Pro et contra: Reforma de la política fiscal en la eurozona:¿hacia una mayor disciplina fiscal?
(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)
Pro…
Por una mayor disciplina fiscal
(por Vicente J. Pallardó López, Investigador Senior Instituto de Economía Internacional, Profesor Departamento de Estructura Económica y Director Máster en Internacionalización Económica; Universidad de Valencia)
Introducción
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) fue establecido en Dublín, en el año 1996, como piedra angular de la nueva estructura de políticas macroeconómicas que debían contribuir al éxito de la que pronto sería Unión Económica y Monetaria (UEM), construida por un número creciente de países de la Unión Europea que decidió compartir una moneda única, el euro. En ausencia de la flexibilidad necesaria de mercados y productos, y/o de un único presupuesto federal de envergadura (al estilo del estadounidense) como mecanismos que reclama la Teoría de las Áreas Monetarias Óptimas para que una Unión Monetaria sea exitosa (en la medida en que permiten hacer frente a las crisis económicas, en especial las asimétricas), los países de la Eurozona optaron por un conjunto de reglas fiscales que permitieran compatibilizar la sostenibilidad de las finanzas públicas con la flexibilidad de las políticas fiscales, dotándolas de un perfil anticíclico escasamente practicado hasta ese momento en muchos de los futuros miembros del euro.
Un cuarto de siglo después, puede afirmarse que el PEC ha fracasado, incluyendo sus ajustes intermedios, en todas las dimensiones que pretendía garantizar. Pero, con niveles de deuda pública alcanzando máximos sin precedentes en tiempos de paz, existe una necesidad inequívoca de recuperar reglas fiscales que establezcan la disciplina fiscal y coadyuven a alcanzar esos objetivos que nunca cumplió el PEC.
Ciertamente, no procede volver a instaurar lo que ya ha fracasado, ni sustituirlo por presuntas soluciones tan amantes de la “flexibilidad” que parecen revelar un deseo de que no haya disciplina alguna, por no hablar de otras consistentes en engañar a los agentes económicos. Con toda la devastación que ha generado, el SARS-CoV-2 (o virus generador de la pandemia COVID-19) nos ofrece un punto de partida para impulsar una verdadera política fiscal anticíclica, reforzar y dar continuidad a mecanismos nacidos a raíz de la pandemia y profundizar, con ello, en la E de la Unión Económica y Monetaria, evitando una peligrosa sobreutilización de la M como la que se viene produciendo en los últimos años.
A reflexionar sobre todo ello dedicamos el resto de este texto.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Su justificación
El crecimiento económico occidental de las últimas tres décadas largas ha estado sostenido por un creciente endeudamiento, tanto privado como público, validado de manera cada vez más intensa por una política monetaria asimétrica (mucho más rápida y enérgica en respuesta a las flexiones a la baja del ciclo que a los momentos de exuberancia) y una política fiscal mucho más propensa a la expansión que a la contracción, ignorando lo que debería ser su esfuerzo de compensación del ciclo. Los debates de a quién ha beneficiado y a quién perjudicado este modelo de crecimiento, de si hay forma de recuperar un crecimiento más equilibrado, apoyado en los avances de la productividad y no en los de la deuda (o si el destino de Occidente es el estancamiento secular), o de las implicaciones no económicas de todo lo anterior son apasionantes, pero se alejan del objetivo de este ensayo.
Sin embargo, para los impulsores de la UEM en los países centrales de Europa, observadores de la tendencia señalada en las políticas macroeconómicas (aún incipiente en aquel entonces), un proceso de integración que les uniría de manera permanente a otros Estados “menos rigurosos” en la persecución de la estabilidad macroeconómica, requería de ciertas garantías. Ciertamente, un Banco Central Independiente construido sobre el modelo del Bundesbank, con un objetivo prioritario de estabilidad de precios y un pilar exclusivamente monetario, más la cláusula de “no rescate” en caso de problemas de sostenibilidad financiero-fiscal de un socio por parte del resto ejercían (en principio) como tales garantías. Pero en la nueva estructura de la UEM, la política fiscal quedaba en manos de los gobiernos nacionales. Era necesario establecer límites a los mismos si querían evitarse efectos de contagio ante potenciales conductas irresponsables que, así se entendía, provendrían de los famosos PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain).
El PEC desempeñaría esa función. Reglas fiscales combinadas con valores más bien arbitrarios pero sensatos de ciertas variables fiscales críticas (3% y 60% de déficit y deuda públicos, respectivamente) permitirían cumplir varios objetivos: conferir sostenibilidad a las finanzas públicas incluso ante cambios estructurales de importancia (envejecimiento demográfico); dotar de perfil claramente anticíclico a unas políticas fiscales que no lo eran, generando colchones en los momentos de expansión que permitirían acciones de estímulo que, junto a los márgenes establecidos en el PEC, supondrían una respuesta fiscal importante en fases de recesión; y reducir el incentivo a un endeudamiento excesivo que se deriva de la integración en una Unión Monetaria con países más creíbles. El incumplimiento de lo pactado supondría sanciones económicas para los Gobiernos “culpables”, que serían también penalizados por sus propios votantes, conscientes del daño que la irresponsabilidad fiscal causaría a su propia economía y a la de la Eurozona en general. Técnicamente, razonable. ¿Creíble? En absoluto.
Desde luego, por brillante que fuera la nueva arquitectura cambiaria, monetaria y fiscal de la Eurozona (que no lo era, en especial por la ausencia de un Presupuesto Federal de envergadura, capaz de sostener los objetivos comunes de la UEM y atajar episodios de crisis), resultaba de un optimismo heroico creer que once (inicialmente, hasta 19 en la actualidad) países con características estructurales sustancialmente dispares, en momentos distintos del ciclo y con Gobiernos, en general, poco dados a realizar las reformas de calado necesarias para modernizar sus economías (no solo, aunque sí principalmente, en los países del Mediterráneo) iban a poder hacer frente a situaciones de tensión en las fases difíciles del ciclo. Pero a esa “enmienda a la totalidad”, habrá que sumar toda una serie de factores más específicos que convirtieron el PEC en papel mojado.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Su fracaso
Pocos defensores encuentran el PEC en la actualidad, y la mayoría de los críticos, al menos en la periferia de la Eurozona, apuntan a las presuntas rigideces del Pacto y sus reglas, que habrían impedido el crecimiento y la respuesta adecuada a las crisis de las pasadas dos décadas. Claro, que encontrar algún número que avale esa opinión es complicado. Más bien nos hallamos ante lo contrario. Como revela el gráfico adjunto, el saldo presupuestario estructural (es decir, excluyendo el impacto del ciclo económico sobre las cuentas públicas) en el conjunto de la Eurozona ha sido superavitario en exactamente ¡ninguno! de los 25 años transcurridos desde la firma del PEC (mismo resultado para España, incluso aunque ese cuarto de siglo incluye el mayor ciclo expansivo desde el inicio del actual período democrático), y ello pese a que Alemania, con el mayor peso ponderado en la zona, consiguió números positivos a lo largo de los ocho años previos a la pandemia COVID-19. Este déficit estructural perenne no es una norma en Occidente. Revisando el mismo período para otras economías desarrolladas de mediano o pequeño tamaño, como son las de la Eurozona, los ejercicios con superávit público estructural son frecuentes en esos 25 años tanto en Australia (11 de esos años), Canadá (13), Corea del Sur (24), Dinamarca (11), Islandia (9), Nueva Zelanda (19), Suecia (10) o Suiza (12)[1].

A esta carencia de disciplina fiscal debe añadirse que, desde el principio, se ignoraron los referidos límites establecidos en el propio PEC para ciertas variables fiscales, así como los mecanismos de sanción por incumplimiento. Italia, Bélgica y Grecia se incorporaron al euro con niveles de deuda pública muy superiores al 60% del PIB, y el artificio de que estaban convergiendo hacia ese nivel (jamás se han aproximado al mismo) resultaba poco más que una broma de mal gusto. En cuanto a la contabilidad creativa para cumplir con el límite del 3% de déficit público, existió desde el principio (Italia antes de 1999), alcanzando su clímax con la aceptación de que Grecia se movía en el margen establecido, cuando su déficit público real, en la fase expansiva del ciclo tras su entrada en el euro (2001 a 2007), osciló entre el 5.5 y el 9 % del PIB. Pero, claro está, estando Alemania (2001-2004) y Francia (2002-2004) entre los incumplidores reiterados, el mecanismo de sanción previsto (que, por cierto, sí se había iniciado contra Portugal) se suspendió por parte de la Comisión Europea, bajo presión del Consejo Europeo (los incumplidores se perdonaban a sí mismos), para reformar el PEC y hacerlo, esa es la realidad, simplemente más fácil de cumplir, mediante el establecimiento de excepciones (“circunstancias excepcionales”, “otros factores relevantes”) que no mejoraron el comportamiento fiscal de los socios de la Eurozona, más allá de la responsabilidad de cada Gobierno nacional que, obviamente, difería según los países y los momentos.
Por tanto, el problema no se encuentra en la inflexibilidad y/o la dureza de las reglas, sino en el incumplimiento de todos y cada uno de los principios establecidos en el PEC en los momentos álgidos o intermedios del ciclo, lo que, inevitablemente, conllevaba una disposición extremadamente débil de las finanzas públicas de muchos países de la Eurozona ante una potencial crisis grave. Aun podría añadirse que, si el mecanismo explícito de sanciones fue suspendido, el implícito, es decir, la penalización de los votantes a los Gobiernos que no respetasen su compromiso de una política fiscal sostenible y anticíclica, no puede siquiera considerarse en la mayor parte de los países, en los que nunca ha existido una pedagogía sobre la necesidad de los equilibrios fiscales y dónde, en todo caso, si algo se tuerce, es recurrente la excusa de que la culpa es de Bruselas (o Frankfurt).
En este escenario, cuando estalló La Gran Recesión en 2008, la debacle era inevitable. De manera pertinente, se dejó actuar a los estabilizadores automáticos y se articularon medidas expansivas ad hoc, excediendo cualquier límite de déficit, hasta que, con origen en Grecia, toda la periferia de la Eurozona se vio privada de financiación a un coste razonable por la carencia absoluta de confianza en la capacidad de los Gobiernos nacionales (ausente el margen fiscal que deberían haber generado en la expansión previa) para parar la crisis, así como por el cambio en la valoración de los inversores sobre la cláusula de “no rescate” (de “esto no se lo cree nadie” a “vaya, van a dejar caer a Grecia, y quién sabe si a alguien más”). Ello obligó a aplicar medidas procíclicas (es decir, restrictivas), que agravaron la crisis en la periferia de la Eurozona, en especial al combinarse con el “cierre del crédito” al sector privado directamente derivado de la crisis financiera.
La Gran Recesión, por tanto, desarticuló definitivamente el PEC y dio pasó a su sustitución por un marco fiscal (extendido a toda la Unión Europea, con excepción de Reino Unido y la República Checa) apoyado en el conocido como Fiscal Compact[2] (marzo de 2012). En esencia, se trataba de una versión mejorada (se suponía) del PEC original y su reforma, con mayor peso concedido a la evolución de la deuda pública y el saldo estructural (ideas correctas), mayor automatismo en los mecanismos de ajuste y de sanción (tan poco creíbles como los anteriores, al tener que pasar de nuevo por el Consejo Europeo) y la obligación de que los límites y mecanismos del Fiscal Compact se incorporasen a la legislación nacional. Esta sorprendente exigencia (¿firmar un acuerdo internacional con los socios más cercanos no es compromiso suficiente para los gobernantes europeos?) dio lugar a ese peregrino episodio en España de realizar una reforma constitucional en el sentido indicado en pleno mes de agosto, como si la disciplina fiscal fuera un principio perverso en lugar de una necesidad para garantizar el papel estabilizador y contracíclico de la política fiscal.
Aunque la Comisión Europea indicó que los límites del PEC debían regir de nuevo desde 2013, la realidad económica hizo que la fecha se fuera posponiendo, y la combinación del nuevo ciclo expansivo y la adquisición masiva de deuda pública por parte del BCE desde marzo de 2015, ya no como respuesta de emergencia a la crisis (en marcha desde 2011 y esencial para la supervivencia de la Eurozona), sino como máxima expresión de la nueva política monetaria no convencional al alcanzarse el nivel cero de tipo de interés, hizo que la restricción fiscal en la Eurozona se olvidase. Eso sí, el déficit estructural ha seguido acompañando a buena parte de los países, entre ellos España, en esta etapa (cierto que, en promedio, no para el caso español, dentro del generoso margen concedido, sobre todo pensando en la fase expansiva del ciclo, por el Fiscal Compact).
Y he aquí que la COVID-19 terminó por provocar la suspensión del PEC/Fiscal Compact (en principio, entre 2020 y 2023), además de intensificar las compras de deuda pública por parte del BCE, reduciendo su coste prácticamente a la nada, a pesar de los niveles sumamente elevados alcanzados por la deuda (ver de nuevo el gráfico adjunto). Es un momento ideal para, desde este singular nuevo punto de partida, repensar el marco fiscal europeo, con las enseñanzas derivadas de todo lo anterior y aprovechando algunas de las actuaciones que se han desarrollado en respuesta a la pandemia.
El nuevo marco fiscal europeo. Por dónde no ir
En opinión del autor, existen dos vías preocupantes[3], que desde luego no consideran muy necesaria la disciplina fiscal, para enmendar el contexto en el que deben moverse los países de la Eurozona en este ámbito. La primera, asumiendo que el problema no está en el flujo (déficit) sino en el stock (deuda), principio cierto, consiste en recuperar la vieja práctica histórica de permitir que la inflación vaya deteriorando el valor real de la deuda[4]. Con una inflación media incorporada al coste de los bonos que oscila alrededor del 3% para el conjunto de la Eurozona (menor en los países centrales que en los periféricos), dejar que los precios se “escapen” hasta crecimientos anuales del 4-5% haría el trabajo. Esta “inflación no esperada”, no obstante, supondría un engaño para los ciudadanos, especialmente los ahorradores (ya penalizados seriamente con el tipo de interés de referencia cero que mantiene desde hace casi una década el BCE y su efecto de arrastre sobre el resto de los tipos de la economía) y los inversores. Por supuesto, en el porcentaje de la deuda indiciada a la inflación no habría mejoría alguna y en emisiones futuras los tipos exigidos se elevarían, encareciendo el coste de la nueva financiación. Pero lo peor es que un desanclaje de las expectativas de inflación derivado de esta línea de actuación, podría conducir a una espiral que llevase a un crecimiento de precios muy superior al indicado…o a un endurecimiento súbito de la política monetaria que generaría una nueva recesión.
La otra alternativa postula excluir del cómputo de los gastos/inversiones a considerar a efectos del déficit público en términos de las reglas fiscales aquéllos/as que se estima se dedican a “partidas de especial interés”. Más flexibilidad, se denomina. En realidad, esta es una vía ya abierta, hasta cierto punto, por la Reforma del PEC de 2005 y por el Fiscal Compact. Claro, cómo no excluir de la restricción fiscal el esfuerzo realizado en infraestructuras físicas y tecnológicas, o en transición verde, o en capital humano, o en apoyo a las PYMEs, o en políticas de género, o en previsión del incremento del coste de las pensiones, o en seguridad interna, en especial en la lucha contra el terrorismo yihadista, o en la defensa europea (incluyendo los submarinos necesarios para protegerse contra un socio de la OTAN), o en la gestión de la inmigración, o en reducir la pobreza, o en la ayuda al mundo en desarrollo, o en combatir el ciberterrorismo, o en un nuevo sistema de prevención y lucha contra epidemias/pandemias, o en… Si el lector se esfuerza (no mucho), aún encontrará más de estas “partidas de especial interés” en los discursos de ciertos políticos, expertos y grupos de interés. Y, como cada Gobierno puede considerar más relevantes unos u otros de los objetivos anteriormente citados, esta alternativa termina con una regla fiscal singular, en la que cada cual gasta en lo que le parece y excluye lo que estima oportuno. Eso sí, casi seguro que podrían obtenerse posiciones de superávit “computables” por esta vía. ¿Caricatura? Sí, pero no mucho. El problema es que, incorporados al déficit o no, esos gastos generan deuda, agravando un desequilibrio fiscal ya difícilmente manejable hasta límites extremos[5].
El nuevo marco fiscal europeo. Una propuesta
Pasemos ahora a una propuesta de un nuevo marco fiscal para la UEM, en el que se recuperan reglas en busca de una política fiscal estabilizadora y anticíclica en cada uno de los países del euro, que son reforzadas por mecanismos de sanción creíbles, y apoyadas en su efecto sobre el crecimiento por actuaciones supranacionales. Esa propuesta puede sintetizarse en los siguientes cinco elementos:
I.- La pandemia ha generado un fuerte incremento, inevitable y justificado, en el nivel de deuda pública de todos los países de la Eurozona. Ese aumento, entre 2019 y 2022, de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, rondará los 15 puntos del PIB de la Eurozona, con un máximo de 21 puntos en el caso de España. El Banco Central Europeo habrá adquirido (programa PEPP[6]) deuda pública por un volumen superior al del total de la deuda emitida por los países miembros en el período y, con semejante demandante, los tipos de interés de colocación de ese endeudamiento han sido apenas superiores a cero (cuando no negativos). Toda esa deuda, igualando el importe de cada país a, por ejemplo, el 20% de los PIB respectivos (gracias a las compras realizadas con anterioridad por el BCE mediante su “expansión cuantitativa” existe margen para ello) debería convertirse en perpetua al tipo de interés de emisión (o nulo para las emisiones con tipos negativos) y quedar de manera permanente en manos del BCE[7]. De esa manera, se ofrecería un cierto alivio en el punto de partida del nuevo marco fiscal, se daría el tratamiento adecuado a la deuda provocada por un factor exógeno e imprevisible y, como en breve veremos, se podría establecer un mecanismo de sanción automático sobre los incumplidores.
II.- El nuevo objetivo de saldo presupuestario anual se fijaría en términos estructurales, con una banda estrecha, variable según el ritmo de crecimiento económico efectivo del país (considerando más escenarios que la dicotomía recesión o no recesión). Ninguna partida presupuestaria quedaría excluida del cómputo de gastos públicos para evaluar el cumplimiento o no del objetivo.
III.- El nivel objetivo de deuda pública se mantendría en el 60% del PIB, pero la exigencia de reducir la brecha (para los países con niveles superiores – 12 de los 19 de la Eurozona en la actualidad) a un ritmo mínimo del 5% anual (eliminándola en 20 años), establecida en el Fiscal Compact, se reduciría. Con todo, el conjunto de la propuesta aquí presentada debería permitir cumplir incluso con el ritmo actualmente fijado.
IV.- La Eurozona, aunque el óptimo y más factible escenario es que este punto fuese aplicado al conjunto de la Unión Europea, daría continuidad al programa (de respuesta a la pandemia) Next Generation European Union. Los fondos se destinarían íntegramente a los objetivos definidos a escala supranacional (por la Comisión Europea), que podríamos resumir en un crecimiento más sostenible en términos económicos y medioambientales, la transformación digital, la mejora del posicionamiento europeo en los sectores de vanguardia, todo ello con especial atención al capital humano y las PYMEs. Como se ha demostrado con la primera emisión en los mercados de capital internacionales (12 de octubre de 2021) de los “bonos Next Generation (NG)”, la UE puede colocar deuda sin el menor problema a tipos muy favorables. La financiación futura de esos programas provendría de la “imposición verde”, realizada a escala europea, y los fondos se distribuirían entre los socios en función de la calidad y cantidad de proyectos presentados, con prioridad a los de carácter transnacional.
V.- Todo lo anterior supone un compromiso de cumplimiento de los países integrantes del euro. Para garantizarlo, debieran articularse uno (o ambos) de los dos mecanismos de sanción siguientes:
1.- El coste de la deuda pública en manos del BCE convertida en perpetua pasaría del tipo de interés de emisión (muy bajo en todos los casos) a un tipo penalizador, de no menos del 5%, durante el período de incumplimiento. Se trataría de un mecanismo absolutamente automático. Los ingresos así obtenidos serían transferidos por el BCE para reforzar el nuevo y continuo NG, en beneficio de los socios cumplidores.
2.- El país incumplidor quedaría excluido de los fondos NG mientras persistiese en quebrar las reglas establecidas. De manera crucial, la ejecución de esta decisión quedaría en exclusiva en manos de la Comisión Europea. Nótese que la justicia europea acaba de avalar la decisión de la CE de retener los fondos del NG asignados a Polonia por incumplimiento de los valores de la UE. Podría aplicarse el mismo principio.
Se consideraría que un país está violando su responsabilidad fiscal en caso de romper el criterio de déficit estructural (punto I) y no corregirlo el año siguiente o de quebrar el criterio de deuda (nivel o convergencia hacia el mismo, punto II) en el promedio del último trienio y no enmendarlo el año posterior.
Evidentemente, una transformación del marco fiscal de la Eurozona de esta magnitud requeriría la aprobación de Comisión, Consejo y Parlamento europeos, además de los parlamentos nacionales de los países socios. Pero, una vez firmado el acuerdo correspondiente, la responsabilidad sobre el mismo debería asignarse a la Comisión Europea, evitando dilaciones e interferencias indebidas de los Gobiernos nacionales.
Reflexión final
La arquitectura fiscal de la Unión Económica y Monetaria, construida entorno al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ha resultado un fracaso, más ligado a la carencia de responsabilidad fiscal de buena parte de los Gobiernos de la Eurozona que a las deficiencias (que también las ha tenido) de ese marco fiscal.
En este ensayo se ha alegado que soluciones basadas en una mayor inflación o la exclusión de partidas de gasto público del cómputo para las reglas fiscales conducirían a un deterioro adicional de la situación fiscal europea (y de la confianza entre los miembros de la zona euro). A continuación, se ha presentado una propuesta de cómo delinear un nuevo marco fiscal para, a partir de la situación en la que nos ha dejado la pandemia COVID 19 y los mecanismos empleados para responder a la misma en el plano económico, impulsar una verdadera política fiscal anticíclica, a la par que se refuerzan los objetivos estructurales relativos al crecimiento económico a escala europea.
…Et contra
Aprender de la experiencia: un nuevo marco fiscal para el futuro o vuelta a la austeridad
(por Jorge Uxó, Universidad de Castilla – La Mancha)
La creación hace 30 años de la unión monetaria, caracterizada por la coexistencia de una política monetaria centralizada y el mantenimiento en la esfera nacional de las competencias de política fiscal, provocó la demanda de un conjunto de “reglas fiscales” que evitasen que las políticas fiscales aplicadas en algunos países pudieran tener efectos negativos sobre el resto de Estados miembros o sobre la política monetaria común.
Desde el principio, esto se interpretó en un sentido unidireccional: se pensó que lo que se necesitaba era “disciplina fiscal” y poco más. Dos argumentos explicaban (erróneamente, como comprobaríamos dolorosamente después) este planteamiento.
En primer lugar, todos los temores se centraron en la externalidad negativa que podría producirse si algunos países practicasen políticas fiscales demasiado expansivas, incurriendo en déficits o niveles de deuda elevados. Esto podría dificultar la actuación del BCE para controlar la inflación o trasladar al resto de países el “riesgo de insolvencia”. Por ello, en el Tratado de Maastricht incluyó el principio político de “evitar déficits excesivos” -que se concretó a su vez en los límites de un déficit del 3% del PIB y una deuda del 60% del PIB- y se establecieron dos cortafuegos: la cláusula de “no rescate” y la prohibición de financiación monetaria de la deuda pública. Se olvidó, sin embargo, que las políticas fiscales de los países también afectan al crecimiento del resto y a la evolución de la inflación del conjunto de la eurozona a través de otra vía: los desbordamientos de demanda. Lo comprobó el BCE tras la Gran Recesión, cuando había agotado su capacidad para estimular la economía mediante bajadas del tipo de interés, se mantenían los riesgos de deflación y el marco fiscal no promovía la orientación más expansiva de la política fiscal que se necesitaba, sino al contrario.
En segundo lugar, se partió de un marco teórico en el que se asignaba a la política fiscal un papel muy secundario, si no irrelevante. Según este marco, el crecimiento potencial de la economía y la tasa de paro de equilibrio (NAIRU) están determinados fundamentalmente por factores por el lado de la oferta. Aquellos países que se enfrentan a tasas de crecimiento insuficientes o tasas de paro elevadas deben aplicar, en consecuencia, reformas estructurales, no políticas de demanda. De hecho, aunque estas no tienen la capacidad para mejorar el crecimiento a medio plazo, sí pueden resultar contraproducentes si provocan tensiones inflacionistas o problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas. La estabilidad presupuestaria -se decía- es la mejor contribución que puede hacer la política fiscal para asegurar un crecimiento elevado.
¿Y qué hay de la estabilización cíclica? También aquí el papel principal correspondía a las reformas estructurales, que debían potenciar la “flexibilidad” de precios y salarios (léase devaluación salarial) para favorecer el ajuste de las economías a las posibles perturbaciones que pudieran experimentar. La vuelta a la tasa de crecimiento potencial debía asegurarse por un correcto funcionamiento de los “mecanismos de mercado” y no por un peligroso activismo fiscal. En todo caso, la política monetaria podría contribuir a la estabilidad cíclica mediante las variaciones del tipo de interés y debería permitirse la actuación de los estabilizadores fiscales automáticos, siempre que no se superase la barrera del 3% de déficit y el presupuesto permaneciese equilibrado en términos estructurales.
Esta visión teórica del funcionamiento de la economía y del papel de la política fiscal ha quedado, sin embargo, completamente desacreditada por la experiencia de las dos crisis que hemos sufrido en los últimos 15 años (la Gran Recesión y la COVID) abriendo la posibilidad de que se consolide un nuevo consenso sobre la política económica que necesitamos en los próximos años.
La estrategia de la “austeridad expansiva” intentada en 2011-2013 fue un fracaso
[8]. La prioridad absoluta concedida a la reducción de la deuda pública mediante programas de recortes provocó daños económicos y sociales tanto a corto plazo (una segunda recesión, aumentos del paro) como a medio plazo. No solo los multiplicadores resultaron ser claramente más altos de lo previsto, sino que los efectos de histéresis también redujeron el crecimiento potencial, contradiciendo su supuesta independencia respecto al comportamiento de la demanda. A estos efectos restrictivos de la austeridad fiscal se sumó, no hay que olvidarlo, la devaluación salarial. Pero esta estrategia ni siquiera obtuvo los resultados previstos en términos de sostenibilidad de las finanzas públicas (debido a la recesión provocada por los recortes fiscales y salariales, la ratio deuda/PIB aumentó en vez de reducirse).
La experiencia muestra también que los periodos de consolidación fiscal suelen implicar fuertes recortes en la inversión pública (así fue claramente en 2011-2013). Sin embargo, hoy existe una amplia consciencia de que la adaptación de las economías europeas al cambio climático y a la digitalización requiere aumentos sustanciales de la inversión pública. Su rentabilidad social, además, es muy superior al coste de financiarlas, por la bajada de los tipos de interés.
Otro factor determinante en este cambio de visión sobre el papel de la política fiscal es, precisamente, la reducción tendencial en los tipos de interés, que viene produciéndose incluso desde antes de la Gran Recesión. Esto es el reflejo de un periodo de “estancamiento secular” de la demanda privada, que debe ser compensado por políticas públicas para mantener niveles adecuados de empleo. Sin embargo, este necesario impulso para garantizar un crecimiento suficiente no puede venir de la política monetaria, precisamente porque los tipos han alcanzado su límite inferior. Por el contrario, la bajada de los tipos favorece la posibilidad de utilizar las políticas fiscales, ya que reduce el coste de la deuda (en España, el porcentaje de deuda sobre el PIB ha pasado en los últimos 25 años del 60% al 120%, pero el coste por el pago de intereses ha bajado del 5% al 2%) y permite que el necesario déficit estructural y niveles mayores de deuda sean sostenibles. Dicho de otra forma: la bajada de los tipos de interés hace más necesaria la política fiscal y a la vez la hace más posible, reduciendo el coste de aumentar la deuda y cuestionando la urgencia de reducir los niveles actuales de endeudamiento[9].
Esta utilidad de la política fiscal se ha reivindicado tanto en el periodo de recuperación de la anterior crisis (que acabó siendo impulsada precisamente por el abandono de las políticas de austeridad) como, sobre todo, durante la pandemia. En 2020 y 2021 los gobiernos han desplegado un amplio abanico de medidas para sostener los ingresos y proteger el empleo y el tejido productivo, evitando el cierre de empresas. Estas políticas han supuesto aumentos del déficit y de la deuda pública, pero hay un consenso generalizado en que han sido medidas necesarias y beneficiosas para enfrentarse a las consecuencias de la pandemia.
También ha cambiado, finalmente, la visión que se tenía respecto al papel del BCE. Sigue manteniéndose formalmente que el banco central no puede financiar a los tesoros nacionales y que su objetivo prioritario es garantizar la estabilidad de precios con total independencia. Sin embargo, desde que en 2012 anunciara su intención de intervenir en los mercados de deuda para evitar la crisis del euro y en 2014 anunciara el inicio de los programas masivos de compra de deuda pública en los mercados secundarios (reforzada durante la pandemia) está desempeñando un papel implícito de “prestamista en última instancia” de los gobiernos. Esto ha sido fundamental para asegurar la financiación pública en condiciones adecuadas y ha evitado en la pandemia que subieran las primas de riesgo. Si el banco central no puede estimular la demanda mediante el tipo de interés, al menos sí debe asegurar las condiciones favorables para que se despliegue sin problemas el instrumento que sí puede -la política fiscal-.
Reivindicar un papel más activo de la política fiscal no significa despreciar la importancia de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero sí podemos ofrecer distintas razones para afirmar que las reglas actuales ni permiten el despliegue de la política fiscal que necesitan las economías europeas ni, paradójicamente, garantizan esta sostenibilidad.
Los límites numéricos establecidos en el Tratado de Maastricht para el déficit y la deuda (3% – 60%) no tienen justificación teórica: se derivan simplemente de la situación que se registraba como media en ese momento[10], ¡y llevan tres décadas condicionado nuestra política económica! Hoy se reconoce además que la sostenibilidad de la deuda depende de distintos factores (especialmente, la relación entre tasa de crecimiento y tipo de interés) y que no existe un límite de deuda válido para todos los momentos y todos los países; es necesario tener en cuenta las circunstancias de cada caso[11].
En el contexto actual, con el coste de la deuda en mínimos históricos (el tipo de interés medio de las nuevas emisiones de deuda española en 2021 ha sido del -0,02%), el déficit de inversión pública que padecemos después de un largo periodo de recortes y la necesidad de adaptar nuestras economías a la transición ecológica y digital, la prioridad no puede ser reducir la deuda hasta un nivel establecido de forma puramente arbitraria hace 30 años.
Más aún. Si a partir de 2023, cuando previsiblemente deje de estar vigente la “cláusula de escape” que ha suspendido la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento desde el inicio de la pandemia, se aplicasen estos límites y se pretendiese reducir la deuda hasta el 60% en los 20 años que establece el Pacto mediante la receta tradicional (recortes del gasto público) el resultado sería desastroso. Lo sabemos, porque ya lo intentamos. Esta vuelta a la austeridad abocaría a las economías europeas a una nueva recesión que, además, como ocurrió en 2011-2013, acabaría aumentando la propia ratio deuda/PIB, en vez de reducirla, provocando la “insostenibilidad” que se quiere evitar. Lo que garantiza hoy la sostenibilidad de las finanzas públicas, e incluso la reducción de la ratio deuda/PIB, es más bien la aplicación de políticas fiscales que aseguren un crecimiento suficiente en los próximos años.
Algunos economistas[12] han propuesto recientemente una adaptación pragmática a esta situación: subir el umbral de deuda desde el 60% hasta el 100% (nuevamente, la media de la zona euro en estos momentos). Pero no es una cuestión del número escogido, sino de lo inadecuado de este tipo de reglas en las que se utilizan referencias numéricas fijas y comunes para todos los países. Este modelo no ha funcionado ni puede hacerlo, porque la política económica requiere capacidad de adaptación a los cambios en el contexto.
Las reglas establecen también la obligación de mantener el “equilibrio estructural” de sus cuentas públicas. Esto es problemático, por dos razones. Nuevamente, nos encontramos ante una restricción autoimpuesta sin ninguna justificación teórica[13]. En un contexto de estancamiento secular de la demanda y con tipos de interés ya próximos a su límite inferior, el déficit estructural puede ser necesario para garantizar que la economía no cae en una espiral de estancamiento y deflación. Y este déficit puede ser perfectamente financiable: lo demuestra la propia experiencia europea (entre 1995 y 2007, el déficit medio de la UE-15 fue próximo al 3%, y la ratio de deuda sobre el PIB se redujo en 8 puntos) y se ve favorecido además precisamente por los bajos tipos de interés.
Además, la política fiscal no puede basarse en un concepto no observable y difícil de estimar como el de “saldo presupuestario estructural” (cuál habría sido el déficit si descontáramos los efectos del ciclo económico). De hecho, se ha constatado que esta estimación ha estado sesgada, infravalorándose sistemáticamente el efecto de la crisis sobre el déficit, y provocando políticas fiscales demasiado restrictivas[14]. Por tanto, es necesario también eliminar esta referencia de las reglas, que deberían basarse exclusivamente en variables fiscales observables.
La propia Comisión Europea, otrora guardiana absoluta de las esencias de la ortodoxia fiscal y precursora de la austeridad expansiva, es consciente de este estado de la cuestión, y ha abierto un debate sobre la modificación de las reglas fiscales que está dando pie a numerosas propuestas[15]. La que mejor recoge las observaciones que hemos hecho aquí es la que ha impulsado Olivier Blanchard, consistente en sustituir el enfoque basado en “reglas” y “límites numéricos” por otro basado en “estándares”[16]. Podemos resumirla de esta forma:
- Dados los objetivos económicos y políticos que cada país pretende alcanzar con su política fiscal y dado el contexto macroeconómico previsto (básicamente, tasa de crecimiento y tipo de interés), debe diseñarse una estrategia a medio plazo sobre los ingresos y gastos públicos.
- Esa estrategia, y su influencia sobre el contexto económico, dará lugar a una evolución previsible del déficit y la deuda. Lo que el marco fiscal debe vigilar es que esta evolución sea “sostenible”: que el riesgo de que el gobierno se enfrente a dificultades para refinanciar su deuda es bajo, no que se alcance un valor arbitrario fijado a priori.
- Este juicio debe basarse en una metodología prestablecida que sería aplicada por instituciones independientes. La función de estas instituciones no sería emitir un juicio detallado sobre la política fiscal del país ni hacer recomendaciones concretas, sino únicamente evaluar el riesgo de insostenibilidad. Si este riesgo es bajo, se cumple con el principio de “evitar déficits excesivos” recogido en el Tratado y no son necesarias más reglas o procedimientos de supervisión.
También es crucial lo siguiente: en vez de empezar el diseño de la política fiscal por un objetivo de reducción de deuda y déficit al que todo se condiciona, deben fijarse primero los objetivos económicos y diseñar una estrategia para alcanzarlos que sea sostenible. Al gobierno no hay que juzgarlo por cuánto ha reducido el déficit, sino por haber alcanzado objetivos socialmente deseables en una forma fiscalmente sostenible.
El debate actual abre por primera vez una oportunidad de cambio real. La pandemia hizo que, gracias a la activación de la cláusula de salvaguarda, se abriera la jaula del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ahora que hemos comprobado que fuera se vive mejor, no volvamos a entrar en ella.
[1] Solo Noruega, en esta tipología de economías, presenta un saldo estructural negativo en cada año del período, compensado ampliamente por los ingresos netos derivados de la exportación de petróleo y gas natural, que, aunque obtenidos por la actualmente denominada Equinor ASA, de titularidad pública, solo se incorporan al presupuesto en un pequeño porcentaje determinado por ley (2-4%, según el momento). El resto va al descomunal Fondo de Inversión Soberana del país, el mayor del mundo (1.4 billones de dólares de activos acumulados).
[2] Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union.
[3] No incluiremos aquí la sesuda propuesta de condonar la deuda pública existente, en todo o en gran parte, porque debemos referirnos a líneas de actuación que, además de algún sentido económico, tengan alguna posibilidad de prosperar en una negociación de los 19 países de la Eurozona.
[4] No presentaremos aquí la formalización que muestra qué hace la deuda sostenible (o no), pero recordemos que la sostenibilidad requiere superávits primarios y/o un crecimiento nominal (incluyendo la inflación existente) mayor que el tipo de interés nominal pagado por la deuda (que incorpora la inflación esperada, que es la que está incluida en la remuneración de un bono).
[5] Técnicamente, obligaría a un mucho mayor “ajuste stock-flujo” del que se realiza ya hoy en la descomposición de la deuda pública acumulada por una economía.
[6] Pandemic Emergency Purchase Programme.
[7] Habría que definir un esquema paralelo, con menor conversión, para los dos países cuyo nivel de deuda, incluso en 2022, será inferior o cercano al 20% del PIB (Estonia y Luxemburgo), porque no parece razonable eliminar su mercado de deuda pública.
[8] Cárdenas, L., Villanueva, P., Álvarez, I., Uxó, J., (2020): “Peripheral Europe beyond the Troika. Assessing the ‘success’ of structural reforms in driving the Spanish recovery”, Review of Keynesian Economics, 8(4), 560-588
[9] Furman, J., Summers, L. (2020): A Reconsideration of Fiscal Policy in the Era of Low Interest Rates”, Discussion Drat, Brookings Institution.
[10] Buti, M., Gaspar, V. (2021): “Maastricht values”, VoxEu – CEPR.
[11] Blanchard, O. (2019): “Public Debt and Low Interest Rates”, American Economic Review, 109 (4), 1197-1229.
[12] Por ejemplo, Francová, O. et al (2021): “EU fiscal rules: reform considerations”, Discussion Paper Series/17, European Stability Mechanism.
[13] Sawyer, M. (2012): “The contradictions of balanced structural government budgets”, SSRN Electronic Journal.
[14] Fatas, A. (2019): “Fiscal Policy, Potential Output, and the Shifting Goalposts”, IMF Economic Review, 67, 684–702.
[15] Puede encontrase un resumen muy útil en HAFELE, J. et al (2021): Fiscal Policy for a Thriving Europe: Feasibility and Impact Analysis of Fiscal Policy Reform Proposals. ZOE-Institute for Future-fit Economies.
[16] Blanchard, O., Leandro, A., Zettelmeyer, J. (2021): “Redesigning EU Fiscal Rules: From Rules to Standards”, Working Paper 21-1, Person Institute for International Economics.