Número 38 – 1
22 de diciembre de 2022XVI Jornadas Internacionales de Política Económica. «Decisiones de Política Económica en momentos de incertidumbre». La Laguna (Tenerife), 25-26 de Mayo de 2023. (solicitud de trabajos)
Organiza: Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos –Política Económica-, Universidad de La Laguna (España)
Las XVI Jornadas Internacionales de Política Económica tratarán de realizar aportaciones en una etapa en la que la incertidumbre rodea las decisiones que deben afrontar los responsables de la Política Económica en los próximos años. El interés de estas Jornadas se orienta hacia el estudio de las diversas políticas instrumentales, las políticas económicas sectoriales y los nuevos objetivos que van surgiendo a partir de los problemas que el contexto cambiante internacional está marcando. Asimismo, será de interés los aspectos relacionados con la docencia en esta disciplina.
COMITÉ ORGANIZADOR
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Cabrera Sánchez, Juan Manuel |
(U. La Laguna) |
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Díaz Pérez, Flora Mª |
(U. La Laguna) |
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Fernández Hernández, Carlos |
(U. La Laguna) |
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González Morales, Olga |
(U. La Laguna) (coordinadora) |
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Peña Vázquez, Rocío |
(U. La Laguna) (coordinadora) |
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Alonso Gutiérrez, Lilia Clara |
(U. La Laguna) (secretaria) |
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Neves Guillén, Alfredo Miguel |
(U. La Laguna) |
Fechas importantes
Fecha límite para la presentación del resumen / abstract 13 de enero de 2023. Los autores deben enviar un resumen en formato pdf de 500 palabras (referencias bibliográficas aparte). El nombre del archivo deberá contener los apellidos del autor/a que presentará el trabajo. Por ejemplo: GonzálezPérez.pdf. El archivo se enviará al correo jipe2023@ull.edu.es
Fecha límite para la notificación de la aceptación de propuestas a los autores: 15 de febrero de 2023
Periodo de inscripción: del 16 de febrero al 3 de abril de 2023 (130 € pronto pago hasta el 15 de marzo de 2023; 200 € del 16 de marzo al 3 de abril de 2023)
Próximamente se enviará la web de las jornadas donde se especificará con más detalle las instrucciones de la inscripción y el resto de información.
Las Jornadas se centrarán en los siguientes grades bloques:
- El papel de la Unión Europea en el proceso de toma de decisiones de Política Económica
- Medidas de Política Económica para la gestión de la crisis COVID19
- Políticas económicas medioambientales (economía circular, política turística, etc.)
- La crisis energética y el papel del sector público (los efectos spillover de las instituciones gubernamentales sobre la eficiencia energética).
- Políticas económicas del sector financiero (banca, seguros, digitalización creciente, etc.)
- Políticas económicas de I+D+i+e (investigación, desarrollo, innovación, políticas públicas de fomento de la Responsabilidad Social, del emprendimiento)
- Políticas de descentralización fiscal y administrativa (la descentralización fiscal y el logro de acuerdos, el papel de las transferencias intergubernamentales verticales para alcanzar metas multidimensionales, etc.)
- Política educativa y laboral (políticas de innovación educativa, reformas educativas, la intervención de los agentes públicos en el mercado de trabajo)
- Regulación de precios frente a la inflación y los desequilibrios del mercado
- Innovación en la docencia de la Política Económica
COMITÉ CIENTÍFICO
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Álvarez González, José Antonio |
(U. La Laguna) |
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Aranda García, Evangelina |
(U. Castilla-La Mancha) |
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Arias Moreira, Xosé Carlos |
(U. Vigo) |
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Bacaria Colom, Jordi |
(U. Autònoma de Barcelona) |
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Brunet Cid, Ferran |
(U. Autònoma de Barcelona) |
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Cabrera Sánchez, Juan Manuel |
(U. La Laguna) |
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Calero Martínez, Jorge |
(U. Barcelona) |
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Calvo Bernardino, Antonio |
(U. San Pablo) |
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Camacho Ballesta, José Antonio |
(U. Granada) |
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Casares Ripol, Javier |
(U. Complutense) |
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Castellanos-García, Pablo |
(U. A Coruña) |
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Costas Comesaña, Antón |
(U. Barcelona) |
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Cuadrado-Roura, Juan R. |
(U. Camilo José Cela) |
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Cuenca García, Eduardo |
(U. Granada) |
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Cuerdo Mir, Miguel |
(U. Rey Juan Carlos) |
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Díaz Pérez, Flora Mª |
(U. La Laguna) (Presidenta) |
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Escot Mangas, Lorenzo |
(U. Complutense) |
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Fernández Arufe, Josefa E. |
(U. Valladolid) |
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Fernández Fernández, Mª Teresa |
(U. Rey Juan Carlos) |
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Fernández-Cornejo, José Andrés |
(U. Complutense) |
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Franco Sala, Lluís |
(U. Barcelona) |
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Fuster Olivares, Antonio |
(U. Alicante) |
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García Crespo, Milagros |
(U. País Vasco) |
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Garrido Yserte, Rubén |
(U. Alcalá) |
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González Morales, Olga |
(U. La Laguna) |
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Grau Carles, María Pilar |
(U. Complutense) |
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Gutiérrez Fernández, Arturo |
(U. Sevilla) |
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Mancha Navarro, Tomás |
(U. Alcalá de Henares) |
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Mañé Estrada, Aurèlia |
(U. Barcelona) |
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Marín Quemada, José María |
(UNED) |
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Miranda Escolar, Belén |
(U. Valladolid) |
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Ochando Claramunt, Carlos |
(U. València) |
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Pampillón Olmedo, Rafael |
(IE Business School) |
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Pardo García, Isabel |
(U. Castilla-La Mancha) |
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Peña Vázquez, Rocío |
(U. La Laguna) |
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Pérez Moreno, Salvador |
(U. Málaga) |
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Ruiz Bravo de Mansilla, Gumersindo |
(U. Málaga) |
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San Martín, Enrique |
(UNED) |
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Sánchez Andrés, Antonio |
(U. València) |
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Serrano Pérez, Felipe |
(U. País Vasco) |
Más información: https://eventos.ull.es/xvi-jornadas-internacionales-de-politica-economica/comite-organizador
Número 38 – 2
22 de diciembre de 2022Encuentro de Política Económica “Política económica internacional en condiciones de incertidumbre”. Valencia, 2 de Diciembre de 2022 (resultados)
Organiza: Unidad Docente de Política Económica. Departamento de Economía Aplicada.
Universidad de Valencia
La séptima edición del congreso se desarrolló con éxito durante la mañana del viernes, con cuatro sesiones y cada una con su correspondiente tiempo para las preguntas y la discusión en la que participaron los asistentes tanto de forma presencial como en línea.
Las primeras tres sesiones estuvieron dedicadas al análisis específico de países emergentes y desarrollados centrándonos en los problemas del país, el diseño de las políticas económicas y la ejecución de estas políticas en los últimos años. El contexto actual es especialmente interesante a la vez que incierto y convulso ya que tras la concatenación de dos graves crisis globales, la Gran Recesión y la pandemia de la COVID-19, los países vuelven a verse inmersos en un contexto de crisis derivado de la Guerra en Ucrania y la consecuente pugna energética. Adicionalmente, la cuarta sesión estuvo dedicada al análisis de políticas económicas más transversales. En la primera sesión analizamos Brasil, India y Vietnam, con la intervención de profesores de la Facultat d’Economia de la Universitat València (UV): Juan Francisco Albert, Maja Barac y Margarita Rohr, respectivamente. En la segunda nos centramos en China, Rusia, Cuba e Indonesia con la participación de José Miguel Giner Pérez de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante, Antonio Sánchez Andrés de la Facultat d’Economia de la UV, Juan Carlos Palacios de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona y Julián Martínez de la Facultat d’Economia de la UV. La tercera sesión abordó los países de Argelia por el profesor Ángel Soler, Hungría por el profesor Antoni Seguí y Chile por la profesora Luz Ramírez, todos de la Facultat d’Economia de la UV. En la cuarta sesión contó con la participación de dos doctorandos de la Facultat d’Economia de la UV, Pau Sales que presentó la ponencia titulada Ciclos económicos y estabilizadores automáticos: nuevas propuestas de política económica e Inés Soldevilla con Política económica y desigualdad. La Unión Europea en el siglo XXI. Finalmente, en la clausura del evento contamos con la intervención del Decano de la Facultat d’Economia (UV) D. Francisco Muñoz Murgui y las profesoras organizadoras del evento Margarita Rohr y Maja Barac.
Número 38 – 3
22 de diciembre de 2022International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) (año 2022)
International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista académica que concentra su atención en la Política Económica. La revista es editada en Valencia (España) por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia (irep.uv.es)
IREP acepta contribuciones de todos los enfoques económicos (ortodoxos y heterodoxos), así como procedentes de otras disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales. Desde esta perspectiva, IREP acepta trabajos de carácter tanto teóricos como aplicados, al tiempo que son bienvenidas tanto las aportaciones sustentadas en análisis cuantitativos como cualitativos, destacando su contenido realista. En concreto, IREP acepta trabajos procedentes de orígenes diversos como la economía, la economía política, el desarrollo y la planificación, la historia o las ciencias sociales en general. IREP publica artículos sobre todo tipo de temáticas relacionadas con la Política Económica.
International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista internacional que publica manuscritos en inglés y en español. Todos los artículos son sometidos a un estricto sistema de evaluación anónima por pares, ofreciendo un medio académico de comunicación y de diseminación de ideas de elevada calidad científica
Contenidos de
Vol.4, Núm. 1 (2022)
- “Medidas de política económica en la UE ante la crisis derivada de la COVID-19”. Maja Barac, Pilar Tamborero (pp.1-19)
- “Política de empleo: posibilidades y limitaciones”. Beatriz Benítez-Aurioles (pp.20-40)
- “Resultados de la política de formación profesional en España y Alemania”. Ángel Soler Guillén, Fernando Pascual (pp.41-62)
- “Las políticas de emprendimiento en México”. Angélica Beatriz Contreras Cueva, Pamela Macías Álvarez, Olga González-Morales (pp.63-75)
- “Políticas públicas de cuidados de larga duración: residencias para mayores, calidad del servicio y atención de calidad”. (María Ángeles Briones Peralta, Isabel Pardo García, Francisco Escribano Sotos (pp.76-98)
- “Importancia económica de la empresa familiar. Una aproximación desde la política económica”. Evangelina Aranda Garcia, Victor J. Martín Cerdeño, Jesús Santos del Cerro (pp.99-118)
Vol.4, Núm. 2 (2022)
- “The Fiscal Effects of Uncapping Social Security Contributions: Implications for Pension Reform in Spain”. Ferran Elias y Marc Riudavets-Barcons (pp.)
- “Evolución del impacto del COVID-19 sobre el empleo en España: análisis de las diferencias a nivel autonómico”. Joan Antoni Alujas Ruiz (pp.20-47)
- “Reducción de la desigualdad y gasto social. Evidencia empírica para 35 países europeos, 2004-2018”. Juan Ignacio Martín-Legendre (pp.48-64)
- “Políticas Públicas Focalizadas en Latinoamérica: Revisión de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas”. Luz G. Castro y Mauro Mediavilla (pp.65-82)
- “El desarrollo del hidrógeno: estrategias y políticas en Europa y España”. Gonzalo Escribano, Lara Lázaro e Ignacio Urbasos (pp.83-96)
- “Sistemas sectoriales de innovación ante el desarrollo sostenible: el caso de la política económica en la industria agroalimentaria de El Salvador”. Elías Humberto Peraza Castañeda y Guillermo Aleixandre Mendizábal (pp.97-110)
Los contenidos e información se pueden consultar en línea en la web:
irep.uv.es
Número 38 – 4
22 de diciembre de 2022Noticias internacionales: Revista Finanzas y Política Económica
La Revista Finanzas y Política Económica, de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Colombia, constituye un espacio científico de discusión de aspectos relacionados con Política Económica. Tiene una categoría de Q4 en Scopus. Más información:
https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/
Contenidos de número reciente
vol.14, nº.2, julio-diciembre, 2022
Editorial
- Los fallos de la integración económica internacional y de la gobernanza supranacional (Joan Miguel Tejedor Estupiñán)
Artículos de Investigación
- Convergencia estocástica en el Índice de Complejidad Económica: el caso de América Latina y el Caribe, 1995-2019 (Leobaldo Enrique Molero Oliva)
- El capital intelectual en el rendimiento financiero del sector carrocero del Ecuador (María del Carmen Gómez Romo)
- Efectos de la comunicación del banco central sobre el desacuerdo en las expectativas de la tasa de política monetaria: evidencias para Colombia (Juan Camilo Galvis Ciro, Juan Camilo Anzoátegui Zapata)
- Análisis de la influencia de la pandemia de COVID-19 sobre la transmisión de volatilidad en la colaboración de los mercados de valores extranjeros e indios (Runumi Das, Arabinda Debnath)
- ¿Por qué los responsables políticos y los científicos sociales deberían adoptar la economía del comportamiento?: un análisis del periodo 2000-2020 (Ignacio Aliende, Lorenzo Escot Mangas)
- Revisión del nexo entre apertura comercial, inversión interna y crecimiento económico: implicaciones políticas contemporáneas para la región MENA (Stephen Taiwo Onifade, Abdul Qahar Khatir, Ahmet Ay, Murat Canitez)
- Cultura de individualismo y prevención de la incertidumbre de las industrias de los países del G20: un análisis de la estructura y el comportamiento del capital (Oderson Panosso, Gleice Carvalho de Lima Moreno, Tarcísio Pedro da Silva, Luciano Castro Carvalho)
- Ingresos de los hogares en 2021: influencia de la pandemia de Covid-19 (Iuliia Pinkovetskaia, Diego Arbeláez Campillo, Magda Julissa Rojas Bahamón)
- La diversidad de género y el rendimiento en el sector financiero ecuatoriano (Edisson Coba Molina, Jaime Díaz Cordova, Geovany Carrion Gavilanes, Daniela Chango Casanova)
Número 38 – 5
22 de diciembre de 2022Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)
La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.
Durante el último periodo se ha difundo por REDIPE un trabajo de Rodrik sobre calidad de empleo, así como otro acerca del papel de los servicios en la economía de EE.UU. y, también, un informe sobre la calidad de las elites políticas. Cabe destacar, asimismo, la publicitación con fines docentes del uso de gráficos de forma alternativa. Son interesantes los artículos acerca de inevitable crisis económica que se nos acerca, también una discusión sobre políticas económicas en las actuales condiciones realizada por Bernanke, así como un trabajo de Prof. Sinn, exdirector del Ifo Institute, acerca de la débil situación económica en Alemania, que augura problemas económicos serios en la UE.
Número 38 – 6
22 de diciembre de 2022La docencia de la Política Económica en inglés: un manual muy recomendable
(por Carlos Rodríguez González, Departamento de Políticas Públicas e Historia Económica, Universidad del País Vasco)
Como bien plantea el profesor Antonio Sánchez en el número 36 de Noticias de Política Económica, no hay tradición en el mundo anglosajón por la edición de manuales de Política Económica como tales. Las cuestiones propias de la política económica se suelen dilucidar en apartados o capítulos de textos más generalistas. Así, por ejemplo, las políticas de oferta o estructurales se recogen en manuales de Economía Industrial y las políticas de crecimiento y las coyunturales en los manuales de Macroeconomía. Pues bien, este es el caso del texto de macroeconomía sobre el cual vamos a hacer una breve recensión de aquellos contenidos que se centran es las políticas coyunturales.
Se trata de la segunda edición de Macroeconomics: Institutions, Instability, and the Financial System, que se publicó en 2014 y cuyos autores son W. Carlin de la University College London y D. Soskice de la London School of Economics. Aunque en esta última edición aciertan al incluir dos capítulos muy interesantes sobre el ciclo financiero, el núcleo central del libro es el modelo de las tres ecuaciones (“the 3 equation model”), en torno al cual giran todas las demás cuestiones que tienen que ver con la dinámica del ciclo a corto/medio plazo y el papel de la Política Monetaria y Fiscal (PM, PF).
El modelo consta, como no podría ser de otra manera, de 3 ecuaciones; a saber: (i) la curva IS, que recoge el funcionamiento de la demanda agregada y que siendo la parte de la síntesis keynesiana del modelo, las alumnas(os) suelen dominar ya por sus cursos de macroeconomía anteriores; (ii) la Curva de Phillips (CP) aumentada con expectativas de inflación que recogería -debidamente reformulada en términos de la relación entre output e inflación- la oferta agregada y que también suelen conocer de antemano los estudiantes; y la tercera de las ecuaciones (iii) que es la Regla Monetaria del Banco Central (BC), la parte más afín al modelo de los nuevos keynesianos (Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M.1999)[1] y que es también la más novedosa e interesante para el tema que nos ocupa.
Los autores consideran su modelo más realista y acorde con la evidencia empírica que el modelo IS-LM de la síntesis o que el de los nuevos keynesianos. Primero porque la obsoleta LM de la síntesis se sustituye por la Regla Monetaria y la ubicua dentro de la hipótesis fuerte de expectativas racionales, mientras que el “forward looking” de los nuevos keynesianos se limita solo al caso del BC (y al mercado de divisas en una economía abierta).
La IS es la de siempre, valga la expresión, aunque con un retardo temporal que es importante destacar porque hace que el modelo sea dinámico. La CP incluye expectativas de inflación adaptivas, que no obstante pueden estar más o menos ancladas al objetivo de inflación del BC. El anclaje de las expectativas es una cuestión importante para la Política Monetaria y resulta fácil de entender para las alumnas(os) porque la idea se formaliza aumentando la CP de manera tal que no cuente solo la inflación pasada en la generación de expectativas de inflación, sino también el objetivo de inflación del BC. La inclusión de la Regla Monetaria, que como hemos dicho es la ecuación más novedosa, es una manera muy pedagógica y rigurosa de formalizar las estrategias de los BCs que, siendo mayoría, siguen una estrategia de PM consistente en alcanzar un objetivo de inflación bajo y estable a medio plazo (estrategias llamadas “IT”, de Inflation Targeting por sus siglas en inglés). Dicha regla (parecida a la famosa regla de Taylor) se plantea como el resultado de la optimización por parte del BC de una función de pérdidas que recoge entre sus argumentos precisamente el mandato típico de esas estrategias.
Es precisamente por cómo se modeliza la PM del BC lo que permite aproximarse a ésta de una manera mucho más realista. En efecto, el instrumento y mecanismo de transmisión fundamental del BC es el tipo de interés (“policy rate”). La oferta monetaria es por tanto una variable residual en el modelo y que en cualquier caso se determinaría de manera endógena[2]. No obstante, y como ya hemos apuntado, se tiene en cuenta el efecto retardado de los cambios en el tipo de interés operados por parte del BC sobre el output y, de hecho, es ese retardo lo que convierte a este modelo en un modelo dinámico y no de estática comparada como el IS-LM. Ese dinamismo lo pueden visualizar fácilmente las alumnas(os) con las funciones de impulso-respuesta y con el simulador que se incluye en la página web del manual[3].
Como hemos dicho el objetivo de un BC con una estrategia IT se alcanza en el medio plazo y la longitud de ese medio plazo depende de lo “halcón” o “paloma” que sea el BC. Adjetivos que se hacen fácilmente comprensibles para los estudiantes porque son los parámetros que definen su función de pérdidas. Además, el modelo sirve el cometido de aludir al marco institucional del BC, marco en el que su independencia está garantizada, al menos frente a la política fiscal (PF) del Gobierno que se toma como variable exógena por parte de la autoridad monetaria.
Respecto de la PF, es la curva IS la que puede cumplir también -aunque como segunda línea de defensa- un papel estabilizador; especialmente si la economía se enfrenta a un shock de demanda negativo, profundo y duradero. Por lo demás, el funcionamiento de la PF es de sobra conocido para las alumnas(os) con un conocimiento previo del modelo de la síntesis, cosa que suele ser el caso en los planes de estudio.
Por último, es fácil explicar a los estudiantes una cuestión relevante: que como todo modelo que se preste, al hacer suyos unos supuestos y simplificaciones, también tiene lógicamente sus limitaciones. Pero estos se hacen explícitos y patentes en el texto. Así, el supuesto más restrictivo -o menos realista si se quiere- pero acerca del cual los estudiantes pueden apreciar fácilmente su alcance, es que el ciclo es el resultado de algún shock exógeno e inesperado que perturba el equilibrio a medio plazo (equilibrio entre la demanda agregada y el output potencial) con efectos en la inflación, el empleo y el output. Son el BC manejando los tipos de interés y/o el gobierno la PF los “mecanismos” que permiten reconducir la economía de nuevo a ese equilibrio a medio plazo donde la inflación se estabiliza para el objetivo fijado por el BC.
Más allá de lo restrictivo de este supuesto, los estudiantes si llegan a entender fácilmente que los shocks no anticipados, bien sean de demanda o de oferta, temporales o permanentes, perturban el equilibrio a medio plazo, provocan una reacción estabilizadora del BC o de la PF y acaban por generar el “business cycle”.
[1] Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: a new Keynesian perspective. Journal of economic literature, 37(4), 1661-1707.
[2] La expansión cuantitativa se plantea como un instrumento adicional que contribuye al aplanamiento de la curva de rendimientos en caso de que los tipos de interés nominales lleguen al límite cero si el shock hunde la economía en la trampa de la deflación.
[3] El simulador es una herramienta que sirve muy bien a los estudiantes para afianzar el funcionamiento del modelo y comprobar como el cambio en los parámetros del modelo alteran la dinámica de las variables endógenas del modelo (output, inflación y tipos de interés). Además, pueden diseñar ellos mismos un simulador con el programa Excel, capturar en las ecuaciones y los parámetros distintos supuestos y entender a través de las funciones de impulso-respuesta las implicaciones de esos cambios en la dinámica macroeconómica.
Número 38 – 7
22 de diciembre de 2022Políticas económicas coyunturales
El aumento de la inflación: el último capítulo de la devaluación salarial
(por Carlos Ochando Claramunt, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-
Universidad de Valencia, Carlos.Ochando@uv.es)
La caída de la participación salarial en la renta se viene produciendo desde hace décadas en las economías desarrolladas. Nuestro país no es una excepción. Si cabe, es un ejemplo paradigmático y ejemplar de cómo un continuo proceso de devaluación de los salarios puede explicar esta caída. Una caída que, si no llega a ser por la creación de empleo asalariado de la economía española en las fases alcistas del ciclo económico, todavía sería mayor.
Durante la última década, los sindicatos y las organizaciones empresariales han seguido predicando (y practicando) la moderación salarial (seguramente, con el objetivo de consolidar el proceso de crecimiento económico y de creación de empleo). El instrumento en este periodo han sido los Acuerdos para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Hasta el momento presente se han firmado cuatro grandes acuerdos trianuales. Si repasamos las políticas de rentas pactada durante ese periodo comprobamos que las organizaciones sindicales y empresariales han interiorizado la necesidad de mantener la moderación salarial, tanto en periodos de crisis económicas como en los de crecimiento económico. En el Gráfico adjunto se muestra la evolución de la inflación anual española entre 1996 a 2020. Ahora analizaremos la política de rentas aplicada en nuestro país en un periodo más corto: 2010-2021.

Desde la crisis financiera del 2008 hasta el momento actual, podemos distinguir cuatro periodos que han contribuido a reforzar la moderación de los salarios y, por consiguiente, la disminución de la participación salarial en la renta nacional:
- 2010-2013: devaluación salarial + política de austeridad
- 2014-2016: crecimiento del empleo + deflación + moderación salarial
- 2017-2020: baja inflación + moderación salarial
- 2021-actualidad: alta inflación + pérdida de poder adquisitivo de los salarios
- Primer periodo (2010-2013)
Ante la crisis financiera del 2008 se aplicó una receta de política económica con dos ejes: la devaluación salarial (con el objetivo de recuperar la competitividad exterior de la economía española) y las políticas de austeridad (con el objetivo de reducir el déficit público y contener el incipiente proceso de aumento del endeudamiento público). El primer objetivo se alcanzó con las sucesivas reformas laborales: la del PSOE del 2010 y, especialmente, la del PP de 2012. Muy discutible es que ello sirviera para recuperar la competitividad precio de la economía y relanzar la demanda externa. Lo que no admite casi discusión es que las políticas de austeridad no sólo no alcanzaron el objetivo de la reducción del déficit público sino que contribuyeron a una segunda recesión de la economía española. Pero ese es otro tema.
El razonamiento que sustentaba dicha política económica era que, a falta de un tipo de cambio que nos permitiera ganancias de competitividad precio, la única solución era un ajuste interno de costes (salariales) para reactivar nuestro crecimiento económico y de paso, reestructurar el propio modelo de crecimiento. Es decir, transformar un modelo basado en el motor de la demanda interna hacia un modelo con mayor protagonismo de la demanda externa. Desde luego, el primer paso de la estrategia de política económica se alcanzó con la reforma laboral del PP. Abrumadora es la evidencia empírica disponible sobre la caída de los CLU reales en España durante ese periodo. No insistiremos en ello. Mucho más dudoso es que se cumpliera la segunda parte de la ecuación, es decir, que la caída salarial sirviera para reactivar la demanda externa a través del canal del aumento de la competitividad-precio de la economía. Pero este, de nuevo, es otro tema.
Los dos primeros AENC, firmados en periodo de crisis económica, institucionalizaron la reducción salarial. Las subidas salariales pactadas fueron del 1% (2010), entre el 1%-2% (2011), 0,5% (2012), 0,6% (2013) y entre 0,6% y 1,5% según crecimiento económico (2014). Esta política de rentas supuso, a la postre, una pérdida del poder adquisitivo de los salarios ya que la inflación subió en casi todos los años por encima del aumento de los salarios pactados, exceptuando el año 2014. Las tasas de inflación anuales en España fueron: 2,9% (2010), 2,4% (2011), 2,9% (2012) y 0,3% (2013).
- Segundo periodo (2014-2016)
En este periodo de cierto crecimiento del empleo resultado de políticas fiscales y monetarias expansivas, el III AENC siguió institucionalizando la moderación salarial con subidas de los salarios del 1%(2015), hasta el 1,5% (2016) y según crecimiento económico (2017). Sin embargo, y a pesar de la clara apuesta por la moderación salarial en ese periodo la inflación española fue extremadamente baja: -1% (2014), 0,02% (2015) y 1,6% (2016), lo que pudo redundar en un cierto aumento del poder adquisitivo de los salarios pactados en la negociación colectiva.
- Tercer periodo (2017-2020)
Durante este periodo, y por medio de IV AENC, se intentó pactar una cierta recuperación de los salarios. El crecimiento acordado fue del 2% más 1% variable (ligada a la evolución de la productividad, resultados, absentismo injustificado y otras variables, en base a indicadores cuantificados, medibles y conocidos por ambas partes) durante los tres años. El repunte de la inflación erosionó parte de este aumento de los salarios: 1,1% (2017), 0,6% (2018) y 0,8% (2019). 2020 fue el año de la crisis del COVID-19 y de nuevo la inflación cayó a tasas negativas (-0,5%).
Obviamente, además de la política de rentas aplicada por medio de los AENC, han interactuado otros factores en la moderación salarial durante este periodo. Otros trabajos han incidido en la importancia de la pérdida de la capacidad negociadora de los sindicatos. Por ejemplo, Cárdenas y Herrero (2018) construyeron un índice de capacidad negociadora donde demostraron la relación entre el mismo y la moderación (caída) de los salarios durante ese periodo. El Banco de España ha centrado la explicación de la moderación salarial en indicadores de holgura en el mercado de trabajo más amplios que la tasa de paro, como son la proporción elevada de trabajadores a tiempo parcial involuntario y los desempleados desanimados que ejercen una presión a la baja sobre los salarios (Cuadrado y Tagliati, 2018).
- Cuarto periodo (2021-actualidad)
Durante este periodo, los agentes sociales no se han puesto de acuerdo para firmar un nuevo pacto de subida salarial en el marco del AENC. Es decir, a día de hoy no hay acuerdo sobre la subida salarial necesaria para proteger a los trabajadores del efecto de la inflación en nuestro país.
La devaluación salarial que se inició en 2010 con las reformas laborales y con las políticas de austeridad continúa en la actualidad (Todolí, 2022). Esta vez, por el efecto empobrecedor del aumento en los precios. La inflación que acabó en el 3% en 2021 ha seguido subiendo durante todo el 2022 alcanzando cifras cercanas al 10% (el último dato, cuando se escribe este artículo en noviembre de 2022, es del 7,3%).
Por tanto, la evidencia empírica de la caída del poder adquisitivo de los salarios es abrumadora y contundente. En la última Memoria del Consejo Económico y Social (2022 : 196), podemos leer “ el cambio de rumbo del IPC en 2021 y la cuantía alcanzada por la inflación media del año determinan que, pese a registrarse una variación positiva de los salarios pactados como la que se ha descrito, en términos medios, los salarios pactados reales perdiesen poder adquisitivo. Estos quedaron, así, en un valor (-1,38 por 100) inferior incluso al de otros ejercicios en los que también se produjo esa pérdida en el último decenio, bien dentro de un escenario de crisis (2012 y 2013) o ya durante la recuperación posterior (2017). De esta forma se truncó la tendencia de crecimiento de los salarios pactados reales que había predominado, con la excepción de 2017, desde la recuperación iniciada en 2014”.
En ningún caso podemos decir que los salarios son los responsables de la subida de la inflación. Más bien, son las principales “víctimas” del proceso inflacionista que, como es sabido, tiene un componente mayoritario en los costes no salariales (materias primas, gas, energía, petróleo) y en la oferta de la economía (alimentos, estrangulamientos en las cadenas de producción…). Como reconoce el propio Banco de España, un gran porcentaje del aumento de los precios en nuestro país se debe a la energía, el gas y la electricidad (Hernández de Cos, P, 2022). Más aún, si existe algún responsable del aumento de la inflación subyacente de la economía, éste parece ser el aumento de los márgenes empresariales que se están produciendo en algunos sectores y empresas.
Esta consideración parece desprenderse de un reciente informe de FEDEA, realizado por Boscá, Domenech, Ferri, Pallardó y Ulloa (2022: 10). En él se puede leer que “hasta el segundo trimestre de 2022 el aumento de la tasa interanual de inflación general (9,1% en dicho trimestre), que se ha manifestado también en su componente subyacente (4,9%), es fundamentalmente un problema de inflación importada. Lo podemos deducir del hecho de que el aumento del deflactor del PIB, es decir, de los bienes y servicios producidos domésticamente, se sitúa en el 3,6%, cinco puntos y medio por debajo del IPC. la tasa de crecimiento interanual nominal de la remuneración por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo (ETC) fue del 1,8% en el mismo trimestre. Teniendo en cuenta que el crecimiento de la productividad por puesto de trabajo ETC fue del 1,5%, la presión inflacionista de los salarios ha sido hasta el momento del 0,3%, una tasa muy moderada y muy lejos del crecimiento del IPC”.
La inflación también está erosionando las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) en el conjunto de los países de la UE. La subida de los precios en la UE ha hecho perder poder adquisitivo a los SMI, excepto, en aquellos países que tienen una indexación automática (Francia, Luxemburgo y Bélgica).
El riesgo del que alertan expertos y organismos internacionales es que el repunte de la inflación traiga como inevitables los temibles “efectos de segunda ronda”, dado lugar a una espiral precios-salarios de difícil control. Sin embargo, en un reciente trabajo de CaixaBank Reserch, realizado por los economistas García-Arenas y Llorens (2022), se argumenta que el canal de transmisión de las subidas salariales a los precios se ha debilitado. Los autores señalan que la correlación entre la inflación subyacente y los aumentos salariales pactados en los convenios colectivos ha ido debilitándose paulatinamente a los largo de la última década: entre 2000 y 2012 la correlación entre ambas variables era de 0,85, mientras que a partir de 2012 es 0,13. Las razones que da el mismo informe tienen que ver con factores estructurales como la globalización, el cambio tecnológico, el fin de la presencia de la indexación automática de los convenios colectivos, la reforma laboral de 2012 o el gran aumento de la tasa de desempleo después de la Gran Recesión. También, el descenso del peso de trabajadores en sectores con mayor presencia sindical, la disminución del poder de negociación de los trabajadores, la ralentización en la productividad laboral y los nuevos avances tecnológicos enmarcados en la Revolución Industrial 4.0 (Canals, 2022).
Por otro lado, la política monetaria restrictiva que ha comenzado a aplicar el BCE servirá para “consolidar” la devaluación por la vía monetaria. Es decir, la subida de los tipos de interés busca disciplinar a los asalariados y, bajo el eufemismo de “evitar los efectos de segunda renda” dar por buena la actual distribución de los costes de la inflación [1] .
En conclusión, y a la vista del análisis de la política de rentas aplicada en España (“explícita o implícita”) en la última década –aunque nos atreveríamos a decir que el proceso comienza muchos años atrás-, parece que siempre existen argumentos en contra de la subida de los salarios en la economía. Si la economía va mal no es momento de subir los salarios para preservar el empleo y si la economía va bien tampoco es el momento para seguir preservando el empleo y los beneficios de las empresas (variable que en un contexto de financiarización de las economías tiene una conexión muy incierta sobre la inversión productiva). En resumen, que nunca es un buen momento para subir los salarios de la economía.
Los argumentos justificativos de esta política de rentas son más políticos que económicos, puesto que una subida salarial tendría efectos beneficiosos en una economía, como la española, que se comporta como “wage led” (impulsada por los ingresos o por la demanda interna) (Álvarez, Uxó y Febrero, 2019). O bien por la aplicación de una estrategia de política económica (“austeridad expansiva”) o por la recesión económica (no profundizar la destrucción de empleo) o por la inflación (evitar los efectos de “segunda ronda”), los salarios de la economía se estancan o pierden peso en la distribución de la renta. No es extraño que la desigualdad aumente en nuestro país, que cada vez existan más trabajadores pobres o que la pobreza infantil y juvenil sean ya fenómenos estructurales y cronificados en el tiempo. Solo una política de rentas “pre-distributiva” que establezca como objetivo primordial la mejora de la distribución de la renta y la reducción de los niveles de desigualdad en el mercado de trabajo puede empezar a revertir esta situación. Y esto pasa por subir los salarios o, cuanto menos, vincular el aumento salarial al aumento de la productividad a medio plazo y recuperar el poder adquisitivo -en varios años- cuando aumenta la inflación.
Bibliografia:
Álvarez, I., Uxó, J. y Febrero, E. (2019): “Internal Devaluation in a Wage-led Economy: the Case of Spain” Cambridge Journal of Economics 43 (2), pp: 335-360.
Boscá, J. E., Domenech, R., Ferri, J., Pallardó, V. y Ulloa, C. (2022): La economía española ante el reto de la inflación. Observatorio sobre el ciclo económico en España. Estudios sobre economía española 2022/24. Octubre de 2022.
Canals, C. (2022): “Inflación al alza, ¿le seguirán los salarios?” Dossier La respuesta de los salarios al aumento de la inflación. CaixaBank Research Mayo 2022.
Cárdenas, L. y Herrero, D. (2018): Determinantes socio-institucionales de la distribución de la renta. El caso de España (1987-2015). WP03/18. Instituto Complutense de Estudios Internacionales.
Cuadrado, P. y Tagliati, F. (2018): La moderación salarial en España y en la UEM. Boletín Económico 4/2018. Artículos Analíticos Banco de España, 9 de Octubre 2018.
CES (2021): Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. España 2021. Madrid.
García-Arenas, J. y Llorens, E. (2022): “La relación entre inflación y salarios en España: existe, pero los matices son importantes” Dossier La respuesta de los salarios al aumento de la inflación. CaixaBank Research Mayo 2022.
Hernández de Cos, P. (2022): El episodio inflacionista en el área del euro y el proceso de normalización de la política monetaria del BCE. XX Aniversario Institut d´Economia de Barcelona (IEB): 20 años identificando problemas y buscando soluciones. 31-05-2022.
Todolí, A. (2022): “La devaluación salarial se mantiene: análisis de la reforma laboral de 2021 desde una perspectiva salarial en un contexto de inflación desbocada y propuestas de cambio” Labos Vol.3, n.2.
[1] Agradezco esta idea a Jorge Uxó en una conversación reciente sobre el contenido de este artículo de opinión.
Número 38 – 8
22 de diciembre de 2022Políticas económicas estructurales
Una visión teórica de la política (re)distributiva en Europa
(por Inés Carreres, Universitat de València)
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en los países de la Europa Occidental surgió un modelo social europeo que garantizaba un empleo estable, ingresos crecientes y movilidad social ascendente, que sumerge a estos países en un periodo de crecimiento económico y disminución de la desigualdad y pobreza [1]. Se inició la construcción del Estado del Bienestar en gran parte de los países, con una ampliación de las pensiones y las prestaciones sociales, así como la provisión de servicios públicos en materia de salud, educación o vivienda. Sin embargo, la desigualdad comienza a crecer a mediados de los años 70 y esta tendencia se ha mantenido hasta la actualidad, en un contexto en el que se ha visto acentuada a raíz de la pandemia, y el desorden internacional genera tensiones e inestabilidades que amenazan la seguridad económica de los grupos más vulnerables [2].
En este contexto, a pesar de que el estado de bienestar es por definición redistributivo, esto no implica una automática mayor igualdad, y dependerá en definitiva de la configuración del sistema de impuestos y prestaciones, así como de las características del modelo de seguridad social implementado y la eficiencia en su gestión. Esping-Andersen [3] diferenció tres regímenes del bienestar (liberal, conservador-corporativista y socialdemócrata) en torno a dos criterios principales: el grado de desmercantilización, en función de la provisión de servicios como una cuestión de derecho y la capacidad de los ciudadanos para mantener los medios de subsistencia sin depender del mercado; y el grado de estratificación, el resultado de la redistribución y el grado de universalidad impuesto por el estado de bienestar, reflejados en los niveles de desigualdad.
Más tarde, diversos autores incorporaron otras clasificaciones como el modelo del sur de Europa o los países postcomunistas. Ferrera [4] introdujo en el análisis comparativo de los estados de bienestar el modelo que englobaba a los países del sur de Europa, conocido como el mediterráneo. Sapir [5] clasificó finalmente los modelos sociales (aplicados a la EU-15) en función de la tasa de desempleo (eficiencia del mercado de trabajo) y el índice de pobreza (equidad del sistema de protección social). Siguiendo esta tipología, la clasificación más común de las economías europeas en la actualidad sigue por tanto el siguiente esquema, organizado por divisiones geográficas:
- El modelo nórdico (socialdemócrata)
- El modelo anglosajón (liberal)
- El modelo continental (conservador-corporativista)
- El modelo mediterráneo
- El modelo postcomunista
La clasificación de los regímenes de bienestar, en la que sienta sus bases la clasificación de las economías europeas por clústeres, ha sido sin embargo objeto de crítica por diversos autores, especialmente frente a la posible simplificación [6]. Sin embargo, para la conveniencia de este artículo y para facilitar la sistematización de las políticas económicas ejecutadas en los países europeos, se va a utilizar la clasificación de estos en regímenes según divisiones geográficas.
- El modelo nórdico
Como bien es sabido, los regímenes socialdemócratas del estado de bienestar se caracterizan por el énfasis en la inclusión universal y la definición exhaustiva de los derechos sociales. Estas economías presentan una serie de características comunes en términos de la gestión económica por parte del Estado, dado su compromiso con la igualación de las condiciones de vida de todos los ciudadanos y la persecución de la marginalización del papel del mercado privado de bienestar.
Por otro lado, se pone especial énfasis en la “desfamiliarización” de las responsabilidades del bienestar, especialmente en términos de los cuidados. En este sentido, se promueve la oferta de empleo femenino y el estado de bienestar posee un carácter intensivo en la provisión de servicios.
El gasto en materia social se caracteriza por tener un gran peso en el total del PIB. Los países nórdicos presentan un elevado volumen del gasto tanto en materia de prestaciones de garantía de mínimos como en prestaciones de sustitución de rentas. Además, existe una sincronización entre las políticas sociales y laborales: por un lado, los mercados de trabajo están estrictamente regulados (en términos de contratación, despidos y fijación de salarios) y, por otro lado, la política social tiene un papel importante en la maximización del empleo [7]. Con lo anterior, los salarios femeninos están bastante igualados a los masculinos, lo que supone una fuente de reducción de las desigualdades de renta y de género.

A pesar de que es evidente que los países nórdicos se caracterizan por unos menores niveles de desigualdad bruta y neta (Gráfico 1), el impacto neto de la política económica es difícil de predecir [7]. Por un lado, como la mayoría de los beneficios y prestaciones son universales, su efecto igualador es más bien reducido. Además, el hecho de que se trate de un régimen intensivo en la provisión de servicios (es decir, los beneficios se proporcionan en especie) dificulta la identificación de los resultados distributivos en los datos de renta. Sin embargo, el incremento marginal en términos de bienestar será mayor para los hogares de rentas más bajas. Pese a todo ello, todos los beneficios y prestaciones están normalmente sometidos a impuestos. En un sistema tributario caracterizado por su alta progresividad, los hogares de rentas más altas son los que están sometidos a un gravamen mayor, por lo que se da una redistribución vertical. Por otro lado, el énfasis de la política social y laboral en la maximización del empleo conlleva que la redistribución con mayor peso se dé vía la igualación de las rentas primarias (o rentas en el mercado).
- El modelo anglosajón
El régimen liberal, caracterizado por la minimización de la intervención pública en las relaciones del mercado, basa su modelo de Estado de Bienestar en el supuesto de que la gran mayoría de los ciudadanos pueden obtener el bienestar adecuado por medio del mercado. Por tanto, el papel del Estado no estaría basado en el reemplazo de aquellos bienes y servicios imprescindibles para el bienestar, sino que se limitaría a “alimentar” al sector privado del bienestar, subvencionándolo en la mayoría de las ocasiones mediante las deducciones fiscales.
Con ello, los países anglosajones (Reino Unido e Irlanda en Europa, pero también USA, Nueva Zelanda o Australia) presentan unos niveles más bajos en gasto social como porcentaje del PIB que los que pueden observarse, por ejemplo, en las economías nórdicas. Además, las prestaciones públicas están focalizadas hacia aquellos hogares más necesitados. Estos han sido tradicionalmente identificados mediante la comprobación de recursos, aunque en los últimos años este mecanismo se ha ido orientando hacia la imposición de un impuesto negativo sobre la renta sujeto a la condicionalidad del trabajo. Por tanto, el papel del gobierno está sujeto a la incapacidad demostrable para el sustento [7].
Por otro lado, este sistema se caracteriza por la desregulación del mercado de trabajo. Se asume que un mercado libre favorece el crecimiento del empleo. Esto, en contraposición, genera altos niveles de inseguridad social y desigualdad salarial, por lo que constituye una fuente de desigualdad en términos de renta primaria.
Teniendo estos aspectos en cuenta, el impacto distributivo neto es más bien ambiguo. La orientación pro-mercado y la dependencia en los mecanismos de bienestar privados tienen un claro efecto adverso en la desigualdad económica, pero teniendo en cuenta que las prestaciones públicas están dirigidas solamente a las personas en los deciles más bajos, puede darse que esta focalización promueva la igualdad [7]. No obstante, se tratan de países con altos niveles de desigualdad y pobreza relativos en el panorama europeo.
- El modelo continental
Los estados de bienestar continentales, que engloban a los países del centro de Europa, tienen sus orígenes en el régimen conservador. Este sienta sus bases en el seguro social con distinciones ocupacionales, por lo que el derecho al seguro depende del empleo a lo largo de la vida. Sin embargo, también suelen presentar un sistema de subsidios que no está condicionado al empleo. Por tanto, es un modelo basado principalmente en las transferencias y no tanto en la prestación de servicios. El bienestar privado presenta un rol marginal que se acerca al modelo nórdico ya que, por un lado, las prestaciones sociales son generosas y de amplia cobertura y, por otro, los servicios privados tienen precios elevado (debido a los costes del trabajo) [7].
El rígido mercado laboral está intensamente influenciado por la fuerte regulación del mercado y los costes laborales altos. En primer lugar, esto genera estabilidad laboral, pero al mismo tiempo dificulta el acceso al primer empleo. Es habitual encontrar, por tanto, altas tasas de desempleo juvenil. Segundo, existe una falta de apoyo a las madres trabajadoras que deriva en un bajo empleo femenino, especialmente en el empleo no cualificado. Por último, la jubilación anticipada se ha utilizado para liberar el mercado de trabajadores más mayores.
El efecto redistributivo de la política difiere de los dos anteriores, ya que la importancia de los seguros sociales implica una intensificación de la redistribución horizontal. Los menores niveles de empleo femenino ––sobre todo en los hogares en los deciles más bajos–– implica una mayor vulnerabilidad de los hogares dependientes de la renta del trabajo, especialmente en familias monoparentales.
- El modelo mediterráneo y postcomunista
En principio, el modelo mediterráneo se presentó como una versión precoz del modelo corporativista, aunque todavía en la actualidad pueden encontrarse divergencias. El modelo de los países del sur de Europa se caracteriza por un menor gasto social (principalmente dirigido a las pensiones) y un acceso más restringido y condicionado a las prestaciones sociales. En Italia, Grecia y España, más del 20% de la población con la renta equivalente más alta son pensionistas de acuerdo con la Comisión Europea [8]. Aunque el gasto en prestaciones de sustitución de rentas se acerca a los niveles continentales (por encima de la media europea), en términos de garantía de mínimos se sitúan claramente por debajo [9]. Las transferencias sociales suelen ser de naturaleza contributiva, por lo que están vinculadas al empleo y el salario. El grado de desmercantilización también es bajo y el gasto social genera una mayor segmentación de los derechos y propicia la reproducción del status [10].
Además, el esquema de la prestación de servicios se basa en ciertas peculiaridades culturales. Se trata de un régimen fuertemente familiarista ––la responsabilidad del bienestar primario recae sobre la familia–– en el que las políticas de conciliación quedan rezagadas. Por tanto, las propias familias asumen la provisión de servicios que en otros sistemas quedan asignadas al sector público, como pueden ser los cuidados [7].
Por otra parte, no existe consenso en la literatura teórica acerca de la existencia una tipología de bienestar que englobe a los países postcomunistas, principalmente debido a la heterogeneidad dentro del propio grupo o a su posible transición hacia el “modelo europeo”. Sin embargo, los niveles de protección social en los países del este de Europa no han llegado a converger con los que se observan en los países de la UE-15. Este grupo de países presentan los niveles más bajos de protección social, pero, especialmente los países bálticos, también cuentan con los niveles más altos de mercantilización de los bienes y servicios para el bienestar [11].

Como se observa en el gráfico 2, los países del este de Europa son los que presentan mayores niveles de desigualdad, pero también menores niveles de gasto. Además, se muestra que existe una relación inversa en entre el coeficiente de Gini y el nivel de gasto en protección social.
Entre los países representados destaca el caso de Francia, que presenta un mayor nivel de gasto que el resto de los estados continentales. En los últimos años, las prestaciones por desempleo y contra la exclusión social han reducido la desigualdad por encima de la mediana europea. Aunque en menor medida, también las ayudas a la vivienda y a las familias tienen un notable efecto redistributivo, tanto por su focalización como por su volumen [12]. Reino Unido también presenta una relación desigualdad-gasto similar a los estados continentales o mediterráneos. No obstante, el efecto igualador de los impuestos y transferencias permanece por debajo de otros países como Francia, Alemania o los nórdicos. Finalmente, en Bélgica la desigualdad de renta es relativamente baja, principalmente dada la efectividad del sistema de impuestos y transferencias, con la capacidad redistributiva más alta entre los países continentales [13]. A pesar de que los derechos sociales siguen el principio contributivo propio del modelo continental, el gasto en salud, educación y vivienda social contribuye a los bajos y estables índices de desigualdad belgas.
Conclusiones
Con todo ello, resulta difícil sistematizar la respuesta pública y la gestión de la cuestión distributiva, que continúa ganando peso en el panorama actual. Estos modelos de bienestar están sometidos a un constante cambio y muchos de los supuestos básicos sobre los que se construyeron ya no son sostenibles. El diseño e impacto de la política redistributiva difiere considerablemente entre los países europeos, estando las diferencias normalmente basadas en la gestión de las pensiones y la naturaleza de las prestaciones. Finalmente, la capacidad de la política redistributiva dependerá de los diferentes roles y objetivos de los sistemas de impuestos y transferencias, así como de la identificación de los ganadores y perdedores [8]. En cualquier caso, la desigualdad económica continúa creciendo en Europa. La aparición de nuevas tendencias y tensiones políticas y económicas y de nuevos riesgos sociales, entre los que se incluye el evidente problema de la desigualdad, son los nuevos retos del futuro que generan la necesidad de buscar una política económica alternativa que se adapte realmente a las complejidades del mundo actual.
Bibliografía
[1] J. Stiglitz, Reescribir las reglas de la economía europea: propuestas para el crecimiento y la prosperidad compartida, Barcelona: Antoni Bosch, 2021.
[2] L. Chancel, T. Piketty, E. Saez, G. Zucman et al. , «Informe sobre la desigualdad global 2022,» 2021.
[3] G. Esping-Andersen, Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford University Press, 1999.
[4] M. Ferrera, «The ‘Southern Model’ of Welfare in Social Europe,» Journal of European Social Policy, vol. 6, nº 1, 1996.
[5] A. Sapir, Globalization and the Reform of European Social Models, 2005.
[6] G. Kasza, «The Illusion of Welfare ‘Regimes’,» Journal of Social Policy, vol. 31, nº 2, pp. 271-287, 2002.
[7] G. Esping-Andersen y J. Myles, «The Welfare State and Redistribution,» Social Stratification, Routledge, 2014.
[8] B. Hammer, M. Christl y S. De Poli, «Redistribution across Europe: How much and to whom?,», JRC Working Papers on Taxation and Structural Reforms No 14/2021, Sevilla: Comisión Europea, 2021.
[9] A. Fuenmayor, R. Granell y T. Savall, «Los efectos redistributivos del sistema de impuestos y transferencia en Europa,» Observatorio Social de «La Caixa», 2020.
[10] C. Ochando y J. F. Albert, «Crisis económica, modelos de Estado del bienestar europeos y desigualdad,» Revista de Derecho de la Seguridad Social. Laborum, nº 13, pp. 297-312, 2017.
[11] K. Põder, «»Social Models» in a European Comparison,» Eastern European Economics, vol. 49, nº 5, pp. 55-47, 2011.
[12] J. Rousselon y M. Viennot, «Primary inequality and redistribution: where does France stand in Europe?,» La note d’analyse, vol. 97, nº 7, pp. 1-16, 2020.
[13] Bertelsmann Foundation, «Sustainable Governance Indicators,» 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.sgi-network.org/2022/Sustainable_Policies/Economic_Policies/Taxes. [Último acceso: Diciembre 2022].
Número 38 – 9
22 de diciembre de 2022Política económica internacional
Proyectos estructurales de la política económica en México
(por Ekaterina Shkolyar, Investigadora científica, Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia)
El pilar principal de la política económica de México son los proyectos en electricidad, transporte, comunicaciones, infraestructura social, turismo e hidrocarburos. El Gobierno de México intenta vincular estos proyectos de infraestructura con inversionistas nacionales y extranjeros con el objetivo de incrementar las fuentes de financiamiento a largo plazo. Para que los proyectos sean promovidos tanto por la institución como por diversas entidades y organismos de los sectores público y privado fue creada la plataforma especializada web en la que están listados 235 proyectos nuevos y 310 en curso de inversión. A pesar de los modestos resultados macroeconómicos de los primeros cuatro años (de los seis constitucionales) de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su política económica ha llevado a la realización de unos proyectos claves en la infraestructura energética y de transporte México.
El nuevo aeropuerto capitalino
La más significativa obra construida por el gobierno de AMLO fue el nuevo aeropuerto capitalino. El aeropuerto de la Ciudad de México que lleva el nombre de Benito Juárez ya no podía hacer frente al alto tráfico de pasajeros. En 2019 a través de este aeropuerto se alcanzó un nuevo récord: más de 50 millones de personas.
La decisión de construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue aprobada en 2014 durante el gobierno del presidente E. Peña Nieto. Se suponía que sería el segundo más grande del mundo (después del nuevo Aeropuerto de Beijing) con un flujo de pasajeros de 120 millones de personas al año. La ubicación para el nuevo aeropuerto estaba en la zona de antiguo lago de Texcoco, cerca del aeropuerto existente en la Ciudad de México. La construcción de este aeropuerto se estimó en 13 mil millones de dólares.
Durante su campaña electoral AMLO a menudo criticó este proyecto, señalando su alto costo, corrupción durante la distribución de contratos y perspectivas de explotación irrazonables. A pesar de que hasta finales de 2018 ya se había completado el 31% de la obra, AMLO logró cancelar su construcción y propuso una opción alternativa: la construcción de un nuevo aeropuerto en el sitio de una base militar en Santa Lucía, que se encuentra a sólo 45 km del aeropuerto en la ciudad de México. La nueva terminal se encuentra en un predio de 3 mil hectáreas en la antigua base aérea de Santa Lucía superficie (a título comparativo, el aeropuerto histórico de México, el Benito Juárez, se asienta en apenas 600 hectáreas).
La construcción estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa y en ella solo participaron ingenieros y arquitectos mexicanos, en su mayoría militares. Esto ha permitido construirlo por un valor 3 veces menor que el previsto para el proyecto anterior. Este aeropuerto lleva el nombre de Felipe Ángeles, en honor a un soldado en la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. El nuevo aeropuerto fue inaugurado por el presidente AMLO en marzo de 2022 y forma parte de una red de aeropuertos en el área metropolitana, que incluye también al de la ciudad de México y al de Toluca.
Nueva refinería
Otro de los principales proyectos de AMLO es la puesta en marcha de la refinería Dos Bocas en el estado de Tabasco, que fue inaugurado por él en julio del mismo año. México tenía seis refinerías de petróleo de propiedad de la compañía estatal Pemex con una capacidad nominal total de procesamiento de petróleo de 1.155 mil barriles por día. En el periodo anterior con la crisis financiera, Pemex suspendió todos los programas de modernización de estas refinerías y redujo significativamente el costo de mantenimiento de sus equipos. Esto provocó el aumento en el número de accidentes en las refinerías, una disminución en sus tasas de utilización de la capacidad y una caída en la producción al nivel más bajo de los últimos 25 años. Por este motivo, México, a pesar de que sigue siendo productor y exportador de petróleo se ha convertido en un gran importador de gasolina y diesel. En 2018, sus importaciones de productos petrolíferos superaban a sus exportaciones en 24 mil millones de dólares.
Al llegar a la presidencia AMLO inició la política del abastecimiento de combustible del país con los recursos propios. Su gobierno ha comenzado a renovar las refinerías existentes y ha construido en Tabasco una nueva instalación que puede producir unos 340 mil barriles diarios de petróleo, que procesará el petróleo producido en la zona.
Además, AMLO incentivaba a la compañía mexicana Pemex la compra de la refinería norteamericana Deer Park que, a pesar de que se encuentra en el territorio de USA, ha convertido en un componente del complejo petrolífero de México. La ejecución de estos proyectos tiene como objetivo final la política económica de AMLO de terminar con la exportación del crudo y destinar todo lo explotado para la producción interna.
Nueva ruta ferroviaria
La tercera obra importante del gobierno de López Obrador es el ferrocarril turístico el Tren Maya, ubicada en los estados del Golfo de México. Esta obra pretende ser un detonador económico y cultural para la región sureste del país a través del comercio, el turismo y el desarrollo sustentable.
El Tren Maya es un proyecto que pretende fortalecer el ordenamiento territorial de la región y potenciará la industria turística de la misma. Se prevé que generará una derrama económica e incrementará la conectividad en la península de Yucatán, permitiendo mover carga y pasajeros. En su totalidad, el ferrocarril recorrerá aproximadamente 1,5 mil kilómetros divididos en 8 tramos pasando por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El proyecto Tren Maya conectará las principales ciudades y zonas turísticas del sureste de México, cuyo propósito es promover el desarrollo socioeconómico de la región y las comunidades locales, fortalecer la industria turística en México, promover la inclusión social y generar empleos. El proyecto incluye una serie de componentes principales: construcción de vías férreas, adquisición de material rodante, instalación de sistemas de señalización, telecomunicaciones y seguridad, construcción de estaciones, operaciones para la prestación de servicios de pasajeros y carga.
Conclusión
Estos proyectos abordan una serie de objetivos estratégicos para el desarrollo económico de México, como se trata de fortalecer la infraestructura social y productiva, promover un nuevo modelo de crecimiento económico para el desarrollo en beneficio de la población, así como posibilitar el desarrollo de nuevas actividades para la población que viven en condiciones de extrema pobreza, fortaleciendo y difundiendo la diversidad lingüística y cultural, la memoria y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas mexicanos y garantizar su participación y derechos culturales. Sin embargo, a pesar de los avances de la ejecución de estos proyectos, estos han sido criticados por grupos ambientalistas, por el impacto que significa la obra de las mencionadas infraestructuras.
Bibliografía
Cota I. López Obrador defiende su política económica en su cuarto informe de Gobierno, El Pais 2 de septiembre 2022.
Cuarto informe de Gobierno, Mexico, Presidencia de la Republica, 1 de septiembte de 2022. https://framework-gb.cdn.gob.mx/informe/5b8e7a983a893dfcbd02a8e444abfb45.pdf
https://www.gob.mx/banobras/articulos/proyectos-mexico-un-banco-de-oportunidades-de-inversion?idiom=es
Proyectos México: un banco de oportunidades de inversiónhttps : //www.gob.mx/banobras/articulos/proyectos-mexico-un-banco-de-oportunidades-de-inversion?idiom=es
Número 38 – 10
22 de diciembre de 2022Pro et contra: La subida de los tipos de interés
(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)
Pro…
¿Es adecuada la subida de tipos de interés del BCE en el contexto actual?
(por José E. Boscá y Javier Ferri, Universidad de Valencia y Fedea)
Tasas de inflación interanuales a partir del IPC de la Eurozona del 10%, acompañadas de una inflación subyacente del 5%, como muestra el último dato conocido del mes de noviembre, no tienen parangón en la “joven” historia del Banco Central Europeo. De hecho, hay que retrotraerse a finales de los años 70 y a la década de los 80, para encontrar episodios de tasas de inflación de dos dígitos en Europa. La actual crisis de precios en la Eurozona presenta también algunas similitudes interesantes con las crisis energéticas de aquellos años. No hay duda que las causas de esta elevada inflación descansan principalmente en la sucesión de un shock en las cadenas internacionales de suministro tras la pandemia del Covid-19, seguido por los incrementos de precios de la energía y algunas materias primas provocados por la guerra en Ucrania.
La elevada inflación en la Eurozona y en países como, por ejemplo, España se debe inicialmente a los cuellos de botella en el comercio internacional, a los incrementos del precio del petróleo, del gas y de algunos alimentos y materias primas. Ya en segunda instancia estos incrementos de precios se han trasladado a través de las cadenas de producción a la mayoría de los componentes de la cesta de la compra de los hogares. En definitiva, una parte muy importante de la subida de precios es inflación importada que tiene su origen en shocks negativos de oferta. Aunque cuantitativamente de menor importancia, tampoco es despreciable la contribución a la inflación de la Eurozona del crecimiento de la demanda nominal, ya que ésta aumentó un 12,5% entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo de 2022. Ese crecimiento de la demanda nominal de alrededor de 4 puntos al año tampoco parece muy consistente con una inflación en el objetivo del 2 por cien[1].
En este entorno de inflación generalizada en la Eurozona la mayoría de países se encuentran en una situación en la que, tras recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia (algo que España desgraciadamente aún no ha conseguido) se encuentran en situaciones cíclicas no muy alejadas de la neutralidad. Las tasas de desempleo de países como Alemania u Holanda están por debajo del 4% y las de muchos países difícilmente sobrepasan el 5-6%, aunque Italia y Francia están entorno del 7,5-8% y, como es habitual, únicamente Grecia y España alcanzan récords con niveles ligeramente por encima del 12%.
En el entorno actual, descrito en los párrafos anteriores, parece sensato que la sociedad, en general, y los economistas, en particular, se planteen cuál debe ser la prioridad del Banco Central Europeo (BCE) o del resto de bancos centrales. ¿Debe el BCE decantarse por tratar de contener los precios? En ese caso, ¿debe ser muy agresivo o debe adoptar una estrategia más gradual? O, por el contrario, ¿debe el BCE mirar únicamente al crecimiento y el pleno empleo y optar por una política monetaria pasiva que no dañe la actividad económica? Obviamente, detrás de estas preguntas está el hecho de que existe en este momento una situación de trade-off o dilema evidente: si el BCE opta por hacer una política monetaria restrictiva, como parece ser su estrategia actual, para reducir la inflación esto acabará teniendo consecuencias negativas en la demanda, la actividad y el empleo. De hecho, una estrategia muy agresiva podría llevar, incluso, a la Eurozona a una recesión.
Antes de responder a las preguntas anteriores es conveniente hacer algunas puntualizaciones respecto al papel de los bancos centrales, al diseño institucional de los mismos y a la forma en la que entendemos que deben realizar sus funciones.
El dinero fiduciario, tal y como explicamos en cualquier curso básico de macroeconomía, tiene tres funciones primordiales. Es, en primer lugar, el medio de pago generalmente aceptado en las sociedades actuales. Además, es la unidad de cuenta o criterio que utilizamos para establecer precios y registrar deudas. Por último, el dinero también es un depósito de valor, ya que se usa para transferir poder de compra entre periodos. Los bancos centrales son los encargados de controlar la cantidad de dinero en las economías precisamente para salvaguardar que las tres funciones del dinero se cumplen de forma adecuada. Es obvio que una inflación elevada, o muy elevada, entorpece o diluye el cumplimiento de las tres funciones anteriores con un coste indiscutible para la sociedad en su conjunto. Evidentemente no tenemos una definición precisa y exacta de lo que es una inflación elevada, o muy elevada, pero es bastante intuitivo pensar que será cualquier inflación por encima del objetivo declarado por parte de los bancos centrales, en general en el entorno del 2% en la mayoría de economías avanzadas. En este sentido, una inflación del 10%, como la actual en la Eurozona, es obviamente una inflación elevada, o muy elevada, que debería ser muy tenida en cuenta en su actuación por parte del BCE.
Precisamente para que los bancos centrales sean muy conscientes de que su cometido principal es salvaguardar la estabilidad de precios y el valor de la moneda, el diseño institucional de los mismos es muy similar en la mayoría de países avanzados. La evidencia empírica ha demostrado contundentemente que los bancos centrales más independientes del poder político, en definitiva, de los gobiernos, han conseguido mejores resultados en cuanto a la estabilidad de precios y el cumplimiento de los objetivos de inflación de sus sociedades. A veces, desde planteamientos populistas, se critica esa independencia como algo antidemocrático al no ser elegidos los banqueros centrales en procesos electorales. Nada más alejado de la realidad que este planteamiento: en todas las sociedades democráticas hay instituciones y organismos que, una vez elegidos sus mandos por los representantes políticos, éstos se deben someter a las normas o estatutos aprobados democráticamente y que, obviamente, no pueden incumplir. El diseño de la gobernanza de los bancos centrales actuales es un buen ejemplo de este tipo de instituciones con un funcionamiento regulado plenamente democrático. Para entender por qué la independencia de los bancos centrales es una característica central para asegurar un buen desempeño en el control de los precios baste recordar que, en un mundo donde las expectativas de lo que ocurra en el futuro condicionan las decisiones de los agentes en el presente, el banquero central debe resultar creíble en sus anuncios. Por tanto, es muy importante que los banqueros centrales inviertan en reputación para que los agentes económicos no duden de su determinación para defender la estabilidad de precios.
Volvamos ahora a la cuestión central sobre si la política monetaria actual del BCE es adecuada, es decir, si las subidas de tipos realizadas y las anunciadas para los próximos meses son acertadas. Vaya por delante que, desde nuestro punto de vista, la respuesta es que sí, por lo que compartimos las declaraciones de Christine Lagarde, destacando que los riesgos de recesión no van a alterar su determinación en tanto en cuanto la dinámica de la inflación no se reconduzca. Para explicar las razones empecemos recordando que desde julio de 2021 el BCE adoptó una nueva estrategia de política monetaria, consistente en fijar como objetivo una tasa de inflación simétrica del 2% en el medio plazo. En otras palabras, el BCE no pretende devolver de forma inmediata la inflación actual a su objetivo, sino que busca estabilizar la misma en el medio plazo. Si miramos el consenso entre los analistas y servicios de predicción en España, la práctica totalidad anticipan un escenario central en el que la inflación de la Eurozona se reduciría a valores entorno al 5-6% en 2023, para alcanzar niveles ligeramente por encima del 2% en 2024. Estas proyecciones están sujetas a un escenario en el que los analistas están incorporando a sus modelos subidas escalonadas del tipo de interés de referencia que llegarían a niveles cercanos al 3%, que es lo que los mercados y analistas anticipan que va a ocurrir con la información disponible hasta la fecha. Obviamente este escenario central incorpora el endurecimiento de las condiciones monetarias, pero está sujeto en este momento a grandes incertidumbres que podrían suponer, caso de materializarse negativamente, que la vuelta a tasas de inflación en el entorno del 2% se dilatara mucho más allá de 2024. Son precisamente esas incertidumbres las que aconsejan que el BCE actúe de la forma prudente y gradual que lo está haciendo.
La primera incertidumbre tiene que ver con consideraciones geopolíticas. La duración de la guerra de Ucrania podría suponer una persistencia mayor de la esperada en los precios de la energía y de algunas materias primas, lo que pondría en una tesitura muy difícil al BCE en los próximos trimestres si no hubiera decido actuar ya. Por eso es razonable que, dados los desfases en la transmisión de la política monetaria, el BCE siga una estrategia de subida gradual y escalonada de los tipos de interés. Es verdad que ante shocks de oferta de este tipo (los llamados cost-push shocks) una reacción muy rápida y cuantitativamente muy importante podría dañar la actividad “excesivamente”, pero no actuar sería mucho peor, pues se correría el riesgo de que se cronifique una elevada y persistente inflación en las economías de la Eurozona, trasladando hacia el futuro un mayor coste de su reducción.
La segunda incertidumbre se deriva de la posibilidad de que se materialicen en Europa los denominados efectos de segunda ronda, es decir, espirales de crecimiento de salarios y márgenes empresariales intentando recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación importada. Hasta ahora no parece haber indicios ni en la Eurozona, ni particularmente en España, de que se estén produciendo estas espirales de precios, lo que constituye una diferencia muy notable con lo que ocurrió en las crisis del petróleo de los 80. En cualquier caso, la determinación del BCE de reconducir la inflación en el medio plazo a niveles compatibles con su objetivo parece estar contribuyendo a que esto sea así.
El tercer factor de incertidumbre en la situación actual lo constituye el riesgo de que las expectativas de inflación a medio plazo se desanclen. Tanto las encuestas existentes a nivel europeo a analistas y especialistas en predicción, como las realizadas a consumidores, no muestran actualmente que este riesgo se esté materializando (los profesionales continúan con expectativas de inflación a medio plazo ligeramente por encima del 2%, mientras que los consumidores esperan alrededor del 3%). Sin embargo, un banco central sensato debe monitorizar la evolución de estas expectativas y debe ser agresivo intentando convencer a los agentes de que va a cumplir sus objetivos a medio plazo. Lo contrario, la no actuación en estos momentos, sería totalmente contraproducente y, en el caso de que las expectativas se desanclaran, llevaría muy probablemente a una situación de mucha mayor persistencia en el episodio inflacionario que estamos viviendo. En palabras del profesor M. Hidalgo en un artículo de opinión reciente en Vozpópuli: “El objetivo de los Bancos Centrales no es tanto doblegar la inflación actual como evitar que esta se transforme en permanente. Es evitar que esas expectativas se metan hasta el tuétano de la economía en niveles elevados lo que se pretende lograr. Es, simplemente, como dijo un alumno mío en una clase de la semana pasada, elegir el mal menor: o susto ahora o muerte más adelante.”
En definitiva, la tarea del BCE no es luchar contra el último dato conocido de inflación, máxime en una situación como la actual caracterizada por la presencia de shocks de oferta. Su obligación es estabilizar los precios a medio plazo en tasas de crecimiento alrededor del 2%, asegurándose de que las expectativas de inflación permanecen ancladas en su objetivo y, en su caso, reaccionando contundentemente si empezaran a desatarse espirales de precios, márgenes y salarios.
El gradualismo actual en las subidas de tipos, acompañado de anuncios precisos de cómo va a ser la orientación de la política monetaria en los próximos meses, parece una opción ciertamente razonable. Implican una ejecución prudente de la política monetaria, reconociendo los desfases que existen en la transmisión de los movimientos de los tipos a la actividad real y dejando margen para poder reaccionar ante acontecimientos inesperados. No debemos olvidar que en un mundo tan integrado como el actual, en el que economías como la estadounidense han subido mucho más agresivamente sus tipos de interés, esto también ha tenido su reflejo en el valor del euro. Dejar los tipos de interés inalterados en la Eurozona, permitiendo que el euro continuará depreciándose respecto al dólar, sería añadir presión inflacionista adicional que, desde luego, no contribuiría a mantener ancladas las expectativas de inflación en la Eurozona.
…Et contra
La inflación, un asunto demasiado serio para dejarlo en manos (únicamente) del banco central
(por Jorge Uxó, Universidad Complutense de Madrid)
Si hay inflación, algo tendrá que hacer el banco central, ¿no?
Abran al azar cualquier manual de política económica que haya en su biblioteca. Allí encontrarán, con toda seguridad, que lo primero que necesitan las autoridades económicas para resolver un problema es un buen diagnóstico de sus causas. Una vez que dispongan de ese diagnóstico, habrán de buscar en su caja de herramientas cuáles son los instrumentos más adecuados para abordar esas causas (y no otras). El martillo es adecuado para clavar un clavo, pero si lo que se necesita es apretar una tuerca que se ha aflojado, mejor utilizar la llave inglesa. Más aún, hablamos de instrumentos, en plural, porque en algún otro capítulo de ese manual se hará hincapié también en que, la mayoría de las veces, las autoridades se enfrentan a varios objetivos, sobre los que sus instrumentos pueden actuar de forma contradictoria, y es conveniente combinar distintas medidas para alcanzar el mejor resultado global.
Les parece razonable, ¿verdad? Pues es justo lo contrario a cómo funciona el marco de gobernanza económica que nos hemos dado en la Eurozona (y no solo aquí). Bajo el supuesto de que, al menos a medio plazo, la inflación es un fenómeno monetario, decidimos atribuir al Banco Central Europeo el encargo de protegernos contra la inflación[2]. Ese es su “mandato”, y le dimos además plena independencia para llevarlo a cabo. Más aún, de forma implícita asumimos que, en lo referente al control de la inflación, el resto de autoridades deberían condicionar su actuación a las decisiones del banco central: si la política monetaria se hace más contractiva, la política fiscal ha de subordinarse a esa decisión y no puede tener un signo expansivo.
Por eso se nos dice: “si sube la inflación como lo ha hecho el último año, la institución que tiene el mandato de protegernos contra ella tiene que tomar decisiones”. Lo contrario, parece ser, sería incumplir el (casi) único encargo que le hemos hecho, por el que además juzgamos su desempeño, y dañaría gravemente su “credibilidad”. Y, claro, si el banco central tiene que hacer “algo”, solo puede tomar la única decisión que tiene a su alcance: adoptar una política monetaria más restrictiva, subiendo los tipos de interés. Esto es el producto del sesgo cognitivo denominado como “el martillo de Maslow”: cuando uno solo tiene un martillo, todo le parecen clavos. Pero, ¿y si esta vez nuestro diagnóstico nos dice que la inflación elevada no es un clavo y que necesitamos hacer otras cosas?
El origen de la inflación y su evolución reciente[3].
A falta del dato de diciembre, la tasa media de inflación se situará este año en España en torno al 8,5%, que es más del doble del anterior máximo (4,1% en 2008) y cuatro veces superior a la media entre 1999 y 2019 (2,1%). Es normal que todas las alarmas se enciendan y las autoridades hayan entendido que reducir la inflación es una prioridad.
Tomando el dato anual, esta cifra será probablemente similar a la tasa que se registrará en el conjunto de la Eurozona en 2022, aunque la evolución reciente es muy diferente: en España, la tasa interanual se ha reducido 4,1 puntos desde su máximo en el mes de julio (del 10.7% hasta el 6,6% en noviembre) y los precios prácticamente se han mantenido constantes desde entonces. Por el contrario, la tasa de inflación interanual de la Eurozona es 1,1 puntos más alta en noviembre que en julio (10,0% frente a 8,9%) aunque en el último mes también se ha reducido. España ha pasado en estos meses de ser el país con la octava inflación más alta de los 29 que forman la unión europea al que la tiene más baja.
A pesar de algunos intentos de ofrecer una “explicación monetarista” de esta inflación (que sería el resultado, con años de retraso, de las políticas de expansión cuantitativa iniciadas en 2014) existe un consenso muy amplio en que la subida de los precios tiene que ver en realidad con el encadenamiento de varios shocks de oferta: el levantamiento de las restricciones de la pandemia a distintos ritmos a nivel mundial y cambios sectoriales en la demanda, provocando cuellos de botella en las cadenas de valor; los aumentos de los precios internacionales de la energía en 2021 (derechos de emisión de CO2, gas y petróleo); y, finalmente, la invasión de Ucrania por Rusia.
Mirando el caso de España, el origen energético de la inflación es evidente, amplificado además por el funcionamiento marginalista del mercado mayorista de la electricidad y por su influencia directa en los precios minoristas para el 40% de los consumidores finales (los que tienen la tarifa PVPC).
La subida de los precios de la electricidad, el gas y los combustibles tiene un efecto directo sobre la inflación, ya que estos productos forman parte de la cesta de consumo de los hogares. El proceso inflacionista se inició en marzo de 2021, y entre ese mes y octubre de ese año el crecimiento interanual medio del componente energético del IAPC fue del 24%. En esos meses, la energía explicaba más del 75% del crecimiento de los precios.
A este efecto directo se le añade un segundo efecto indirecto, ya que la energía es un coste de producción, especialmente importante para algunos sectores. Si las empresas trasladan este aumento a sus precios finales, otros componentes del índice empezarán a crecer también y se elevará la inflación subyacente. Así fue a partir de octubre de 2021: el porcentaje de categorías del IAPC con crecimientos interanuales por encima del 2% empezó a crecer significativamente, y actualmente ya hay un 60% de categorías con crecimientos por encima del 6%. La energía ha pasado de explicar directamente el 75% de la subida del IAPC a solo el 29%. Por el contrario, los alimentos explican ya el 34% de la inflación, frente al 5% de octubre de 2021. Los demás productos del índice explican el 37% restante de su crecimiento.
Este contagio refleja en realidad el conflicto distributivo que hay detrás de todo proceso inflacionario: el aumento de los precios de la energía representa para un país como España (importador de combustibles fósiles) una reducción de la renta que queda disponible para su reparto entre quienes participan en el proceso productivo. Las empresas, cuando trasladan estos costes a los precios, están poniendo sus beneficios a salvo de este efecto, y trasladando el coste a sus asalariados, en la medida en que sus salarios nominales no se ajusten a la inflación. Si lo hicieran, evitando la erosión de su capacidad de compra, se producirían los conocidos como efectos de segunda ronda (en este caso, espiral precios-salarios-precios).
Todos los indicadores coinciden en que el crecimiento de los salarios no ha contribuido significativamente a la inflación en España, como tampoco ni en el conjunto de la Eurozona. Los convenios colectivos con efectos en 2022 reflejan un crecimiento del 2,6%, muy por debajo de la subida de los precios. En cambio, sí empieza a haber evidencia, a través de las estadísticas fiscales, de que los márgenes de beneficios no solo se han mantenido estables en media, como apuntaban los datos de la muestra trimestral de la Central de Balances del Banco de España, sino que en muchos sectores se están elevando y se sitúan por encima de sus niveles prepandemia.
En definitiva, la inflación no tiene su origen en la demanda -sino en shocks de oferta bien localizados- y los efectos de segunda ronda se están produciendo, en todo caso, en el lado de los beneficios y no de los salarios, que están asumiendo de forma desproporcionada el coste de la inflación. No parece que este sea el escenario más propicio para desplegar una subida de tipos como la principal estrategia contra la inflación.
Los objetivos de la política económica ante esta subida de la inflación.
En este contexto, las autoridades económicas se enfrentan a un triple desafío:
- Reducir la inflación lo más rápidamente posible.
- Hacerlo sin que las medidas que adoptan frenen el proceso de recuperación del PIB perdido durante la pandemia o, aún peor, provoquen una recesión.
- Asegurar un reparto justo entre los distintos grupos sociales de los efectos negativos que tiene la subida de los precios.
En nuestra opinión, la experiencia de estos meses nos enseña que disponemos de algunos instrumentos diferentes a las subidas del tipo de interés que pueden contribuir mejor a lograr estos objetivos. Por el contrario, las fuertes subidas del tipo de interés que se están produciendo -y las que se anuncian- contribuirán poco al primer objetivo (su eficacia para reducir esta inflación es limitada) pero dificultarán los objetivos 2 (actúan, precisamente, debilitando la demanda agregada) y 3 (consolidarán la devaluación de los salarios que está teniendo lugar). Más aún, pueden impedir que se sigan poniendo en marcha otras medidas que sí son necesarias. Lo explicamos brevemente a continuación.
Los instrumentos adecuados para lograrlo…
Sigamos considerando el caso de España: el índice de precios ha dejado de crecer desde julio y la inflación interanual se está reduciendo rápidamente en los últimos meses. En parte, igual que cuando crecía, esto obedece a factores internacionales (la caída de los precios del gas y del petróleo) pero no es solo esto, como muestra el mejor comportamiento de nuestra inflación que en otros países de la eurozona. El propio Banco de España señalaba recientemente que las políticas económicas desplegadas habían conseguido reducir la tasa de inflación en al menos dos puntos. Y no se estaba refiriendo, por supuesto, a las subidas de los tipos de interés, que actúan con mucho más retraso.
Las medidas adoptadas por el gobierno para reducir la inflación se han concentrado en la energía, que es precisamente donde hemos visto que está su origen. Especialmente, en el mercado de la electricidad: bajar los impuestos indirectos al mínimo legalmente posible, reducir la parte regulada de la factura («cargos»), aumentar sustancialmente los descuentos aplicados a los beneficiarios del Bono Social, y, especialmente, modificar la regulación del mercado eléctrico mediante la introducción del “tope al gas”, que ha permitido desvincular su precio de la evolución del mercado internacional del gas[4]. También se ha actuado sobre la tarifa regulada del gas natural y desde octubre, además, se ha reducido su IVA del 21% al 5%. Otras medidas destinadas a reducir la inflación son la limitación de la actualización de los alquileres de vivienda (2%) o la reducción de los precios del transporte colectivo.
Esta estrategia ha permitido, como hemos dicho, cambiar la tendencia de la inflación en esta segunda mitad del año. Pero no se han adoptado medidas directamente dirigidas a reducir el crecimiento de los precios en otros sectores inflacionistas, como la alimentación o la distribución de combustibles. Si bien esto ha podido entenderse hasta ahora por el origen energético de la crisis inflacionista, su transmisión a otros sectores sugiere que a partir de ahora las medidas para frenar la subida de los precios deberían extenderse a otros mercados, poniendo especial atención en el control de los márgenes de beneficio.
Esto último tiene que ver con otro de los objetivos que mencionábamos antes: lograr un reparto más justo de los costes de la inflación. En los últimos meses se han adoptado también numerosas medidas para compensar a los hogares por la pérdida de su capacidad de compra y para facilitar la viabilidad de los sectores productivos más expuestos a la subida del coste de la energía. También se han anunciado medidas fiscales para aumentar la contribución de los sectores que, por el contrario, están obteniendo beneficios extraordinarios o “caídos del cielo”. Sin embargo, esto no ha impedido que el coste de la subida de los precios se esté distribuyendo de forma muy desigual, recayendo principalmente en las personas asalariadas. Por tanto, cabe seguir insistiendo en la necesidad de llevar a cabo -más allá de estas políticas redistributivas- una política de rentas “de amplio espectro” como la que sugería Carlos Ochando recientemente (aquí).
Para terminar, junto a estas intervenciones sectoriales en el funcionamiento de los mercados en los que se origina la inflación y la política de rentas que impida una nueva dosis de devaluación salarial, la combinación de shocks de oferta que han originado la crisis invita a poner en marcha políticas de inversión, tanto pública como privada, para garantizar la independencia energética y el abandono de los combustibles fósiles, y políticas de reindustrialización que eviten los riesgos de ruptura de las cadenas de valor derivados de la deslocalización y del tipo de globalización que se ha llevado a cabo en las últimas décadas.
…y por qué la subida de los tipos de interés que está aplicando el BCE es contraproducente.
Quizá piensen ustedes que aún queda en el aire una pregunta sin responder. Además de todo esto, ¿puede contribuir también la subida de tipos de interés a la bajada de la inflación? Poco y a un precio muy alto, o usando la expresión de J. Stiglitz en un reciente artículo (aquí), cabe esperar “all pain and no gain”.
Hay tres vías por las cuales la subida de los tipos podría contribuir a reducir la inflación.
La primera es evitar la depreciación del euro tras la subida del tipo de interés practicada por la Reserva Federal. Ciertamente, esto evitaría un encarecimiento de la energía importada en la Eurozona. Pero fíjense que este argumento es como mucho una reacción necesaria de las autoridades monetarias europeas para equilibrar la decisión previa de otras autoridades monetarias de subir sus propios tipos de interés.
Un segundo argumento es el del anclaje de las expectativas. Frente a la crítica de que la política monetaria restrictiva no ataca las causas últimas de la inflación (¿va a resolver la subida del tipo el problema de los precios internacionales del gas o el mal funcionamiento del mercado eléctrico?, ¿va a resolver la falta de semiconductores necesarios para la fabricación de automóviles?), sus partidarios argumentan que no se trata de afectar en la inflación pasada, sino de evitar que se traslade a subidas de precios futuras a través de las expectativas y los efectos de segunda ronda. Lo cierto, sin embargo, es que el limitado crecimiento de los salarios que se registra no se explica por las expectativas de inflación más o menos altas, sino por la escasa capacidad de negociación sindical. Y, en todo caso, ¿adoptar medidas realmente eficaces para bajar la inflación no es la mejor forma de cambiar las expectativas?
En realidad, si la subida de tipos de interés acaba teniendo algún efecto sobre la inflación será debilitando la demanda agregada, aumentando el desempleo y -quizá- dando lugar a una recesión autoinducida. Así lo reconoció el Presidente de la Reserva Federal (aquí) cuando dijo que estas políticas generarán “dolor”, o la Presidenta del BCE (aquí), cuando alertó de que si las políticas fiscales impulsan la demanda, el BCE subirá aún más los tipos de interés para contrarrestar este efecto y lograr sus objetivos. Y si el vínculo entre el aumento del paro y la bajada de la inflación funciona será a través de un mayor debilitamiento de los salarios nominales: es decir, dando por buena la devaluación salarial y el desigual reparto de los costes de la inflación que se está produciendo.
Por si fuera poco, la subida de los tipos de interés puede acabar dificultando la aplicación de alguno de los instrumentos fiscales que hemos señalado en el apartado anterior como los apropiados para alcanzar los tres objetivos que planteábamos.
“Es peor que un crimen, es un error”.
Cuando Napoleón ordenó asesinar a Luis Antonio de Borbón en 1804, muchos lo calificaron -con razón- como un crimen, y se escandalizaron. Uno de sus ministros señaló que era peor que eso: además, era un error, porque reforzaría la causa realista.
Subir los tipos de interés dañará la economía, destruirá empleos y agravará el coste de la subida de los precios para muchas familias. Pero además es un sacrificio inútil, porque su eficacia será limitada y porque existen mejores instrumentos para lograr reducir la inflación. En un reciente artículo, Isabella Weber y otros[5] señalan que la inflación actual no es un fenómeno estrictamente macroeconómico, sino el resultado de distintos shocks sectoriales solapados, que requieren más bien como respuesta la adopción de políticas microeconómicas. Es decir, identificar los sectores “sistémicos” para la inflación y aplicar controles selectivos de precios, políticas para reducir el poder de mercado en esos sectores, fomentar la competencia y reducir los beneficios caídos del cielo, mejorar la regulación, evitar la especulación financiera y promover la inversión.
Un cambio de perspectiva que pasa por liberarse de la idea absurda de que la estabilidad de precios es la responsabilidad del banco central: una única institución, con un único instrumento, dispuesta a utilizarlo cualquiera que sea el origen de la inflación y sin someterse a un proceso de coordinación con el resto de autoridades.
[1] A diferencia de la Eurozona, el peso de la inflación de demanda es mucho mayor en el Reino Unido o, todavía superior en los EE.UU.
[2] Como casi siempre, detrás de esta decisión hay una visión teórica del funcionamiento de la economía, según la cual el PIB potencial está determinado por el lado de la oferta y la política monetaria es “neutral” a medio plazo: los cambios en la demanda no tienen efectos a medio plazo en la renta y el empleo, pero sí en la tasa de inflación. Y también una desconfianza profunda en las autoridades fiscales y en la influencia del ciclo electoral sobre sus decisiones, que podemos evitar dando el timón a “técnicos” independientes. Dos ideas que están sujetas ahora mismo a una profunda revisión.
[3] Hemos abordado estas cuestiones con más detalle en Uxó, J. (2022): “Inflation and counter-inflationary policy measures: the case of Spain”, Study No. 83-5, Hans-Böckler-Stiftung.
[4] Según las primeras estimaciones, esto podría haber supuesto una reducción de más del 20% en el precio minorista de la electricidad en sus tres primeros meses de funcionamiento. Ver Hidalgo-Pérez, M., Mateo, R., Collado, N., Galindo, J. (2022): “Estimando el efecto del tope al precio del gas”, EsadeEcPol Brief, 31.
[5] Weber, I. et al (2022): “Inflation in Times of Overlapping Emergencies: Systemically Significant Prices from an Input-output Perspective”, Economics Department Working Paper Series. 340. University of Massachusetts Amherst.
Número 38 – 11
22 de diciembre de 2022Reseñas de libros
(sección coordinada por Maja Barac. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)
- Garrido-Yserte, Rubén y Mancha Navarro, Tomás (coord.): Repensar el futuro. Tendencias y desafíos de una economía pos-COVID. Editorial Catarata, ISBN: 978-84-1352-502-0, pp.320.
(por Gonzalo Escribano, Catedrático de Política Económica en la UNED y Director del Programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano)
Este volumen colectivo coordinado por los profesores Rubén Garrido-Yserte y Tomás Mancha va mucho más allá de un análisis de la economía tras el COVID. Es toda una declaración coral sobre la necesidad de repensar una política económica capaz de articular nuevos fines y prioridades, con sus correspondientes nuevos o renovados instrumentos, y de afrontar los retos emergentes de la economía del futuro. El enfoque de la monografía no es tanto analizar los impactos económicos de la pandemia ni las transformaciones que ha inducido, que lo hace, sino sobre todo usarla como punto de referencia para repensar el futuro económico haciendo tabla rasa. El libro, de hecho, es una lectura avanzada que debería formar parte de cualquier lista de lecturas recomendadas (si no de la de obligatorias) de las asignaturas de políticas públicas de nuestras universidades. Esta breve recensión no pretende resumir su contenido ni el de sus diferentes capítulos, optando por destacar de manera conjunta algunos puntos relativos al análisis de los nuevos fines y retos de la política económica.
El capítulo inicial de los coordinadores plantea las nuevas prioridades ciudadanas a las que debe responder la política económica, lo que exige una reconsideración de los fines y su jerarquía. Una inmediata es la salud, que eleva el rango de las políticas sanitarias a la cúspide de las preferencias y amplia el papel de la sanidad pública. La revalorización de un fin como la salud, que se daba por descontado antes de la pandemia, tiene también efectos de desbordamiento sobre otros factores, como la nueva prioridad asignada a la ciencia y al papel de los científicos. La pandemia también ha evidenciado las consecuencias de la desigualdad y el valor de lo público para combatirla ante emergencias y como red de seguridad colectiva, en concreto de los servicios públicos: educación y sanidad universales, redes asistenciales y otros servicios sociales.
En el plano empresarial, la inseguridad de los abastecimientos ante perturbaciones de unas cadenas de valor cada vez más globalizadas se ha convertido en uno de los principales frenos al crecimiento. La invasión rusa de Ucrania ha elevado todavía más la prioridad otorgada a la denominada autonomía estratégica, en este caso energética, de alimentos y fertilizantes, y de otras materias primas. La experiencia combinada acumulada en estos años de pandemia y guerra económica con Rusia han convertido la autonomía estratégica en un objetivo clave de las políticas públicas en los países occidentales, que no quieren replicar la vulnerabilidad frente a China en materias primas, tecnologías ni componentes esenciales de sus cadenas industriales. La pandemia también ha mostrado las vulnerabilidades de un tejido empresarial español formado mayoritariamente por PYMES y autónomos, reforzando el objetivo de consolidar su actividad con políticas de apoyo.
Uno de los fines a replantearse, avanzado por los coordinadores como alternativa al monismo del crecimiento, es la humanización de la economía. Como se elabora en mayor detalle en el capítulo de los profesores Arias y Costas, la pandemia ha revelado que crecer a toda costa no garantiza el progreso, ni del individuo ni de la sociedad[1]. Ha evidenciado también los límites al crecimiento y consolidado una visión del desarrollo (y de la seguridad, podría añadirse) más humana y ecológica. En realidad, buena parte de los análisis realizados sobre las consecuencias de la pandemia coinciden en conjeturar una aceleración de las grandes macro-tendencias globales pre-existentes[2]. En el mismo capítulo se destaca la apertura de nuevos espacios de política económica, tanto la aparición de nuevas políticas como de enfoques novedosos en las políticas existentes: una mayor laxitud, menos dogmatismo y un enfoque más pragmático destinado a evitar los errores de la crisis financiera de 2008. Corregir los excesos de la globalización (Rodrik) supone cambios en la política industrial. En el futuro, la imposición de ajustes de carbono en frontera para prevenir las fugas de carbono limitará aún más la extensión de las cadenas de valor.
El libro desgrana los retos emergentes, y la necesidad de precisar los fines y las políticas correspondientes. Sin ánimo de exhaustividad, destacan la digitalización y el mercado de trabajo, las políticas urbanas, el nuevo papel del sector público, la descentralización o las políticas de género. La digitalización no sólo afecta al teletrabajo, que se ha extendido aunque no consolidado a los niveles esperados, planteando nuevas pautas de desigualdad. Sus efectos alcanzan al ciudadano en general en su relación con la administración o las empresas de servicios, por el comercio electrónico o incluso la robotización. Para evitar crear nuevas brechas en el acceso a los servicios públicos y privados, deben aplicarse nuevas políticas obligando a empresas y administraciones a garantizar el acceso de todos los ciudadanos. Un caso paradigmático es el de la educación, donde la pandemia también ha acelerado la necesidad de actualizar los sistemas educativos, desde la educación primaria a la universitaria, pasando por la profesional.
Otra brecha cuyo cierre se ha convertido en fin preferente de la política pública, que además se amplió durante la pandemia, es la de género. La inclusión de un capítulo sobre políticas de género es más que bienvenida, y una demanda de años por parte de muchas alumnas y profesoras de políticas públicas. La pandemia sobrecargó a las mujeres con tareas de cuidado adicionales y muy intensivas, generando nuevas desigualdades. Estas se dieron también en la educación superior: en la UNED, las alumnas padecieron durante la pandemia de menor acceso a las tecnologías de la información que sus compañeros varones, además de soportar una mayor carga de cuidados[3]. También se destaca el nuevo papel del sector público en su transición a un paradigma basado en la gobernanza abierta y la participación ciudadana. El Estado emprendedor (Mazzucato) renueva el concepto de intervención para apoyar la innovación institucional, tecnológica y científica. El libro cubre muchas otras áreas de política interrelacionadas: por ejemplo, el impacto de los riesgos climáticos sobre el sector financiero o la sostenibilidad de las ciudades; o de la demografía y el mercado de trabajo. El capítulo dedicado a las grandes ciudades y las políticas urbanas es especialmente interesante y, en el caso de algunas ciudades españolas, urgente. Algo semejante podría decirse de los retos del turismo, sometido a una excesiva presión y que requiere de una política que impulse actividades y destinos de mayor valor añadido.
Entre las conclusiones obtenidas de la lectura, incluido el epílogo de la ministra Nadia Calviño, puede destacarse la reivindicación de un nuevo enfoque de la política económica, más social, humano y ecológico. También que las instituciones importan, pues son aquellas economías con las instituciones más fuertes las más resilientes a la pandemia. El tiempo también ha puesto en valor la gestión democrática, pues los países democráticos han sido capaces de conciliar salud, economía y libertades, mientras que en países como China la gestión autoritaria ha mostrado recientemente sus límites. Pese a que no haya un capítulo dedicado al reto climático y energético, ambos temas reciben un tratamiento destacado en los diferentes capítulos. Para cerrar arrimando el ascua a mi sardina, quizás ese sea uno de los elementos más claros y vertebradores de la futura economía española propuestas en el libro: la apuesta por una economía verde competitiva y sostenible, lo que requiere la integración en paquetes de políticas con componente ambiental, industrial, científico y tecnológico, pero también para una transición justa socialmente aceptable.
- Motta, Massimo (2021): Política de competencia. Teoría y práctica. FCE, México (ISBN: 978-607-16-7281-0, pp.717)
(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia)
Nos encontramos con la segunda reedición en español de este libro, cuya primera se realizó en 2018, mientras que el original, en inglés, vio la luz en 2004. Como su nombre indica, el libro aborda una de las políticas estructurales que mayor dinámica y visibilidad está teniendo en los últimos años. En términos teóricos, la competencia constituye uno de los elementos esenciales que generalmente se le asocia a una economía de mercado. En un ámbito más práctico, y por aquello que atañe a la Unión Europea, este tipo de política estructural es una de las más dinámicas que existen en esta área económica.
Debe señalarse que, dentro de estas políticas estructurales se pueden distinguir dos tipos intervenciones, las de creación de competencia y las de defensa de la competencia. Las primeras consisten en estimular la aparición de competencia en áreas económicas en las que no existe. La no existencia de competencia puede deberse a que la actividad económica, por un lado, es emergente y no presenta las suficientes regulaciones estatales como para que el sector privado pueda abordarla con garantías y, por otro lado, es absorbida por el Estado. En este sentido, las políticas de creación de competencia suponen un acrecentamiento en las regulaciones estatales, la privatización de empresas públicas, etc. Mientras tanto, las políticas de defensa de la competencia presentan como referencia que distintos agentes, al menos muchos de ellos privados, participan en un área económica, existiendo un claro dominio de unos sobre otros, de manera que los más fuertes imponen sus condiciones de manera casi unilateral al resto. Aquí, por el contrario, sí que existiría competencia, pero no se ajustaría al modelo que se asume como ideal. Las políticas de defensa de la competencia tratarían de equilibrar ese reparto desigual del poder entre los agentes implicados. Sobre este último tipo de políticas de competencia es sobre el que se centra este libro.
El libro se organiza en 8 capítulos que se podrían agrupar en tres partes. Los tres primeros introducen el concepto, teórico y práctico, de competencia. En los cuatro siguientes se especifican los ámbitos de agresión a la competencia. En el último se avanzan unas reflexiones sobre la idea de competencia imperfecta.
En el primer capítulo se pretende concretar el concepto de competencia utilizando una perspectiva histórica. Por este motivo, se inicia poniendo de manifiesto el caso de los EE.UU. y, después, cómo se plasma este tipo de política en la legislación de la Unión Europea. A este respecto, utiliza la legislación de la UE para poner de manifiesto los objetivos y características de la política de competencia.
En el segundo capítulo, de corte más teórico, subraya las relaciones entre poder de mercado y bienestar. La discusión discurre a través de la eficiencia asignativa, la productiva para acabar en la de tipo dinámico, esencial esta última dentro del ámbito de la innovación. Este último aspecto conduce a la introducción de una discusión sobre el papel de las políticas públicas y del monopolio respecto a su incidencia en el ámbito de la innovación.
El tercer capítulo se entra en un aspecto delicado dentro de la política de defensa de la competencia: la definición del mercado de referencia. Este aspecto es esencial porque constituye la base para saber si existe control sobre un mercado (actividad económica). En el discurrir de este capítulo se va concretando el mercado de producto y el geográfico, para posteriormente evaluar el poder que se dispone sobre un ámbito económico concreto. Cabe destacar que respecto a esta última consideración el libro va explorando la manifestación del poder de las empresas en función de la cuota de mercado, las posibilidades de entradas en un mercado o el poder de los compradores.
El capítulo cuarto aborda las colusiones y los acuerdos horizontales, es decir, cuando las empresas llegan a acuerdos sobre repartos de cuotas de mercado, acuerdos de fijación de precios o similares. Después de fijar el concepto de colusión, se pasa a explicar los factores que los facilitan. Posteriormente se exponen distintas políticas para luchar contra las colusiones.
En el capítulo quinto se estudian las fusiones horizontales. En este capítulo también se expone el concepto y como limita la competencia. Primeramente, se plantea la discusión sobre ciertas fusiones orientadas hacia la ganancia de eficiencia. A continuación, se plantean las políticas de lucha contra las fusiones agresivas contra la competencia. Este capítulo concluye con una exposición de la política de fusiones en la Unión Europea, junto con la explicación de una serie de estudios de casos, que tiene por objeto clarificar la exposición realiza en la primera parte de este capítulo.
En el capítulo sexto, en contraste con el anterior, se presta atención a las fusiones verticales. En primer lugar, se estudian las irregularidades que se suscitan entre las empresas que producen y distribuyen la misma marca y, en segundo lugar, entre aquellas que se ubican en marcas distintas. Posteriormente se subrayan los aspectos que generan anomalías sobre la competencia y que justifican la puesta en práctica de una política específica de defensa de la competencia. No obstante, finalmente se introducen matizaciones acerca del impacto que podrían tener las mencionadas políticas.
En el séptimo capítulo se agrupa la explicación de distintas prácticas abusivas. Entre estas se apuntan los precios predatorios, las monopolizaciones y la discriminación de precios. En los tres casos se explicitan los conceptos, se apuntan su impacto negativo sobre la competencia y se sugieren medidas de política económica.
El capítulo octavo resulta mucho más teórico. En este se pretende utilizar la teoría de juegos para conseguir explicar ciertos aspectos de la competencia imperfecta. No obstante, por el enfoque que tiene y sus contenidos más bien podría considerarse como un anexo.
En términos didácticos, debe señalarse que, en cuadros específicos, el autor ha expuesto desarrollos teóricos de mayor profundidad para aquellos lectores que tengan mayor interés en este tipo de aspectos (estos ocupan una parte sustancial del libro, es decir, más de 200 páginas) . Adicionalmente, cada capítulo concluye con unos ejercicios que pueden contribuir a fijar el aprendizaje de los conceptos relevantes (estos ocupan más de 50 páginas). Asimismo, todo el libro está plagado de casos de estudios que permiten centrar las ideas de una forma más concreta. Debe ponerse de manifiesto la rica bibliografía que se recoge al final de tomo. Así pues, aunque las 717 páginas que constituyen el libro pueden ser desincentivadoras a su lectura, el cuerpo central de libro se reduce, de hecho, a la mitad. Por tanto, este mencionado cuerpo del libro permite a un investigador interesado obtener una visión clara y profunda sobre las políticas de defensa de la competencia.
En conclusión, no encontramos con un libro muy interesante que cubre los contenidos esenciales de la política de defensa de la competencia. Para un curso superior estrechamente conectado con política de competencia, podría constituir un manual de referencia. Para un curso de políticas estructurales en el que exista un tema relacionado con estos aspectos, se podrían recomendar algunas partes seleccionadas.
[1] Co-autores de Laberintos de prosperidad. Hacia una nueva Gran Transformación (Galaxia Gutenberg, 2021), libro amigo del recensado pues ambos se sentirían cómodos lomo con lomo en la biblioteca.
[2] En clave internacional véanse, por ejemplo, los análisis publicados por el Real Instituto Elcano y recogidos en su Especial COVID: https://especiales.realinstitutoelcano.org/coronavirus/
[3] Castellanos-Serrano, C., Escribano, G., Paredes-Gázquez, J., San-Martín González, E. (2022): “What is behind the gender gap in economics distance education: Age, work-life balance and COVID-19”. PLoS One 8; 17(8).
Número 37 – Índice
29 de septiembre de 2022Número 37 – 1
29 de septiembre de 2022XVI Jornadas Internacionales de Política Económica. “Decisiones de Política Económica en momentos de incertidumbre”. La Laguna (Tenerife), 25-26 de Mayo de 2023. (avance informativo)
Organiza: Universidad de La Laguna
La XVI Jornada Internacional de Política Económica tratarán de realizar aportaciones en una etapa en la que la incertidumbre rodea las decisiones que deben afrontar los responsables de la política económica en los próximos años. El interés de las jornadas se orienta hacia el estudio de las diversas políticas instrumentales, las políticas económicas sectoriales y los nuevos objetivos que van surgiendo a partir de los problemas que el contexto cambiante internacional está marcando. Asimismo, serán de interés los aspectos relacionados con la docencia en esta disciplina.
Número 37 – 2
29 de septiembre de 2022Encuentro de Política Económica “Política económica internacional en condiciones de incertidumbre”. Valencia, 2 de Diciembre de 2022
Organiza: Unidad Docente de Política Económica. Departamento de Economía Aplicada.
Universidad de Valencia
Modalidad: Las jornadas se organizan en modalidad mixta: presencial y en línea
Descripción: Tras la concatenación de dos graves crisis globales, la Gran Recesión y la pandemia de la COVID-19, los países vuelven a verse inmersos en un contexto de incertidumbre derivado de la Guerra en Ucrania y de la crisis energética. En el ámbito internacional, la globalización sigue condicionando a las economías y generando restricciones al crecimiento y al desarrollo tanto potencial como real de los países.
El VIII Encuentro de Política Económica engloba el análisis de países a nivel internacional donde se estudiarán los principales indicadores macroeconómicos de los mismos, el contexto socioeconómico e institucional en el que se desarrollan las actuaciones de política económica, así como los resultados alcanzados por ellas o el grado de sostenibilidad de las mismas. Para ello se elaboran una serie de estudios semiestructurados siguiendo el esquema fines-medios, que además permitirán la realización de comparaciones entre los diversos análisis de caso presentados, destacando algunas buenas prácticas que puedan ser extrapolables, adaptándolas primero, a otros países.
Inscripciones: Invitamos a los interesados de la comunidad a participar en el VII Encuentro como público, así como a enviar sus propuestas sobre ponencias/artículos de carácter transversal y de fondo sobre Política Económica (véanse los requisitos en Envío de trabajos). La inscripción es gratuita y puede efectuarse en el siguiente enlace, con fecha límite 25 de Noviembre de 2022: https://forms.gle/xVkHoCV8VuZPUkiM8
Envío de trabajos: se aceptan propuestas de ponencias/artículos de carácter transversal y de fondo sobre Política Económica. Es decir, se puede optar por participar sólo como ponente del Encuentro, sólo con la publicación del artículo en formato de capítulo o en ambas modalidades. Los interesados pueden mandar su propuesta hasta el 23 de noviembre (inclusive). La propuesta debe contener el título de la ponencia y un resumen extendido de la misma (introducción, metodología, conclusiones y propuestas de política económica), asimismo, se deberá indicar la modalidad de participación de su preferencia. Todas las propuestas se deben enviar a través del correo electrónico a Maja Barac (maja.barac@uv.es) y Margarita Rohr (margarita.rohr@uv.es).
Número 37 – 3
29 de septiembre de 2022XLVII Reunión de Estudios Regionales y XIII Congreso de la AACR <Desafíos, políticas y gobernanza de los territorios en la era post-covid>, Granada, días 19, 20 y 21 de octubre (presencial y on-line)
Organiza: Instituto Universitario de Investigación de Desarrollo Regional (IDR) de la Universidad de Granada y el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea. Las Asociaciones Española y Andaluza de Ciencia Regional (AECR y AACR, respectivamente), tienen el placer de invitaros a participar en la XLVII Reunión de Estudios Regionales y en el XIII Congreso de la AACR.
Para esta XLVII edición hemos elegido el lema: “Desafíos, políticas y gobernanza de los territorios en la era post-covid”. Con este lema, pretendemos poner el foco en el análisis de los grandes desafíos territoriales que debemos enfrentar tras esta pandemia, así como en las acciones y la necesidad de coordinación de los actores que instrumentan las políticas. Esta pandemia ha puesto de manifiesto problemas que afectan a los territorios de forma desigual, aumentando las asimetrías en las dotaciones factoriales; aumentando la destrucción de empleo y del tejido productivo, especialmente en los ámbitos más periféricos; generando una mayor presión migratoria; fortaleciendo los procesos de concentración urbana; así como una serie de problemas que han afectado a los ámbitos: ambiental, social y económico.
Desde la instrumentación de las políticas territoriales, la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas para el desarrollo de acciones estratégicas como la implementación de los Fondos Next-Generation-EU, es un reto importante y que, desde la perspectiva académica, exige una evaluación de dicho proceso de implantación. De forma complementaria, la necesidad de dotar a los territorios de oportunidades de desarrollo, conlleva reducir el gap regional y visualizar el papel de las instituciones en la implementación de esta estrategia, donde las políticas del lugar deben de erigirse como piedra angular, garantizando al mismo tiempo los elementos diferenciales de unas y otras, que permitan aprovechar las potencialidades de cada territorio. Para ello, la XLVII Reunión de Estudios Regionales se marca como objetivo aportar un debate amplio, sensato y constructivo sobre los distintos temas que forman parte del ámbito regional y local.
Fechas importantes:
- Llamada a los resúmenes: 15 de marzo.
- Presentación de resúmenes ampliados: 15 de junio.
- Aceptación de resúmenes ampliados-comunicaciones: 30 de junio.
- Pago ordinario: finaliza el 10 de julio.
- Fechas del congreso: 19-21 de octubre.
Más información: https://reunionesdeestudiosregionales.org/granada2022/
Número 37 – 4
29 de septiembre de 2022Anuario de Política Económica: Política Económica 2020
Este libro constituye la sexta entrega del anuario de Política Económica cuya primera edición vio la luz en 2016. El lanzamiento de esta iniciativa se forjó en 2015 cuando se celebró el centenario de la creación de la Política Económica como disciplina académica en España.
En esta edición se ha introducido un cambio en la coordinación. Ahora son las profesoras Maja Barac y Margarita Rohr, ambas miembro de la sección de Política Económica del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia.
En este caso, el anuario se compone de tres partes. En primer lugar, aparece la correspondiente a la política económica aplicada en Brasil, Hungría, India, Rusia y Vietnam, que, en general, complementan las experiencias de otros países recogidos en la edición anterior del anuario. En todos estos capítulos se sigue la misma estructura de análisis. En primer lugar y para cada uno de los países analizados, se plantean los problemas de trasfondo a los que se enfrentan los respectivos gobiernos. Luego se explican las medidas adoptadas y, finalmente, se apunta si se han llevado a la práctica y se subrayan los resultados obtenidos. En cada uno de los casos se explicita al final un cuadro estandarizado con la evolución reciente de las variables económicas más importantes. Esta sección permite ofrecer al lector una visión de las experiencias de políticas económicas realizadas en distintos países. No obstante, la estructuración de los distintos capítulos permite leerlos trasversalmente, es decir, los primeros epígrafes de cada uno de ellos, los segundos o los terceros, de manera que se puede facilitar una comparación entre las políticas económicas diseñadas y aplicadas.
En la segunda parte del libro se incluyen tres trabajos que abordan la política económica desde un punto de vista estructural. El primero concentra su atención en la política agroalimentaria, el segundo en la educativa (en particular sobre la formación profesional) y el tercero en la energética (en concreto, en las renovables). En la tercera parte del anuario se apuntan aspectos más heterodoxos, como se trata de las relaciones entre política económica liberal e ideología, por un lado, y política de sanciones, por otro parte.
Número 37 – 5
29 de septiembre de 2022Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)
La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.
Durante el último periodo se ha difundo por REDIPE un artículo que defendía la necesidad de cambiar el ciclo intervencionista de la política económica. También apareció un informe del FMI que trata de medir la economía informal. Finalmente destaca un artículo sobre las consecuencias de la desglobalización.
Número 37 – 6
29 de septiembre de 2022La docencia de la Política Económica en inglés (una reconsideración)
Política Económica en inglés (una reconsideración)
(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia)
En el número anterior de Noticias de Política Económica, se publicó un artículo que recogía un conjunto de manuales que podían utilizarse en la docencia de la Política Económica que se imparte en inglés, puesto que se encontraban editados en ese idioma. En ese momento no se incluyó el libro que se acaba de editar:
Gómez Barroso, José Luis (2022): Public Economics. A Concise Introduction. Routledge.
Este libro corresponde a la traducción al inglés de titulado “Economía y política”, editado por la UNED, cuya existencia y contenidos fueron comentados explícitamente en Noticias de Política Económica (nº.25). Se trata de un libro de introducción a la Política Económica. Comienza con un capítulo en el que se aborda el papel del Estado en la economía, después se explican las razones de la actividad estatal utilizando el enfoque de los fallos del mercado. Posteriormente en dos capítulos respetivamente se explicitan los objetivos de la política económica y los instrumentos. Se añade un tema de conclusiones en el que analizan aspectos sobre los límites en las intervenciones del Estado y, finalmente, se incluye un tema adicional, que constituye más bien un anexo, en el que se abunda con una perspectiva histórica de la política económica.
Siguiendo el esquema apuntado en el anterior artículo (aparecido en el número último de Noticias de Política Económica), este libro podría ser útil para explicar el diseño de la política económica y, en ciertos casos para precisar algún aspecto sobre la concreción de la agenda gubernamental. Como libro introductorio, permitiría explicar parte de los objetivos de política económica (tema 3) y también los instrumentos coyunturales (tema 4). De manera bastante superficial constituye un apoyo para las clases relacionadas con políticas estructurales (parte del tema 4).
Resulta bienvenida esta iniciativa de traducción al inglés de un libro español que genera un material docente que puede ser bastante útil en las clases de Política Económica
Número 37 – 7
29 de septiembre de 2022Políticas económicas coyunturales
Política Monetaria y desigualdades económicas: una relación bidireccional
(por Juan Francisco Albert, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia)
La Gran Recesión y, más recientemente, la crisis derivada por la pandemia de la COVID-19, han llevado a importantes cambios en el diseño de la política monetaria y el papel de los bancos centrales. La caída secular de los tipos de interés hasta alcanzar su límite inferior llevó a que los bancos centrales adoptaran un amplio conjunto de políticas bautizadas como políticas monetarias no convencionales: forward guidance, flexibilización cuantitativa, operaciones de financiación a largo plazo o tipos de interés negativos. La implementación de estas políticas ha coincidido con altos y crecientes niveles de desigualdad. Esta correlación, que no necesariamente implica causalidad, ha propiciado que diversos colectivos como investigadores, banqueros centrales o medios de comunicación, empezaran a preocuparse por la potencial relación entre la política monetaria y la desigualdad.
Tradicionalmente, los bancos centrales no habían prestado mucha atención a las desigualdades. La corriente mainstream consideraba que la política monetaria era neutral en el largo plazo y eran las políticas fiscales y/o laborales las que tenían que lidiar con los aspectos distributivos. Sin embargo, la aplicación de las políticas monetarias no convencionales despertó el interés por la relación entre la política monetaria y la desigualdad y los efectos adversos distributivos que políticas históricamente laxas podían generar. En los últimos años, un creciente cuerpo de literatura ha investigado esta relación bidireccional (Albert et al., 2021). Por un lado, algunos estudios han sugerido que la política monetaria no convencional podría exacerbar la desigualdad de riqueza a través de las apreciaciones en los distintos activos financieros. Por otro lado, elevadas desigualdades podrían llevar a reducir la eficacia de la política monetaria a través de dos vías: (i) la reducción del tipo de interés de equilibrio a largo plazo; (ii) heterogeneidad en la propensión marginal a consumir o la composición de la riqueza entre grupos de individuos.
Además, es importante resaltar que con el nuevo paradigma de la política monetaria y las nuevas herramientas puestas en marcha por los bancos centrales muchos han cuestionado el potencial de estos cambios para promover distintos objetivos, entre ellos, la reducción de las desigualdades (Bartsch et al., 2019 o Albert y Ochando, 2022).
- Los efectos distributivos de la política monetaria
Los efectos distributivos de la creación monetaria no son nuevos en la historia económica. Cantillon (1755) explicaba a través de su conocido “efecto Cantillón” como cambios en la cantidad de dinero producen cambios en la actividad económica y en los precios relativos, implicando efectos distributivos. Sin embargo, con los modelos de agentes representativos y la teoría de neutralidad del dinero, los posibles efectos distributivos de la política monetaria fueron mayoritariamente considerados como efectos secundarios de menor importancia.
Sin embargo, recientemente con la implementación de las medidas no convencionales extraordinariamente laxas de política monetaria, junto con el aumento de los niveles de desigualdad tanto de renta como de riqueza en las economías desarrolladas, ha resurgido la preocupación por los posibles efectos distributivos de la política monetaria. Un creciente número de estudios han evaluado tanto teóricamente como empíricamente estos posibles efectos adversos de la política monetaria (ver, por ejemplo, el artículo survey de Colciago et al. 2019).
Estos estudios establecen que la política monetaria podría afectar a la desigualdad de renta a través de distintos canales. (i) Canal de la heterogeneidad de los ingresos: reducciones en el tipo de interés que incrementan el nivel de empleo y los salarios benefician más a los hogares de la parte baja de la distribución que son normalmente los más sensibles al ciclo económico y más dependientes de las rentas laborales. (ii) Canal redistributivo de los ahorros: reducciones inesperadas en los tipos de interés reducen los pagos de la deuda y, por tanto, benefician a los hogares más endeudados – normalmente hogares con bajos ingresos. (iii) Canal de segmentación financiera: los hogares más conectados a los mercados financieros o con mayor educación financiera podrían sacar mejores rendimientos ante cambios inducidos de política monetaria. Asimismo, Finer (2018) sugiere que existen canales de información discreta e informal entre banqueros centrales y propietarios de importantes bancos y fondos de inversión en los que se cede información privilegiada que suele terminar beneficiado a los grandes clientes de estas instituciones.
A pesar de la existencia de canales contrapuestos, el consenso de la evidencia empírica apunta a que perturbaciones de política monetaria expansiva tienden a reducir la desigualdad de los ingresos a través de la creación de empleo y los subsecuentes incrementos salariales (ver Coibion et al., 2017 para EE. UU.; Mumtaz y Theophilopoulou, 2017 para Reino Unido o Lenza y Slačálek, 2018 para la Eurozona).
Por otra parte, existen otros canales que relacionan la política monetaria con la desigualdad de riqueza. (i) Canal portfolio: reducciones en el tipo de interés incrementan el precio de los activos financieros y, por tanto, benefician a los hogares con una mayor riqueza que son los que habitualmente poseen más proporción de estos activos financieros. (ii) Canal vivienda: aumentos en el precio de la vivienda propiciados por una reducción en el tipo de interés beneficiarán a los hogares con mayor proporción de vivienda en su riqueza. (iii) Canal de Fisher: aumentos en la inflación propiciados por una política monetaria más expansiva beneficiará a los hogares con mayores deudas y mayor número de activos protegidos por la inflación.
Los estudios empíricos en cuanto a los efectos de la política monetaria sobre la distribución de la riqueza no son concluyentes y encuentran resultados mixtos. Por un lado, algunos estudios obtienen que un shock expansivo de política monetaria incrementa significativamente la desigualdad de riqueza a través del aumento en el precio de los activos financieros (Albert y Gómez, 2021 para EE. UU.; Mumtaz y Theophilopoulou, 2020 en Reino Unido). Sin embargo, otros estudios encuentran efectos más modestos o nulos (Lenza y Slačálek, 2018 para la Eurozona o O’Farrell et al., 2016 para un conjunto de países de la OCDE). Todos los estudios apuntan a que el efecto final de la política monetaria sobre la desigualdad de riqueza en las distintas áreas monetarias dependerá de la magnitud del impacto del shock sobre el precio de los activos y de la composición de la riqueza entre hogares.
Por tanto, de acuerdo con la evidencia empírica, mientras un shock expansivo de política monetaria tiende a reducir la desigualdad de ingresos a través de la creación de empleo y el aumento en los salarios, el efecto sobre la desigualdad de riqueza es más ambiguo. Es conveniente señalar que estos efectos son válidos tanto para las políticas monetarias convencionales como no convencionales puesto que ambas están basadas en cambios en los tipos de interés y actúan sobre la curva de tipos. Sin embargo, en un contexto de baja efectividad de la política monetaria con el tipo de interés restringido en su límite inferior, políticas monetarias expansivas podrían incrementar desproporcionadamente el precio de los activos financieros con pocas ganancias en la actividad económica, en el empleo y los salarios. En ese caso, la política monetaria expansiva podría tener consecuencias adversas sobre la desigualdad de riqueza sin tener un impacto significativamente positivo sobre la desigualdad de renta.
- La efectividad de la política monetaria en un entorno de elevada desigualdad
En línea con el estudio de las consecuencias distributivas de la política monetaria, en los últimos años ha surgido un creciente interés en explorar la otra dirección causal: estudiar si una elevada desigualdad tiene consecuencias sobre la efectividad de la política monetaria. De acuerdo con la investigación reciente, una elevada desigualdad puede afectar a la efectividad de la política monetaria a través de dos vías.
En primer lugar, una elevada desigualdad podría explicar parcialmente la caída secular del tipo de interés de equilibrio de largo plazo. Es bien conocido que la desigualdad de renta y riqueza se ha exacerbado desde la década de los 70 en muchas economías occidentales. No tan conocido es que, prácticamente de forma simultánea, se ha producido una reducción drástica del tipo de interés natural o de largo plazo – principal consecuencia de lo que se ha denominado como “estancamiento secular”.
La estrecha relación negativa entre el tipo de interés a largo plazo y las desigualdades económicas es uno de los factores que ha motivado el estudio de la posible relación causal de ambas tendencias. Una de las explicaciones del estancamiento secular ha sido la elevada y creciente desigualdad. En este sentido, la literatura empírica ha evidenciado que la propensión marginal a consumir (PMC) de los hogares de mayor riqueza es menor a la PMC de los hogares con menos recursos (Jappelli and Pistaferri, 2014). Por tanto, una elevada desigualdad podría reducir el consumo total, incrementar el ahorro y reducir el tipo de interés de equilibrio de largo plazo (Summers, 2015). Obteniendo resultados similares, Mian et al., (2020) desarrollan un modelo teórico que denominan de “demanda endeudada” en el que incorporan heterogeneidad en el consumo y donde los hogares con mayor riqueza (ahorradores) tienen una propensión a ahorrar mayor que los hogares con menor riqueza (prestatarios). En este modelo los hogares más ricos prestan al resto de la población convirtiendo a la deuda en su activo importante. Altos niveles de deuda generan una reducción en la demanda agregada y en el tipo de interés natural debido a que los prestatarios reducen su consumo para hacer frente a pagos de la deuda, mientras que los ahorradores con mayores tasas de ahorro solo compensan parcialmente esa caída en el consumo agregado. De acuerdo con estos autores, la política monetaria acomodaticia tanto convencional como no convencional – ambas se trasmiten a través del canal de los tipos de interés – genera incrementos en la acumulación de deuda. Si bien en el corto plazo, los estímulos monetarios pueden incrementar la demanda, en el largo plazo los mayores niveles de deuda tendrían un impacto negativo sobre la demanda y sobre la tasa natural de equilibrio conduciendo a una espiral perversa y perpetuando el límite inferior de los tipos de interés. Este último efecto se produce porque los bancos centrales reducen el tipo de interés para igualarlo al natural y esto provocaría más deuda y subsecuentes reducciones en el tipo de interés natural.
En segundo lugar, tras la Gran Recesión un creciente cuerpo de literatura ha puesto el foco en los efectos de la desigualdad sobre las variables macroeconómicas y los mecanismos de la transmisión de la política monetaria. Así, por ejemplo, los nuevos modelos keynesianos de agentes heterogéneos (HANK) se han popularizado en los últimos años y ponen de manifiesto la importancia de la heterogeneidad en la PMC y la composición de la riqueza para explicar la trasmisión de la política monetaria hacia el consumo (Kaplan et al., 2018). En esta línea, distintos trabajos teóricos que incorporan heterogeneidad han resaltado la importancia de como una distinta composición de la riqueza y heterogeneidades en el consumo influyen en la trasmisión de la política monetaria. Más específicamente, Auclert (2019) argumenta que la política monetaria puede afectar al consumo a través de tres canales: (i) la exposición de los tipos de interés: este canal enfatiza la idea de las heterogeneidades en la PMC entre ahorradores y prestatarios. Así, por ejemplo, una reducción de los tipos de interés lleva a que los prestatarios aumenten más su consumo de lo que dejan de hacerlo los ahorradores; (ii) el efecto Fisher: este canal basado en el trabajo de Fisher (1933), explica como cambios en la inflación no esperada benefician a los prestatarios y perjudica los ahorradores. Asumiendo nuevamente heterogeneidad en la PMC de ambos grupos, movimientos no esperados en la inflación genera un efecto riqueza y un incremento en el consumo total y en la demanda agregada; (iii) el canal de composición de cartera: este canal señala que una reducción de los tipos de interés conduce a una revaluación en los activos financieros como las acciones o reales como la vivienda. Este efecto sobre el precio de los activos beneficiará al grupo con mayor proporción de esos activos específicos en su riqueza. Así, por ejemplo, si la política monetaria expansiva beneficia más a los dueños de las acciones o las viviendas, serán estos hogares los que tengan un efecto riqueza mayor y acometan el gasto en mayor medida.
Otros trabajos también han mostrado la importancia de la desigualdad en la trasmisión de la política monetaria a través de canales más sutiles. Cairo y Sim (2017) argumentan que una expansión monetaria aumenta los niveles de deuda y la carga de intereses de los hogares más vulnerables (prestatarios). Incrementos continuados de deuda llevan a erosionar la capacidad de pago de estos hogares, incrementándose el riesgo de inestabilidad y crisis financieras. Arosa y Arosa (2020) desarrollan un modelo con heterogeneidad en las habilidades laborales de los individuos y su acceso al sistema financiero. Estos autores concluyen que el diferencial salarial resultante entre los dos tipos de agentes hace que la desigualdad del consumo afecte a la función de pérdida de bienestar del banco central. En este caso, la política monetaria óptima debería estabilizar la desigualdad a lo largo del ciclo económico. Gornemann et al. (2016) asumiendo también heterogeneidad laboral y mercados incompletos muestran como la política monetaria contractiva incrementa la desigualdad a través del aumento en el ahorro preventivo de los hogares más vulnerables, incrementando el precio de los activos de los hogares más ricos y prolongando el desempleo de los hogares situados en la parte baja de la distribución. Concluyen que una regla de política monetaria que dé más importancia al pleno empleo y menos a la inflación es más beneficiosa para los hogares con menores ingresos relativos.
Simultáneamente, se han desarrollado muchos trabajos empíricos gracias a la disponibilidad de datos y las mejoras de las técnicas microeconómicas. Estas investigaciones han mostrado la relevancia de la heterogeneidad entre hogares. La literatura empírica ha mostrado como ante cambios inesperados en los tipos de interés: los hogares jóvenes, con una mayor carga hipotecaria, con menores ahorros y más propensos a una situación de desempleo, ajustan más su consumo que el resto de los hogares (Jappelli, and Pistaferri, 2010; Di Maggio et al., 2017)
Todos estos trabajos tanto teóricos como empíricos enfatizan los efectos distributivos y la importancia de la desigualdad en la trasmisión de la política monetaria. Sin embargo, es necesario advertir que este campo de estudio, aunque es muy reciente, está pensado para un contexto de expansión monetaria que ha cambiado a una velocidad de vértigo. Si la baja inflación y el agotamiento de la política monetaria expansiva era la preocupación hace apenas unos meses, como contener una creciente inflación sin causar una fuerte recesión se ha convertido en el problema principal de los bancos centrales en la actualidad. Por supuesto, los estudios aquí mencionados pueden arrojar luz y darnos pistas para entender mejor la relación entre las desigualdades y el ajuste monetario en el que estamos inmersos. No obstante, simplemente asumir que los efectos son simétricos nos puede llevar a engaño. En este sentido, nuevos estudios que nos releven el comportamiento de la desigualdad en función de un ajuste monetario o distinguiendo entre distintos tipos de inflación, podría ser una buena forma de mejorar este campo de investigación que, aunque todavía es relativamente incipiente, ya necesita adaptarse al vértigo de los acontecimientos.
Referencias
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Albert, J. F., & Gómez-Fernández, N. (2021). Monetary Policy and the Redistribution of Net Worth in the US. Journal of Economic Policy Reform, 1-15.
Albert, J.F., Fuentes, N. M., & Pérez, S. P. (2021). Política monetaria, desigualdad y crisis climática. International Review of Economic Policy-Revista Internacional de Política Económica, 3(2), 1-16.
Albert, J. F., & Ochando, C. O. (2022). Revisión y reformulación de la política monetaria para el Siglo XXI. Revista de Economía Crítica, (33), 25-41.
Areosa, W.D. and Areosa, M.B.M. (2016) The inequality channel of monetary transmission. Journal of Macroeconomics, 48: 214–230.
Auclert, A. (2019). Monetary policy and the redistribution channel. American Economic Review, 109(6), 2333-67.
Bartsch, E., Boivin, J., Fischer, S., Hildebrand, P., y Wang, S. (2019). Dealing with the Next Downturn: From Unconventional Monetary Policy to Unprecedented Policy Coordination. SUERF Policy Note, (105), 1-16.
Carpenter, S.B., y Rodgers, W.M. (2004). The disparate labor market impacts of monetary policy. Journal of Policy Analysis and Management, 23, 813-830.
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Número 37 – 8
29 de septiembre de 2022Políticas económicas estructurales
La política energética actual de la UE en relación con Rusia
(por Fernando G. Jaén Coll. Profesor titular del Departamento de Economía y Empresa de la UVIC-UCC)
Aunque el título señale dos entidades políticas y territoriales, la UE y Rusia, no debemos olvidar al causante de una modificación transcendental en lo que venía siendo el quehacer energético de la UE, los Estados Unidos. Con una Comisión europea intentando hacerse con la dirección absoluta de la política energética de los estados miembros, como primer paso para ir asentando su poder burocrático en el resto de la política económica, y pese a las trabas que puso a lo largo del proceso, se llegó a construir el gaseoducto Nord Stream II, elemento crucial, desencadenante o híper-excitante, o gota que colma la paciencia de los EE.UU., que había hecho todo lo posible en el ámbito diplomático para evitar su puesta en marcha.
El aprovisionamiento del gas en Europa se ha convertido en el eje determinante de la política energética de la UE como consecuencia del rebote sobre sus Estados miembros de las sanciones impuestas a Rusia por los EE.UU. y, bajo su batuta, por la propia UE. Las sanciones impuestas a Rusia por los EE.UU., alteraron de manera significativa la libertad de mercado en el mundo, condicionando los precios y las cantidades a placer e interés de EE.UU. Pensemos que la lista de sanciones no es algo absoluto ni acabado, se acomoda a la conveniencia y necesidades de la economía norteamericana, convirtiendo a este país en un gran dictador mundial. Las sanciones económicas impuestas por EE.UU. a Rusia, son contraproducentes para el bienestar material de las naciones, así lo ha dicho Austria y Serbia y otros callan y someten sus decisiones a la conveniencia de EE.UU. Aplicar sanciones para debilitar a Rusia, es grave un error que ha desabastecido mercados en los países occidentales, y que ha llevado a empresas norteamericanas a pedir cambios en la selección de los productos sancionados.
La empresa rusa Gazprom, que venía suministrando gas a la UE a través del gaseoducto que atraviesa Bielorrusia y Polonia, conocido como Yamal-Europa; así como con el gaseoducto bautizado Nord Stream 1, inaugurado a finales de 2011 y, también, a través de Ucrania (45% del gas importado por la UE), anunció la firma de la carta de intención de Nord Stream 2 el 18 de junio de 2015, durante el Fórum Económico Internacional, junto las empresas E.ON (de Alemania), Dutch Shell (de Holanda) y OMV (de Austria). El gaseoducto habría de unir la ciudad de Viborg (Rusia) con la de Greifswald (Alemania), a través de una conducción por el mar Báltico que suministrase cada año 55 mil millones de metros cúbicos de gas, que vendría a duplicar la capacidad del ya existente Nord Stream 1 (véase. Velázquez León, Sonia. El Nord Stream 2, la política energética rusa frente a Europa y las alternativas para la UE. Documento de Opinión IEEE135/2021https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO135_2021_SONVEL_Nord.pdf . Consultado 20/12/2021). El peso de las importaciones de la UE a Rusia era el 40% del gas, 30% de petróleo y el 25% del carbón, llegando Finlandia o Lituania a ser importadores del 90% de su energía de Rusia. El suministro de gas a Europa quedaría así garantizado por mucho tiempo a un precio estable y muy competitivo.
Además de las empresas firmantes, cuyos intereses se encuadran en la realización del proyecto bajo la dirección de Gazprom, socio mayoritario (con el 50%), los actores principales son Rusia, Alemania, la burocracia de la UE (bajo la batuta de la Comisión europea), Estados Unidos y Ucrania; esta última, sobre todo, instrumentalizada por los EE. UU. más que por la burocracia de la UE. Otros intereses particulares son, principalmente los de Polonia, pero también los de Suecia, Dinamarca, Austria y alguno menos destacado. No se debe olvidar el cobro de un canon de paso del gas por Polonia y Ucrania, que con el nuevo gaseoducto corrían el riesgo de verlo disminuido e incluso perdido. Sin olvidar que Ucrania ha gozado anteriormente de privilegios concedidos por Rusia en precio y en tolerancia a las sustracciones y a los aprovechamientos ucranianos.
La Comisión europea, órgano de la burocracia de la UE tenía intereses propios muy directos para ser contraria a que Rusia consiguiera poner en marcha el gaseoducto con Alemania, pues amenazaría su poder conseguido con la excusa de defender una política energética común por encima de los Estados miembros. La Comisión europea fue poniendo puntillosos obstáculos jurídicos al proyecto Nord Stream 2 y a la empresa que lo desarrolla, incluso enfrentándose al Consejo europeo y a la propia Alemania. El esfuerzo, la paciencia de la empresa del proyecto frente al hostigamiento injustificado de la Comisión, finalmente logró que el gaseoducto se construyera y estuviera a punto de poder circular el gas por sus tuberías. Estados Unidos, directo competidor de Rusia en el mercado del gas, lo impidió.
La añagaza norteamericana de la guerra en Ucrania, abría las puertas a la venta de su gas natural licuado procedente de extracción por “fracking”, entre el doble y el triple más caro que el de procedencia rusa. En un artículo conjunto de Sadek Boussena, antiguo ministro de la Energía de Argelia e investigador en la Universidad de Grenoble y Catherine Locatelli, investigadora en el CNRS de Francia, estiman que Gazprom es capaz de proveer gas natural a un coste marginal de 3,80 dólares por MMBtu en la frontera alemana. Esta tarifa amenazaría las exportaciones americanas de GNL, cuyo coste marginal se situaría entre siete y ocho dólares por MMBtu., haciéndoselo pagar a los ciudadanos de la UE y a aquellos que obedecieran las sanciones impuestas a Rusia.
Cualquier observador sereno puede ver el galimatías energético en que se han metido la UE y sus miembros, generando tal confusión que se comprometen las inversiones de las empresas industriales energéticas y no energéticas, destacando, entre estas últimas, las de producción de automóviles, por citar la que anda metida en inversiones para el coche eléctrico, saltando ahora a la palestra otros combustibles posibles, aparentemente viables, como el hidrógeno (que además presenta su alternativa de “hidrógeno verde”), biocombustibles y algún otro, que, pudiendo ser viables técnicamente, suponen un cambio en la orientación de las inversiones en toda la cadena de producción y alimentación posterior. Un cambio de esta envergadura en las empresas que se rigen por inversiones a largo plazo (propias del subsistema de planificación al que se refirió John K. Galbraith) no es factible sin incurrir en pérdidas extraordinarias.
Las consecuencias se extienden también al sector bancario y los créditos concedidos, por lo que el responsable de la supervisión bancaria del Banco Central Europeo, Andra Enria, advertía en un discurso del 19 de septiembre, del grave riesgo de que la banca vea comprometidos sus fondos propios debiendo prestar atención sobre todo a la concentración de las exposiciones a los sectores dependientes de la energía y vulnerables a los choques energéticos (v. Simone Wapler Alerte au gaz pour les banques européennes, en Contrepoints 24-9-2022 [1]). En la vertiente del ahorro energético, el sector de la vivienda presenta una complejidad europea que no se puede resolver con medidas de política económica voluntarista, dada la enorme cantidad y variedad por países, con parques de viviendas históricamente diferentes, produciéndose errores de diagnóstico energético de las viviendas, como se ha detectado en Francia[2].
En cuanto a las empresas energéticas, es todavía mayor la gravedad, por la confusión auspiciada por los burócratas de la UE, pues, de repente, la energía nuclear pasa a ser “verde”, sin tomar en consideración los residuos nucleares ni las inversiones necesarias, olvidando que la mitad del parque nuclear francés está parado por riesgos o mantenimientos; se enfatiza la defensa de la energía eólica, tanto la marina como la terrestre, o ambas, como si no polucionara su fabricación y el desmantelamiento posterior por deterioro, debiendo computarse la creación de “cementerios” de palas. La energía solar, deprisa y corriendo, válida para viviendas individuales o en grandísimas superficies (ahora los ecologistas no parecen ya contrarios a la contaminación visual y a la sustitución de terrenos agrarios por planicies repletas de placas solares… para cuando hace sol). Variedad de proyectos de inversión posibles defendidos todos como panaceas del abastecimiento energético, sin olvidar que, por el momento, hay que mantener las infraestructuras y suministro de gas a empresas y consumidores. El ansia de sancionar la provisión de gas ruso abundante y barato, obliga a elecciones precipitadas, cuando no irracionales además de requerir inversiones monumentales.
Sólo la miseria intelectiva de los políticos y burócratas europeos puede considerar a Rusia como una amenaza para los países de la UE, pues no han sido atacados ni amenazados por Rusia, que pretende desplazar sus fronteras dando cabida en ellas a las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, mayoritariamente prorusas, mediante referéndum de los ciudadanos que las habitan, alejando así un poco la capacidad de ataque inmediato de la OTAN (instrumento de los Estados Unidos, como ya se apreció en el bombardeo de Serbia en el año 1999). Rusia no ha amenazado ni siquiera a los países del Báltico, por lo que pretender que amenaza a Alemania, Francia, Italia, Austria o España (no digamos ya Portugal), es de una inteligencia esmirriada, vana excusa o interés manifiesto.
Al no querer tomar en consideración el sentimiento de amenaza que se cierne sobre Rusia con la actitud de los Estados Unidos y de la UE, sancionando a Rusia y generando un daño mayor que el que se nos dice pretender evitar, la balanza de costes y beneficios de los ciudadanos europeos se ha ido decantando más y más del lado de los costes, en parte agazapados en el cúmulo de deuda pública que habremos de pagar y que sirve para remunerar a las empresas de Estados Unidos que fabrican armas y para compensar el gasto de la Administración Biden por suministro de armas a Ucrania, que al final paga el ciudadano europeo.
Renunciar al gaseoducto Nord Stream II, renunciar al gas ruso a buen precio (y al petróleo y a las materias primas, etc.) y alargar todo lo posible la guerra en Ucrania, haciendo un uso mercenario de ejército de Ucrania (que pone los muertos, mutilados y heridos), guiado por expertos de los Estados Unidos y del Reino Unido, con participación de extranjeros, poniendo a todos los medios de comunicación de masas a repetir las letanías construidas para mover los sentimientos ciudadanos en favor de los ucranianos, todo esto pone a Rusia en una situación de confrontación que los Estados Unidos no padecen lo más mínimo en sus carnes, aunque económicamente la inflación o las dificultades de abastecimiento de algún producto les cause malestar. En cambio, los ciudadanos europeos, que hemos vivido pacíficamente con Rusia y hemos establecido acuerdos de mutuo interés y teníamos en el mercado ruso unas buenas expectativas para nuestras empresas, o sea, para el empleo y los salarios de muchos ciudadanos europeos, nos hemos de sacrificar por los intereses de una potencia que ha iniciado su decadencia y se resiste a admitir la conveniencia de negociar en lugar de imponer sus criterios en el orden mundial.
Si no queremos sufrir las consecuencias económicas y políticas, incluso de alcance histórico con respecto a Rusia y no sólo por el suministro de gas y petróleo, sino también por las materias primas que necesita nuestra industria, por el turismo ruso y por sus inversiones inmobiliarias y en empresas que han realizado y pueden seguir haciendo, no debemos demorar más el abandonar los intereses de los Estados Unidos a su suerte y defender los intereses propios, sin que los burócratas y políticos de las instituciones de la UE vengan a medrar en favor de los Estados Unidos. Si es preciso, más que romper la regla de la unanimidad en las decisiones de la UE, como ahora solicita Alemania, deberíamos empezar a plantearnos como dar un paso atrás retomando cada Estado la soberanía cedida, manteniendo los acuerdos convenientes entre los Estados.
[1] https://www.contrepoints.org/2022/09/24/439358-alerte-au-gaz-pour-les-banques-europeennes?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=1c61957b85-Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37b0-1c61957b85-114800815&mc_cid=1c61957b85&mc_eid=e16d858e65. (Visitada el 24-9-2022)
[2] https://www.transitionsenergies.com/ufc-que-choisir-denonce-errements-diagnostics-energetiques/. (Visitada el 24-9-2022)
Número 37 – 9
29 de septiembre de 2022Política económica internacional
Perspectivas de política económica en Colombia
(por José Nicolás Sánchez Moreno, Profesor de la Universidad Católica de Colombia. FCEA)
Después de una convulsionada contienda política y un apretado resultado electoral el candidato: Gustavo Petro se impuso en segunda vuelta a su contrincante: Rodolfo Hernández.
- Gustavo Petro: 50,48% (11.260.105 Votos).
- Rodolfo Hernández: 47,26 (10.542.148 Votos).
Las propuestas en materia económica se caracterizaron por sus fuertes divergencias, pero lo que sí es claro, es el panorama económico poco alentador que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno.
Cabe destacar que las propuestas de política económica de Gustavo Petro se enmarcaron en proponer contrarrestar el fuerte empeoramiento en los indicadores económicos y sociales dados los mínimos resultados arrojados por el gobierno saliente. Algunas de las propuestas son: realizar una fuerte reforma en el sistema de salud, pensiones y agraria. Además de proponer una Paz Total con los grupos armados y respetar el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y la guerrilla de la FARC. Sin duda estas propuestas ya generaran fuertes contradicciones al verse afectados intereses particulares.
El gobierno saliente (2019-2022) de Iván Duque deja un país en una fuerte crisis producto de la pandemia, de la difícil situación internacional derivada del conflicto Rusia-Ucrania, por escenarios de corrupción y equivocadas decisiones de política económica. En términos reales, hoy cerca de 20 millones de colombianos subsisten con menos de 89 dólares al mes, mientras que aquellos que no pueden cubrir sus necesidades de alimentación básica, pobreza extrema, son 6,1 millones. En 2021 las cifras oficiales mostraron que el 39% de los colombianos -de una población de 51,6 millones de habitantes- se encontraba en condición de pobreza monetaria. Y aunque presenta una leve mejoría con respecto a 2020, cuando representó un 42,5%, significó un retroceso de, al menos una década, en esta lucha. Cuando inició el Gobierno de Iván Duque, el país tenía una pobreza general del 34,7% y del 8,2% en condiciones extremas. Hoy, cuatro de cada diez son pobres y uno de cada diez vive en la pobreza extrema.

Con el 9,2% de inflación interanual, Colombia alcanzó en abril sus niveles más altos en dos décadas en este indicador. El Gobierno justifica los números negativos diciendo que se trata de un fenómeno inflacionario mundial, mientras el ciudadano de a pie ve el incremento cercano al 30% en el precio de los alimentos que debe comprar con el mismo salario.

La inflación continuó en junio de 2022 su rumbo alcista y se acerca cada vez más a los dos dígitos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que el dato anual del costo de vida llegó a 9,67% en junio. Este es el registro más alto en los últimos 22 años.

El alto costo de vida pasó de estar impulsado por alimentos en el dato mensual a estar jalonado por los gastos en restaurantes y hoteles, con un alza de 1,06%, rubro que aportó 1,47% al IPC (Índice de Precios al Consumidor) anualizado.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer los resultados del mercado laboral para junio de 2022. Los resultados son diáfanos. El desempleo no regresa a niveles del 2019 o prepandemia y que afectó más a mujeres y jóvenes. El informe deja ver que la tasa de desempleo llegó a la mitad del año al 11,3 %. La población ocupada en junio de 2022 sumó a 1,95 millones de personas para llegar a un total de 22,02 millones. La población desocupada cayó en 650.000 personas y ahora son un total de 2,79 millones. De acuerdo con el DANE, la población fuera de la fuerza de trabajo (que puede trabajar, pero no está haciéndolo por decisión propia) restó 738.000 personas, para llegar a 14,15 millones.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
En las 13 ciudades principales la población ocupada de junio de 2022 sumó a 821.000 personas, la desocupada cayó en 467.000 y la inactiva restó 117.000.
De esta manera, la tasa de desempleo en estas ciudades principales fue del 11,7 %. El reporte del DANE permite ver que las actividades que más sumaron empleos en Colombia fueron las actividades artísticas y las actividades manufactureras, con 508.000 y 269.000, respectivamente. Al tiempo que, de las 13 actividades que mide el DANE, solamente una registra caídas, es decir, la de actividades profesionales y científicas, con un descenso de 83.000 puestos de trabajo.
Esto se refleja en las percepciones de los hogares medidas por el DANE. Por ejemplo, el 14% de los hogares colombianos cree que su situación financiera actual mejoró frente al 2021, el 58% asegura que sigue igual y para el 28% empeoró.
El nuevo Presidente Gustavo Petro recibirá del Gobierno Duque un país con múltiples desafíos sociales y económicos que no dan espera. Se hará cargo a inicios de agosto de una Colombia con un nivel de pobreza que supera el 40%, con un desempleo por encima del 10% y una informalidad laboral que más allá del 60%.
Al mismo tiempo, el nuevo Gobierno recibirá la inflación por fuera del rango meta del Banco de la República, jalonada por el alto precio de los combustibles y de los alimentos. Además, tendrá que manejar un déficit fiscal mayor al 5% del PIB, un desbalance en la cuenta corriente de la balanza de pagos del orden del 6% del PIB y un nivel de endeudamiento público cercano al 65% de la producción de la economía.
Con el nuevo gobierno se ha abierto una ventana de oportunidades en la política económica: con la apertura de la frontera y la reanudación de relaciones con Venezuela; la presentación en la Asamblea de la ONU haciendo énfasis en los temas ambientales y de conservación de la amazonia; la reforma tributaria y la propuesta de Paz Total. Cabe señalar, adicionalmente, la esperanza que existe respecto a la designación de nuevos ministros competentes e idóneos que puedan acometer medidas de política económica de nuevo cuño.
En conclusión, Gustavo Petro ha prometido cambios profundos en el modelo económico colombiano. El primer presidente de izquierda en la historia del país propone reformas estructurales para corregir las desigualdades y busca un crecimiento más amigable con el medio ambiente. Sus ideas contemplan una reforma tributaria que acabe con las exenciones innecesarias y un gasto público para atender las necesidades sociales. En definitiva, un nuevo horizonte se abre para Colombia y su política económica.
Bibliografía
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https://www.vanguardia.com/resultados-elecciones/presidente2022/segundavuelta
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Número 37 – 10
29 de septiembre de 2022Marco geopolítico y política económica
Sinjar, ocho años después del genocidio yazidi. ¿Hay alguna salida?
(por Fernández Cornejo, José Andrés. Departamento Economía Aplicada, Pública y Política, Universidad Complutense de Madrid)
A comienzos de agosto acudimos en las cercanías de la ciudad de Sinjar, en Irak, a un acto de homenaje a las víctimas del genocidio yazidi de agosto de 2014. Se desarrolló al atardecer, junto a lo que fue una fosa común. Las fuerzas vivas de la zona estaban representadas por líderes (varones) religiosos y militares -sacerdotes y guerreros. Estaban: el Sheick máximo de la comunidad yazidi, el líder espiritual chiita de la comarca, y varios representantes de las milicias chiitas que controlan esa zona. Entre ellos estaba el líder de la milicia yazidi, de unos 500 efectivos, integrada en las milicias chiitas. Era un varón relativamente joven, apuesto, con traje militar negro y elegante, con unas cartucheras para la pistola y la munición de color ocre y brillantes, a juego con sus botines y sus gafas de sol. Parecía un joven líder fascista en la Italia de los años treinta, disfrutando del poder y del temor que suscitaba entre los suyos. En otro contexto, esta persona, probablemente ambiciosa y con perfil político, quizás sería líder de un partido político, de una empresa, de una ONG o de un sindicato. Pero en un entorno como el que estamos describiendo, el sistema de incentivos es muy diferente. ¿Qué falla?
El economista turco y profesor del MIT Daron Acemoğlu hace una ya clásica distinción entre países con instituciones políticas inclusivas y extractivas (Acemoğlu y Robinson 2012). Las primeras dan lugar a unas instituciones económicas inclusivas que favorecen el desarrollo económico y social, y las segundas dan lugar a unas instituciones económicas extractivas que generan estancamiento y pobreza. Acemoğlu considera “instituciones políticas inclusivas” a aquellas que cumplen dos condiciones: la primera, que el estado sea un “estado centralizado”, que en este contexto no tiene nada que ver con que el país tenga un sistema político centralizado o descentralizado, sino con el hecho de que el poder del estado para hacer cumplir la ley llegue a todos los ámbitos y confines del país. Por ejemplo, Alemania, un estado federal, cumple bastante bien esta condición, mientras que Colombia no tanto, ya que hay partes de su territorio que el estado no controla. La segunda condición es que sea un estado pluralista, que significa que se garantiza de manera efectiva el respeto a los derechos individuales y que existe separación y contrapeso efectivo de poderes en todos los ámbitos relevantes (tres poderes del estado, partidos políticos, asociaciones, poderes económicos, medios de comunicación, etc.). Nuevamente, Alemania es un ejemplo de país que cumple razonablemente bien con esta segunda condición. A su vez, en aquellos países en donde no se cumplen al menos una de estas dos condiciones, Acemoğlu considera que sus instituciones políticas son “extractivas”.
La República de Irak, con una compleja historia reciente detrás, es un ejemplo de estado con instituciones políticas extractivas. La primera de las condiciones que señalaba Acemoğlu no se cumple. El gobierno federal iraquí es muy débil, no controla el norte del país, el Kurdistán Iraquí, que es de facto un estado semi-independiente, más estable, con más seguridad jurídica y más próspero que el resto del país (Tinti, 2021). Existen “zonas en disputa”, entre las que se encuentra Sinjar, por cuyo control compiten el gobierno del Kurdistán y el gobierno de Irak. En muchas partes del territorio (fuera del Kurdistán) el control efectivo del territorio y la “seguridad” no provienen del estado sino de los numerosos grupos armados existentes en el país, también llamados “milicias” (Yeşiltaş y Kardaş, 2018), la mayoría de las cuales tienen un fuerte componente étnico-religioso. La capacidad para hacer cumplir la ley y para ejecutar las políticas del estado es muy baja, lo que también tiene que ver con una opacidad y una corrupción del sector público muy altas. Y la otra cara de la moneda es la desconfianza, el escepticismo y el desapego estructurales de la población hacia sus instituciones políticas, que refuerzan las dinámicas anteriores. Un ejemplo de esta falta de gobernanza son las tensiones que se están viviendo en la actualidad respecto de la elección del primer ministro.
La segunda condición -pluralismo- tampoco se cumple. Irak sigue viviendo bajo la constitución democrática aprobada en referéndum en 2005, tras la derrota de Sadam Huseín en la Guerra de Irak de 2003. Sin embargo, los fallos del estado y la fuerte inestabilidad en que la que se ha vivido con posterioridad a aquella fecha -insurgencia, ocupación y derrota de Estado Islámico (EI), tensión entre sunitas y chiitas- hacen que Irak siga siendo uno de los países con niveles de violación de los derechos humanos más altos del mundo (Human Rights Watch, 2022).
Sinjar es un ejemplo “en pequeño” de lo señalado para el conjunto de Irak. Sinjar (Şingal, en kurdo) es un distrito dentro de la región de Nínive. Por el noroeste hace frontera con Siria (con el territorio de Rojava (Sunca, 2021)), hacia el este se encuentran Tal Afar y Mosul. Toda la zona discurre alrededor de la bella montaña de Singar, que se extiende de oeste a este a lo largo de unos 70 km y con una altura máxima de 1.463m. El paisaje es semidesértico, con algunos valles más verdes en Kursi, en la parte superior de la montaña. Las principales localidades son Sinjar, en la cara sur, y Khana Sor y Sinone en la cara norte. Además, hay varias decenas más de poblaciones aldeas alrededor de la montaña. La mayoría de la población es yazidi, aunque también hay población kurda, árabe chiita, cristiana y, antes del genocidio, árabe sunita. Sinjar y su comarca son la principal patria de la comunidad yazidi (Êzîdî, en kurdo), población de origen y lengua kurda que practican la religión preislámica conocida como yazidismo (Açikyildiz, 2020).
Como indicador de su situación en la actualidad, merece la pena realizar la enumeración de actores políticos que ejercen algún control, directa o indirectamente, sobre esta zona, considerada “zona de guerra”: el ejército iraquí, el Servicio Nacional de Inteligencia Iraquí, la policía local de Sinjar; las Fuerzas de Mobilización Popular (Hash’d Al-Shaabi), que son milicias chiitas pro iraníes (Duman y Sönmez, 2018), presentes desde 2017, que se distribuyen en la zona este y sur de la montaña, incluyendo la ciudad de Sinjar -una de sus unidades está integrada por yazidíes, y su líder es el joven de uniforme negro que se mencionó al comienzo-; las Unidades de Protección de Sinjar (con las siglas YBŞ, en kurdo), milicia asociada a las Unidades de Protección Popular (YPG) de Siria y, en última instancia, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), con presencia desde 2014 en las zonas altas de la montaña y en el noroeste del distrito; y el Gobierno Regional del Kurdistán y su milicia, los peshmergas, que ahora ejercen su influencia a distancia, desde la ciudad kurda de Duhok. No hay milicias de árabes sunitas, porque parte de la población sunita de la zona se unió a Estado Islámico, y tanto estos milicianos como sus familias se encuentran ahora en campos de refugiados como el de Al Hol (en la actualidad, no hay población árabe sunita en Sinjar). En cuanto a los actores internacionales, cabe citar a la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Irak, las ONGs, incluida la “Nadia’s Initiative”, la ONG de la premio Nobel de la Paz, Nadia Murad (Krajeski y Murad, 2017); a Turquía, que quiere eliminar a las milicias relacionadas con el PKK; a Irán, que apoya a las milicias chiitas; y a Estados Unidos. Una manifestación física de todas estas presencias la constituyen los innumerables “check points” que hay que atravesar para desplazarse por carretera y los pequeños y polvorientos acuartelamientos o “fuertes” que aparecen a lo largo del camino. Una afirmación que he escuchado varias veces entre la resignada ciudadanía es “están aquí para protegernos”.
Desde 2003, tras la caída del régimen de Sadam Huseín, el distrito de Sinjar estuvo controlado por Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) y por su milicia, los peshmergas, que eran aliados de EEUU. El GRK argumentaba que los yazidíes son kurdos no islamizados y que Sinjar formaba parte del espacio histórico del Kurdistán (aunque muchos yazidíes insisten en que ellos son una etnia diferente). Sin embargo, entre 2013 y 2014, Estado Islámico (EI), surgido en Irak entre la población árabe sunita más radical, se fue expandiendo en Siria, aprovechando la guerra que había en dicho territorio, y fue extendiéndose también por el norte de Irak (salvo por el Kurdistán Iraquí). A medida que iban cayendo ciudades próximas, como Mosul, las milicias de EI estaban más cerca de Sinjar. La población yazidi se consideraba a salvo al estar bajo el control peshmerga. Pero a comienzos de agosto de 2014 el GRK retiró súbitamente a los peshmergas del distrito de Sinjar. Toda la zona quedó desprotegida y a merced de los milicianos de EI. A través de sus teléfonos móviles la población yazidi se iba avisando del acercamiento de los milicianos de EI a sus pueblos. La única salida que les quedaba era huir hacia la protección de la montaña. En las laderas de la montaña abandonaban sus vehículos para seguir a pie, sin agua y sin provisiones, con temperaturas que podían superar los 45º. No toda la población pudo escapar y así, el 3 de agosto de 2014, se inició el genocidio yazidi. El objetivo de EI era eliminar la población, la cultura y la religión yazidíes, que consideraban -falsamente- que es una religión basada en la adoración del diablo. Los milicianos de IE asesinaban sistemáticamente a los varones adultos y a las mujeres mayores y secuestraban a niñas, niños y a las mujeres jóvenes, la mayoría de las cuales fueron vendidas en mercados de esclavos, como el surgido en la vecina ciudad de Tal Afar. Una de las masacres más terribles fue la realizada en la localidad de Kocho, el pueblo natal de Nadia Murad, en donde fueron asesinados 334 varones y 72 mujeres. El balance para toda la zona fue de unas 5.000 personas asesinadas en pocos días y unos 6.000 secuestros, además de la destrucción del patrimonio histórico yazidi.
En los días siguientes al 3 de agosto, la montaña de Sinjar albergó a más de 100.000 personas refugiadas, dando lugar a una situación de alarma internacional (Shand, 2018). Países como EEUU lanzaron agua y alimentos desde al aire a la población. Por otra parte, desde Siria, las milicias de YPG, asociadas al PKK, y el propio PKK, intervinieron y abrieron un corredor hacia Siria por el que se pudo evacuar a casi toda la población refugiada en la montaña. La mayoría de esta población sigue viviendo en la actualidad en los campos de desplazados internos del Kurdistán Iraquí; una parte más pequeña, permaneció en uno de los valles de la cara norte y aún sigue viviendo allí en campos de desplazados.
La expulsión de EI de la ciudad de Sinjar se consiguió en noviembre de 2015, de la mano de las fuerzas kurdas (milicias asociadas con el PKK y peshmergas), de milicias yazidíes y del apoyo aéreo de EEUU. La definitiva derrota de EI en todo Irak se produciría en julio de 2017, con la reconquista de Mosul. A partir de la liberación de la ciudad de Sinjar, ésta volvió a estar bajo el control del GRK y de los peshmergas. Sin embargo, en septiembre de 2017 el GRK convocó un referéndum por la independencia del Kurdistán Iraquí que no fue reconocido por el gobierno federal de Irak. Como consecuencia del conflicto que ello generó entre Bagdad y Erbil (la capital del Kurdistán Iraquí), el ejército peshmerga tuvo que abandonar la zona, ocasión que aprovecharon las milicias chiitas (Fuerzas de Mobilización Popular) para ocupar las áreas que antes ocupaban los peshmergas. Desde entonces, y bajo una cierta alianza con las milicias chiitas, el gobierno de Irak está intentando tomar el control del distrito de Sinjar, con un resultado todavía incierto.
¿Cómo están las cosas ahora, ocho años después del genocidio? ¿Qué sensaciones nos hemos llevado de nuestra visita a Sinjar?
Siguen quedando mujeres y niñas cautivas. Joma, un joven matemático, nos contó el rescate en el que había mediado unas pocas semanas atrás. A través de una serie de contactos, consiguió localizar en el campo de Al Hol, en Siria, a una joven de 16 años que había sido raptada en 2014 por milicianos de Estado Islámico. La joven tenía 8 años cuando fue capturada. En aquel momento presenció la ejecución de su padre. Poco después, presenció también el suicidio de su madre, también raptada como ella. Joma pagó un rescate de 1.000€ para liberar a la joven -un precio bastante por debajo de lo pagado habitualmente. Uno de los retos más complicados que tuvo que superar fue el de convencer a la joven para volver con su verdadera familia a Sinjar. Ella veía a los yazidíes como odiosos infieles. Pero tras un delicado trabajo de recuperación de una memoria bloqueada por el trauma, ella accedió a volver. Da la casualidad de que, unos días antes de la aparición con vida de esta joven, su familia había conseguido identificar los restos del padre en una fosa común.
La memoria de lo sucedido es demasiado reciente. Una tarde visitamos uno de los numerosos accesos por los que el 3 de agosto de 2014 la población yazidi del distrito de Sinjar tuvo que huir hacia la montaña. Sobrecoge imaginar, en el mismo sitio en donde sucedió, cómo debió ser la huida, bajo el acoso de Estado Islámico. Además, esos milicianos no venían de otro mundo: muchos de ellos eran vecinos árabes de religión sunita, del distrito de Sinjar y de Mosul, que se unían a las fuerzas de Estado Islámico. A este respecto, nos cuenta Sufyan la historia de un grupo de unas 200 personas yazidíes (algunas familiares de él), que fueron acorraladas por milicianos de EI en el inicio de su huida por la montaña. Éstos iban a proceder de manera habitual, separando a las mujeres jóvenes y a las niñas del resto, y a ejecutar a los varones adultos. Sin embargo, uno de los milicianos, que era vecino de este grupo de yazidíes, no pudo soportar la idea de presenciar lo que iba a suceder y se pegó un tiro en la cabeza. Sus compañeros detuvieron lo que iban a hacer y lo trasladaron al hospital, gracias a lo cual este grupo de yazidíes pudo escapar, huir a la montaña y salvarse.
La situación de esta zona es desoladora. La mayoría de las familias yazidíes que antes vivían en el distrito de Sinjar siguen viviendo en los campos de desplazados internos de Duhok (Kurdistán Iraquí). Muchas calles de Sinjar, de Tal Banat, se muestran vacías y solitarias, con numerosas casas destruidas, abandonadas a medio hacer, o terminadas y con los cristales rotos. Y entre ellas, algunas alegres casas habitadas y algunas calles comerciales de las afueras con el bullicio habitual. La frase que se repite constantemente es: “¿por qué querría volver la antigua población? Aquí no hay nada que hacer, nadie se preocupa por esto. Todas las personas que siguen en los campos de Duhok, y las que viven aquí, lo que quieren es emigrar al extranjero (EEUU, Australia, Canadá, Alemania). No se está reconstruyendo nada. El gobierno no se interesa por nuestra situación”. En realidad, sí hay ayudas estatales para la reconstrucción de las casas, pero la lentitud del proceso, la burocracia y los sesgos discriminatorios hacia la población yazidi hacen que esta medida sea muy poco efectiva.
Preguntando y totalmente a ojo, estimamos que actualmente vive aquí aproximadamente el 30% de la población yazidi que había en 2013. La base económica de la comarca de Sinjar siempre ha sido muy débil y, actualmente, está muy depauperada. La agricultura tradicional y extensiva está muy afectada por las sequías relacionadas con el cambio climático y por la escasez de mano de obra. Los servicios ligados a la administración municipal y del distrito que entre 2003 2014 eran desarrollados por la administración del Gobierno Regional del Kurdistán, ahora que los peshmergas han sido desplazados, se realizan en el Kurdistán. Para hacer trámites burocráticos municipales, hay que trasladarse a Duhok, a 142 kilómetros de distancia. El sector privado dedicado a los servicios, constituido sobre todo por el comercio, está igualmente afectado por todo lo anterior.
Para las pocas familias que regresan, la principal fuente de ingresos consiste en que los hijos varones se integren en la policía y, sobre todo, en algunas de las diversas milicias existentes. La situación presenta algunos símiles con las existentes en zonas controladas por mafias, señores de la guerra o pandillas urbanas. En estos casos, para muchos jóvenes varones, la única salida que les queda es integrarse en alguna de estas organizaciones. Piénsese, además, que estas milicias controlan un territorio físico determinado, que linda con el territorio que controlan las otras milicias. Dentro de su territorio, la milicia controla el tráfico de mercancías y realiza todo tipo de trapicheos con los que se financia.
En las imágenes y en los vídeos existentes sobre la remota comarca de Sinjar, de antes de la catástrofe de 2014, se percibe una sociedad que progresa, partiendo de un nivel muy modesto. Una sociedad en la que se empezaba a invertir en educación, en la que crecía el comercio (y el consumismo) y que tenía aspiraciones de conectarse con el resto del mundo. En las imágenes reales que se contemplan en la actualidad más bien se percibe una cierta sensación de estar asistiendo a una suerte de limpieza étnica, probablemente no deliberada, en donde ha quedado totalmente desarticulada esa sociedad anterior, y en donde la población yazidi del distrito, que antes era una amplia mayoría, puede empezar a ser sustituida, poco a poco, por poblaciones de otras etnias, como la árabe chiita.
Hay algo muy ancestral y “epigenético” en el lamento que te transmiten muchos yazidíes sobre su situación de marginación en la sociedad iraquí. Pero no solo es que vivan el mundo así (fenoménica o subjetivamente), es que se ven muchos indicios de ello. Por ejemplo, Hajy nos enseña la casa de origen de su familia en Tal Banat (a medio hacer y en estado de abandono). Le pregunto que por qué no la vende y me relata que, a diferencia de lo que ocurre en otras zonas de Irak, la gran mayoría de familias yazidíes no tiene títulos de propiedad sobre sus casas o parcelas. Y que, por ejemplo, para recibir ayudas estatales para reconstruir las viviendas hace falta aportar los títulos de propiedad.
De la desconfianza hacia un mundo exterior hostil, de la permanente sensación de conflicto y exclusión, de las amenazas reales, de los 73 genocidios que llevan contabilizados, los yazidíes de esta comarca encuentran protección en la montaña de Singar. Joma nos habla de que, al final, en muchas ocasiones, como en el genocidio de 2014, la protección se encuentra en la montaña de Sinjar. “Cuando las cosas se pongan muy mal, vete para allá…” Pocas montañas pueden ejemplificar mejor el concepto de “montaña sagrada” para una comunidad. Estas evocaciones se pueden encontrar en la rica música tradicional yazidi, como la interpretada al laúd por Fahad Harbo, desde su escuela de música en Khana Sor.
¿Hay alguna esperanza hacia el futuro? ¿Será posible no tener que refugiarse más en la montaña? Creo que es preferible mantener, aunque a veces cueste conseguirlo, una creencia -una teleología- en el progreso de las sociedades. Por ello hay que buscar algunas luces en esta historia. La primera es la aprobación en octubre de 2020 del “Acuerdo de Sinjar” (International Crisis Group, 2022), firmado por los primeros ministros de Irak (al-Kadhimi) y del Kurdistán Iraquí. En él se contemplan tres pilares básicos: el administrativo, que incluye, entre otras cosas, la elección de un alcalde civil y consensuado para la ciudad de Sinjar; el de seguridad, que contempla la retirada progresiva de todas las milicias y que la seguridad pase a depender exclusivamente de la policía local y de las fuerzas de seguridad iraquíes; y el de la reconstrucción, con el desarrollo de planes de reconstrucción con financiación adecuada. Tras casi dos años de vigencia se ha avanzado muy poco, o nada, en su aplicación, pero todavía no se ha convertido en papel mojado. Algunos organismos internacionales (International Crisis Group, 2022) recomiendan abrir este pacto a todos los actores yazidíes implicados, y que no se quede simplemente en un acuerdo entre Bagdad y Erbil. La segunda es la presencia de una serie ONGs que ya están prestando ayuda en la reconstrucción y en sectores como la educación y la sanidad. Sobre todas ellas destaca la mencionada “Nadia’s Initiative”. Esta ONG ha venido haciendo mucho más en la reconstrucción de colegios y hospitales que lo que ha hecho hasta ahora el estado. Además, Nadia Murad y su iniciativa permiten dar visibilidad mundial a la causa de los yazidíes. La tercera podría ser que las nuevas comunidades de emigrados yazidíes que se están formando en países como Australia, Canadá o Alemania puedan contribuir con sus envíos de remesas y con nuevas ideas al desarrollo de su territorio de origen. Y finalmente, si la República de Irak avanzara progresivamente hacia una senda de más estabilidad y democracia, eso también sería bueno para Sinjar. La historia marca mucho y no es tan fácil ni automático seguir la vía hacia las instituciones políticas inclusivas mencionadas por Acemoğlu; es decir, hacia la democracia y el estado de derecho. Pero, ¿hay alguna otra meta mejor?
Desde España también se podrían hacer dos pequeñas contribuciones –dos políticas- a la mejora del bienestar de los yazidíes, de dentro y fuera de Sinjar. Una, sería el reconocimiento por parte del Parlamento Español del genocidio yazidi. La otra, dar facilidades para que algunos yazidíes que se encuentran en los campos de desplazados internos del Kurdistán Iraquí (unas 150 mil personas) puedan también viajar a España y formar aquí una comunidad de varios centenares de inmigrantes como las que ya se han formado en países como Canadá, Australia, Francia o Alemania. La sociedad española es pluralista e inclusiva, como la de estos países. Nosotros también podemos hacerlo.
(Una versión corta de este artículo fue publicada previamente en El Independiente
https://www.elindependiente.com/autor/jose-andres-fernandez-cortejo/)
Bibliografía
Acemoğlu, D. y Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. Crown Publishers, New York.
Açikyildiz, B. (2020). The Yezidis. The History of a Community, Culture and Religion. Bloomsbury Publishing.
Duman, B. y Sönmez, G. (2018). “An Influential Non-state Armed Actor in the Iraqi Context: Al-Hashd Al-Shaabi and the Implications of its Rising Influence”. En Yeşiltaş y Kardaş (editores), Non-State Armed Actors in the Middle East. Geopolitics, Ideology, and Strategy. SpringerLink.
Human Rights Watch (2022). Iraq: Events of 2021. World Report 2022.
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/iraq#b9fa5c
International Crisis Group (2022). Iraq: Stabilising the Contested District of Sinjar. Middle East Report N°235, 31 May 2022.
Krajeski, J. y Murad, N. (2017). The Last Girl: My Story of Captivity and My Fight Against the Islamic State. Little, Brown Book Group.
Shand, S. (2018). Sinjar. 14 Days that Saved the Yazidis from Islamic State. Globe Pequot/Lyons Press.
Sunca, Y. (2021). “The Revolution in Rojava and the International”. En Holtgreve, Preuß y Albert (editors), Envisioning the World: Mapping and Making the Global. Transcript Verlag.
Tinti, A. (2021). Oil and National Identity in the Kurdistan Region of Iraq. Conflicts at the Frontier of Petro-Capitalism. Routledge
Yeşiltaş, M. y Kardaş, T. (2018). Non-State Armed Actors in the Middle East. Geopolitics, Ideology, and Strategy. SpringerLink.
Número 37 – 11
29 de septiembre de 2022Pro et contra
(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)
Pro…
Por un incremento real del gasto en defensa: una necesidad estratégica en tiempos de incertidumbre
(por Jorge Torres, doctorando en Relaciones Internacionales, Universidad Complutense)
El mundo que conocemos se termina. Que el orden internacional liberal se encuentra en crisis es un hecho indiscutible. Tras la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, los Estados Unidos de América se erigieron como única superpotencia. Ya sin oponente, Washington pudo imponer su cosmovisión al resto del mundo. Y en particular, el de un orden internacional basado en normas.
Empero, y pese la visión de “liderazgo benevolente” que impregna los documentos oficiales estadounidenses, la ultima ratio regis que permitió a los Estados Unidos imponer su liderazgo fue su poder militar. Más de tres décadas después, tanto las tesis de Fukuyama sobre el Fin de la Historia como la falacia de la Paz Perpetua de Kant, han quedado refutadas. El estado natural en la arena internacional no es el orden y la estabilidad, sino la anarquía y el caos. Esto obedece a una de las constantes de la naturaleza humana: la lucha por el poder. Autores como Robert Kagan defienden que Estados Unidos ha sido el “jardinero” que ha cuidado del jardín -el orden internacional-, y ha mantenido a raya a la jungla, esto es, el caos y la anarquía.
Si tomamos ambas hipótesis como base, esto es, la anarquía como situación habitual y la lucha por el poder como constante, podemos hacernos una idea de cuán necesario es que un Estado invierta suficientemente en su defensa.
Como decíamos, el orden liberal se encuentra sumergido en una profunda crisis. Y esto es así porque su máximo garante, los Estados Unidos, han abandonado el idealismo -la exportación de la democracia al mundo- para centrarse en tareas más mundanas, tales como contrarrestar la influencia de la mayor amenaza a su preminencia global: China. Este cambio de pivote geopolítico del Atlántico hacia el Pacífico implica la menor relevancia de Europa en los planteamientos estratégicos de Washington. Así, los países europeos ya no pueden ser ajenos a la necesidad de invertir seriamente en Defensa. Sobre todo, porque tal y como se ha demostrado con la invasión rusa de Ucrania, Europa tiene a sus puertas una potencia revisionista que no acepta la resolución de los conflictos a través de normas y que pretende recuperar su estatus perdido tras el fin de la Guerra Fría.
En este estado de cosas, la impugnación -cada vez mayor- del liderazgo mundial estadounidense por parte de estas potencias revisionistas -China y Rusia, principalmente-, es directamente proporcional al aumento del gasto militar. De hecho, según datos del Stockholm International Peace Research Institute (“SIPRI”) el gasto militar mundial del año 2021 superó los 2 billones de euros por primera vez en la historia. Incluso en la OTAN ya son 8 los países europeos que cumplirían con el mínimo del 2% del PIB destinado a Defensa. En el año 2014 apenas dos lo superaban.
No obstante, nuestro país no parece seguir la senda del resto del mundo. Más bien todo lo contrario. Pese a las declaraciones grandilocuentes del presidente Pedro Sánchez sobre un futuro aumento del presupuesto, lo cierto es que nos encontramos en niveles inferiores a los del año 2007. Para poder entender la magnitud real de la cuestión, deviene necesario comparar el gasto que realizan los países de nuestro entorno y que, además, poseen unos intereses nacionales antagónicos a los nuestros. Este es el caso del Reino de Marruecos -por su perenne reclamo infundado sobre Ceuta y Melilla-, y Argelia, país del que dependemos en materia energética y se yergue como potencial rival por el control del Estrecho de Gibraltar. Para ello, tomaremos como referencia el periodo entre los años 2007 y 2021.
Según el SIPRI Military Expenditure Database, España habría mantenido su gasto en Defensa en el 1,4% del PIB durante el citado periodo, mientras que Marruecos pasó del 3% en 2007 al 4,2% de 2021. Por otro lado, Argelia subió del 2,9% al 5,6% (en el año 2020 alcanzó el 6,7% del PIB). Si bien esta cifra puede ser ampliamente matizada por la diferencia de tamaño de las economías de los tres países, lo cierto es que nos marca una tendencia. Asimismo, si tomamos los datos en dólares constantes de 2020, España habría pasado de 19.526 millones en 2007 a 18.407 en 2021. En el caso marroquí, el presupuesto destinado a defensa en 2007 ascendió a 2.458 millones de dólares. En 2021, totalizó 4.997 millones. Si observamos los datos de Argelia, Argel ha pasado de 3.894 millones en 2007 a 9.115 millones en el año 2021.
En resumen, mientras que el prepuesto de defensa español todavía no se ha recuperado de la crisis de 2008, el marroquí se ha doblado y el de Argelia es 2,3 veces superior al que presentaba en 2007. No obstante, todavía podrían existir argumentos que señalarán la amplia diferencia efectiva entre el gasto en Defensa de España y el de Marruecos y Argelia. Todo ello a pesar de que la diferencia haya pasado de ser 8 a 1 frente a Marruecos en 2007 a menos de 4 a 1 en 2021. Si observamos el caso de Argelia, la brecha se ha reducido de 5 a 1 en 2007 a 2 a 1 en 2021. De mantenerse estas constantes, Argelia superará a España en gasto militar poco más de 10 años, y Marruecos en 20.
Además, si todos estos datos no son suficientes para evidenciar la necesidad de aumentar nuestra inversión en Defensa, se debe explicar -aunque sea de forma esquemática- la estructura del gasto del Ministerio de Defensa español.
El presupuesto destinado a este Departamento se encuadra en dos grandes partidas de gasto: personal y Programas Especiales de Modernización (“PEMs”). Concretamente, la partida de personal supone cerca del 60% del presupuesto total de Defensa, mientras que los PEMs –programa 122B- engloban el 29% (2.848 millones de euros). En total, casi el 90% del presupuesto se encuentra “paralizado” por gastos fijos ineludibles. Esto deja sin margen de maniobra para acometer las tan necesarias nuevas inversiones en sistemas, y en realizar la imperativa adecuación salarial de las Fuerzas Armadas con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ambas partidas citadas no cubren ni las necesidades más prioritarias del departamento, al encontrarse sistemas al límite de su vida operativa y a los que le restan muchos años de amortización. Asimismo, las bajas retribuciones son la única razón por la que la partida de personal no acapara la cuasi totalidad del presupuesto del ministerio.
En este estado de cosas, con una partida presupuestaria tan ínfima, el Ministerio de Defensa no hace siquiera frente a las deudas ya contraídas en materia de PEMs (estimadas en 35.000 millones de euros). Así, los sucesivos gobiernos han ido reprogramando -vía Acuerdo Consejo de Ministros- los pagos de estos programas. Concretamente, desde el año 2014 se han reestructurado, esto es, postergado, en casi una docena de ocasiones.
El último ejemplo de esta recurrente “estrategia” lo encontramos en el Acuerdo de Consejo de Ministros celebrado el pasado 8 de marzo de 2022. En él, el Ejecutivo aprobó la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para posibilitar al Ministerio de Defensa llevar a cabo la reprogramación de las anualidades de los programas EF-2000 (cazas de combate) y A400-M (aviones de transporte) del 2022 al año 2031. O lo que es lo mismo retrasar el pago de éstas -550 millones de euros-.
Con estos retrasos –“reprogramaciones”, en la terminología del Gobierno-, sólo se consigue alargar la amortización de los programas, aumentando el apalancamiento del Departamento. Además, esta reprogramación engulle el supuesto aumento del presupuesto total – 743,3 millones- planteado para el año 2022, y todo el destinado a los PEMs.
Esta falta de fondos que padece Defensa deriva en que los sistemas que se van comprando a plazos no se puedan sostener (mantenimiento +aprovisionamiento) correctamente. De hecho, según el propio Ministerio, las partidas de gasto para el correcto sostenimiento de los sistemas apenas llegan al 55% de lo que sería necesario para la plena operatividad de éstos, muy por debajo del límite crítico fijado en el 70%.
En conclusión, el mundo en el que nuestra democracia ha crecido y prosperado está siendo cuestionado por actores que no comparten ni nuestros valores ni nuestros intereses. Mientras el mundo vuelve a la “normalidad”, esto es, la anarquía y el caos, nuestro país debe olvidarse de las entelequias sobre el multilateralismo, y comenzar a afrontar las amenazas que se ciernen sobre nuestra sociedad y nuestros intereses. Y esto no se podrá realizar sin un incremento relevante en el presupuesto de defensa.
…Et contra
Tres argumentos a favor de la reducción de los gastos militares
(por Chloé Meulewaeter, Centre Delàs d’Estudis per la Pau)
Si vis pacem para bellum. Este notorio dicho romano, sustrato de la doctrina de defensa y seguridad de la casi totalidad de los Estados del mundo, no pasa, sin embargo, la prueba de los datos más básicos en el ámbito de la paz, la seguridad y los conflictos:
La militarización del mundo se está acelerando. El gasto militar global observa una tendencia creciente, las transferencias de armas y los conflictos armados también. Los datos de 2020 sobre gasto militar muestran que, con 1,96 billones de dólares, nunca los Estados se habían militarizado tanto. También, el volumen de transferencias de armas muestra una tendencia ascendente constante desde 2005, y ya ha superado dos de los tres picos históricos registrados. Los datos sobre conflictos armados muestran que el año 2019 alcanzó un récord histórico, dando como resultado un total de 54 conflictos armados en el mundo. Además, no sólo se está acelerando la militarización del mundo, también se están profundizando numerosas crisis: la crisis climática, la crisis social y la crisis migratoria, por citar algunas.
¿Ha funcionado la estrategia de preparar la guerra para construir la paz?
Entre el año 2000 y el año 2020, los gastos militares mundiales aumentaron en un 92%. ¿Llevó este notable incremento de los presupuestos de defensa a más seguridad en el mundo? Los datos sobre conflictos armados de la Universidad de Uppsala muestran más bien lo contrario: mientras en el año 2000 se registraban unos 38 conflictos armados, en el año 2019 se contabilizaban 54 conflictos armados en el mundo. Como mínimo, podemos decir que los gastos militares no son garantes de la seguridad de las personas. Pero mi tesis es otra: ¿y si reducciones del gasto militar llevaran a mejores niveles de seguridad? A continuación, presento tres argumentos que lo justifican.
Primero, la reducción de los gastos militares alejaría la posibilidad de la guerra al reducir la fuerza del proceso de militarización de la sociedad. La reducción de los gastos militares implicaría, en primer lugar, menos presupuesto para las Fuerzas Armadas. Aquello podría suponer una reducción de los efectivos, de la modernización del armamento, o el cierre de bases, además de una reducción de las operaciones militares. La reducción del presupuesto de defensa tendría, a continuación, consecuencias para la I+D+i militar. Efectivamente, crece la preocupación por el desarrollo de nuevas armas cada vez más avanzadas y potentes, que implican serios debates éticos y legales. Estas armas incluyen los sistemas no tripulados (como los drones), las armas dotadas de inteligencia artificial (mejor conocidas como “robots militares”), o la tecnología disruptiva, que incluye ingeniería biológica, armas hipersónicas y armas espaciales. La reducción del presupuesto para la I+D+i permitiría, por tanto, ralentizar el desarrollo de esas armas, así como evitar parte de sus daños en las personas y el medioambiente. La reducción de los presupuestos de defensa implicaría, además, la conversión de parte de la industria militar en industria civil. Esta conversión podría, asimismo, tener efectos positivos en la economía nacional, por las tasas de empleo que se podrían potencialmente generar. Efectivamente, en contra de un argumento sobre el que se suele hacer hincapié desde fuentes empresariales e institucionales– el mantenimiento de la industria militar para la creación de empleo-, de acuerdo con un estudio reciente de la Brown University, se estima que inversiones en sanidad, educación y energías renovables crearían más empleos que inversiones en el sector militar. La conversión de la industria militar en industria civil, o adaptación al tercer sector, podría representar una gran oportunidad, por tanto, para la sostenibilidad de sectores realmente relacionados con la seguridad de las personas. Además, el menor peso de la industria militar reduciría, a su vez, la influencia del lobby armamentístico sobre los presupuestos de defensa. Como consecuencia de la conversión de la industria militar, el comercio de armas estaría afectado, al realizarse menos exportaciones e importaciones de armamento. La reducción de los gastos militares, y en consecuencia una menor militarización y disponibilidad de armas, es, por tanto, una condición imprescindible para alejar la posibilidad de la guerra. En definitiva, la reducción de los presupuestos de defensa tendría efectos en buena parte de los determinantes del gasto militar, por lo que podría representar el inicio de un círculo de desmilitarización, con beneficios para la construcción de paz.
En segundo lugar, la ausencia de violencia directa que resultaría de esta situación podría, además, traer consigo una gran oportunidad para la construcción de paz positiva: la creación de dividendos para la paz. Los recursos económicos derivados de la reducción de los presupuestos militares podrían emplearse para la satisfacción de necesidades humanas básicas, para la consecución de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y para la necesaria transición ecológica. En este sentido, se ha calculado los costes del gasto militar en relación con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por las Naciones Unidas (UNODA, 2020). Estos cálculos muestran que reducciones de entre 5 y 10% del gasto militar mundial podrían utilizarse para la financiación de parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el Objetivo 1 relacionado a la erradicación de la pobreza, el Objetivo 4 sobre la educación universal, y el Objetivo 13 acerca de la acción por el clima. Sin embargo, para que se puedan producir verdaderamente dividendos de paz, la Historia nos ha enseñado que la mera reducción de los gastos militares no era suficiente, pues el periodo posterior a la Guerra Fría – en el que cayeron drásticamente los presupuestos de defensa mundiales- no se caracteriza por una situación de paz negativa, ni mucho menos por una de paz positiva, pues las desigualdades sociales, la crisis climática, entre otros indicadores del bienestar de las sociedades, aumentan de forma constante desde que se toman registros. En este contexto, parece imprescindible que, para que una posible reducción de los gastos militares pueda desembocar en la financiación de políticas de construcción de paz, se opere también un cambio de paradigma de seguridad, que permita poner en marcha programas de conversión de la industria militar y de la I+D+i, además del cierre de bases militares y reducción de efectivos. Es imprescindible que los Estados cuestionen las ideas de que un mayor gasto militar implica más seguridad, o que los conflictos inter e intraestatales se resuelven mediante la fuerza militar, y que empiecen a apostar por políticas de seguridad que impliquen la cooperación y la diplomacia, así como por medidas que limiten mutuamente el armamento y el gasto militar. La creación de dividendos de paz, todavía más que la sola reducción de los gastos militares globales podría, de esta forma, permitir salir de la dinámica del ciclo económico militar para entrar en un círculo virtuoso, que sería una gran oportunidad para la construcción de paz positiva. Es decir, además de un cambio de paradigma se hace necesario que exista voluntad política para asumir qué significa ese cambio y operar en consecuencia los órdenes que implica un nuevo paradigma (economía, educación, sanidad, cultura, etc.).
Tercero, el proceso de militarización es responsable de crear una huella ecológica militar considerable. El estamento militar es un determinante de la emergencia climática, y eso de al menos tres formas. La primera es relativa a la huella de carbono militar, la segunda a los restos tóxicos de la guerra, y la tercera a los daños a los ecosistemas. La guerra y la preparación para la guerra son responsable de una buena parte de las emisiones de gases con efecto invernadero a la atmosfera; de liberar en las tierras, las aguas y el aire numerosas sustancias tóxicas dañinas durante un largo lapso para la vegetación, los animales y los seres humanos; y responsable de afectar los ecosistemas mediante las operaciones militares terrestres, aéreas y navales, pudiendo provocar daños desde la destrucción de hábitat hasta la muerte y extinción de especies. El amplio rango de daños militares al medioambiente alerta, por un lado, sobre la magnitud de la presión que la militarización y los conflictos armados sobre el medioambiente, y, por otro lado, llama a vigilar un posible “lavado de cara verde” del sector militar. Efectivamente, al igual que otros sectores, los militares tienen que enfrentarse a la crisis climática y buscar alternativas a los combustibles fósiles -de los que son altamente dependientes-. En este contexto, una posible sustitución de una energía contaminante por otra respetuosa del medioambiente no podría esconder el resto de los daños militares contra la naturaleza: los restos tóxicos de la guerra y los daños a los ecosistemas. Para evitar esa situación y proteger las personas y el medioambiente de los daños militares medioambientales, la mejor garantía es la reducción de los gastos militares globales.
En definitiva, las armas y los ejércitos son herramientas del pasado. Ni nos han brindado más seguridad, ni no son adecuadas para hacer frente a los grandes desafíos del siglo XXI. Las amenazas a la seguridad a las que nos enfrentamos – crisis climática, crisis social, crisis sanitaria, crisis migratoria, …- requieren de otras herramientas: diálogo, diplomacia, arbitraje, cooperación, multilateralismo… y… financiación. En este sentido la reducción de los gastos militares y la creación de dividendos de paz son procesos imprescindibles para responder a los grandes desafíos de nuestro siglo.
Número 37 – 12
29 de septiembre de 2022Reseñas de libros
(sección coordinada por Maja Barac. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)
- Diego Sánchez Ancochea (2022): El coste de la desigualdad. Lecciones y advertencias de América Latina para el mundo. Ed. Ariel, Barcelona.
(por Carlos Ochando Claramunt, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia)
Sin duda, la desigualdad es uno de los principales problemas económicos de nuestra época. Desde la crisis financiera del 2008, se acumula una importante evidencia empírica en ese sentido. El famosísimo libro de Thomas Piketty El capital del siglo XXI (y las posteriores secuelas escritas por el mismo autor) pusieron en el núcleo de la agenda social y política la desigualdad. También, en el punto de mira central de la ciencia económica, que desde ese momento no ha hecho nada más que generar una ingente producción científica que vincula la desigualdad con algunos otros de los actuales males económicos, como el bajo crecimiento económico o el llamado “estancamiento secular”. A este debate se suma ahora Diego Sánchez Ancochea, catedrático de Economía Política del Desarrollo, director del Departamento de Desarrollo Internacional y director asociado de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Oxford. El autor ha sido consultor en diversos organismos internacionales como la CEPAL, la OIT y el Banco Mundial y es coautor (junto Juliana Martínez Franzoni) de los libros The Quest for Universal Social Policy in the South y Good Jobs and Social Servicies.
La originalidad del libro no está en el tema en sí, sino en la mirada latinoamericana sobre el tema. Existe innumerable bibliografía sobre los costes de la desigualdad para los países desarrollados -especialmente en EEUU y la UE-, pero no tanta para esa área económica de la economía mundial, que, por otro lado y como bien demuestra el autor, es la más desigual del mundo.
La tesis del libro es clara: la desigualdad tiene enormes costes económicos, políticos y sociales para nuestras sociedades. A esta misma conclusión han llegado, desde hace bastantes años, numerosos estudios económicos. Incluso también los trabajos de los principales organismos internacionales (OCDE, Banco Mundial, FMI, Comisión Europea) llegan a la conclusión de que la desigualdad está correlacionada con un menor crecimiento económico. Paradigmática fue la publicación del FMI de Ostry, J. D., Berg, A. y Tsangarides, Ch. G. (2014) “Redistribución, desigualdad y crecimiento” (Revista de Economía Institucional vol 16, nº 30, pp: 53-81). Paralelamente a esa conclusión, la mayoría de los trabajos apenas ven efectos distorsionadores sobre la eficiencia, el desarrollo y/o el crecimiento económico de la redistribución de la renta que realiza el Estado del bienestar.
Creo que la aportación del autor en este libro se dirige a tres ámbitos:
- constatar que la desigualdad tiene enormes daños sobre el sistema económico (crecimiento), social (confianza/cohesión) y político (democracia)
- advertir a los países desarrollados de las lecciones que se extraen de la región más desigual del mundo, si no se articulan políticas correctoras y
- proponer algunas políticas económicas cuyo objetivo sería la reducción de la desigualdad y la pobreza.
Antes de encarar estos tres objetivos, Sánchez Ancochea realiza un diagnóstico de la desigualdad extrema de las economías latinoamericanas, partiendo de la idea de que “la razón de la elevada desigualdad en América Latina no es que los pobres son más pobres que los de otras partes del mundo, sino que los ricos son más ricos” (pág. 38). Otra frase resume muy bien la explicación de esta realidad: “la combinación de economía dual, instituciones políticas débiles y una élite económica poderosa –todo ello herencia del pasado- creó círculos viciosos de desigualdad” (pág. 44).
El capítulo dedicado a los costes económicos de la desigualdad (cap. 3) aporta evidencia de realidades bien sabidas: la desigualdad limita las posibilidades de crear economías más dinámicas. Además, a mayor desigualdad mayores son las dificultades para cobrar los impuestos a la élite. Otra consecuencia negativa de la desigualdad es la mayor probabilidad en la formación de crisis financieras.
Quizás el capítulo más extenso y profundo es el que dedica el autor a los costes políticos de la desigualdad (cap. 4). Es realmente interesante el análisis de las consecuencias de la desigualdad sobre los sistemas políticos latinoamericanos, distinguiendo tres tipos de aspectos negativos:
- democracias restrictivas (las élites consiguen limitar la redistribución);
- populismo (los votantes responden apoyando a políticos antisistema que prometen resultados rápidos) e
- interrupciones autoritarias (las élites, al verse amenazadas, apoyan golpes de Estado militares).
Según el autor, una de las lecciones que habría que sacar de las experiencias latinoamericanas es que, a menudo, los movimientos populistas desencadenan inestabilidad política y volatilidad institucional y esto, a su vez, genera mayor desigualdad. Con sus palabras: “la experiencia latinoamericana ilustra los altos costes políticos de la desigualdad en la esfera política. Los ricos siempre se han mostrado reacios a apoyar la democracia real por miedo a la redistribución, y a menudo los pobres han respondido buscando soluciones populistas que han sido incapaces de cambiar las relaciones de poder o de reforzar las instituciones democráticas a largo plazo. Los problemas, no obstante, no se detienen aquí: democracias limitadas, populismo y autoritarismo han contribuido, a su vez, a una mayor desigualdad” (pág. 110).
En otro interesante capítulo 5, el autor aborda las consecuencias sociales de la desigualdad, aportando mucha evidencia de la correlación existente entre la desigualdad y problemas sociales como la violencia, la falta de cohesión social y de confianza, la segmentación social y el racismo. Como apunta Sánchez Ancochea, “en sociedades desconfiadas, las oportunidades para construir alianzas entre las clases baja y media –necesarias para ampliar los programas sociales redistributivos- se ven gravemente dificultadas” (pág.124). Es decir, la desigualdad crea círculos viciosos negativos que se refuerzan mutuamente. Vínculos entre la desigualdad de renta, la violencia, la segmentación y la desconfianza. En otro párrafo del libro podemos leer esta idea resumida: “Violencia, segmentación y desconfianza hacen que las alianzas entre clases sean casi imposibles puesto que la clase media sospecha de los pobres –a los que ve como “vagos”, “ignorantes” y “violentos”-, mientras que los pobres se sienten incomprendidos y menospreciados. La incomunicación resultante da lugar a una cultura individualista e impide la colaboración” (pág.:205).
Algo destacable del libro es que el autor también muestra las aportaciones positivas que vienen de Latinoamérica y que, en las narraciones habituales, no suelen aparecer. Es un extraordinario laboratorio de ideas. Concretamente, el autor destaca varias lecciones positivas que América Latina “exporta” al mundo entero: la Teoría económica estructuralista y de la dependencia, la Teología de la Liberación y la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Además, América Latina también ha dado algunas importantes lecciones de políticas públicas al mundo de cómo reducir la desigualdad, especialmente, durante los años 2000. Durante esa década muchos países implantaron medidas progresistas en favor de los grupos con menores ingresos (mayor inversión en educación, intervenciones en el mercado laboral y programas sociales más ambiciosos). Algunas de las medidas concretas fueron el fomento del sector laboral formal a costa del informal, el aumento del salario mínimo, las transferencias monetarias condicionadas, la universalidad de algunas prestaciones como la sanitaria, el aumento de las pensiones básicas para los pobres, etc.
El final del libro está dedicado a sugerir las medidas disponibles para reducir la desigualdad. Quizás sea la parte de mayor interés para el potencial lector de nuestra revista. Resumiendo mucho, el autor propone las siguientes medidas de política económica:
- cambiar la dotación de recursos (reforma agraria, impuestos de sucesión, fondos sociales y bonos de infancia);
- redistribuir el poder en los mercados clave (políticas de competencia, regulación del mercado de trabajo, refuerzo de los sindicatos, limitar los salarios más altos);
- crear más y mejores empleos (política industrial que apoye simultáneamente actividades de alta tecnología y sectores de baja productividad);
- cambiar el papel de los mercados financieros y
- redistribuir los ingresos más eficazmente mediante políticas universales (¿Renta Básica Universal?).
Como suele suceder en este tipo de libros-ensayo la parte más decepcionante, por general, es esta última. Nuevamente, se realiza un recetario de medidas políticas económicas y sociales muy generales. Son las mismas que vemos en innumerables trabajos que, a partir de la desigualdad, proponen programas amplios para combatir la desigualdad que se extienden por todas las áreas de la intervención pública. Creo que, una vez más, falta concreción en las medidas y también una “hoja de ruta” para adaptar esas medidas a escenarios sociales, políticos, económicos y culturales tan diversos (y, a veces, divergentes) como los que componen el continente lationamericano. No obstante, el libro es interesante, ameno de leer y de tesis muy clara: si no atendemos el problema de la desigualdad en nuestros países europeos desarrollados nos encaminamos a una “latinoamericanización” de nuestras economías y sociedades. ¿Queremos ese mundo para las próximas generaciones?
- Blas, Javier y Farchy, Jack (2022): El mundo está en venta. La cara oculta del negocio de las materias primas. Península, Barcelona, pp.528 (ISBN: 978-8411000758)
(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia)
En este libro se aborda un aspecto que ha permanecido relativamente oculto en la economía internacional y que condiciona la política económica en ese ámbito. Se trata de los comerciantes de materias primas. Por un lado, la relevancia de las materias primas es esencial porque es la base del crecimiento económico, siendo especialmente más visible cuando se tiene presente la energía o, más específicamente, el petróleo (elemento articulador de la argumentación de este libro). Por otro lado, la importancia de estos comerciantes se sustenta en que son estratégicos en hacer confluir la oferta y la demanda de ese tipo productos, y más aún, cuando se tiene como referencia el escenario mundial.
El libro se estructura en 13 capítulos, con una introducción, unas conclusiones y unos anexos. A través de los distintos capítulos se muestra cómo han evolucionado las empresas especializadas en comerciar con materias primas. Se destacan cinco etapas, con cuatro cambios esenciales (II Guerra Mundial, crisis de los años 70, final de la URSS y crecimiento .de China junto con extensión de la financiarización mundial). Se constata que desde antes del siglo XX se realizaba una actividad de comercio de materias primas, pero es a partir de esa centuria cuando se aceleraron este tipo de actividades. No obstante, la explicación de los autores se concentra a partir de la II Guerra Mundial, cuando el crecimiento económico se acentúa, en especial a partir de los años 50. Como el objetivo del libro es exponer la influencia de estas empresas comercializadoras en la actualidad, el hilo explicativo se trenza a través de la génesis y evolución de este tipo de entidades privadas (las más importantes).
En consonancia con aquello que se acaba de exponer, en los dos primeros capítulos se expone como surgen las principales compañías comercializadoras de materias primas. No obstante, su actividad aparecía limitada, no sólo por el restringido alcance del crecimiento económico, sino porque la energía y, en particular una de las más boyantes después de la II Guerra Mundial, el petróleo, se encontraba controlado por las denominadas Siete Hermanas. Estas compañías establecían unas relaciones de carácter colonial con los países de donde se extraía el petróleo, fijando tanto precios como cantidades. Sin embargo, a finales de los años 60 comenzaron una serie de acontecimientos, la guerra de los seis días o la revolución islámica en Irán, que alteraron toda la situación. Esto se completó con la extensión de la independencia de las colonias (véase capítulo 3). El primer tipo de acontecimientos liberó la energía (petróleo) de la administración de los antiguos monopolios y el segundo condujo a que los nuevos países nacionalizaran sus riquezas, con la peculiaridad de que no sabían muy bien cómo hacer un uso efectivo de ellas. Ambos factores dieron alas a las empresas comercializadoras.
En el capítulo 4 se combinan los cambios en el marco de gestión de las materias primas con la tendencia desreguladora financiera de los años 80-90. El ajuste de ambas dimensiones generó la aparición, en particular, de los “barriles (de petróleo) de papel”, que da título a ese capítulo. Las dificultades que estos nuevos cambios imprimieron a esta actividad económica supuso la aparición de nuevas empresas, como Glencore (véase el capítulo 5).
Cabe señalar que a los cambios mencionados en las dos décadas apuntadas se ha de añadir la entrada en juego de un nuevo factor esencial: la descomposición de la Unión Soviética. Este fenómeno permitió que los recursos que antes eran asignados centralizadamente por una gestión planificada integral del país fuesen liberados y se pudiesen distribuir según una lógica de precios (capítulo 6). La desaparición de la URSS tuvo también un impacto sobre los países que se encontraban en su área de influencia política que también comenzaron a ofrecer libremente sus materias primas.
El inicio del siglo XXI ofreció nuevas posibilidades al negocio internacional de las materias primas. Por un lado, se consolidó el fuerte crecimiento de China y la absorción masiva de recursos del país (capítulo 8). La nueva dinámica china supuso poner en su punto de mira a las materias primas no movilizadas, existentes en Latinoamérica, pero especialmente en África (capítulo 10).
La tendencia anterior se vio alterada con la crisis de 2008, en la que coincidieron una crisis alimentaria y otra financiera. Sin embargo, aquello que aparecía era la idea de la necesidad de aumentar los flujos financieros para consolidar la creciente actividad comercializadora. En consecuencia, las empresas comenzaron a captar cada vez más recursos, transformándose en sociedades por acciones (Glencore), emitiendo bonos o acordando créditos especiales con (grandes) bancos. A partir de ese momento, comenzó a aparecer más información, pero con restricciones, acerca de estas empresas “familiares”. Sin embargo, empezó a quedar patente la gran magnitud cuantitativa y cualitativa de sus negocios (capítulo 12). Los comerciantes habían ido cambiando conforme se alteraban las condiciones de su negocio (en particular el petróleo). Inicialmente comerciaban con petróleo y materias primas, luego invirtieron en parte de la producción (puertos, tanques, oleoductos, refinerías… para captar mayor valor añadido) y finalmente se implicaron como intermediarios financieros (actuando en mercados de futuros y de opciones y, después captando fondos vía acciones, bonos o créditos). Con la gran financiación con la que contaban, entonces pudieron apoyar a países o ayudarlos a nacer. De comerciantes de materias primas se habían transformado en comerciantes de poder (capítulo 13).
Tal como se apunta en la conclusión, estas empresas se encuentran en una encrucijada condicionada por tres factores: la mayor transparencia informativa, la reversión en el comercio internacional y la aparición de la competencia de China. Aquello que parece claro es que van a experimentar unos cambios importantes, pero también se ha de ser consciente de que seguirán siendo estratégicas en el comercio internacional, puesto que seguirán ocupando espacios en los que otras empresas no quieren entrar debido a la inseguridad, los conflictos bélicos o las sanciones internacionales, al tiempo que, aunque obtienen unos beneficios enormes, también consiguen estabilizar la producción y los intercambios de materias primas, tal como se subraya en la conclusión del libro en relación con sus comportamientos en el periodo del COVID.
Este libro puede tener interés para ofrecer un mayor realismo a las explicaciones sobre política económica internacional. Además, permite incluir matizaciones a las intervenciones de los estados en el escenario internacional. La propia actividad de las empresas comercializadoras condiciona el marco de funcionamiento de países, en particular pequeños, y, con ello, el marco para establecer sus políticas económicas. Asimismo, al menos por el momento, el libro pone de manifiesto explícitamente la existencia de unos agentes que condicionan el flujo de energía y materias primas y, por tanto, el marco del crecimiento económico de muchos países, también de los denominados desarrollados.
Número 37 – 13
29 de septiembre de 2022Nota Necrológica: Jaime del Castillo Hermosa
El pasado 25 de agosto falleció Jaime del Castillo Hermosa. Se doctoró en 1986, con una tesis sobre crisis económica y cambio estructural dirigida por la profesora Milagros García Crespo. Desarrolló su actividad académica en la Universidad del País Vasco, donde ganó una cátedra vinculada a Política Económica en los años 80. Su investigación se orientó hacia la política regional, en el sentido de política industrial y de innovación. Su trayectoria investigadora se manifestó en multitud de artículos u obras colectivas, así como en la dirección de numerosas tesis doctorales.
Número 36 – Índice
29 de junio de 2022Número 36 – 1
29 de junio de 2022XVI Jornadas Internacionales de Política Económica. “Decisiones de Política Económica en momentos de incertidumbre”. La Laguna (Tenerife), 25-26 de Mayo de 2023. (avance informativo)
Organiza: Universidad de La Laguna
La XVI Jornada Internacional de Política Económica tratarán de realizar aportaciones en una etapa en la que la incertidumbre rodea las decisiones que deben afrontar los responsables de la política económica en los próximos años. El interés de las jornadas se orienta hacia el estudio de las diversas políticas instrumentales, las políticas económicas sectoriales y los nuevos objetivos que van surgiendo a partir de los problemas que el contexto cambiante internacional está marcando. Asimismo, serán de interés los aspectos relacionados con la docencia en esta disciplina.
Número 36 – 2
29 de junio de 2022V Taller Internacional de Política Económica “Los agentes de la política económica en momentos críticos”. Valladolid, 27 de Mayo de 2022 (resultados)
Organiza: Unidad Docente de Política Económica. Departamento de Economía Aplicada.
Universidad de Valladolid
El pasado 27 de mayo, se celebró, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid, el V Taller Internacional de Política Económica. Fue organizado por la sección de Política Económica del Departamento de Economía Aplicada con la intención de reunir en este foro de encuentro a los que se dedican a la docencia, la investigación y la práctica de la política económica. Las decisiones que adoptan (o no) los agentes de política económica en momentos críticos ha sido el título que ha aglutinado las diferentes intervenciones que se presentaron en este V Taller.
El Taller fue inaugurado por el Rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, y contó con las intervenciones de la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, María del Valle Santos Álvarez, y del Presidente del Comité Científico y Organizador, Josefa Eugenia Fernández Arufe, Catedrática de Política Económica y Profesora Emérita Vitalicia de la Universidad de Valladolid.
A continuación, tuvo lugar la conferencia «Una propuesta de política económica para el siglo XXI», que corrió a cargo de Antonio Sánchez Andrés, Profesor Titular de Política Económica de la Universidad de Valencia y Director del equipo editorial de la Revista Internacional de Política Económica. Le presentó Milagros García Crespo, Catedrática de Política Económica y Profesora Emérita de la Universidad del País Vasco.
Finalmente, se expusieron, en formato presencial y online, las 18 comunicaciones recibidas en cuya elaboración participaron más de 30 investigadores y docentes de siete países diferentes (Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Irak, Panamá y Paraguay), todas ellas relacionadas con el tema que acoge el Taller. Para su presentación se organizaron tres mesas diferentes:
Mesa 1. Desigualdad económica y social. Moderada por Jesús María Gómez García Profesor Titular de Política Económica. Universidad de Valladolid.
Mesa 2. Proyección de influencias y ámbitos de decisión. Moderada por Juan José Juste Carrión. Profesor Contratado Doctor de Política Económica. Universidad de Valladolid.
Mesa 3. Agentes de política económica: Perspectiva internacional. Moderada por Belén Miranda Escolar. Profesora Titular de Política Económica. Universidad de Valladolid.
El Taller tuvo una gran difusión internacional.
Número 36 – 3
29 de junio de 2022Encuentro de Política Económica “Nuevos escenarios para la política económica en la etapa post-Covid”. Málaga, 2 de junio de 2022 (resultados)
Organiza: Unidad Docente de Política Económica. Departamento de Economía Aplicada.
Universidad de Valladolid
El pasado 2 de junio se reunió en Málaga un nutrido grupo de compañeros y amigos del profesor José E. Villena para rendirle un homenaje con motivo de su reciente jubilación. El Encuentro fue aprovechado para darle un contenido académico y reflexionar sobre los nuevos escenarios que se abren para la política económica tras la pandemia.
El profesor Tomás Mancha, catedrático de la Universidad de Alcalá, disertó sobre la necesidad de un cambio de paradigma en el que habría de adquirir un especial protagonismo la búsqueda de una mayor equidad, dado los problemas de desigualdad que, aunque se venían detectando desde hace algún tiempo, se han agudizado como consecuencia de la pandemia.
Por su parte, el profesor Juan Ramón Cuadrado, catedrático emérito de la Universidad de Alcalá, se refirió a los cambios en el PIB potencial que ha experimentado la economía española y, en particular, a lo ocurrido durante la gran recesión y en los años de la pandemia. En este sentido, argumentó que la caída en las fases recesivas del PIB potencial conlleva modificaciones en la tasa de paro no aceleradora de inflación, lo que, en última instancia, condiciona el margen de actuación de la política económica.
Finalmente, el profesor Juan Hernández, de la Universidad de Jaén, que se ha especializado en el análisis de la financiación de la universidad, expuso, sobre la base de una información muy completa, los problemas que enfrentan las universidades españolas, en general, y las andaluzas, en particular. El hecho de que se haya fomentado un modelo que garantiza el acceso de los estudiantes a los estudios universitarios en un lugar próximo a su residencia ha tenido, a su juicio, ventajas, aunque, al mismo tiempo, plantea problemas de sostenibilidad financiera que no son fáciles de resolver.
El acto acabó con una emotiva intervención del profesor Villena en el que repasó algunas de sus vivencias durante los más de cuarenta años que estuvo dedicado al Departamento de Política Económica de la Universidad de Málaga. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga es una de las más antiguas de España y, asimismo, su Departamento de Política Económica posee una larga tradición. En él, además de su reconocida labor docente, se han producido hitos destacables en el ámbito de la investigación y de la transferencia de conocimiento. Pues bien, el profesor Villena ha tenido un papel fundamental en la consolidación y desarrollo del mencionado Departamento.
A veces, las palabras se desgastan de tanto utilizarlas y pierden su significación cuando no son utilizadas adecuadamente. No obstante, todos los que hemos tenido la fortuna de conocer al profesor Villena sabemos que es un excelente profesor universitario y que la trascendencia que ha tenido su trabajo y su dedicación difícilmente se puede exagerar.
Número 36 – 4
29 de junio de 2022Seminarios de Política Económica (resultados)
(Organizados en de la Universidad de Valencia durante el curso académico 2021-22)
2022
- «Políticas económicas para sociedades longevas» por Isabel Pardo. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (21 de junio de 2022)
- «Las políticas de desarrollo y América Latina. Una visión actual» por Francisco Alburquerque. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (13 de mayo de 2022).
- «¿Es posible una política de rentas en España en el contexto del conflicto ucraniano?» por Carlos Ochando. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (4 de mayo de 2022)
- «Transiciones a una sociedad post-carbono: lecciones de la economía política» por Peadar Kirby. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (3 de mayo de 2022).
- «Economía Política para el Derecho del Trabajo» por Manuel Branco. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (28 de abril de 2022).
- «El nuevo paquete de medidas urgentes de política económica del gobierno: una valoración previa» por Margarita Rohr y Ángel Soler. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (13 de abril de 2022)
- «La atención a la dependencia: ¿soluciones políticas o económicas?» por Mary Martínez. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (4 de abril de 2022).
- «El cambio demográfico: mitos y realidades» por Mª Dolores Puga. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (4 de abril de 2022).
- «Políticas de empleo de la UE: la concreción en el ámbito local» por Javier González. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (24 de marzo de 2022).
- «Estructuras y políticas para la transformación socioeconómica a escala territorial: la Ribera del Xúquer» por Gema March. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (10 de marzo de 2022).
- «Política económica internacional y energética. El conflicto en Ucrania» por Antonio Sánchez. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (9 de marzo de 2022)
- “Política de infraestructuras marítimas y competitividad” por Julián Martínez Moya. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (23 de febrero de 2022).
- “Sostenibilidad en Política Ambiental del Tratamiento de Residuos. El caso de València y su Área Metropolitana” por José Mª Marugan. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (27 de enero de 2022).
- «El principio de «no dejar a nadie atrás»: medición y políticas pre-in-post mercado» por Salvador Pérez. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (13 de enero de 2022).
- «La Ayuda al Desarrollo como mecanismo de influencia en la U.E.» por Iliana Olivié. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (11 de enero de 2022).
2021
- «Dos casos prácticos de docencia en política económica: la política laboral y la de vivienda» por Ferran Elias. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (21 de diciembre de 2021).
- Presentación de la edición de 2021 de la Guía laboral de la economía social de la comunitat valenciana por José Luis Monzón, Ángel Soler e Isidro Antuñano. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (1 de diciembre de 2021).
- «Políticas públicas: lecciones de las ciencias del comportamiento» por Enrique Fatás. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (30 de noviembre de 2021).
- Encuentro de Política Económica: «Política Económica en el ámbito internacional y estudios de caso por países». Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (18 de noviembre de 2021).
- «El sistema tributario local» por Jordi Vila. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (3 de noviembre de 2021).
- «Sistema político, política y política económica» por Luz Dary Ramírez. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (3 de noviembre de 2021).
- «Biden desde Europa: el necesario cambio de paradigma en la política económica» por Jorge Uxó. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (27 de octubre de 2021).
- «Las edades del welfare, ¿retorno a la prehistoria del Estado Social?» por Luis Moreno Fernández. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (15 de octubre de 2021).
Número 36 – 5
29 de junio de 2022XLVII Reunión de Estudios Regionales y XIII Congreso de la AACR <Desafíos, políticas y gobernanza de los territorios en la era post-covid>, Granada, días 19, 20 y 21 de octubre de 2022 (presencial y on-line).
Organiza: Instituto Universitario de Investigación de Desarrollo Regional (IDR) de la Universidad de Granada y el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea. Las Asociaciones Española y Andaluza de Ciencia Regional (AECR y AACR, respectivamente), tienen el placer de invitaros a participar en la XLVII Reunión de Estudios Regionales y en el XIII Congreso de la AACR.
Para esta XLVII edición hemos elegido el lema: “Desafíos, políticas y gobernanza de los territorios en la era post-covid”. Con este lema, pretendemos poner el foco en el análisis de los grandes desafíos territoriales que debemos enfrentar tras esta pandemia, así como en las acciones y la necesidad de coordinación de los actores que instrumentan las políticas. Esta pandemia ha puesto de manifiesto problemas que afectan a los territorios de forma desigual, aumentando las asimetrías en las dotaciones factoriales; aumentando la destrucción de empleo y del tejido productivo, especialmente en los ámbitos más periféricos; generando una mayor presión migratoria; fortaleciendo los procesos de concentración urbana; así como una serie de problemas que han afectado a los ámbitos: ambiental, social y económico.
Desde la instrumentación de las políticas territoriales, la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas para el desarrollo de acciones estratégicas como la implementación de los Fondos Next-Generation-EU, es un reto importante y que, desde la perspectiva académica, exige una evaluación de dicho proceso de implantación. De forma complementaria, la necesidad de dotar a los territorios de oportunidades de desarrollo, conlleva reducir el gap regional y visualizar el papel de las instituciones en la implementación de esta estrategia, donde las políticas del lugar deben de erigirse como piedra angular, garantizando al mismo tiempo los elementos diferenciales de unas y otras, que permitan aprovechar las potencialidades de cada territorio. Para ello, la XLVII Reunión de Estudios Regionales se marca como objetivo aportar un debate amplio, sensato y constructivo sobre los distintos temas que forman parte del ámbito regional y local.
Fechas importantes:
- Llamada a los resúmenes: 15 de marzo.
- Presentación de resúmenes ampliados: 15 de junio.
- Aceptación de resúmenes ampliados-comunicaciones: 30 de junio.
- Pago ordinario: finaliza el 10 de julio.
- Fechas del congreso: 19-21 de octubre.
Más información: https://reunionesdeestudiosregionales.org/granada2022/
Número 36 – 6
29 de junio de 2022XVII Simposio ruso-españo <Rusia y España en el orden mundial cambiante>. Moscú, 15-16 de Septiembre del año 2022 (on-line; idioma de trabajo: español)
A partir de los finales de febrero de 2022 van produciendo cambios sustanciales geopolíticos y geoeconómicos. En este contexto se han movilizado recursos excepcionales (informativos, políticos, económicos y financieros). La aplicación de la política de sanciones afecta al mercado y a la agenda mundiales.
El simposio abordará estas consecuencias y sus implicaciones en el marco de la política económica internacional. Se trata de unas nuevas líneas de escisión entre el Oriente y el Occidente, entre el Sur y el Norte.
A los participantes del simposio se les invita a considerar los factores internos y externos que influyen en el posicionamiento de Rusia y España en el sistema de relaciones internacionales en un orden mundial cambiante.
En el transcurso del Simposio está previsto hablar sobre los temas más relevantes, tales como:
- el desarrollo político y social de ambos países;
- las peculiaridades de la política económica tanto de España y Rusia, como la internacional;
- la seguridad internacional en el sentido amplio del término;
- las posibles dificultades hacia el cumplimiento de la Agenda 2030.
Inscripción está abierta hasta el 1 de agosto vía formulario google:
Número 36 – 7
29 de junio de 2022Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)
La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.
Reciente se ha distribuido documentos del FMI sobre distorsiones comerciales internacionales, que se ha complementado con un documento más específicos sobre las anomalías en términos de comercio de alimentos. También destaca un análisis de los efectos de las sanciones a Rusia impuestos por parte de las economías europeas. Asimismo, destaca una actualización de la reflexión realizada por el profesor Rodrik sobre la hiperglobalización, así como un breve estudios sobre las relaciones comerciales EE.UU.-China.
Número 36 – 8
29 de junio de 2022La docencia de la Política Económica en inglés
(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia)
En números anteriores de Noticias de Política Económica se ha publicado una serie de artículos sobre los manuales de Política Económica que se utilizan en otros países, como Italia (nº.23), Francia(nº.24), Rusia (nº.25) y Alemania (nº.27). Quedaba pendiente, entre otros aspectos, poner de manifiesto los manuales editados en el mundo anglosajón, en particular en el Reino Unido y en Estados Unidos. Sin embargo, la tradición académica al respecto en esos países es distinta a la de Europa continental y, más que abordar ahora esa ardua tarea, que se aplaza hacia más adelante, este trabajo concentrará la atención en un aspecto relacionado, pero más práctico. En concreto, como se está consolidando en España la impartición de las distintas asignaturas en inglés, entre otro en el grado de Economía, en el caso de la Política Económica aparece el reto de ofrecer un soporte a esta actividad docente con manuales o libros de texto en ese idioma. Con la intención de abrir el debate, en este trabajo se presentarán algunas opciones para poder apoyar la docencia en inglés de la troncalidad de la Política Económica.
La troncalidad de la Política Económica se puede dividir, en términos prácticos y según la estructura actual de los planes de estudios, en tres segmentos: en primer lugar, el concepto y la formación de la política económica, en segundo lugar, las políticas coyunturales y, en tercer lugar, las políticas estructurales. A continuación, se explicitarán los contenidos de cada parte. y se les asociarán, en concreto, unos manuales de referencia y, en su caso, se complementarán esos libros con una bibliografía adicional, pero que puede adquirir el rango de libros de texto. Queda fuera de las pretensiones de este trabajo apuntar una bibliografía detallada consistente en explicitar artículos o capítulos aislados de libros.
En los contenidos del primer segmento de la troncalidad, el concepto se refiere a la definición de la política económica, que se perfilará con su estructuración (configuración de la agenda gubernamental, diseño, aplicación y evaluación de las políticas económica), y su formación (en la que se explica la estructura institucional marco donde se gestan las políticas económicas, los agentes formales que la impulsan –electorado, partidos políticos, …- y también los informales -grupos de presión, bien internos, bien externos, estos últimos derivados del proceso de internacionalización de las economías). En general, para apoyar la explicación de esta asignatura se podrían utilizar manuales editados para políticas públicas. Por ejemplo, dos manuales interesantes podrían ser el de Birkland o el de Smith. Sin embargo, como el público al que van dirigidos son estudiantes de Ciencias Políticas, deberían complementarse con algún material complementario con sesgo más económico. A este respecto, se podría utilizar el manual encabezado por Bénassy-Quéré. En particular, con partes de este último manual se podrían preparar los temas relacionados con el concepto de la política económica, así como parte de su estructuración. En su caso, también se podría utilizar parte del manual del Core Team. En concreto, este manual brinda un material útil respecto a aspectos relacionados con el concepto de la política económica (por ejemplo, apartados del capítulo 12 abordan el papel del Estado o el capítulo 11 se orienta según la explicación de la hipótesis de los fallos del mercado); el capítulo 3 puede ser útil para orientar el estudio en aspectos de la estructuración de la política económica (discusión sobre eficiencia y justicia, alusiones al diseño y apuntes sobre la ejecución y la evaluación). También este libro puede utilizarse para prepararse el tema del marco institucional de la política económica, en concreto utilizando los capítulos 1 y 4, donde se recogen discusiones sobre democracia, instituciones, variedades de capitalismo, crecimiento y distribución de la renta y la riqueza. En su caso también podría utilizarse parcialmente el manual de Stiglitz. En concreto, para aproximarse al concepto de política económica se podrían utilizar los capítulos 1, 2, 3 y 5 (que aluden al papel del Estado y a los fallos del mercado). También puede ser útil para cubrir aspectos de la ejecución y la evaluación de las políticas económicas utilizando el capítulo 10. Sobre estructura institucional del Estado, en particular, las cuestiones del gobierno multinivel explicada a través de la descentralización de impuestos, aparece tratadas en los temas 22 y 23. De manera puntual, se podrían utilizar los libros de Acocella para preparar el tema de concepto de la política económica (en especial con el capítulo 1) y el de Rodrik para profundizar en los agentes informales (en concreto a través del capítulo 7).

El segmento docente relacionado con políticas económicas coyunturales agrupa a los objetivos a largo y corto plazo (en su caso a la gestión de los ciclos económicos) y a las conocidas como políticas instrumentales, en particular la presupuestaria (que se puede descomponer en ingresos y gastos públicos, junto con alusiones a las relaciones entre ambas magnitudes, es decir, el déficit público y, en su caso, al endeudamiento del Estado) y la monetaria, pudiendo incorporarse aspectos de política financiera (macroprudencial), de sector exterior y, a veces, de rentas. Para la preparación de esta parte de la troncalidad de la Política Económica se podría remitir de forma relativamente aceptable al manual de Bénassy-Quéré. Algunos huecos en contenidos de este manual se podrían cubrir con el Core Team, como por ejemplo aspectos de distribución de la renta (epígrafes 12-14 del capítulo 12), de empleo (capítulo 8) y políticas macroprudenciales (capítulos 9 y 10). También podría utilizarse el manual de Stiglitz, como los capítulos 13 al 15 para preparar aspectos del objetivo de redistribución de la renta o los capítulos 10, 17, 18 (para política fiscal) y 24 (para el déficit y el endeudamiento). También vale la pena subrayar que del libro de Rodrik se podría utilizar el capítulo 5 para configurarse una idea del objetivo de crecimiento económico.

La última parte de la troncalidad correspondería a las políticas estructurales. En esta se estudiarían las políticas sectoriales (agraria, industrial y servicios) y las intersectoriales u horizontales (I+D+i, laboral, microprudencial, regulaciones, competencia, infraestructuras y medioambiental -entre las más importantes, que configurarían un núcleo relevante de este tipo de intervenciones públicas-). Esta parte del temario presenta problemas para conseguir un manual sistemático de referencia en inglés para preparar la asignatura. El motivo se debe a la fragmentación y aislamiento de unas políticas respecto a otras. Esta situación se explica porque a partir de la segunda mitad del siglo XX hubo una concentración en la atención docente en la perspectiva agregada, al calor del dominio del enfoque keynesiano (más bien síntesis neoclásica), y porque estas políticas se han estudiado aisladas unas de las otras, debido a que no han dispuesto de un enfoque integrador, como lo constituyó la IS-LM para las políticas macroeconómicas. Como manuales se podrían combinar el de Stiglitz y el del Core Team. Del primero serían útiles sus capítulos 6 (políticas de regulación y sobre aspectos medioambientales), 10 y 11 (sobre gastos públicos). Del segundo manual, se podrían utilizar sus capítulos 8 (política de empleo), 9, 10 (estos dos últimos iluminan aspectos sobre políticas financieras) y el 12 (cuyos epígrafes 4 al 6 analizan cuestiones relativas a política de competencia). Ambos manuales dejarían sin cubrir los temas de políticas sectoriales, pero podría remitirse a los estudiantes al libro de Rodrik (capítulo 4, con referencias a políticas industrialistas y de I+D+i), así como al de Mazzucato (este no sólo por sus propuestas de políticas industrialista alternativas, sino porque vierte luz sobre las tradicionales, a las que critica).

Como se ha apuntado más arriba, este trabajo pretende poner de manifiesto algunos manuales y libros de texto que pueden ser utilizados en la enseñanza de la disciplina de la Política Económica en lengua inglesa, que se está llevando a cabo en las universidades españolas. Sin embargo, se reconoce que puede tener lagunas bibliográficas, motivo por el que una pretensión no menos importante de este artículo es la de iniciar un debate que permita revelar otras referencias bibliográficas que puedan ser utilizadas en este esfuerzo didáctico. Así pues, este artículo aspira a movilizar a los colegas implicados en este tipo de docencia, y no solo a ellos, en compartir bibliografía al respecto que pueda ser de utilidad en el enriquecimiento de esta línea docente.
Bibliografía
Acocella, Nicola (2018): Rediscovering Economic Policy as a Discipline. Cambridge UP, Cambridge
Bénassy-Quéré, Agnès; Coeuré, Benoît; Jacquet, Pierre y Pisani-Ferry, Jean ((2019): Economic Policy. Theory and Practice. Oxford UP, New York (2 edition)
Birkland, Thomas A. (2019): A introduction to the Policy Process. Routledge. New York-London (5 edition)
Core Team (2019): Economy, Society and Public Policy. Oxford UP, Oxford
Mazzucato, Mariana (2021): Mission Economy. A Moonshot Guide to Changing Capitalism. Penguin Random House
Rodrik (2007): One Economics, Many Recipes. Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton UP, Princeton
Smith, Kevin B. y Larimer, Christopher W. (2017): The Public Policy Theory Primer. Westview Press, Boulder
Stiglitz, Joseph E. y Rosengrad, Jay K. (2015): Economics of Public Sector. W.W. Norton Company, New York.
Número 36 – 9
29 de junio de 2022Políticas económica coyunturales
Política económica e inflación: bancos centrales, política pública y gestión empresarial de los precios
(por Gumersindo Ruiz, catedrático “ad honorem” Universidad de Málaga, consejero de Euroval, y Clara Ruiz Castañer, abogada, experta y consultora en ODS, ESG y finanzas)
Se trata de situar desde un enfoque de Política Económica la inflación actual, y para ello analizamos el papel de los bancos centrales mediante la nueva política monetaria seguida de bajos tipos, compra de deuda, y guías que forman expectativas para los agentes en el mercado de capitales; el de los gobiernos con las políticas fiscales e impulso a la producción de energía alternativa, así como en el control de las expectativas de precios y salarios; y las propias empresas, que se enfrentan a una situación para muchos directivos inédita de inflación y problemas de suministro. Los tres actores se interrelacionan en un ámbito donde la efectividad de la política económica puede analizarse según el pensamiento convencional, pero con rasgos actuales claramente distintivos, y presenta retos nuevos para bancos, gobiernos, y empresas. Por otra parte, la política económica se enfrenta a tres escenarios: la propia inflación; las consecuencias para el crecimiento de las políticas antiinflacionistas; y la incertidumbre que generan las decisiones puramente políticas: sanciones, bloqueos, gasto militar, disrupción de la producción y el transporte. Si cruzamos los tres actores y los tres escenarios, se crea un apasionante marco de análisis para la Política Económica en una nueva crisis.
- Cómo hemos llegado a esta situación
La primera cuestión relevante es cómo hemos llegado a esta situación. Los datos más recientes muestran incrementos anuales de los precios al consumo en Estados Unidos, y la Eurozona, en el entorno del 8%; son excepcionales los países con tasas inferiores al 5%. Para el área del euro los precios se han mantenido en el entorno del 2% -objetivo del Banco Central Europeo (BCE)- durante más de veinte años. Incluso, tras alguna subida puntual, después de la Gran Crisis financiera e inmobiliaria se entra en un período de deflación con una economía en bajo crecimiento, que lleva al BCE -siguiendo la pauta de otros bancos centrales- a fijar en cero el tipo de interés y cobrar hasta un 0,5 por los depósitos en el Banco. Además, emprende un programa de compras de deuda pública y privada que desde el millón de millones que era la norma antes de la Gran Crisis, superan hoy los 8,6 millones de millones de euros. La pandemia y la guerra han llevado también a apoyos públicos enormes para mantener la demanda de consumo, la actividad empresarial y el empleo.

Sin embargo, la competencia en la economía internacional, globalización de los intercambios, economías de escala y eficiencia, formación de precios bajos en el comercio on line, y oferta y demanda de la energía que revertían a un equilibrio, hacían pensar que pese a las políticas monetaria y fiscal expansiva, los precios se mantendrían estables. Esta situación se quiebra por los impactos externos en la cadena de suministros, caída de producción, y colapso del transporte, debido a la pandemia; y a la que luego contribuye especialmente la drástica respuesta de China con cierre de centros de producción y ciudades enteras, y la guerra, que incide directamente en la tendencia al alza de los precios de la energía y materias primas. Nos encontramos, pues, en una situación peculiar en que hay una disrupción de algunas actividades productivas y escasez de energía y materias primas, y, sin embargo, aunque con debilidades se ha mantenido la capacidad de funcionamiento de la empresa, el empleo, y la demanda de consumo, lo que da lugar lógicamente a subidas en los precios.
Desde una perspectiva de análisis y políticas económicas, en los años 60 se consolida la teoría de que la cantidad de dinero en circulación permitía un proceso inflacionista, y con suficiente liquidez, las expectativas que generaba una subida puntual de precios podía llevar a un fenómeno de inflación sostenido en tiempo. Los incrementos de precios de la oferta energética en los años 70 introdujeron un elemento nuevo, independiente de factores monetarios, pero en los años 80 el consenso académico señalaba la oferta monetaria como la variable a seguir. Aunque los efectos inflacionistas habrían de darse a través de la expansión del crédito, la transmisión mediante el mecanismo bancario no se formalizaba en los modelos de oferta y demanda monetaria. No obstante, en los años 1990 el tipo de interés se consideró la herramienta a utilizar para estabilizar la economía ante desviaciones en cualquier sentido de los precios (y el crecimiento y el empleo). En los años 2000 estas teorías no tenían capacidad predictiva que permitiera mediante relaciones causa y efecto bien establecidas, anticipar movimientos inflacionistas, de aquí que la expansión del crédito ya fuera para actividades productivas o puramente financieras, no se consideró un elemento desestabilizador, hasta la Gran Crisis de 2007, y aun así se identificó con una inflación de activos, no de precios al consumo. En años recientes se ha confiado en que aumentos de precios al consumo fueran fenómenos temporales, al estar las expectativas de inflación “ancladas”, esto es, la estabilidad estaba garantizada por los bancos centrales, que desde la Gran Crisis tratan los precios como una constante, y de manera prácticamente continua han tomado más en cuenta el objetivo de crecimiento y empleo, y con ello, mantener liquidez y tipos bajos permanentes para los mercados de capitales.
- El segundo enfoque de política económica gira en torno al papel que pueden desempeñar actualmente los bancos centrales
Los bancos centrales no van a revertir de manera brusca sus políticas, por temor a desestabilizar los mercados de capitales y crear aún más incertidumbre, pero ante la persistencia de la inflación se están dando subidas sincronizadas de tipos en el mundo. El BCE, aunque mantendrá los activos comprados en su balance (8,6 millones de millones de euros), frena poco a poco las compras de deuda pública y privada, lo que tendrá un efecto en el coste de financiación. Reducir desde el 0,5 actual el cobro por los depósitos y reservas voluntarias, es lo que más influirá en la elevación del interbancario a 12 meses, que en el caso de España pasa de estar en negativo (lo cual es anómalo) a positivo, presionando ligeramente al alza en los tipos de referencia hipotecarios, y restando capacidad de consumo.

El BCE elevará los tipos de interés este verano, pero las subidas siempre estarían por debajo de las de los precios -en Estados Unidos se espera que no lleguen al 3% hasta 2023-. Si esto aprecia algo el euro frente al dólar sería un cierto alivio para las importaciones de energía; en cualquier caso, llevaría a una menor demanda de consumo y un efecto positivo en los precios. La bajada del precio en los mercados de capitales, inflados por años de políticas de tipos ínfimos, y en cierta medida el inmobiliario, reduciría también la presión de la demanda de consumo asociada con la revalorización de activos.
Por otra parte, los sectores y empresas difieren en su sensibilidad a los tipos de interés, por ejemplo, en el sector inmobiliario se plantea el efecto que puede tener en el coste de financiación de inmuebles, y en la alternativa de la deuda de calidad frente a la rentabilidad de la inversión en inmuebles. Puede verse Euroval-Instai: “Distribución del riesgo espacial de una subida de tipos de interés en las hipotecas”, Gráfico mensual Euroval, junio 2022 www.euroval.es. Un efecto de alcance general de esta situación serían cambios en la asignación de recursos de capital entre actividades productivas afectadas desigualmente por los precios.
El BCE puede intentar anclar las expectativas de inflación, de manera que las empresas reduciendo márgenes (los arrendadores reduciendo sus expectativas) y los trabajadores no repercutiendo la inflación en costes salariales, evitaran la generalización de las subidas. En la Eurozona la presión salarial es más baja que en Estados Unidos, el índice de precio de la hora trabajada entre 2015 y 2022 pasa de 100 a casi 130 en Estados Unidos y a 115 en la Eurozona; aun así, pese a la baja tasa de paro en Estados Unidos, no se observa una espiral inflacionista por los salarios. La mayor disponibilidad de mano de obra, sectores industriales en Alemania que lideraban alzas salariales y ahora especialmente dañados, hacen menor la presión salarial, que tendrá un incremento medio en la Eurozona en 2022 del 3%, inferior a la inflación esperada. Aunque hay una dispersión significativa en Europa entre países y sectores, que resultan afectados de manera muy diferente en la crisis, la inflación actual se diferencia del análisis convencional de Phillips en el que la reducción del desempleo es inflacionista, por una respuesta automática en forma de incremento salarial, pero hoy la inflación no se ajusta a la variación del empleo, y no puede identificarse inflación y salario como una variable sintética; de todas formas, la evolución de estas relaciones en los análisis tipo Phillips es un tema de interés actual para la política económica.
Una proyección este año de precios del BCE es de 5,1% para 2022 y estabilidad en 2023 y 2024 en el 2%, ya que el 50% de la inflación se imputa al impacto externo de la energía, y casi un 15% a la cadena de suministros, que en una situación normal tendría que ajustarse. Pero estas proyecciones cambian con frecuencia, y a principios del verano de 2022 no parece que puedan mantenerse, pues ni el BCE ni nadie puede valorar la evolución de una situación en la que hay al menos tres incógnitas especialmente relevantes: el comportamiento de China con relación a la normalización de su economía; los efectos de la guerra sobre la energía, los fertilizantes y los alimentos; y las respuestas de política económica y sociales de los gobiernos acelerando el desarrollo de energías alternativas, y ante la vulnerabilidad más o menos significativa de parte de la población. La preocupación principal en estos momentos es que las medidas para frenar la inflación lleven a algunas economías a una recesión, y se ha abierto camino la idea de dejar caer los mercados de capitales, restringir la capacidad de demanda, y mantener las condiciones de liquidez para que el crédito fluya a la economía real. En este sentido surge una vez más la idea de que el banco central puede utilizar tecnologías blockchain para operar directamente con el público -al menos inicialmente con empresas no financieras-, tanto con depósitos como con créditos, mejorando el mecanismo de transmisión de la política monetaria y dirigiendo el crédito a actividades productivas que lo necesitan.
Pero por encima de cualquier otra acción, lo más importante es restaurar la confianza en que los bancos centrales como ya lo hizo con éxito el BCE con las primas de riesgo en Europa, harán ahora “todo lo que sea necesario” para conseguir anclar las expectativas de inflación, con el menor daño posible a la economía real; en este sentido la formación de expectativas a través de las guías y declaraciones es muy relevante, y se ha destacado la reacción reciente del presidente de la Reserva Federal afirmando -frente al criterio de menor preocupación mostrado hasta hace unos meses -que se están moviendo de forma expeditiva para frenar la inflación, y que disponen de herramientas y resolución para restaurar la estabilidad en beneficio de las familias y negocios. Estas reflexiones se recogen de manera sistemática en Gumersindo Ruiz: “La política monetaria y las nuevas sensibilidades de los bancos centrales”, conferencia impartida en distintos foros, a partir de un artículo seminal en G. Ruiz (2017):” El policy mix monetario y fiscal revisitado”, en A. Sánchez y J. A. Tomás: Política Económica 2017, Tirant lo Blanch, Valencia, siendo la última actualización en la Universidad de Extremadura, abril 2022.
- La tercera línea de análisis es el papel de las políticas públicas
Los países del área del euro tienen escasa capacidad para actuar aisladamente, y han de apoyar la política adaptativa del BCE, así como los acuerdos de la Comisión y Parlamento Europeo. Pero soportan protestas y huelgas, que llevan a adoptar medidas como la subvención del precio de los carburantes, cuando la racionalidad económica aconsejaría lo contrario, penalizar, racionar, y reducir el consumo, como forma de obligar a los productores a bajar precios. Igual ocurre con el gas y la luz, donde no se observa un cambio en los hábitos de consumo hacia el ahorro. En países como Japón (cerrado hasta hace poco al turismo, reduciendo así presión sobre los precios) o Corea del Sur, la inflación está muy contenida, y han respondido a la elevación de precio del petróleo reduciendo el consumo de energía vinculado a los desplazamientos. Las empresas han contenido las subidas de precios, y no han tenido presiones salariales (en este orden), manteniendo el empleo. Las expectativas inflacionistas están ancladas y no preocupa tanto la ralentización del consumo interno y cómo afecta a la actividad productiva. Estas respuestas y comportamientos son relevantes para la política económica, pues la reducción en la demanda por tipos de consumo y consumo total es dispar.
Ocasionalmente se podría apoyar a sectores productivos donde una parte sustancial del coste medio de producción es la energía; pero es más conveniente financiar, por ejemplo, la renovación de nuestra anticuada flota de transporte (diez años de media más antigua que la europea), que seguir subvencionando el carburante. Igual ocurre con la aceleración de las inversiones en rehabilitación energética de inmuebles. Desde la oferta, aumentar la producción energética exige facilitar la puesta en funcionamiento de los proyectos de energía alternativa, y aquí la responsabilidad política de comunidades autónomas y ayuntamientos es crucial. En cuanto a política fiscal el margen de maniobra es escaso, pues los impuestos sobre la energía la encarecen, pero tienen un papel regulador del consumo; y el gasto está sujeto a los compromisos para aprobación de presupuestos, que determina un Parlamento con visiones e intereses muy diversos.
El impacto y extensión de la inflación energética a los precios de la economía no es igual en todos los países; en España es relativamente bajo en comparación, por lo que a tasas de inflación similares el efecto sobre los bienes no energéticos es hasta ahora menor; para una tasa anual de inflación superior al 8%, el crecimiento de bienes y servicios no energéticos podría estar en 5%. En Corea del Sur y Japón tienen expectativas de inflación en los próximos 12 meses por debajo del 2%, en Italia es el 3,75%, Alemania, 4,25%, Francia 4,5%, y España 5,5%, pero la persistencia de la inflación es un factor que se incorpora a la formación de expectativas. De todas formas, en algún momento la demanda de determinados consumos habrá de reducirse, y aunque se mantenga la demanda deflactada representa un menor consumo. El mantenimiento del consumo se hará a costa del duradero, lo que dará lugar a desequilibrios entre sectores, y a presiones sobre la política pública, que tiene una compleja tarea, más limitada como decimos en el ámbito fiscal (subvenciones y rebajas impositivas), y más amplia en la provisión de energía, fertilizantes y alimentos, dando facilidades a la actividad productiva, y en algún caso con desregulaciones temporales que no estarán exentas de discusión, como la mayor permisividad en el uso de fertilizantes o de energías no limpias. El apoyo a familias de baja renta especialmente afectadas por la crisis es otra línea de actuación de la política económica, que hasta ahora no se ha hecho muy relevante por la fuerte situación del mercado de trabajo.
Es de esperar una disminución continuada del ahorro acumulado en tiempo de pandemia, así como reducción en la aportación a planes de pensiones, y primas de seguros, para hacer frente al incremento de precios en bienes y servicios de los que no se prescinde. La sustitución en los consumos depende de la consideración relativa dentro del presupuesto familiar, pues hay bienes y servicios como el ocio y viajes que parten de precios muy bajos y pueden considerarse relativamente baratos y mantenerse. La recomposición de la demanda de consumo dependerá de gastos familiares más significativos y recurrentes, como es el alquiler, tema que analizamos en un artículo relacionándolo con las rentas familiares: A. Belchi, F. Guijarro, G. Ruiz”: “Relación entre el precio de alquiler y renta en el mercado residencial español, y política de vivienda”. International Journal of Economic Policy, diciembre 2021.
- La gestión empresarial de la inflación es el cuarto aspecto en el análisis de la inflación
La toma de decisiones con incertidumbre no es ajena a la empresa, que ha de gestionar de forma compleja y a largo plazo el efecto de la inflación sobre costes, márgenes y beneficios. La situación es diferente por sectores y empresas, de productos y servicios, en cuanto a impacto y capacidad para absorber costes, según posicionamiento en el mercado, pero es común la necesidad de diseñar una estrategia para mantener la empresa en cualquier escenario de inflación. Como se observa en el gráfico la disrupción en la cadena de suministros no se había aliviado suficientemente antes de la guerra, a principios de 2022, por lo que puede considerarse una cuestión recurrente a considerar, y no ocasional.

La empresa puede actuar en diversos frentes. Uno de ellos es en los precios, ajustando subidas, descuentos y promociones, pues no todas las tipologías de productos y clientes sufren el mismo impacto, y es distinto gestionar lo que se denomina “arte y ciencia de cambiar los precios” en las relaciones con minoristas o con otras empresas, aunque siempre hay que tener una visión amplia del cliente que no se limita al precio. Un comentario en esta línea que nos hace un empresario industrial dice así: “Los cambios en los precios es una de las decisiones más difíciles de tomar. No hay que tener miedo a aplicar un incremento respetando un margen comercial aceptable. A esto hay que sumar la mejora en el servicio técnico postventa y la atención al cliente”.
La segunda línea es la reducción de costes mediante procesos más eficientes en logística, reduciendo el consumo de energía donde hay margen para algunos sectores como la hostelería, el comercio, o en cualquier tipo de oficina y centros de datos; de distinto alcance son las actuaciones sobre embalajes, materiales, e incluso características del producto, incidiendo siempre en un menor coste de producción o transporte.
Una tercera línea son los cambios en los productos, ya que se considera que la inflación empuja a los consumidores hacia productos básicos, y hay compañías que reducen la elección del consumidor centrando su oferta en esa gama de productos. En Danone, por ejemplo, se considera poner más énfasis en productos convencionales, como un yogurt básico, frente a otros más caros, que por diferentes causas estaban de moda y resultaban más atractivos; en el pan y sus variedades, con diferencias de hasta tres veces más en precio, podrían predominar las más baratas; y asimismo, en las grandes superficies productos más innovativos y caros y marcas especializadas perderían espacio frente a otros más estandarizados. Estas ideas son por el momento intuitivas y necesitan investigación, pues hay hábitos de consumo que han arraigado y no se cambian fácilmente por aumentos de precios; más bien habría que considerar el cambio en el consumo si la inflación permanece y hay otras restricciones sobre las rentas, como la mencionada del alquiler.
En cuarto lugar, lo anterior se podría concretar en la producción mediante sustitución de productos ajustados a la nueva realidad y niveles de actividad, como ejemplo sería reducir semiconductores con funciones prescindibles en la fabricación de bienes que los incorporan. Simplificar la cartera de pedidos es una opción siempre abierta. Buscar fuentes alternativas de suministros, con la colaboración de las agencias públicas que añadirían a sus funciones de apoyo a la exportación el apoyo a la importación, es un reto a la colaboración público y privada. Rediseñar el producto para reducir embalaje, dimensión y precio, abaratando el transporte es en algunos casos una necesidad. En suma, el conocimiento de los eslabones de la cadena de suministros que afecta en concreto a un sector o empresa se añade a las funciones de los responsables de compras.
Quinto, hay que tomar decisiones con rapidez, seguir las reacciones de clientes, considerar que hay productos que han mantenido el precio mucho tiempo, y otros que no, por lo que la sensibilidad hacia las subidas puede variar; se necesita construir bases de datos y herramientas de análisis que proporcionen información útil para tomar decisiones sobre precios, dentro de una cultura de empresa sensible a la gestión global del precio. Sin embargo, para negocios que trabajan con bases de datos grandes la toma de decisiones con algoritmos hay que considerarla con cuidado, pues en épocas de inestabilidad puede dar lugar a volatilidades nocivas, como ocurre con el sistema de subasta permanente del precio de la luz; en otros ámbitos, los negocios de hostelería han de considerar si mantienen precios que recogen al alza los costes, pero manteniendo una clientela, frente a aumentar muy fuertemente los precios ante picos en la demanda, como puede ocurrir con hoteles ante un evento local, o bajarlos en exceso por caídas de la demanda.
Un sexto aspecto a tener especialmente en cuenta es la renovación, extensión y modificaciones en los contratos, en lo que afecta a los precios. También hay que considerar hasta qué punto una aplicación de una subida vinculada al IPC, aunque se recoja en contrato, puede llevar a incumplimiento, reclamaciones, devoluciones, y deterioro de la relación con el cliente. También, esta época pasada sin inflación ha hecho que figurara en contratos entre empresas un tipo de incremento, calculado como media de un período, que se actualizaba con una media móvil, lo que ha obrado a favor de la parte contratante.
Lo que aquí se sostiene es que con relación a los precios hay que tomar en consideración cuestiones que pueden considerarse clásicas, con otras que surgen en este contexto inflacionista. También hay que seguir la posible vuelta de consumidores con presupuestos restringidos hacia productos y servicios más básicos, con el consiguiente impacto negativo en compañías de ocio, o de productos y servicios novedosos; en este contexto no parece buena época para compañías que generan escaso beneficio y han seguido una estrategia única de crear una base significativa de clientes. Y por último, habría que simular cómo la nueva estructura de costes y precios puede influir en la liquidez y necesidades de financiación de la empresa.
- Conclusión
Reconociendo que la tendencia secular de precios a la baja ha sufrido un cambio radical por la disrupción en el comercio internacional y caída en la oferta derivada de una guerra que incide en la escasez de materias primas, los bancos centrales inician una política monetaria restrictiva, prestando menos atención a los mercados de capitales, donde los activos con más riesgo sufren fuertes correcciones ante la subida de tipos y reducción de balance (de bancos centrales), siendo probable que se dejen caer fondos y sociedades de capital, con carteras de riesgo fuertemente endeudadas. De esta forma, el énfasis de la política monetaria pasa del apoyo al crecimiento y empleo, y a los mercados de capitales, a la reducción de demanda para frenar la inflación, aunque manteniendo liquidez para el crédito a la empresa.
Las respuestas de política económica de los gobiernos se dirigen a mantener la actividad y el empleo, e intentar paliar los efectos de las subidas de precios en productos esenciales, al tiempo que tratan de evitar la extensión de la inflación. Y también estimulan la puesta en funcionamiento de energías alternativas, buscando fórmulas de abaratamiento. Los gobiernos tienen que atender las necesidades de los que se ven más afectados por el incremento de los precios, y considerar los cambios en el consumo que afectan desigualmente a sectores.
Las empresas revisan sus estrategias de fijación de precios en un contexto donde la incertidumbre hace necesaria una visión compleja del precio: la planificación de productos, costes, y relaciones con proveedores y clientes. La idea de síntesis es que el comportamiento de los directivos empresariales no se limita actualmente a las relaciones laborales y negociación de salarios, ni tampoco a una traslación de costes a precios, sino que se enfrentan a una situación, inédita para la mayoría del empresariado, de establecer una estrategia ante una inflación y una disrupción en los suministros en el comercio internacional.
Desde una visión de Política Económica planteamos el comportamiento de tres actores: bancos centrales, gobiernos, y empresas, en tres escenarios: inflación, crecimiento, y decisiones de pura política, esquema que ofrece a nuestro entender un interesante ámbito de análisis.
Número 36 – 10
29 de junio de 2022Políticas económicas coyunturales
¿Es la hora de la política de rentas?*
(por Carlos Ochando Claramunt, Departamento de Economía Aplicada –Política Económica-, Universidad de Valencia)
Artículo publicado en el Diario.es 28-Abril-2022
https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/hora-politica-rentas_132_8947662.html
Hace 37 años dos economistas publicaron un artículo sobre la inflación que, en el momento actual, me viene insistentemente a la cabeza. Se trata del trabajo de Luiz Carlos Bresser Pereira y Yoshiaki Nakano (“Factores aceleradores, mantenedores y sancionadores de la inflación” El Trimestre Económico vol.52 nº 207(3), julio-septiembre de 1985). En él, los autores analizaban el proceso inflacionista como una sucesión de tres factores: “aceleradores” (aumento del margen de ganancia, aumento de los salarios por encima de la productividad, devaluaciones de la moneda, aumento de los costes de los bienes importados, aumento de impuestos), “mantenedores” (capacidad de los agentes económicos para trasladar sus aumentos de costos a los precios) y “sancionadores” (aumento de la cantidad nominal de dinero en circulación). Por tanto, entre los factores aceleradores de la inflación (los causantes originales de un proceso de subida de precios en la economía) están el aumento de los costes de producción, aumento de los bienes importados, aumento de las materias primas y, por supuesto, el conflicto distributivo (aumento de salarios reales y márgenes de ganancia de las empresas). Además, los autores seguían señalando que el conflicto distributivo podría estar provocado por cuatro factores: a) exceso de demanda agregada en relación con la oferta, b) los estrangulamientos sectoriales de la oferta, c) los aumentos autónomos de precios y salarios debidos al poder monopólico de las empresas y sindicatos y d) la reducción de la productividad del trabajo. ¿Les suena de algo en las explicaciones actuales que se están dando sobre la inflación actual?
En cuanto a los factores mantenedores, creo que es mejor citar literalmente un párrafo que me parece revelador de su análisis: “El factor conservador del nivel de inflación es por excelencia el conflicto distributivo, o sea el hecho de que las diversas empresas y sindicatos disponen de instrumentos económicos y políticos para la conservación de su participación relativa en el ingreso. Dado que en un nivel de inflación determinado los precios de los diversos bienes y de la fuerza de trabajo tienden a variar con desfasamientos entre sí y, en virtud de que los precios de unos son los costos de otros, los aumentos subsecuentes de los precios y de los salarios tenderán a ocurrir en forma automática. En esta forma cada empresa y cada trabajador o grupo de trabajadores trasladará a sus precios el aumento de sus costes” (pp: 778-779). Cuanto mayor sea el nivel de indización (formal e informal) de las rentas más potente será este efecto mantenedor de los precios.
Finalmente, el factor sancionador de la inflación es el crecimiento de la cantidad de dinero en circulación. Justo al revés de los economistas monetaristas. Lo que en el Monetarismo es la causa de inflación, en el Estructuralismo latinoamericano es la consecuencia última de la subida de los precios.
Si exceptuamos este último argumento (que no tiene excesivo predicamento en el maistream económico), ¿les suenan los argumentos que fundamentan los factores aceleradores y mantenedores de la inflación? Pues se dijeron hace casi 40 años por dos economistas estructuralistas latinoamericanos. ¿Puede ser este trabajo un buen punto de partida para entender lo que está sucediendo en nuestras economías con la inflación? Pensamos que sí. Entendemos así la reacción de agricultores, transportistas, distribuidores, empresas de energía, gasolineras, consumidores, trabajadores, ganaderos, autónomos, pequeñas empresas, pensionistas, funcionarios, etc. que ante una perspectiva de empobrecimiento -consecuencia de una repentina inflación de oferta- defienden sus márgenes y rentas, manteniendo así el nivel de inflación en el tiempo. Volvamos a las reveladoras palabras de Bresser y Nakano, “el nivel de la inflación se mantendrá en la medida en que todos los agentes económicos estén relativamente satisfechos con su participación en el ingreso. Sin embargo, si una parte de esos agentes se siente en condiciones de aumentar sus márgenes o sus salarios de manera de aumentar su participación en la división del producto, y si los demás agentes responden indizando sus precios habrá una tendencia hacia la continuidad del proceso de aceleración de la inflación porque los primeros agentes buscarán de inmediato un nuevo aumento de los márgenes o de los salarios reales” (pp: 789-780). Revelador de lo que sucede en la actualidad.
¿A dónde nos lleva esta reflexión?, ¿qué conexión tiene el trabajo de estos dos economistas con el título de nuestro artículo? Parece fácil de contestar a esta pregunta. Si consideramos que la inflación es esencialmente resultado de un conflicto distributivo estructural, la política de rentas puede ser una política económica muy útil en su control. ¿Por qué? Porque las políticas de rentas siempre han tenido dos objetivos básicos: 1) el control de la inflación de costes, haciendo que el crecimiento de las rentas -salariales y no salariales- estén por debajo de la productividad o de la inflación esperada y 2) modificar la distribución de la renta primaria -aunque este objetivo siempre quedó escondido y un poco al margen en su aplicación práctica-. Pues bien, ambos objetivos tienen que ver, con la inflación actual.
En primer lugar, porque la inflación actual es, esencialmente, una inflación explicada por el lado de la oferta de la economía. Es decir, estamos ante una inflación de costes (bien es verdad, que no de los costes salariales). En segundo lugar, porque está alimentada por el deseo de todos los agentes económicos de no soportar los costes y los ajustes de un proceso generalizado de empobrecimiento económico. Es decir, alimentada por un conflicto distributivo que, en estos momentos, se ha acrecentado por la fuerte subida de la inflación y por la crisis económica.
En este contexto, se vuelve a poner de moda la política de rentas. No es novedoso el fenómeno, puesto que en España la política de rentas ha ido, irremediablemente, unida a las crisis económicas. Cuando hay crisis se acude a ella. En periodo de expansión se reniega de ella.
La política de rentas tiene una fortaleza y una debilidad. La fortaleza es que es una política económica que interviene en el proceso de generación de la renta (distribución entre salarios y beneficios) y no en el proceso de gasto de la renta (como hacen la política monetaria y fiscal). Esto es un instrumento muy potente de intervención porque modifica el poder de negociación de las rentas. De ahí, que la política de rentas tenga una naturaleza política diferente a las políticas de gestión de la demanda. Y, precisamente, por este motivo (intervención en precios y salarios) ha sido históricamente criticada y repudiada por el pensamiento económico liberal.
La debilidad es que actúa sólo sobre los llamados “efectos de segunda ronda”, es decir, la espiral precios-salarios que precede al aumento autónomo de los precios y de los costes de producción de las empresas. Es decir, en la terminología de Bresser y Nakano, la política de rentas solo podría actuar sobre los “factores mantenedores” de la inflación, dejando al margen los factores aceleradores. Es como que los “efectos de primera ronda” dependen estrictamente del mercado (un mercado, recordémoslo, imperfecto, no competitivo, oligopólico y con un alto poder de fijación de precios por determinadas empresas que controlan los procesos clave en la cadena de valor de los bienes y servicios). Es el “libre mercado” el que fija los márgenes empresariales y los salarios (y cualquier intervención sobre el mismo es tildada de ineficiente, autoritaria, rompedora del mercado único, distorsionadora de las reglas del juego de la economía de mercado y un largo etcétera de argumentos de los que se nutre el pensamiento económico liberal). La política de rentas sólo puede intervenir anclando las expectativas de inflación a la baja y bajando el poder adquisitivo (de nuevo) de las rentas salariales de la economía (las rentas no salariales se escapan de cualquier pacto social que implique topes o límites de crecimiento y solo reaccionarían con reformas estructurales que introdujeran mayor competencia y productividad en las empresas).
¿Es el momento de la política de rentas? Creo que la respuesta debe ser afirmativa. En esto coinciden la mayoría de los economistas y hasta el mismo Banco de España. En lo que puede no haber consenso es en el contenido del pacto de rentas. ¿Qué modelo de política de rentas?, ¿cómo incluir en ella los márgenes empresariales o las rentas no salariales?, ¿cuánta moderación salarial necesitamos?, ¿cómo se reparten los costes del empobrecimiento?, ¿cómo repartir los crecimientos de la productividad en la economía?, ¿por cuánto tiempo?…
En mi opinión, la política de rentas debería aplicarse desde dos ámbitos: 1) un gran pacto social de rentas con la participación del gobierno (macroconcertación) y 2) la mesa del diálogo social entre los principales agentes sociales (empresarios y sindicatos). Vayamos con el primer instrumento. ¿Sería posible un gran pacto político en nuestro país como los Pactos de la Moncloa de 1977? Sinceramente, no. El actual clima de polarización y crispación política aleja esa posibilidad. Por tanto, aunque pueda parecer deseable para hacer frente a las consecuencias económicas –esencialmente el empobrecimiento generalizado que provocará la actual crisis-, la actual situación política convierte (casi) en imposible esa posibilidad. Solo nos quedaría volver al instrumento clásico de firmar un gran acuerdo social entre el gobierno y los principales agentes sociales (asociaciones empresariales y sindicatos). Instrumento, por cierto, muy utilizado en España durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado.
Personalmente, hasta el año pasado, siempre había defendido una política de rentas que aumentase los salarios en un contexto deflacionista y de bajo crecimiento económico como el que habíamos padecido desde la crisis de 2008 -e incluso antes de esa fecha-. En los momentos actuales, la estimación de la tasa interanual de inflación para este año es del 7,5%. Con esta previsión de inflación, podemos aceptar que no se pueda aplicar una política de rentas que suponga aumentos salariales equivalentes a la inflación o por encima de ella. Debemos moderar los salarios para evitar los efectos de segunda ronda de la inflación (que, como hemos reseñado anteriormente, no son otros que la presencia del conflicto distributivo acrecentado en una situación de crisis económica). Sin embargo, en nuestra opinión, esta política de rentas de moderación salarial debe de ir acompañada de tres condiciones:
- una expansión del salario indirecto (más Estado del bienestar),
- más empleo y de mayor calidad (seguir con la reforma laboral del 2021) y
- mejoras en la distribución primaria de la renta (políticas de pre-distribución).
En segundo lugar, se debe seguir utilizando el diálogo social con un doble objetivo: 1) impulsar un cambio en la estructura productiva y 2) potenciar las políticas activas de empleo. El diálogo social -incluso a nivel sectorial- puede ser un instrumento muy eficaz para implantar políticas que favorezcan el cambio de modelo productivo en nuestro país. Por ejemplo, en Alemania la transformación tecnológica (introducción de robots) se está haciendo en muchas empresas en un contexto de diálogo social, en el que se plantean los costes del ajuste, la necesidad de formación de los nuevos puestos, las categorías profesionales. Además, un cambio de modelo productivo no es solo un cambio sectorial y de productividad, sino un cambio de rentas, mejora de las condiciones de trabajo y de las condiciones de vida. Y dos apuntes adicionales respecto al cambio de modelo productivo: 1) la estructura productiva no es solo industria, sino sector terciario (también la economía de los cuidados) y 2) como dice Mazzucato, las empresas no pueden diseñar (solas) la salida de la crisis. Hace falta más y mejor Estado.
El segundo objetivo del diálogo social debería ser potenciar las políticas activas de empleo. Y, sobre todo, vincularlas al cambio necesario del modelo productivo. Creemos que esto pasa por la potenciación de la Formación Profesional ocupacional y continua (sistema dual), la reorganización del gasto público, la eliminación de bonificaciones y reducciones de cotizaciones a la contratación y la mejora de la eficacia de los servicios de intermediación laboral (reforzando y mejorando la dotación y especialización del personal). Vincular la formación a las necesidades reales actuales y futuras de un modelo productivo que debe ser más moderno, de mayor productividad y mayor valor añadido, es clave para el futuro de nuestra economía.
En resumen, ¿es la hora de la política de rentas? Sí, pero no nos olvidemos que también debe serlo en las épocas de expansión económica. Es decir, cuando la economía crece debemos de mejorar la equidad en el reparto de la renta y esto pasa por alinear los salarios al crecimiento de la productividad, reduciendo la brecha del desacoplamiento histórico entre la productividad y los salarios reales. En definitiva, subiendo los salarios cuando la economía crece. Si no lo hacemos estaríamos utilizando una política de rentas de efectos asimétricos difícilmente de aceptar y de mantener en el largo plazo por los ciudadanos. Y los sindicatos deberían de pensar lo mismo.
* Artículo publicado en el Diario.es 28-Abril-2022 (https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/hora-politica-rentas_132_8947662.html)
Número 36 – 11
29 de junio de 2022Políticas económicas estructurales
Las subvenciones a los carburantes y el control de precios: una evaluación del
descuento de 20 céntimos[1]
(por Ferran Elias Moreno, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia)
- Introducción
La inflación ha vuelto desde hace unos meses y con valores bastante elevados: a finales de 2021 se situaba cerca del 6%, hasta llegar al 9% a principios de 2022. Los últimos datos de aumento de precios del mes de mayo de 2022 señalan una subida del 8,7%. Uno de los motivos detrás del repunte de la inflación es el crecimiento del precio de los carburantes. Con el objetivo de rebajar las tensiones inflacionistas, el gobierno aprobó una subvención de 20 céntimos de euro a los combustibles mediante el Real Decreto Ley 6/2022 de finales de marzo de 2022.[2] Fue una política controvertida y no tardaron en aparecer numerosos artículos y opiniones juzgándola de ineficaz. Sin embargo, no todos los comentarios se acompañaban de datos sobre la evolución de los precios o hacían una comparativa con la trayectoria del barril de Brent.[3] En este artículo nos proponemos evaluar de forma un poco más rigurosa, aunque sencilla, la efectividad de esta medida.
El resultado principal que presentamos es que las subvenciones sí que han sido eficaces a la hora de rebajar el precio pagado por los consumidores, aunque su efecto ha quedado difuminado por la senda creciente del precio del barril de Brent -ver gráfico. La evidencia que mostramos en el artículo se basa en comparar la serie temporal de precios del barril de Brent con la de la gasolina 95 y del diésel. Los tres valores han evolucionado en paralelo desde la aprobación de los descuentos y no se observa ninguna evidencia de absorción de la bonificación en el precio de los combustibles de venta al público.

La evidencia contradice las predicciones que se derivan de la teoría neoclásica sobre la incidencia de los impuestos y las subvenciones. Ésta nos indica que en el caso de productos con una demanda muy inelástica -como es el caso de los carburantes-, los vendedores serían los que se beneficiarían de las subvenciones, ya que el comprador consumiría prácticamente la misma cantidad, aunque el precio bajase o aumentase. Por tanto, el vendedor podría apoderarse del descuento y seguir vendiendo una cantidad similar. Sin embargo, ahora tendría un margen de beneficio mayor al haber sido capaz de capturar la bonificación. Para nuestro caso concreto, la predicción que se deriva de esta teoría es que el precio de venta al público antes de la subvención debería subir en una cantidad parecida al descuento. No obstante, no apreciamos este tipo de comportamiento en el gráfico.
Por otro lado, las enseñanzas de la experiencia de Galbraith como subdirector de la Oficina de Administración de Precios en EEUU durante la Segunda Guerra Mundial, publicadas en su libro de 1952, A Theory of Price Control, son más optimistas respecto a la posibilidad de que el gobierno controle los precios, especialmente en aquellos mercados que se encuentran más alejados del ideal de competencia perfecta. Es importante recalcar que para que las bonificaciones no sean absorbidas por los vendedores de carburantes es necesario poder controlar los precios por parte del sector público. Dicho de otro modo, si el gobierno no tiene mecanismos sancionadores, no podrá vigilar los precios, con lo que las empresas podrán acaparar las subvenciones mediante subidas de precios que cancelen su efecto sobre el precio de venta al público. El Real Decreto Ley 6/2022 contiene mecanismos de vigilancia y sanción. Por consiguiente, de acuerdo con esta línea argumental, podríamos esperar que los precios de venta al público de gasolina 95 y diésel no convergieran con el precio del barril de Brent, sino que evolucionaran en paralelo a éste. La consecuencia lógica de esta predicción es que los descuentos sí que conseguirían reducir los precios pagados por los consumidores. Es justamente este tipo de comportamiento el que se observa en el gráfico 1.
En el resto del artículo explicamos con más detalle el resultado principal y su interpretación. Concretamente, en el apartado 2 resumimos los detalles institucionales de las subvenciones. En el tercero evaluamos el impacto de las subvenciones sobre los precios. Finalmente, en la cuarta sección exponemos las conclusiones.
- Algunos detalles institucionales sobre las subvenciones a los combustibles
Los detalles sobre el funcionamiento de los descuentos se encuentran en los artículos 15 a 21 del Real Decreto Ley 6/2022. En total, la subvención es de 20 céntimos por litro sobre el precio de venta al público. Sin embargo, el reparto de su coste no es siempre el mismo. Si el proveedor de la gasolinera es un operador al por mayor de productos petrolíferos con capacidad de refino en España y con una cifra anual de negocios superior a 750 millones de euros, éste debe aplicar una rebaja de 5 céntimos por litro de combustible. Por tanto, en este caso una parte del coste de la subvención lo asumen los vendedores mayoristas con mayor cuota de mercado. En cambio, si las gasolineras no adquieren el combustible de uno de estos operadores, la bonificación la paga enteramente el estado.
Los artículos 17.5 y 21 del Real Decreto-Ley 6/2022 detallan el sistema de vigilancia de la aplicación de las subvenciones. En el primero se especifica el tipo de control al que van a estar sujetas las estaciones de servicio. Concretamente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analizará las ventas de las gasolineras y determinará si éstas están aplicando los descuentos correctamente. De hecho, la presidenta de la CNMC, en declaraciones a la prensa ha afirmado que conocen «los precios de todas las gasolineras, todos los días». [4]
El artículo 21 recoge el instrumento mediante el cual el estado espera poder obligar a las grandes empresas mayoristas a aplicar un descuento y asumir ellas el coste. Concretamente, dice que estas empresas quedarán exentas de una prestación patrimonial de carácter público no tributario sólo si aceptan aplicar la subvención a los carburantes sobre el precio de venta. Dicho de otro modo, en caso de no implementar la bonificación, deberán realizar una transferencia de recursos al estado con carácter coactivo.[5]
En el mismo apartado primero del artículo 21 se especifica que las actuaciones de los vendedores al por mayor de productos petrolíferos estarán sujetas a la normativa sobre competencia desleal. Por consiguiente, la no aplicación de la subvención cuando así se hubiera comprometido la empresa acarreará la necesidad de subsanar los daños y perjuicios causados y la necesidad de rectificar, entre otras medidas sancionadoras. Además, los empresarios y clientes de los vendedores al por mayor de productos petrolíferos podrán poner en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) los casos en los que se hayan podido producir incumplimientos del compromiso. En caso de que un operador no implemente los descuentos o lo haga incorrectamente, éste perderá la exoneración de la prestación patrimonial. Por último, la CNMC realizará un seguimiento para comprobar el cumplimiento de los descuentos.
Estos detalles normativos son importantes porque nos indican que el estado está comprometido en vigilar y sancionar las subidas de precios que desvirtúen el efecto de las subvenciones a los combustibles. Por tanto, en caso que el aparato de vigilancia de precios funcione correctamente, cabría esperar que las subvenciones hayan conseguido bajar los precios. En la siguiente sección analizamos si este ha sido el caso o no.
- Evidencia empírica: la eficacia de los descuentos a los carburantes
En el gráfico podemos ver la evolución de los precios -antes y después de contabilizar la subvención- de la gasolina súper 95 y el diésel, así como del barril de Brent durante el año 2022.[6] Los precios de cada carburante han sido normalizados al nivel que tenían el 27 de marzo, justo antes del anuncio por parte del gobierno español de bonificar los combustibles. En el gráfico, podemos observar que después del inicio de la guerra en Ucrania -la línea negra discontinua marca el inicio de la invasión- el precio del barril de Brent subió repentinamente unos 20 puntos porcentuales y, con unas semanas de retraso, el precio de la súper 95 y el diésel también empezó a subir de manera más acelerada.
La línea roja discontinua en el gráfico representa la fecha de aprobación de las subvenciones. Cuando éstas se adoptaron, representaban aproximadamente el 11% del precio de la gasolina y el diésel.[7] Por tanto, en caso de que las bonificaciones hubieran sido absorbidas en los precios finales antes de aplicar el descuento, deberíamos ver que los precios de venta al público antes de subvenciones se aproximarían como mucho en 11 puntos porcentuales al precio del barril de Brent.
Sin embargo, en el gráfico observamos como la distancia entre el precio del Brent y los precios antes de subvenciones se ha mantenido bastante constante después de la implementación de la política. En otras palabras, los precios antes de subvenciones y el barril de Brent han evolucionado en paralelo desde entonces. Concretamente, el precio del barril de Brent ha aumentado en 22,80 puntos mientras que el precio de la gasolina súper 95 lo ha hecho en casi 23,99 puntos, una cantidad muy similar. En cambio, el diésel ha subido un poco menos de 15 puntos, una cantidad notablemente inferior. Por tanto, la inflación de la súper 95 fue unos escasos 1,19 puntos superior a la del barril de Brent, mientras que la del diésel fue 7,80 puntos inferior. En consecuencia, la evidencia nos muestra que las subvenciones han conseguido rebajar el precio final de venta al consumidor.
Una limitación importante del análisis de series temporales es que puede haber otros factores que afecten a las variables de interés de manera simultánea. Esto sería un problema si, en paralelo a la aprobación de las subvenciones, se hubieran producido cambios en el mercado de la gasolina que hubieran reducido su precio, independientemente de la evolución del valor del Brent. ¿Aumentó la competencia entre gasolineras? Parece improbable. ¿Se comercializó un carburante sustitutivo del petróleo y más barato? Sabemos que no, y esto seguramente hubiera afectado también al precio del Brent. En conclusión, los datos muestran que las subvenciones a los carburantes han sido efectivas para bajar su precio.
- Conclusiones
En este artículo hemos evaluado las subvenciones a los carburantes aprobadas por el gobierno español en el Real Decreto Ley 6/2022. La finalidad de esta política era atenuar las subidas de precios en los combustibles y, por tanto, nuestro análisis se ha centrado en determinar hasta qué punto se ha conseguido este objetivo. Para ello, hemos comparado la evolución del precio tanto de la gasolina súper 95 como del diésel respecto al valor del barril de Brent. Éstos han crecido en paralelo, lo que no sugiere que las empresas proveedoras hayan capturado las subvenciones mediante el aumento de precios, sino que los descuentos han conseguido rebajar el precio pagado por los consumidores.
El resultado principal que presentamos en este artículo no se corresponde con las predicciones teóricas respecto a la incidencia de descuentos en mercados donde los productos tengan una demanda inelástica, como es el caso de los carburantes. Sin embargo, este tipo de hipótesis se derivan de modelos en que no existe capacidad de vigilancia y sanción por parte de los gobiernos. En la sección 2 hemos expuesto los mecanismos de control por parte del sector público, que consisten principalmente en el acceso a información de precios de alta frecuencia y la posibilidad de sancionar incumplimientos mediante la CNMC. Es por este tipo de instrumentos que consideramos que las subvenciones han sido eficaces.
Una consecuencia que se deriva del éxito de los descuentos rebajando precios es que el gobierno tiene capacidad para controlar los precios. De no ser así, hubieramos visto que el aumento del precio de venta de los carburantes absorbía la bonificación. Además, el estado es capaz de hacer que las grandes operadoras al por mayor de petróleo asuman una parte del coste de la subvención.
Desde el inicio de la pandemia los países están practicando el control de precios en algunos mercados. Por ejemplo, en el caso de los precios máximos de las mascarillas o del gas. La teoría neoclásica es muy pesimista respecto a la eficacia de este tipo de medidas. Sin embargo, existen experiencias históricas recientes, como es el caso de China durante su transición a una economía de mercado (Weber, 2021), o como EEUU durante la Segunda Guerra Mundial, que indican en qué circunstancias estas políticas pueden funcionar y tener efectos beneficiosos para el bienestar. A nosotros nos parece un área interesante para futuras investigaciones y esperamos que este artículo contribuya a un debate rico y sincero sobre el funcionamiento del control de precios.
Bibliografia
Galbraith, J. K. 1952. A Theory of Price Control. Harvard University Press.
Martínez Sánchez, C. 2020. «Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario en el ámbito local: origen y regulación actual». Anuario de Derecho Municipal 2019: 13, 57-83.
Rohr. M y Á. Soler. (en prensa). «El nuevo paquete de medidas urgentes de política económica: una valoración previa», International Review of Economic Policy.
Weber, I. 2021. How China Escaped Shock Therapy. The Market Reform Debate. Routledge.
[1]Quiero agradecer a Asensi Descalç una conversación sobre los detalles institucionales de la implementación de la subvención que me ha ayudado a mejorar el artículo. En cualquier caso, los errores u omisiones son responsabilidad del autor.
[2]Para una revisión del Real Decreto Ley 6/2022 ver Rohr y Soler (en prensa).
[3]Una excepción es el artículo de elDiario.es, que mostraba datos del precio de la gasolina 95 y el diésel, pero no comparaba con el precio del barril de Brent: https://www.eldiario.es/economia/60-gasolineras-subido-precios-diluyen-bonificacion-gobierno_1_8972431.html
[4]La fuente es: https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-cnmc-avisa-conocemos-precios-todas-gasolineras-todos-dias-20220331124125.html
[5]Para más información sobre las prestaciones patrimoniales públicas, véase Martínez Sánchez (2020).
[6]Los precios de la gasolina y el diésel han sido extraídos de https://datosmacro.expansion.com/energia/precios-gasolina-diesel-calefaccion/espana. Los del barril de Brent provienen de: https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/brent
[7]El precio de la gasolina 95 el 27 de marzo de 2022 fue de 1,818 euros por litro, mientras que el del diesel fue de 1,837 euros por litro.
Número 36 – 12
29 de junio de 2022Política económica internacional
Reflexiones sobre la propuesta de una “recuperación transformadora” para América Latina y el Caribe*
(por Francisco Alburquerque, www.franciscoalburquerque.com)
En mayo de este año, la Universidad de Valencia me invitó a realizar una presentación en un máster en Política Económica y Economía Pública, en el cual se trataba de ofrecer una visión actual de la relevancia del enfoque estructuralista latinoamericano en las reflexiones sobre el desarrollo, el subdesarrollo y la dependencia. Naturalmente, no podía dejar de referirme al momento de crisis generado por la pandemia del COVID-19 y la necesidad de superar las diferencias estructurales que en América Latina y el Caribe limitan los procesos de recuperación económica, social, institucional y medioambiental.
- La crisis de la pandemia del COVID-19. Principales impactos sociales
En julio de 2021, la Cepal informaba sobre la paradoja de la recuperación tras la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe, ya que el deseado crecimiento económico debe enfrentar los persistentes problemas estructurales de la desigualdad, la pobreza, la escasa inversión y la baja productividad (Cepal, 2021). Se trata de un documento importante del que me permito hacer una presentación para la revista Desarrollo y Territorio.
En realidad, todos los rasgos citados en el documento de la Cepal (desigualdad, pobreza, escasa inversión productiva y desempleo extensivo, así como la baja productividad en los países de la región), no son sino manifestaciones de los problemas estructurales de fondo, esto es, la estructura económica especializada, desarticulada y orientada básicamente hacia la exportación de productos primarios, así como la importante dependencia externa de las principales decisiones económicas en el tejido productivo interno. Y es bien sabido que la identificación de las manifestaciones externas del subdesarrollo y la dependencia no es suficiente para enfrentar los problemas de fondo.
No obstante, las cifras aportadas por la Cepal son impresionantes: a fines de junio de 2021 casi 1,3 millones de personas habían fallecido en América Latina y el Caribe a causa de la pandemia del coronavirus, un hecho que constituye la mayor crisis sanitaria de la historia reciente de dicha región. Esta cifra equivale aproximadamente al 30% del total mundial de fallecimientos por Covid-19 en ese momento.
En esa fecha el número de personas en América Latina y el Caribe con esquemas de vacunación completos alcanzaba sólo el 13,6% en promedio, mientras que dicho porcentaje en EEUU y Canadá se situaba en el 46,3% y en la Unión Europea en el 35% aproximadamente. La situación en los diferentes países de América Latina y el Caribe era en este sentido muy dispar ya que mientras Chile y Uruguay mostraban cifras del 56,9% y 50,8% respectivamente, algunos países tenían cifras inferiores de vacunación completa entre su población como México (15,4%), Colombia (14,6%), Brasil (13%), Perú (9,9%), Argentina (9,7%), Ecuador (8,4%) o Bolivia (6,2%), existiendo otros países con porcentajes muy inferiores como Paraguay (1,9%), Guatemala (0,9%) o Haití (0,6%).
Y es que América Latina y el Caribe experimentó con la pandemia del coronavirus la peor contracción económica en más de un siglo, con un retroceso de la tasa de crecimiento del PIB en el año 2020 de -7,7%, lo que no ocurría desde 1900, siendo de este modo el peor desempeño entre las regiones del mundo en desarrollo (www.news.un.org). Asimismo, si observamos los datos del periodo 2014-2019, el crecimiento económico promedio por habitante en América Latina y el Caribe fue negativo, siendo este dato sólo comparable con la situación en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) o la Gran Depresión de 1929-32.
De este modo, con un crecimiento económico prácticamente estancado, la crisis de la pandemia, junto a la debilidad de los sistemas de salud y protección social, se tradujeron en incrementos muy importantes del desempleo, pérdida de ingresos y aumento de la pobreza y la desigualdad que agudizaron las manifestaciones de los problemas estructurales de fondo. La contracción económica del año 2020 provocó igualmente la pérdida importante de gran número de microempresas y pequeñas y medianas empresas, afectando con ello a una columna vertebral de las economías de la región (nacionales y locales), o lo que es lo mismo, a las posibilidades efectivas de atender las necesidades de la mayoría de la población.
Asimismo, la crisis afectó más que proporcionalmente a mujeres, jóvenes y otros grupos vulnerables (Santos, 2021). En efecto, entre 2019 y 2020, la población ocupada se redujo en casi 25 millones de personas, de las cuales 13 millones son mujeres. De este modo, la contracción del empleo se concentró principalmente en los puestos de trabajo más precarios, de carácter informal y bajos salarios. Asimismo, como señala el informe de Cepal (2021), muchas mujeres que perdieron el empleo en 2020 no han vuelto a buscarlo debido a la sobrecarga de la demanda de cuidados en los hogares en un contexto de cierre de establecimientos educativos e importante reducción o carencia de los servicios de cuidados.
Así pues, los problemas estructurales que limitaban el crecimiento económico en América Latina y el Caribe antes de la pandemia se agudizaron notablemente y según señala la Cepal (2021) repercuten muy negativamente en la recuperación de la actividad económica y en el mercado laboral. En este escenario, las instituciones financieras internacionales no dieron una respuesta suficiente a las necesidades de financiamiento de los países de la región. En efecto, como señala Cepal, el financiamiento otorgado por el FMI sólo llegó a cubrir entre el 23% y el 32% de las necesidades financieras de América Latina y el Caribe en esta crisis.
Además, las agencias de calificación crediticia, al considerar esta situación como de riesgo elevado, impulsaron el encarecimiento del acceso al endeudamiento para la mayoría de los países de la región, dando como resultado que en el momento actual América Latina y el Caribe muestra a nivel mundial los datos del mayor peso de la deuda externa en relación con el PIB (56,3%), así como el mayor servicio de la deuda externa en términos de sus exportaciones de bienes y servicios (59%). (FMI: World Economic Outlook Database). Por supuesto, estos niveles de endeudamiento reducen las posibilidades presupuestarias de los países y dificultan la recuperación postpandemia, sobre todo en un escenario incierto de subidas de tipos de interés que ya comienzan a dibujarse en el horizonte internacional para hacer frente a una inflación creciente que la guerra en Ucrania está agudizando.
Como se ha señalado, la pérdida de empleo y la reducción de los salarios ha afectado principalmente a los estratos de menores ingresos, con lo cual la tasa de pobreza en 2020 alcanzó a la tercera parte de la población latinoamericana y caribeña, de la cual el 12,5% se encontraba en pobreza extrema en ese año, lo que supone que 78 millones de personas se encontraban en situación de pobreza y 209 millones en situación de pobreza extrema (CEPAL: Panorama Social de América Latina 2020). En estas circunstancias, aumentó la inseguridad alimentaria, un fenómeno estrechamente ligado a la pobreza extrema, en un contexto de recesión económica y subida del precio de los alimentos. La inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó casi al 40% de la población latinoamericana y caribeña en 2020, lo que equivale a 44 millones de personas.
Conviene señalar que, a pesar de todas las adversidades, a nivel local la agricultura familiar y los mercados locales aportaron en esos momentos programas y espacios de apoyo y capacitación sobre producción sostenible de alimentos para el autoconsumo o el comercio local, así como iniciativas locales de asistencia y ayuda alimentaria para poblaciones vulnerables, apoyándose en redes de solidaridad asociadas en muchos casos al emergente movimiento agroecológico. Asimismo, la mayor vinculación en los circuitos de proximidad entre producción y consumo local se fortalecieron mostrando alternativas viables a las cadenas globales de valor alimentarias (Santos, 2021).
La crisis social, la disminución de la actividad económica y la pérdida de empleo a causa de la pandemia no sólo afectaron a los estratos de ingresos bajos, sino también lo hicieron entre la población de ingresos medios con bajos niveles de cotización o baja cobertura de protección social. En estas circunstancias al menos se abandonaron las políticas de austeridad que habían sido la respuesta a la crisis financiera mundial de 2008, eligiendo en este caso políticas expansivas en una especie de neokeynesianismo frente a los efectos de la pandemia. En el caso de América Latina y el Caribe en 2020 se adoptaron de forma extensiva medidas de protección social destinadas a garantizar condiciones de vida básicas, recurriendo a transferencias monetarias y en especie, así como el aseguramiento del suministro de servicios básicos. Estas transferencias de emergencia alcanzaron a 326 millones de personas, esto es, casi la mitad de la población de América Latina y el Caribe. Según datos de la Cepal (2021), el monto de dichas transferencias de emergencia equivale a más de 86 mil millones de dólares, lo que supone 78 dólares por habitante.
- Persistencia del deterioro ecológico y retroceso de las políticas ambientales
La crisis de la pandemia del COVID-19 ha situado las políticas ambientales en un lugar secundario o marginal, lo cual no es solamente un rasgo singular de América Latina y el Caribe ya que se aprecia también en buena parte de los países a nivel internacional. De este modo, pareciera que, una vez superadas las fases más agudas de la pandemia, sigue en pie una convicción bastante extendida de que en primer lugar se encuentra la atención a los aspectos económicos y sociales de la crisis y después la atención debida a las exigencias de la sostenibilidad ambiental.
Sin embargo, este es un razonamiento erróneo ya que la crisis de la pandemia se encuentra totalmente vinculada al deterioro de la biosfera, lo cual es consecuencia de las prácticas de degradación originadas por la acción humana en los ámbitos productivo, energético y de consumo prevalecientes en el capitalismo actual. De este modo, seguir buscando la superación de la crisis mediante lo que suele llamarse la “vuelta a la normalidad”, no es sino seguir asegurando la continuidad o repetición de las pandemias, o como señala Boaventura de Sousa Santos (2021), estar condenados a un futuro con presencia de episodios de “pandemia intermitente”.
Lo cierto es que, como señala la Cepal, la situación de la pandemia en América Latina y el Caribe ha empeorado la situación ambiental reduciendo las inversiones medioambientales. El presupuesto o gasto en protección ambiental en la región ha experimentado, en promedio, un descenso permanente en estos últimos años, tal como muestra un estudio para 11 países de la región en el periodo 2019-2020, donde se muestra una caída del 35% de las inversiones verdes (Cepal, 2021). De este modo, las medidas de recuperación económica planteadas mantienen a la región en una senda insostenible y no fomentan el cambio estructural, manteniendo la incoherencia entre las declaraciones de apoyo a la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, con los objetivos reales de los programas de gasto e inversión que se vienen implementando.
Para una “recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad”, como llama la Cepal a una estrategia diferente, se requiere que las políticas de corto plazo tengan una visión de largo plazo y sean coherentes entre sí. La región no cuenta pues, hasta ahora, con una visión estratégica para impulsar los cambios necesarios que permitan superar las circunstancias que trajeron la pandemia, para lo cual se requiere un amplio debate entre todas las instancias de la sociedad que, modestamente, se trata también de impulsar desde la Revista Desarrollo y Territorio.
La propuesta de avanzar hacia una “recuperación transformadora” de la Cepal trata de mostrar una estrategia en la cual deben figurar políticas de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, es necesario: i) mantener las transferencias sociales de emergencia; ii) mejorar los ingresos laborales mediante aumentos reales del salario mínimo, negociaciones colectivas y otros instrumentos salariales; iii) apoyar a sectores productivos para evitar la quiebra masiva de microempresas y pymes e impulsar políticas en favor del empleo; y revertir la caída de la tasa de inversión en relación con el PIB, que en 2020 alcanzó su nivel más bajo (17,6%) de las últimas tres décadas. Asimismo, sostener una política de gasto expansiva hacia el futuro requiere medidas para acceder a financiamiento, reducir pérdidas tributarias en el corto plazo y fortalecer los ingresos fiscales en el mediano plazo. En el corto plazo es fundamental eliminar la evasión tributaria, que representa una pérdida de recursos de 325.000 millones de dólares, esto es, más del 6% del PIB de la región.
En el mediano plazo la Cepal señala que hay que aumentar progresivamente la recaudación tributaria a fin de lograr sostener el gasto público, lo que requiere incrementar los impuestos sobre la renta, extender el alcance de los impuestos sobre la propiedad y el patrimonio, revisar y actualizar de forma progresiva las regalías por la explotación de recursos no renovables, así como considerar impuestos a la economía digital, y a los bienes y servicios que causen daños ambientales o a la salud pública. En todas estas políticas debe incorporarse la dimensión de género, asignando recursos suficientes para servicios clave a fin de modificar la injusta organización social de los cuidados, garantizando el financiamiento de las políticas de igualdad de género. Naturalmente, todo ello exige nuevos pactos sociales y fiscales que contribuyan a la reactivación de la inversión, el empleo, la igualdad, el cierre de las brechas de género y la acción climática.
A mediano y largo plazo, es necesario, pues, avanzar hacia la construcción de sistemas de protección social universales, integrales y sostenibles en el marco de sociedades donde los servicios de cuidados no recaigan exclusivamente en el trabajo no remunerado de las mujeres. Igualmente es necesario fortalecer la salud y la educación siendo urgente invertir en el cuidado y el bienestar de niñas, niños y adolescentes, a fin de no perder una generación debido a trayectorias truncadas y falta de acceso a condiciones básicas para la garantía de sus derechos y su bienestar (Cepal, 2021).
En suma, la Cepal identifica ocho sectores dinamizadores para este gran impulso inversor a fin de avanzar hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible. Se trata de las fuentes energéticas renovables no convencionales, la electromovilidad urbana, la universalización de la digitalización, la industria farmacéutica, en especial la relativa al acceso a vacunas, la bioeconomía, la economía de los cuidados, la economía circular y el turismo sostenible.
Como puede apreciarse, hay poco que objetar al planteamiento teórico de la propuesta de “recuperación transformadora” que plantea la Cepal. Sin embargo, llama la atención la falta total de referencias a cómo abordar en la práctica todos estos cambios y, sobre todo, la ausencia absoluta de referencia a un enfoque que la haga posible desde cada uno de los territorios, esto es, en el nivel local de las políticas, que es donde deben construirse y concretarse de hecho los diferentes acuerdos o pactos territoriales que den vida a esta estrategia.
De nuevo surge una de las más importantes limitaciones de los planteamientos de la Cepal, que no es otra que su limitada atención a los hechos territoriales. Se sigue pensando en sujetos abstractos definidos únicamente a partir de una visión en la cual pareciera que sólo existe el nivel “nacional” y, por consiguiente, la visión macroeconómica y social de las administraciones centrales de los países. Nada de la complejidad concreta de los diferentes territorios y de la importancia que en todo ello tienen los distintos gobiernos locales o territoriales.
Bibliografia
CEPAL (2020): Construir un nuevo futuro Una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad.
CEPAL (2021): Panorama Social de América Latina 2020.
CEPAL (2021): La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. Informe Especial COVID-19, número 11, 8 de julio de 2021, Santiago de Chile.
CEPAL (2022): Cómo financiar el desarrollo sostenible. Recuperación de los efectos del COVID-19 en América Latina y el Caribe. Informe Especial COVID-19, número 13, 27 de enero de 2022, Santiago de Chile.
Mazzucato, Mariana (2021): Misión Economía. Una guía para cambiar el capitalismo. Madrid
Noticias ONU (/es/): América Latina es la región en desarrollo más afectada del mundo por la pandemia, 4 de marzo 2021 (www.news.un.org/es).
Santos, Boaventura de Sousa (2021): El futuro comienza ahora. De la pandemia a la utopía. Ed. Akal, Madrid.
* Artículo publicado en la Revista Desarrollo y Territorio
Número 36 – 13
29 de junio de 2022Pro et contra
(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)
Pro…
Argumentos a favor del aumento del gasto público en defensa
(por Antonio Fonfría, Universidad Complutense de Madrid y Academia de las Ciencias y las Artes Militares)
- Principales aspectos
La defensa es una función del Estado como lo puedan ser la Justicia o la Educación. Al igual ocurre con la seguridad interior (policía, guardia civil), que requieren como el resto de funciones gasto e inversión para responder a las necesidades de la sociedad. Sin embargo, la defensa se mira como algo negativo y las inversiones en ella innecesarias. No obstante, es un bien público, como cualquier otro, cuyo objetivo es mantener las garantías de seguridad –generalmente exterior, pero no exclusivamente-, del conjunto del país y, por lo tanto de su población.

Decía Adam Smith en La Riqueza de las Naciones “La defensa es de mayor importancia que la opulencia”. El momento histórico en el cual expresaba dicha afirmación requería, como hoy, de seguridad para el comercio entre países, ya que sin ella, se perdían los bienes con los cuales se comerciaba reduciendo así el potencial de crecimiento de las economías –como hoy-. Así, la necesidad de la defensa posee un importante impacto en la actividad económica, salvaguardando rutas comerciales[1] y evitando problemas como los asaltos a buques en la zona del Cuerno de África, por ejemplo, por donde circula una importante cantidad de recursos energéticos necesarios para la producción y uso de los ciudadanos. Por ello, resulta necesario poseer un instrumento de disuasión para evitar problemas que limiten el crecimiento de los países.
Este mismo autor ponía de manifiesto que los países poseían –en mayor o menor medida- tres tipos de bienes estratégicos, a saber: su potencial económico, los recursos estratégicos y la capacidad militar. El uso de ellos -en función de las situaciones- permite mantener la soberanía de los países y su capacidad económica y desarrollo social y político.
El debate famoso de cañones o mantequilla, se ha demostrado falaz ya que cualquier país –incluso los declarados sin ejército, que han modificado su postura en este tema en las últimas décadas-, debe destinar recursos a ambos factores. Las necesidades sociales son elevadas: sanidad, educación, etc., pero la seguridad del conjunto es igualmente necesaria a fin de tener sanidad y educación, por lo cual es preciso invertir en ambos aspectos. La cuestión clave es cuánto. El reparto del presupuesto, la prioridad política expresada en él, es la que marca la importancia que se otorga a cada una de dichas funciones.
Los conflictos, como la actual guerra de Ucrania, demuestran la absoluta necesidad de realizar inversiones en defensa a fin de apoyar la legalidad internacional, la soberanía de los países y su actividad social, política y económica. ¿Puede la sociedad ucraniana mantener esas actividades? La respuesta obviamente es negativa. La falta de seguridad restringe cualquier posibilidad de crecimiento económico. ¿Si Ucrania hubiese tenido un alto poder de disuasión militar se habría evitado la guerra? Posiblemente si, dado que los costes de la misma para Rusia habrían sido aún mayores de lo que ya son. En definitiva, habría funcionado el efecto de la disuasión.
En este sentido, los países se enfrentan a distintos riesgos y amenazas, que van desde la desestabilización de países o zonas cercanas, a la confrontación geoeconómica o política, el control de los recursos de todo tipo, etc., factores que pueden suponer importantes amenazas a la seguridad, por lo que es necesario estar preparados para cualquier eventualidad, sea esta de la índole que sea.
Todos estos factores imponen la necesidad de realizar un cierto gasto en defensa a fin de que cumpla con la protección de los intereses económicos y políticos del país. Como puede entenderse, esta necesidad no se puede cubrir en el corto plazo debido a que las inversiones en sistemas de defensa son de muy largo plazo –diseño, desarrollo de inversiones de I+D, necesidad de capital humano especializado, etc.-. Igualmente, las Fuerzas Armadas han de formarse, conocer y manejar los sistemas que utilizan con la mayor eficiencia y eficacia posibles y estar preparados para participar en cualquier actividad que le encomiende el gobierno correspondiente. En definitiva, son necesarias importantes inversiones orientadas a garantizar la seguridad del país.
- El papel de la industria de defensa
La industria de defensa cumple un papel fundamental como proveedor de los sistemas que requieren las Fuerzas Armadas para el ejercicio de sus funciones. Estos sistemas han de ser competitivos con los que poseen otros países, de manera que la aportación de España a la seguridad internacional se encuentre en un nivel razonable en cuanto a su papel en el contexto mundial y responda a sus propios riesgos con las capacidades necesarias. Es por lo tanto una industria estratégica.
Debido a la incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas militares, las empresas de esta industria están obligadas a realizar importantes esfuerzos en I+D+i –dedican el 10% de sus ingresos a estas actividades-, de manera que son generadoras de tecnologías que, en la mayor parte de los casos poseen un uso dual, civil y militar, por lo que generan importantes efectos de spillover en los mercados civiles. Por otra parte, debido a su elevada capacidad tecnológica exportan el 80% de su producción, generando continuamente saldos positivos en la balanza comercial. Además, debido a los aspectos mencionados, son altamente demandantes de capital humano de elevada cualificación, lo cual lleva a que el salario medio del sector se encuentre muy por encima del conjunto español.
Es importante subrayar el impacto de esta industria en la cadena de suministros, ya que su elevado nivel de sofisticación tecnológica impone la necesidad de un conjunto de suministradores especializados muy amplio, que supone unir a los empleos directos un importante conjunto de empleos indirectos e inducidos, generando unos efectos de arrastre similares a los del sector del automóvil, e incluso mayores en algunos casos.
- El presupuesto de defensa
España destina a defensa menos del 1% de su PIB. En el conjunto de los países de la OTAN se encuentra en penúltimo lugar. En términos de los Presupuestos Generales del Estado, la defensa supone alrededor del 2,5% de los mismos, mostrando una elevada estabilidad a lo largo del tiempo. Si se compara con cifras presupuestarias como la educación, se observa que el presupuesto del Estado es mucho menor, ya que las competencias educativas están transferidas a las CCAA, por lo que uniendo ambas cuantías la educación supone cinco veces más que la defensa.
Uno de los problemas fundamentales a los que se enfrenta la asignación de recursos a defensa es la falta de visibilidad de los beneficios que reporta –como se ha expuesto anteriormente-, viéndose en los presupuestos los costes. Sin embargo, es igualmente cierto que la sociedad en general no conoce la defensa –en términos amplios-, ni la cuantía destinada a ella, ni en qué se gasta y si dicho gasto es eficiente, razonable, etc. por lo que es sencillo explotar ciertos prejuicios a fin de presionar a la baja los presupuestos destinados a ella. Aparece aquí la necesidad de que la sociedad conozca para qué sirve la defensa. Sin embargo, los costes políticos de poner sobre la mesa dicho análisis, en una sociedad como la española –con un elevado desconocimiento y prejuicios sobre el tema-, pueden ser elevados y los partidos políticos prefieren pasar de puntillas sobre este asunto.
Uno de los graves errores cometidos en la asignación presupuestaria durante años es que el presupuesto no ha reflejado el 100% del gasto efectivamente realizado, a fin de minimizar el impacto presupuestario, algo que se está corrigiendo, pero aún es insuficiente. Obviamente, esta situación no ayuda a un mejor conocimiento por parte de la sociedad. Sin embargo, se puede expresar en términos comparativos, con el siguiente gráfico, la evolución del PIB, del presupuesto del Estado y del gasto en defensa y cómo su prioridad política ha sido muy baja, lo cual ha conducido a la necesidad de incrementar dicho gasto.
Más aún, los países de la OTAN firmaron un acuerdo según el cual debían alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa en el año 2024, acuerdo que España no va a cumplir. Pero, ¿Es necesario elevar el gasto en defensa a la luz de los aspectos analizados? La respuesta es afirmativa. Tanto desde una perspectiva de seguridad, como desde una visión económica e industrial, la necesidad es obvia. La situación geopolítica mundial, los riesgos y amenazas existentes y la importancia de jugar un papel adecuado a nuestra posición económica y geoestratégica en el mundo, obligan a tener ciertas capacidades disuasivas cuyo último fin, en el espacio económico, es responder a la frase de Adam Smith. No se puede ir en contra de lo que la realidad dicta, se puede modular o priorizar, pero no se puede negar la importancia actual de la defensa.
[1] En el siglo XVIII, al igual que en la actualidad, el 80% del comercio mundial se realiza por vía marítima.
Bibliografía
Muinelo, F. “El Gasto en Defensa en España 1946-2015”. Ministerio de Defensa. Madrid. 2015.
…Et contra
Los desastrosos efectos en la economía y la seguridad del gasto militar
(por Jordi Calvo Rufanges, Centre Delás d´Estudis per la Pau)
El gasto militar es aquel capítulo de los presupuestos de un estado que incorpora todas las partidas destinadas a las actividades de defensa y seguridad bajo una vertiente militar. Habitualmente se hace referencia a los gastos propios del Ministerio de Defensa y algunos departamentos fácilmente asimilables a Defensa, como los institutos de seguridad social o similares, destinados en su integridad al ejército de un país. Este es de hecho el presupuesto que los gobiernos suelen presentar como gasto militar ante sus ciudadanos y que llevan a escrutinio parlamentario. Sin embargo, el gasto militar duplica e incluso triplica esta cantidad. Entre las definiciones más utilizadas se encuentran la de la OTAN y la del SIPRI. Ambas proponen que para calcular el gasto militar real hay que añadir a las partidas mencionadas todas aquellas que provengan de otros ministerios que estén dirigidas al mantenimiento y desarrollo de las estructuras y equipamientos militares de un país en un momento dado. Hay que acudir por ejemplo al Ministerio de Industria a averiguar el gasto en I+D militar y otras subvenciones o créditos que reciben las empresas de armas, el ministerio de seguridad social para añadir las pensiones y otros pagos a militares, al de exteriores para sumar las contribuciones a organismos militares y misiones en el exterior y a interior para sumar el coste de mantener todas las unidades y cuerpos militares de un país. E incluso habría que sumar la parte de la deuda anual que pueda ser considerada militar que proviene de los intereses de la deuda del año en cuestión. La OTAN incorpora teóricamente buena parte de estas partidas, aunque recoge y muestra tan solo los datos que le facilitan los gobiernos de sus estados miembro, con lo que su información sobre gasto militar es incorrecta. El instituto de paz de Estocolmo SIPRI incorpora la mayor parte de estas partidas y es la única fuente que ofrece datos comparables entre estados de todo el mundo. En el caso español, el Centro Delàs de Estudios por la Paz, hace el cálculo más completo del gasto militar real de España, mostrando que en 2022 el presupuesto del que informa el gobierno es de 11.709, el 0,98% del PIB, cuando en realidad es de 22.949 millones, y el 1,8% del PIB, muy cerca del 2% que el gobierno pretende alcanzar en menos de una década, aludiendo a un compromiso no vinculante en la reunión de la OTAN de 2014. De tal modo que el gobierno español tiene la intención de inyectar unos 12 mil millones de euros a gastos militares. La trampa está servida, la cifra que se use de referencia inicial marcará el camino a recorrer y el incremento del gasto militar en el país, que con toda probabilidad tendrá efectos negativos en la economía y la seguridad de nuestro país. Veamos cuáles son.
Para desarrollar el principal argumento crítico con los aumentos del presupuesto militar utilizaremos el concepto de coste de oportunidad introducido por Paul Samuelson en virtud del cual afirma que existe una necesidad ineludible de elección en la decisión de a qué destinar el gasto público, por definición limitado y escaso, con la disyuntiva cañones o mantequilla. Con ella mostraba que la decisión de dedicar la inversión pública a una u otra cuestión no es baladí y tiene unos efectos no solo a corto plazo sino también a medio y largo plazo, tanto en la economía del país como en sus efectos sociales. Así, dedicar 12 mil millones a cañones (armas y equipamientos militares) hará obviamente imposible que sean dedicados a mantequilla (sanidad, educación, transición ecológica o servicios sociales). Habrá quien dirá que este aumento, de 12 mil millones, no afectará al resto de partidas, que será generado con incrementos en la recaudación impositiva o con la creación de deuda pública. De ser así debe ser explicado con claridad a toda la ciudadanía que van a pagar más impuestos ahora para comprar aviones o buques de guerra, o que lo van a hacer dentro de unos años con los intereses de la deuda generada para tal gasto extraordinario. La primera conclusión es que aumentar el gasto militar detrae recursos para otras políticas e incrementa el endeudamiento de la economía.
De la anterior argumentación se deduce que es cuestión de prioridades. La línea política de un gobierno determinado, las necesidades del país y las demandas sociales determinarán a qué se destinan los recursos que, como bien sabemos los economistas, son escasos. Es repetido hasta la saciedad por ministros de defensa de diferente color que sin seguridad no hay nada más. Es cierto, sin seguridad no hay economía, sanidad o educación que valga, cuando hay una guerra en territorio nacional, todo pasa a un segundo plano. Pero ¿de qué seguridad estamos hablando? Como en toda ciencia, existen visiones diferentes o contrapuestas en las definiciones básicas, en seguridad también ocurre. Así, encontramos la visión belicista y militar de la seguridad, que se centra en el mantenimiento de los pilares básicos de un estado, integridad territorial y defensa de agresiones externas. Todo ello bajo una cultura hegemónica belicista, en virtud de la cual el uso de la fuerza armada es el mejor método para conseguir los objetivos en materia de seguridad. De ahí que aparezcan en los documentos de seguridad y defensa que justifican las necesidades de un país y que marcan los presupuestos públicos para seguridad y defensa, las amenazas a la seguridad de un país. El problema no es tanto el análisis de riesgos y amenazas de estos documentos, ya que dibujan un panorama que en un alto porcentaje es compartido por cualquiera, sino la asunción de que quien debe gestionarlo es el departamento de defensa, copado obviamente por militares y que proponen como solución incrementar el número de sus efectivos y renovar sus armas y equipamientos militares.
Una de las consecuencias más evidentes de la fallida gestión militarizada de un aspecto securitario la encontramos en que realidades de carácter exclusivamente humanitario y social, como la inmigración irregular, es considerado una amenaza a la seguridad que aparece en la doctrina de seguridad y defensa nacional. Las víctimas de esta gestión militarizada de la seguridad se cuentan por miles en el fondo del Mar Mediterráneo. El suspenso de la seguridad militarizada en el Mediterráneo es apabullante. Este fenómeno es lo que la Escuela de Copenhague, que desarrolla uno de los principales conceptos críticos de seguridad, denomina securitización, dejar en manos de los agentes que tradicionalmente se han hecho cargo de la seguridad y la defensa, los militares, aspectos que no les son propios. Ni las armas, ni las misiones militares en las fronteras, ni los muros de vigilancia y control fronterizo pararán los flujos migratorios de millones de personas que huyen, precisamente, de la inseguridad, de la guerra, la pobreza, la represión y el crimen de países, habitualmente fuertemente militarizados.
Naciones Unidas desarrolló en 1994 un concepto ampliado de seguridad, destinado a ayudar a superar la miopía securitaria de la mayoría de los gobiernos. Con el que propone que se incluya en la seguridad aspectos no únicamente relacionados con la prevención y gestión de agresiones violentas y armadas, que cubre con la seguridad personal por la que se evita la violencia física, sino que se incluyan en la ecuación de la seguridad aspectos de seguridad comunitaria, sanitaria, alimentaria, económica, medioambiental y política. Con esta propuesta se sugiere que la seguridad de un país no debe estar en manos de sus ministerios de defensa, sino que debe ser algo compartido por todas las áreas del gobierno. Los estudios críticos en seguridad no acaban aquí, cabría tener en cuenta los que incorporan la crítica neocolonial, los feministas o los de la investigación por la paz. Todos ellos proponen cambiar el sujeto y el objeto de la seguridad para conseguir mayores cotas de paz y seguridad.
En definitiva, la decisión de aumentar los presupuestos militares es una decisión política, de modelo de sociedad. Las inversiones públicas de hoy construyen la sociedad de mañana. Aunque suene a perogrullo, hay que repetirlo, invertir en seguridad militar, militariza la seguridad y legitima y promueve las respuestas belicistas a los desafíos de un país, entrando en una espiral en la que hasta un problema de salud es gestionado manu militari.
Por otra parte, cabe añadir que este planteamiento no es ni nuevo ni desconocido. Sin embargo, en España es habitual que al poco de llegar al poder los y las ministras de Defensa justifiquen las inversiones militares no por necesidades relacionadas con la seguridad del país, sino para generar empleo. Los 12 mil millones € que el gobierno quiere inyectar en Defensa los próximos años resulta que son para luchar contra el paro, cuando no hay ninguna prueba, ni la habrá, de que las inversiones en la producción de armamento generen más y mejor empleo que en otros sectores. Sirva de ejemplo el caso de los 4.250 millones € que se van a gastar del erario para construir cinco nuevas fragatas para la Armada Española en Ferrol hasta 2031. Este enorme gasto militar es justificado no porque estas fragatas sean esenciales para la seguridad de España, porque no lo son. No aparece en ninguna doctrina de seguridad y defensa que sin estas fragatas seremos invadidos por la costa por Portugal, Francia, Italia o Marruecos. Las fragatas, según afirma la ministra de Defensa, se construyen para dar empleo a unos 8.000 trabajadores durante 9 años. Si el único objetivo es ayudar unos trabajadores determinados en un sector en crisis permanente cuya supervivencia depende de la inyección de dinero por parte de los presupuestos del Estado, bien podría dedicarse este dinero a un subsidio de 2.000€ mensuales de media acompañado de formación que lleve a la reconversión del sector y la recolocación de estos trabajadores en sectores económicos solventes durante, pongamos por ejemplo 4 años y nos sobrarían 3.482 millones.
Es quizá por esto que la falta de transparencia en los gastos militares es tan evidente. El secretismo, la ocultación y el escaso control democrático hacen de los gastos militares uno de los ejemplos más claros de la ineficiente gestión del dinero público en nuestro país y, lo que es incluso más grave, de una ineficaz política de seguridad, corresponsable de miles de muertes evitables cada año y que dibuja un futuro de miedo y mayor inseguridad a las generaciones futuras.
Número 36 – 14
29 de junio de 2022¿Sabías que…
(sección coordinada por Aurelia Mañé Estrada, Universitat de Barcelona)
… Ludwig von Mises tiene un libro titulado Política Económica?
(Por Fernando G. Jaén Coll, Profesor Titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Vic-UCC)
En este libro se recogen las seis conferencias que pronunció en el salón de conferencias de la Universidad de Buenos Aires, y que halló su esposa, Margrit von Mises, ya muerto su marido. Habían sido dictadas en inglés y traducidas al español en simultáneo, grabadas y transcritas más tarde por una secretaria hispano hablante, como nos indica Margrit von Mises en el prefacio que escribió para la edición inglesa de 1959. La edición original se debe a A. Benegas Lynch y su Centro de Estudios sobre la Libertad. La primera edición en Unión Editorial fue en 1981 en coedición con el Instituto de Economía de Mercado. La actual que manejamos es la de diciembre de 2008: Política Económica [Seis lecciones sobre el capitalismo] (para más detalles, véase la Nota del editor, de enero de 2009).
Se podría pensar que los economistas liberales, y la escuela Austríaca en particular, no tienen por qué ocuparse de la política económica, como no fuere para exigir su desaparición. En particular, Ludwig von Mises, y su esfuerzo por despojar a la ciencia económica de contenidos o considerandos extra científicos, por separarla de la influencia del poder (que es lo que otorga relevancia a la política económica. Véase mi artículo en Noticias de Política Económica, n.º 35: Jaén, F. G. (2022). “El exceso de política, un peligro para la política económica, para las empresas y para los ciudadanos”. https://newspoleco.blogs.uv.es/2022/03/30/numero-35-7/). En otro libro, Teoría e historia (Unión editorial, 2016), Mises nos brinda, en síntesis, inmejorable, la finalidad de la política económica: “La política económica se orienta hacia el logro de determinados fines. Al ocuparse de estos fines, la economía no pone en duda el valor que a los mismos asignan las personas que actúan. Simplemente investiga dos asuntos: primero, si la política en cuestión es adecuada para alcanzar los fines que quienes la recomiendan desean alcanzar; segundo, si esa política produce o no efectos que –desde el punto de vista de quienes recomiendan los fines—son indeseables.” (p. 79)
Entre la amplísima obra de Mises, figuran estas seis conferencias reunidas en el libro Política Económica, cuyos capítulos son: 1. El Capitalismo. 2. Socialismo. 3. Intervencionismo. 4. Inflación. 5. Inversiones extranjeras. Y 6. Políticas e ideas.
En el capítulo 2 podemos leer lo que es la «economía libre» (expresión que Mises utiliza en español en el texto original, según nos indica la correspondiente nota del traductor), en respuesta a la pregunta ¿qué es? (y a la de “¿Qué significa este sistema de libertad económica?”): “Es el sistema según el cuál la cooperación de los individuos en la división del trabajo en sociedad es obtenida por el mercado. Este mercado no es un lugar, sino un proceso: la manera como, comprando y vendiendo, produciendo y consumiendo, los individuos contribuyen al funcionamiento de la sociedad.” (p. 35) Esto, que podría inducir a pensar en la prescindencia de toda acción pública, no es óbice para que se reconozca, en el capítulo 3, un ámbito de actuación de los poderes públicos, primero en su fórmula más general: “El gobierno debería hacer todas las cosas para las que se le necesita y para las que ha sido establecido.” (lo cual deja un amplio abanico de posibilidades), y concretando a continuación la encomienda: “El gobierno debería proteger a los habitantes de su respectivo país contra los violentos e ilegales ataques delos bandidos y defenderlos contra los enemigos foráneos.”; si bien, ya específicamente en el sistema de la economía de mercado, la principal tarea del gobierno sería “proteger el ágil funcionamiento de la economía de mercado contra el fraude y la violencia, ya provenga de dentro o de fuera del país.”
Con referente nacional, que es el lógico en los años en que dice esto Mises (en un mundo que no está globalizado y en que el mercado nacional tiene preponderancia, con el aditamento del comercio internacional), y con un papel restringido de la acción pública, que remacha en respuesta a la retórica pregunta ¿qué es el intervencionismo? “Intervencionismo significa que el gobierno no restringe su actividad a la preservación del orden”, poniendo como ejemplo que “desea interferir en el mercado” (p. 57). No podemos evitar preguntarnos si es lícito hablar de política económica sin interferir en el mercado, Mises no puede sino reconocer que “En las condiciones actuales tenemos algo llamado «economía mixta», en la que el Gobierno gestiona empresas como las del teléfono, ferrocarriles, etc., pero, nos dice “está sujeto a la supremacía del mercado, lo que significa que está sujeto a la supremacía de los consumidores.” (p. 56) E incluso, yendo más lejos, ¿qué hacer si los ciudadanos –atención al distingo entre consumidor y ciudadano[1]— de un país prefieren libremente mayor intervención del Estado?, ¿no entra en contradicción la prescripción de la libertad de mercado y el deseo de los ciudadanos libres de elegir lo que consideran mejor para ellos?
Sostiene Mises, en el último párrafo del capítulo 4, que “La inflación es una política. Y una política puede ser cambiada” (p. 91) y ello ha sido argumentado desde el principio del capítulo, con ejemplos históricos y con razonamientos basados en la cantidad de dinero en circulación: al igual que antaño con la afluencia de oro y plata (siglo XVI), “También hoy, cuando un gobierno incrementa la cantidad de papel moneda, el resultado es que el poder de compra de la unidad de moneda comienza a caer, mientras los precios empiezan a subir. Esto se llama inflación.” (p. 73) El ejemplo de la elección de Jacques Necker como ministro de finanzas de la realeza antes de la Revolución Francesa, además de ilustrarnos con la anécdota histórica, señala que la financiación pública (en este caso la ayuda a los colonos norteamericanos en su guerra de independencia de Inglaterra), se hizo sin aumentar los impuestos, y esto le permite subrayar que “no es la manera como el dinero es utilizado sino la forma como es obtenido, lo que provoca esas consecuencias que llamamos inflación.” (p. 75)
Critica el uso de la expresión metafórica «nivel de precios», por lo inapropiado de considerar que exista un nivel dado de precios, cuando se trata de un proceso que altera asimétricamente la estructura de precios, que no cambian todos ni en el mismo momento ni con igual amplitud (p. 76), y con consecuencias diferentes entre la población, pues la emisión de billetes no llega a todos por igual al mismo tiempo: a quienes les llega primero, pueden adquirir bienes a precios fijados en el período anterior (p. 78). En el largo plazo, hemos de esperar que la inflación acabe por destruir la moneda (p. 81), como sucedió a Alemania tras la I GM. Defiende el patrón oro, por su independencia de los políticos, criticando a J. M. Keynes (p. 83, 87 y 88) y a los sindicatos, señalando que el objetivo del «pleno empleo» debe lograrse en un mercado libre y sin trabas ni manipulaciones, ni de éstos ni de los gobiernos (p. 88).
Su quinta conferencia versaba sobre el papel de las inversiones extranjeras, los diferentes niveles de nivel de vida de los países, siendo más bajos en los llamados «países en desarrollo», “porque la utilidad promedio proveniente del mismo tipo de trabajo es más baja.” (p. 94) La clave explicativa está en el capital (es muy sugerente, en esta línea, la lectura del libro El misterio del capital: ¿Por qué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo?, del economista liberal Hernando de Soto). Para Mises, la diferencia no estriba en la inferioridad personal o la ignorancia, sino en la dotación de capital per cápita. El avance inicial de los británicos vendría dado por el ahorro precoz frente al de otras naciones, calificando de gran evento la inversión extranjera, que permite el desarrollo de unos países gracias al capital de otros, que se realiza con la expectativa de que no será expropiado de forma directa o indirecta, en este caso a través de los controles de cambio o de impuestos discriminatorios. En ausencia de libertad total para emigrar, la migración del capital puede hacer de sustitutivo (p. 107).
El capítulo 6 nos presenta la relación entre políticas e ideas, con una afirmación rotunda: “Los acontecimientos políticos son la consecuencia inevitable del cambio en las políticas económicas.” (p.112), que nos mueve a meditar si no será esta afirmación un reconocimiento de la tesis marxista de la explicación económica de la historia, de la dependencia de la superestructura política de la economía, por más que de esta visión marxista se discuta el alcance de la dependencia y su concreción. Ni que así fuera, Mises se sitúa en las antípodas de Marx.
Distingue entre partidos, en el sentido antiguo y clásico, y grupos de presión, que es en lo que se han convertido éstos, señalando que “Un grupo de presión es un grupo de gente que desea obtener un privilegio especial a expensas del resto de ciudadanos.” (p.114) La nación como un todo no cuenta y sus intereses colectivos se han desvanecido.
Su fe en las ideas cierra el capítulo: “Todo lo que ocurre en el mundo social de nuestros días es resultado de ideas […] Las ideas, y solamente las ideas, pueden llevar la luz a la oscuridad.” No abandonamos el capítulo sin destacar la mención que hace del libro La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, “Un famoso autor español”.
[1] Véase mi reseña, en SYN@PSIS N. º 29, del libro de Robert Rochefort, Le bon consommateur et le mauvais citoyen (Odile Jacob. París, marzo de 2007).
Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz (extra 2022) – Índice
25 de mayo de 2022Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz (extra 2022) – 1
25 de mayo de 2022Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz, Maestro y Amigo
(por José Alberto Parejo Gámir y Antonio Calvo Bernardino, Catedráticos de Política Económica)
Parece que fue ayer cuando el 4 de diciembre de 2012, con la presencia de una gran cantidad de amigos y compañeros, tanto de la Guardia Civil como de la Universidad, rendíamos un merecido homenaje por su jubilación al Catedrático de Política Económica, Luis Rodríguez Sáiz. Ante el Aula Magna del Colegio Mayor de San Pablo repleta de público, vivimos todos la emoción del reconocimiento por sus muchos años de trabajo, de docencia y de investigación, así como por el apoyo otorgado a tantos que nos consideramos sus discípulos, directos o indirectos, y en cuyo Acto le hicimos entrega de un libro que, como él ya manifestó en muchas ocasiones posteriormente, constituía el mejor homenaje que hubiera soñado: más de un centenar de cartas de amigos y compañeros en las que cada uno manifestaba su cariño y su relación con Luis.
“Ayer” nos abandonaba Luis. Concretamente, tras una larga enfermedad, que se inició de forma repentina unos meses antes de declararse la pandemia del coronavirus, con intervalos de salud mejores y peores, se iba con el Padre, el sábado 26 de marzo de 2022. Una muestra más de ese cariño expresado anteriormente de tantos para con Luis lo pudimos comprobar los que asistimos a su funeral, el viernes 1 de abril, en la Capilla del Colegio Mayor San Pablo, la cual, como para su jubilación, se encontraba a rebosar, y en el que pudimos mostrar el cariño que se profesaba a este magnífico profesor y mejor persona.
Amigo de sus amigos, en su vida cuidó al máximo de sus tres grandes pasiones: su familia, con su esposa Marisol, sus cuatro hijos (tres de ellos brillantes economistas) y once nietos, y sus amigos; la Guardia Civil, a la que accedió tras su paso por la Academia General Militar de Zaragoza, y, en la que como no podía ser menos, trabajó como docente en su Academia de Oficiales; y la enseñanza universitaria, recorriendo las diferentes categorías de profesor, y demostrando su valía como “maestro”, como se pone de manifiesto en su docencia, por un lado, a través de las opiniones tan favorables de tantas generaciones de estudiantes, tanto verbales como a través de las encuestas que, desde hace ya muchos años, se les realizan periódicamente sobre sus profesores, y en su labor investigadora por otra parte, con publicaciones de gran impacto para las generaciones docentes siguientes y para el mundo profesional.
Esta sobresaliente trayectoria de Luis fue siempre acompañada por su humildad. Somos conscientes y testigos de su renuncia a determinados cargos universitarios y no universitarios en beneficio de sus amigos y compañeros, y nunca aceptó ninguno de ellos si eso pudiera suponer un perjuicio a los que éramos y somos sus amigos.
Su vocación universitaria tan arraigada le llevó a combinar adecuadamente sus tareas docentes e investigadoras, así como las de gestión en el seno de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, a la que estuvo vinculado prácticamente desde sus inicios académicos.
La magnífica entrevista realizada por el Coordinador de estas Noticias de Política Económica, Antonio Sánchez Andrés, publicada en el número 20 de junio de 2018, resume algunos aspectos fundamentales de su trayectoria docente e investigadora, y permitió sumar al grupo de personas que mantuvieron una gran relación con él al propio “Tono”, y a éste con Luis, como han manifestado ambos en distintas ocasiones. Valgan, en este sentido, las palabras que nos remite Tono cuando es informado de la muerte de Luis: “me ha sorprendido y me ha entristecido la noticia del fallecimiento de Luis. Sí, le tenía gran aprecio no sólo por la conversación [referida a la publicación anterior], sino por las conversaciones telefónicas que tuvimos y las cartas que intercambiamos”.
Luis Rodríguez Sáiz obtuvo el grado de licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona en febrero de 1969 (lugar donde estaba destinado en sus primeros años en la Guardia Civil); también alcanzó la diplomatura en Estadística Superior en su rama de Investigación Operativa.
Esta formación le permitió incorporarse a tareas docentes en 1968, como profesor de Prácticas de Teoría Económica en el antiguo Centro de Estudios Universitarios CEU, con el profesor Benito Martínez Echevarría y más tarde con el profesor Gonzalo Arnáiz, como docente de Estadística Económica, en la Escuela Oficial de Turismo y en el propio CEU, en 1970, accediendo en éste al puesto de Ayudante de Política Económica, e inmediatamente, en un puesto similar, en el Departamento de Política Económica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.
En su pertenencia, ya hasta su jubilación, a esta Facultad, Luis realizó su tesis doctoral dirigida por el profesor Emilio de Figueroa, como también estaba dirigiendo la de la profesora, Catedrática en la Universidad de Valladolid posteriormente, Josefa Eugenia Fernández Arufe, dedicada a la política de transportes en España, que defendió, con la máxima calificación, en el año 1973. Ya, desde estos primeros años setenta, Luis entró en contacto con Andrés Fernández Díaz que, como él mismo ha señalado en muchas ocasiones, se convirtió en su mentor y en su maestro a partir de entonces.
Desde esta perspectiva docente, además de sus clases en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en el Colegio Universitario San Pablo-CEU, desarrolló su actividad académica en el CUNEF, como también durante muchos años en el CUNEF, Centro Adscrito también a la Universidad Complutense de Madrid.
En el ámbito de la investigación, la trayectoria de Luis Rodríguez Sáiz se centró en varias líneas: en primer lugar, ligada a su tesis doctoral, la política de transportes, de la que escribió varios artículos y, sobre todo, colaboró en las diversas ediciones publicadas del libro coordinado por Luis Gámir, “Política Económica de España”. En el ámbito de la investigación, la trayectoria de Luis Rodríguez Sáiz se centró en varias líneas: en primer lugar, ligada a su tesis doctoral, a la política de transportes, de la que escribió varios artículos y, sobre todo, colaboró en las diversas ediciones publicadas del libro coordinado por Luis Gámir, “Política Económica de España”.
En segundo lugar, tras obtener su plaza de Profesor Adjunto en 1975, inició una nueva línea, que mantuvo durante el resto de su vida, sobre el sistema financiero español, en la que desarrolló varios trabajos de investigación, como “La distribución provincial del crédito en España”, realizado junto a los profesores Martín Pliego, Parejo Gámir y López Díaz; (Premio Rumasa de investigación) y, sobre todo, el “Manual del Sistema Financiero Español”, con 27 ediciones, que se convirtió desde un primer momento en una referencia para el mundo académico, para la preparación de oposiciones a diferentes cuerpos y para el mundo profesional.
Con la obtención de la plaza de Profesor Agregado en 1981, tras una brillante oposición, algunas de sus publicaciones se dirigieron al ámbito de la metodología de la Política Económica, cuyo estudio y conocimientos, le han llevado a criticar en múltiples ocasiones la integración de nuestra área en el ámbito de la economía aplicada y la injerencia por parte de otras en el terreno propio de la Política Económica. De esta línea de trabajo destaca, sin duda, la publicación de la segunda edición del libro “Introducción y Metodología de la Política Económica”, realizado junto con su maestro, el profesor Fernández Díaz, así como otros manuales en los que, junto con su maestro y algunos de sus discípulos, pone de manifiesto su defensa de la Política Económica como disciplina autónoma dentro de la ciencia económica. Entre esos trabajos destacan sin duda el Curso de Política Económica en 1989, o su versión más actualizada a través del Manual de “Política Económica”, publicado, en cuatro ediciones, la última de 2011, junto a los profesores Fernández Díaz y Parejo Gámir; también destaca el libro de “Teoría y Política Monetaria”, publicado en 1991, junto, además de aquellos, con los profesores Calvo y Galindo, y que fue ampliado, la última vez en 2011, con el título de “Política Monetaria. Su eficacia y enfoques alternativos”. Además de estos libros, en esta línea de trabajo, el profesor Rodríguez Sáiz, publicó varios artículos, entre los que destacaríamos: “Inflación, cuantitativismo y política monetaria (1983) y “Déficit público, crisis económica y política monetaria” (1984).
Finalmente, también dedicó una línea de investigación a la política regional, que se inició con la publicación ya reseñada sobre la distribución provincial del crédito en España, pero que tuvo como obra referencial, además de diversos artículos publicados junto al profesor Parejo, el libro “Política económica regional”.
Aunque sus libros y artículos publicados, a lo largo de su trayectoria académica, han sido muchos, al final de este trabajo recogemos unas pinceladas de los que pueden resultar más significativos, así como del conjunto de su currículo, en el que podremos observar de nuevo su brillante trayectoria como docente, como gestor universitario y como investigador.
Además, en los últimos años, previos a su jubilación, a través de diversas publicaciones dejó ver, con mayor énfasis si cabe que en los trabajos anteriores, su preocupación por los problemas éticos en la economía, con una defensa de una economía normativa, en la que se entronca la política económica, y resaltando el importante papel de los gobernantes en la toma de decisiones, que deben tener siempre en cuenta las cuestiones éticas.
Nada mejor para ello que recoger algunas citas de sus principales trabajos para enfatizar esta preocupación de Luis sobre los problemas éticos de la economía y el desafío que tienen los gobiernos para esa toma de decisiones.
“Desde una perspectiva macroeconómica las actuaciones de las autoridades para hacer frente a los problemas económicos (paro, inflación, recesión, etc.) pertenecen al campo de la política económica y en este terreno la dimensión ética debe manifestarse en el logro del bien común, esto es en la prioridad del interés colectivo frente a los intereses particulares”.
“…. el papel relevante que corresponde a las instituciones de enseñanza, que deben incorporar en sus programas la necesaria educación en valores, como complemento de las habilidades científicas, culturales y técnicas …”
(“Ética y economía: algunas reflexiones sobre la crisis financiera”, en XI Congreso Católicos y Vida Pública, noviembre de 2009, CEU Ediciones, Madrid, 2010).
“En definitiva, el sistema financiero debe estar pues al servicio de la actividad real y a favor del bienestar conjunto y no sólo del individual … En el primer caso, el sistema financiero debe contribuir a generar el suficiente volumen de ahorro para su destino a la inversión productiva…; en el segundo, el fin de sus operaciones debe ser el bienestar conjunto, y aunque provea el bienestar individual, no debe ser a costa de algunos o muchos perjudicados”.
(“Manual de sistema financiero español, con J.A. Parejo, A. Calvo, E. Alcalde y Á. Cuervo, ed. Ariel, Barcelona, 27 edición, 2019)
“… los gobiernos no deben intervenir directamente en la asignación de los recursos o en la producción y distribución de bienes que no tangan las características de servicios públicos. En su lugar, sus responsabilidades son de tres tipos fundamentales: el establecimiento de un entorno macroeconómico estable y la adopción oportuna de los esfuerzos de ajuste que sean necesarios; la existencia de un marco legal, social y fiscal apropiado, así como el mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras de la economía; y la creación de un ambiente adecuado para el funcionamiento de los mercados…”.
(“Política Económica”, con A. Fernández Díaz y J.A. Parejo, ed. Mc Graw Hill, 4ª edición actualizada y revisada, Madrid, 2011)
“Desgraciadamente fenómenos tales como el empleo de información privilegiada en las operaciones financieras, la especulación egoísta en los mercados financieros, el blanqueo de dinero procedente de operaciones ilegales, la financiación ilegal de los partidos políticos, cuando no la corrupción político-financiera, forman parte de nuestra realidad cotidiana y ponen de manifiesto la necesidad de contar en la actualidad con un conjunto de normas que regulen satisfactoriamente estas situaciones, que las prevengan y sancionen, recogiendo las grandes líneas de la ética en materia económica o empresarial, y financiera en particular”.
(“Política monetaria. Fundamentos y estrategias”, con A. Fernández Díaz, J.A. Parejo, A. Calvo y M.A. Galindo, ed. Paraninfo, Madrid, 2011).
En definitiva, pues, en lo profesional creemos que ha destacado en Luis Rodríguez Sáiz su gran labor académica (sin olvidar su muy brillante trayectoria militar), con varias décadas de profesor universitario brillante, volcado, claro y sistemático, muy buen pedagogo, al día en sus conocimientos, estudioso, con unas clases muy bien preparadas siempre, con dominio de las técnicas cuantitativas aplicadas a la Economía, volcado y ejemplar con sus alumnos, muy querido y admirado por ellos; ser investigador ilusionado; coautor de varios libros de texto muy relevantes en diversos ámbitos de la política económica; miembro de una importante escuela universitaria, en la que siempre defendió el trabajo en equipo, el afán investigador, la importancia de la tarea docente bien hecha y el cariño a los maestros y el apoyo a los discípulos; y sus muchos años de gestor eficaz de centros de enseñanza superior, en diversos cometidos …
En lo personal, sin duda lo más destacable de Luis, en nuestra opinión, ha sido su carácter entrañable, su bonhomía, su espíritu militar, su gran capacidad de hacer amigos, su atención prioritaria a la familia, …Era Luis pues un hombre íntegro, trabajador, honesto, competente, que no conocía la envidia, abierto a todos, que se alegraba con los éxitos ajenos…y una persona de Fe, un católico ejemplar, miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, con gran confianza en Dios, que le tendrá seguro ya con Él en el Paraíso. Para nosotros, un gran amigo, “un amigo del alma”.
Este extraordinario del Noticias de Política Económica pretende ser nada más que un mínimo reconocimiento a la persona y al universitario Luis Rodríguez Sáiz, con la contribución de algunos amigos, discípulos y colaboradores, próximos a él, y muy queridos, y con la mala sensación por parte de los coordinadores de que podían y querían haber sido más los que hubieran participado, pero la extensión del número no lo hubiera permitido. Por tanto, nuestras disculpas a todos ellos y nuestro agradecimiento a los que se han puesto delante del papel a trasladar el trabajo y su relación con nuestro querido amigo Luis.
Pinceladas del currículum vitae de Luis Rodríguez Sáiz
Formación académica:
- Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.
- Diplomado en Estadística Superior-Investigación Operativa.
- Catedrático de Política Económica por la Universidad Complutense de Madrid desde 1981.
Actividad docente y profesional:
- Profesor del Área de Política Económica del Colegio Universitario San Pablo-CEU (desde el curso académico 1980-81 hasta el 2011-12).
- Director del Colegio Universitario Luis Vives-CEU (1985-1988).
- Inspector General de Servicios Docentes de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
- Director del Instituto de Estudios Superiores de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
- Director Económico-Financiero de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
- Patrono de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU y de la Fundación Abat Oliba, así como de sus Universidades (2011-2019).
Publicaciones más relevantes:
Libros
- Manual del Sistema Financiero Español (2019), con los profesores A. Calvo, J. A. Parejo, E. Alcalde y Á. Cuervo (27 ediciones desde su aparición en enero de 1987). Ed. Ariel, Barcelona.
- Política Económica (2011), con los profesores A. Fernández Díaz y J.A. Parejo, 4 ediciones, Ed. Mac Graw Hill, Madrid.
- Política Monetaria. Fundamentos y estrategias (2011), con los profesores A. Fernández Díaz, J.A. Parejo, A. Calvo y M.A. Galindo. Ed. Paraninfo.
Artículos
- “Ética y economía: transparencia en los mercados financieros y política económica” (2009), en la obra colectiva Pensar como un economista: homenaje al profesor Fernández Díaz, Ed. Delta.
- “El papel de la política económica a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia” (2003), con el profesor J. Sotelo, Actas del IV Congreso Católicos y Vida Pública. Ed. CEU.
- “Explicaciones macroeconómica del desempleo” (1999), con el profesor J. Paúl. Revista del Instituto de Estudios Económicos, nº 1 y 2.
- “El sistema financiero español ante su futuro en el marco de la UEME” (1996), con el profesor J.A. Parejo (en la obra colectiva España frente a la Unión Económica y Monetaria), Ed. Civitas.
- “Inflación, cuantitativismo y política monetaria” (1983), Revista de Hacienda Pública Española, nº 81.
- “Un análisis formal de los problemas de aplicación de la política de estabilización” (1982). Revista de Economía Política, nº 92.
Proyectos de Investigación
- “Política regional, paro e inflación” (1988), junto con los profesores F.J. Martín Pliego y J.A. Parejo (financiado por el Instituto de Estudios Fiscales).
- “Técnicas de evaluación de los efectos de la política regional: una aplicación al caso de España” (1985), junto con los profesores J.A. Martín Pliego y J.A. Parejo (financiado por el Instituto de Estudios Fiscales).
- “Progreso tecnológico y agricultura” (1982), junto con los profesores A. Fernández Díaz y J.A. Parejo (financiado por el Banco de Crédito Agrícola).
- “Análisis económico del sector de la construcción” (1982), junto con los profesores A. Fernández Díaz y A. Alcalde.
Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz (extra 2022) – 2
25 de mayo de 2022Luis Rodríguez Sáiz: otra presencia
(por Andrés Fernández Díaz, Catedrático de Política Económica de la Universidad Complutense y Ancien Professeur de L´Université-Paris-Sorbonne)
Finalizaba la década de los sesenta, y tras haberme doctorado en la Universidad de Roma (1964) y en la Universidad Complutense (1967), de la que ya era Profesor Adjunto de Política Económica, me incorporé al Centro de Estudios Universitarios (CEU), entonces Colegio Universitario adscrito a la Complutense, y en el que se estudiaban los tres primeros cursos de la carrera de Ciencias Económicas. Había llegado en los mejores tiempos de la institución regida por la ACdP, con excelentes profesores, como Ricardo Calle Sáinz o Antonio Fernández Galiano, relevantes Catedráticos de la UCM, y con un alumnado ilusionado y estimulante de los que saldrían con el paso del tiempo brillantes y destacados profesionales, como los profesores José Alberto Parejo Gámir y Javier Martín Pliego, ambos prestigiosos y entrañables amigos. Y allí, en ese privilegiado escenario, me encontraría con nuestro querido Luis, que se estrenaba impartiendo clases prácticas de Economía y de Estadística. No tardé tiempo alguno en darme cuenta de la calidad humana y de los muchos valores que portaba el nuevo profesor, así como de la sólida formación que poseía debido, en gran parte, a su paso por la Academia General Militar de Zaragoza de la que saldría como Oficial con el número Uno de su promoción, algo excepcionalmente difícil de conseguir y digno de admiración. Ello suponía rigor en el trabajo, autodisciplina en el esfuerzo, disponibilidad sin discontinuidades y legítima satisfacción por la obra bien hecha.
A partir de ese afortunado encuentro en el CEU iniciamos una andadura en común, tanto en el plano profesional como en el personal, que no se interrumpiría a lo largo de los años y que daría lugar a frutos y resultados verdaderamente satisfactorios. En el año 1986, aparecía la 4ª edición del libro Introducción y Metodología de la Política Económica que venía publicando desde 1976, y que constituía el manual utilizado de forma generalizada. En ella, con prólogo de Carlo Pace, reconocido Catedrático de La Sapienza, se incorporaba como coautor al profesor Luis Rodríguez Sáiz, iniciándose así una permanente colaboración entre ambos en libros y artículos sobre la materia y otras áreas con ella relacionadas. Su buena preparación matemática sintonizaba muy bien con el enfoque que yo le daba a la asignatura y a los textos que se adecuaban a la misma. En el camino que íbamos recorriendo dábamos conferencias o presentábamos los trabajos realizados conjuntamente en conocidas universidades de Canadá, Estados Unidos, Francia e Italia, por citar los más importantes.
Podría continuar considerando otras muchas actividades y vías de fructífera colaboración, pero, cambiando de rumbo y desde otras dimensiones debo y deseo hablar de Luis incluso dirigiéndome directamente a él de forma más íntima y profunda porque, siguiendo a Heidegger, se “es” aunque se deje de “estar en”, pensamiento que nos remite al siempre genial Pessoa cuando afirma en uno de sus poemas que “morir es doblar la curva del camino y no ser visto”. No se está o se está de otra forma, pero se “sigue siendo”.
Parafraseando a San Agustín, en mi confesión calla la palabra y clama el afecto, y podríamos decir con él que tus años son un día, y tu día no es cada día, sino un hoy, porque tu hoy no cede el paso al mañana, ni sucede al día de ayer. Tu hoy es la eternidad. Sí, querido Luis, es el momento de hablar de ti, y ello requiere hablar del tiempo, del tiempo como instante instantáneo, como átomo de silencio, como instante fecundo, del tiempo de Proust, incorporado y reencontrado en la sensación, un tiempo que se toca, casi sensual. Y hablar del tiempo nos lleva a considerar la dualidad cuerpo y alma, lo cual, a su turno, me permite el atrevimiento de definirte partiendo de una sorprendente afirmación que hiciera en 1473 Marsilio Ficino, fundador de la famosa Academia platónica florentina y maestro de los filósofos renacentistas italianos: “Ciertamente el alma es el hombre mismo y el cuerpo no es sino su sombra”. No encuentro una frase más adecuada, por polémica y desafiante que pueda resultar, para hacer un boceto de cuanto eres y significas para mí: un hombre íntegro, un hombre de honor, inteligente, estudioso y trabajador infatigable, amigo leal e incondicional, verdadero “compagnon”, con todo lo que guarda y quiere decir este apelativo en la lengua de Molière, un hombre que hace buenas las palabras de Ficino, pues en todo momento de este deambular compartido el alma y el hombre eran la misma cosa. Tu sonrisa permanente, tu entrega continua, tu gesto siempre amable, tu palabra acertada y oportuna en cualquier circunstancia que estuviésemos viviendo, no eran sino el fluir y la expresión de tu espíritu, de la palpabilidad de tu alma. Gracias, querido Luis, por la lección magistral que con tu vida nos has dado.
Madrid, domingo de Ramos del 2022
Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz (extra 2022) – 3
25 de mayo de 2022Luis Rodríguez Sáiz y la docencia de Política Económica
(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia)
Este trabajo pretende ser un homenaje a Luis Rodríguez Sáiz en el que se abordará un ámbito al que se le suele dirigir poco la atención: la docencia. Este tipo de aspectos a menudo se olvidan o quedan relegados a un segundo término, pero constituyen una dimensión esencial de un profesor universitario. A veces, esta actividad queda plasmada en las explicaciones ofrecidas, pero otras, menos frecuentes, se reflejan en la edición de manuales. Este último tipo de trabajo no se encuentra bien valorada porque suele alejarse de significar aportaciones que pretenden colocarse en los alrededores de las fronteras del conocimiento de una disciplina, aunque resulta esencial por el esfuerzo de sistematización de contenidos existentes y su organización para la transmisión a los estudiantes. En este sentido, constituyen unas herramientas muy importantes en la formación de los estudiantes y en la transferencia del conocimiento a la sociedad.
En este trabajo se incidirá en la contribución de Luis Rodríguez a la aparición-desarrollo de manuales de Política Económica. Cabe señalar que un rasgo característico del profesor Rodríguez ha sido el de participar, integrar y promocionar grupos de trabajo en términos docente. Prueba de este hecho es que todos los manuales en los que participó fueron, finalmente, el trabajo de un grupo profesores.
Una de las primeras iniciativas de participar en un manual fue en colaboración con el profesor Andrés Fernández Díaz. Este último había mostrado tradicionalmente una sensibilidad especial en cuanto a las reflexiones metodológicas sobre Política Económica y, también, sobre intervenciones estatales agregadas (políticas coyunturales) y sobre áreas de actuación económicas específicas (planificación indicativa). Respecto al ámbito que nos atañe, cabe señalar que el profesor Andrés Fernández Díaz escribió el libro Introducción y metodología de la Política Económica, con una primera edición de 1976 y una segunda de 1979. A partir de la tercera edición (1982) este manual disfrutó de la coautoría de Andrés Fernández Díaz y de Luis Rodríguez Sáiz, colaboración que se extendió en una ulterior edición de ese libro con el mismo título en 1986. Esta colaboración inauguró un trabajo conjunto muy fructífero que se extendería hasta la segunda década del siglo XXI.
La edición conjunta, además de sistematizar más cuidadosamente los contenidos sobre metodología de la Política Económica, extendió las explicaciones sobre las aportaciones del pensamiento económico a la teoría de la Política Económica y, en particular, se prestó una atención especial a las tendencias más recientes, en particular las corrientes estructuralistas. También se apuntaron, de manera más detenida, aspectos relacionados con la economía del bienestar, al tiempo que se subrayaron reflexiones más extensas sobre la cuantificación en economía y su utilidad para la Política Económica en términos de planificación y teoría del control. Cabe señalar que parte de estos últimos aspectos provenían originariamente de reflexiones realizadas por Andrés Fernández Díaz en unos libros de texto anteriores que versaban sobre planificación económica, pero que con la relación y discusión con el profesor Rodríguez Sáiz, adquirieron una nueva dimensión analítica.
Por otra parte, debe apuntarse que el profesor Fernández Díaz tuvo un especial interés en las políticas de gestión del ciclo económico y, en este sentido, editó el libro Política económica coyuntural, cuya primera edición vio la luz en 1979 y la tercera y última en 1987. Como una especie de síntesis de este libro y del anterior manual comentado más arriba, surgió en 1989 el manual Curso de Política Económica escrito colegiadamente por los profesores Luis Rodríguez Sáiz, Andrés Fernández Díaz y José Alberto Parejo Gámir. A partir de ese momento, este manual ha sido una obra de referencia obligatoria en la formación de los economistas españoles. Cabe señalar que de este manual apareció una nueva edición en 1993 en la misma editorial, AC, pero, a partir de 1995, se volvió a publicar en forma de una nueva versión más abreviada, más estandarizada en términos docentes y en la editorial McGraw Hill. Esta nueva versión se editó en total 5 veces, la última en 2011. En conclusión, la apuesta del profesor Rodríguez Sáiz por la sistematización de contenidos metodológicos de Política Económica con objetivos docentes ocupó un lugar de primer orden en su vida académica.
Otro gran trabajo que promocionó directamente el profesor Rodríguez Sáiz fue el Manual de sistema financiero español, que vio la luz por primera vez en 1987 y cuya relevancia queda patente en que ha ido apareciendo continuamente hasta 2018, año en que se registró su edición número 27 (amén de las continuas reediciones que fueron apareciendo en varios años). Así pues, durante 30 años han ido publicándose sucesivas ediciones renovadas y actualizadas, constituyendo un libro de referencia en la formación de toda una generación (sociológica) de estudiantes de economía.
Formalmente, este manual se tituló en sus dos primeras ediciones Manual de sistema financiero, pero ya en la tercera se le añadió el calificativo español. El cambio en el título significó prestar una atención especial al caso español para acercar más el conocimiento de la realidad circundante a los estudiantes. Un segundo cambio relevante en el manual se refiere a la autoría. Las primeras ediciones fueron lideradas por el profesor Rodríguez Sáiz y apoyadas como coautores por otros dos conocidos profesores, a saber, José Alberto Parejo Gámir y Álvaro Cuervo García. El equipo de autores se completó en la sexta edición (1993), cuando se incorporó al grupo el profesor Antonio Calvo Bernardino. Debe señalarse que más posteriormente, en la edición 26 (2016), se añadió al grupo de autores Eduardo Alcalde.
Dada la longevidad del manual y el esfuerzo de actualización del grupo de profesores que lo escribieron, sus contenidos han ido cambiando y adaptándose. Así pues, acontecimientos como la integración en la Unión Europea o el impacto de la crisis de 2008 han supuesto un cambio en la fisionomía y gestión del sistema financiero, todos ellos recogidos en el manual. En este sentido, mientras que, en los primeros manuales, se abundaba con detalle en ciertas funciones del banco central, progresivamente los contenidos de este capítulo han ido cambiando, adaptándose al nuevo contexto de su independencia respecto al gobierno. Del mismo modo, explicaciones detallistas aparecían respecto al papel de la banca pública, que se han ido extinguiendo conforme se pasaba a ediciones ulteriores. En la misma situación se encuentran los aspectos referentes a las cajas de ahorro.
En estrecha relación con este último manual acabado de comentar se encuentra el de Teoría y política monetaria. En este caso, también la autoría supuso la coordinación de varios profesores, en concreto, de cinco: Luis Rodríguez Sáiz, Andrés Fernández Díaz, José Alberto Parejo Gámir, Antonio Calvo Bernardino y Miguel Ángel Galindo Martín. Este manual tuvo también gran impacto docente tal como queda probado en las múltiples ediciones de que fue objeto. La primera edición data de 1991 y se publicó una tercera en 1996. Cabe señalar que, a partir de ese último año se introdujo una reconsideración en la estructura del libro y salió editado en dos volúmenes en 1999, llegando también a tres ediciones esta versión, datando la última de 2011. Así pues, vuelve a quedar patente el impacto docente de este manual, publicado regularmente durante veinte años, que constituye una prueba irrefutable del interés del profesor Rodríguez Sáiz por la docencia de la Política Económica y por apoyar grupos interesados en desarrollar este tipo de actividades académicas.
Finalmente, vale la pena poner de relieve otra iniciativa docente del profesor Rodríguez Sáiz que, con frecuencia, queda eclipsada por la aparición de los anteriores manuales. Se trata de la edición del manual Política económica regional. Este manual apareció en 1986 y, aunque tuvo una trayectoria relativamente corta pues sólo tuvo una edición, gozó de una cierta trascendencia por la sistematización de contenidos que ofrecía. Del mismo modo que en los otros manuales, en torno al profesor Rodríguez Sáiz se vertebró un grupo de colaboradores, como fueron en este caso Javier Martín Pliego, José Alberto Parejo Gámir y Ángel Almoguera Gómez. En este libro se ofrecía una visión de la política económica desde el punto de vista regional, desde el diseño a su evaluación, pero también incidiendo en su ejecución prestando una gran atención al caso español.
En definitiva, en este trabajo se ha subrayado la aportación de Luis Rodríguez Sáiz a la didáctica de la Política Económica, concentrando la atención en la publicación de manuales. En particular, se han destacado sus esfuerzos relacionados con la metodología de esta disciplina, al tiempo que con ofrecer una visión global de ella. No obstante, debe destacarse también su trabajo académico en los ámbitos específicos de la política monetaria y el sistema financiero, no debiéndose olvidar su contribución a la política regional. Adicionalmente, hay que resaltar su espíritu de trabajo en grupo, tratando de estimular la formación de equipos que abordasen las distintas facetas de la Política Económica.
Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz (extra 2022) – 4
25 de mayo de 2022Luis Rodríguez Sáiz: maestro referente impulsor de carreras docentes
(por José Andrés Fernández Cornejo y Lorenzo Escot, Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política, Universidad Complutense de Madrid)
Hasta donde sabemos, el ser humano es el único ser que tiene consciencia y autoconsciencia. La persona es consciente de la existencia de los otros, de sí misma y de todo lo que está fuera de ella. Es consciente de que es consciente, habita el pasado y el futuro, es probablemente la única abertura por la que la naturaleza se ve así misma… Este despertar de la subjetividad produce vértigo, que hay quienes intentan tranquilizar con la magia o la religión, con el consumismo, con la amistad, con el arte, o de tantas otras maneras. La experiencia de “ser” se puede transitar de una manera más auténtica o de una forma más impropia. Depende, entre otras cosas, de con quién te ha tocado interactuar, de quiénes habitaban el mundo en el que fuiste arrojado…
Tenemos la impresión de que Luis Rodríguez Sáiz es una de esas personas que ha generado luz en el recorrido de muchas otras. En términos de la red de relaciones que habitó, fue un nodo de comunicaciones que emitía limpieza, nobleza y autenticidad. Nosotros dos también, durante algunos tramos de nuestro camino, recibimos su influencia, como maestro, padrino y compañero. En nuestros ajetreados primeros pasos docentes e investigadores en el antiguo Departamento de Economía Aplicada III (Política Económica) de la Universidad Complutense de Madrid, en el antiguo Centro de Estudios Universitarios (CEU) de la ACdP, en la Universidad San Pablo CEU, en el Instituto CEU Luis Vives y en el CUNEF, siempre teníamos la sensación de que, por ahí arriba, contábamos con el apoyo y con la protección de Luis.
El profesor Luis Rodríguez Sáiz fue responsable directo de que muchos nos dediquemos hoy a la docencia universitaria y la investigación. Tuvimos la suerte de conocer al profesor como estudiantes en sus clases del doctorado de Política Económica de la Complutense. En nuestro caso, aquellos primeros contactos coincidían con los momentos de la recuperación económica de la crisis del 92 (¡¡cuánto tiempo ya, qué vértigo!!). Todavía recordamos aquellas clases de doctorado en el seminario 203 del Pabellón de Quinto Curso de la Facultad de Económicas (seminario que a la postre se reconvertiría en su despacho ya en los finales de su carrera en la Complutense). En ellas, los doctorandos nos sentábamos alrededor de una gran mesa de reuniones a escuchar atentamente las lecciones del profesor Rodríguez Sáiz.
Recordamos, por ejemplo, su visión crítica respecto a las peculiaridades de la economía española que, ante una crisis como aquella de ámbito mundial, y que en aquel entonces para nosotros constituía la “gran crisis”, hacían que nuestra economía retrocediese más que las economías del resto de los países de nuestro entorno (y que también en situaciones de recuperación creciésemos más que el resto de nuestros socios europeos). Y concluía el profesor que era una cuestión estructural de nuestra economía, y que para evitar esa mayor intensidad de nuestro ciclo económico debían implementarse políticas de reforma de nuestro sistema productivo.
Más de treinta años han pasado ya y tres grandes crisis (la financiera del 2008, la originada por la pandemia del Covid-19, y la reciente estanflación originada por los efectos de la guerra de Ucrania del 2022). Aquellas enseñanzas, que todavía hoy mantenemos en nuestro recuerdo como parte de nuestro acervo de conocimientos económicos, siguen siendo plenamente actuales. Y nos atrevemos a asegurar que aquellas clases de doctorado perduran en nuestra memoria porque el profesor conseguía generar en ellas una especie de magia generadora de vocaciones docentes.
Para los, por aquel entonces recién licenciados, doctorandos muy nóveles que estábamos acostumbrados a la clase de pupitre y tarima, aquel cambio de formato, en el que maestro y discípulos (entre unos 15 o 20) nos sentábamos alrededor de una misma mesa, nos hacía sentir que, efectivamente, aquello del doctorado era algo diferente y que estábamos inmersos en algo importante, mucho más trascendente para nosotros que una simple nueva asignatura de la carrera.
El profesor Luis Rodríguez Sáiz presidía y orquestaba aquellas clases, pero mostrando siempre cercanía con sus doctorandos. Se mostraba interesado en conocer nuestra opinión con esa generosidad, bondad y nobleza que le impedía ridiculizarnos. Éramos atrevidos, pero también ingenuos, inexpertos y con escaso conocimiento de la materia, y ciertamente nuestras intervenciones hubiesen sido merecedoras de algún que otro reproche. Lejos de ello, el profesor Rodríguez Sáiz conseguía crear un ambiente en sus clases que nos despertaba a todos el interés no sólo por la política económica sino por propia vida académica. El profesor convertía sus clases de doctorado en una auténtica academia hacedora de profesores universitarios. Y algunos de nosotros, como ya hemos comentado, comenzamos a impartir nuestras primeras clases de política económica gracias a la intervención directa del profesor, siguiendo sus recomendaciones y aferrándonos al apoyo y el ánimo que nos inculcaba a todos los que emprendíamos la carrera docente.
Años más tarde, ya como miembros del Departamento de Política Económica, continuamos recibiendo su influencia, amparo y apoyo. Luis Rodríguez Sáiz estuvo al frente, junto al profesor Andrés Fernández Díaz, de una de las escuelas referentes de política económica de Madrid, escuela que nos dio acogida y en la que hemos tenido el privilegio y la fortuna de poder ir creciendo en nuestra carrera académica.
La génesis de esta escuela se encuentra en aquel primer manual de “Introducción y Metodología de Política Económica” de 1976 (Ediciones ICE) al que el profesor Rodríguez Sáiz se incorporó como coautor a partir de su tercera edición de 1982. Ya en el título del manual se recogía la seña identitaria y distintiva de este enfoque, a saber, el compromiso con el estudio de la metodología de la formación de la política económica. Este manual fue desarrollándose, ampliándose y completándose con otros temas hasta convertirse en el “Curso de Política Económica” de la editorial AC, al que ya se había incorporado como tercer coautor el profesor José Alberto Parejo Gámir, y que contó con dos ediciones (1989 y 1993). La última evolución del manual tomó el nombre de “Política Económica”, editado por McGraw-Hill en 1995 en su primera edición, y con hasta cuatro ediciones (la última revisión es de 2011).
Este manual de política económica mantenía un primer bloque dedicado a la metodología de la política económica, en donde se profundizaba en la propia formación y formulación de la política económica y donde se insistía en la importancia del uso de modelos para fundamentar cualquier diseño y propuesta de política económica. Después de este bloque metodológico, continuaban otros dos bloques dedicados al análisis de los objetivos e instrumentos de la Política Económica. Este manual conserva lo que podríamos considerar su segunda señal de identidad, que no es más que su continua actualización, evolución y adaptación a los últimos avances en cuanto a objetivos e instrumentos de la política económica, incluyendo los nuevos aspectos de la política económica nacional e internacional que iban surgiendo con el transcurso del tiempo. Como consecuencia de este afán de actualización, los que suscriben tuvimos el gran honor y privilegio de participar en el manual a partir de su tercera edición con sendos capítulos dedicados a la política distributiva y a la política del crecimiento económico.
Este manual de Política Económica ha constituido el nodo en torno al que nos aglutinábamos buena parte de los profesores de Política Económica tanto del departamento de la Complutense, como de otros centros hermanos como el CUNEF, el CES Cardenal Cisneros, el CES Luis Vives, el Real CU Escorial María Cristina o la propia Universidad San Pablo CEU, entre otros muchos, en los que el profesor Luis Rodríguez Sáiz tenía una clara influencia y liderazgo. Para muchos, este manual fue nuestra referencia básica tanto como estudiantes de licenciatura (y grado) primero, como posteriormente como docentes de la materia, y estamos convencidos de que se ha convertido en un clásico imprescindible de la biblioteca de cualquier interesado en el ámbito de la política económica.
Luis Rodríguez Sáiz participó también en la elaboración de otros manuales vinculados a diferentes asignaturas del departamento en la Complutense. Así además de otros manuales como el de “Política Económica Regional” (Alianza Universidad Textos, 1986), o el manual de “Teoría y Política Monetaria” (Editorial AC, 1996, que posteriormente, a partir de 2003 pasó editarse en forma de dos tomos por la editorial Thomson, y finalmente en 2011 por la editorial Paraninfo bajo el título de “Política Monetaria”), podemos destacar su participación en el “Manual de Sistema Financiero Español” (Editorial Arial, primera edición de 1987). Este manual va ya por la 27ª edición (actualizada en 2018), y ha servido para preparar la asignatura con el mismo nombre a más de 40 promociones de estudiantes de ADE y Economía de la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Luis Rodríguez Sáiz era el coordinador responsable de la docencia en la Complutense de esta asignatura, que llegó a contar con más de 8 grupos entre las diferentes titulaciones de ADE y Economía. Coordinación que se mantenía con disciplina férrea, con un programa y contenido únicos para todos los profesores que impartíamos la asignatura y que giraba en torno al manual, y con unos exámenes de cátedra que recuerdo multitudinarios, y que requerían ocupar la práctica totalidad de aulas de la facultad y del apoyo de todos los profesores del departamento (y de otros colaboradores externos que tenían a bien venir a echar una mano) en la organización y vigilancia del aluvión de alumnos que tenían que examinarse de esta asignatura, al menos durante todos los años en los que permaneció como asignatura obligatoria en los programas de ADE. El buen hacer del profesor Rodríguez Sáiz al frente de esta asignatura quedó reflejada en el hecho de que año tras año, era valorada como la “mejor asignatura de la carrera” por los estudiantes de ADE.
En fin, querido y respetado Luis, los que tuvimos la oportunidad de conocerte e interactuar contigo nos sentimos privilegiados. Es mucho lo que nos enseñaste, en lo académico y en lo personal. Algo de lo que somos tiene que ver contigo. Esa huella y esa luz tuyas permanecerán siempre en nosotros.
Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz (extra 2022) – 5
25 de mayo de 2022Luis Rodríguez Sáiz. Con mi cariño y sincero agradecimiento
(por José-María Montero Lorenzo, Catedrático de Economía Aplicada, Universidad de Castilla-La Mancha)
Mi homenaje, o mejor, estas líneas de despedida y agradecimiento, a mi querido y admirado maestro, el profesor D. Luis Rodriguez Sáiz, debería empezar por el principio, relatando la suerte que tuve de conocer a tan ilustre profesor y mejor persona. Sin embargo, empezaré por el final. Luis, con esto de la pandemia, hace ya tanto tiempo que no nos veíamos, que probablemente no supieses que en la actualidad soy el presidente de la Asociación Internacional de Economía Aplicada-ASEPELT y que llevaba ya un par de años pensando en la idea de que la asociación rindiese un homenaje a nuestros referentes, los profesores de economía españoles que ya tienen cierta edad. Bien, pues este año, junto con mi amigo y colega, el profesor Lorenzo Escot, decidí iniciar tales homenajes aprovechando la celebración del XXXV Congreso Anual de la asociación en la Península Ibérica, que tendrá lugar entre el 29 de junio y 2 de julio del presente, precisamente en la Universidad Complutense de Madrid, y en un lugar que te hubiera encantado: la antigua Universidad Central o Universidad de Madrid, la Docta. No te extrañará lo más mínimo lo que te voy a decir: entre los profesores que iban a ser homenajeados este año estabas tú. Recibí la desdichada noticia de tu fallecimiento precisamente mientras organizábamos tal homenaje. Te echaremos mucho de menos ese día, pero seguro, segurísimo, que estarás presente.
Dicho lo anterior, empecemos por el principio. Como me imagino que serán innumerables los testimonios sobre tu impresionante carrera como docente e investigador universitario, me voy a centrar en un aspecto que para mí es muy importante: tu ayuda sin límite a los jóvenes, jovencísimos diría yo, estudiantes que hemos tenido la suerte de tenerte como maestro de una u otra manera. Y no me refiero únicamente a tu ayuda como meros estudiantes, sino a tu preocupación por su futuro y a las múltiples oportunidades que ofreciste a muchísimos de ellos. Si algunos estamos en el mundo universitario hoy en día, en parte es gracias a ti. Si algunos hemos conseguido algunos logros en nuestra carrera universitaria, sin duda estamos en permanente deuda contigo.
En mi caso particular, tuve la enorme fortuna de que tu inseparable amigo el profesor Parejo me involucrase, junto con mis compañeros Jesús Paúl y Antonio Calvo, en el Departamento de Política Económica cuando estábamos en quinto de carrera. Recuerdo perfectamente el día en que te conocí. Fue en el Camino de las Moreras, en el CEU Luis Vives. Estábamos en el despacho del profesor Parejo y apareciste tú: sonriente, bonachón, cercano… pero a mí me imponías un montón. La seguridad que desprendía tu presencia me tranquilizaba y me atenazaba a la vez. ¡Vaya pareja! El profesor Parejo Gámir y el profesor Rodríguez Sáiz. Difícil de igualar. Nunca dos big names de la política económica pudieron complementarse tan bien. Desde luego, a mí me tocó el premio gordo pudiendo estar bajo vuestra tutela tantos años. Nunca podré agradecéroslo suficientemente.
Luis, gracias por darme la oportunidad de iniciarme en la docencia y la investigación y por enseñarme lo importante que es el rigor y la seriedad en ambas labores universitarias. Soy plenamente consciente de lo afortunado que fui al tener la oportunidad de participar en trabajos tan relevantes como los textos “Aspectos Económicos de la Meteorología”, “La Financiación del Turismo en España”, “Los Efectos de la Meteorología sobre la Economía Nacional”; o de colaborar en las primeras ediciones del “Manual del Sistema Financiero Español” ¡que va ya por la vigésimo séptima edición! Gracias, Luis, por confiar en chicos de apenas 22 años que no teníamos otro activo que las ganas de trabajar. ¡Qué nervios, Luis! ¡Qué responsabilidad! ¡Y qué ilusión! Recuerdo como si fuera ayer mismo el verano de 1985, en la aldea de mis padres, trabajado en los “Aspectos Económicos de la Meteorología”. No creo que yo pudiera aportar nada científicamente, y si algo bueno hubo en mi trabajo fue porque seguí estrictamente tus directrices; sin embargo, dos personas que yo tenía en un altar, tú y el profesor Parejo, habían confiado en mí y en mis compañeros para echar una mano en un texto que iba a tener, y tuvo, una importante relevancia social y que, hoy en día, más que nunca, deberían leer muchos agentes socio-económicos. Esa confianza sí que es importante, Luis. Como dicen los jóvenes ahora, es un chute de autoestima que a mí me dura todavía y me durará toda mi carrera académica. Y eso, Luis, es muy importante para un jovencito inexperto, y no hay dinero ni detalles suficientes con que pagarlo. Además, esas semillas que tú y el profesor Parejo plantaseis tanto en mí como en mis compañeros fueron esenciales para el desarrollo de nuestras carreras profesionales. ¡Qué suerte tener un modelo a seguir como vosotros!
Gracias también por las horas que seguro tuviste que dedicar, junto con mi admirado profesor Parejo, a señalarnos el camino, guiarnos durante el mismo y corregir los innumerables errores y faltas de precisión normales en esas edades. Eres un ejemplo que yo, en la medida de mis posibilidades, y sin tratar nunca de igualarte, porque eso es prácticamente imposible, he tratado de seguir.
Gracias por haber confiado en mí para impartir docencia en tantos y tan destacados lugares. Allí donde estabas tú estaba tu equipo. Tanta y tan variada experiencia docente, guiada por tan prestigiosos profesores, es una garantía de éxito, y creo que todos nosotros lo supimos aprovechar y que estas orgulloso de nosotros, que en definitiva es estar orgulloso del trabajo que hiciste con nosotros. Y gracias por permitirme estar en aquel equipazo investigador liderado por los profesores Andrés Fernández Díaz, Álvaro Cuervo, Luis Rodríguez Sáiz, José Alberto Parejo Gámir, Javier Martín Pliego y Luis Ruiz-Maya Pérez, que jugaba Champions League y la ganaba todos los años. Te voy a contar un secreto: cuando cuento esto en una comida, o en una clase, o simplemente, cuando aparecen vuestros nombres junto al mío en mi curriculum vitae, mis compañeros me dicen con envidia sana: “¡Qué suerte has tenido! ¡Así, cualquiera! Y yo contesto con un SÍ rotundo. La verdad es que presumo mucho de vosotros y seguiré presumiendo allá donde se me presente la oportunidad.
Podría extenderme, de forma ilimitada, en innumerables aspectos y ocasiones específicas que dan fe de las cualidades de tan excelso profesor y persona, pero el espacio que nos han concedido a cada uno de nosotros es limitado porque somos legión los discípulos tuyos que queremos agradecerte todo lo que has hecho por nosotros y mostrarte nuestro respeto y admiración. Lo dicho Luis, te echaremos de menos físicamente en la cena de gala del XXXV Congreso Anual de la Asociación Internacional de Economía Aplicada-ASEPELT. Pero no dudes de que estarás entre nosotros, de que te tendremos presente y de que recibirás tu merecido homenaje, aunque sea, desgraciadamente, a título póstumo. Querido maestro, querido padre académico: siento enormemente tu pérdida, aunque nos queda tu impresionante legado, que es un regalo impagable para esta y las futuras generaciones de economistas. La verdad es que me cuesta escribir la línea final. Nada de lo que escribo me parece suficientemente bueno para ti. Por eso simplemente te diré: gracias, gracias, muchas gracias. Toda la vida te estaré agradecido.
Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz (extra 2022) – 6
25 de mayo de 2022Luis Rodríguez Sáiz. Un referente científico en materia de Sistema Financiero
Catedrático de Política Económica. Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política, Universidad Complutense de Madrid
Siempre resulta difícil escribir de la obra científica de algún profesor cuando el componente necrológico prima sobre cualquier otra consideración. En cualquier caso, merece la pena el esfuerzo para resaltar la gran trayectoria docente e investigadora del profesor Rodriguez Sáiz.
El profesor Rodríguez tiene un amplio bagaje docente e investigador que desarrolla en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en el Centro de Estudios Universitarios (CEU) y en el CUNEF.
En su dilatada trayectoria se ha desenvuelto con holgura en las tareas de investigación, docencia y gestión en relación con el mundo universitario.
Especialmente relevante es su aportación al conocimiento del sistema financiero en España. El libro Manual del sistema financiero español constituye un indiscutible referente en la materia. Cerca de 30 ediciones del mismo certifican su indiscutible éxito entre los alumnos, profesores y profesionales interesados en el funcionamiento del mismo.
Escrito por los profesores Antonio Calvo, José Alberto Parejo, Luis Rodríguez y Álvaro Cuervo (con algunas colaboraciones e incorporaciones discontinuas) permite acceder al conocimiento de las grandes cuestiones financieras relevantes en nuestro país.
El libro señalado se centra en el análisis de los tres elementos nodales del funcionamiento de cualquier sistema financiero: sus intermediarios financieros, sus mercados, tanto monetarios como de capitales, y sus medios.
La continua actualización del material utilizado le ha permitido mantenerse en el mercado desde 1987 hasta los tiempos actuales. Son más de treinta años de vigencia de las teorías y postulados expuestos en el libro. También ha sido capaz de sobreponerse a la marea de nuevos soportes tecnológicos para la difusión de conocimientos que han cernido su negra sombra sobre los soportes en papel de los libros.
Lucas Mallada señalaba, mojando su pluma en ácido sulfúrico, que “desde que oyeron decir que un país gobernado por sabios sería una nación desdichada, los políticos españoles se decidieron a cerrar los libros”. Mutatis mutandis, la devastación actual del pensamiento ilustrado y de la educación puede vincularse, al menos parcialmente, con este cierre de los libros. En este contexto una obra como la señalada, epítome de los esfuerzos de un notable número de profesores españoles, merece ser reconocida.
En definitiva, en momentos tristes y dolorosos por la pérdida de un relevante profesor universitario parece conveniente resaltar las importantes semillas intelectuales que sembró en el ámbito de la política económica y el sistema financiero. DEP.
Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz (extra 2022) – 7
25 de mayo de 2022“La flecha del tiempo” (en homenaje a Luis Rodríguez Sáiz)
(por Justo Sotelo Navalpotro, Catedrático de Política Económica y escritor)
La política económica del último medio siglo ha estado y sigue estando sometida a un importante debate. Desde los albores de la crisis de los setenta del pasado siglo se han sucedido una serie de ataques, procedentes de diversos frentes, a la política económica activa que, derivando de presupuestos keynesianos, había centrado su objetivo fundamental en la consecución y mantenimiento del pleno empleo, por considerarla la causa principal de la inestabilidad generadora de la inflación desencadenada al final de los setenta.
Estas palabras resumen el inicio del prólogo que el catedrático de Política Económica de la Universidad Complutense Luis Rodríguez Sáiz escribió para el primer libro que publiqué de Economía, en 1995, editado por la Fundación Mapfre Estudios, con el título de “Economía Española. Los marcos sectorial y social”. Ya sabemos que en los años 80 y 90 triunfaron las tesis neoliberales en torno a la política económica, siguiendo la idea neoclásica de equilibrio continuo de los mercados, pleno empleo, ultrarracionalidad, etc., que dejaron casi fuera el pensamiento keynesiano a la hora de aplicar políticas económicas activas, lo que llevó a afirmar a algunos que “Keynes había muerto”. Ya no tenía sentido plantear un escenario económico con desempleo sin inflación y empezaron a triunfar ideas como la Curva de Laffer y las políticas de oferta o microeconómicas, y las llamadas “ciones”: desregulación, privatización, liberalización. Con la crisis de las hipotecas sub-prime del 2008 de nuevo volvieron a cobrar sentido ciertas ideas keynesianas, y “Keynes resucitó”, ya que volvía a darse un desempleo de demanda y una baja inflación (incluso deflación en algunas de las zonas más desarrolladas del planeta). En unos casos y otros se seguía poniendo en duda la subsistencia del llamado “Welfare State” con sus políticas sociales para paliar el desempleo y mantener una sanidad y una educación públicas necesarias y de calidad. Este era otro aspecto esencial que abordó Luis en su prólogo a mi libro. ¿Es la crisis económica la que origina la crisis del Estado de Bienestar o es a la inversa? Con respecto al origen del Estado de Bienestar al parecer se encuentra en la propuesta formulada por Lord Beveridge en 1942 en Gran Bretaña, con el fin de que el gobierno tomase la iniciativa en la provisión de muchos bienes y servicios que, hasta entonces, o eran ofrecidos por el sector privado con un coste para los usuarios, o bien los ofrecía el propio sector público, pero en una proporción menor. El soporte conceptual desde el punto de vista teórico de esta mayor presencia del sector público se encontraba a su vez, de una parte, en la Economía de Bienestar de Pigou, que con su obra “The Economics of Welfare” (1920) justificaba la acción del estado en la economía resumiendo los objetivos de la política económica en dos: el incremento de la renta nacional y la mejora en la distribución de la renta; y, de otra parte, en la obra de Keynes “The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), donde formulaba el principio que suponía la ruptura del dogma neoclásico del equilibrio presupuestario.
La entropía es la ley por la que se rigen procesos que consideramos irreversibles, pero no porque exista una fuerza física que obligue a las partículas a comportarse de esa manera; sino porque es lo más probable que suceda. A finales del mes de marzo de este año 2022 despedimos a mi maestro en el mundo de la Economía, Luis Rodríguez Sáiz. Tenía 79 años, aunque es verdad que en los últimos años no lo pasó bien. En esos tristes momentos estuve con su mujer, con sus hijos y nietos. Una de sus nietas, María, era alumna mía en esos momentos en la Facultad. Mientras me tomo el primer café del día y redacto estas líneas emocionadas pienso en esta forma curiosa que tiene la Naturaleza de comportarse, como si se tratara de un círculo que se realimentara siempre a sí mismo. Luis me dio clase en el CUNEF en 5º de Carrera, después me dirigió la tesis doctoral «El venture capital como instrumento de financiación en España», y escribimos muchos artículos juntos. En parte debo la Cátedra a sus enseñanzas, a la rigurosidad con la que lo trataba todo. También me enseñó a ser riguroso con mis libros de literatura. Siempre me decía que había que buscar la excelencia, tanto en lo intelectual como en el comportamiento con los demás. Luis me abrió muchas puertas, tanto afectivas como profesionales, y siempre se lo agradecí. Él sabía que podía contar conmigo en cualquier momento, con mi ayuda, con mi trabajo y sobre todo con mi amistad. Otra cosa que aprendí de Luis es que hay que ser agradecido y vestirse por los pies, algo que también aprendí de mis padres. Tanto Luis como yo nos hemos preocupado siempre por las cuestiones de índole social, que se encuentran íntimamente relacionadas con las cuestiones económicas. Ambos hemos entendido que el economista no debe saber solo de economía, sino de todo aquello que ayude a hacer la vida más llevadera, más justa con todos, como leímos en Keynes, un economista e intelectual referente de su época, tanto en el mundo de la economía como en el arte y la literatura.
La entropía permite establecer la «flecha del tiempo». El universo evoluciona siempre a ese estado de menor información o de destrucción de la información. De alguna manera es más sencillo destruir que construir, y separar el pasado del futuro. Seguiré enseñando mi particular forma de ver el mundo a María, la nieta de Luis, de construir el mundo. Lo aprendí de su abuelo, mi maestro.
Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz (extra 2022) – 8
25 de mayo de 2022Luis Rodríguez Sáiz: recuerdos de un maestro
(por Luis Santiago Moreno Gallego, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid)
Comenzaba mis primeros días de universitario en la famosa y acreditada Universidad CEU San Pablo de Madrid. Una nueva etapa en mi vida. Lleno de sueños y con pocas ganas de estudiar, que si de aprender.
De entre aquellos docentes que entonces tuve oportunidad de conocer enseguida, destacó un joven profesor, que con su materia de estadística nos hacía entender aquellos términos de “moda”, “mediana” “desviación típica” y alguno más, que me llenaban de curiosidad y despertaban preguntas sobre la utilidad de estos.
Pero aparte de esas anécdotas, me llamó la atención de este profesor de nombre Luis Rodríguez Sáiz. Su simpatía en la enseñanza de algo tan poco interesante, para mí por lo menos, como es la estadística. Su cercanía con los alumnos hacía que sus clases tuvieran incluso atractivo.
Después los comentarios de la calidad y la sabiduría del profesor Rodríguez. Que si pertenecía a la Benemérita, que si es el militar más brillante de su promoción, que si sería el general más joven de la Guardia Civil. Ya sabemos lo que se curiosea en estos primeros años entre los alumnos.
Tras los tres años del CEU, me traslado a la Universidad. Aquello cambio mi percepción de la enseñanza superior. Curiosamente elijo la especialidad de Política Económica. Cuyo Departamento universitarios era una referencia, en la Dirección y organización de la Facultad. Profesores como Fernández Diaz, Decano, y vuelvo a encontrarme con el Profesor Rodríguez Sáiz, esta vez como secretario de la Facultad y posteriormente de Vicedecano.
Nuestros destinos vuelven a encontrarse. El cómo Profesor de las asignaturas del Departamento y miembro del equipo Decanal de la Facultad. Mi amistad con otro profesor, el Profesor Bote, gran amigo y colaborador del profesor Rodríguez, me vuelve a comentar vivencias del citado Profesor.
Pasados unos diez años de aquella etapa de formación, vuelvo a la Facultad pues me gustaría acabar el doctorado, y en esos giros inesperados que da la vida, me convierto en algo absolutamente impensable para mí, era profesor de Política Económica, sustituyendo a una profesora del Departamento que estaría de baja maternal unos meses. Terminada la cual, me ofrecen la posibilidad de volver al CEU como profesor.
A mi nueva experiencia, de la que ni siquiera en ningún momento se me paso por la imaginación, se une el que soy colaborador del Profesor Rodríguez Sáiz, tanto en el CEU, como en la Facultad, en donde me nombran Profesor Ayudante del Departamento.
Durante varias décadas la colaboración entre el Profesor Rodríguez, y yo, fueron patentes, Y puedo decir sin equivocarme de las enormes experiencias que aprendí de él, tanto en los aspectos docentes como de responsabilidad institucional en los diferentes centros universitarios que he trabajado.
Yo destacaría una faceta que me encantaba, la seguridad con la que te ofrecía nuevos puestos de responsabilidad. Él tenía más confianza en mí, que yo mismo. Lo hacía en el convencimiento, y así lo entendí, que yo era un profesional, en el que se podía confiar.
A todo esto, mi recuerdo es que siempre al Profesor Rodríguez, nunca le vi de mal talante, ni mucho menos deprimido. Los asuntos relacionados con el trabajo eran siempre fáciles para él, además siempre estaba dispuesto a ayudarte en tus dudas.
Nunca le vi que alardease de su impresionante curriculum, sino que te escuchaba con dedicación y tenía el consejo siempre certero. Y lo que él te invitaba a tener ese ánimo, siempre positivo para afrontar situaciones cuales fueran.
Por todo ello, fuiste un maestro dentro de la enseñanza y fuera de ella, y sea esta una manera de testimoniar el recuerdo el afecto y el cariño y admiración, que te tuve y te sigo teniendo en el recuerdo de tu obra humana y profesional.
Muchas gracias por todo maestro y hasta siempre en el recuerdo.
Posted by icaso2




