de transmisión de la política monetaria se analizan con relación al crecimiento; la facilidad de financiación y la creación de empresas y empleo; los efectos en los mercados de capitales y el precio de activos como la vivienda; y el efecto positivo sobre el deudor, principalmente el deudor hipotecario. Sin embargo, la política monetaria tan fuertemente expansiva y prolongada puede ser en parte responsable de un repunte de la inflación, y de sus efectos negativos sobre las rentas bajas. Sobre este particular distingue entre el efecto para los consumidores y sobre la deuda de países, que pueden beneficiarse de una cierta inflación. Concluyó que las consecuencias distributivas de la política monetaria no son una guía para los bancos centrales, sino efectos secundarios que valoran y ponderan. Dentro de estas consecuencias están las que se limitan al ámbito nacional y las que tienen un impacto internacional a través de la deuda y las divisas. Y por último, que puesto que los bancos centrales permiten con sus compras de deuda que la política fiscal sea expansiva, habría que coordinar estas dos políticas y valorar el impacto conjunto de las mismas.

Gumersindo Ruiz (Universidad de Málaga e Instai) y Clara Ruiz se refirieron a “La política monetaria y las nuevas sensibilidades de los bancos centrales”, ponencia que aborda cinco puntos: primero, la revisión de la política monetaria como respuesta a cambios estructurales en demografía, ahorro, y caída de la productividad, y un débil crecimiento de los precios que llega a ser un problema de deflación; todo ello sitúa por sí mismo los tipos de interés en niveles muy bajos. En segundo lugar, el desarrollo de nuevas herramientas de política monetaria tras la gran crisis financiera, que van desde la compra de activos por parte de los bancos centrales, a la formación de expectativas en los mercados, como un verdadero instrumento de política monetaria (el ejemplo más claro son las creada por Mario Draghi en el verano de 2012, que lleva a la reducción inmediata de las primas de riesgo). Tercero, el problema del límite de la política monetaria, donde se argumenta que la duración de la política en el tiempo es en sí misma una forma instrumental de conseguir los objetivos de precios y empleo. Cuarto, la política monetaria en la pandemia, proporcionando liquidez a la deuda emitida por los gobiernos, favoreciendo el crédito a empresas para mantener la actividad y el empleo, y profundizando en los bajos tipos de interés para estimular el consumo, entre otros. Y, en quinto lugar, la consideración explícita de criterios medioambientales, de responsabilidad social y buen gobierno corporativo en las políticas de los bancos centrales. Respecto al medioambiente se ve desde dos perspectivas, el riesgo medioambiental incorporado al crédito, y el impacto positivo del crédito para mejorar procesos productivos que reduzcan el impacto de la huella de carbono. Los autores profundizan en las sensibilidades actuales de los bancos centrales, que van más allá de los temas medioambientales y abordan explícitamente la inclusión financiera y la no discriminación en el crédito, dentro del concepto ESG, medioambiente, responsabilidad social y buen gobierno, con una orientación a largo plazo del negocio, y que se recogen en los informes no financieros, aunque presentan problemas de datos sistematizados y comparación.

Estas cuestiones fueron específicamente tratadas en el contexto de la banca por José María López Jiménez, de Edufinet, en su intervención sobre “El desarrollo de la actividad bancaria en el contexto de la lucha contra el cambio climático”, ya que, a iniciativa de la Autoridad Bancaria Europea y el Banco Central Europeo, la supervisión bancaria tiene un conjunto de expectativas sobre el riesgo asociado con eventos medioambientales que pueden afectar a la solvencia del crédito. Esto se concreta en documentación que debe cumplimentarse recogiendo riesgos probables, entre ellos los costes que puede suponer para un deudor la transición o adaptación medioambiental que le impone la legislación. Asimismo, se espera de las entidades de crédito que valoren el impacto de huella de carbono de sus carteras de créditos, siguiendo la taxonomía de impacto que proporciona la Unión Europea.

La profesora Natalia Martín Fuentes, Universidad de Málaga y BCE, se refirió a la “Política Monetaria y sostenibilidad ambiental”, dentro del contexto en que lo sitúa el BCE, y que podemos sintetizar en nueve puntos., siguiendo al propio BCE. El primero, los supuestos técnicos sobre impacto de políticas fiscales sobre el clima, por ejemplo el precio del carbón; segundo, los escenarios donde se integran los riesgos climáticos en los modelos con los que trabaja el BCE, teniendo en cuenta la probabilidad creciente de mayor riesgo de desastres naturales; tercero, los datos estadísticos para el análisis del riesgo de cambio climático, con instrumentos financieros verdes, indicadores, y huella de carbón de las carteras crediticias de las entidades; cuarto, tener en cuenta los conceptos de neutralidad de mercado y eficiencia de las operaciones de política monetaria; quinto, que la información esté en línea con las políticas de la UE sobre elegibilidad de un colateral o garantía de un activo financiero; sexto, realizar una prueba de resistencia climática del balance del Eurosistema; séptimo, los riesgos de cambio climático en las calificaciones de crédito de activos y colaterales; octavo, los riesgos climáticos en las estructuras de colaterales, y por último, los riesgos ambientales en el programa de compra de deuda corporativa por parte del propio BCE, que tiene la dificultad de una disponibilidad muy limitada en el mercado de activos financieros que puedan considerarse inversiones sostenibles. Se considera en esta ponencia los efectos de la política monetaria sobre la capacidad de los mercados para reubicar factores productivos, esto es, en la forma de producción, con un entorno económico y social en transformación. Pueden identificarse riesgos, eventos, persistencia de los mismos, magnitud y consecuencias para sectores, precios, zonas geográficas, tanto en lo que denominamos transición y sus costes, como en los daños medioambientales. Se alerta sobre los cambios en precios relativos, como ocurre con el carbón y sus consecuencias sobre el precio de la electricidad, pero en el contexto de esta Jornada el reto está en identificar la naturaleza, persistencia, e impactos, que puedan considerarse derivados de la política monetaria, y que se concretan en los efectos de los tipos de interés sobre actividades productivas, el análisis y expectativas sobre el impacto medioambiental del crédito, y las compras de deuda verde, entre otros.

Las tres grandes cuestiones en torno a este tema son, primera, valorar si los mercados subestiman riesgos climáticos y otros como el de pandemia; segunda, cómo se puede equilibrar este sesgo desde la política económica; tercero, cómo definir el papel de la política monetaria teniendo en cuenta que sobre el de la política fiscal había análisis y consenso como una política pública de intervención, cosa que ahora se plantea para la política monetaria. Por último, en torno al debate sobre la legitimidad del banco central para entrar en temas de impacto medioambiental, aparte de la consideración del riesgo en el crédito, que puede justificarse desde la buena práctica del crédito, hay que tener en cuenta que el BCE no opera en el vacío, sino siguiendo los criterios de la Unión Europea, que se plasman en legislación mediante directivas, que acaban siendo incorporadas como leyes nacionales en los países miembros.


Número 33 – 6

27 de noviembre de 2021

Políticas económicas estructurales

(sección coordinada por Evangelina Aranda García, Departamento de Economía Política, Hacienda Pública, Estadística Económica y Empresarial y Política Económica, Universidad de Castilla-La Mancha y Víctor J Martín Cerdeño, Departamento Economía Aplicada, Pública y Política, Universidad Complutense de Madrid)

El vínculo geopolítico de la política económica

(por Dr. Fernando G. Jaén Coll. Profesor del Departamento de Economía y Empresa de la UVIC-UCC.)

Entendida la política económica como dimanante del Gobierno (prescindimos aquí, por el momento, de los diferentes niveles de competencias de las regiones), y al margen de utópicas independencias absolutas, toda ella se verá condicionada por el tanto de soberanía efectiva que la nación en la que se apoya pueda tener. La fortaleza de un Estado en el concierto de naciones, sus vínculos con otros Estados, la dependencia militar y de recursos naturales son condicionantes que restringen la autonomía aparente de cualquier Estado cuando pretende establecer su rumbo político-económico. Y más encorsetado todavía, aunque más transparente, si ese Estado ha cedido parte de su soberanía a organismos plurinacionales, como es el caso de España en relación con la Unión europea (UE).

Otro elemento condiciona el alcance de la política económica de un gobierno: su visión ideológica sobre el papel que debe jugar el estado en su economía, el alcance de su intervención o los límites de la acción del Estado, por utilizar el título del libro que publicó Wilhelm von Humboldt en 1792 [1]. Entre los extremos imposibles del rango: la no intervención y el gobierno omnipotente (haciendo uso aquí del título del libro que publicó Ludwig von Mises en 1944[2]), la historia nos permite constatar diferentes grados de intervención pública, y, en periodos dilatados, al servicio de los empresarios de la época más que en favor del pueblo en general, pero en siendo cosa antigua, nos parece superada y no es así.

Si bien la geopolítica está siempre presente en el devenir de las naciones, hay períodos en que su influencia discurre silenciosamente y otros en que la sonoridad se manifiesta con el eco reconocible rebotando en las paredes del ágora con las publicaciones que sustentan los debates. Si bien desde los años 80 del siglo XX, pudimos reconocer que asomaba el guadiana nuevamente, con la publicación de atlas geopolíticos, y hemos podido ver cómo interesaba a los estudiosos, tímidamente al principio, pero cada vez en mayor medida, hasta alcanzar una cumbre con la publicación de Géopolitique, excelente libro del gran Yves Lacoste[3], ya no hay duda de que asistimos de nuevo a una etapa en que el condicionante geopolítico tienen carta de naturaleza, fruto de los cambios que se han producido en el peso de las potencias mundiales.

Cuando la economía española estaba condicionada por el poder de los Estados Unidos al salir de la II Guerra Mundial, y era bocado pequeño para las fauces usamericanas e incluso de otras potencias de segundo orden en el concierto mundial, como pudiera ser Francia, la política económica podía quedar en manos del gobierno sin excesivas exigencias, o con condicionamientos de carácter general: pertenencia al ámbito “Occidental”, economía mixta respetando intereses inversores internacionales (principalmente automóvil) y negociación bilateral de intereses económicos mutuos. Las “correcciones” impuestas a aquella política económica podían ser intensas, pero puntuales: Banco Mundial y recomendaciones OCDE. La apariencia de independencia de nuestra política económica se correspondía con la percepción que tenía el ciudadano: el Gobierno la implementa, el ciudadano la soporta, los críticos buscan apoyo en ideas avanzadas en otros países (con nivel de desarrollo muy superior al nuestro, deseable, pero no plausible políticamente).

Tuvimos el referente ilusionado de una Comunidad económica europea (CEE), animado por los críticos, muchos de ellos laborando y engordando en el sistema político vigente en España, una senda que situaría nuestra política económica bajo las coordenadas dictadas por ella, con aluvión de inversiones destinadas a cambiar el cromo de las libertades democráticas por el suculento plato de los capitales acumulados en las empresas públicas españolas protegidas, que pasarían a manos de inversores foráneos. Cesión progresiva de soberanía a lo que se convertiría después en Unión europea, dentro del marco general de una economía occidental dominada por los Estados Unidos. Nueva reducción de márgenes de libertad para una política económica “nacional”. La geopolítica influía, pero sin manifestarse intensamente.

Todos los países occidentales, siguiendo, cada uno a su ritmo, la estela de los Estados Unidos, se abocaron a deslocalizar sus empresas en general, e invertir en China. Lo que fue una excelente inversión para el iniciador Estados Unidos y sus multinacionales, lo fue en menor medida para sus seguidores. Tras cuarenta años, China se ha hecho fuerte económicamente, tecnológicamente y militarmente, al tiempo que Rusia ha podido encontrar un camino de desarrollo que ha asociado a China. Un nuevo mundo se va diseñando en que Estados Unidos aparece como potencia declinante, en tanto China lo es ascendente; la multipolaridad ha recobrado vigor y la política económica de cada país debe tomar nota de la novedad, si bien su instrumental está basado en el pasado. Una política innovadora, dando paso a la tecnología 5G china, “vetada” por Estados Unidos, podría convenir a un Estado occidental, pero sería difícil de implementar. Un nuevo gaseoducto que una Alemania con Rusia, es de interés de la primera, pero se ha tenido que empeñar a fondo con ciertas garantías, para que Estados Unidos lo tolere, ¿dónde queda la libertad para implementar una política energética soberana de Alemania?

Pero no acaban aquí los condicionantes. La innovación tecnológica ha elevado a rango de actores a unas cuantas empresas privadas, con vocación mundial y tamaño económico asimilable al de algún país, con unos lazos con el sector público que, si bien y de momento no invierten la relación de poder entre sector público y sector privado, someten al sector público a una dependencia creciente respecto de los servicios que prestan esas empresas, reduciendo sus márgenes de política económica, como se ha visto en todo el circo internacional que se ha montado para forzar su contribución impositiva. También esas grandes empresas forman parte del panorama geopolítico actual.

La importancia de estas empresas y la preocupación que causan en Francia puede verse en el Rapport d’information presentado por la Comisión de Asuntos Exteriores en la Asamblea Nacional francesa en junio de 2021[4]. Las empresas multinacionales reunidas en el acrónimo GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft), de origen estadounidense, a las que le siguen las que agrupa el acrónimo BATHX (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei y Xiaomi), de origen chino; sin olvidarnos de un tercer grupo, el de las empresas agrupadas bajo el acrónimo NATU (Netflix, AirBnb, Tesla y Uber), de menor peso que las anteriores, pero que no deben perderse de vista, tienen un poder nada desdeñable, situándose en un nivel paralelo e incluso amenazante del, hasta el momento, más poderoso sector: el financiero mundial.

De manera que el conjunto de actores que condicionan intensamente la política económica de un Estado de tamaño medio, supuestamente soberano, serían principalmente: la aparición de la multilateralidad política entre las naciones con tres grandes pilares: Estados Unidos, China y Rusia (incluimos aquí las interacciones sectoriales tales como: el oligopolio energético mundial, las tierras “raras”, los recursos naturales, el control de los mares y cuantos aspectos son relevantes para estos actores); las grandes empresas del sector tecnológico digital y el sector financiero mundial.

El panorama político mundial que se va fraguando pone en el centro a la potencia China ascendente, que insiste en defender la actitud económica propia de Estados Unidos y resto de países occidentales, curiosamente cuando a Estados Unidos esas ideas ya no le es conveniente aplicarlas, manteniendo la ficción de la defensa de la “libertad” de mercado cuando en realidad pone trabas en ese mercado para frenar la pérdida de poder e influencia. China (y Rusia) defienden el entendimiento en la conveniencia económica y la práctica de la “libertad” de mercado fuera de sus fronteras. En realidad, ni unos ni otros practican esa imposible libertad de mercado cuando se basan en los complejos militares-industriales, tanto usamericanos como chinos o rusos, de ahí que el esquema interpretativo de John Kenneth Galbraith sea de utilidad y sepamos que estamos tratando de los asuntos que se incardinan en el subsistema de planificación del sistema económico de esos países y mundial.

La presión sobre la política económica es visible, por ejemplo, en el mantenimiento ficticio de tipos de interés en el entorno del 0 por ciento desde la Reserva Federal al Banco Central Europeo, influyendo en el coste de las deudas acumuladas en la crisis de las subprimes para hacerla menos dolosas y que las empresas (y los estados) puedan pagarlas; aquí quienes crearon la crisis se benefician ahora también de cómo se ha orquestado en su beneficio la política monetaria. La pandemia por SARS-CoV-2 ha venido a incrementar esas deudas para no arruinar las economías, desplazando el saneamiento de las cuentas y se han diseñado aportes económicos del sector público en grandes volúmenes para sacar del atolladero una economía moribunda. Estados menesterosos como el español cuentan con el maná del endeudamiento colectivo de la Unión europea, pero a costa de estar maniatados en su aplicación, por tanto, condicionando la supuesta política económica soberana de España. El enfrentamiento entre Estados Unidos y China crea dificultades a la política industrial y de innovación de los países de la órbita estadounidense. Parecido sucede con Rusia, con quien podríamos establecer acuerdos energéticos de mutua conveniencia, y no digamos de posibles acuerdos en el ámbito de la industria de la defensa o espacial con Rusia y con China.

Parecería que nos queda la política presupuestaria, pero la política fiscal también está condicionada por cuestiones que trascienden nuestras fronteras. En los ingresos, tenemos, por un lado, la competencia fiscal entre países para reducir la carga fiscal de las empresas y favorecer su implantación en el territorio, y, por otro, la incapacidad para impedir la optimización fiscal de las grandes empresas obligándolas a tributar como las demás. La orientación del gasto público es, tal vez, donde se nota menos la influencia del paso a un cierto multilateralismo, pero también aquí aparecen condicionantes que afectan a la soberanía: la imperiosa necesidad de asumir la modernización y fortaleza de nuestra defensa nacional, para no acabar en el menosprecio como país, incapaz de defender su territorio, muy especialmente ahora con la amenaza del Reino de Marruecos, que nos presiona con el Sahara, Ceuta, Melilla y el subsuelo marino canario. Limitada la capacidad de gasto público por la restricción de la deuda, no queda otra política de gasto que su reducción o modificar el peso relativo de unas partidas u otras, de ahí que señalemos el gasto de defensa como prioridad, que irá en detrimento de otras asignaciones, añádanse los gastos finalistas de las ayudas de la UE e iremos reduciendo el margen de libertad de la política presupuestaria.

El poder condicionante de la política económica por las empresas GAFAM, radica, en primer lugar, en la dependencia que tienen los Estados del conocimiento tecnológico de éstas, sin olvidar el hecho de que el funcionamiento de sus sistemas informáticos y su relación con los administrados pasa por ellas. Al poder de la tecnoestructura dentro de las empresas, que señalara John Kenneth Galbraith[5], se suma ahora el que los conocimientos técnicos y organizativos están en manos de empresas privadas de cuya importancia mundial queda reflejada en las cuotas de mercado, como puede apreciarse en la esquema siguiente.


Esquema 1. Posiciones dominantes y cuotas de mercado de las GAFAM (2019-2020), en %

Fuente: Commission des Affaires Étrangéres. Assemblée Nationale (2021): Rapport d’information sur les géants du numérique, p. 21, que lo toma a su vez de Conseil d’analyse économique, octobre 2020.

En motores de búsqueda, Google tiene el 91 por ciento del mercado; en sistemas de explotación, Microsoft y Google reúnen casi las ¾ partes del mercado, y si sumamos Apple alcanzan el 86 por ciento del mercado; en redes sociales, sólo Facebook posee el 70 por ciento del mercado; en la nube, Amazon y Microsoft reúnen el 69 por ciento del mercado y con Google superan las ¾ partes del mismo; en publicidad, Google y Facebook reúnen más de la mitad del mercado, y con Amazon sobrepasan el 60 por ciento; y, finalmente, en el comercio electrónico domina Amazon con el 20 por ciento de cuota de mercado. Es evidente el poder de información y de interrupción (pensemos en sus repercusiones en la gestión del Estado) son enormes en los cuatro primeros servicios, dejando aparte publicidad y comercio electrónico, de menor influencia. Los usuarios de las cinco plataformas GAFAM se cuentan en miles de millones mensuales (año 2020) de cuentas de clientes, usuarios o terminales activos. No es difícil imaginar el poder que tienen para condicionar la opinión pública y por miedo a ello, las decisiones que puedan tomar los Estados. Cualquier medida de política económica puede verse masivamente desacreditada.

En cuanto a su importancia económica, es ya un lugar común señalar que la cifra de negocios de estas empresas supera el Producto Interior Bruto de algunos países (si bien la comparación parece más acertada tomando el valor añadido). El gráfico siguiente nos muestra el nivel y evolución desde el año 2004 hasta el 2019.

Gráfico 1: Evolución de la cifra de negocios de las empresas GAFAM (2004-2019). En miles de millones de dólares.

Fuente: Commission des Affaires Étrangéres. Assemblée Nationale (2021): Rapport d’information sur les géants du numérique, p. 23, que lo toma a su vez de Statista en Lafinancepourtous.com

Acercándose a los 300.000 millones de dólares, Amazon y Apple. Por encima de los 150.000 millones de dólares, Google, y cerca de esa cifra de negocios, Microsoft; a casi mitad de camino entre los 50 y 100 mil millones de dólares, Facebook.

La pandemia del coronavirus SARS-COV-2 les ha ido muy bien a las empresas GAFAM desde el punto de vista de su valoración bursátil, que a han visto doblar entre enero de 2019 y julio de 2020 (V. Rapport d’information citado, p. 22). El cuadro siguiente nos muestra la evolución:

Cuadro 1: Evolución de la capitalización bursátil de las empresas GAFAM (Años: 2006, 2010, 2012, 2015, 2019 y mayo 2021) en miles de millones de dólares.

Fuente: Commission des Affaires Étrangéres. Assemblée Nationale (2021): Rapport d’information sur les géants du numérique, p. 22.

Para que tengamos un punto de referencia comparativo, la capitalización de la renta variable de la Bolsa española ascendió, a 31 de diciembre de 2020, a 948,2 miles de millones de euros[6], quedando por debajo sólo Facebook[7].

Otro dato relevante para medir el poderío de las empresas GAFAM, es el de inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) anual, que, según Global Innovation 1000 (perteneciente a PwC)[8], Amazon ocuparía el primer lugar mundial, con 22,6 mil millones de dólares en 2018, por delante de Alphabet con 16,2 mil millones de dólares en ese año; en sexta y séptima posición se situaron Microsoft, con 12,3 mil millones de dólares y Apple con 11,6 mil millones de dólares. A título comparativo, el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) interna ascendió a 15.572 millones de euros en el año 2019[9], según el INE[10]

A la vista de estos datos podemos considerar oportuna la opinión Julien Nocetti, investigador asociado del IFRI, comparando la potencia de estas empresas con el rol que jugaron las compañías de Indias en la Europa de los siglos XVII y XVIII: “unas veces aliadas, otras veces rivales de los Estados, otras veces indiferentes a sus leyes.”[11]

La política económica autónoma, tal vez se sitúe en las grandes potencias nacionales: Estados Unidos, China y Rusia, con todo y que sus respectivos subsistemas de planificación, bajo dominio de sus complejos militar-industrial, tienen poder de influencia más allá de la mera influencia o convencimiento. La UE, por cesión de soberanía y negociación de subvenciones y ayudas influye la política económica nacional de sus miembros, salvo, tal vez, la de Alemania, que marca el paso al resto, sin olvidar sus interdependencias o subordinación a los intereses usamericanos. Las grandes corporaciones tecnológicas pueden defender bien, incluso imponer sus intereses por la dependencia de los Estados de las redes de comunicación y por el poder de la información que manejan de miles de millones de usuarios. Poco margen queda para la política económica independiente, cada vez más basada en “gestos” de los partidos del Gobierno hacia su electorado, debidamente segmentado y de escaso monto, por la dificultad en reducir la maquinaria político-burocrática y los gastos en sanidad, educación, justicia y pensiones.

En los próximos años, la geopolítica va estar presente en la política económica de manera notoria. La práctica de la guerra económica está a la orden del día y va a incidir en los sectores clave que sustentan la economía actual.


[1] Humboldt, W. von (2009): Los límites de la acción del Estado (Editorial Tecnos. 2. ª edición. Col. Clásicos del Pensamiento. Estudio preliminar, traducción y notas de Joaquín Abellán).

[2] Mises, L. von (2002): Gobierno omnipotente [en nombre del Estado] (Unión Editorial. Original publicado por Yale University Press, 1944).

[3] Lacoste, Y. (2006): Géopolitique. La longue histoire d’aujourd’hui (Larousse, abril de 2006).

[4] Commission des Affaires Étrangéres. Assemblée Nationale (2021): Rapport d’information sur les géants du numérique, presentado por M. Alain DAVID y Mme. Marion LENNE, registrado en la Presidencia de la Asamblea nacional el 2 de junio de 2021.

[5] Galbraith, J. K. (1967): El nuevo estado industrial.

[6] Bolsas y mercados españoles, Informe de mercado 2020.

[7] Al tipo de cambio del dólar estadounidense del año 2020 de 1,1422 dólares por euro (Boletín Estadístico del Banco de España. Julio 2021), la capitalización de Facebook sería 720,9 miles de millones de euros.

[8] Ibidem nota 4.

[9] Al tipo de cambio del dólar estadounidense del año 2019 de 1,1195 dólares por euro (Boletín Estadístico del Banco de España. Julio 2021), ascendería 17.432,8 dólares.

[10] Estadística sobre Actividades de I+D Año 2019. Datos definitivos. INE.

[11] Ibidem nota 4, p. 40.


Número 33 – 7

27 de noviembre de 2021

Pro et contra: La subida del salario mínimo interprofesional

(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

Pro…

Por un salario mínimo holgado

(por Imanol Zubero. profesor de Sociología en la UPV/EHU. Responsable del grupo de investigación CIVERSITY https://civersity.net. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5699-337X)(por Pedro Linares, Universidad Pontificia Comillas)

El pasado 11 de septiembre el diario El País publicaba una entrevista con Denis Pennel, Director General de la Confederación Mundial del Empleo, organización heredera de la anterior Confederación Mundial de Empresas de Trabajo Temporal. En el transcurso de la entrevista, Pennel señalaba lo siguiente: “Debe haber un salario mínimo justo que permita al trabajador vivir de él. Si con él ni siquiera puede alquilarse un piso eso genera un problema social. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado, porque si el salario mínimo es muy alto muchas compañías pueden verse ante la situación de no poder seguir adelante y que se destruya empleo. Hay que encontrar un equilibrio entre estas dos situaciones”.

Esta es la formulación canónica mediante la que el mundo empresarial y una parte muy relevante de la ciencia económica plantea su posición ante el salario mínimo: “Si, pero”. Una posición similar es la que expresó el por entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, cuando dijo aquello de que “siempre he defendido que [la vivienda] es un derecho, pero no ignoro que es un bien de mercado también”. El problema es la jerarquía de bienes, la prelación entre una y otra cosa. Y suele ocurrir que la conjunción adversativa “pero” actúa como fiel de balanza, de manera que lo que la precede tiene mucho menos peso que lo que la sucede (como en la frase “yo no soy racista, pero…”).

En el caso del salario mínimo lo que ese “pero” encubre y conviene explicitar es lo siguiente: que si para que una empresa pueda crear o mantener los empleos necesarios para funcionar tiene que ofertar salarios que no permitan a la trabajadora o al trabajador vivir de ellos, habrá que asumirlo. ¿Por qué no decirlo así? Venga, anímense los defensores del salario mínimo condicionado a la viabilidad de las empresas: afirmen sin tapujos que, si hay que pagar salarios que no permiten a las trabajadoras y a los trabajadores vivir de ellos para que una empresa funcione, habrá que asumirlo. ¿De verdad?

Me niego a aceptar el marco que esta formulación canónica pretende hacer pasar por natural. La actividad económica puede y debe supeditarse a los derechos humanos (recordemos el artículo 23.3 de la Declaración Universal), pero ningún derecho humano debería supeditarse a las exigencias económicas.

Economía política de la esclavitud

Perdices de Blas y Ramos Gorostiza firman un interesante artículo en el que analizan el debate económico sobre la esclavitud planteado en Europa en el siglo XIX. “Evidentemente –aclaran-, examinar la esclavitud desde un punto de vista estrictamente económico equivale a discutir aspectos tales como su coste relativo frente al trabajo libre, su eficiencia, su impacto en el modelo productivo, la innovación y las posibilidades de especialización, o su posible relación con políticas comerciales concretas”. Evidentemente. Cada mirada sobre la realidad presenta sus sesgos y puntos ciegos e impone su propia y limitada lógica, y esto es especialmente cierto cuando esa mirada se presenta como “estricta”, es decir, como única mirada. De igual manera podría decirse que examinar la esclavitud desde un punto de vista “estrictamente securitario”, desde la lógica del control de la población esclava y la evitación de conflictos y revueltas, equivale a discutir aspectos tales como el uso más eficiente de la violencia, la oportunidad de los castigos ejemplares, el nivel de temor que conviene inocular en la población esclava para evitar que se rebele, etc.

Pero volvamos al artículo. Resulta que los economistas de los siglos XVIII y XIX apenas prestaron atención a la esclavitud, a pesar de su importancia en las sociedades europeas y en sus colonias, “tal vez porque se consideraba que ello no valía la pena: el sentido común parecía sugerir que –dadas las hondas raíces históricas de dicha institución y lo lucrativo del tráfico negrero- debía tratarse, en todo caso, de una opción productiva evidentemente beneficiosa para quien la adoptaba”. La propia normalización social de la institución esclavista inhibía su evaluación económica, lo que nos indica la profunda interconexión que existe entre el análisis económico y las circunstancias sociales en las que se realiza. Y resulta, también, que cuando algunos economistas empezaron a estudiar la esclavitud y, como consecuencia de sus investigaciones, se acumulaban las pruebas de la falta de sentido económico de la misma, siguió habiendo economistas que defendían su continuidad porque, aun aceptando en términos generales su ineficiencia en comparación con el trabajo libre, “sí podía resultar rentable para los propietarios individuales”.

Aunque no oculto una cierta intención provocadora, no pretendo establecer analogía ninguna entre la esclavitud y la oposición al salario mínimo o a su mejora. Pero sí me permito llamar la atención sobre tres características estructurantes del pensamiento económico que, a la manera de las retóricas de la intransigencia magistralmente desveladas por Albert O. Hirschmann, pueden identificarse tanto en aquel debate sobre la institución esclavista como en la actual discusión sobre la conveniencia o no de un salario mínimo que, sencillamente, permita a quienes lo reciben evitar la pobreza: la aproximación “estrictamente” económica, olvidando que la economía es una ciencia social, que el mercado de trabajo es una institución social (Solow) y que ningún economista es solo economista (Samuel Bentolilla ha reflexionado a este respecto); la preocupación por el objeto de debate solo cuando se propone una mejora en las condiciones del mismo; la búsqueda de casos particulares que puedan justificar el mantenimiento de la situación, su no mejora.

Economía política del salario mínimo

En un libro ya clásico, titulado precisamente Economía política de la esclavitud, Eugene D. Genovese distinguía entre la perspectiva de la “economía política de la esclavitud” y la que se ocupa de estudiar “los aspectos económicos de la esclavitud” para afirmar que la primera no se limitaba a tomar en consideración la economía o la historia económica del esclavismo (como hace la segunda perspectiva), sino que se fijaba en la dimensión “civilizatoria” que una institución, en este caso la esclavitud, puede tener sobre una determinada sociedad, en su potencial configurador, definidor de la totalidad social. En sus palabras: “La esclavitud dio al Sur un modo de vida especial por cuanto estableció las bases indispensables para asentar un orden social regional en el cual el sistema de trabajo esclavista pudo dominar a todos los demás”.

Aceptar que centenares de miles de trabajadoras, sobre todo, y trabajadores, tengan retribuciones iguales o inferiores al SMI, tiene un potencial configurador que debería preocuparnos, ya que convierte en normal la precariedad laboral. Hablamos de una de cada cuatro mujeres empleadas y del 11 por ciento de los hombres (según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del año 2019). Debería preocuparnos porque, en realidad, el llamado salario mínimo es un salario ínfimo, insuficiente para que una persona pueda llevar una vida desahogada. A este respecto sorprende que, por más complicaciones metodológicas que plantee, no dispongamos de una aproximación consensuada que nos permita responder a la pregunta de cuánto cuesta vivir en España.

Sí sabemos, gracias al Àrea Metropolitana de Barcelona, que en 2020 una persona que habitara en Barcelona o en su conurbación necesitaba ingresar, de media, 1.322,52 euros al mes para cubrir sus necesidades básicas (y que una de cada tres personas que la habitan tenían un sueldo inferior a esa cantidad). También sabemos, según una encuesta a más de 1,7 millones de personas de 164 países realizada en 2018, que los ingresos considerados necesarios para disfrutar de bienestar emocional se movían en un intervalo de entre 49.000 y 61.200 euros por persona al año. Cifras muy dispares que, en cualquier caso, son sensiblemente superiores al actual SMI mileurista.

¿Podemos seguir discutiendo sobre el SMI sin acordar, previamente, cuál es el coste económico de una vida decente (es decir, de una vida sin humillaciones institucionales) en España?

De la suficiencia a la holgura

He dicho que el salario mínimo debería permitirnos llevar una vida desahogada, sí. En un libro imprescindible, Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir demuestran que los problemas de escasez (de dinero o de tiempo) no se resuelven con estrategias de “mínimos” ni en el marco de la mera “suficiencia”. La escasez, vivir con poco, con lo justo, vivir al día, “tener menos de lo que se percibe como necesario”, tiene efectos demoledores sobre la mente humana, sobre nuestra forma de pensar y de actuar; captura nuestra atención, altera nuestra experiencia. La escasez de un determinado recurso reduce nuestra capacidad cognitiva haciendo que nuestro cerebro se enfoque de manera casi obsesiva en una sola cosa: aquella de la cual carecemos. Este mecanismo es denominado “efecto túnel”: la mente se orienta de manera automática y poderosa hacia las necesidades insatisfechas. En concreto, estos investigadores comprobaron que aumentar las preocupaciones financieras de las personas perjudicaba su desempeño cognitivo incluso más que los estados de privación de sueño; las personas pobres eran más impulsivas y tomaban peores decisiones que aquellas que no se encontraban en escenarios de carencia. Los efectos observados correspondían a entre 13 y 14 puntos del coeficiente intelectual, comparables a dejar de dormir una noche o a los efectos del exceso de alcohol.

Evitar la trampa de la escasez -advierten Mullainathan y Shafir- requiere más que abundancia, requiere de holgura: “Requiere suficiente abundancia de modo que, incluso después de gastar demasiado o dejar los asuntos para más tarde, sigamos teniendo suficiente holgura para poder administrar la mayoría de las crisis; suficiente abundancia para que incluso después de dejar para más tarde muchas tareas tengamos todavía suficiente tiempo para cumplir con una fecha limite inesperada. Mantenerse fuera de la trampa de la escasez requiere suficiente holgura para tratar con las crisis que trae el mundo y los problemas que nosotros mismos nos imponemos”.

De manera que sí, por supuesto, sin duda: estoy a favor incrementar el SMI y de continuar aumentándolo hasta que garantice a sus perceptoras y perceptores no solo suficiencia, sino holgura.

…Et contra

La reciente (que no última) subida del SMI

(por Antonio Sánchez-Bayón, PhD4, Dpto. Economía Aplicada II, Grupo de Investigación GESCE-URJC y de innovación docente GID-TICTAC CCEESS-URJC, Universidad Rey Juan Carlos).

Dado el sesgo existente, resulta tan impopular como contra-intuitiva la crítica que aquí se plantea; sin embargo, urge tomar conciencia al respecto, pues se está perjudicando a los trabajadores que se dice proteger, además de acelerarse la extinción del Estado de bienestar (v.g. en Venezuela llevan más de 40 subidas del SMI y ya no queda Estado de bienestar). Se presenta a continuación unas prevenciones preliminares, más una serie de refutaciones argumentales básicas, además de unas aclaraciones sobre las negatividades que implica su realización, para terminar con unas conclusiones y corolario.

1.- Prevenciones

– Por la limitación y formato de esta publicación, se ahorra el aparato académico y se sigue una modalidad telegráfica (directa a la idea).

– El salario mínimo interprofesional (SMI) suele justificarse por argumentos patéticos (pathos: sentimiento compartido), como son la equidad y la justicia social. No son conceptos originalmente económicos, ni siquiera jurídicos, sino religiosos. La equidad jurídica (que proviene de los pontífices de la Roma antigua –magistraturas aún jurídico-religiosas-), hace referencia al principio del derecho por el que el juez puede adecuar la ley general al caso particular, para evitar injusticias, pero sin activismo judicial. La justicia es social (como el resto del Derecho, junto con la Economía, la Política, etc.), por lo que resulta redundante –salvo que se pretenda su transvaloración, como pasa con la hibridación cristiano-socialista de la teología de la liberación, por ejemplo-. El caso es que, el origen concreto de los citados argumentos justificadores de la intervención del Sector público está en los despertares religiosos del s. XIX y su evangelismo social (social gospel: fair treatment & social justice). De la relación entre democristianos y socialistas surgen tales argumentos, presentes en las revoluciones rusa y mexicana de 1917, extendiéndose hasta la fecha (haciéndose eco premios Nobel de Economía, como Stiglitz).

2.- Refutaciones

– El SMI no es un derecho, sino una prohibición estatutaria. Según la Teoría del Derecho sobre las relaciones jurídicas, éstas son sinalagmáticas (lo que es derecho de una parte es obligación de la otra), no dándose con el SMI, ya que no tienen lugar en la relación entre empleado y empleador, sino que un tercero lo impone. En un análisis de juridicidad, el SMI no es: a) legítimo (no hay convencimiento generalizado al respecto: ¿existe un SMI universal o depende de países, sector, región, empresa, etc.?); b) válido (no se tramita adecuadamente: debería tipificarse en el contrato laboral, y no vía Real Decreto, que es un reglamento y por ende una fuente jurídica de bajo rango); ni eficaz (no se mantiene en el tiempo: ¿cuántas subidas van de SMI?). Por último, si fuera un derecho, su cuantía debería percibirse íntegra y esto no es así (tiende a calcularse como un salario bruto). El SMI sólo es una prohibición estatutaria de contratar por debajo de un salario: no ayuda a subir los salarios, sólo habilita a sancionar al empleador que no respete dicho imperativo (luego no gana el trabajador, sino la Administración que sanciona y recauda, ergo se viola el art. 31 de la Constitución española de 1978 o CE).

– El SMI es un privilegio de un colectivo: no es un derecho, que sería igual para todos, sino un trato diferencial injustificado para unos (trabajadores no cualificados ya con contrato) y con cargo a los demás (vid. supra efectos). La subida salarial no basada en el aumento de la productividad, sino en la condición de ser mano de obra poco cualificada con salario bajo, supone que el incremento artificial producido vía Boletín oficial (a modo de concesión gubernamental –como en las cartas otorgadas decimonónicas-), ha de compensarse con cargo a otras partidas (v.g. reduciéndose otras contraprestaciones, bajando el variable de otros trabajadores). Sólo beneficia a aquellos ya contratados (según la OCDE, también a los empleados públicos, por su régimen de monopsonio), dando lugar a una barrera de entrada a otros futuros trabajadores (así lo ideó el KKK, cuando lo institucionalizó, para evitar el acceso al mercado laboral de los afroamericanos libertos).

– El SMI vulnera el derecho al trabajo (art. 35 CE) y vuelve más rígido el mercado laboral: al conformarse como barrera de entrada, ello explica que deje fuera a colectivos vulnerables (v.g. inmigrantes, trabajadores no cualificados, desempleados de larga duración, jóvenes). La rigidez que incorpora hace que se convierta en el salario medio (v.g. mileuristas). Además, si funcionara, ¿por qué tanto cambios consecutivos? Antes de anunciar nuevas subidas, ¿se estudian los efectos de la anterior medida?

– El SMI no se rige por precios ni principios de distribución, sino por arbitrariedad política: los precios tienen lugar en el mercado (son sus señales para facilitar los intercambios voluntarios), no en el Gobierno (que actúa de manera coactiva y arbitraria: ¿por subir 10 euros y no 100 o 1000?; baste recordar el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo). Así, si se fija un precio mínimo por encima del de mercado, se causa inflación; si se fija un precio máximo, por debajo de mercado, se provoca desabastecimiento. Ello explica que el SMI, en última instancia (según el proceso que se explica en breve), por el efecto Cantillón, de lugar a incremento de la inflación (ya se está notando en carburantes, energía, alimentos, etc.), y por las restricciones a otros trabajadores, también causa la fuga de cerebros (los trabajadores cualificados, que ven reducido su poder adquisitivo, emigran).

– El SMI aumenta los costes y pierden todos: para compensar el aumento impuesto del SMI, urgiría trabajar más horas (pero no es posible por la rigidez del mercado laboral español), de modo que hay que incrementar la productividad (¿cómo? pues siguen siendo trabajadores no cualificados), incluso, habría que suplir la labor de aquellos que han sido despedidos (por los recortes que implica el SMI). Otra opción es la de subir los precios de los bienes y servicios (con efecto inflacionario y pérdida de cuota de mercado), o reducir la calidad de los bienes y servicios (saliendo perjudicada la sociedad en su conjunto).

– El SMI por sí mismo no genera lo que los keynesianos llaman el efecto multiplicador y relocalizador: ni el subir artificialmente los salarios aumenta el consumo y alegra la economía, ni mucho menos, al subirse el SMI se presume que habrá un número de despidos asumibles, que pronto encontrarán un trabajo mejor –según qué causalidad?!?-. Si no se dispara la inflación es porque se está ahorrando, al desconfiar de la situación económica (pasa ahora, pasó en la recesión de 2008 y antes en la estanflación de los años 70), y si se es mano de obra no cualificada, ¿cómo se va a encontrar un trabajo mejor y de mayor remuneración? Para que eso pase ha de darse el efecto Ricardo-Hayek revisado (rebautizado como efecto reajuste para la economía digital): aquel trabajador no cualificado y de salario bajo (por ello considerado como “mano de obra”, en una relación replicante y subordinada), sito en un estadio próximo al consumo, si ve aumentado su salario de manera artificial, correrá el riesgo de sustitución capital-intensiva (v.g. los quioscos de restaurantes de comida rápida que sustituyeron a los camareros; las cajas rápidas automáticas de los centros comerciales y servicios de peaje); en tal caso ha de reconvertirse (descubriendo su faceta geek y su talento), para ser reubicado como colaborador talentoso en estadios más alejados del proceso productivo, con mejores condiciones laborales, entre ellas, mejor salario (por poder aportar valor). De todos modos, nada de todo esto es posible en un mercado laboral tan rígido como el español (v.g. frente a nuevas relaciones laborales de economía gig, como los riders, la solución ha sido la reconducción a viejas categorías iuslaborales, causándose su práctica desaparición, además de perjudicarse a los negocios que dependían de sus repartos).

La lista de refutaciones es larga (al menos diez más, v.g. SMI como efecto de lo visible y lo que no, externalidad negativa, desincentivo al trabajo y a la productividad, aumento de la informalidad y de la dependencia, efecto arrastre para autónomos, efecto desinstitucionalizador, clientelismo); baste por ahora las planteadas, para que pueda presentarse la dinámica perniciosa del SMI en la actividad económica (en la línea mencionada de lo que se ve y lo que no, además de integrase todo lo anterior, llevándolo a la macro y las políticas públicas).

3.- La subida artificial del SMI extingue el Estado de bienestar

Imagínese un mercado laboral libre (como supuestamente postula el art. 35 CE), el salario se establecería por el cruce de la oferta y demanda (como precio de equilibrio); sin embargo, en un mercado regulado y con SMI (incrementado artificialmente por razones políticas y no laborales), la oferta se contrae (hay menos contratación, al ser más cara y decrecer la utilidad marginal). De tal manera, la mano de obra no cualificada se vuelve un lastre (por suponer un coste fijo muy alto, en relación a su baja productividad), de ahí su sustitución por robótica y programación (como ya viene pasando en vigilantes de parkings, cajeros de supermercados y grandes superficies, camareros de franquicias de restauración, etc.). Con SMI se levanta una barrera legal de acceso a nuevos trabajadores (jóvenes, inmigrantes, etc.), incluso para aquellos en proceso de reconversión (mayores, parados de larga duración, etc.), debido a los altos costes fijos de Seguridad Social, IRPF, et al. Más aun, con SMI se reduce el poder adquisitivo de todos: el trabajador no cualificado vive un espejismo, al creer que gana más (por el salario nominal, no real), cuando en realidad pierde sus complementos salariales y posibles pagos en especie (v.g. portátil, comedor de empresa), así como las ayudas que percibiera por bajos ingresos (v.g. becas escolares, ayudas al transporte), las exenciones fiscales (v.g. no tributación de IRPF); para colmo, su dinero vale menos (por el efecto inflacionario). Y han aumentado las posibilidades de su despido, causándose un mayor estrés y pérdida de productividad por ello (ergo con más posibilidades de perder el trabajo). También se perjudica al empleado cualificado, al ver recortada la parte variable de su salario (v.g. bonus), que es de donde se detrae para compensar la subida impuesta de SMI. Incluso, a medio plazo, el Sector público (impulsor de la subida de SMI), termina comprobando que no se alcanza la cuota de recaudación prevista (al disminuir la contratación y aumentar los despidos), de modo que para mantener tal gasto público no productivo asumido (con las nuevas transferencias en forma de subsidios), se recurre primero a subir la presión fiscal (restando más poder adquisitivo, así como competitividad a las empresas), hasta que por el efecto Laffer, cae la posible recaudación, al haber forzado a la población a pasar a la informalidad (mercado negro). Para compensar, se procede a un aumento del déficit (que desajusta el presupuesto, para poder terminar el año fiscal), lo que conduce a un mayor endeudamiento (para abonar las prestaciones y subsidios por desempleo, las prejubilaciones, las ayudas sociales, etc.; también supone una mayor pérdida de credibilidad internacional, con lo que implica). El empobrecimiento y dependencia al que conduce el aumento indiscriminado del SMI, dado su efecto inflacionario y distorsionador de precios y mercados (no sólo en el ámbito laboral), se extiende a todos los trabajadores, incluidos aquellos por cuenta ajena (por otra falacia, como es la igualitarista –nada que ver con la igualdad jurídica, pues no hay equiparación en derechos-), alcanzando también y a la postre a los pensionistas –dicho sea de paso, su sistema urge de un inmediato tránsito generalizado de reparto a capitalización-. Resulta que, lo que se presentaba como una mejora, en realidad constituye una precarización expansiva, ya que el SMI se vuelve el salario medio interprofesional (el mileurismo ya planteado), manifestándose como la realidad dominante (amén de la economía sumergida).

4.- Conclusiones

Se insiste en que, una subida impuesta de SMI (sin sustento en la mejora de la productividad), ésta se repercute en los precios de los bienes y servicios (haciéndose notar la inflación), además de aumentarse así la presión fiscal (sobre la burbuja generada). El escenario se vuelve insostenible, por los recortes laborales y la caída de la recaudación, incurriéndose entonces en un mayor déficit y deuda para intentar cubrirlo, de tal suerte, al final se repercute todo ello a las siguientes generaciones, que no sólo serán las pagadoras, sino que se habrá consumido parte de la riqueza que les correspondía –de ahí la paradoja de la mayor cualificación con un menor nivel de vida). Baste recordar coyunturas pretéritas, como la española, de huelgas generales y disturbios sociales, que finalmente pudieron resolverse vía los Pactos de la Moncloa de hace cuarenta años (la subida indiscriminada de salarios disparó la inflación a un 27 por ciento: de ganar miles de pesetas se pasó a cientos de miles, pero igualmente ocurrió en el resto de precios, por lo que el poder adquisitivo se desplomó, siendo necesaria una regulación rígida, para evitar descontroles pasados, pero ello redujo la productividad, además de fijar un techo de cristal a la riqueza).

Una medida proteccionista (ergo desglobalizadora y neomercantilista), como es el SMI, resulta una herramienta económica peligrosa (especialmente en manos populistas y con discursos de pensamiento débil), pues genera falsas expectativas de crecimiento (por aumento de masa monetaria y estímulo del consumo), que en realidad da lugar a un aumento de la inflación y de la presión fiscal, así como un malbaratamiento del dinero (como denunciaran ya los escolásticos Molina y Mariana de la Escuela de Salamanca, calificando el bastardeo de la moneda como el impuesto a los pobres).

Por tanto, el SMI no es una herramienta de gestión macroeconómica (para enfriar o calentar la economía), y ni mucho menos ayuda al trabajador poco cualificado y de bajo salario, sino que se trata de una trampa acrecentadora de la dependencia y las redes clientelares. En caso de existir un SMI, tendría que ser en países emergentes, no en desarrollados, pues se les presume cierta cualificación de sus trabajadores (por experiencia acumulada), además de unas instituciones sólidas, que por cierto deberían encargarse de estas cuestiones, en vez de los políticos (v.g. caso noruego: el Gobierno no impone la revisión salarial, sino que se acomete de manera descentralizada y tripartita). Más aún, en caso de existir un SMI, cabría su realización tal como hacen los colegios profesionales al fijar las tarifas mínimas por servicios (por razón de competencia desleal); eso sí, en términos de flexecurity (como en países anglosajones, nórdicos y helvéticos), dejándose margen para subidas y bajadas según coyunturas.

Todo lo planteado, en realidad, más que proteger e impulsar la economía, la lastra (acentuando y prolongando la tendencia bajista, desinstitucionalizadora, y de pauperización de las siguientes generaciones, al consumirse su riqueza, con un mayor endeudamiento y reducción de bienestar). Al final, no sólo se ha causado una pérdida generalizada de poder adquisitivo y un mayor endeudamiento de la sociedad, sino que además se ha vuelto el trabajo una suerte de bien altamente gravado y escaso (dado el desempleo, prejubilaciones, informalidad o economía sumergida, etc., siendo sustituido por robótica y programación, vid. efecto Ricardo o reajuste). Así que el SMI, aumentado de manera indiscriminada, a corto plazo (en un par de trimestres, según lo abierta que sea la economía) puede parecer que beneficia al trabajador, pero a medio plazo (pasado un año), sólo habrá ganado el Sector público (al recaudar un poco más y disponer de las ayudas que ya no han entregado en el corto plazo previo), para terminar disparándose los precios, la destrucción de empleo y el aumento exponencial del gasto, como efecto resultante de pinchar la burbuja provocada (v.g. Rep. Weimar en años 30, Rep. Cuba desde años 60, Rep. Camboya en años 70, Rep. Argentina en 1989-90 y desde 2001, Rep. Venezuela desde 1999). Lo que es seguro, es que el SMI, se sigue presentando –de manera anacrónica- como uno de los logros de la Economía de bienestar estatal-EBE, cuando en realidad está llamado a ser uno de sus sepultureros (por el populismo económico que acelera la extinción de EBE). Afortunadamente, en ED (al menos, en su fase gig actual, con sus manifestaciones de economía colaborativa y circular-ECC, economía autónoma-EA y economía naranja-EN), no tiene cabida el SMI, pues la facturación dependerá del talento de cada cual (y no de título alguno o antigüedad acumulada). Mientras se produce la transición de EBE a ED (en el plazo mundialmente dado, como es H2030), ¿tiene sentido un SMI generalizado y uniforme? El SMI, los convenios sectoriales, etc., resultan herramientas de EBE de los años 60 (cuando se estaba transitando del capitalismo industrial al desarrollado), en la que se tendía a la uniformidad y se expulsaba del sistema todo aquello que resultara diferente y disruptivo (pasando hoy lo contrario, v.g. modelo GAFA: Google., Amazon, Facebook & Apple). En economías más productivas y competitivas (además de adaptativas), como la estadounidense, poco a poco va despareciendo el abanico de SMIs (según sector y territorio), resultando algo orientativo y residual (aunque ya se verá con la Adm. Biden). Así pasa también en los países nórdicos y helvéticos (v.g. Noruega, Suiza, Austria), donde no existe un SMI generalizado y uniforme, sino salarios más altos según productividad.

Se realiza esta crítica, porque preocupa la gestión pública y su sostenibilidad. Los países anglosajones ya lo hicieron en los años 70-80 y los nórdicos en los 90, pero en los mediterráneos aún está pendiente: el Sector público ha de ser árbitro, no parte interesada; y debe cuidarse el uso de los fondos públicos más que los privados. El SMI, en caso de existir (por no disponer de madurez institucional), no ha de estar en manos de los gobiernos (de manera coactiva), sino de los actores sociales involucrados (de manera consensuada y voluntaria). En vez del SMI, quizá habría que implementar otro tipo de prestaciones (garantes de un mínimo poder adquisitivo y bienestar), tipo la renta vital (eso sí, ha de abonarse directamente a la ciudadanía, quitándose la costosa intermediación del Sector público).

5.- Corolarios: si los argumentos lógicos dados no sirven, entonces, ténganse en cuenta las siguientes derivadas patéticas:

– Si quisiéramos acabar con la competencia de un enemigo comercial, una buena herramienta sería obligarle a imponer un SMI lo más alto posible; entonces, ¿el Sector Público es enemigo de los trabajadores poco cualificados (incluidos inmigrantes, jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración, etc.)?

– Rousseau en Emilio (1762), deja entender que, a cambio de techo, vestimenta y comida, es admisible la servidumbre, corrompiéndose socialmente al hombre. Hoy en día, ¿habría que incluir el SMI entre los requisitos de la servidumbre admisible?

 


Número 33 – 8

27 de noviembre de 2021

Reseñas de libros

(sección coordinada por Maja Barac. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

  • Sánchez, Antonio (2021): Introducción a la Política Económica. Concepto, estructura y formación. Tirant lo Blanch, Valencia, pp.197 (ISBN: 978-84-1378-810-4).

(por Dr. Fernando G. Jaén Coll. Profesor del Departamento de Economía y Empresa de la UVIC-UCC.)

Es un libro introductorio, es un manual con finalidad académica, publicado, en el año 2021, por la editorial tirant lo blanch, de Valencia. Aún y siendo de nivel universitario, es abordable por un lector curioso con formación de bachillerato, si bien va destinado a alumnos que cursan la primera asignatura de política económica en la Universidad, particularmente la de Valencia, donde es profesor el Dr. Antonio Sánchez Andrés, con amplio currículo en la materia y al que debemos agradecer no pocas iniciativas interesantes en ella, promoviendo, organizando o publicando.

La política económica, como parte aplicada a la realidad económica es una cosa; como disciplina académica, es otra. La tarea emprendida en este manual corresponde a esta segunda vertiente, por más que se ilustra con muchos ejemplos enunciados, sin pretender profundizar en cada uno de ellos. En tanto que disciplina académica, la política económica se ha venido organizando en tres bloques: de fundamentos, el primero; de objetivos e instrumentos, el segundo; de aplicación en una formación económica y social, normalmente un estado, el tercero; si bien en la Universidad de Valencia se estructura en asignaturas troncales; Introducción a la Política Económica, Política Económica I: políticas coyunturales, y Política Económica II: políticas estructurales. Explícitamente este libro se corresponde con el primer bloque, si bien un par de capítulos finales (dedicado uno al crecimiento económico en relación con la política económica, y el otro a la desigualdad y políticas redistributivas), pueden encuadrarse en él, como hace el autor, o en el segundo; sin que una opción u otra requiera grandes explicaciones, es eso: una elección realizada por el autor y puede responder a su concepción particular o a cualquier otro motivo de eficacia.

El libro está dividido en tres partes, siendo la primera la que versa sobre concepto y estructuración de la política económica, pero dejando claro desde el inicio que se circunscribe a la que corresponde a una economía de mercado propia de economías desarrolladas, capitalistas y democráticas, en las que “el estado y sus intervenciones no son un elemento circunstancial o irrelevante.” (pág. 17). Por tanto, el autor asume el marco descriptivo habitual u ortodoxo, sin entrar en críticas previas derivadas de planteamientos marxistas, por ejemplo, u otras, como la “galbraithiana”, que reconoce el sistema económico actual, al menos desde la II Guerra Mundial, como comprensivo de dos subsistemas: el de planificación y el de mercado interactuando con el poder político y el de las administraciones públicas bajo el dominó del subsistema de planificación y su interdependencia con el sector público (político y económico). No es que el autor no trate del poder (incluso dedica una sección: “4. Elementos de un nuevo enfoque de la política económica: consenso y poder”), de los políticos o de las administraciones públicas, pero lo hace siguiendo el encaje explicativo de la ortodoxia, que la universidad refleja, así sea incluyendo una crítica que también está instalada, vale decir aceptada, por lo que su alcance no llega a la raíz.

Incardinándose en dicho marco, ¿qué es la política económica?: Acción para alcanzar objetivos previamente establecidos. Cabe aquí señalar que la discusión de objetivos forma parte de la política económica, pero este asunto queda integrado en el “Tema 2. La configuración de la agenda y el diseño de la política económica”. La agenda, tomando a Kingdon por referente, es “El listado de aspectos o problemas a los que los políticos, o agentes estrechamente relacionados con los políticos, le prestan una atención especial en un momento determinado.” Considerada necesaria la diferenciación entre fines, objetivos y metas; siendo los fines los más cercanos a la política (v.gr.: libertad, igualdad, etc.), los objetivos, aquellos fenómenos económicos que se pretende alcanzar (v.gr.: crecimiento económico, plena ocupación, etc.), y las metas son los valores en que se cuantifican los objetivos. Aunque el autor considera limitado el esquema tradicionalmente utilizado de fines/medios (objetivos/instrumentos), no deja de ser didáctico y da paso a tratar de los instrumentos, definidos como “las medidas que los gobiernos pueden utilizar” (pág. 49) y clasificados en tres grupos: por su orientación (v.gr.: de ordenación), por su ámbito de actuación (v.gr.: macroeconómicos) y por su impacto temporal (a corto, medio y largo plazo). La clasificación de las políticas económicas los presenta en dos versiones, una denominada “didáctica” (Gráfico 3, pág. 52) y la que estableció en su día (1974) el profesor Jané y que sigue teniendo vigencia y utilidad (Gráfico 4, pág. 54).

La aplicación y evaluación de la política económica se recoge en el Tema 3. Aquí pasa a primer plano la intervención de la burocracia pública, con su organización, su funcionamiento y sus propios intereses. Los márgenes de maniobra que tiene en la ejecución de la política económica y los límites, además de las reticencias de la sociedad y la oposición de grupos afectados pueden embarrancar las medidas e impedir el logro de los resultados esperados. No me parece acertado atribuirle la función de “mediador” (“la administración del estado se constituye en mediador entre el gobierno y la sociedad.” Pág. 65), pues la administración ejecuta lo que el gobierno decide, pero no media, aunque esté en medio, pues tiene obediencia debida. Tampoco me parece del todo acertado decir que “La evaluación consiste en obtener información sobre la elaboración y puesta en práctica” (pág. 68), pues la obtención de información me parece condición necesaria, pero no suficiente para cumplir con la evaluación.

Con el “Tema 4. Estructura institucional y la formación de la política económica”, se inicia la Parte II, destinada a la formación de esta. A nadie sorprenderá que se desgrane en este tema el entramado institucional, destacando que la legislación del parlamento y del gobierno está en la base de la realización de la política económica, y que hemos de considerar los diversos niveles: supranacional, estatal, regional y local, así como el recorrido descendente (descentralización) y ascendente (centralización), con los problemas de asignación y coordinación de funciones y de financiación, esquematizado en el Gráfico 2 (pág. 88). Todo ello sin olvidar el dedicar una sección (la 5) a los organismos especializados: Agencias estatales y empresas públicas, tratando incluso sus intereses particulares, además de indicar su auge y decadencia, si bien al margen de los mercados y las necesidades que tienen las grandes fortunas privadas de ganar terreno para la inversión rentable. El papel de la empresa pública china o rusa en la internacionalización y adquisición de activos estratégicos para Rusia y China es merecidamente destacado.

En el Tema 5, trata de la “voluntad popular”, del sistema electoral, de los partidos políticos, sin olvidar a los “políticos orgánicos”, considerando como tales a los asesores, que “intermedia entre las ideas económicas y la política económica.” (pág. 118), incluyendo los “laboratorios de ideas” o think tanks, que pueden ser públicos (hace bien en recordárnoslo) o privados, así como los cuerpos administrativos: Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, Técnicos de la Administración Civil, Abogados del Estado, etc.

En la elaboración de la política económica intervienen los que el autor llama “agentes informales, tratados en el Tema 6, grupos de interés que “en gran medida pretenden influir en la formación de la política económica, pero sin asumir responsabilidades institucionales, es decir, presionan sobre las instituciones, pero sin ejercer el poder del que estas están dotadas.” (pág. 126) Menciona a sindicatos, organizaciones empresariales y asociaciones de consumidores. Con gran acierto nos señala que “Todas estas agrupaciones pretenden presentar sus intereses y hacerlos valer. En términos económicos esto se sintetiza en el objetivo de captar rentas” (exenciones fiscales y subvenciones) (pág. 128), indicando seguidamente los mecanismos de presión que utilizan: promoción de afines a cargos públicos, “puertas giratorias”, lobbies, difusión de ideas entre la población para convencer de que sus objetivos particulares son compatibles con los de la sociedad. Aprovecha este tema para dedicar una sección a los agentes externos internacionales y la globalización, considerando la subcontratación de las multinacionales que ha dado en fraccionar los procesos productivos y sustentarse en cadenas internacionales de valor, de manera que “Por este motivo, parte de las lógicas de funcionamiento de los tejidos productivos de los estados-nación pasó a depender del exterior estableciendo límites a las políticas económicas” (pág. 137)

La “Parte III. Objetivos a largo plazo de la política económica” y última del libro, acoge el “Tema 7. Crecimiento económico y política económica” y el “Tema 8. Desigualdad y políticas redistributivas”, considerando que el crecimiento económico “constituye el objetivo, en último extremo, de cualquier política económica instrumental.” (pág. 147). El tema está bien hilvanado, aunque sin adentrarse en la discusión, con la crítica amplia y profunda, que permite el objetivo del crecimiento y su concreción en el Producto Interior Bruto (PIB) como magnitud que refleja la actividad económica, si bien, el autor le dedica un recuadro en la pág. 157 (“La aparición del PIB como referencia para la política económica”). Dentro también de la sección “2. La configuración de la agenda respecto al crecimiento económico”, incluye una clasificación de los principales modelos explicativos del crecimiento económico, y que luego desarrolla sucinta, pero clara y suficientemente cada uno de ellos, tanto por el lado de la demanda (Teorías del desequilibrio postkeynesianos), como de la oferta, en base a la función de producción (Harrow-Domar, Solow y Romer-Barro), o fuera de la función de producción (institucionales, de comercio exterior, sectoriales, regionales, de uso de política económica). Muy logrado ilustrativamente está el “Gráfico 3. Las políticas estructurales”, poniendo en el centro la función de producción con los factores capital, trabajo y Tecnología: Y = f (K, L, T), enriqueciéndola en círculos concéntricos con el empresario, el proceso productivo y la implantación en mercado e indicando las políticas relacionadas en cada caso. (pág. 161), dedicando después un recuadro a “las políticas educativas” (pág. 162) y tratando a continuación la “flexiseguridad” danesa y la “mochila austriaca”. En política financiera es de resaltar la idea de reconsiderar el papel de los bancos centrales en base al objetivo de crecimiento.

El último de los temas, el 8, que versa sobre desigualdad y las políticas redistributivas, considerando que estas últimas “son el núcleo de las funciones legitimadoras del mercado.” (pág. 175), es propenso a dedicarle un libro entero, por lo que el esfuerzo de síntesis realizado por el profesor Antonio Sánchez, forzosamente ha de saberle a poco al lector, y, sin embargo, su organización permite adentrarse en los instrumentos utilizados agrupados en dos grandes bloques: el de políticas regulatorias y el de políticas financieras, desplegadas esquemáticamente en el “Gráfico 3. Instrumentos redistributivos” (pág. 186). Son instrumentos de las políticas regulatorias: la ordenación del mercado, el condicionamiento de rentas de mercado y las intervenciones de fuera de mercado. En las políticas financieras tenemos dos grupos: El presupuesto público, en sus dos vertientes, la del sistema fiscal y la del gasto público; y la Seguridad social, con dos sistemas: universal y contributivo. Las políticas financieras, puede realizarse de diversas maneras: producción pública, provisión pública con producción privada, subsidios y transferencias. La sección 4 y última del libro, está destinada a las estrategias de redistribución, entre las que pone de relieve la propuesta de Atkinson de establecer un impuesto progresivo sobre sucesiones con la intención de favorecer la diseminación de los capitales acumulados, idea de la que discrepo profundamente, en la intención y en la eficacia, pero que no es este el lugar para desarrollar y será un placer intelectual discutirla con el profesor Sánchez Andrés.

El contenido del libro y su organización de conjunto es de interés y ayudará a los estudiantes a formarse en política económica. Coincido con el autor en lo que subyace en los temas y en muchos de sus desarrollos, por más que yo insista en considerar que el marco crítico “galbraithiano” fundamentando la exposición de la política económica en el poder de las organizaciones y los contrapoderes le daría un soporte extraordinario, pero eso quedaría para una nueva edición, y si así lo considera el autor.

  • Attali, Jacques (2021): La economía de la vida. Prepararse para lo que viene. Libros del Zorzal. Buenos Aires.

(por Carlos Ochando Claramunt, Departamento de Economía Aplicada –Política Económica- Universidad de Valencia)

Reconozco que elegí el último libro escrito por Jacques Attali como lectura veraniega gracias a su título. Me parecía que un título que unía los dos conceptos (economía y vida) abría interesantes expectativas en su lectura. A pesar de su extraordinario título, el libro no responde del todo a las primigenias elevadas expectativas. Luego comentaré el por qué. Pero empecemos por la presentación del autor. Jacques Attali es un prestigioso economista francés fundador de la ONG Acción Internacional contra el Hambre y cofundador (junto a Muhammad Yunus) de la ONG PlaNet Finance que basa su acción en la ayuda a los pobres a partir de una red de microcréditos. Attali también es conocido por haber sido el primer presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y, sobre todo, por ejercer de consejero especial de François Mitterrand entre 1981 y 1991. Hecha la presentación nos centraremos en el libro.

Dos son los principales problemas del libro: 1) una escritura a modo de panfleto que le resta un cierto rigor científico y 2) el desfase de la información estadística que se recoge en él. De lo primero es responsable su autor, de lo segundo es la fecha de su publicación. Hay que tener en cuenta que el libro se publicó en francés en 2020 y que, por tanto, toda la información referente a los datos de la pandemia ha quedado absolutamente desfasada a finales del 2021 (los datos están actualizados hasta el 24 de noviembre de 2020). No es ese, por consiguiente, el interés del libro.

Tampoco lo es, desde mi punto de vista, el estilo directo y panfletario que tiene el libro. El autor concibe el libro como un manifiesto urgente de las principales ideas que, según él, podemos extraer de la crisis pandémica. Está escrito con un estilo directo y, en ocasiones hasta coloquial. Poco académico, la verdad. De hecho, en todo el texto no cita ni una referencia bibliográfica (bien es cierto que están recogidas al final en un bloque que incluye también un anexo estadístico).

Su escritura interpela directamente la reflexión del lector, sin esconder sus opiniones y fobias. Opiniones que pueden ser discutibles. Por ejemplo, una de las ideas fundamentales del libro es la dura crítica que hace a China por la gestión de la pandemia. Furibundo crítico de la gestión china y de su régimen, Attali carga con dureza contra el régimen chino por mentir, esconder la verdad (incluso a la misma población china), provocar una crisis económica mundial (debido al confinamiento de la población) y exportar un modelo fracasado de la gestión de crisis sanitaria. En cambio, es un firme defensor el modelo surcoreano, que resume en tres acciones: “cubrirse, testear y rastrear” (p.54). De hecho, resume el gran error de Europa en haber imitado a China y no a Corea del Sur. Según el autor, una gestión de la crisis basada en el modelo surcoreano habría evitado la gravísima crisis económica provocada por el confinamiento de la población y la consiguiente parálisis de la actividad económica a nivel mundial. Y no solo eso, sino la merma de derechos políticos y civiles que ha supuesto este modelo de gestión de la crisis sanitaria. Como señala el autor, “en el mundo nunca se ha visto a tantos expertos más o menos autoproclamados hacer declaraciones tan categóricas y contradictorias. Y nunca se ha visto tanto retroceso del Estado de derecho. El seguimiento sanitario que exige la pandemia es un pretexto para que el poder haga todas las preguntas y exija todas las respuestas” (p. 105).

¿Dónde reside para mí el interés del libro? Pues en la propuesta de que buena parte de la salida de la crisis económica está en una mayor inversión pública (y privada) en los sectores económicos y sociales relacionados con el cuidado y mantenimiento de la vida. Aquéllos sectores que, según el autor, “asumen como misión permitirnos a todos vivir bien” (p.167) ¿Y cuáles son esos sectores? Distingue entre los urgentes y los esenciales. Ambos formarían lo que Attali denomina “economía de la vida”. Lo urgente para superar la crisis son los medicamentos y las vacunas (sin eso no hay salida posible) (p.147).

Los sectores que la pandemia han desvelado como esenciales son: la salud, la prevención, la higiene, la alimentación, la agricultura, la vivienda (hábitat con más distancias), la educación, la inversión en los jóvenes, la cultura y el entretenimiento, el deporte, las infraestructuras urbanas y la protección territorial. El autor en un párrafo cita muchos otros más, aunque no los desarrolla, (p.167): la democracia, la seguridad, la defensa, el tratamiento de los residuos, el reciclaje, el suministro de agua, la energía renovable, la ecología y la protección de la biodiversidad, la educación, la investigación, la innovación, la tecnología digital, el comercio, la logística, el transporte de mercancías, el transporte público, la información y los medios, el seguro, el ahorro y el crédito.

Algunos de esos sectores coinciden con los que los mercados y las Bolsas señalan como grandes beneficiarios de la crisis pandémica: la distracción, la medicina, la gran distribución, la alimentación, el comercio electrónico y la tecnología digital.

Obviamente, para el autor la “economía de la vida” está muy conectada con la solución a la crisis climática. “La economía de la vida es, más que ninguna otra, capaz de garantizar la lucha contra el calentamiento global y la defensa del medioambiente” (p.168). Para Attali, la economía de la vida será el motor de un desarrollo positivo del medioambiente y de la protección de la biodiversidad. Por cierto, que, según el autor, la solución al cambio climático no pasa por el decrecimiento, sino por cambiar la forma de seguir produciendo.

El autor también defiende que los países deber perseguir el objetivo de la soberanía y la autonomía. “La soberanía será vista como una de las dimensiones principales de la defensa de la vida: ser soberano significa estar vivo. Depender de los demás significa correr el riesgo de morir por culpa de sus errores” (p.109). ¿Significa eso mayor proteccionismo, reindustrialización a nivel nacional o reindustrialización a nivel europeo? No lo sabemos. El autor no lo aclara o no profundiza en eso.

Finalmente, en el último capítulo de libro, su autor hace una referencia al modelo de democracia que los países deben perseguir, que debería cumplir con cinco principios: 1) debe ser representativa, 2) debe proteger la vida, 3) debe ser modesta, 4) debe ser justa y 5) debe tener en cuenta, democráticamente, el interés de las futuras generaciones.

En definitiva, no estamos ante un libro de política económica, ni mucho menos. Pero sí ante un libro del cual podemos extraer algunas ideas interesantes y útiles desde el punto de vista de la política económica. Esencialmente, lo interesante para la política económica es reconocer que buena parte del nuevo modelo productivo pasa por potenciar las actividades económicas relacionadas con la protección y el cuidado de la vida (educación, salud, vivienda, medioambiente, alimentación, etc.). Estoy plenamente de acuerdo con esa idea y me parece extremadamente útil para el diseño de las políticas públicas en el futuro. Añadiría una apuesta decidida por reforzar, profundizar y universalizar el modelo público de Estado del bienestar y de Seguridad Social. De hecho, algunos sectores de la economía de la vida son los mismos pilares que caracterizan y definen el Estado del bienestar.

  • Mazzucato, Mariana (2021): No desaprovechemos esta crisis. Galaxia Gutenberg, Barcelona.

(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada –Política Económica- Universidad de Valencia)

La edición de este libro de Mazzucato ha coincido con la traducción también en España del titulado Misión, economía (reseñado en el anterior número de Noticias de Política Económica). Formalmente, este libro tiene dos particularidades. En primer lugar, que se apunta un subtítulo muy atractivo, a saber, “lecciones de la COVID-19” y, en segundo lugar que los capítulos son relativamente cortos orientados hacia un público muy amplio (divulgación). Cabe señalar que, aunque en la portada aparece el nombre de la autora, en la mayoría de los capítulos se anota que se ha escrito en colaboración con otras personas. Así pues, se trata más bien de un trabajo colectivo dirigido por Mazzucato donde se plasma sus diagnósticos de la situación actual y sus propuestas.

El libro se compone de 14 capítulos organizados en seis partes. La primera parte, con dos capítulos concentra su atención en explicar la confluencia de tres crisis simultáneas en la actualidad: sanitaria, económica, y medioambiental. Después de varias décadas de desregulación económica y financiarización de las economías, 2008 representó el final de ese modelo de crecimiento. A partir de ese momento se interpretó mal aquello que había sucedido y se aplicaron políticas de austeridad que debilitaron más aún las instituciones estatales. La crisis del COVID-19 ha acentuado los problemas heredados y ha mostrado una falta de capacidad de actuación y de coordinación del Estado, única institución capacitada para hacer frente a los retos que se plantearon en 2020.

La parte segunda agrupa tres capítulos que versan sobre cómo actuar en la actualidad para conseguir cambios en el futuro. Tres son las líneas de actuación. En primer lugar, se acepta rescatar empresas, pero se han de establecer condiciones acerca de su financiación, su trayectoria y sobre su futura actividad. En segundo lugar, las ayudas del Estado no pueden ofrecer como cheques en blanco, en especial, aquellas que atañen a apoyos a desarrollos tecnológicos de empresas privadas y ha de exigirse un dividendo social. En este ámbito se incluye una reregulación del sistema de patentes. En tercer lugar, se ha de intervenir de manera cuidadosa sobre el ámbito digital, en el que se están estableciendo monopolios que adoptan un papel estratégico, no sólo en sus áreas directas de actividad sino en el resto de la economía.

La tercera parte se centra en el sistema sanitario, desarrollando sus explicaciones en dos capítulos. Por un lado, se apunta la necesidad de intervención del Estado, siguiendo prioridades y concentrando recursos públicos y privados en ellas (misiones) y, por otro lado, limitar las apropiaciones privadas de los resultados, especialmente de innovación, pero también de producción relacionados con aspectos sanitarios, justificado en la prioridad que significa la salud, pero también y, no menos importante, porque el Estado destina abundantes recursos financieros a estos aspectos que son apropiados por empreas privadas.

La parte cuarta aborda aspectos medioambientales utilizando dos capítulos. El crecimiento económico está poniendo de manifiesto los límites medioambientales que están pasando a un primer plano. Sin embargo, el sector privado en sí no consigue percibir estos problemas. Solo el sector público tiene esa capacidad global y estratégica y posee la capacidad de coordinar a agentes de distinta naturaleza para perseguir ese objetivo. Por supuesto, eso requiere la intervención del Estado, pero siguiendo unas pautas novedosas, que consisten en organizar actuaciones a través de planes a largo plazo con objetivos estratégicos definidos (misiones).

La parte quinta apunta hacia el futuro que nos espera y articula la argumentación en cuatro capítulos. En primer lugar, la creación de un nuevo pacto fiscal que no busca por definición el equilibro presupuestario, como ha marcado la ortodoxia económica en los últimos años. Esto significa recuperar el papel activo inversor del Estado, poniendo de relieve que los bienes públicos generados por este no son periféricos al mercado, sino centrales en su funcionamiento. Cabe señalar, adicionalmente, que la acción inversora se complementará con la lucha por conseguir el pleno empleo en contextos de crisis económica. Por este motivo propone crear “programas de empleo público”. En segundo lugar, establecer colaboraciones público-privadas para llevar a cabo las misiones establecidas por el Estado. En tercer lugar, una renovación interna del sector público regenerando sus instituciones y transformándolas en más flexibles para enfrentarse a los cambios circundantes. Estos cambios tienen que conducir a una mayor capacidad estatal para adaptarse y aprender; alinear mejor los servicios públicos y las necesidades ciudadanas; gobernar sistemas de producción resilientes; y gobernar datos y plataformas digitales.

El último capítulo es un epílogo. En este se sintetizan parte de las ideas apuntas en el libro.

A los efectos, este libro constituye una versión abreviada del de Misión, economía. Así pues, puede servir para introducirse en las propuestas de la autora de una forma rápida y sencilla. Es decir, que se puede utilizar con facilidad en seminarios con estudiantes relacionados con nuevas tendencias de la política económica.

Asimismo, resulta de interés la idea de “nueva” forma de intervención estatal a través de misiones. En la actualidad, con el trasfondo de más de cuatro décadas predicando el carácter subsidiario del mercado, constituye una forma novedosa. Sin embargo, no debe olvidarse que la propuesta de Mazzucato se sustenta en el análisis empírico de aquello que ocurrió en EE.UU. a partir de los años 50 que, en parte remite al Estado militar-industrial de John K. Galbraith. Este tipo de enfoque conduce a transformar en obsoleto el enfoque interpretativo de los errores del mercado, como estructura mental para justificar las intervenciones del Estado. Mazzucato apunta la función dinamizadora del Estado, esencial en países que se han encontrado en el liderazgo tecnológico mundial. Esta función ha ido siendo abandonada durante los últimos treinta años y está dejando a EE.UU y a la UE en un situación muy deteriorada con discutibles expectativas de futuro. Así pues, las propuestas de Mazzucato se transforman en un eje esencial de discusión de la nueva estructura de política económica que caracterizará a los países líderes mundiales a mediados del siglo XXI.


Número 32 – Índice

28 de junio de 2021

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CONTENIDOS

1.- XV Jornadas Internacionales de Política Económica/15th Economic Policy International Conference. Valencia, 27-28 de Mayo de 2021 (resumen de resultados)
2.- International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) (vol.3, nº.1, 2021)
3.- Política Económica en la red: UNED
4.- Noticias internacionales: Revista Finanzas y Política Económica
5.- Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)
6.- Política económica actual: Geografía del descontento
7.- Política fiscal. La Reforma Tributaria en Colombia
8.- Política económica estructural: La política económica y la empresa
9.- Pro et contra: La reforma reciente en el sector eléctrico
10.- Juan R. Cuadrado Roura recibe el Premio ERSA de Ciencia Regional 2021
11.- ¿Sabías que… una de las raíces más importantes de la Política Económica se encuentra en el cameralismo alemán?
12.- Reseñas de libros
– Misión economía. Una guía para cambiar el capitalismo (Mazzucato, Mariana)


Número 32 – 1

28 de junio de 2021

XV Jornadas Internacionales de Política Económica/15th Economic Policy International Conference.Valencia, 27-28 de Mayo de 2021 (resumen de resultados)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada –Política Económica- , Universidad de Valencia (España)

Lugar: Facultad de Economía, Universidad de Valencia (Campus dels Tarongers, Avda. Tarongers, s/n)

Más información:

https://congresos.adeituv.es/jipe2020/ficha.es.html

Contacto:

xvjipe@uv.es

Después de sortear diversos obstáculos, en particular los relacionados con la epidemia del COVID-19, en mayo de este año tuvieron lugar las XV Jornadas Internacionales de Política Económica. Estas Jornadas han sido ricas en trabajos. Inicialmente se presentaron más de un centenar de propuestas y finalmente se aceptaron más de 90 ponencias, con unos 130 participantes. Se distribuyeron las defensas de los trabajos en 7 franjas con hasta 4 sesiones simultáneas, que sumaron un total de 24 sesiones. Para facilitar la discusión, aumentar el enriquecimiento en conocimientos y evitar que los trabajos fueran simples breves exposiciones, se atribuyó a cada sesión un tiempo de una hora y media, y, en términos medios, se asignaron 4 ponencias por sesión. Los trabajos han versado sobre todos los aspectos relevantes de la Política Económica y los resultados han sido muy fructíferos.

Estas XV Jornadas han podido ser realizadas gracias al apoyo no sólo de la cabeza visible de la organización, sino también hay que hacer dos reconocimientos explícitos. En primer lugar, a los participantes que, a veces incluso sin ponencia, que con su labor militante ponen de manifiesto la relevancia y el carácter imprescindible de la disciplina de la Política Económica. En segundo lugar, debe reseñarse la participación activa de 25 moderadores de mesas (de prácticamente todos los territorios del Estado español), así como de 5 asistentes técnicos, cifra total nada desdeñable, cuya loable y desinteresada labor es un indicador de la fuerza (humana) de la que sigue disponiendo la disciplina de la Política Económica.

Vale la pena mención aparte dos elementos reseñables. Por un lado, la faceta “internacional” ha estado continuamente presente, como ha quedado patente en las diversas mesas temáticas que se desarrollaron en inglés, al tiempo que algunas ponencias en otras áreas también se defendieron en ese idioma extranjero. Por otra parte, se ha pretendido conectar los análisis teóricos de política económica con la realidad y esta dimensión se ha conseguido con la intervención de la Vicepresidente del Gobierno del Reino de España, la Excelentísima Sra. Yolanda Díaz Pérez

En términos de proyección hacia el futuro de los eventos académicos de Política Económica deben apuntarse dos hitos. En primer lugar, la realización en 2022 del V Taller de Política Económica, organizado por la Universidad de Valladolid y que será coordinado por la profesora Belén Miranda; en segundo lugar, las XVI Jornadas Internacionales de Política Económica, que se organizarán en 2023 por la Universidad de La Laguna (Tenerife) y siendo las responsables de que lleguen a buen puerto las profesoras Rocío Peña y Olga González.

Estos dos últimos eventos constituyen los ejes esenciales de encuentros académicos que organiza la disciplina de la Política Económica en España, que se encuentran complementados, por la red on-line REDIPE de distribución de materiales académicos, el anuario de Política Económica (del que ya han visto la luz 5 ediciones y en breve aparecerá la sexta entrega), la revista trimestral Noticias de Política Económica y, como no, también contamos desde hace dos años (tal como se presentó en las anteriores Jornadas Internacionales de Política Económica celebradas en Barcelona) de la revista académica “International Review of Economic Policy”, que ya aparece en Dialnet, ha entrado en la primera fase de la base de revistas Latindex y que se someterá a evaluación por Scopus en esta segunda mitad de año. Además, debe tenerse presente que se ha reactivado la edición de nuevos manuales docentes de Política Económica. Adicionalmente, no debe olvidarse que desde el curso 2014-15 se está desarrollando el Máster Oficial en Política Económica y Economía Pública organizado en la Facultad de Economía de la Universidad, único que versa sobre nuestra disciplina en España, que está formando especialistas en Política Económica de manera sistemática y que presenta una demanda realmente digna de reseñar.

Todo este movimiento pone de manifestó y constata la vitalidad de los estudios de Política Económica, de los que hay indicios que van a presentar una gran relevancia en un futuro más bien inmediato.

Sesión de apertura de las XV Jornadas Internacionales de Política Económica, donde están presente, en el centro el Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Francisco Muñoz Murgui y, a su lado los directores del Comité Organizativo de las Jornadas, Antonio Sánchez Andrés (a la izquierda en la foto) y Raúl de Arriba Bueno (a la derecha)


Número 32 – 2

28 de junio de 2021

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) (vol.3, nº.1, 2021)

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista académica que concentra su atención en la Política Económica. La revista es editada en Valencia (España) por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia (irep.uv.es)

IREP acepta contribuciones de todos los enfoques económicos (ortodoxos y heterodoxos), así como procedentes de otras disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales. Desde esta perspectiva, IREP acepta trabajos de carácter tanto teóricos como aplicados, al tiempo que son bienvenidas tanto las aportaciones sustentadas en análisis cuantitativos como cualitativos, destacando su contenido realista. En concreto, IREP acepta trabajos procedentes de orígenes diversos como la economía, la economía política, el desarrollo y la planificación, la historia o las ciencias sociales en general. IREP publica artículos sobre todo tipo de temáticas relacionadas con la Política Económica.

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista internacional que publica manuscritos en inglés y en español. Todos los artículos son sometidos a un estricto sistema de evaluación anónima por pares, ofreciendo un medio académico de comunicación y de diseminación de ideas de elevada calidad científica

Contenidos de

Vol.3, Núm. 1 (2021)

  • “Medidas de política económica en la UE ante la crisis derivada de la COVID-19”. Maja Barac, Pilar Tamborero (pp.1-19)
  • “Política de empleo: posibilidades y limitaciones”. Beatriz Benítez-Aurioles (pp.20-40)
  • “Resultados de la política de formación profesional en España y Alemania”. Ángel Soler Guillén, Fernando Pascual (pp.41-62)
  • “Las políticas de emprendimiento en México”. Angélica Beatriz Contreras Cueva, Pamela Macías Álvarez, Olga González-Morales (pp.63-75)
  • “Políticas públicas de cuidados de larga duración: residencias para mayores, calidad del servicio y atención de calidad”. (María Ángeles Briones Peralta, Isabel Pardo García, Francisco Escribano Sotos (pp.76-98)
  • “Importancia económica de la empresa familiar. Una aproximación desde la política económica”. Evangelina Aranda Garcia, Victor J. Martín Cerdeño, Jesús Santos del Cerro (pp.99-118)

Los contenidos e información se pueden consultar en línea en la web:

irep.uv.es


Número 32 – 3

28 de junio de 2021

Política Económica en la red: UNED

Acaba de salir a la luz la nueva página web del grupo de investigación “Economía Política Internacional y Española”: https://blogs.uned.es/economia-politica-internacional/

Adicionalmente al CV de los miembros, sus publicaciones y su actividad docente, las páginas más interesantes para los colegas de política económica son, posiblemente, las dos siguientes que aparecen en el apartado de “Docencia y divulgación”:

  • La página de “Recursos audiovisuales” (https://canal.uned.es/series/60003a22b6092321b95d6cb5) donde figuran los programas de radio (y alguno de televisión) que han hecho los miembros del grupo a lo largo del tiempo. De especial interés pueden resultar los programas de la serie “Conversaciones de política económica” que aparecen también en la “portada”. En esta subserie se recogen los programas de radio que han hecho los profesores del equipo de política económica de la UNED con profesores e invitados de otras instituciones para hablar de cuestiones relacionadas con la Política Económica.
  • La página de “Congresos y actividades” desde la que se accede a la página del IV Taller de Política Económica (https://blogs.uned.es/economia-politica-internacional/congresos/iv-taller-de-politica-economica/) organizado por la UNED y celebrado online en septiembre del año pasado. En dicha página se puede acceder a las presentaciones de las ponencias del IV Taller de Política Económica, así como a los vídeos de la ponencia invitada y de cada una de las 4 sesiones o paneles que ahí tuvieron lugar.

Número 32 – 4

28 de junio de 2021

Noticias internacionales: Revista Finanzas y Política Económica

La Revista Finanzas y Política Económica, de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Colombia, constituye un espacio científico de discusión de aspectos relacionados con Política Económica. Tiene una categoría de Q4 en Scopus. Más información:

https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/

Contenidos de número reciente

vol.11, nº.1, enero-junio, 2021

Editorial

  • Vacunación y desarrollo en tiempos de la COVID-19 (Tejedor Estupiñán Joan Miguel)

Artículos

  • Análisis de eficiencia financiera de las empresas cotizantes en el mercado accionario colombiano para el periodo 2012- 2017 (Balseiro Barrios Hector Darío, Luna Amador Jorge Armando , Maza Ávila Francisco Javier)
  • Financiamiento sostenible de la inversión pública: evidencia para México, 2001-2019 (Hernández Mota José Luis, Marín Medrano Iván Abdel)
  • Relación asimétrica entre el gasto militar, el crecimiento económico y la productividad industrial: un análisis empírico de India, China y Pakistán implementando el método NARDL (Syed Aamir)
  • Países de la Alianza del Pacífico 2000-2021: efectos del COVID-19 en el crecimiento y la reactivación económica (Reyes Ortiz Giovanni Efrain, Mendoza-Sáenz César Alberto , Robayo-Piñeros Edward Leandro)
  • La generación de empleo en el sector industrial en Colombia 2010-2018 (Sotelo Forero Lorena, Vallejo Zamudio Luis E.)
  • Las políticas de integridad corporativa como política económica en la OCDE (Leo-Castela Juan Ignacio, Sánchez-Macías José Ignacio)
  • Independencia de la junta directiva y desempeño financiero: evidencia de empresas colombianas (Lagos Cortés Diógenes, Roncancio Rachid Rolando)
  • Bitcoin y la Compañía de los Mares del Sur: un análisis comparativo (Demmler Michael, Fernández Domínguez Amilcar Orlian)
  • Influencia del directorio en el desempeño del Mercado Integrado Latinoamericano (Améstica Rivas Luis, King Domínguez Andrea, Moraga Dionicio Viviana, Romero Romero Rodrigo)

Número 32 – 5

28 de junio de 2021

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

 

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red. Los artículos distribuidos han orientado su atención hacia la crisis, como por ejemplo una aportación de Acemoglu o algunas reflexiones sobre el aumento en la inflación, la posible situación de estanflación, los impactos laborales o sobre la desigual distribución de la renta (este último escrito por Rafael Pampillón). Algunos han versado sobre la situación relacionada con la crisis económica y sanitaria del COVID-19 y, en otros casos sobre sus implicaciones sectoriales, destacando en especial un trabajo sobre la situación del turismo. También vale la pena mencionar el trabajo sobre el cambio en las relaciones internacionales y reflexiones de política económica con referencia en EE.UU. (Rodrik). Finalmente debe mencionarse la aparición del último número de Papeles de Economía Española, coordinado por Xosé Carlos Arias, sobre el papel de las instituciones en España, que puede tener un amplio uso docente y generar inspiración investigadora.  


Número 32 – 6

28 de junio de 2021

Política económica actual

Geografía del descontento

(por Juan R. Cuadrado Roura, Catedrático de Economía Aplicada -Política Económica-. Universidad C.J. Cela e IAES, de la Universidad de Alcalá)

En los dos últimos años se han publicado varios trabajos académicos sobre lo que ha dado en llamarse la ‘geografía del descontento’[1] Esta expresión surgió para tratar de explicar por qué había caído el grado de adhesión a la UE en los últimos años, y por qué crecía la desconfianza en relación con la capacidad de los políticos de abordar y resolver los “problemas reales” que sufren los individuos y las familias. El objetivo era, en definitiva, explicar las razones por las que dicho “descontento”, enfado, irritación se traducía en votaciones cada vez más favorables a partidos populistas de izquierdas o de derechas. Alguno de los trabajos publicados (P. Mc Cann) exploró si dicha actitud explicaba los apoyos al ‘Brexit’ en el Reino Unido, mientras otros se centraron en las críticas dominantes en países como Hungría, Polonia o Grecia (Dijkstra), o en las protestas en algunas regiones en declive de Alemania, Francia e Italia.

Europa: el ‘descontento’, los territorios y la pobreza

El concepto de ‘geografía del descontento’ ha evolucionado hacia una concepción más clara y vinculada al territorio. Se identifica cada vez más con lo que sucede en algunas zonas europeas que han experimentado un proceso de desindustrialización y de escaso de desarrollo, sin grandes perspectivas de recuperación. Se incluyen ciudades y regiones que vivieron tiempos mejores pero que, como consecuencia de la globalización y la deslocalización de empresas, tienen un elevado desempleo y crecientes problemas vinculados al grado de pobreza que afecta a una parte importante de su población.

Los habitantes de estas áreas, así como de algunos barrios dentro de las grandes metrópolis (Berlin, Amsterdam, París, …) están crecientemente disgustados, incluso irritados, con el ‘sistema’ al que – como ha señalado Rodríguez-Pose – “no quieren seguir sirviendo”. Y, para expresar su descontento, cuando hay elecciones votan a partidos políticos de los extremos y/o convocan manifestaciones que suelen ser muy concurridas. Crece el populismo, crece la ola de insatisfacción y todo ello supone uno de los desafíos más serios del ‘sistema’ socio-económico que prometió largos períodos de prosperidad y estabilidad política, pero que ahora sólo lo hace de forma muy desigual.

Hay bastantes datos en los que pueden apoyarse estos hechos. Las grandes bolsas de desempleo; el paro juvenil, el de las mujeres y las dificultades de encontrar trabajo por parte de los mayores de 50 años; la falta de viviendas y los altos costes de los alquileres; etc. Sobre todos estos temas existe amplia (y creciente) información a escala europea y para bastantes de los países miembros. Quizás un indicador que contribuye a dibujar lo que está ocurriendo son los datos sobre la ‘pobreza’ en Europa.

El concepto de ‘pobreza’ y su medición son siempre discutibles, pero el Consejo de Europa estableció unos criterios que permiten realizar comparaciones y cifrar la situación de los individuos y los hogares de los países y sus regiones. Así, de acuerdo con Eurostat, un 16,5 por ciento de la población de la UE, es decir, en torno a 84 Millones de europeos, viven en una situación de pobreza relativa y parte de ellos corren riesgos de exclusión social. Cinco países encabezan la lista: Rumanía (23,8 por ciento población), Letonia (22,9 por ciento), Bulgaria (22,6 por ciento), Estonia (21,7 por ciento) y España (20,7 por ciento). Y si el nivel de exigencia se fija en la “privación material severa”, la lista la encabezan Bulgaria, Grecia y Rumania, aunque algunos barrios de ciudades europeas de los países más ricos figuran también en este nivel. Todos ellos conforman, sin duda, un elevado número de individuos con un alto grado de insatisfacción vital y, en no pocos casos, con escasas expectativas de que su situación vaya a cambiar.

Un hecho relevante y muy lamentable es que la concentración de esta población en determinados territorios y zonas urbanas constituye un rasgo clave que no suelen “tomar en consideración” los planteamientos burocráticos de las políticas diseñadas por los gobiernos, orientadas a atender a individuos y hogares considerados individualmente.

EL caso de España: pobreza, desigualdad … y territorio.

Dentro de los países calificados como ricos dentro de la EU-27, España tiene el mayor índice de incidencia de la pobreza. El 20,7 por ciento (9,6 millones de personas) nos coloca en la 5ª. posición de los países comunitarios, porcentaje que alguna estimación amplía a cerca del 25 por ciento.

En la ‘Estrategia 2020’ España se comprometió a una reducción de 1,5 millones de personas en situación de pobreza, meta que no sólo no se ha logrado en los 10 últimos años, sino que ahora hay más personas en dicho conjunto que en 2010. La crisis iniciada en 2008 tuvo un impacto muy negativo sobre diversas variables y, en particular, sobre el nivel de pobreza y, si bien a partir de 2014 se registra una lenta mejora (Banco de España), en 2019 no habíamos recuperado todavía la posición previa a la gran crisis. Y a ello se ha sumado el fuerte impacto negativo del Covid-19, que ha afectado particularmente a algunos colectivos de ciudadanos y familias.

No tenemos datos oficiales, pero sí los que proceden de un elevado conjunto de ONGs., y las estimaciones y datos disponibles indican claramente que la situación ha empeorado a partir de la irrupción de la pandemia. El nivel de pobreza y el número de hogares que no pueden hacer frente a sus gastos, el alquiler o la hipoteca, la calefacción y otros ha aumentado sustancialmente, en particular en el caso de los hogares cuyo cabeza de familia está por debajo de los 45 años. Y han crecido, asimismo, los hogares con “carencia material severa”, en cuyo bloque se integran bastantes cabezas de familia entre 45 y 65 años, con serias dificultades para encontrar trabajo. Todo ello está estrechamente vinculado, sin duda, a la creciente desigualdad en términos de ingresos, que había empeorado sustancialmente con la crisis financiera y que, tras registrar una ligera recuperación, ha vuelto a agravarse. El Prof. Luis Ayala, subraya que la permanencia de la dualidad en el mercado de trabajo, donde se ha ampliado el grupo de personas con bajos salarios, en desempleo o ubicados todavía en los Ertes, frente a quienes no dependen sólo de ingresos por trabajo o los más cualificados. A lo cual se suma (como muestra la EPA) un número creciente de hogares sin ingresos del trabajo ni prestaciones de desempleo o de SS.

Los datos sobre niveles de pobreza por regiones dibujan, lamentablemente, “dos Españas”. En la peor están, además de Ceuta y Melilla, Andalucía, Extremadura, Canarias, Murcia, Castilla-La-Mancha y parte de la Comunidad Valenciana, todas con indicadores claramente por encima de la media española. A ellas se suman algunas bolsas urbanas que existen en otras CCAA, donde los índices de pobreza y exclusión social son igualmente elevados o más, como ocurre en Madrid, Barcelona y Bilbao, por ejemplo, así como en otras ciudades de tamaño medio.

La concentración territorial de población que sufre este tipo de situaciones invita a aplicar el concepto de “geografía del descontento”, de los que hemos tenido varios ejemplos en los últimos dos años, con la explosión inesperada (o no tan inesperada) de protestas en la ciudad de Jaén, en Linares, en Ferrol, en la Marina gallega, en el Campo de Gibraltar y en otros puntos de nuestra geografía, cuya solución o respuestas no pueden abordarse mediante planteamientos ‘generales’, es decir, a partir de una visión basada en principios individuales/o referidos a los hogares, en general, porque la insatisfacción (y la irritación) que se observa tiene una dimensión claramente regional, comarcal y urbana.

Sin embargo, lo que estamos comprobando es que los planteamientos que se hacen desde el gobierno central, no pocas veces con el consentimiento de los sindicatos, los empresarios y bastantes comunidades autónomas, se basan en buscar soluciones sin ninguna referencia ‘territorial’. Así, el problema de la vivienda se plantea como un problema general de España y una de las medidas propuestas consiste en tratar de congelar los alquileres, en general, cuando existen diferencias muy sustanciales entre provincias y entre las zonas rurales y urbanas, tanto en cuanto a la carencia de nuevas viviendas, como en cuanto a los precios de los alquileres. Algo parecido ocurre cuando se discute sobre el tema del dualismo del mercado laboral (con el alto porcentaje de contratos temporales y precarios), que tampoco existe con igual intensidad en todo el territorio, sino que constituyen un grave problema en las grandes áreas metropolitanas, en algunos barrios, dentro de ellas, y en determinadas zonas costeras. Y, algo parecido ocurre en la dotación de servicios sanitarios de atención primaria o en la disponibilidad de UVIs. Sin olvidar el abandono efectivo que sufren algunas comarcas a raíz del cierre de algunas líneas de ferrocarril (malamente sustituidas por otras formas de transporte), el cierre de agencias bancarias en numerosos pueblos, etc.

Si algo está claro es que todos estos déficits degeneran, antes o después (o al menos pueden hacerlo) en un ‘descontento’ que acaba explotando en puntos concretos de la geografía. Lo que se requiere son políticas económicas (sean de empleo, de sanidad, de vivienda, de educación, de condiciones de vida, en general) que atiendan los lugares, ya sean barrios, periferias, comarcas, donde hay una elevada concentración de pobreza y de falta de expectativas, en lugar de políticas ‘generales’ concebidas para ‘individuos’, de las que quienes más suelen beneficiarse son los que se sientan en las mesas de negociaciones y quienes tienen más fuerza.


Número 32 – 7

28 de junio de 2021

Política fiscal

La Reforma Tributaria en Colombia

(por José Nicolás Sánchez Moreno, Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Católica de Colombia)

En Colombia, el estatuto tributario indica las reglas para cobrar impuestos a personas y empresas. Una reforma tributaria modifica esas normas; la reforma se justifica en la medida en que el Estado tiene más gastos que ingresos, está endeudado y su balance financiero no se encuentra en equilibrio o superávit, entonces tiene que buscar estrategias que le permitan reorganizarse y cumplir con sus obligaciones y sanar sus necesidades. De igual forma, si los impuestos y otros ingresos, no son suficientes para financiar nuevos proyectos; mantener el grado de inversión; o apoyar la confianza extranjera y pagar sus deudas, se requiere de otras salidas que, por lo general, estan enmarcadas en paquetes de reformas fiscales principalmente tributarias.

La justificación de la reforma tributaria es que permite conseguir más recursos para adelantar programas sociales u obras, incluso se pueden incorporar otras alternativas que justifican la reforma, como impulsar el empleo, reduciendo la carga tributaria a las empresas para incentivar nuevos empleos, reducir la evasión a través de controles más rigurosos que permitan que quien debe pagar impuestos lo haga, crear nuevos impuestos o aumentar la tarifa de los que ya existen, o ampliar la base de pago, es decir, que las personas o empresas que antes no pagaban un impuesto, ahora sí lo deben hacer, estrategias que la actual reforma plantea.

De todos modos, la reforma tributaria correcta debe garantizar que ni el consumo (personas) ni el empleo (empresas) se vayan a ver significativamente afectados con el alza porque la esencia del recaudo tributario y del gasto del Gobierno es la lucha contra la inequidad y cumplir objetivos de desarrollo y crecimiento.

El actual gobierno de Colombia bajo la presidencia de Iván Duque, concertó con una Comisión de Expertos Tributarios, que plantearon las bases de la próxima reforma fiscal y que el Gobierno presentó al Congreso. Son varias las propuestas que se han hecho frente a este tema, pero la más controvertida es el aumento del impuesto del IVA y de la renta. Otras sugerencias que los expertos señalan son:

  • La eliminación de ciertas exenciones tributarias e incentivos fiscales que no contribuyen al desarrollo económico, por ejemplo, revisar y eliminar ciertas exenciones sectoriales.
  • De igual forma incentivar la formalidad laboral que permita el pago de impuestos una vez que sus ingresos lleguen a los niveles apropiados.
  • Por ultimo una propuesta que también llama la atención es gravar las pensiones.

Según cifras de la Dirección de Impuestos Nacionales -Dian- los costos fiscales asociados al impuesto de renta ascendieron a 17,1 mil millones de dólares en 2019, de los cuales el 65 por ciento correspondieron a las rentas exentas, mientras que 30,1 por ciento fueron de los descuentos tributarios y 4,9 por ciento de deducciones por invertir en activos fijos.

El siguiente cuadro señala diferentes indicadores donde los costos de los beneficios tributarios representan el 8.7 por ciento del PIB, el histórico del recaudo bruto ha descendido 2019-2020 en más de 10 mil millones de dólares y la deuda del gobierno nacional central se mantiene por encima del 60 por ciento como porcentaje del PIB.

El panorama económico no es alentador, por ello, la reforma tributaria sería una decisión que implica costos políticos debido a que golpea a varios sectores de la población especialmente a los de menores recursos.

Una recomendación inicial frente al IVA sería aumentar la tarifa solo en algunos bienes y aumentar el número de hogares a los que hoy se les devuelve el impuesto (Devolución del IVA). Inicialmente el gobierno descartó gravar alimentos básicos, como el pollo, la leche o el arroz, y mencionó que esta sería una reforma social, solidaria y sostenible.

La propuesta al inicio de la actual administración del gobierno colombiano, cuyo lema fue ampliamente difundido “Más salarios, menos impuestos” no se cumplió. Las decisiones del gobierno basados en argumentos de equidad para que los impuestos los paguen los que más pueden no son fáciles de asimilar precisamente porque el contenido de la propuesta no se presenta en su totalidad, para tener la certeza que pretende la reforma. Más aún, la misma se desarrolla en plena pandemia del Covid-19, donde la vacunación avanza de manera lenta y la recuperación económica se concentra bajo escenarios de incertidumbre.

Según el equipo económico del Gobierno, la fórmula era algo que han repetido muchos técnicos, pero que los críticos del gobierno de turno siempre tachan: si las compañías pagan menos impuestos, podrían generar más empleo y subir los sueldos. En la práctica, les han reducido costos y el empleo y los sueldos siguen en terreno preocupante para las metas de reducir la desigualdad. Entonces la “reforma social, solidaria y sostenible” como la ha llamado el gobierno y que se radicará en el Congreso de la República en los primeros días de abril y que pretende un recaudo aproximado de 25 miles de millones cuya utilización estará enmarcada por pago de deudas y el financiamiento de programas de apoyo económico para familias en vulnerabilidad.

El Congreso al final, es el que aprueba los proyectos, lo que sí es claro es que las fuentes principales del ingreso son el impuesto al valor agregado IVA y el pago de renta de personas naturales. De igual forma se introducirán modificaciones para evitar exenciones y los pensionados que reciben ingresos cercanos a los 7 millones de pesos empezaran a pagar impuestos.

En resumen la reforma pretende asegurar la sostenibilidad de la relación Deuda Gobierno Central/PIB de tal manera que no se desborde; mejorar la formalidad laboral de Colombia; obtener recursos de solidaridad en pos-pandemia para los estratos bajos; lograr el esfuerzo tributario adicional requerido para alcanzar tales objetivos; profundizar en el papel del IVA (su peso sería del 19 por ciento y aportaría cerca de 2 por ciento del PIB); crear tasas más progresivas en los ingresos de la clase media-alta; y revertir algunos alivios tributarios dados a las empresas.

Definitivamente la reforma es el único camino que tiene el Gobierno para obtener recursos que le permitan enfrentar la deuda y las necesidades de inversión.

Marzo 2021

Bibliografía

Revista semana.com

El tiempo.com

Clavijo Sergio, Propuesta de Reforma tributaria. Septiembre 2020. La república.co


Número 32 – 8

28 de junio de 2021

Políticas económicas estructurales

(sección coordinada por Evangelina Aranda García, Departamento de Economía Política, Hacienda Pública, Estadística Económica y Empresarial y Política Económica, Universidad de Castilla-La Mancha y Víctor J Martín Cerdeño, Departamento Economía Aplicada, Pública y Política, Universidad Complutense de Madrid)

La política económica y la empresa

(por Dr. Fernando G. Jaén Coll. Profesor del Departamento de Economía y Empresa de la UVIC-UCC.)

La generación de una política económica es, por su propia esencia, un acto humano volitivo, bien sea de un individuo, bien de un grupo de individuos concertados y sea cual fuere el momento que consideremos de todo su proceso, desde la elaboración hasta la aplicación. No creo que cueste aceptar un momento previo, que creo que vale bautizarlo como ideológico, en el que todavía no hay una propuesta de una política económica, pero sí la perspectiva con la que se constituirá; es el momento en el que, en democracia actual, podemos situar en los juicios de valor que fundamentan a cualquier partido político. Ese momento impregna inevitablemente la propuesta de una política económica concreta a la sociedad, que se presentará en unas elecciones democráticas y que vendrá determinada de la concepción que se tenga del sistema económico y de los actores económicos cuyos intereses se defienden con mayor ahínco.

Déjeseme poner un ejemplo para que el lector no piense que me ando por los cerros de Úbeda. Tomemos el déficit público (como podríamos tomar el superávit), en sí mismo expresión de la diferencia de ingresos y gastos públicos (sin necesidad aquí de entrar en matizaciones acerca de las Administraciones públicas, tomándolas como un todo, aunque, en realidad, oculten posibles opciones contradictorias según su ámbito). El sustrato ideológico son los juicios de valor que se tengan sobre el gasto público y sobre el ingreso, sobre sus límites y sobre la interacción entre ellos. Por más que lo quieran algunos, no hay “un” déficit público objetivamente deseable, ni siquiera su nulidad. Fijar en un 3 por ciento del PIB es tan arbitrario como fijarlo en un 5 por ciento y no hay más que ver que una incidencia extraordinaria como la crisis de la “subprimes” o la pandemia del Covid-19 han silenciado el asunto. A efectos de nuestro ejemplo, fijemos los impuestos en un nivel y veremos que el déficit público depende de los juicios de valor sobre el gasto público, su alcance y nivel, y considerado por unos como necesario, incluso conveniente y hasta beneficioso; y por otros como perverso. A fortiori, quienes defienden una u otra posición al respecto, cambian de opinión según las circunstancias sin cambiar sus intereses, que es lo que permanece y se refleja en los juicios de valor, y las cambiantes circunstancias hacen que no podamos establecer una regla general y válida en la realidad. Lo que sí podemos es determinar las consecuencias de una u otra opción bajo condiciones caeteris paribus, pero entonces nos salimos de la política económica, adentrándonos en la teoría económica (Mises, Ludwig von, 2013), o, si se prefiere otro léxico, nos salimos de la economía normativa y entramos en la positiva.

La política económica se ejecuta desde los ámbitos del poder, particularmente en materia económica, pero sin que podamos dejar de lado que gran cantidad de aspectos jurídicos que no consideramos estrictamente económicos o que no aparentan serlo, y que influyen en los comportamientos económicos de los actores económicos, sean éstos personas físicas o no. Plantear la política económica como respuesta o deseo de influir en la economía como un todo, puede ser más fruto del dominio ejercido por la visión macroeconómica que no de una realidad. No hay política económica para la economía de un país (nombre que oculta los intereses de personas, empresas, instituciones, etc.), sino que la hay para unos beneficiarios, causando perjuicio a otros y, tal vez, con efectos neutros sobre algún tercero. Incluso si resulta beneficiosa para todos, no lo ha de ser forzosamente en igual medida, produciendo efectos de cambio de peso relativo entre los actores económicos. De ahí que el sujeto de análisis de la política económica ha de ser las medidas adoptadas y sus consecuencias para los diferentes grupos de actores económicos y momento en que producen su efecto e interacciones, sin caer en la trampa de aceptarlas porque se formulan como si fueran acordes con los juicios de valor de uno: Si soy partidario del gasto público (apoyado en el prejuicio favorable de que lo público favorece a la colectividad más que lo privado) y esto conlleva aumento del déficit público, me puede parecer bien si el gasto es para allegar recursos a unos colectivos marginales; en cambio, no me parecerá bien si es para subvencionar tal o cual empresa, sector o función empresarial. Pero no tiene nada de científico, se basa en un a priori del que juzga, de ahí que llevemos siglos discutiendo doctrinariamente liberalismo e intervencionismo y sus grados en lugar de centrarnos en los intereses en juego.

Centrémonos en la relación de la política económica con uno de los actores económicos: la empresa. Que sea ésta individual, familiar o societaria tiene sus especificidades, pero el busilis estriba en el poder de que disponen para imponer sus intereses, desde la fase previa ideológica (sufragando gastos de centros de estudios, por ejemplo, o durante la fase de elaboración, mediante los “lobbies”), por lo que lo significativo es si la empresa es grande y hasta dónde alcanzan sus tentáculos de poder; de ahí que John Kenneth Galbraith estableciera su análisis del sistema económico distinguiendo dos subsistemas: el de planificación, que corresponde a las empresas que tienen poder, frente al de mercado, en el cual las empresas carecen de poder (Galbraith, J. K., 1979). Poco importa al asunto si son empresas públicas o privadas, aunque ello añada matices (por ejemplo, el papel que juega el beneficio), como igualmente no invalida la división el que unas empresas actúen en un marco de los llamados comunistas o de los denominados capitalistas (Galbraith, J. K. y Menshikov, S., 1989).

Las medidas de política económica que se adoptan, pueden ser generales (del tipo macroeconómico, por ejemplo, con objetivos de empleo, inflación, crecimiento, etc.) o específicas para las empresas o para sectores de estas o incluso para alguna función desempeñada (exportación, innovación, etc.) Aunque esté de moda y forme parte de la confusión el atender a otros objetivos de las empresas, las empresas tienen un elemento director en la tasa de beneficio, o sea su rentabilidad (beneficio sobre capital invertido, en términos de retorno sobre la inversión propia, de manera equivalente a como lo razona un inversor particular al entregar unos fondos de los que espera un retorno aumentado). No es preciso aquí detenerse en las múltiples formas de “afinar” estos conceptos ni siquiera de dar cabida a la maximización de valor para el accionista). Esta tasa orienta los flujos de inversión externos cuando son necesarios o se contemplan como alternativa a una inversión “pasiva” en un instrumento financiero “seguro” (si es que podemos aceptar que eso existe o nos conformamos con su relatividad). Por tanto, y con todo y ser una simplificación (Galbraith señala la falta de respuesta al plazo desconocido en el que contemplamos este beneficio, que no son otra cosa que convenciones la distinción entre corto, medio y largo plazo, al igual que el cálculo anual del beneficio contable, que, como bien señaló Alfred Rappaport (1998), no es más que una opinión), daremos por bueno que el criterio valorativo y decisor en la empresa es la tasa de beneficio, cuyo numerador se obtiene por diferencia entre ingresos y gastos.

Tres son, pues, las variables principales que intervienen al evaluar la empresa una propuesta de política económica: ingresos, gastos y capital; de su potencial influencia en el futuro de la empresa y de sus proyectos resultará el juicio positivo, negativo o neutro, pero no perdamos de vista que hablamos de ”la” empresa como si hubiera una, pero no hay empresa que no tome en consideración a su competencia actual o potencial, de ahí que también incorpore en su valoración de una propuesta de política económica en qué posición relativa le deja frente a sus competidores (ejemplo sencillo es el de una subida del tipo de interés, que tendrá repercusión distinta si una empresa está muy endeudada y otra de la competencia no). De ahí que debamos establecer dos niveles: la empresa en general, de la sectorial y de la específica. De los intereses de la primera se harían eco la organización patronal de ámbito nacional; de la segunda, las diversas patronales sectoriales y de la tercera, cada empresa se formará su opinión.

En términos generales, toda empresa privada aplaudirá las medidas que amplíen las posibilidades de sus beneficios; de ahí que siempre será partidaria de la reducción del ámbito público de la economía que pueda incidir en ellos, aceptando la subsidiariedad de lo público allí donde no ve oportunidad de realizarlos, donde los costes o los riesgos no son asumibles por la limitación de los ingresos esperados; pero una vez hecha esta reserva del sector público (que no es fija en el tiempo, pues la tecnología, cuando no otros factores, por ejemplo una guerra, una pandemia, etc., puede modificar el coste o la rentabilidad y pasar a ser de interés empresarial), siempre será partidaria de una menor dimensión de lo público, con un menor ingreso público (menos impuestos, tasas, etc.), liberando recursos para la adquisición de bienes y servicios privados. Ni que decir tiene que los impuestos que cargan directamente sobre la empresa y sus beneficios son rechazados sistemáticamente, con menor intensidad si su pago se traslada directamente al cliente o si puede la empresa trasladarlos en todo o en parte al precio de venta.

Del gasto público, la empresa juzgará impertinentes aquellos que no le repercutan beneficiosamente; así, por ejemplo, valorará positivamente los que vayan a infraestructuras necesarias (de transporte, de comunicación, etc., cuya ejecución se presume que será encargada a empresas privadas), como también las subvenciones a las empresas, que afloran en la empresa como menor gasto o mayor ingreso (sea en concepto de internacionalización, que le supone a la empresa menor gasto en apertura de mercados, sea por una clase de inversión, que le supone a la empresa una menor necesidad de capital, etc.). Juicio bien distinto tendrá del gasto público “social”, si bien la empresa ha aprendido que una parte de esa clase de gasto es conveniente a sus intereses, pero le quedará el exigir atarlo en corto (por ejemplo, el de desempleo). Más difícil de aceptar por la empresa es el gasto en aparato administrativo público (en términos generales, “funcionarios”) de ahí la habitual insistencia en reducirlo.

Un ejemplo de conjunto y de mucha actualidad, de cómo analiza la empresa, en este caso a través de quien la representa en defensa de sus intereses y conveniencias, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), lo tenemos en el Documento marco para la recuperación, la transformación y la resiliencia de la economía española. Perspectiva y contribución empresarial al Plan “España Puede” (Noviembre 2020). La propuesta de CEOE con su Documento pretende “concentrar los esfuerzos en la recuperación y transformación de nuestra economía, a través de reformas e inversiones” financiadas a partir de movilizar la parte que nos corresponda de los 2 billones de euros de fondos europeos, si bien hay que dividir la parte del Marco Financiero plurianual entre 7 años, pudiendo decir que en promedio se queda en 285,7 miles de millones de euros anuales (incluyendo el Plan Europeo de Recuperación), con ello se pretende recuperar la economía de las consecuencias de la pandemia y abordar la transformación del “modelo” productivo. En aras de un uso eficiente, CEOE destaca que “es obligado invertir en proyectos viables, con visión de largo plazo y orientados en sus principales hitos por una visión empresarial” (negrita en el original, dentro del apartado “2.1. Objetivos prioritarios para una España recuperada, transformada y resiliente”). En el decálogo de medidas elaborado por CEOE, encontramos, seleccionando los más explícitos: “6. El empleo de los recursos debe hacerse mediante esquemas de colaboración público-privada que permitan incorporar las mejores capacidades de las empresas.” “7. El sectorfinanciero debe participar activamente en la gestión de los recursos”. “8. Los fondos europeos deben complementarse con un marco adecuado de incentivos fiscales” (Ibidem, en negrita como el original).

Desde el punto de vista de empresa individual, ¿en qué momento o marco conceptual e instrumental integra la empresa la política económica en sus análisis? En el denominado análisis del entorno externo, cuya herramienta facilitadora es el que se conoce académicamente como análisis PESTEL (acrónimo de las dimensiones contempladas en la matriz: Política, Economía, Sociedad, Tecnología, Ecología y Legal). Comoquiera que la empresa mira siempre al futuro, sólo se interesa por estas dimensiones en su influencia futura, sin que el pasado tenga ningún interés; igualmente no pretende un análisis de la situación económica, ni de la coyuntura (no porque no influya, sino porque se está sometido a ella en el corto plazo y la reacción adaptativa es de otra índole). El énfasis lo pone en lo que pueda acarrear en el futuro, contemplando desde el más cercano hasta un horizonte relativamente largo, según convenga por la influencia que pueda tener una u otra dimensión y el horizonte temporal de la empresa. La política económica es objeto de interés en las diversas dimensiones en que influirá en ese entorno de cada empresa. Ni que decir tiene que el uso de esta matriz no tiene el mismo interés ni utilidad para una empresa del subsistema de mercado que para la que sea del subsistema de planificación. De ahí surgirán las amenazas y oportunidades para la empresa.

Bibliografía

Galbraith, J. K. (1979): La economía y el objetivo público. Plaza & Janés Editores, S. A.

Galbraith, J. K. y Menshikov, S. (1989): Capitalismo, comunismo y coexistencia. Editorial Planeta.

Mises, Ludwig von (2013): Problemas epistemológicos de la economía. Unión Editorial.

Rappaport, A. (1998): La creación de valor para el accionista: una guía para inversores y directivos. Ed. Deusto, Bilbao.


Número 32 – 9

28 de junio de 2021

Pro et contra

La reforma reciente en el sector eléctrico

(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

Pro…

Las últimas reformas del sector eléctrico en España: ¿un paso adelante, o una oportunidad perdida?

(por Pedro Linares, Universidad Pontificia Comillas)

Después de un período de cierta inactividad, en parte debido a la inestabilidad política, y en parte a la falta de interés de Gobiernos anteriores, el año 2020 ha sido muy abundante en regulación sobre el sector eléctrico en España. Una regulación que era muy necesaria, y más aún en tiempos de transición energética como los que vivimos. Y es que esta transición, descrita en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, o en la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, requiere cambios muy relevantes en el sector eléctrico, un sector clave en dicha transición. Así, se prevé que las energías renovables alcancen un 74 por ciento de la producción eléctrica, y que la electricidad aumente su cuota en la demanda de energía final, en particular en edificios (con la penetración de la bomba de calor) o en el transporte (por medio de los vehículos eléctricos).

Para que se produzcan estos cambios en el plazo de tiempo relativamente corto que resta hasta 2030 es fundamental que se envíen señales claras a los inversores y consumidores, y que el mercado eléctrico se adapte a esta mayor contribución de las energías renovables. De ahí la importancia y urgencia de las reformas del sector eléctrico, a la que ha respondido el Gobierno con una batería de medidas de gran alcance que, en general, cubren todos los flancos necesarios.

El problema es que, desgraciadamente, y a pesar de contar con un buen número de informes independientes[2] que planteaban recomendaciones que considero muy sensatas, o incluso el informe de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, el Gobierno, por razones seguramente de economía política más allá del alcance de este breve artículo, no siempre ha diseñado estas reformas siguiendo los principios habituales de la ortodoxia regulatoria: efectividad, eficiencia y equidad. Y esto puede resultar en que las reformas sean oportunidades perdidas para realmente crear un marco regulatorio estable, eficiente y justo, que promueva la transición energética al mínimo coste para los consumidores.

A continuación presento un análisis, necesariamente sucinto y algo provocador[3], de las principales reformas planteadas hasta el momento: la metodología de cálculo de peajes y cargos para la tarifa eléctrica; las subastas de energías renovables; la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE); y la propuesta del Mercado de Capacidad. Finalmente, y de forma más breve, comentaré otras medidas también relevantes.

Metodología de cálculo de peajes y cargos para la tarifa eléctrica

Lo primero que creo que hay que decir a este respecto es que es una satisfacción contar con una metodología estable de cálculo de peajes y cargos para la tarifa eléctrica. Como siempre ha dicho el Profesor Pérez Arriaga, “la tarifa no se fija, se calcula”. Contar con un procedimiento para hacer este cálculo de forma objetiva y estable es una forma excelente, con la que no contábamos hasta ahora, de reducir en lo posible el habitual oportunismo político alrededor de las tarifas (algo que no es necesario recordar en estos días).

Ahora bien, creo que las metodologías aprobadas contienen elementos perjudiciales para la eficiencia y equidad del sistema, que sería conveniente corregir.

En primer lugar, respecto a la retribución de las actividades: la propuesta de la CNMC está firmemente asentada en la contabilidad regulatoria, que tenía más sentido cuando los activos eran lo más importante. En un contexto de transformación del sector eléctrico, sería más conveniente evolucionar hacia una retribución basada en el servicio eléctrico y su calidad. Esto da una clara señal de eficiencia a los agentes, ya que les incentiva a realizar sólo las inversiones necesarias (evitando el famoso efecto Averch-Johnson de sobreinversión), y además, elimina la discriminación existente hacia el CAPEX y en menor medida el OPEX. El sistema eléctrico inteligente del futuro tendrá precisamente como característica la inteligencia, algo difícil de retribuir con un sistema como el actual. Esto es algo que ya hemos visto con los programas de respuesta de la demanda: si lo que se retribuye es la inversión en contadores inteligentes, o en el hardware de gestión, pero no la gestión eficiente del sistema, no debería sorprendernos que esos millones de contadores desplegados estén sirviendo para bastante poco, y muchos consumidores no tengan claro si esta inversión era rentable…

En segundo lugar, tanto la metodología de peajes de la CNMC como la de cargos del Ministerio tienen un problema fundamental, y es que se implementan en gran medida sobre el término variable de la tarifa. Aquí me gustaría comenzar con una simplificación para tratar de hacer la cosa más entendible. Imaginemos, por ahora, que no hay crecimiento vegetativo en la red de transporte y distribución (algo que en países como el nuestro no está muy alejado de la realidad). Es decir, que todo el coste que hay que pagar es coste hundido, coste de las redes o de los cargos ya existentes. Y, por lo tanto, supongamos por ahora que no hay que enviar señales para la construcción eficiente de nueva red, o para minimizar los cargos. En esta situación no hace falta utilizar ningún tipo de señales de eficiencia, ni del momento de consumo (los períodos horarios). Porque nada de ello va a modificar el coste ya incurrido que hay que recuperar.

En este caso, aunque existen muchas posibilidades, la tendencia histórica más habitual ha sido utilizar como criterio de asignación que cada cual pague en función del uso que hace de la red, porque eso se supone que ha sido el driver para su inversión. Pero esto, que parece muy razonable, y que ha funcionado bastante bien tradicionalmente, tiene un problema. Y es que, para que sea eficiente, requiere que los consumidores no modifiquen sus comportamientos: que no cambien la potencia contratada, ni cambien la energía consumida (por ejemplo instalando autoconsumo), ni muevan su consumo de unos períodos a otros. Esta falta de respuesta, que antes era lo habitual, ya no es necesariamente válida. Las mejoras en eficiencia energética de los equipos, o la generación distribuida competitiva, o la competencia creciente entre la electricidad y otros vectores energéticos, hacen que los consumidores vean rentable, y de hecho ya lo estén haciendo, reducir su término de potencia o su término de energía, o desplazar sus consumos, para a su vez reducir el peaje que pagan. Y eso sin hablar de los que puedan considerar desengancharse totalmente del sistema. ¡Pero recordemos que el coste que hay que pagar es fijo! Y por tanto aquí la señal de eficiencia no ayuda, porque no reduce ese coste que tenemos que pagar entre todos. Lo único que hace es cambiar la distribución de los costes, algo que, evidentemente, puede tener consecuencias muy negativas, sobre todo cuando los que pueden reducir su factura son los que tienen las rentas más altas, y por tanto aumentan la cantidad a pagar por las rentas más bajas. Además, por supuesto, de distorsionar la competencia entre la electricidad y otros vectores energéticos, y de no garantizar la suficiencia de los ingresos.

Cuando todo el coste está hundido, la respuesta eficiente, la que no distorsiona, es que se pague como un tanto alzado, un cargo fijo, no necesariamente igual para todos los consumidores, pero sin relación ni con la potencia ni con la energía consumida. Por supuesto, aquí se pueden introducir criterios de equidad: que se pague en función de la renta, o del IBI, o de algún otro indicador no manipulable. Desgraciadamente no ha sido la opción escogida.

Subastas de renovables

Aumentar la contribución de las energías renovables es esencial para la transición hacia un sistema energético descarbonizado. Parte de este aumento puede ocurrir de forma natural, como resultado de la creciente competitividad de estas tecnologías: la energía solar fotovoltaica o la eólica ya son más baratas que las alternativas basadas en fósiles. Sin embargo, dadas las características de los mercados energéticos en Europa, todas ellas pueden necesitar todavía algún tipo de soporte regulatorio para asegurar que se realicen las inversiones adecuadas. Por tanto, las subastas han tenido, y seguirán teniendo, un papel importante, ya que brindan certeza a los inversores y resultan en costes más bajos para los consumidores.

En este sentido, la nueva regulación de las subastas en España puede considerarse muy positiva. Incluyen muchos elementos de diseño recomendados, como flexibilidad en los volúmenes adjudicados, un calendario razonable para futuras subastas, reglas de concentración de vendedores o un diseño híbrido que combina la especificidad con la neutralidad tecnológica. Sin embargo, se deben mejorar otros elementos para futuras subastas: un plazo más largo para preparar las ofertas, incentivos geográficos o promover un conjunto más diverso de actores. En cualquier caso, los primeros resultados ya pueden considerarse muy satisfactorios, y cabe pensar pues en que este instrumento siga siendo efectivo y eficiente.

El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico

El FNSSE es otro ejemplo de una política que era necesario implantar, pero que puede plantear riesgos fundamentalmente redistributivos.

Comenzando por el principio, las razones para sacar el coste de la promoción de las renovables de la tarifa eléctrica creo que admiten poca discusión: Por un lado, el coste de la promoción de las renovables en España viene asociado a una obligación europea, la necesidad de suministrar un determinado porcentaje de la energía final, que ha ido cambiando con los años, con estas fuentes renovables. Es por tanto el consumo de energía final, que incluye a todos los vectores energéticos y no solo a la electricidad, el inductor de este coste; Por otro lado, las políticas de promoción de renovables tratan también de corregir la externalidad asociada a la innovación en este ámbito. Es cierto que esta innovación tiene carácter global, pero esto no supone que no debamos contribuir todos a internalizarla.

Ahora bien: el coste que hay que pagar es un coste hundido, no un coste futuro. Por lo tanto, no tiene sentido recuperarlo por medio de un sobrecoste por unidad de energía vendida[4], ya que esto puede generar distorsiones innecesarias en la asignación de los vectores energéticos, y efectos redistributivos no deseados.

Respecto a la primera cuestión: la creación del Fondo básicamente supone una reducción del precio de la electricidad, y un aumento del coste del gas natural y de los derivados del petróleo. Algo que en principio está alineado con los objetivos de la transición energética, pero que hubiera sido más conveniente lograr por medio de fiscalidad energético-ambiental. Además, la gran cantidad de exenciones y bonificaciones contempladas en la normativa hace que, previsiblemente, los efectos negativos se concentren en algunos sectores, en particular los hogares.

Esta misma concentración también afectará a los efectos redistributivos. Aunque algunas valoraciones previas muestran efectos en general progresivos, cuando se introducen las exenciones y bonificaciones, y se tiene en cuenta la heterogeneidad de los hogares, este efecto se mitiga mucho, resultando en impactos negativos ya desde la tercera decila en los hogares que tienen gas o vehículo privado, o los de las comunidades del interior peninsular. Y recordemos que el efecto dinámico puede incluso acentuar estas desigualdades, ya que son precisamente los consumidores de mayor renta los que pueden invertir en electrificarse.

De nuevo, estos efectos indeseados podrían haberse solventado, sin pérdida de eficiencia, recuperando estos costes mediante un término fijo.

La propuesta de un Mercado de Capacidad

Finalmente, la propuesta más reciente efectuada por el Gobierno es la creación de un mercado de capacidad. Estos mercados pueden ser necesarios para garantizar la inversión requerida en el sistema para dar respaldo a las energías renovables, dados los problemas que tienen las alternativas, fundamentalmente la inexistencia de una demanda suficiente para un mercado espontáneo de fiabilidad. La pregunta es cuál debe ser el diseño apropiado. La propuesta del Gobierno introduce algunos elementos muy positivos: la incorporación al sistema del almacenamiento y la demanda es muy bienvenida (aunque es limitada); también lo es el régimen sancionador para penalizar la indisponibilidad, o la idea exigir la disponibilidad de combustible (por ejemplo, contratos de gas) para poder cumplir con el servicio. Ahora bien, no creo que la opción escogida sea la más apropiada para el sistema en su conjunto, o en particular para los consumidores. Las opciones de fiabilidad, consideradas generalmente como el mejor mecanismo, son descartadas muy rápidamente por la dificultad en fijar el precio de referencia, concluyendo en que, por esta razón, es un instrumento difícil de implementar. ¿Seguro que es tan complicado, a la vista de las discusiones tan habituales en la sociedad y los medios cada vez que hay un problema de falta de suministro (recordemos las discusiones en el caso de Filomena), determinar cuál puede ser un precio razonable de referencia?

Y esto, como si el mecanismo finalmente propuesto fuera más sencillo (algo que sorprendentemente se afirma sin pudor en la propuesta): en lugar de fijar un precio de referencia, debe fijar la necesidad de cobertura y los momentos en que se debe activar, los ratios de firmeza, la forma de medir la contribución de la demanda, el valor de la energía no suministrada…Y no sólo no es más sencillo, sino que además, es menos eficiente: los análisis previos muestran que un mercado de potencia firme falla más a la hora de determinar los períodos críticos, así como la contribución de las distintas tecnologías. Y esto lo que supone básicamente es que al final, todos pagamos más por una igual o menor fiabilidad del sistema.

Otro problema del sistema propuesto es que establece un único mercado. Esto puede llevar a que se promueva la potencia firme pero no flexible, cuando el sistema necesita ambas (incluso se podría argumentar que necesitamos más de la segunda, en forma de almacenamiento flexible…). Por ejemplo, la energía nuclear (muy poco flexible, al menos por el momento en España) es la que tiene la potencia firme más barata.

Además, en nuestra opinión el modelo propuesto es mucho menos transparente, ya que deja la fijación de todos estos valores no a un proceso abierto de debate y participación, sino un Procedimiento de Operación a elaborar por el Operador del Sistema la determinación de cuestiones fundamentales como los ratios de firmeza, las penalizaciones por indisponibilidad, la fijación de los momentos críticos del sistema, o la capacidad de contribución de la demanda. Además, al ser un servicio asociado a la potencia, y no a la energía, el cargo debería ser sobre la potencia demandada, y no sobre la energía consumida. Si no, se corre el riesgo de no ser capaz de recuperar los costes (algo sobre lo que ya comentado extensamente antes).

En conclusión: El sistema español necesita claramente un mecanismo que promueva la instalación de capacidad firme y flexible para encajar bien toda la potencia renovable que debemos instalar. Pero la opción propuesta, aunque sí garantiza la seguridad de suministro, no es ni mucho menos la mejor para el sistema ni para los consumidores. ¿Por qué se habrá seleccionado así entonces?

Otras reformas

En lo que se refiere a medidas más concretas, podemos citar el Real Decreto Ley 23/2020 por el que se trata de ordenar el acceso a la red eléctrica, y se incorpora al almacenamiento, a los agregadores independientes, y a las comunidades de energía renovable en el ordenamiento jurídico y en los mecanismos de mercado y de gestión del sistema. Desgraciadamente, la ordenación del acceso no soluciona los problemas esenciales del mismo, asociados a la asignación de rentas que crea.

En cuanto a la inclusión de nuevos agentes, es una medida bienvenida. No obstante, queda pendiente su desarrollo legislativo para lograr la trasposición e implantación plena de lo dispuesto por el paquete de energía limpia. A este respecto, habrá que cuidar para que su inclusión no genere distorsiones indeseadas en el balance económico o en los procedimientos del sistema.

El RDL introduce además una idea de gran interés, los bancos de pruebas regulatorios, que pueden ser una gran oportunidad para diseñar políticas eficaces, eficientes y equitativas. Desgraciadamente sólo se mencionan para el sector eléctrico, y sin aclarar mucho más.

…Et contra

En contra de…la reciente (que no última) reforma del mercado eléctrico

(por Miguel Cuerdo Mir, Dpto. Economía Aplicada I, Hª e I. Económicas, Grupo de Investigación GEIPE-URJC, Universidad Rey Juan Carlos)

Probablemente, el mercado que más veces ha sido reformado en España mediante regulación pública en los últimos cincuenta años ha sido el mercado de la electricidad, no siempre para bien. La más reciente de las reformas ha consistido en dos medidas. Por una parte, una nueva metodología de cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad (vid. Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Resolución de la CNMC de 18 de marzo de 2021, publicada en el BOE el 23 de marzo de 2021); por otra, una nueva metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico (vid. Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo).

Las dos confluyen en una modificación sustancial del sistema de precios, ya sean tarifas reguladas (Precio de Venta al Pequeño Consumidor) o tarifas de libre mercado. En los dos casos se desarrolla un método de asignación de costes regulados, tanto de peajes de acceso como de otros cargos del sistema eléctrico, que se ajustan al principio de que el consumo de electricidad no es homogéneo a lo largo del año ni a lo largo del día. De manera que la demanda tiene unos picos en los que el sistema tiende a saturarse y unos valles en los que el sistema apenas funciona con unas tecnologías de base cuyos costes marginales tienden a cero (centrales nucleares y centrales eólicas), a tenor de lo que se observa en los mercados diarios de subasta de generación eléctrica.

Esto significa también que el demandante de electricidad prefiere disponer de un kWh en determinadas horas del día (periodos de punta) y no en otras (periodos de valle). Si esto es así, hay que suponer también que el que consumo electricidad, ya sea un hogar o una empresa, está dispuesto a pagar un precio mayor en unas horas que en otras. Podríamos decir que el coste de oportunidad de este suministro es muy diferente según las horas, incluso según las estaciones del año o los días de la semana. Este elemento diferencial estará anclado en las preferencias, costes y restricciones con los que cada uno de los usuarios (o tipos de usuarios) enfrenta la decisión de comprar electricidad para fines diversos.

Todo lo anterior no hace sino expresar, al menos en el mercado diario, lo que técnicamente llaman la “curva de carga” o curva de demanda. Por tanto, la regulación de última hora, puesta en marcha el pasado 1 de junio, a través de sistema de unos precios más diferenciados en peajes y otros cargos regulados, por tramos horarios y por tramos de tiempo más amplios, como temporadas, busca modificar esa curva de carga: un incentivo tarifario para moverse de las puntas de demanda hacia los valles de demanda. En definitiva aplanando en la medida de lo posible la curva de carga. Por no ir más allá en la interpretación, basta con citar la exposición de motivos de la Circular 2/2020, ya citada, donde se dice que la medida busca incentivar “el uso de redes en periodos donde la saturación de redes es menor y se desincentiva el uso de las redes en periodos horarios de mayor demanda del sistema eléctrico donde la probabilidad de saturación de las redes es más elevada”. Es decir, siguiendo el “principio de causalidad de los costes de redes”. A mayor abundamiento del argumento de la Circular 3/2020, el RD 148/2021, ya referido, de cálculo de cargos, también se motiva del mismo modo “acompasar las señales de precios enviadas por los peajes e incentivar el consumo en los momentos en que las redes están menos congestionadas, se ha optado por una estructura de cargos con discriminación horaria”.

En el mismo sentido, la reforma de la metodología de cálculo, de peajes de transporte y distribución y de otros cargos del sistema eléctrico, cifra su éxito en dos elementos, por un lado, que los compradores de electricidad respondan a las señales de precios (instrumento inmediato) y, por otro, objetivo último, que se modifique la curva de carga del sistema, favoreciendo un uso más homogéneo de las redes a lo largo del día y del año.

Entrando en harina, lo primero que cabe preguntarse es si el consumo de electricidad no está articulado en base a “señales de precios”. La respuesta es que aparentemente sí. Al menos ese es el espíritu que trasciende las sucesivas reformas generales del sector desde el celebérrimo Protocolo Eléctrico de 1996 que dio origen a la Ley del Sector Eléctrico de 1997, con la que se inició el proceso de liberalización del sector.

Sin embargo, entre las cosas que impiden una mayor orientación del consumo a las señales de precios están las interferencias de la Administración Pública en las mismas, por ejemplo, a través de la creación del llamado Precio de Venta del Pequeño Consumidor, que lejos de trasladar al comprador doméstico y pyme un precio de acuerdo a las estrictas señales de mercado, le traslada un precio medio diario (subrayamos precio medio) que actúa como precio máximo (subrayamos precio máximo). No es un asunto menor, puesto que de los casi 27 millones de contratos de suministro eléctrico para potencias inferiores o iguales a 10 kW, que se corresponden en su gran mayoría con consumos domésticos, más del 37 por ciento, según los datos de la CNMC a junio de 2021, están adheridos al PVPC.

Aquí conviene detenerse, puesto que hay que tener en cuenta que en una factura normalizada de un hogar cualquiera con, por ejemplo, 5,5 kW de potencia y un consumo mensual de unos 500 kWh, el coste de la energía suministrada (la que se compra en el mercado diario de generación eléctrica) representa un 50 por ciento más de lo que representa el peaje de acceso a esa energía. Mientras que ese coste de energía suministrada supone casi el doble del peaje de acceso de potencia instalada. Por tanto, puestos a orientar a precios el consumo eléctrico, comencemos por lo que en sí es lo más importante el precio al que se compra la energía generada en cada momento del día. El regulador no ha dado explicaciones acerca de por qué discriminación horaria en los peajes y no en la generación eléctrica. Es más, si el componente mayor en la factura (al margen otros costes regulados) es el coste de generación, es evidente que unas tarifas que atiendan a precios de mercado no pueden articularse sobre la idea de un precio medio como si la curva de carga no existiera, cuando es el mercado mayorista de generación de electricidad el que permite en todo momento saber cuánto cuesta la energía producida. Por tanto, el argumento aparente en favor de orientación a señales de precio se desvanece o, por lo menos, se debilita mucho.

Centrémonos ahora en los peajes de transporte y distribución. De saque, hay que señalar que la oferta de electricidad se hace a costes marginales crecientes porque hay tecnologías de producción también marginales de costes superiores a las tecnologías de base del sistema. De manera que si la demanda aumenta en determinadas horas, el precio de generación aumenta porque se necesitan esas tecnologías marginales. Con la reforma se intenta paliar en parte este problema con la manipulación de los precios de acceso a las redes de transporte y de distribución, que son monopolios y tienen una retribución regulada. Sin embargo, los costes de estas redes no tienen una estructura que se le parezca a la de la producción de electricidad. Los costes de una infraestructura (básicamente, costes hundidos y costes fijos), como las redes de transporte y distribución eléctricos, no cambian en función de la demanda. Lo que cambia con la demanda es la capacidad para recuperarlos total o parcialmente en un plazo mayor o menor de tiempo. De hecho, no está claro que sea malo para la infraestructura que esté al borde de la saturación, porque significará un pleno uso de la misma y, por otro lado, el reparto de esta demanda en otros momentos no implica una reducción de costes de la red. Otra cosa es que como en determinadas horas del año la red se satura haya que ampliar la red y, en ese caso, una distribución horaria distinta elimine esa necesidad. Sin embargo, volvemos al párrafo anterior: la red se satura porque los precios de generación que se trasladan a una parte importante de la demanda doméstica y pymes no se ajusta a las condiciones reales de mercado. No es que el acceso a la red sea barato en las horas punta, es que el precio que se paga por la energía generada en hora punta no responde a la estructura de costes de la generación propiamente dicha.

Más allá de las consideraciones técnicas expresadas y centrándonos en el lado de la demanda de electricidad, hay que preguntarse por qué después de casi 25 años del comienzo de la liberalización del sector eléctrico, casi el 40 por ciento de los consumidores domésticos está acogido a una tarifa regulada o de precios máximos como el PVPC. La razón probable es que prefieren asumir un precio medio de mercado diario a plantearse unos precios que discriminen horas de consumo de electricidad. Esta debe ser una razón preferencial que tiene fuerza en sí, porque en el mercado libre al consumidor se le ofrece precios con discriminación horaria y precios conocidos para largos periodos de tiempo. Es decir, de alguna forma, buena parte del consumidor doméstico no está tan interesado en asegurarse un precio anual para una franja horaria como asegurarse un precio diario único para cualquier franja horaria. Precisamente esto es lo que se intenta atacar con las últimas novedades regulatoria del sector eléctrico. Se ataca el vector preferencial del consumidor: cambiarle los hábitos.

Sin entrar en mayores consideraciones en relación con el concepto de hábito, todo apunta a que el consumidor de PVPC o de mercado libre está comprando libertad para poder organizar su vida de una determinada manera, pero teniendo en cuenta que esta organización está muy condicionada por un conjunto de restricciones muy notables y rígidas, como son los horarios de los colegios, los horarios de trabajo, las costumbres asociadas a los modos y tiempos de alimentarse y las formas de construir sus tiempos de ocio. No se dice que no se pueda cambiar, pero sí se debe decir que cuando un gobierno quiere cambiar los hábitos es porque considera que los hábitos son perniciosos para el interés general. Es decir, se plancha a las ocho de la tarde porque se ha terminado la jornada laboral, que en España es muy prolongada, porque los niños ya han hecho los deberes y han merendado y porque si planchamos a las doce de la noche, cuando nos levantamos a las siete de la mañana para ir a trabajar, no hemos dormido lo suficiente y es muy probable que nuestro nivel de productividad sea más bajo ese día que si hubiéramos planchado a las ocho de la tarde.

Es la rigidez a la que el consumidor doméstico (dejamos para mejor ocasión las empresas, que también tienen lo suyo) se ve sometido en la organización de su vida diaria la que le va a obligar a no poder reaccionar a cambios en los precios de los peajes por horas. La rigidez se puede expresar por la elasticidad de la demanda al precio. No parece que haya mucho debate en cuanto a la rigidez de la demanda de electricidad en el sector doméstico, al menos en el corto plazo. Se pueden citar algunos de los últimos trabajos donde esto se pone de manifiesto. Vallés et al. (2018) en Applied Energy señalaban que la respuesta de los consumidores está muy condicionada y muy variable por una interacción de variables socioeconómicas; por tanto, no solamente por el precio. Bryne, La Nauze y Martin (2021) en The Energy Journal han documentado recientemente una alta rigidez de la demanda de electricidad de los hogares a cambios importantes en los precios, incluso en el largo plazo y utilizando gestores de demanda como los medidores inteligentes. Para el caso que nos ocupa, Bigerna y Bollino (2014) en Energy Journal señalaron para el caso italiano que la elasticidad variaba significativamente con la hora del día, de manera que las puntas de demanda se correspondían con elasticidades muy bajas en los consumos domésticos. Schulte y Heindl (2017) en Energy Policy estudiaban el caso alemán, desagregando hogares en función de la renta y observaban que las rentas más bajas tenían una elasticidad demanda-precio más baja. En esa misma línea, Romero-Jordán, Del Río y Peñasco (2016) en Energy Policy estudiaban el consumo de electricidad en España y se encontraban con lo mismo: las rentas más bajas tenían una elasticidad más baja. En definitiva, que los aumentos en los precios reales de la energía tienen un patrón regresivo con consecuencias para el bienestar y especialmente cuando estos aumentos se centran en aquellos momentos del día en los que tenemos menos posibilidades de elección.

A mayor abundamiento de todo lo anterior, hay que tener presente lo innecesario del asunto, puesto que se envía una señal de que el consumo doméstico frena la lucha contra el cambio climático del planeta. Sin embargo, hay que recordar que la antigua tarifa 2.0 A, que agrupa a buena parte del consumo doméstico solamente representa el 16,5 por ciento del total de la demanda nacional de electricidad. Por otra parte, este tramo de consumo es el que más cara paga la electricidad, por razones bien fundadas basadas en el suministro al por menor, etc.

Finalmente, no se puede ocultar que el planteamiento final de precios de peaje y cargos de la nueva regulación supone un incremento notable en la factura del consumidor doméstico. Dado que un porcentaje muy elevado del consumo, como se pone de manifiesto en la curva de carga, acentuada en la demanda doméstica, se realiza entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche de un día laborable, no es relevante que el peaje de potencia en hora valle se haya reducido en más de 8 veces en relación con el actual. Lo relevante es que, para peaje de potencia y para otros cargos, solamente se distingue un periodo valle (0h-8h) y un periodo punta (resto de horas diarias). Por lo que el consumo se hace en horas de peaje de acceso de potencia de punta. Este peaje supone 0,3537 € por cada kW de potencia y día y significa que se multiplica por 3,5 veces en relación con el anterior que se situaba alrededor de los diez céntimos de euro en el último año. En definitiva, una penalización innecesaria a la parte menos elástica y con menos poder de negociación del mercado, utilizando para ello la parte más monopólica del mercado y, desde el punto de vista de la eficacia, de dudoso resultado.

[1] Pueden verse: McCann, P. (2019) Perceptions of regional inequality and the geography of discontent. Insights from the UK. Regional Studies, doi: 10.1080/0034304.2019.1619928; Rodríguez-Pose,A. (2018). The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it). Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 11(1): 189-209; Dijkstra, L., Poelman, H., y A. Rodriguez-Pose (2020). The geography of EU discontent. Regional Studies, 54(6): 7373-753

[2] Véase por ejemplo https://economicsforenergy.wordpress.com/2017/01/09/la-utility-del-futuro/ o https://www.iit.comillas.edu/publicacion/mostrar_publicacion_informe.php.es?id=86

[3] Los lectores pueden solicitar al autor materiales adicionales, en los que se matizan y amplían las a veces excesivamente simplistas afirmaciones recogidas aquí.

[4] Esto hubiera sido la solución eficiente si se hubiera implantado desde el comienzo de la obligación de cumplir con una cuota de renovables.


Número 32 – 10

28 de junio de 2021

Juan R. Cuadrado Roura recibe el Premio ERSA de Ciencia Regional 2021

ERSA y el Jurado del Comité del Premio ERSA se complace en anunciar que el Premio ERSA en Ciencia Regional 2021 ha sido otorgado a Juan R. Cuadrado-Roura por su destacada contribución a la ciencia regional.

Juan R. Cuadrado-Roura es Catedrático Emérito de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá, España; Director-Fundador del Instituto de Análisis Económico y Social (IAES); y Director-coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad CJ Cela de Madrid.

Inspirado en las desigualdades sociales y territoriales en la distribución de la renta, la pobreza, el desempleo,,… la carrera científica de Juan R. Cuadrado-Roura ha sido muy prolífica, a la vez que ha contribuido a la política como analista o asesor. Los logros de investigación de Juan R. Cuadrado-Roura son numerosos y destacados. Es autor o coautor de más de 60 libros, más de 140 artículos de investigación y capítulos de libros. Por citar algunas publicaciones recientes: Política Económica, 6º. Edición, McGraw-Hill , 2019;Service industries and Regions y Regional Problems and Policies in Latin-America, Springer, 2014; ‘Desarrollo, contribuciones y tendencias de los estudios regionales en España: una visión general, Papers in Regional Science, 2020, 99 (2), pp. 327-358.

Juan también ha actuado como experto y consultor para varias organizaciones internacionales, incluida la Comisión Europea, la OCDE y el Banco Mundial. Sus contribuciones a la Comunidad Científica Regional también son impresionantes e incluyen el editor fundador de la primera revista regional española (Revista de Estudios Regionales), segundo presidente de la Asociación Española de Ciencia Regional (AECR), presidente de ERSA (1995-1999) y organizador de la XXI ERSA Congreso (1981) y el Congreso Mundial RSAI (1992), así como numerosos congresos y talleres nacionales e internacionales sobre problemas y políticas regionales.

Finalmente, Juan R. Cuadrado-Roura ha recibido cinco Doctorados Honoris Causa. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, así como de otras instituciones científicas. Los reconocimientos dentro de la Comunidad RSAI-ERSA también son numerosos, por mencionar solo los recientes: el Premio Hirotada Kohno por Servicio Destacado a la RSAI (2017), Premio AECR de Ciencia Regional (2019), ERSA Winter School Class 2021 etiquetado como “Juan R. Cuadrado-Roura”, becario RSAI (2020). http://www.iaes.es/jr-cuadrado-roura.html

Descargue el comunicado de prensa completo

Entrega de premios

El Premio ERSA en Ciencia Regional 2021 será presentado el 27 de agosto durante la ceremonia de clausura de la 60 ª ERSA Congreso “Futuro del territorio – Visiones y escenarios para una Europa resistente” que tendrá lugar del 24 º a 27 º de agosto de 2021. El destinatario también pronunciará un discurso de apertura durante la Ceremonia de Clausura.

(Resumen facilitado por la ERSA)


Número 32 – 11

28 de junio de 2021

¿Sabías que…

(sección coordinada por Aurelia Mañé Estrada, Universitat de Barcelona)

…una de las raíces más importantes de la Política Económica se encuentra en el cameralismo alemán?

(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada –Política Económica- Universidad de Valencia)

El cameralismo nació y se desarrolló en los estados germanos y, en ciertos casos, se ha considerado, de manera muy discutible, como una corriente del mercantilismo. Sus orígenes encuentran sus raíces en la instalación de los teutones en esa zona de Europa, que fue alimentada por la jerarquización implícita del luteranismo y las consecuencias de la guerra de los treinta años. Respecto a este último aspecto, para conseguir su supervivencia, los mencionados estados requerían en sus sociedades una unidad de acción, que condujo a la creación de estados bien organizados y fuertes. Para lograrlo se requería una preocupación especial por la administración de las finanzas estatales y sus gastos de guerra. Los flujos financieros estatales podían considerarse, a corto plazo, como gestión de caudales, y, a largo plazo, como forma de obtener recursos, y suponían una intervención directa sobre la economía, es decir, política económica.

Estas características de esas sociedades germanas condujeron a una fusión de la religión con la política en la entidad del Estado. En estas condiciones, el individuo debía someterse al Estado (la colectividad organizada) y este debía presentar una especial preocupación por los súbditos y su riqueza (de ahí la importancia de la política económica), que repercutía, posteriormente, en la propia solvencia del Estado.

El cameralismo monopolizó los estudios económicos en el centro de Europa durante el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Entre los primeros cameralistas destacaron Melchior von Osse (-1557) y Georg Obrecht (-1612). Sus percepciones eran que cada Estado alemán debía gestionarse como un todo orgánico: influía sobre la economía e impartía justicia. El Estado debía garantizar el empleo y la actividad económica, así como debía introducir algunos planes referentes a la producción y el comercio (política agraria, industrial y comercial).

Ludwing von Seckendorff (1626-1692) fue el primer autor alemán que ofreció un programa más o menos estructurado sobre intervención y expansión en la industria y el comercio, que debía asegurar la ocupación de la población. Así pues, se trata de una propuesta pionera explícita de política económica activa.

Entre los contemporáneos del anterior autor se puede destacar la presencia de tres más que ofrecieron unas panorámicas generales: Johann Joachim Becher (1635-1682), Philipp W. Von Hornigk (1638-1712) y Wilhelm von Schröder (1640-1688). Becher consideraba que disponer de mucha población ocupada le daba riqueza al Estado. Era partidario de la fijación administrativa de precios, la atribución a cada individuo de unos medios de producción, apostaba por el sistema de gremios y desconfiaba de los comerciantes. Este es quien introdujo los conceptos de monopolium (monopolio), polypolium (competencia no reglamentada) y propolium (acaparamientos especulativos), que se utilizó extensamente en la literatura alemana hasta mediados del siglo XIX. Hornigk defendió el poderío de un Estado y asoció a esta característica a la autosuficiencia económica, que se manifestaría en que únicamente las mercancías más importantes o estratégicas podrían importarse (en este sentido parece que se trata de un precursor de Fichte, en relación con su obra “El estado comercial cerrado”). Este autor cameralista elaboró un manual que tuvo 16 ediciones, editándose has finales del siglo XVIII. Mientras tanto, Schröder argumentó especialmente la creación de un banco poseído por los dirigentes (Estado) que emitiese letras de cambio transferibles.

Una segunda etapa en el desarrollo del cameralismo empieza en 1730 con la creación de las cátedras académicas en Halle y Frankfort, que condujo a su institucionalización. Esta nueva situación supone una sistematización en los estudios y prácticas administrativas y de intervención en la economía (política económica). El elemento práctico era esencial para adaptarse a la realidad existente y, por tanto, se alejaron de las abstracciones y de los métodos deductivistas, prestando más atención a los aspectos empíricos-históricos, característica que influyó de manera sustancial en el historicismo alemán del siglo XIX. Esta perspectiva práctica de los estudios cameralistas se vio acentuada porque las nuevas cátedras tenían como función la de formar a futuros funcionarios del Estado que tenían que enfrentarse a problemas concretos existentes.

Los estudios cameralistas tenía, en general, tenían tres partes. En general, aparecía una introducción teórica (en aquellos momentos sesgada por explicación de aspectos morales e por la introducción de algunas definiciones), seguida de las tres mencionadas partes: la administración pública o política, la política económica y las finanzas públicas. Así pues, las intervenciones estatales en la economía se encontraban en un primer plano desde el punto de vista cameralista.

Dos son los autores más importantes en esta segunda parte del desarrollo del camaralismo: Johann Heinrich Gottlob von Justi (1705-1771) y Joseph von Sonnenfels (1732-1817). Este último escribió un manual (1765) cuyo uso se extendió hasta finales del siglo XIX en universidades austriacas, cuando abordaban los aspectos de la administración pública. Este autor ofrecía una perspectiva relativamente individualista, pero destacaba que, para mejorar las condiciones de los súbditos, en un reino debían aplicarse políticas económicas agrarias, industriales, comerciales y de finanzas.

Respecto a von Justi, entendía el Estado como un organismo integrado, donde se aúnaba el poder del soberano y el pueblo (aquí se aprecia una fuerte influencia de la monadología de Leibnitz). En este contexto, la libertad de los individuos requería el respeto a las normas sociales (estatales), puesto que el Estado era el responsable de la coordinación de la sociedad y de su desarrollo futuro (realizaba política económica para que funcionara bien la economía -estabilizar- y que aumentase la riqueza -crecimiento económico-). En este sentido, era partidario de estimular abiertamente las actividades industriales (manufactureras), por ejemplo, a través del establecimiento de impuestos aduaneros y el apoyo a este tipo de actividades en función de las regiones (especialización regional). Es decir, defendía una intervención activa del Estado materializada en una combinación de política industrial regional.

Vale la pena mencionar explícitamente la obra de von Justi, “Elementos generales de policía” (1754), que tuvo gran influencia, donde se plasma parte de su pensamiento y en el que refleja una sistematización del pensamiento cameralista. En la primera parte referencia los aspectos agrarios como fuente esencial de riqueza; en la segunda alude al apoyo al sector agrario a través del desarrollo de las manufacturas (industria) y, también del comercio y del crédito. Estas partes reorganizadas de una manera un poco distinta constituirán la forma de organizar las explicaciones de Economía Política y de Política Económica alemanas en el siglo XIX. En la tercera parte del libro se alude a la población en forma de seguridad, justicia, pero, especialmente, en cuanto a educación. Todas estas partes están impregnadas de justificaciones en cuanto a la realización de políticas económicas, referidas al sector agrario, a la industria, al comercio, al crédito, a los precios y, como no, a la educación, que es una constante en el pensamiento económico alemán.

Así pues, el cameralismo defendió la necesidad de una dirección y de un control administrativo del Estado. Estas consideraciones avalan la idea de que en el cameralismo se encuentran las raíces de la política económica.


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