newspoleco's blog

Versión pdf

Nuevo número de la International Review of Economic Policy-Revista Internacional de Política Económica (IREP)

Recientemente se ha publicado un nuevo número de la Revista Internacional de Politica Económica – International Review of Economic Policy (IREP) (Vol. 8 Núm. 1, 2026). Se trata de un número monográfico sobre instituciones y política económica. Los contenidos son los siguientes: el Vol. 8 Núm. 1 (2026) de la International Review of Economic Policy (IREP).

Como equipo gestor de esta publicación, codirigido desde principios de 2026 por el Prof. Dr. Antonio Sánchez Andrés (Universitat de València) y por la Profa. Dra. Olga González (Universidad de La Laguna), nuestro compromiso es consolidar un espacio de excelencia para el análisis de la realidad económica. Este nuevo volumen refleja el esfuerzo colectivo por impulsar la investigación de vanguardia y la transferencia de conocimiento a la sociedad.

Temas clave en este número:

• El Impacto Social de la Inteligencia Artificial para la Gobernanza Pública: Estudio Cuantitativo en Gipuzkoa (País Vasco) (por Igor Calzada, Itziar Eizaguirre)
• EcoTecnoPolítica: ¿Más Allá de las Transiciones Digitales-Verdes en la Era de la Inteligencia Artificial? (por Itziar Eizaguirre, Igor Calzada)
• Inteligencia Artificial y Empleo: Implicaciones críticas para las Políticas Públicas Regionales de Empleo (por Joseba Permach, Yoseba Peña)
• IA Rural: Mapa de Ruta de Política Económica Local mediante Investigación-Acción en Asturias (por Igor Calzada, Angel Fuentes)
• Movilidad Inteligente, Inteligencia Artificial, Cooperativas de Computación a través de la Política Económica (por Igor Calzada, Zuriñe Varela)

Consulta el número completo aquí: irep.uv.es

Creación en ANECA de la nueva Comisión para la Evaluación de la Transferencia

El Boletín Oficial del Estado del pasado viernes, 5 de junio de 2026, dio luz verde a la renovada configuración del Estatuto de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Entre las principales novedades destaca la constitución de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad de Transferencia (CNEAT), un órgano que pasará a ocuparse de examinar el impacto de la transferencia de conocimiento, tanto para la asignación de complementos salariales como para el reconocimiento de méritos en la trayectoria académica.


El texto normativo, aprobado por Real Decreto, delega en el reglamento interno de la CNEAT el diseño de su funcionamiento y estructura organizativa. Dicho reglamento deberá ser sancionado mediante orden ministerial del departamento competente en materia universitaria. Además, la comisión contará con la posibilidad de crear hasta quince comités consultivos para asistirle en sus tareas.


Esta medida responde a una demanda histórica del sector. Ya el pasado 9 de abril, tras un encuentro con la dirección de ANECA, se adelantó que la puesta en marcha del Sexenio de Transferencia requería una comisión evaluadora independiente de la ya existente CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora).

III Ciclo de Seminarios sobre Política Económica Curso 2025/2026 (resultados Tercer Seminario)

Organiza: Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

Colabora: IAES (Universidad de Alcalá)

Coordina: Salvador Pérez Moreno (Universidad de Málaga)

Tercer seminario: “España y las nuevas geografías de la energía” Gonzalo Escribano Francés (UNED)

El pasado miércoles 29 de abril de 2026 tuvo lugar el tercer seminario del III Ciclo de Seminarios sobre Política Económica organizado por REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, bajo el título «España y las nuevas geografías de la energía». Dicho seminario fue impartido por el profesor Gonzalo Escribano Francés (UNED) y moderado por la profesora Aurèlia Mañe Estrada (UB), contactado con la colaboración técnica del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá.

En su intervención, el profesor Gonzalo Escribano abordó la geopolítica de la transición energética y cómo esta transformación altera las geografías de la energía. Explicó que la descarbonización no solo impacta en los vectores tradicionales de energía, sino que redefine quiénes son los actores clave, generando ganadores y perdedores en un nuevo mapa energético. Destacó el papel estratégico de los flujos de electricidad, las tecnologías descarbonizadas y los minerales críticos, que están emergiendo como pilares de la nueva dinámica energética.

El profesor Escribano subrayó que la descarbonización constituye un factor clave para que la Unión Europea adquiera mayor autonomía estratégica, reduciendo su dependencia de las importaciones de combustibles fósiles, especialmente en un periodo de creciente inestabilidad geopolítica, como se observa en los recientes conflictos en Oriente Medio. Concluyó afirmando que la transformación energética no solo es un imperativo ambiental, sino también un reto para la soberanía y la seguridad de Europa.

Puede accederse a la grabación de este tercer seminario del III Ciclo en el siguiente enlace: España y las nuevas geografías de la energía

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

Desde la Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) se apuesta por la divulgación. Periódicamente, REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés tanto para la Política Económica como para su difusión a través de la Red. En esta ocasión, nos encontramos ante un momento crucial de redefinición de la política económica global. La transición del antiguo «Consenso de Washington» hacia un paradigma que prioriza la resiliencia y el bienestar humano queda plasmada en las siguientes agrupaciones temáticas que recogen las visiones de destacados expertos actuales.

En un primer bloque centrado en los nuevos paradigmas y principios económicos para el siglo XXI, Besley y Velasco proponen la transición hacia un «Consenso de Londres» basado en la cohesión social y la lógica de que el Estado debe actuar como asegurador y creador de mercados ante choques sistémicos. Sin embargo, advierten que no existen recetas universales y que la política debe ser sensible a las historias locales para no caer en la parálisis. Complementando esta visión, Mazzucato y Merling sostienen que instituciones como el Banco Mundial deben abandonar la simple corrección de «fallos de mercado» para pasar a «moldear mercados» mediante misiones estratégicas en salud y clima. No obstante, señalan como limitación que las arquitecturas institucionales actuales siguen siendo demasiado sectoriales para desafíos que son inherentemente sistémicos. Por su parte, Michael Spence subraya que, aunque las ideas de Adam Smith sobre la mano invisible siguen siendo útiles, el Consenso de Washington fracasó al ser un modelo demasiado orientado a la experiencia latinoamericana, ignorando las claves del éxito asiático. El artículo de Edmund Phelps refuerza la importancia del dinamismo y la innovación «desde abajo», proponiendo una defensa del capitalismo frente al corporativismo. Su principal advertencia es que el proteccionismo, bajo cualquier forma, termina por hundir la productividad nacional.

En lo que respecta al eje sobre estabilidad macroeconómica y riesgos financieros globales, Carstens et al. plantean la tesis de que se gesta una «tormenta financiera perfecta» debido al auge de la banca en la sombra y la deuda pública masiva. Proponen crear mecanismos de liquidez prediseñados para instituciones no bancarias, pero reconocen que la falta de voluntad política coordinada internacionalmente es la mayor barrera para su implementación. En una línea similar, Imam y Poghosyan explican que la divergencia inflacionaria post-COVID no es accidental, sino que responde a las historias inflacionarias previas de cada país. Sugieren que la política monetaria debe centrarse en el anclaje de expectativas, aunque admiten que el «aprendizaje vivido» por la población limita severamente la eficacia de los regímenes formales de objetivos de inflación. Dambisa Moyo añade a este debate la preocupación de que la democracia pueda estar fallando en generar crecimiento sostenible en un entorno de tensiones geopolíticas que presionan los precios al alza.

El tercer grupo aborda la innovación tecnológica, la inteligencia artificial (IA) y el futuro del crecimiento. Aghion y Van Reenen defienden que el crecimiento verde requiere procesos de «destrucción creativa» apoyados por el Estado para romper la dependencia de tecnologías fósiles. Su limitación principal reside en que las empresas dominantes pueden usar su poder político para bloquear la entrada de nuevos innovadores. Acemoglu et al. presentan una tesis disruptiva: el uso excesivo de IA generativa podría provocar un «colapso del conocimiento humano» al sustituir el esfuerzo de aprendizaje. Proponen regular la precisión de la IA mediante límites o «ruido» informativo para preservar el incentivo humano al descubrimiento, aunque notan que el sistema es frágil si el stock inicial de conocimiento general es bajo. Paralelamente, Barhoumi et al. (FMI) abogan por marcos de gobernanza que incluyan a la sociedad civil para gestionar la transición hacia la IA, advirtiendo que el reentrenamiento laboral puede no ser una solución fiable si las ocupaciones objetivo desaparecen rápidamente.

En un cuarto bloque sobre cohesión social, el Estado de bienestar y el trabajo, Francisco Ferreira sostiene que las desigualdades son multidimensionales y se refuerzan entre sí. Propone políticas de «pre-distribución», como la inversión en la infancia, aunque reconoce que todavía no sabemos cómo romper de forma duradera el ciclo de transmisión intergeneracional de la desventaja. Nicholas Barr redefine el Estado de bienestar como un sistema de eficiencia para cubrir riesgos que el mercado ignora, sugiriendo un modelo de «mosaico» en la intervención estatal. Su limitación es que la optimización de este sistema depende de una capacidad administrativa y actitudes sociales que no todos los países poseen. En el ámbito laboral, Christopher Pissarides enfatiza que la tecnología no elimina el trabajo pero exige transiciones asistidas. Señala como escollo que aún hay muy pocos datos reales sobre el uso de IA en la producción para diseñar políticas precisas. La Comisión Europea introduce aquí el concepto del «derecho a quedarse», proponiendo inversiones en servicios básicos rurales para combatir la despoblación. Su mayor obstáculo es que la inercia demográfica y las disparidades económicas regionales suelen persistir incluso con migración neta cero.

Finalmente, el eje sobre comercio internacional y autonomía estratégica se abre con el texto de Dave Donaldson, quien reafirma las ganancias de eficiencia del comercio libre pero advierte sobre sus «dolores concentrados» en comunidades locales. Propone compensaciones basadas en el lugar, aunque admite la dificultad de cuantificar los efectos agregados debido a la volatilidad de los choques.  Ricardo Hausmann argumenta que los países deben buscar el crecimiento a través de productos de alta complejidad tecnológica. Propone un proceso de «autodescubrimiento» apoyado por el Estado, advirtiendo que las políticas horizontales agnósticas a la industria suelen ser inadecuadas frente a fallos de mercado específicos. Como ejemplo aplicado, el informe de BBVA Research destaca el Acuerdo UE-Mercosur como una pieza clave para la autonomía estratégica de España, asegurando el suministro de materias primas críticas. No obstante, señalan que sectores agrícolas europeos sensibles podrían enfrentar una competencia que el propio tratado intenta mitigar mediante salvaguardias limitadas.

Un último texto, que merece una consideración a parte, es el que, con motivo de su fallecimiento el pasado 15 de abril, resalta la figura del profesor Robert Skidelsky, considerado como el principal biógrafo y conocedor de J.M. Keynes. En concreto, Robert Skidelsky sostenía que el futuro es esencialmente incognoscible y el dinero un refugio psicológico ante la incertidumbre. En este sentido, proponía recuperar la inversión pública y crear una moneda de reserva internacional («bancor») para equilibrar el comercio, aunque reconoció que la fragilidad de las convenciones sociales y la resistencia política de las grandes potencias limitaban estas reformas globales.

Debate sobre contenido de las asignaturas troncales de Política Económica

En el número 51 del Noticias de Política Económica, se abrió una sección con el objetivo de poner en común, debatir y, en su caso, ayudar a homogeneizar los contenidos de la troncalidad de Política Económica en España. Se prevé la edición de una serie de, al menos, cuatro artículos planteando los contenidos temáticos que deberían incluirse en la troncalidad de la Política Económica. En concreto, formación de la política económica (incluyendo, definición y estructuración), políticas económicas coyunturales, políticas económicas estructurales y políticas económicas estructurales de corte social. En su caso, esta sección podría llegar a incluir algún artículo más, relacionado con los contenidos de política económica internacional y política económica comparada. Esta sección no pretende consistir simplemente en la exposición de la visión de un autor, en este caso de Antonio Sánchez Andrés, director Noticias de Política Económica y profesor de Política Económica en la Universidad de Valencia, sino que aspira a que se generen respuestas por parte del profesorado afectado manifestando matizaciones, consideraciones o perspectivas alternativas, que serían publicadas. Así pues, se invita al profesorado de Política Económica a participar activamente en esta sección.

Políticas Económicas Estructurales

(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada, -Política Económica- Universitat de València)

En las políticas coyunturales sí ha existido un cierto consenso acerca de los contenidos a incluir, situación que se consolidó, en primer lugar, con la presentación y extensión del modelo IS-LM, dibujado por Hicks-Hansen, y, después, ampliado para economías abiertas por Mundell. Respecto a las políticas estructurales, tal acuerdo y semejante esquema analítico (simplista), no se ha llegado a construir. Y ello, a pesar de que su análisis tuvo lugar prematuramente. A este respecto, destaca la sistematización avanzada por Say (centrada en la Economía Política), quien apuntó el esquema producción-distribución-consumo. Este fue complementado por Mill y por Flórez, adquiriendo la forma producción-circulación-distribución-consumo. Debe destacarse que el esquema de Say fue utilizado por Rau, pero reconsiderando la disciplina de la Economía desde un punto radicalmente distinto, es decir, desde la Política Económica.

Para el actual trabajo, es posible conformarse con la visión simplista de estos esquemas en los que, en la producción, se incluiría el sector agrario e industrial, mientras que, en la circulación, se consideraría, esencialmente, el comercio y el transporte, junto con ciertos aspectos financiero-monetarios. Desde este punto de vista, se puede deducir inmediatamente un esquema sectorialista de organización de las políticas estructurales, que conduciría a una estructuración temática de la siguiente manera:

1.- Sector agrario

2.- Sector industrial

3.- Comercio

4.- Transporte

5.- Actividades financieras

A finales del siglo XIX, Marshall introdujo la denominación Economía para contraponerla a la tradicional Economía Política, nombre que fue ganando popularidad hasta que, después de la Segunda Guerra Mundial, se transformó en hegemónico. Al calor de esta situación, los componentes de la tradicional Economía Política pasaron a un segundo plano, al tiempo que se extendieron los análisis particulares de cada uno ellos, perdiéndose una visión de conjunto. En todo caso, las aproximaciones que se realizaron a las políticas estructurales, en la segunda mitad del siglo XX, fueron esencialmente sectorialistas.

A partir de los años 70-80, se fueron introduciendo ciertas políticas, aunque de manera caótica, por ejemplo, la I+D+i, a cuenta de la importancia del cambio tecnológico que se subrayó especialmente en aquella época; también se destacó la política regional, debido a los impactos más locales de la crisis económica. Ejemplos típicos al respecto corresponden a unos manuales de Política Económica editados en la segunda mitad de los años 90 dentro del marco de la Universidad de Valencia. También de aquellos años es la edición del libro de texto “La política económica de reformas estructurales” (escrito por Parejo, Calvo y Gutiérrez).

Pero, a principios del siglo XXI, seguía encontrándose presente la ausencia de una sistematización de las políticas estructurales. Este reto se ha ido tratando de acometer, pero sin excesivo ahínco. Bien es cierto que, a principios del nuevo siglo, algunas iniciativas de manuales de políticas económicas estructurales para cubrir este vacío vieron la luz en la Universidad de Valencia. En 2020, Antonio Sánchez publicó un manual titulado Introducción a la Política Económica, en el que se trató de elaborar un esquema que agrupase y diese cierta lógica a las políticas estructurales. Es el siguiente:

El conjunto de las políticas estructurales, agrupadas temáticamente, sería:

I.Políticas de proceso productivo

I.a Políticas sectoriales

1.- Política agraria

2.- Política industrial

3.- Política de servicios

I.b. Políticas intersectoriales

4.- Política laboral

5.- Política de I+D+i

II.Políticas sobre el empresariado

6.- Políticas de formación del empresariado

7.- Políticas de reordenación del sector público

8.- Políticas sobre la economía social

III.Políticas de implantación en el mercado

9.- Políticas de regulación

10.- Políticas de competencia

11.- Políticas financieras

IV.Políticas de entorno empresarial

12.- Políticas de infraestructuras físicas

13.- Políticas de infraestructuras sociales

14.- Política medioambiental

Este temario cubre los contenidos de las políticas estructurales, al menos, de las más relevantes. Pero para explicar este temario se requiere un año, una asignatura anual. Si se dispone de este tiempo, entonces, este temario parece que sería el adecuado. No obstante, como frecuentemente solo se dispone de un cuatrimestre, entonces se exige un recorte o una selección de temas. En el libro coordinado por Antonio Sánchez en 2022 titulado Políticas económicas estructurales, se realizó la siguiente selección, pues el manual estaba orientado para ser explicado en un cuatrimestre (este manual es heredero de otro editado en la Universidad de Valencia en 2002 y, en cuya edición de 2010, Antonio Sánchez ya participó como co-coordinador).

1.- Políticas económicas estructurales: una introducción

2.- Política industrial

3.- Política económica para los servicios

4.- La política de servicios: los casos del comercio interior y del turismo

5.- Políticas de ciencia, tecnología e innovación

6.- Políticas de empleo

7.- La política financiera microprudencial

8.- Políticas de reordenación del sector público

9.- Políticas de regulación económica

10. Políticas económicas de competencia

11.- Política económica de infraestructuras

12.- Política medioambiental

Este temario dejaba de lado la política agraria, que había contraído su magnitud en las economías desarrolladas. No abordaba las políticas en el sector social y ni las relacionadas con la formación del empresariado. Excluía las políticas (de infraestructuras) sociales (educación, sanidad, servicios sociales, pensiones), que se asumía que se explicaban dentro del grado de Relaciones Laborales (políticas sociolaborales). A las políticas financieras, frecuentemente relacionadas con el sistema bancario y con un rango de “riesgo sistémico”, se les otorgaba un capítulo propio; además, en esta asignatura, únicamente se explicaba la faceta microprudencial, dejando su cara macroprudencial para ser abordada en la asignatura Políticas coyunturales.

No obstante, el temario resultaba un tanto excesivo para explicarlo en un cuatrimestre. Y, por este motivo, en el nuevo manual que Antonio Sánchez está elaborando, actualización del anterior titulado Políticas económicas estructurales, que verá la luz a finales de 2026, se ha reconsiderado el contenido de políticas de este tipo. Debe señalarse que la reestructuración, no es ajena a la edición del libro coordinado por Carlos Ochando sobre políticas coyunturales, que, a la sazón, fue objeto de comentarios en el artículo que apareció en esta sección en el anterior número de Noticias de Política Económica.

El temario quedaría de la siguiente manera:

1.- Políticas económicas estructurales: una introducción

2.- Objetivos de política económica a largo plazo

3.- Política productivistas

4.- La política de servicios: los casos del comercio interior, del turismo y del sector financiero

5.- Políticas de ciencia, tecnología e innovación

6.- Políticas de regulación económica

7. Políticas económicas de competencia

8.- Política económica de infraestructuras

9.- Política medioambiental

Las variaciones en el temario respecto al contemplado en el manual editado en 2022 serían las siguientes. Se introduce el tema de los objetivos a largo plazo, que son los de referencia para las políticas estructurales. En este se explica el crecimiento económico, pero también aspectos de la redistribución de la renta (en la actualidad, se recogería bajo la denominación de crecimiento inclusivo). Considerar este tema al principio de las explicaciones de la asignatura es esencial para fijar mejor las ideas para los estudiantes.

Otro cambio sustancial es la eliminación de las políticas sectoriales y su sustitución por un tema denominado políticas productivistas. La justificación se encontraría en la propia evolución de la realidad económica. Conforme se desarrollan las economías, por un lado, se incrementa el número de actividades productivas, que, a la sazón, son más heterogéneas entre ellas, es decir, se pierde la perspectiva de una “cohesión sectorial”. Por otro lado, las actividades productivas introducen secciones propias en varios sectores simultáneamente, hecho que difumina la configuración de estos últimos. Así pues, resulta más realista abordar estos aspectos de una forma más global que podría denominarse políticas productivistas. Por ejemplo, Rodrik ha abogado repetidamente en este sentido. Los contenidos de este tema se remitirían a explicar estrategias de política económica (perspectivas de formas de intervención del estado), que se concretarían en programas (complejos de medidas más o menos homogéneos orientados a conseguir unos objetivos por actividades) y, finalmente, se explicarían las medidas concretas (el recetario específico).

Dos matizaciones deberían apuntarse sobre este tema. En primer lugar, como quedaría un tema relativamente complejo y, puede ser, que excesivamente abstracto, entonces valdría la pena añadir un tema específico con ejemplos concretos. Se trata del tema 4, que en nuestro caso concentraría la atención en tipos de políticas, es decir, en particular las relacionadas con comercio interior, turismo y actividades financieras. En efecto, cabría explicar otras políticas, como la agraria, la relacionada con el sector del automóvil, la energética o la de telecomunicaciones.

En ciertas ocasiones, estas últimas alternativas se han explicado en prácticas o han sustituido a las primeras opciones apuntadas. La segunda matización atañe a la incorporación en este tema de políticas relacionadas con reordenación del sector público, debido a que se suprime este tema, respecto al temario anteriormente considerado. El resto de temas se mantendría como se había diseñado hasta el momento. De esta manera, el total de temas ascendería a 9, número que resulta explicable en la práctica en un cuatrimestre.

El Departamento de Economía Aplicada (Hacienda Pública, Política Económica y Economía Política) de la Universidad de Málaga

(Por María del Carmen Blanco Arana, Economía aplicada (hacienda pública, política económica y economía política), Universidad de Málaga)

El Departamento de Economía Aplicada (Hacienda Pública, Política Económica y Economía Política) de la Universidad de Málaga se creó en 2015 según acuerdo del Consejo de Gobierno en su sesión del 27 de febrero, quedando integrado por tres Unidades Docentes: Hacienda Pública, Política Económica y Economía Política.

Centrándonos en los orígenes de la actual Unidad Docente de Política Económica es de señalar que la docencia de la disciplina Política Económica, en la históricamente cuarta Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de España –después de Madrid, Barcelona y Bilbao– ubicada en Málaga y dependiente entonces de la Universidad de Granada, no empezaría hasta el cuso 1967-68, siendo el profesor responsable de la misma Tomás Ángel Esteve Serrano, economista del Estado, al que se le recuerda como “un profesor viajero armado de pipa que venía puntualmente cada semana desde Madrid” (Zambrana et al., 2015, pp. 54, 128). El curso siguiente Juan Sánchez de la Fuente (profesor de Estadística) asumió la enseñanza de la disciplina, como encargado interino de la Cátedra de Política Económica, que permanecía vacante. Sería en el curso siguiente, 1969-70, cuando el profesor José Jané Solá tomaría posesión como primer Catedrático de Política Económica de la Facultad, aún no existía la Universidad de Málaga, que fue creada en 1972, responsabilizándose de la docencia. Aunque apenas ocupó el puesto durante un curso, dejó una huella importante en el alumnado. Posteriormente, en el curso 1970-71 ingresaron en el Departamento varios exalumnos suyos –Antonio García Lizana, Gumersindo Ruiz Bravo de Mansilla, Enrique Torres Bernier y José Santiago Martín–, junto con Carlos Román del Río, quienes se hicieron cargo de la docencia. Los tres primeros terminarían realizando una larga y brillante carrera profesional como profesores del Departamento hasta su jubilación, Gumersindo Ruiz sólo estuvo un curso académico y marcharía a Barcelona con el profesor Jané Solá mientras que Antonio García Lizana y Enrique Torres permanecerían ininterrumpidamente en el Departamento.

En 1973, la llegada de Juan Ramón Cuadrado Roura (1973-1982) – Doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga en junio de 2009– supuso un espaldarazo importante para la consolidación y futuro desarrollo del Departamento, tanto en el plano docente como investigador. En su dilatada estancia en Málaga se incorporarían al departamento en sus inicios José Vallés Ferrer y José Emilio Villena Peña, y posteriormente, Antonio Narváez Bueno, Cristina Blasco Vizcaíno, María Luisa Peinado, Pedro Alcudia Naranjo, Tomás Mancha Navarro, Paco Martínez Sierra, Juan Hernández Armenteros y Miguel González. Con la creación de la especialidad de Economía Regional y Urbana, adscrita al departamento, se incorporarían los profesores Vicente Granados Cabezas y Joaquín Aurioles. En 1982 el profesor Cuadrado se trasladaría junto a varios profesores desde Málaga a la Universidad de Alcalá de Henares.

La cátedra sería ocupada a continuación (1982) por el profesor Gumersindo Ruiz procedente de la Universidad de Alicante donde era decano de su Facultad. de Economía. Con su llegada se incorporarían también los profesores Pedro Raya Mellado, José Juan Benítez y Francisco González Fajardo. Con la LRU y al amparo del RD 2360/1984 se crearía el departamento de Economía Aplicada (Política Económica) de la Universidad de Málaga. A finales de los 80 y durante dos años se incorporaron al departamento los 4 profesores de la sección de Economía Política de la Facultad de Derecho, pasando el departamento a denominarse de Economía aplicada (Política Económica y Economía Política). En los 90 el departamento fue dotado con dos nuevas cátedras que fueron obtenidas por Antonio García Lizana y José E. Villena Peña. Posteriormente se incorporarían los profesores Luis Robles Teigeiro, Pablo Podadera Rivera y Salvador Pérez Moreno.

Durante todo este tiempo el departamento ha tenido una presencia muy activa en la vida académica y social de la provincia tanto en términos de gestión universitaria (vicerrectores, decanos, vicedecanos, secretarios de facultad…) como en aportaciones científicas y transferencia de conocimiento en temáticas como la economía y política regional (tablas input-output, planificación urbana y regional), el desarrollo económico y el bienestar (planes estratégicos), turismo y planificación turística, el sistema financiero (presidencia de Cajas de Ahorros y miembros en Asambleas de las mismas), o la economía y política europea (cátedras y centro excelencia Jean Monnet) y la participación en la sociedad civil (Cámara de Comercio, Consejo Económico y Social de Andalucía, Patronato Provincial de turismo, Ateneo, UNICEF, etc…).

En 2015, de acuerdo con lo establecido en la entonces vigente Ley Orgánica de Universidades (LOU), la Universidad de Málaga realizó una reestructuración de departamentos, de forma que aquellos que no alcanzaban el tamaño mínimo requerido (12 profesores a tiempo completo) debían ser fusionados o integrados en otros de mayor dimensión. En consecuencia, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en sesión del 27 de febrero de 2015, acordó la creación del Departamento de Economía Aplicada (Hacienda Pública, Política Económica y Economía Política)[1] a partir de la fusión de los departamentos de Economía Aplicada (Hacienda Pública) y de Economía Aplicada (Política Económica y Economía Política), y la Unidad Docente de Economía Política. Esta Unidad, aunque previamente había estado integrada en el Departamento de Economía Aplicada (Política Económica y Economía Política), desde principios de la década de los años noventa formaba parte del Departamento de Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho, adscrito a la Facultad de Derecho, donde impartía la mayor parte de su docencia. De esta manera, quedó constituido el nuevo Departamento de Economía Aplicada (Hacienda Pública, Política Económica y Economía Política) integrado por los ámbitos de conocimiento diferenciados de Hacienda Pública, Política Económica y Economía Política, acordándose que cada uno de estos ámbitos de conocimiento tuviera la consideración de Unidad Docente, y poseyera plena independencia para el desarrollo de sus actividades docentes e investigadoras, así como autonomía financiera.

En relación a la Unidad Docente de Política Económica, a partir de 2015 se fueron produciendo nuevas incorporaciones con los profesores/as Francisco Calderón Vázquez, María del Carmen Blanco Arana, Germán Ortega Palomo, Beatriz Benítez Aurioles, Laura Lorente Bayona, María del Carmen García Peña, Déborah Salafranca Vázquez y Ricardo Urrestarazu Capellán.

En la actualidad, el Departamento de Economía Aplicada (Hacienda Pública, Política Económica y Economía Política) está integrado por 26 docentes, de los cuales 11 son personal funcionario y 15 personal laboral. En lo que respecta a la Unidad Docente de Política Económica, la conforman 11 profesores –5 funcionarios y 6 personal laboral–, mientras que otros 9 docentes forman parte de la Unidad Docente de Hacienda Pública y 6 de la Unidad Docente de Economía Política. Además, el Departamento cuenta con una administrativa como único Personal de Administración y Servicios. (Véase https://www.uma.es/departamento-de-economia-aplicada-hacienda-publica-politica-economica-y-economia-politica/).

Referencias:

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) («BOE» núm. 307, de 24 de diciembre).

Zambrana, J.F., Benítez, J.J., y Heredia, V.M. (2015). Una Facultad para Málaga. Málaga: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga.

Políticas Económicas Estructurales

Del gasto militar a la política industrial: el Informe Draghi y la autonomía de la defensa europea

(por José T. Arnau Domínguez, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica- Universitat de València)

1. Introducción

La guerra de Ucrania ha obligado a Europa a mirar de otra forma la relación entre su seguridad y su industria. Durante años, casi todo el debate se redujo a cuánto convenía gastar en defensa. Lo que ha cambiado desde 2022 es el foco de esa pregunta, que ahora apunta a qué capacidad productiva deja realmente el gasto. La invasión ha demostrado que un ejército no aguanta una guerra larga solo con decisiones diplomáticas; necesita plantas capaces de producir munición, drones o defensa aérea, y de seguir haciéndolo mes tras mes. El Informe Draghi sobre competitividad sirve para ordenar ese terreno, y su retrato de la defensa europea no es halagüeño. Europa no solo gasta menos que Estados Unidos; también gasta peor. Cada país compra por su lado, la inversión en I+D militar es escasa y muchos pedidos terminan en manos de proveedores ajenos a la Unión.

La aceleración del viraje en los últimos años tiene tres causas, y cada una golpea en un punto distinto. La más visible es Ucrania, que ha dejado a la vista lo poco que la base industrial europea logra producir cuando hace falta de verdad. Estados Unidos ha añadido una inquietud más de fondo, la de comprobar que la dependencia respecto a Washington no es solo militar, sino que alcanza también lo industrial, lo tecnológico y lo institucional. Israel, por su parte, ha mostrado que apoyarse en un proveedor externo puede salir caro el día en que esa relación se convierte en un problema jurídico o político. Frente a este panorama, la Unión Europea y varios Estados miembros han empezado a usar instrumentos financieros e industriales para llevar parte del nuevo gasto hacia la producción propia, las compras conjuntas y la incorporación de Ucrania como productor. El movimiento está lejos de haberse completado, pero la dirección es clara. Europa quiere dejar de comprar capacidades militares para empezar a fabricarlas.

Este trabajo se pregunta si Europa está usando la ayuda militar a Ucrania como palanca para reconstruir una base industrial de defensa propia. La hipótesis es afirmativa, aunque con matices. Una parte del gasto militar europeo se está transformando en demanda para una base industrial europea, noruega y ucraniana, mientras conviven con ella las compras urgentes a Estados Unidos, Israel, Corea del Sur y otros proveedores de fuera. El análisis es cualitativo y combina varias fuentes. Junto al Informe Draghi, se apoya en documentos del Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo y la Comisión Europea, en fuentes oficiales de varios gobiernos nacionales, en análisis especializados como el del IISS (International Institute for Strategic Studies) y en comunicados de la propia industria. Con ese material comprueba cómo se han traducido las decisiones en el plano político, presupuestario e industrial. Las páginas siguientes empiezan por explicar por qué la defensa se ha vuelto un asunto económico, siguen con el diagnóstico de Draghi y las tres sacudidas que lo aceleran, y terminan con los instrumentos que Europa está usando para convertir gasto en capacidad productiva.

2. La defensa como política industrial

Durante décadas, Europa pudo tratar la defensa como un asunto relativamente desligado de la política industrial. La estabilidad posterior a la Guerra Fría, el paraguas estadounidense dentro del marco atlántico y las restricciones fiscales nacionales rebajaron su peso entre las prioridades económicas. Esa separación se volvió insostenible en 2022.

La invasión rusa de Ucrania demostró que la seguridad europea depende de algo más que de la diplomacia o de los compromisos militares. También depende de poder producir munición, artillería, defensa aérea, drones y vehículos, y de repararlos y reponerlos durante periodos prolongados.

Por eso el problema ya no se reduce a si Europa debe gastar más, sino a cómo organiza ese gasto y qué efectos produce. Un aumento presupuestario bien dirigido refuerza la autonomía estratégica: genera inversión, empleo cualificado, innovación y cadenas de suministro más resistentes. Mal dirigido, reproduce las dependencias anteriores, porque se canaliza de forma dispersa hacia proveedores externos. La defensa no tiene, por tanto, un efecto económico automático; lo que cuenta es la forma que adopta la demanda pública. La tensión entre fabricar dentro de Europa y comprar al aliado atlántico tampoco es nueva. Ya aparecía en el debate sobre la Comunidad Europea de Defensa de 1954 y ha reaparecido de forma cíclica desde entonces. La novedad actual es que la guerra de Ucrania ha generado, por primera vez en décadas, una demanda lo bastante sostenida como para hacer plausibles inversiones industriales con horizontes de retorno largos.

El Informe Draghi sobre competitividad europea ayuda a ordenar este debate, porque sitúa la defensa dentro de una agenda más amplia de productividad, innovación, escala industrial y autonomía estratégica. Vista así, la defensa es un sector de alta intensidad tecnológica, muy dependiente de los contratos públicos y con efectos de arrastre sobre la economía civil. Tres elementos han acelerado una reorientación de la política económica europea: la guerra de Ucrania, la incertidumbre sobre la garantía estadounidense y la politización de algunas dependencias tecnológicas externas. El gasto de defensa, que se entendía sobre todo como consumo militar nacional, empieza a funcionar también como instrumento de política industrial, de modo que lo que importa ya no es tanto qué compra Europa, sino qué capacidad productiva levanta con esas compras.

Vale la pena detenerse en por qué la defensa actúa como sector estratégico en términos económicos. La inversión militar reúne producción industrial avanzada, demanda pública de largo plazo y capacidades de uso dual civil y militar, con efectos que se extienden mucho más allá de lo estrictamente defensivo. La historia económica reciente lo ilustra: tecnologías como Internet, el GPS, las imágenes satelitales, los infrarrojos, la fibra de carbono o el lidar nacieron de inversión militar antes de convertirse en industrias civiles, y el despegue de Silicon Valley en los años cincuenta y sesenta se sostuvo sobre contratos de defensa estadounidenses. Esa dimensión dual explica que un gasto militar bien organizado pueda ser una palanca de competitividad y no únicamente un coste.

3. El diagnóstico de Draghi: tres debilidades europeas

El Informe Draghi identifica un problema de fondo. Europa gasta menos que otros grandes actores y, además, organiza peor lo que gasta. La defensa europea conserva empresas importantes y capacidades competitivas en carros de combate, submarinos convencionales, tecnología naval, helicópteros o aviones de transporte, pero esa base industrial se ha debilitado por una demanda insuficiente, fragmentada y, en muchos casos, orientada hacia proveedores externos. Draghi calcula que en 2022 la industria europea de defensa facturó cerca de 135.000 millones de euros, exportó más de 52.000 millones y dio empleo a alrededor de medio millón de personas. El problema no es que no exista una industria europea, sino que le faltan escala, coordinación y profundidad tecnológica (Draghi, 2024b). Su diagnóstico se ordena en tres fallos de organización económica.

La brecha con Estados Unidos se aprecia sobre todo en investigación y desarrollo. En 2023, el gasto de defensa estadounidense se estimó en 916.000 millones de dólares, frente a los 313.000 millones de los Estados miembros de la UE y los 296.000 millones de China. La diferencia es todavía mayor en I+D: Estados Unidos destinó alrededor de 130.000 millones de euros a investigación, desarrollo, prueba y evaluación en defensa, cerca del 16 % de su gasto total, mientras que Europa dedicó 10.700 millones en 2022, el 4,5 % del suyo (Draghi, 2024a, 2024b). En un sector tan intensivo en tecnología, esa distancia se traduce en menos capacidad para competir en drones, sensores, defensa aérea, espacio, software militar e inteligencia artificial aplicada.

La fragmentación añade un coste directo. En 2022, la contratación colaborativa europea de equipos de defensa apenas alcanzó el 18 % del gasto en adquisición de equipos, muy lejos del objetivo del 35 % fijado en los marcos de la Agencia Europea de Defensa. La guerra de Ucrania dejó la dispersión a la vista: los Estados miembros entregaron a Kiev cerca de diez tipos distintos de obuses de 155 mm; Europa fabrica cinco modelos de obús y Estados Unidos uno; y los países europeos operan doce tipos de carro de combate frente al único modelo principal estadounidense (Draghi, 2024a, 2024b). Esa variedad responde a la soberanía nacional y a la historia industrial de cada país, pero reduce la escala y complica el mantenimiento, la logística y la interoperabilidad. La externalización del gasto es el punto más delicado. Entre junio de 2022 y junio de 2023, los Estados miembros gastaron alrededor de 75.000 millones de euros en adquisiciones de defensa.

El 78 % de esa cantidad fue a parar a proveedores de fuera de la UE y, dentro de ese gasto externo, el 63 % correspondió a empresas estadounidenses (Draghi, 2024b). La cifra ha sido discutida después. El IISS (2024) apunta que el porcentaje real podría ser algo menor si se separan los pedidos anunciados de las entregas efectivas, aunque el orden de magnitud no cambia. Comprar fuera en plena emergencia puede ser inevitable, porque los gobiernos necesitan disponibilidad inmediata, interoperabilidad y sistemas ya probados. El problema aparece cuando esa salida de urgencia se convierte en costumbre. A partir de ahí, el aumento del gasto europeo acaba financiando empleo, innovación y escala productiva en otras economías. El aviso de fondo de Draghi es que gastar más no sirve de mucho si la demanda pública no se organiza con criterio.

4. Ucrania, Estados Unidos e Israel: tres shocks sobre la autonomía europea

El diagnóstico de Draghi explica las debilidades estructurales, pero no la rapidez del cambio reciente. Esa aceleración responde a tres shocks que actúan en planos distintos. Uno es la guerra de Ucrania, que ha puesto a prueba el límite material de la industria europea. Otro es el giro de Estados Unidos, que obliga a revisar una dependencia estratégica que es también productiva. El tercero llega de la mano de Israel, cuyo caso muestra que ciertas tecnologías externas pueden acabar convirtiéndose en un riesgo jurídico y político.

Ucrania es el punto de inflexión. La guerra ha demostrado que la seguridad europea exige algo más que disponer de sistemas avanzados: exige poder fabricarlos, repararlos y reponerlos al ritmo de un conflicto de desgaste. El White Paper for European Defence: Readiness 2030 describe ese retorno de la guerra mecanizada de alta intensidad y calcula que, desde febrero de 2022, la UE y sus Estados miembros han aportado alrededor de 50.000 millones de euros en apoyo militar a Ucrania (European Commission & High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, 2025). La cifra mide el esfuerzo, pero deja abierta una pregunta económica: cómo transformar esa movilización de recursos en capacidad productiva duradera. En una guerra de desgaste, los arsenales acumulados se agotan deprisa y lo que marca la diferencia es la capacidad de seguir produciendo, reparando y reponiendo.

Ucrania también cambia el papel de quien recibe la ayuda. Más que una simple destinataria de material militar, se ha convertido en un espacio de aprendizaje productivo. Su industria ha desarrollado capacidades notables en drones, en la adaptación rápida de tecnologías y en una producción ajustada a las necesidades operativas del momento. Para Europa, esa experiencia vale precisamente porque combina urgencia, innovación y conocimiento práctico. Integrar a Ucrania en el ecosistema europeo de defensa es, además de una decisión estratégica, una vía para aprovechar capacidades industriales y ciclos de innovación más cortos.

Estados Unidos representa un shock más estructural. La seguridad europea ha dependido durante décadas de la alianza transatlántica y de la garantía estadounidense dentro de la OTAN. Esa relación sigue siendo esencial, pero el contexto ha cambiado: la competencia con China, el peso creciente del Indo-Pacífico y los debates sobre el reparto de cargas empujan a Europa a asumir más responsabilidad. El Consejo Europeo lo expresó en marzo de 2025, cuando sostuvo que Europa debe ser más soberana, más responsable de su propia defensa y estar mejor preparada para actuar de forma autónoma ante los desafíos presentes y futuros (European Council, 2025). No se trata de romper con la OTAN, sino de reducir vulnerabilidades.

Esa dependencia, además, no es solo militar. Tiene un componente industrial, tecnológico e institucional. Cuando un Estado europeo compra sistemas estadounidenses obtiene capacidades de defensa, pero al mismo tiempo financia empleo, innovación y economías de escala fuera de Europa. El vínculo se refuerza a través de los procedimientos de compra, los estándares técnicos, las exigencias de interoperabilidad y unas relaciones contractuales que invitan a volver una y otra vez al mismo proveedor. La cuestión no está en cooperar con Estados Unidos, sino en la falta de alternativas propias en ámbitos críticos. Una Europa industrialmente más capaz no sería menos atlántica, pero sí menos expuesta a prioridades ajenas.

Israel aporta una tercera dimensión: la dependencia entendida como riesgo político y jurídico. Sigue siendo un actor de peso en defensa aérea, drones, sensores, electrónica militar y sistemas de vigilancia, y sus exportaciones de defensa alcanzaron los 14.795 millones de dólares en 2024, de los que Europa absorbió el 54 % (Israel Ministry of Defense, 2025). La guerra de Gaza, sin embargo, ha elevado el escrutinio sobre las relaciones militares con el país.

El caso neerlandés lo ilustra bien. En febrero de 2024, el Gobierno de los Países Bajos informó de que el Tribunal de Apelación de La Haya había ordenado detener la distribución de piezas de F-35 a Israel, una decisión que el Ejecutivo dijo que acataría mientras la recurría en casación (Government of the Netherlands, 2024). El episodio muestra que las cadenas de suministro de defensa pueden quedar expuestas a litigios, controles de exportación, presión parlamentaria y costes reputacionales.

A esa decisión se han sumado otros movimientos en la misma línea: los Países Bajos han endurecido los controles de exportación y las revisiones sobre bienes militares y de doble uso, y Alemania ha suspendido exportaciones que pudieran emplearse en Gaza. Todo ello refuerza una idea sencilla. Depender tecnológicamente de un proveedor sometido a fuerte presión política y judicial puede acabar generando costes regulatorios reales para quien compra. 

5. De la ayuda militar a la capacidad productiva

La respuesta europea empieza a tomar forma cuando el gasto se enlaza con instrumentos financieros e industriales. El objetivo ya no se limita a enviar material o a tapar carencias inmediatas. Se trata de orientar parte de la demanda hacia la producción europea, las compras comunes y la integración de Ucrania como productor. La distinción es importante, porque una compra urgente resuelve una necesidad militar, mientras que una fábrica, una línea de producción, un contrato estable o un programa de I+D crean capacidad para el futuro. Lo que se aprecia es un encaje gradual entre mecanismos financieros, reglas industriales e integración productiva de Ucrania.

El Ukraine Assistance Fund, creado en marzo de 2024 dentro del European Peace Facility, es un primer ejemplo de esta lógica. El Consejo de la Unión Europea elevó el techo financiero del instrumento en 5.000 millones de euros y reservó esa cantidad para Ucrania. Su finalidad inmediata era sostener el apoyo militar con equipamiento letal, no letal y formación, pero el diseño incorpora una dimensión industrial. El Consejo plantea que el fondo debe maximizar el valor añadido europeo y apoyarse en una mayor contratación conjunta a las industrias de defensa europea y noruega (Council of the European Union, 2024). No es que toda la ayuda se transforme en producción europea, pero sí marca una orientación nueva, la de usar el apoyo a Ucrania para ordenar mejor una parte de la demanda pública. SAFE traslada esa lógica al terreno financiero. Adoptado por el Consejo en mayo de 2025, el instrumento Security Action for Europe moviliza hasta 150.000 millones de euros en préstamos a los Estados miembros para financiar inversiones en capacidades de defensa, con el foco puesto en la contratación común y en el refuerzo de la base tecnológica e industrial europea. Su novedad está en que incorpora criterios industriales en el propio diseño. En las categorías que cubre, los contratos deben garantizar que el coste de los componentes procedentes de fuera de la UE, los Estados EEE-AELC y Ucrania no supere el 35 % del coste estimado de los componentes del producto final (Council of the European Union, 2025). La financiación europea deja de ser, así, neutral respecto al origen industrial del gasto.

EDIP y el modelo danés incorporan un elemento más novedoso: la integración de Ucrania como productor. El European Defence Industry Programme incluye un Ukraine Support Instrument dotado con 300 millones de euros para contribuir a la recuperación, reconstrucción y modernización de la base tecnológica e industrial de defensa ucraniana, con vistas a integrarla en el futuro en la base industrial europea (European Commission, 2026). El modelo danés va un paso más allá y financia compras directamente a la industria ucraniana. En mayo de 2025, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un acuerdo con la Comisión Europea para canalizar unos 800 millones de euros en donaciones adquiridas a través de la industria de defensa ucraniana en nombre de la UE (Danish Ministry of Defence, 2025). En los dos casos, Ucrania pasa de ser receptora de armamento a integrarse como parte activa de una base industrial europea ampliada.

El incremento en el número de fábricas confirma el giro. En febrero de 2024, Rheinmetall inició la construcción de una nueva planta de munición en Unterlüß, en Baja Sajonia, presentada como un paso para reforzar la autosuficiencia alemana (Rheinmetall, 2024a). En julio de ese mismo año, la empresa anunció un encargo del Gobierno ucraniano para suministrar el equipamiento técnico completo de una fábrica de munición en Ucrania, desde la línea de producción hasta la puesta en marcha, junto con un socio local (Rheinmetall, 2024b).

En octubre de 2025, Bulgaria y Rheinmetall firmaron un acuerdo de unos 1.000 millones de euros para levantar una planta de pólvora y munición de 155 mm en Sopot, financiada por Sofía con préstamos de SAFE (Rheinmetall AG, 2025). Estos proyectos muestran algo tangible. La presión de la guerra puede convertirse en inversión productiva, transferencia de equipamiento industrial y cooperación empresarial. El paso decisivo está ahí, en dejar de financiar solo las entregas de hoy para empezar a producir las de mañana.

Con todo, estos instrumentos conviven con una tensión que el propio diseño europeo no termina de resolver. La urgencia operativa empuja a los gobiernos a comprar sistemas ya disponibles, casi siempre estadounidenses, mientras que la autonomía industrial exige inversiones cuyos retornos solo llegan a medio plazo. Los tiempos de la política y los de la industria rara vez coinciden, y el éxito del viraje europeo dependerá de si esa brecha puede gestionarse sin que las compras de emergencia vuelvan a consolidar la externalización del gasto. Ese dilema es, en buena medida, la razón de que el cambio siga siendo parcial.

6. Conclusión

La investigación no describe una autonomía estratégica ya conquistada, sino el intento de construir sus condiciones materiales. Ucrania reveló la falta de profundidad productiva; Estados Unidos hizo visible el riesgo de depender en exceso de un garante externo; e Israel demostró que algunas dependencias tecnológicas pueden salir caras en términos jurídicos y políticos. Frente a todo ello, la respuesta europea empieza a combinar financiación común, compras agregadas, reglas de origen, expansión industrial e integración de Ucrania como productor.

El giro es todavía parcial y desigual. La defensa sigue muy atada a la soberanía nacional, a las preferencias industriales de cada Estado y a la urgencia que impone la guerra en Ucrania. Cuando la industria europea no entrega a tiempo, los gobiernos recurren a proveedores de fuera; una salida que puede ser inevitable a corto plazo, pero que, si se asienta como patrón, erosiona el propio objetivo de autonomía industrial. También pesan los límites financieros. SAFE importa por su volumen, pero funciona con préstamos a los Estados miembros, no con un presupuesto común permanente. A ello se suma que la defensa compite con otras prioridades europeas, desde la transición energética y las infraestructuras hasta la innovación civil y la cohesión territorial.

El aumento del gasto, por sí solo, no bastará. El éxito del viraje europeo dependerá de que ese gasto logre construir una base industrial capaz de producir, innovar y sostener capacidades críticas. Ahí reside la aportación principal del Informe Draghi al debate, al mostrar que la defensa europea ya no puede leerse únicamente en clave de seguridad, sino también como una cuestión de competitividad, autonomía industrial y organización estratégica de la demanda pública. La autonomía europea no se decidirá solo en los presupuestos de defensa, sino en las fábricas, los contratos, las cadenas de suministro y la capacidad real de convertir gasto público en poder industrial.

7.Bibliografía

Council of the European Union. (2024). Ukraine Assistance Fund: Council allocates €5 billion under the European Peace Facility to support Ukraine militarily.

Council of the European Union. (2025). SAFE: Council adopts €150 billion boost for joint procurement on European security and defence.

Danish Ministry of Defence. (2025). Denmark to allocate more than 800 million EUR to Ukraine on behalf of the EU in 2025.

Draghi, M. (2024a). The future of European competitiveness: A competitiveness strategy for Europe. European Commission.

Draghi, M. (2024b). The future of European competitiveness: In-depth analysis and recommendations. European Commission.

European Commission. (2026). Support to Ukraine. Directorate-General for Defence Industry and Space.

European Commission & High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. (2025). White paper for European defence: Readiness 2030. European Commission.

European Council. (2025). European Council conclusions on European defence. Council of the European Union.

Government of the Netherlands. (2024). State lodges appeal in cassation against judgment on distribution of F-35 parts to Israel.

International Institute for Strategic Studies. (2024). Europe’s defence procurement since 2022: a reassessment. IISS.

Israel Ministry of Defense. (2025). Israel sets new record in defense exports: Over $14.7 billion in 2024.

Rheinmetall. (2024a). Rheinmetall builds new ammunition plant in Germany.

Rheinmetall. (2024b). Ammunition factory to be built in Ukraine: Rheinmetall receives order to deliver a production line.

Rheinmetall AG. (2025). Joint venture agreement with Bulgarian VMZ for ammunition and propellant production. Comunicado de prensa.

Pro et contra:

Pro: la regularización de 2005 y las lecciones para hoy

(Por Ferran Elias Moreno, Dpto. de Econonomía, Universitat de Girona)

La reciente regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno ha reabierto un debate recurrente en España. Sus detractores alertan de un posible efecto llamada, de una presión adicional sobre los servicios públicos o de un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores menos cualificados. Sus defensores, por el contrario, destacan razones humanitarias y necesidades económicas vinculadas al envejecimiento demográfico y a la escasez de mano de obra en determinados sectores.

Afortunadamente, en este caso no estamos obligados a especular. España ya vivió una experiencia similar en 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero regularizó cerca de 600.000 inmigrantes que residían y trabajaban en el país sin autorización laboral. Veinte años después disponemos de evidencia rigurosa sobre sus consecuencias. En un estudio reciente publicado en el Journal of Labor Economics, Elias, Monras y Vázquez-Grenno (2025) analizan los efectos de aquella regularización utilizando datos administrativos, fiscales y laborales, y ofrecen una de las evaluaciones más completas realizadas hasta la fecha sobre una política de este tipo.

El primer resultado es probablemente el más importante para interpretar el resto. La regularización de 2005 no provocó un aumento apreciable de los flujos migratorios. Los datos no muestran que la llegada de inmigrantes procedentes de países afectados por la medida creciera más que la de inmigrantes procedentes de países no afectados. Este resultado cuestiona uno de los argumentos más habituales contra este tipo de políticas: la idea de que cualquier regularización genera automáticamente un efecto llamada significativo.

La ausencia de este efecto es crucial porque permite entender qué estaba ocurriendo realmente. La regularización no aumentó de forma sustancial la oferta de trabajo en España. Lo que hizo fue modificar la situación jurídica de personas que ya vivían y trabajaban aquí. En consecuencia, los efectos observados reflejan principalmente la transición desde la economía informal hacia la economía formal.

Y es precisamente ahí donde aparecen los principales beneficios de la medida. La regularización incrementó el empleo formal de los inmigrantes y redujo el peso de la economía sumergida. Sin embargo, no todos los trabajadores regularizados permanecieron en el sector formal. Muchos siguieron alternando entre actividades formales e informales. Esto indica que la regularización, por sí sola, no elimina la informalidad. Lo que sí hace es ampliar las opciones laborales de los trabajadores y reducir su dependencia de empleadores que se benefician de su situación administrativa irregular.

Esta conclusión ayuda a entender otro resultado aparentemente sorprendente: los salarios de los trabajadores españoles poco cualificados no disminuyeron tras la regularización. De hecho, la evidencia apunta a que aumentaron. Cuando un inmigrante carece de permiso de trabajo, sus alternativas laborales son muy limitadas. Esa vulnerabilidad otorga a los empleadores un poder considerable para fijar salarios y condiciones laborales por debajo de los que prevalecerían en un mercado más competitivo. Al obtener acceso al mercado formal, los trabajadores regularizados ganan capacidad de negociación y dejan de depender exclusivamente de empleadores dispuestos a aprovechar su situación administrativa.

Como consecuencia, se reduce la competencia basada en la precariedad y la informalidad, lo que termina beneficiando también a los trabajadores españoles con niveles de cualificación similares.

La regularización tampoco parece haber perjudicado el empleo de los trabajadores nativos. Por el contrario, la reducción de la economía sumergida contribuyó a crear un mercado laboral más transparente y eficiente. Antes de la reforma, algunas empresas podían reducir costes recurriendo a la contratación informal de trabajadores sin permiso de trabajo y eludiendo el pago de cotizaciones sociales. La regularización, acompañada de un refuerzo de las inspecciones laborales, limitó esta posibilidad y contribuyó a igualar las condiciones de competencia entre empresas. En lugar de competir mediante el recurso al empleo informal, las empresas se vieron obligadas a hacerlo en un marco más homogéneo y sujeto a las mismas reglas.

Otro resultado relevante se refiere a la movilidad laboral. Muchos inmigrantes regularizados abandonaron ocupaciones caracterizadas por una elevada informalidad para acceder a empleos en otros sectores y empresas más grandes. La regularización no solo modificó su estatus legal; también amplió sus oportunidades profesionales. Desde una perspectiva económica, esto supone una asignación más eficiente del trabajo y una mejora potencial de la productividad.

Las consecuencias fiscales también fueron positivas. La incorporación de trabajadores a la Seguridad Social aumentó significativamente la recaudación por cotizaciones e impuestos. Elias, Monras y Vázquez-Grenno estiman que las cotizaciones sociales aumentaron en torno a 4.000 euros anuales por cada inmigrante regularizado. Al mismo tiempo, no encuentran evidencia de incrementos equivalentes en el uso de servicios públicos como la educación o la sanidad. La razón es sencilla: la mayoría de estas personas ya residían en España y ya utilizaban dichos servicios antes de ser regularizadas. Lo que cambió fue su contribución al sistema.

Sin embargo, la experiencia de 2005 también contiene una advertencia importante. Buena parte de sus efectos estuvieron vinculados al aumento simultáneo de las inspecciones laborales y a una estrategia explícita de lucha contra la economía sumergida. La regularización no actuó de manera aislada. Formó parte de una política más amplia orientada a formalizar relaciones laborales que ya existían.

Esta lección es especialmente relevante para evaluar la reforma actual. La pregunta no es únicamente cuántas personas obtendrán permisos de trabajo. La verdadera cuestión es si la regularización conseguirá trasladar actividad económica desde la informalidad hacia la formalidad. Si va acompañada de inspección, control y políticas de integración laboral, la evidencia disponible sugiere que puede generar beneficios tanto para los inmigrantes como para el conjunto de la economía. Si no es así, parte de sus efectos positivos podrían diluirse.

La experiencia española de 2005 muestra que regularizar no equivale a abrir las fronteras ni a aumentar de forma masiva la inmigración. Significa reconocer una realidad ya existente y permitir que trabajadores que ya forman parte de nuestra economía puedan hacerlo en mejores condiciones. Desde esta perspectiva, la regularización no parece ser el problema. Más bien puede formar parte de la solución.

Bibliografía:

Elias, F., Monras, J. y Vázquez-Grenno, J. (2025). Understanding the Effects of Granting Work Permits to Undocumented Immigrants. Journal of Labor Economics, 43(3), 763–802. https://doi.org/10.1086/730122

Et contra: la regularización extraordinaria como síntoma, no como política

(Por FSantiago Calvo López, Universidad de las Hespérides, Subdirector de Centro Ruth Richardson y colaborador con el Instituto Juan de Mariana)

1. Punto de partida

España ha crecido en los últimos años en términos demográficos como ningún otro socio europeo. Entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de enero de 2025, la población residente aumentó en 1,73 millones de personas, pasando de 47,4 a 49,1 millones. Ese saldo neto, sin embargo, esconde dos movimientos opuestos. Los nacidos en España cayeron en cerca de 482.000 personas, mientras que los nacidos en el extranjero subieron en 2,21 millones (de 7,25 a 9,46 millones, ya un 19,3% del total). Toda la expansión poblacional, y algo más, ha sido inmigración (INE, Encuesta Continua de Población).

Ese crecimiento explica buena parte del dinamismo agregado de la economía española en este ciclo (Cuadrado y Regil, 2025) y también ha tensionado la vivienda, los servicios públicos en zonas concretas y, sobre todo, ha hecho visible una bolsa de inmigración irregular que se estima ya en torno a 840.000 personas. La respuesta del Gobierno ha sido un Real Decreto-Ley de regularización extraordinaria que afectaría aproximadamente a 500.000 personas.

Mi posición es de crítica al instrumento. Ni rechazo la inmigración como criterio general ni cuestiono que muchas personas en situación irregular estén contribuyendo a la economía. Lo que sostengo es algo más concreto. Esta regularización opera como la confesión institucional de que España carece de una política migratoria propiamente dicha, y los argumentos que la presentan como una buena política económica descansan en métricas de corto plazo que no aguantan un análisis serio. Mi crítica es al cómo, no al qué.

2.La regularización como síntoma

El primer problema es de diagnóstico. La regularización se presenta como respuesta a una anomalía, una bolsa imprevista de irregulares que conviene aflorar. La realidad es la contraria. Esa bolsa es el resultado predecible y endógeno de cómo está diseñado el sistema migratorio español desde hace veinticinco años.

La combinación es sencilla. Por un lado, una política de visados muy asimétrica que apenas filtra las entradas desde la mayoría de los países latinoamericanos y restringe en cambio las de África subsahariana y el Magreb. Por otro, una figura de arraigo que premia con regularización casi automática a quien acredite dos o tres años de residencia y un mínimo de integración laboral o social. El resultado es estructural. Una fracción significativa de la inmigración que entra de forma legal pasa por un periodo en la irregularidad antes de obtener los papeles. El sistema funciona así por diseño.

Sobre esa arquitectura, una regularización extraordinaria es un parche sobre un parche. La propia figura del arraigo opera de facto como una regularización extraordinaria diaria; y cada regularización extraordinaria adicional añade ruido, confunde la señal y erosiona la credibilidad de la propia normativa de arraigo, sin atacar el patrón que produce el problema.

3. El espejismo del beneficio fiscal

El argumento más extendido a favor de la medida es de tipo fiscal. Se citan estimaciones de un beneficio neto en torno a los 4.000 euros por inmigrante regularizado, lo que, multiplicado por el medio millón potencial, parecería un billete macroeconómico atractivo. Este cálculo no aguanta un examen mínimamente cuidadoso.

La principal estimación que circula procede del trabajo de Gálvez-Iniesta (2020), publicado como working paper de la Universidad Carlos III. La cifra que se difunde es el saldo fiscal directo, calculado como la diferencia entre cotizaciones e impuestos directos pagados, por un lado, y prestaciones monetarias recibidas, por otro. El problema es que el propio paper hace después el ejercicio relevante. Cuando se ajusta el saldo añadiendo el consumo de sanidad, educación e impuestos indirectos, siguiendo la metodología estándar de la OCDE (2013), la contribución fiscal neta de los hogares no comunitarios desaparece y se sitúa en valores ligeramente inferiores a los de los hogares nativos. Para los perfiles de inmigrantes irregulares más representativos, el saldo ajustado anual asciende, según el mismo trabajo, a entre 750 y 3.300 euros de coste para las cuentas públicas. Regularizar a estos perfiles mejora su contribución respecto al status quo de irregularidad, pero no los convierte en contribuyentes netos.

Este ejercicio es estático e ignora el ciclo vital. Cuando se introduce ese horizonte, la teoría predice un agravamiento. La razón es mecánica. En un Estado de bienestar redistributivo como el español, no todos los hogares aportan más de lo que reciben. El décimo Observatorio del reparto de impuestos y prestaciones de Fedea lo cuantifica para 2023 (López-Laborda, Marín y Onrubia, 2026). Los hogares de los tres primeros quintiles de renta bruta son beneficiarios netos de la intervención pública, con subsidios efectivos que van del 81,5% de su renta bruta en el primer quintil al 14,9% en el tercero. Los del cuarto quintil son contribuyentes netos con un saldo del −4,6%, y los del quinto, con un −19,7%. La contribución neta se concentra en el 40% superior de la distribución y, dentro de él, sobre todo en el último decil. Cuando el mismo informe incorpora la perspectiva de ciclo vital, el efecto redistributivo agregado del sistema se modera (cae del 31,9% al 25,3%), pero la jerarquía entre tramos no cambia.

¿Dónde se sitúa el inmigrante recién regularizado en esa pirámide? Por su perfil ocupacional, casi sin excepción en los tres primeros quintiles. La mayoría trabaja en hostelería, servicio doméstico, agricultura, construcción y manufactura básica, ramas donde el salario mediano se mueve cerca del SMI. Aplicar al colectivo regularizado la estructura fiscal media de los hogares nativos es engañoso. Hablamos de un colectivo cuyo lugar dentro del esquema redistributivo cae naturalmente en el lado receptor del sistema. Coincide, por cierto, con lo que el Ministerio de Hacienda danés viene documentando desde hace años para el conjunto de la inmigración no occidental, cuyo saldo fiscal a lo largo del ciclo vital se mantiene negativo de forma sostenida.

Conviene también leer con cuidado las cifras de prensa. El propio Gálvez aclaró públicamente, después de que circularan los 4.000 euros como saldo neto, que esa magnitud correspondía en realidad a un flujo bruto de recaudación estimado bajo el supuesto fuerte de que toda la bolsa irregular pasara al empleo formal. La diferencia cambia el sentido del argumento por completo.

4. El argumento del PIB y la falacia de composición

El segundo argumento que se utiliza es macroeconómico. La inmigración habría empujado el PIB y, según el reciente trabajo de Cuadrado y Regil (2025) en el Boletín Económico del Banco de España, también habría aportado entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales al crecimiento medio anual del PIB per cápita en el período 2022-2024. La cifra es real, pero conviene leerla con cuidado.

La descomposición del Banco de España muestra que el componente principal de esa aportación es la tasa de empleo, no la productividad. En las dos primeras décadas del siglo, la inmigración llegó masivamente y deprimió la productividad media por composición sectorial; en los últimos años, la cualificación de los flujos recientes ha mejorado (más titulados, mejor distribución ocupacional) y se ha completado parte del proceso de asimilación de las oleadas previas. El propio Banco de España es explícito al señalar que la concentración de la inmigración en hostelería, construcción y servicio doméstico, ramas con valor añadido por hora inferior a la media, sigue ejerciendo un efecto de composición negativo sobre la productividad agregada.

Aquí está el desajuste con la regularización extraordinaria. El colectivo afectado por la medida es, precisamente, el segmento opuesto al que tira del PIB per cápita. Baja cualificación, alta concentración en ramas de baja productividad, empleo informal previo. El argumento de que la inmigración hace crecer la economía se construye con promedios y oleadas heterogéneas. Aplicarlo a un colectivo concreto cuya distribución ocupacional es justo la inversa de la que arrastra la productividad al alza es una falacia de composición.

Detrás de esto hay un problema de modelo productivo. España genera empleo de baja productividad porque tiene una oferta abundante de mano de obra poco cualificada, y atrae mano de obra poco cualificada porque genera empleo de baja productividad. La regularización, sin tocar el sistema de visados ni el modelo productivo, refuerza ese equilibrio. La oferta crea su propia demanda y nadie tiene incentivos para salir del bucle.

5. Inspección, efecto llamada y alternativas razonables

Queda por discutir el efecto llamada. Los defensores de la medida apelan al precedente de 2005, que en los tres años siguientes no se tradujo en un aumento de entradas y sí en un repunte notable de la afiliación a la Seguridad Social, con más de medio millón de cotizantes adicionales. La analogía es problemática. La regularización de 2005 exigía contrato de trabajo en vigor; la actual no. Sin esa exigencia y con una probabilidad de inspección laboral baja, el empleador racional sigue sin tener incentivo para aflorar la relación laboral. Una parte de la bolsa irregular puede quedar regularizada como persona sin pasar al empleo formal, lo que vacía el supuesto fundamental del propio cálculo fiscal que defiende la medida.

Lo razonable sería ir al fondo del problema. Hay alternativas conocidas. La contratación en origen, con cuotas planificadas por sector y cualificación, es lo que hacen Canadá o Australia y lo que está construyendo Italia. Requiere capital político, créditos presupuestarios para la plataforma administrativa y una conversación pública adulta sobre cuántas personas queremos, de dónde, con qué cualificación y bajo qué condiciones. La política de visados podría dejar de ser tan asimétrica con las distintas regiones de origen. La formación en origen para profesiones donde España tiene déficit, como sanitarios y oficios técnicos, sería una vía complementaria. Y el problema de fondo, el modelo productivo, se resuelve atrayendo inversión hacia actividades de mayor valor añadido, no perpetuando la economía del bajo coste.

El debate, por tanto, no debería plantearse como regularización sí o no. La pregunta correcta es dentro de qué arquitectura de política migratoria se aplica. Sin esa arquitectura, cada extraordinaria es un reset. Erosiona la credibilidad institucional, alimenta la polarización y, sobre todo, aplaza una conversación que España lleva décadas postergando. Esta regularización, aprobada por la vía del Real Decreto-Ley y sin memoria económica seria, sin evaluación de impacto fiscal a medio plazo ni programa complementario de inserción o de inspección, confirma que el problema migratorio se ha preferido aplazar antes que abordar de frente.

Bibliografía

Cuadrado, P., y Regil, A. (2025). Una estimación de la contribución de la población extranjera en España al crecimiento del PIB per cápita en el período 2022-2024. Boletín Económico del Banco de España, 2025/T2, artículo 10. https://doi.org/10.53479/40025

Gálvez-Iniesta, I. (2020). The size, socio-economic composition and fiscal implications of the irregular immigration in Spain (Working Paper Economics 2020-08). Universidad Carlos III de Madrid. http://hdl.handle.net/10016/30946

López-Laborda, J., Marín-González, C., y Onrubia, J. (2026). Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles. Décimo informe – 2022 y 2023 (Estudios sobre la Economía Española 2026-13). FEDEA.

OECD (2013). The fiscal impact of immigration in OECD countries. En International Migration Outlook 2013 (pp. 125-189). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/migr_outlook-2013-en

Phelps, Edmund (2024): Mis viajes alrededor de la teoría económica. Deusto, p.232 (ISBN-13 : ‎ 978-8423437139)

(Por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universitat de València)

Aunque el libro se editó hace un par de años, adquiere resonancia a la luz de la muerte en mayo de Edmund Phelps. El libro es una biografía intelectual del autor en la que recorre su vida a través de sus aportaciones a la Economía. El libro se organiza en 8 capítulos en los que cronológicamente va mostrando los diversos lugares donde trabajó, empezando por la RAND Corporation, pasando por la Fundación Cowles (Yale), haciendo estancias en el MIT y en la London School of Economics, hasta llegar a la Universidad de Pensilvania y acabar en la Universidad de Columbia. A este respecto, es destacable el conjunto de opiniones del autor sobre la calidad de estos centros. El largo trayecto por entidades académicas le permitió conocer y establecer relación directa con personajes académicos de renombre internacional como Koopmans, Tobin, Sen, Rawls, Nagel, Samuelson, Okun, Debreu, Balassa, Hicks, Harrod, Robinson, Hahn, Dasgupta o Meade entre otros. Se echan en falta comentarios más personales acerca de estos investigadores que ofrecería una visión más fresca sobre la elaboración de la Economía, de la que es muy difícil disponer.

Hacia mediados de los años 60, encontró unas fuentes de inspiración en el concepto de incertidumbre de Knight, en la perspectiva hayekiana de la depresión y en las rigideces a la baja de los salarios destacadas por Keynes, que, de hecho, marcarían el futuro de su vida de investigador. En esos momentos también estuvo en contacto con varias administraciones presidenciales norteamericanas, pero, finalmente, decidió orientarse plenamente hacia el mundo académico y dejar de lado el político y, también, el desarrollo de aspectos de política económica.

A partir de este trasfondo, Phelps va mostrando su amplio trabajo investigador y va poniendo de manifiesto su originalidad en remitirse a formas de coordinación entre los propios agentes económicos, sustentadas en información imperfecta, la existencia de incertidumbre o el uso de sus expectativas (no de tipo racional, las cuales criticó abiertamente). A la luz de su exposición, se pueden sintetizar sus aportaciones, en primer lugar, respecto a una fundamentación microeconómica del desempleo, a partir de las propuestas de Keynes. Esto le condujo a argumentar a favor de una reconsideración de la curva de Phillips.

En segundo lugar, y a través de su relación con Rawls, la reivindicación del trabajo como dimensión de la dignidad de las personas y, en este sentido, cuestionando la validez de una renta básica universal. No obstante, apostaba por el establecimiento de subsidios de empleo a trabajadores con salarios bajos. En tercer lugar, cuestiona el uso de la deuda pública como mecanismo de crecimiento y de salida de las crisis económicas.

Merece la pena comentar aparte las investigaciones de Phelps cuando se jubiló. A partir de ese momento, en lugar de matizar y ampliar las teorías que habían diseñado otras personas, trató de crear una teoría propia, que se presentó en su libro Una prosperidad inaudita. De este libro y de sus secuelas, Phelps mantiene una gran impresión, que se manifiesta extensamente en el libro que se está reseñando. Ahí concentró su atención en las innovaciones autóctonas, es decir las surgidas dentro de un país, teniendo como base la creatividad y la imaginación de las personas. Este enfoque contrasta con el que se había desarrollado hasta el momento, que orientaba las explicaciones hacia los descubrimientos, la aparición de pioneros (Schumpeter) o los resultados científicos (modelos de Spiethoff-Solow o de Aghion-Howitt). Como Phelps mira a los orígenes del capitalismo, deja a un lado las explicaciones que apuntan a las instituciones y se concentra en los valores de la gente, en particular, los favorecedores del cambio. Así pues, los factores culturales pasan a un primer plano. Por tanto, esta última línea de investigación constituye un cuarto tipo de aportaciones de Phelps: el cuestionamiento de la teoría de la innovación de Schumpeter (sobre la que se basa la teoría estándar de crecimiento económico).

En este caso, Phelps se encuentra muy condicionado por una visión individualista del cambio social y por una fascinación por los valores humanistas surgidos en el Renacimiento. Quizás esta visión para economías poco desarrolladas puede tener cierta validez, pero para sociedades industriales maduras, en las que la dinámica económica depende de las grandes empresas, sería más discutible.

Por este motivo, sus recomendaciones de política económica aparentan cierta falta de madurez. No obstante, sí abre la posibilidad al diseño de políticas económicas de nuevo cuño relacionadas con el estímulo de la integración de la gente en el puesto de trabajo o la promoción de la iniciativa individual.

Así pues, se trata de un libro interesante en el que se exponen y critican políticas económicas que se han llevado a cabo. Como los trabajos de Phelps son expuestos sin recurrir a modelizaciones o explicaciones abstractas, pueden ser de acceso fácil para los estudiantes. Por tanto, este libro puede ser utilizado para complementar explicaciones de políticas económicas coyunturales, así como otras relacionadas, especialmente, con crecimiento económico.

Versión pdf

VII Jornadas de Política Económica: “Cohesión territorial y bienestar social: desafíos de la política económica contemporánea” 4 y 5 de junio de 2026 (anuncio)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada y Política Económica Universidad de Alicante

¿Cómo participar?

Las VII Jornadas de Política Económica se celebrarán en formato presencial en la Universidad de Alicante.

Plazos y entregas

Las Jornadas se celebrarán en dos sesiones durante la tarde del jueves 4 y la mañana del viernes 5 que incluirán la presentación de comunicaciones, así como la celebración de una conferencia/mesa redonda (por determinar). Para la recepción de propuestas de comunicaciones será necesario enviar un resumen de 1.500 palabras como máximo antes del 15 de abril de 2026. La aceptación se comunicará antes del 30 de abril de 2026.

Se dará prioridad a las propuestas de comunicación recibidas que sigan las líneas temáticas de estas jornadas. Una vez aceptada la propuesta de comunicación el/la autor/a o autores deberán enviar una presentación en formato PowerPoint o similar antes del 1 de junio de 2026.

Enlace a la web

Inscripciones y Contacto

Antonio Fuster Olivares. Email: toni.fuster@ua.es. Formulario de Inscripción

Temática y líneas de trabajo

La política económica contemporánea afronta desafíos relacionados con la cohesión territorial y el bienestar social. Tras la recuperación posterior a la pandemia, es necesario un modelo inclusivo y sostenible que combine eficiencia económica y equidad social y territorial. La cohesión territorial exige promover la innovación, la reindustrialización y la sostenibilidad, aprovechando la digitalización para reducir brechas y fomentar oportunidades en áreas rurales y ciudades intermedias. La relocalización productiva y los clústeres regionales fortalecen la autonomía estratégica. Frente a la despoblación rural y la concentración urbana, se requiere una nueva visión del territorio, con mayor participación ciudadana y resiliencia territorial, apoyada en los fondos europeos Next Generation EU. El bienestar social demanda políticas de redistribución, empleo digno, igualdad educativa y sanitaria, y protección frente a la vulnerabilidad. El acceso a la vivienda asequible se ha convertido en un reto central, especialmente en grandes urbes. Estas jornadas ofrecen una panorámica de los principales retos de la política económica contemporánea: vivienda, inteligencia artificial y empleo, despoblación, reindustrialización sostenible y vertebración territorial.

A. Cohesión territorial, desarrollo regional y resiliencia

La cohesión territorial y el desarrollo regional son esenciales para el bienestar social. Las regiones periféricas afrontan retos en innovación, competitividad y acceso a servicios públicos. La conectividad es clave en áreas rurales. La despoblación del medio rural y el deterioro de ecosistemas refuerzan el papel de las ciudades intermedias y la participación ciudadana. La resiliencia territorial se vincula a las políticas de cohesión europeas y a los fondos Next Generation EU.

B. Innovación, digitalización y sostenibilidad

Las políticas de innovación con enfoque territorial deben impulsar smart cities y smart villages, extendiendo la digitalización y las oportunidades de innovación. La transformación de las cadenas globales de valor y la relocalización productiva requieren una política industrial renovada basada en la innovación, los clústeres regionales y la colaboración público-privada. La digitalización y la transformación productiva deben integrarse con la transición ecológica y la economía circular, verde y azul.

C. Política económica para el bienestar social: vivienda, renta e inclusión social

La vivienda, la inclusión social y el salario mínimo centran el debate. El reto es reducir la desigualdad mediante políticas de redistribución complementadas con un mercado laboral fuerte y servicios públicos. El acceso a la vivienda asequible es un eje central por el aumento de precios, la escasa oferta pública y las propuestas de intervención estatal en el mercado.

Nuevo número de la International Review of Economic Policy-Revista Internacional de Política Económica (IREP)

Recientemente se ha publicado un nuevo número de la Revista Internacional de Politica Económica – International Review of Economic Policy (IREP) (Vol. 7 Núm. 2, 2025). Se trata de un número monográfico sobre instituciones y política económica. Los contenidos son los siguientes: el Vol. 7 Núm. 2 (2025) de la International Review of Economic Policy (IREP).

Como equipo gestor de esta publicación, codirigido desde principios de 2026 por el Prof. Dr. Antonio Sánchez Andrés (Universitat de València) y por la Profa. Dra. Olga González (Universidad de La Laguna), nuestro compromiso es consolidar un espacio de excelencia para el análisis de la realidad económica. Este nuevo volumen refleja el esfuerzo colectivo por impulsar la investigación de vanguardia y la transferencia de conocimiento a la sociedad.

Temas clave en este número:

• Política económica y economía de la tauromaquia en España: Una aproximación (por Mario Sánchez Avilés, Belén Miranda-Escolar, Juan José Juste Carrión)
• Estabilizar sin gradualismo: política fiscal y monetaria bajo el plan Milei (por Tomás Piqueras Fontaneda)
• Convenios colectivos, salarios e inflación en España: un análisis empírico para las políticas económicas y sociales (2011-2024) (por Lluís Franco Sala)
• Geopolítica digital: política de regulación y su importancia en inteligencia artificial en EE.UU., China y la UE (por Maja Barac, Mª Isabel López Rodríguez)
• El Pacto Verde europeo y la competitividad industrial: un análisis comparativo de la Unión Europea con Estados Unidos y China (2012-2023) (por Juan Antonio Minang Ntang)

Consulta el número completo aquí: irep.uv.es

Periodo de participación pública hasta el 15 de abril del Real Decreto de Especialidades y Ámbitos de conocimiento

El proyecto de Real Decreto ha despertado gran interés por el impacto sobre las promociones futuras del profesorado universitario. En este proyecto de RD se determinan las especialidades de conocimiento a efectos del establecimiento de los perfiles de las plazas de profesorado universitario de la universidad pública y los ámbitos del conocimiento a efectos de la adscripción de los puestos de trabajo del profesorado universitario y se modifica el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre el régimen del profesorado universitario.

Tiene la particularidad de que se reconoce a «Política Económica» como especialidad de conocimiento (la número 288).

Se ha abierto el trámite de información pública, cuyo plazo es del 1 al 15 de abril. Es decir, que parece que en breve se aprobará el mencionado RD.

El documento original se puede consultar, por ejemplo, en:

https://www.cdpue.es/wp-content/uploads/2025/11/2025_10_28_PRD-sobre-especialidades-y-ambitos-del-conocimiento.pdf

Detalles del proyecto:

https://www.ciencia.gob.es/Convocatorias/Participacion-Publica/Consulta-publica-previa/2026/CPP_RD_EspecialidadesConocimiento.html

III Ciclo de Seminarios sobre Política Económica Curso 2025/2026 (resultados Segundo Seminario)

Organiza: Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

Colabora: IAES (Universidad de Alcalá)

Coordina: Salvador Pérez Moreno (Universidad de Málaga)

“La relación trasatlántica ante el cambio de era”, Jordi Bacaria Colom (UAB)

El pasado miércoles 2 de febrero de 2026 tuvo lugar la segunda sesión del III Ciclo de Seminarios sobre Política Económica organizado por REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, bajo el título «La relación trasatlántica ante el cambio de era». Dicho seminario fue impartido por el profesor Jordi Bacaria Colom (UAB) y moderado por el profesor Raúl de Arriba Bueno (UV), con la colaboración técnica del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá.

En su intervención, el profesor Jordi Bacaria abordó el tema de la relación trasatlántica entre la Unión Europea y Estados Unidos, introduciendo los antecedentes de dicha vinculación y centrándose en la actualidad de la relación a la vista de los acontecimientos producidos en el último año con el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. El ponente puso especial atención a la “Estrategia de Nacional de Seguridad de Estados Unidos”, en la que hay una mención especial a Europa, con ataques a sus valores, la migración y a la obligación de asumir su propia defensa. También puso en consideración que, a pesar de la importancia de esta relación, se debería tener en cuenta la conexión trasatlántica más allá de Estados Unidos, a través de acuerdos con otros países del continente, como Canadá, México o Mercosur. Frente al ataque al multilateralismo por parte de Trump, citó la propuesta del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Davos, quien propuso que las potencias medias deben trabajar juntas para defender las normas y reconstruir la confianza en el sistema.

En referencia a la necesidad de autonomía estratégica propuesta por Carney, el profesor Bacaria abundó en la autonomía estratégica y la autonomía estratégica abierta en comercio, que ya fue definida por la UE como un objetivo clave desde 2020, ante la dependencia de China, y que actualmente requiere una actualización frente a Estados Unidos. Y por ello se debe reforzar la autonomía estratégica abierta con los socios confiables, con los que ya se han firmado importantes acuerdos de libre comercio. Entre los últimos (pendientes de ratificación), los de la India y Mercosur.

En la relación trasatlántica, se extendió en tres puntos clave. En primer lugar, que la Unión Europea y Estados Unidos mantienen la mayor relación bilateral de comercio e inversión y la relación económica más integrada del mundo, y que, a pesar de la política arancelaria de Trump, a corto y medio plazo esta relación difícilmente va a cambiar. En segundo lugar, como objetivo, la necesidad de escalar el mercado de bonos europeos, que sigue siendo pequeño en relación al del Tesoro estadounidense, con el fin de lograr la autonomía financiera europea. Y, en tercer lugar, apuntó el riesgo de la erosión de la independencia de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que podría afectar el sistema financiero internacional y, por ende, a la UE.

Finalizó, con una mención a Mario Draghi, en su llamada a la necesidad de una Europa federada para convertirse en una potencia y así preservar sus valores.

Puede accederse a la grabación de este primer seminario del III Ciclo en el siguiente enlace: La relación trasatlántica ante el cambio de era.

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

Desde la Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) se apuesta por la divulgación. Periódicamente, REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés tanto para la Política Económica como para su difusión a través de la Red. En esta ocasión, son de interés ocho textos recientes. En general, giran en torno a los siguientes temas: la gobernanza y competitividad europea, la transformación tecnológica para gestionar recursos energéticos estratégicos, los conflictos geopolíticos en el contexto actual y la regulación del turismo.

Sobre la gobernanza y competitividad europea encontramos tres textos. En primer lugar, el ifnorme Accelerating Europe: Competitiveness for a new era de Massimo Giordano y otros para el McKinsey Global Institute. En él se propone duplicar el gasto en I+D y crear un “régimen 28” de reglas empresariales comunes para facilitar la escala transfronteriza. Sugieren reducir a la mitad los costes energéticos y activar 400.000 millones de dólares anuales en inversión corporativa adicional para cerrar la brecha de prosperidad con EE. UU.. El segundo texto es de Dani Rodrik en el que defiende una política industrial estratégica y selectiva en sectores avanzados para competir con China sin caer en el proteccionismo ciego. Propone que la UE relaje sus restricciones para permitir que los países miembros realicen experimentación económica nacional adaptada a sus necesidades sociales. Cerrando el bloque, tenemos un artículo de Carme Colomina y el equipo de CIDOB en el que plantean la urgencia de buscar relaciones comerciales alternativas a Estados Unidos ante el retorno de doctrinas proteccionistas y arancelarias. Sugieren que la UE debe consolidar la defensa como vector clave de sus políticas industriales y diversificar alianzas con el Sur Global para mitigar la coerción tecnológica.

Dos artículos tratan la transformación tecnológica para gestionar recursos energéticos estratégicos. En concreto, Thijs Van de Graaf, sostiene que los gobiernos deben integrar la gestión de energía y minerales críticos como pilares centrales de sus políticas digitales. Propone establecer estándares de transparencia obligatorios sobre el consumo de recursos en centros de datos para permitir una regulación ambiental efectiva. Adicionalmente, recomienda forjar alianzas estratégicas con países ricos en recursos para asegurar un acceso estable y sostenible a los insumos de la IA. Desde el Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, insta a los gobiernos a rediseñar los sistemas educativos para fomentar habilidades cognitivas y creativas que complementen la IA. En paralelo, argumenta a favor de fortalecer la protección social y la movilidad laboral mediante viviendas asequibles para apoyar a los trabajadores en transición. Además, defiende políticas de competencia robustas que faciliten la entrada de nuevas empresas sin la concentración de poder por la captura de talento.

Para ahondar en los conflictos geopolíticos, ante la dependencia energética de EE.UU., Félix Arteaga y Gonzalo Escribano proponen el uso de reservas estratégicas y la coordinación con la OPEP para aumentar la producción y mitigar subidas de precios ante crisis militares. Sugieren que las sanciones deben ser flexibles en las negociaciones nucleares y balísticas. En esta misma línea, Johan Norberg, argumenta que la política económica debe basarse en el comercio abierto y la libertad de expresión . Al respecto, destaca la importancia de la división de poderes y los derechos de propiedad como contra el control estatal arbitrario de recursos económicos. Por último, sobre la regulación del turismo Hidalgo y Velázquez desaconsejan las prohibiciones sobre el alquiler turístico, optando por mecanismos de supervisión efectivos para equilibrar el turismo con el derecho a la vivienda.

Manuales de Política Económica: “Retos futuros de la política económica y social: problemas, objetivos y estrategias. (ed. Aula magna, McGraw Hill, 2025)”

(Por Ferran Moncho Gonzálbez, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica- Universitat de València)

Reseñamos en esta ocasión un nuevo libro de Política Económica publicado recientemente. Se trata del libro coordinado por Carlos Ochando Claramunt, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y que lleva por título Retos futuros de la política económica y social: problemas, objetivos y estrategias (Ed. Aula Magna McGraw Hill, 2025). Un libro valioso, a mitad camino entre un manual de Política Económica, un ensayo y un trabajo de investigación con el necesario rigor analítico y científico. Un libro que pretende contribuir al debate actual sobre la política económica, cuya intención última es poner un grano de arena en el diseño de lo que se ha denominado el nuevo contrato social, aportando propuestas alternativas de intervención pública para construir, en definitiva, un mundo mejor, más justo y más habitable. El libro reúne a once autores de diferentes Universidades y del CSIC que han reflexionado sobre siete importantes retos: 1) los nuevos enfoques de la política económica; 2) la inflación y su componente distributivo; 3) el empleo, la digitalización y el cambio técnico; 4) la desigualdad; 5) el reto demográfico con sus derivadas sobre el envejecimiento de la población y la inmigración; 6) el replanteamiento de la globalización y 7) el cambio climático. Describiremos, con un poco más de detalle, el contenido del libro.

El capítulo 1, realizado por los profesores Antonio Sánchez y Ferrán Moncho, ambos pertenecientes al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, tiene por objetivo reflexionar sobre los nuevos enfoques y paradigmas actuales que orientan la política económica. ¿Cuáles son los debates actuales sobre política económica?, ¿qué autores y paradigmas están liderando ese debate?, ¿podemos llegar a una síntesis consensuada de una política económica óptima o presenciaremos una larga e inacabada controversia entre los economistas? Para contestar estas preguntas los autores distinguen entre enfoques ortodoxos (ortodoxia globalista y austeridad expansiva), enfoques alternativos antidesigualitaristas (capitalismo progresista de Stiglitz y socialismo participativo de Piketty) y enfoques alternativos tecnologistas (propuesta productivista de Mazzucato y nueva planificación). Como ejemplos de políticas económicas aplicadas, los autores analizan dos estudios de caso: China y Hungría.

El capítulo 2, escrito Juan Francisco Albert y el mismo coordinador del libro Carlos Ochando, ambos también profesores del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, se dirige a analizar el fenómeno inflacionista y sus consecuencias distributivas. La inflación es causa y consecuencia siempre de un conflicto distributivo. El reciente proceso inflacionista ha vuelto a poner en la agenda política y social la necesidad de adoptar una política de rentas que, primero contenga la dinámica de crecimiento de los precios y segundo, contribuya a un reparto más equitativo de las consecuencias distributivas regresivas que implica la inflación. . Los autores defienden la necesidad de articular una política de rentas con dos pilares: el pilar corporativo (elegir una norma de crecimiento salarial para la negociación colectiva) y el pilar público (establecimiento del SMI, impuestos, control de precios y crecimiento salarial para los empleados públicos).

El capítulo 3, que lleva por título El eterno retorno. Empleo, cambio técnico y digitalización, lo escribe Rafael Muñoz de Bustillo. En él se analiza el impacto del cambio tecnológico y la revolución digital sobre el mercado de trabajo: los efectos sobre el tipo de empleo, la estructura del empleo, la calidad del empleo, las condiciones de trabajo, la desigualdad y la productividad. Para el autor, el debate no es nuevo, sino muy antiguo. Por eso titula el capítulo como “el eterno retorno”. Se pregunta si con la nueva revolución digital y la IA la realidad puede ser muy diferente. Para analizar los diferentes escenarios, el autor concede una importancia central al papel que pueda desempeñar la política económica y el Estado de bienestar.

Los autores de capítulo 4 son Jorge Uxó (profesor de la Universidad Complutense de Madrid) e Ignacio Álvarez (profesor de la Universidad Autónoma de Madrid). El objetivo es analizar las raíces de la desigualdad en términos de la distribución funcional de la renta. El estudio de los salarios y su comparación con la evolución de la productividad está inexcusablemente conectado también con la desigualad en los ingresos personales de las familias. Para los autores, una caída de la participación laboral en la renta daña el crecimiento económico inclusivo.

El capítulo 5 está dedicado al reto demográfico, con sus derivadas sobre el envejecimiento, la inmigración y las políticas de población. Su autora es Dolores Puga, investigadora en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En el trabajo se analizan los cambios estructurales que afectan la estructura demográfica actual (baja fecundidad, el papel creciente de la migración, etc.) y las consecuencias de tener sociedades cada vez más envejecidas y longevas. La autora incide en la importancia de implementar políticas públicas acordes con la nueva realidad demográfica (políticas natalistas y familiares, de gestión del poblamiento, migratorias, políticas de bienestar, de cuidados de larga duración, salud, envejecimiento activo y de trayectorias laborales y jubilación).

El capítulo 6 tiene como objetivo analizar el replanteamiento actual del modelo de globalización neoliberal construido en las últimas décadas. Lleva por título Seguridad y globalización. Conflicto y transformación en el orden económico internacional y su autor es el profesor Raúl de Arriba, perteneciente al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. El autor, que parte de concepto de seguridad y su importancia para cualquier sistema económico, apunta cuatro importantes conflictos de la globalización: con la eficiencia, con la equidad, con el medio ambiente y con la seguridad. El trabajo acaba preguntándose si estamos ante el fin de la globalización -tal y como la hemos conocido- o en el comienzo de nuevos fenómenos como una “globalización lenta” o la reconfiguración de las cadenas de valor global.

Finalmente, el capítulo 7 encara uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la humanidad: el cambio climático. Se trata de un riesgo existencial, que no sólo condiciona las políticas económicas, sino que interpela la sostenibilidad y supervivencia misma del planeta. Los autores son Pablo del Río, investigador del CSIC, y Emilio Padilla, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. El capítulo revisa la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mitigación necesaria para cumplir con el Acuerdo de París. Los autores analizan el papel de las energías renovables en esa mitigación y en una transición energética descarbonizada justa, junto con las inversiones que serían necesarias. Además, destacan su impacto positivo en la generación neta de empleo, siempre que se implementen políticas públicas adecuadas. El capítulo también propone medidas de política pública para garantizar que una transición con alta penetración de renovables impulse el empleo, el desarrollo de la industria local y los beneficios socioeconómicos.

Una vez descrito el contenido del libro, destaquemos lo que, en nuestra opinión, han sido sus motivaciones principales, que podríamos resumir en tres:

• Abordar el contexto económico actual de alta inestabilidad e incertidumbre, que es en sí mismo un reto para la Política Económica;
• Romper la estructura clásica de temas compartimentados que aparecen en cualquier manual de Política Económica. Es decir, en lugar de estructurar los temas por “políticas” el coordinador ha preferido hacerlo por “problemas”. Problemas actuales o futuros que desafían la toma de decisiones de la política económica y
• Apostar por un enfoque interdisciplinar: todos los autores del libro parten de la creencia de que ningún problema económico es sólo económico ni se puede resolver sólo con las herramientas exclusivas de la ciencia económica, y más cuando abordamos temas relacionados con la Política Económica. En el diseño, ejecución y evaluación de cualquier política económica, el análisis interdisciplinar no solo es pertinente, sino inexcusablemente necesario.

Finalmente, solo resta decir que estamos frente a un libro valioso, que realiza una aportación rigurosa y profunda en el análisis de los principales problemas que debe abordar la política económica en el momento actual (y los que se vislumbran en el horizonte). Podríamos pensar que falta el análisis y estudio de muchos otros problemas, pero suponemos que razones de extensión han obligado a realizar una labor previa de selección de los mismos. En resumen, y para finalizar esta breve reseña, pesamos que, sin duda, el libro contribuye al debate abierto sobre la política económica necesaria -y posible- en los tiempos turbulentos e inciertos como los actuales, aportando un conocimiento útil que incluye propuestas y recomendaciones para afrontar los desafíos y conflictos económicos que nos amenazan y preocupan… Y que nos seguirán preocupando en años venideros.

Debate sobre contenido de las asignaturas troncales de Política Económica

En este número del Noticias de Política Económica, se abre una sección con el objetivo de poner en común, debatir y, en su caso, ayudar a homogeneizar los contenidos de la troncalidad de Política Económica en España. En principio, se prevé la edición de una serie de, al menos, cuatro artículos planteando los contenidos temáticos que deberían incluirse en la la troncalidad de la Política Económica. En concreto, formación de la política económica (incluyendo, definición y estructuración), políticas económicas coyunturales, políticas económicas estructurales y políticas económicas estructurales de corte social. En su caso, esta sección podría llegar a incluir algún artículo más relacionado con los contenidos de política económica internacional y política económica comparada. Esta sección no pretende consistir simplemente en la exposición de la visión de un autor, en este caso de Antonio Sánchez Andrés, director Noticias de Política Económica y profesor de Política Económica en la Universidad de Valencia, sino que aspira a que se generen respuestas por parte del profesorado afectado manifestando matizaciones, consideraciones o perspectivas alternativas, que serían publicadas. Así pues, se invita al profesorado de Política Económica a participar activamente en esta sección.

Políticas Económicas Coyunturales, una crítica a partir de una propuesta de temario

(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada, -Política Económica- Universitat de València)

Uno de los manuales que se está utilizando en España para la enseñanza de la Política Económica es el coordinado por Carlos Ochando Claramunt, profesor del Departamento de Economía Aplicada –Política Económica- de la Universidad de Valencia. Antes de pasar a una discusión sobre los contenidos, debe tenerse presente que el mencionado libro tiene el objetivo de explicar una parte de la troncalidad de la Política Económica, en particular, únicamente se concentra en la asignatura de políticas coyunturales, dejando de lado, explícitamente las alusiones a políticas estructurales, económicas y sociales, así como a las de tipo internacional, o no entrando, deliberadamente, en la formación de la política económica, siendo todos estos aspectos excluidos objeto de tratamiento en otros manuales, parte de ellos aparecidos en el marco del Departamento de Economía Aplicada (Unidad Docente de Política Económica) de la Universidad de Valencia. Estos comentarios no deben ir en demérito de otras iniciativas (en particular manuales sobre políticas económicas coyunturales) llevadas a cabo por otro profesorado de Política Económica perteneciente a otras universidades españolas.

Recientemente (en 2025), ha aparecido la tercera edición del manual denominado “Políticas económicas coyunturales. Objetivos e instrumentos” (editorial Tirant lo Blanch, Valencia), después de ver la luz otras dos ediciones en 2015 y 2021. En las dos primeras ediciones se mantiene la estructura temática, tratándose la segunda más bien de una reedición con actualizaciones; aunque sí debe destacarse que, en ciertos casos, han cambiado los autores de los capítulos, alterándose el enfoque entre ambas ediciones. La tercera sí supone una variación importante en la estructura temática.

En esta tercera edición se ha prescindido del primer capítulo, con el que se iniciaban las dos anteriores ediciones, que versaba sobre los objetivos de las políticas a largo plazo. Esta decisión del coordinador resulta acertada para ofrecer coherencia al libro, cuya atención se centra en las políticas económicas coyunturales, es decir, el horizonte de referencia es esencialmente el corto plazo. A continuación, se explaya más bien en exceso en los objetivos a corto plazo, pues dedica 3 capítulos, a saber, uno sobre ciclos, otro acerca de la estabilidad de precios y otro referente a empleo. Los tres podían integrarse en uno solo, en particular en el primero, argumento que se justificaría, de hecho, en que, finalmente, en el tema sobre precios se dedica una parte considerable a la explicación de qué es la inflación o a sus causas, aspectos explicados en otras asignaturas; o, en cuanto al tema de empleo, tal como se reconoce en la propia explicación, este objetivo presenta un fuerte carácter estructural, yendo más allá de las pretensiones didácticas del manual.

A continuación, aparece la política de rentas, que tuvo trascendencia en el siglo XX, pero con más limitado impacto en el siglo XXI. Debe señalarse que, aun así, no está mal su inclusión debido a que puede abrir la perspectiva para la realización de políticas económicas futuras. Después se abordan las tres políticas clásicas consideradas como de corte coyuntural: presupuestaria (en el libro denominada fiscal), monetaria y equilibrio externo. Respecto a la primera, es destacable que en este capítulo se integran los aspectos del déficit y de la política de endeudamiento públicos, que en las anteriores ediciones del manual brillaban con luz propia, al disponer de un capítulo específico. Esta decisión comprime mucho los contendidos de la política presupuestaria, donde podría haberse explicado con más detenimiento la faceta de gastos del presupuesto. Pero, el mayor problema radica en eclipsar las políticas relacionadas con el (des-) equilibrio presupuestario y con su financiación (políticas de deuda pública), dejando un vacío en la formación de los estudiantes que, a la sazón, no es cubierto por ninguna otra materia, amén de constituir un contenido esencial de política económica, que es de gran actualidad, en particular, teniendo como trasfondo la situación económica actual y el dominio de una ortodoxia económica sustentada en la austeridad expansiva. En cuanto a la inclusión del tema de política monetaria resulta correcta, pero, en este ámbito, se prescinde de una lección sobre la política macroprudencial, sí considerada explícitamente en las anteriores dos ediciones.

Mantener este tema es esencial a la luz de la estructura y evolución de nuestras economías, así como de las discusiones acerca del papel del sector financiero en las economías más desarrolladas y en las desestabilizaciones que estas actividades económicas promueven.

Con este trasfondo, aunque se celebra la aparición de la tercera edición de “Políticas económicas coyunturales. Objetivos e instrumentos”, después de las consideraciones expuestas, en términos de estructuración temática para explicar la docencia de la troncalidad de Política Económica, parecen superiores las anteriores ediciones en términos temáticos. Aquello que resulta curioso es que la serie de manuales coordinados por el profesor Ochando, inicialmente, en términos de contenidos, pretendieron alejarse de los que se encontraban en circulación, en particular, los encabezados por los profesores Fernández Díaz y Cuadrado Roura, pero, finalmente, ha operado una hipérbole que lo ha conducido a recuperar la estructura tradicional. De hecho, coincide con el núcleo central del manual del profesor Cuadrado Roura que se encuentra en plena circulación (editado en 2023, en su 7ª edición), aunque sí debe señalarse que el enfoque de los contenidos difiere claramente. También esta estructura tradicional es seguida, aunque de manera más ligera, por el manual editado por el profesor Juan Carlos Morán, de la Universidad de Sevilla en 2024 (de hecho, reedición revisada de otro manual que publicó en 2014).

Tras esta discusión, se podría proponer como temario básico para explicar las políticas coyunturales la siguiente estructuración temática (siendo los títulos aproximativos):

1. Tema-1. Objetivos a corto plazo de la política económica y los ciclos económicos
2. Tema-2. Política presupuestaria (I): política de ingresos y de gastos públicos
3. Tema-3. Política presupuestaria (II): política de déficit y endeudamientos públicos
4. Tema-4. Política de rentas
5. Tema-5. Política monetaria y financiera (I): política monetaria
6. Tema-6. Política monetaria y financiera (II): política macroprudencial
7. Tema-7. Política de estabilización exterior

Este temario tiene la ventaja de que podría explicarse en un semestre, además de tener la misma extensión que la tercera edición del manual coordinado por el profesor Carlos Ochando. En este sentido, la explicación de este temario ya dispondría de un material bibliográfico-didáctico elaborado de referencia, es decir, la segunda y la tercera edición del mencionado manual.

Política económica internacional

Crisis, globalización y políticas económicas ¿qué hemos aprendido?

(por Gumersindo Ruiz Bravo de Mansilla, Universidad de Málaga, EUROVAL)

En este trabajo se utilizarán los siguientes tres libros de historia económica:

• Donato Fernández Navarrete, El modelo económico español y sus transformaciones (1800-2024), Garceta grupo editorial, 2026, 409 páginas.
• Luis Garrido-González, Mariano Castro-Valdivia editores, España (1923-2023): Un siglo de economía, Marcial Pons, 2023, 247 páginas.
• Juan Manuel Matés-Barco, María Vázquez-Fariñas, editores, Economía y globalización. Cien años de crisis económicas, Tirant humanidades, 2025, 333 páginas.

para reflexionar sobre el papel de las crisis en la transformación de las economías. Estos libros no siguen de forma explícita una narrativa schumpeteriana, ya sea sobre los cambios en los modelos empresariales o acerca de las políticas económicas que originan las crisis y se toman tras ellas, pero argumentan hacia la creación de nuevas formas de producción. Consideradas conjuntamente las tres obras, aportan un conocimiento de gran interés sobre las crisis económicas y la transformación de las sociedades, tanto en el ámbito español como de la economía global. En este artículo nos centraremos en la integración internacional, teniendo como eje vertebrador la apertura hacia el comercio y los intercambios, y las políticas económicas que se adoptaban a lo largo de la historia.

Transformaciones del modelo económico español

El libro del profesor Donato Fernández es una obra ambiciosa, que abarca más de dos siglos de vida española, y analiza los temas fundamentales en cada período en cuatro partes tituladas: Sobre la formación del mercado español (1800-1959); La transición económica: del Plan de Estabilización al Ingreso de España en las Comunidades Europeas (1959-1986); España en la Unión Europea (1977-2024). Y una cuarta parte con ocho apéndices sobre temas monográficos como son, entre otros, el sindicalismo, las consecuencias de la Guerra Civil, autonomías, nacionalismos y financiación. Esta investigación rigurosa sobre los hitos de nuestra economía en la historia y concreción de ideas a partir de análisis detallados, sugiere escenarios actuales cuyos rasgos principales tienen coincidencias con los históricos.

Es especialmente de interés el hilo que parte de la polémica entre librecambio y proteccionismo, y se prolonga hasta ahora, con la ruptura de una tendencia de décadas en que, con sus altibajos, abogaba por el libre comercio y el multilateralismo; la utilización de los aranceles vinculados a la política y sus efectos, vuelve a presentarse como un recordatorio de la importancia de conocer la historia y aprender de ella. Un aspecto destacables es cómo en 1869 se enfrentan la lógica de la innovación que podría comportar para España cierto librecambio, con las consecuencias de la desprotección de sectores -prácticamente toda la economía española- que carecían de competitividad. La dinámica del incipiente transporte por ferrocarril y los avances en la tecnología de los buques, aumenta la prevención ante el comercio, como vemos que ocurre actualmente, salvando las distancias, con los cambios en la competitividad derivado de las tecnologías de IA y el intento de los países o áreas por mantener una cierta autonomía productiva. En 1869 se trataba principalmente del textil, siderurgia y cereales, que competirían en condiciones inicialmente desventajosas; hoy en un panorama más complejo, las ventajas del comercio necesitan matizarse con la forma de la competencia de grandes compañías oligopólicas, y países que siguen poniendo el apoyo del Estado en el centro de la competencia. Se recuerda que este debate no tenía fundamentos técnicos y era, en lo económico, la defensa de intereses concretos muy de corto plazo, y en lo político una llamada al nacionalismo conservador. En 1874 la restauración borbónica y el estadista Antonio Cánovas del Castillo crean un proteccionismo integral, que se une a una política de monopolios en economía, y militarista en política, mientras en el contexto internacional destaca el proteccionismo de Estados Unidos y de otros países europeos. Cánovas trató de combinar una posición liberal conservadora con un proteccionismo temporal, que idealmente prepararía la economía para la competencia internacional. Este argumento resulta familiar, pues se utilizó años más tarde en Latinoamérica y Asia, en un proceso que buscaba fortalecer primero la industria nacional, y luego abrirla a los mercados, y para ello se sustituían importaciones por producción nacional, utilizando la herramienta del arancel.

Por otra parte, los ejemplos de industrias que se exponían a la competencia, y la apertura a inversiones foráneas, ofrecían resultados contradictorios y a veces conflictivos, nuevas industrias que prosperaban y otras que desparecían, con desequilibrios territoriales y sin que necesariamente los trabajadores de estas últimas encontraran acomodo en aquellas. En suma, tomamos del análisis de Donato Navarrete la idea de que Cánovas no llegó a diseñar una forma de crecimiento para la economía española donde el proteccionismo creara las condiciones mínimas para la innovación y el progreso, que se potenciarían con una apertura al exterior; al contrario, la Constitución que promueve de 1876, ampara un sistema oligárquico y caciquil, y propicia una corrupción generalizada. El autor señala también que el argumento para la metrópoli no valía para las colonias españolas; Cuba, por ejemplo, tenía ventajas competitivas naturales en sus exportaciones a Estados Unidos, pero se cercenaron estas posibilidades de libre comercio, contribuyendo a un malestar que aceleró los movimientos por la independencia. Puede resultar aventurado, pero es difícil resistirse a la comparación con los momentos actuales en que Estados Unidos se encierra en el proteccionismo, la Unión Europea, se enfrenta al dilema de cómo responder, y los nacionalismos conservadores reaccionan contra acuerdos comerciales como Mercosur, e incluso cuestionan los principios de la propia Unión Europea; este salto histórico hay que verlo con cuidado, pues la hegemonía de manufacturas de China presenta en el momento actual de la historia una situación peculiar por su alcance comercial y dimensión.

En esta línea, desde 1939 la autarquía tras la Guerra Civil se caracteriza por el control de la divisa, manipulación del tipo de cambio, limitación de inversiones extranjeras, y contingentación del comercio, que da lugar al racionamiento y un mercado negro generalizado. La importancia del comercio para España, medido por un coeficiente de apertura de exportaciones e importaciones, entre 1870 y 1913 se calcula un 25%; entre 1913 y 1920, permanece ligeramente por debajo en el entorno del 20%, excepto los años de la IGM, por la reducción considerable de las importaciones; desde 1930 la apertura cae por debajo del 10%, y tras el período de autarquía sólo se recuperaría a partir de 1960, un 20%, con la apertura de la economía ante la crisis generalizada de la economía. Pasando a la transición económica que va desde el Plan de Estabilización de 1959, al ingreso en 1986 en las Comunidades Europeas, este período es sin duda la mejor referencia al debate sobre el libre comercio, por el impulso que da a España la apertura de los mercados, aunque el mercado de trabajo sufre durante años una intervención que no beneficiaría ni a empresarios ni a trabajadores; sin embargo, se abre la posibilidad de una emigración ordenada, que alivia considerablemente la situación económica, a lo que se añade la apertura al turismo; un dato significativo que puede calcularse fácilmente, es que si sumamos en estos años las remesas de inmigrantes y los ingresos por turismo, cubren exactamente el déficit comercial de la economía española, aunque viéndolo en perspectiva histórica, fuera en detrimento de la ya de por sí escasa industrialización.

Esta situación colapsa con la crisis económica y financiera de 1974, con el antecedente de la no convertibilidad del dólar norteamericano en 1971, la inestabilidad en los tipos de cambio internacionales, y el aumento de la inflación por la subida de las materias primas; a España le afecta gravemente, dando lugar a reconversiones más o menos afortunadas, que van desde la industrial a la bancaria. Los Pactos de la Moncloa en 1977 suponen un alivio temporal, al menos para la contención de las expectativas inflacionistas, y un año después la Constitución de 1978 abre una situación compleja con la creación de las comunidades autónomas, desde entonces un elemento sustancial de nuestra economía.

Es muy sugestiva la visión que nos da el profesor Donato Fernández de la Unión Europea, con un análisis apasionante del proceso de integración desde 1977, y cómo, en un contexto donde la lacra de los nacionalismos asolaba Europa, fructifica un pensamiento español europeizante, tolerante con la libertad de pensamiento; destaca aquí la importancia de la educación no sólo para asimilar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, sino para la transformación social. Para la integración en la Unión Europea hay entonces una posición claramente favorables de UCD, PSOE, PNV y CiU, así como de los sindicatos, con reticencias por parte del PCE por razones más políticas que económicas, y también de la CEOE, debido a que tenía que mantener equilibrios entre intereses empresariales contrarios.

La complejidad y dificultades del proceso se describen minuciosamente, hasta que en 1985 se firma el Tratado de Acuerdo con las Comunidades Europeas, un desarme arancelario de siete años, con algunas cláusulas de salvaguardia principalmente para productos agrarios que siempre han tenido excepciones. Aunque se trate de hechos estudiados y conocidos, es fundamental esta síntesis, donde no se omite ningún detalle significativo, para entender el hecho histórico extraordinario de la integración comercial de España en la Unión Europea, que le ha permitido mantener un crecimiento sostenido ante crisis y coyunturas adversas en el comercio y la competencia internacional, y para una economía a la que afectaban especialmente las crisis y subidas de precios de productos energéticos.

El proyecto europeo tiene aún más mérito si consideramos que las políticas del neoliberalismo invaden la economía mundial desde principios de los años 80, y siguen el principio de reducir el papel del Estado, que no se cumple si nos atenemos a las cuentas y déficits públicos. Esto se concreta en el desmantelamiento del estado de bienestar; desregulación de la actividad económica y financiera, que daría lugar a crisis posteriores; y privatización de empresas, con efectos diversos, sobre todo cuando, con relación a discusiones que se remontan al siglo anterior, en aras de la eficiencia se cercenan posibilidades en industrias de las que en España la naval es quizás el mejor ejemplo. Desde entonces, y más familiares por su proximidad, desembocamos en la Gran Recesión financiera e inmobiliaria de 2008, y la breve del Covid-19, que supone cambios en las expectativas y comportamientos sociales. Aquí cobra un protagonismo de excepción la Unión Europea, primero por una política monetaria y fiscal que perjudicó especialmente a España, y luego sus programas que entre 2012 y hasta 2027 proporcionan hasta 2,5 millones de millones de euros para proyectos de muy diversa índole en los países miembros. Aunque no tenemos perspectiva para analizar en profundidad este período reciente, hay un aspecto que queda algo relegado sobre el que volveremos más adelante, y es el papel inusitado del Banco Central Europeo en el mantenimiento de la unidad europea, y el euro, en una intervención pública sin precedentes comprando deuda pública y privada de los países miembros. Lo mencionamos no como un aspecto más de la política monetaria que se mezcla con la fiscal, sino por sus implicaciones para el comercio y los intercambio, y en fin del mantenimiento y supervivencia del euro y la propia unión europea.

España, un siglo de economía

Ideas muy provechosas surgen del libro del que son editores los profesores Luis Garrido González y Mariano Castro Valdivia, que trata también de la economía española en el período entre 1923, tras la IGM, y 2023, cuando se ha dejado atrás la Gran Crisis financiera e inmobiliaria y se está empezando a superar las consecuencia del Covid-19. En su primer capítulo que va de 1923 a 1939, María Luz de Prado Herrera y Luis Garrido González realizan un análisis muy completo del período atendiendo al despegue demográfico, el trabajo y capital humano, los intentos de modernización agraria y progreso industrial, seguido de la complejidad del crecimiento urbano y la expansión del sector servicios, así como la transformaciones sociales y del sector público. Centrándonos en el tema específico de la apertura al comercio y los intercambios internacionales, nos detenemos en la parte que se refiere a la integración en la economía internacional e importancia del sector exterior para la economía española. Aquí se recoge también un coeficiente de apertura exterior de la economía que nos muestra para este período un descenso desde 25% al 15% hasta 1927; hay un ligero aumento hasta 1930, donde se estabiliza de nuevo en torno al 15% y cae por debajo del 10% en 1938. La economía española no puede considerarse, pues, que tuviera una tradición de apertura comercial, pero el contraste de la autarquía hace que se considere con interés estos aspectos en el período anterior. Los autores señalan certeramente que la menor apertura en este período no fueron causadas tanto por el efecto del arancel sobre las importaciones, como por la debilidad exportadora; en efecto, sabemos desde el teorema de la simetría de Abba Lerner que el arancel es un impuesto tanto para las importaciones como sobre las exportaciones, lo que confirma la percepción de que los productos de exportación fueran afectados de forma principal.

Sobre su importancia fiscal, los autores mencionan que la renta de aduanas fueron los segundos impuestos tras los indirectos, que más recaudaban, y de todo ello obtenemos una rica información sobre composición del comercio, los flujos de inversiones, así como el papel de la flexibilidad del tipo de cambio, que evita procesos inflacionistas.

El profesor Juan Manuel Matés Blanco se ocupa en el capítulo segundo de la economía en la etapa de la dictadura, entre 1939 y 1975. En la etapa hasta el Plan de Estabilización es muy interesante el análisis del intento de la política autárquica de salir de la penuria por medio de la reindustrialización, y un ideario regeneracionista que identificaba industrialización con crecimiento, eficacia técnica, y explotación de los recursos nacionales.

Este ideario coincide con el de sustitución de importaciones que mencionábamos anteriormente, y adolece asimismo de falta de iniciativa privada y de importaciones de capital, tecnología y conocimiento, que hiciera posible una industria competitiva; por otra parte, da lugar a un régimen de concesiones y licencias, ventajas fiscales y crediticias, para beneficio de los agraciados, pero sin capacidad de impulsar la economía en su conjunto. Es interesante recordar la restricción absoluta de repatriación de beneficios, que impide los movimientos de capitales, así como la más general de una prácticamente nula participación de España en los intercambios internacionales, y el aislamiento político del país. El año 1959 coincide con el fin del período de postguerra en Europa y la expansión económica de los años 60, que permite a los países europeos una mejora en la balanza de pagos y acumulación de divisas. Ya desde 1950 el espíritu de cooperación mundial juega un papel en la expansión de esta época; la supresión de controles aduaneros y la defensa del libre mercado, fueron ideas y prácticas que propiciaron lentamente la apertura de la economía española, con acuerdos y créditos por Estados Unidos y apoyo tecnológico, de manera que ya desde 1953 las exportaciones crecen considerablemente, aunque sobre una base pequeña. La apertura se hace más efectiva con la incorporación al Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial en 1958. En suma, la fecha de 1959 del Plan de Estabilización viene precedida de una década de movimientos, con dudas, avances y retrocesos, hacia una política económica de integración en los mercados internacionales, hasta llegar a un cambio realista y unificado de la peseta, que se fija en el famoso de 60 pesetas/dólar. Es significativo que este capítulo esté orientado en buena medida a los efectos negativos de la autarquía, y a las mejoras en la economía derivadas de la apertura al exterior, hasta el Plan de estabilización, a partir del cual cambia radicalmente el peso de las exportaciones de productos alimenticios y de materias primas que es decreciente, y crece la de artículos fabricados, en este orden y sobre el total de exportaciones, para 1960 y 1975 de 53% y 22%, 21% y 7%, y 22% y 71%. Hay coincidencia también en señalar que el crecimiento que se da en los años sesenta se explica por la evolución favorable de la economía internacional y por el cambio de la política económica española, junto a fenómenos como el turismo, y aunque se mencionan no suele darse tanta relevancia a las remesas de emigrantes, que forman parte del proceso de apertura de la economía. También destaca el impulso a la construcción por los fenómenos del aumento de la población residente en ciudades, y demanda turística, principalmente europea. El espectacular crecimiento de la economía en los años sesenta, y el relativamente elevado de los primeros años setenta se deben sin duda a la apertura de la economía tras encontrarse en situaciones límite de subsistencia, en un entorno favorable, y todo ello dentro de lo que el profesor Matés califica certeramente como “desarrollo con pauta sincopada”, una imagen del fenómeno denominado en macroeconomía “stop and go” para las políticas monetaria y fiscales.

El período 1976 a 1996 lo trata en el tercer capítulo la profesora María Vázquez Fariñas, titulándolo la economía española en los inicios de la democracia. Arranca unos años antes, cuando la primera crisis del petróleo en 1973 supone un shock de oferta que afecta gravemente a la economía española, provocando inflación, desempleo y desequilibrio exterior. La incertidumbre política en esos años en España hizo que no se tomaran las medidas adecuadas de repercutir este efecto externo en el consumo interno, a través de los precios, pero la duración del impacto de los precios energéticos provocó un efecto negativo tanto en las importaciones, como en las exportaciones en un contexto de recesión internacional, al tiempo que se reducían las inversiones extranjeras. Esta es una cuestión recurrente de política económica a la que nos referimos al final. Por otra parte, la expansión que se da una vez superadas las crisis del petróleo, consolidada ya la democracia, a partir de 1986, se debe además de reformas para el mejor funcionamiento de la economía, a los efectos de la inversión en exterior, con la economía española cada vez más abierta al exterior, en una coyuntura propicia de caída de los precios de la energía y recuperación internacional.

Se recoge asimismo la incorporación plena de España a las Comunidades Europeas en 1985, y hay coincidencia en todos los autores de los libros que reseñamos, y así lo explicita la profesora María Vázquez, que la apertura exterior y la integración europea fueron claves para nuestro crecimiento; concretamente, el cumplimiento de los criterios de convergencia fijados en el Tratado de Maastricht de 1992 con miras a la adopción del euro, llevaron entre otras cuestiones a una política de reducción muy significativa y permanente en los tipos de interés, junto con la estabilidad presupuestaria, reducción de la inflación, y estabilidad en el tipo de cambio.

El cuarto y último capítulo, que abarca el período 1996 a 2023 lo escriben los profesores Mariano Castro Valdivia y María Luz de Prado Herrera. Parten de la relación entre el fuerte crecimiento español en los años finales de la década de los noventa y hasta 2007, como un cambio estructural de la economía con un componente interno y otro internacional, por la pertenencia de España a las Comunidades Europeas, dentro a su vez de una economía mundial interdependiente. Este hecho llevó en España a procesos de desregulación y liberalización, que pueden valorarse con matices, pero que en conjunto propiciaron la plena integración en organizaciones internacionales como el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y la Organización Mundial de Comercio. Al mismo tiempo se producían aperturas en mercados afines como los de América Latina, que permitieron la implantación de grandes empresas españolas de la banca y energía, que fue una plataforma para su expansión internacional. Como segunda característica de la globalización tenemos las tecnologías de la información y comunicación, que dan facilidad operativa de las empresas, y a los flujos financieros. Y en tercer lugar la reducción de los tipos de interés, que como decíamos anteriormente era imprescindible para la integración en el euro, en una economía con tendencias inflacionistas seculares que se intentaba controlar, entre otros instrumentos, con elevados tipos de interés, supone un cambio ya estructural en nuestra economía. Resulta sugerente una característica de la internacionalización de la economía española, que por ser relativamente reciente no tiene una buena perspectiva de análisis, como es el paso de ser un país emigrante, a recibir inmigración ya desde la década de los años noventa.

Acertadamente se recoge el papel de la financiación externa en la burbuja inmobiliaria, a través de la emisión de productos estructurados con colateral hipotecario, aunque no suele mencionarse el papel de los instrumentos sintéticos, de mucho más volumen. Sería preciso añadir la distorsión que produce que el tipo de interés fijado por el Banco Central Europeo era entonces, contra lo que había sido habitual en nuestra historia, excesivamente bajo si se mide con una formulación tipo Taylor. Y también, que el fenómeno de la estructuración financiera venía principalmente de Estados Unidos, asociada a la vivienda, y creó un problema de ámbito internacional, de manera que todavía la Reserva Federal aún tiene en su balance más de dos millones de millones de dólares de títulos de deuda con soporte de hipotecas. Es asimismo destacable en ese período la falta de visión del problema por parte del Banco de España, de hecho cuando se cita la opinión del Banco sobre la crisis es por el informe emitido casi diez años más tarde, cuando la actuación del Banco ante la crisis fue cuestionada por el Congreso de los Diputados.

Asimismo, las condiciones de austeridad impuestas desde la Unión Europea, frente a propuestas de estímulo que se intentaron llevar a cabo en 2010, chocaron con una visión completamente opuesta por parte de la UE, y es un aspecto negativo más de la respuesta inicial a la crisis por parte de la UE, una parte oscura en la historia de nuestra muy positiva internacionalización. Sin embargo, reiteramos que no se comprende la salida de la crisis, y la caída de la diferencia entre el tipo de la deuda española a diez años y el de la alemana -que se redujo bruscamente casi 6 puntos porcentuales-, sin el aviso de una intervención en los mercados, por parte del presidente del BCE en el verano de 2012.

Globalización, cien años de crisis económicas

El tercer libro a propósito del cual se escribe esta nota, es el de Juan Manuel Matés y María Vázquez, editores, sobre Economía y Globalización, analizando cien años de crisis económicas. En sus once capítulos trata la Gran Depresión de 1929, la energética del siglo XX, la crisis financiera de los años 1990, y la de 2008. Uno de los aspectos más interesante del libro es que integra aspectos que es difícil encontrar juntos como la situación de Europa tras la II GM, la transformación de una gran economía como la URSS, y las crisis de deuda en América Latina y Asia, así como las de África; incorpora también la reacción de las economías ante Covid-19, y concluye con un balance de las crisis en el período analizado. En el capítulo primero destaca la interpretación de Juan Hernández Andreu, con estudios de series temporales realizados por el autor años atrás, sobre las consecuencias de la depresión económica española entre 1925 y 1934 para la estabilidad política, y la ineficacia de políticas económicas que no tenían en cuenta las ideas -que se conocerían como keynesianas- de impulsar la economía mediante liquidez financiera y estímulos fiscales. Nos recuerda cómo cambiaron después las relaciones económicas internacionales y cómo la inspiración de Keynes llevó a un nuevo orden económico internacional, tanto en la estabilidad de los cambios, como en la financiación del crecimiento, y una mayor liberalización de los intercambios. En este capítulo encontramos sucintamente presentadas las ideas principales de una política económica keynesiana, sobre todo en lo que se refiere al ámbito financiero y el tipo de interés, que conecta bien con las circunstancias actuales y la discutible política de los bancos centrales ante indicios de inflación.

El profesor Juan Manuel Matés, en el capítulo 2, trata la Gran Depresión de 1929 como una crisis de la economía mundial, es una referencia para la línea que mantenemos de seguir aquellas cuestiones que se refieren a la globalización de los intercambios, y de especial interés por su percepción de cómo la IGM rompe el equilibrio internacional de los primeros años del siglo XX, con tensiones económicas muy graves. La incorporación de eventos que no necesariamente tienen un origen principalmente económico, pero que son causa de crisis económicas, es uno de los aspectos que hacen de este libro un documento de valor. También se recoge en este capítulo, en consonancia con el anterior, un interesante análisis de la visión de las crisis desde la teoría económica. El capítulo tercero, de Leonardo Caruana y Julio Tascón nos habla de Europa después la II GM, los años 1945 y 1946, tras la destrucción y transformación del continente y los cambios fronterizos; aprendemos de este capítulo como a las atrocidades que se cuantifican de la guerra, se contrapone un movimiento de internacionalización desde y hacia los países europeos.

Las crisis energéticas, que trata la profesora María Vázquez en el capítulo 4, 1973, 1979, son verdaderamente crisis con alcance mundial, que dan lugar a reacciones ante un fenómeno que no se comprendía, ni en su alcance para las economías dependientes de importaciones de energía, ni en su duración y recurrencia. Las consecuencias en forma de paro e inflación determinaron sin duda la forma en que se reconsideró la teoría de la política económica, y la ideología de los gobiernos; pero, por otra parte, planteó la necesidad de un ahorro y diversificación de fuentes energéticas, y aunque no de la forma drástica que habría sido necesaria, lleva a una situación actual donde la tecnología se convierte a la vez en una fuente aparentemente inagotable de recursos energéticos, y también de demanda de consumo. El capítulo 5 de María José Vargas Machuca, trata de la crisis de la década de los años 80 y los problemas de deuda en América Latina; tiene una primera manifestación en el impago de Méjico en 1982, y es una constante en el continente, por la dificultad de hacer crecer el producto con la financiación exterior, la inestabilidad en los pagos al estar emitida en dólares, sin que el Tesoro ni la Reserva Federal tengan en cuenta en sus políticas fiscales y monetarias la situación de los tomadores, y enfoques de los organismos internacionales orientados más a la recuperación de la deuda que a facilitar la creación de riqueza que lo haga posible. En el mismo sentido de globalización que da unidad al libro, Simone Fari escribe el capítulo 6 sobre la década de 1990, donde se da una interpretación unitaria y coherente al tema, siguiendo la crisis de Japón en 1990, la de las divisas europeas en 1992, la crisis financiera y bancaria que afecta a México en 1994, la muy significativa de países asiáticos en 1997, y la de Argentina en 1998, y concluye con la crisis de las empresas tecnológicas en el año 2000.

En la interpretación de estas crisis sobresale la liberalización de flujos financieros, la desregulación principalmente financiera en supervisión, requisitos de capital, mantenimiento en balance por parte de las entidades de los activos que negociaban, dando lugar a una enorme burbuja especulativa; sin embargo de la lectura del capítulo se desprende que hay economías que se recuperan tras las crisis, y otras a las que afecta estructuralmente, lo que de por sí abre caminos de investigación sugerentes.

Es un gran acierto incorporar en el capítulo 7, el caso de la URSS, que trata la profesora Irina Yányshev con el título: “De la perestroika a la katastroika: desintegración y crisis económica en la URSS”. Se trata de un análisis en profundidad de las reformas que propiciaron la transformación de este país integrado por distintas repúblicas con nacionalidades diferenciadas, comenzando por la paulatina desaparición de la zona del rublo, entre 190 y 1993, y viendo así la importancia de una divisa común para mantener cohesionada una zona política. La liberalización de los precios en 1993, pasando de una economía planificada a mercado, y la desaparición de precios regulados, da lugar a una fortísima inflación que, por otra parte, no afecta por igual a las distintas repúblicas. Los efectos en la economía, si añadimos los financieros y del crédito, son muy negativos, y la privatización de la propiedad pública no alcanza los objetivos de mayor productividad y competitividad que se suponían. Aunque posteriormente y apoyado por la producción energética la economía crece, la autora concluye que la transición fue muy brusca, con costes elevados materiales, humanos y sociales, contribuyendo a la crisis económica a finales del siglo XX. La lectura de estas páginas son imprescindibles para comprender los eventos dramáticos que se han dado en las relaciones entre la URSS y otros países, y sus consecuencias para la economía global.

En el capítulo 8, María Luz De Prado y Luis Garrido analizan la gran recesión financiera global en Estados Unidos y la Unión Europea entre 2008 y 2013, su gestación en Estados Unidos, y su contagio a las economías europeas, con distintos grados de gravedad. Esta crisis ha sido analizada con mucho detalle, ya desde 2008, podríamos decir que de forma casi exhaustiva, y la aportación del capítulo es principalmente poner de manifiesto cómo la globalización de las economías y las finanzas facilitaba la propagación en tiempo real de una crisis de esta magnitud; por otra parte, la forma en que afecta a las diversas economías depende de las características de su sistema financiero, y en el caso concreto de España, del crecimiento de la construcción inmobiliaria. También hay que distinguir entre entidades bancarias que conservaban el riesgo en sus balances, y las que -principalmente en Estados Unidos- habían utilizado los productos financieros para traspasar el riesgo. Aunque se recoge muy bien el problema de la pérdida de conocimiento de la relación entre riesgo y rentabilidad de los productos financieros y sus colaterales, reiteramos una cuestión que tiene especial relevancia, y es el papel de los bancos centrales, que aún en la actualidad mantienen en sus balances esos productos financieros en el caso de la Reserva Federal, y deuda pública en el del BCE. Recogemos aquí, por la coincidencia de respuesta global por parte de los bancos centrales, la respuesta a la crisis mundial del Covid-19 en forma de liquidez a la economía y compra de activos para mantener en balance por parte de los bancos centrales, que se trata en el capítulo 11 por el profesor Mariano Castro Valdivia, y que es una síntesis útil de este fenómeno inédito en la historia reciente de los países. La crisis de 2008 para América Latina y Asia se trata en el capítulo 9, por Luis Garrido y María Luz De Prado, lo que es un acierto, pues permite distinguir entre el fenómeno más conocido entre nosotros y las consecuencias a escala mundial. Destaca de este capítulo la interpretación que se hace de las características peculiares y diferente impacto de la crisis en cada zona geográfica y países, sus razones, y las política adoptadas.

Un trabajo significativo por lo escasamente tratado entre nosotros, es el de Juan Antonio Parrilla y Francisco Cabrera, que en el capítulo 10 abordan las crisis económicas en África y su convergencia mundial entre 1882 y 2020. Las diferencias tan significativas entre los países del continentehace que traten preferentemente algunas zonas del Norte y Oeste; pero hay una idea interesante de explorar sobre las reservas de petróleo en África, viendo si la mayor riqueza en petróleo, que puede extenderse a recursos naturales valiosos en el comercio internacional, es una variable explicativa o no del crecimiento de los países, y por qué. De todas formas, la gravedad, extensión y continuidad de los conflictos bélicos hacen a África difícil de analizar, cuando la economía y la guerra, la intervención e intereses foráneos, desvirtúan la apertura y la globalización. Por último, tras el 11 al que ya nos hemos referido, el capítulo 12 del profesor Antonio Martín Mesa, es una reflexión general sobre las crisis, que cierra el libro.

Algunas ideas y conclusiones

Estos apuntes finales se refieren conjuntamente a las tres obras. Comenzamos por su actualidad para la crisis energética, que es una cuestión recurrente de política económica en los tres libros a propósito de los cuales se redacta esta nota. Estos días, cuando de nuevo se reclama protección ante el incremento en el precio de los productos energéticos derivado de la guerra de Irán, se vuelven a ver dos errores que se señalan en las tres obras. Uno de ellos es que mediante medidas de protección a sectores económicos pueden evitarse efectos sobre el crecimiento y la inflación; y el otro, la percepción de que se trata de un fenómeno relativamente transitorio. Sin embargo, la historia nos enseña que, aunque resultan adecuadas medidas de protección muy selectivas, es conveniente dejar que el impacto principal de los precios se absorba mediante reducciones de demanda. Esto implica que no debe distorsionarse más la economía tocando impuestos como el IVA, excepto quizás para el que directamente afecta a algunos productos energéticos, ni generalizando subvenciones, pues no garantizan que no se repercutirán de todas formas las subidas energéticas en los precios; también debe afinarse en la repercusión de los precios en las relaciones entre empresa con distinto poder de mercado, y sobre la demanda final de consumo.

Una segunda cuestión que planteamos es que no se destaca suficientemente la importancia de los bancos centrales en el rescate de las economías en la crisis mediante medidas no convencionales de compra de activos en el mercado por cantidades muy elevadas. En el caso del BCE, el balance pasa en unos años de un millón de millones de euros a más de ocho millones de millones, siendo la principal partida deuda de países de la zona del euro, que mantiene en balance; y en el de la Reserva Federal, sólo en títulos que tienen como soporte hipotecas mantiene aún más de dos millones de millones de dólares. Lo mencionamos no como un aspecto más de la política monetaria que se mezcla con la fiscal, sino como una verdadera intervención que en el caso del euro ha permitido el mantenimiento y supervivencia de la propia Unión Europea; y en el norteamericano, del mercado hipotecario de vivienda. Este fenómeno es generalizado en todos los grandes bancos centrales del mundo, llegando en el caso de los asiáticos a la compra de acciones de empresas en mercado, y además tiene permanencia, pues una reducción significativa del balance, y con ello de la intervención, no es previsible, y con seguridad los balances de los bancos centrales seguirán siendo en la próxima década mucho mayores que antes de la crisis financiera. El tercer lugar, en lo que se refiere a la economía española, señalar que para conocer en detalle la crisis financiera de 2008, es imprescindible analizar el debate en el Congreso de los Diputados (publicado el 3 de abril de 2019), sobre el Dictamen de la comisión de investigación de la crisis financiera en España. En esta larga publicación se discute el documento elaborado por el Banco de España, se valora y cuestiona su actuación y responsabilidad, y se precisan las causas concretas de nuestra crisis financiera e inmobiliaria, instrumentos financieros que se negociaban en España, papel de los bancos y entidades financieras, y se hacen propuestas muy concretas de reforma del mercado financiero e inmobiliario.

Un cuarto apunte es sobre las referencias utilizadas en los dos libros que son propiamente de Historia Económica, donde se cita principalmente autores muy reconocidos en la disciplina; pero hay al menos una institución y cuatro autores que se echan en falta por sus aportaciones a la historia económica de los períodos sobre los que se investiga. La institución es el Banco Hipotecario de España, cuya historia está escrita, y proporciona un conocimiento singular sobre la historia económica de España, y especialmente del crédito con garantía hipotecaria, primero sobre la agricultura y la industria, y luego la vivienda, con la peculiaridad de financiarse no por depósitos sino emitiendo bonos con garantía del colateral del prestatario. En cuanto a los autores, uno es Juan Velarde Fuertes, cuyos discípulos se citan ampliamente, pero no su obra original, donde con un estilo propio une el pensamiento económico con la historia de la economía española. Y también, Antonio Flores de Lemus y Germán Bernácer Tormo, que tratan a principios del siglo XX de forma muy avanzada para su época -sobre todo Bernácer que anticipó el keynesianismo-, el patrón oro y el tipo de cambio en España, y tienen percepciones de gran interés sobre la liberalización de la economía. Antes de la guerra, Bernácer fue además el primer director del Servicio de Estudios del Banco de España y con ello pionero de la macroeconomía y economía monetaria, lo que unía a sus trabajos de campo sobre la economía española. En el cuestionamiento de la autarquía destaca, en el panorama de la historia económica, Romà Perpinyà Grau, que crea en Valencia el primer centro de estudios económicos de España, y cuyos análisis sobre la economía española resultan imprescindibles, pues es la voz más clara contra lo que calificaba como efectos desastrosos de la protección en España, y ve en la competitividad y apertura exterior y estímulo a empresas foráneas la clave para el desarrollo del país; no era exactamente librecambista, pero defendió la integración de España en la corriente de intercambio del comercio europeo.

Como valoración conjunta de este vastísimo y complejo material de casi mil páginas, podemos sostener sin exageración que los lectores encontrarán más complementariedad que repeticiones en los tres libros, permitiendo la lectura de las tres obras un conocimiento excepcional de la economía española, las crisis, la globalización económica, las peculiaridades de zonas y países, y acierto o no de las políticas económicas que se adoptan. Esta visión permite comprender no sólo la economía global, sino las tendencias en el pensamiento económico y político, y también el papel de los conflictos comerciales y bélicos en distintos períodos de la historia. Asimismo, tienen utilidad los tres libros para profundizar en temas específicos como puede ser la energía o el sector financiero, protagonistas en las crisis; así como en el papel de políticas de liberalización, o proteccionistas, y de los instrumentos financieros y fiscales. Es fácil decir que debemos conocer la historia para evitar errores, pero puede garantizarse que repasando estos libros al lector le sorprenderá ver con qué facilidad surgen ideas sobre problemas y posiciones económicas y políticas actuales, que sin el conocimiento a veces trágico, a veces esperanzador, de la historia, no sería posible. Podemos decir que estos tres libros son paradigma de la distinción que señalaba Ibn Jaldún, referente de la forma moderna de investigación en la Historia e Historia Económica, entre los que escriben sólo por mostrar erudición o para entretener, y los que lo hacen para probar hechos, instruir y generar visión y conocimiento.

Políticas Económicas Estructurales

Innovación, poder económico y política económica

(por José María Marugán Gacimartín, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica- Universitat de València)

Lecciones de Marx, los Nobel 2025 y Mazzucato para una economía innovadora y socialmente responsables

Resumen

Este artículo analiza el papel de la innovación como motor del crecimiento capitalista desde una perspectiva de economía política crítica. Frente a la visión dominante que concibe la innovación como un proceso esencialmente neutral y autorregulado, se sostiene que la innovación es un fenómeno estructuralmente conflictivo, atravesado por relaciones de poder, disputas distributivas y decisiones institucionales. A través de un diálogo teórico entre Karl Marx, Joseph Schumpeter, la teoría del crecimiento endógeno (Mokyr, Aghion y Howitt) y la economía política de Mariana Mazzucato, se argumenta que el principal desafío del capitalismo contemporáneo no es la generación de innovación, sino la orientación social y la apropiación de sus beneficios.

1.Introducción

La innovación ocupa hoy un lugar central en el discurso económico dominante. Gobiernos, organismos internacionales y empresas la presentan como la clave del crecimiento, la competitividad y la resolución de problemas sociales complejos. Sin embargo, esta centralidad contrasta con una notable pobreza teórica en el análisis de sus implicaciones distributivas, políticas y sociales. Este artículo parte de una premisa crítica: la innovación no es un proceso técnico imparcial, sino una relación social históricamente convulsa.

Desde sus orígenes, el capitalismo ha vinculado estrechamente innovación y poder económico. La introducción de nuevas tecnologías transforma las estructuras productivas, redefine jerarquías empresariales, desplaza trabajadores y reconfigura la distribución del excedente.

Ignorar estas dimensiones conduce a una comprensión incompleta del papel de la innovación en el desarrollo económico.

2. Marx, innovación y concentración del capital: una paradoja histórica

Cuando Karl Marx escribía en la segunda mitad del siglo XIX “Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie”, observaba un capitalismo industrial incipiente, brutal y profundamente desigual. Las fábricas textiles, las minas y los ferrocarriles simbolizaban una modernidad técnica que convivía con jornadas laborales extenuantes, trabajo infantil y miseria urbana. En ese contexto, la innovación tecnológica no aparecía como una promesa de prosperidad compartida, sino como un instrumento de dominación y explotación.

Marx reconoció el papel de la innovación tecnológica, pero la interpretó como un mecanismo defensivo del capital. Para él, las máquinas solo transfieren su valor original al producto a medida que se desgastan, mientras que los trabajadores crean permanentemente valor nuevo superior a su salario. Por eso, cuando se sustituyen trabajadores por máquinas, se reduce la fuente que genera beneficio real. En su análisis en “El Capital”, los empresarios adoptaban nuevas tecnologías, no por un impulso creativo puro, sino obligados por la competencia: quien no innova, queda rezagado. Esto aumenta la composición orgánica del capital (más capital fijo en maquinaria, menos en salarios), llevando a la caída tendencial de la tasa de ganancia; es decir aunque cada empresario busca ventaja individual innovando, cuando todos lo hacen simultáneamente, la proporción entre beneficio e inversión total disminuye para el conjunto del Sistema; siempre todo ello modulado por fuerzas antagónicas que podían revertir temporalmente esta situación.

Esta perspectiva tenía bases históricas sólidas. Marx estudió el capitalismo en una fase temprana. Sin embargo, en ese contexto histórico específico, Marx avanzó una idea de extraordinaria relevancia: la concentración y centralización del capital. La concentración se refiere al aumento del tamaño individual del capital mediante la acumulación de plusvalía, mientras que la centralización implica la fusión de capitales ya existentes, la absorción de empresas pequeñas por las grandes, y la formación de monopolios y oligopolios.

Lo notable es que esta predicción de Marx se cumplió de forma espectacular a finales del siglo XIX y principios del XX. La segunda revolución industrial trajo consigo la formación de gigantescas corporaciones: Standard Oil, U.S. Steel, General Electric, Siemens, Krupp. Estos conglomerados concentraron un poder económico sin precedentes, dominando sectores enteros y transformando radicalmente la estructura del capitalismo. La centralización del capital que Marx anticipó, se materializó en las grandes fusiones empresariales, los trusts y cárteles que caracterizaron la economía de finales del XIX.

Esta capacidad predictiva otorga a Marx una importancia especial en la historia del pensamiento económico. Aunque trabajaba con datos de una economía de empresas relativamente modestas, supo extraer las tendencias subyacentes del sistema capitalista. Su análisis de la dinámica competitiva (donde la búsqueda de ventajas individuales conduce inexorablemente a la concentración económica) demostró ser profundamente acertado. Esta intuición sobre las fuerzas centralizadoras del capitalismo sigue siendo relevante hoy, cuando presenciamos la formación de gigantes tecnológicos que dominan mercados globales.

Sin embargo, en los años 1860, la mecanización textil destruyó el sustento de millones de artesanos, sin generar aún empleos alternativos suficientes, ni mejoras generalizadas en el bienestar. Marx observaba la destrucción inmediata, pero no podía prever la renovación creativa posterior, al faltarle perspectiva histórica. Marx no tuvo oportunidad de contemplar el gran crecimiento del PIB per cápita mundial posterior, aunque coexistiendo con profundas desigualdades territoriales y sociales.

No obstante Marx no ignoró por completo el potencial liberador de la tecnología; en textos como los “Grundrisse”, asignó a la tecnología un papel de fuerza potencialmente emancipadora, en la medida en que el conocimiento social y la ciencia se objetivan como fuerzas productivas, reducen la necesidad del trabajo humano vivo, y abren la posibilidad de un tiempo libre mayor y de un desarrollo humano más amplio. La paradoja de Marx fue acertar en el diagnóstico (la innovación disrumpe el orden existente y concentra el capital) pero subestimar su potencial creativo bajo instituciones adecuadas.

3. Las aportaciones de los premios Nobel de Economía 2025: instituciones, cultura e innovación como crecimiento endógeno

Los galardonados con el Premio Nobel de Ciencias Económicas 2025 (Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt) han recibido este reconocimiento por explicar cómo la innovación ha impulsado en los últimos 200 años un crecimiento económico sostenido, sin precedentes históricos. Sus aportaciones complementarias ofrecen un marco teórico y empírico que trasciende las limitaciones del análisis marxista, aunque paradójicamente confirman algunos de sus diagnósticos sobre la naturaleza disruptiva del cambio tecnológico.

Para Joel Mokyr, historiador económico de la Universidad Northwestern, la Revolución Industrial británica no fue un evento aislado, sino el inicio de un proceso de crecimiento autosostenido. Su teoría enfatiza factores referidos a la apertura cultural a ideas nuevas, la transformación del conocimiento científico (conocimiento proposicional) en aplicaciones prácticas (conocimiento prescriptivo), y especialmente las instituciones que protegen y fomentan la innovación.

Mokyr demostró que antes de la Revolución Industrial faltaban explicaciones científicas sobre por qué funcionaban las innovaciones, lo que impedía que los inventos se autogenerasen en un proceso con impulso propio. Las universidades, el sistema de patentes, la libertad de expresión y los mercados competitivos no son meras superestructuras ideológicas, sino condiciones institucionales esenciales para el progreso sostenido.

En su obra “A Culture of Growth”, Mokyr defiende que el cambio de actitudes en Europa occidental entre 1500 y 1700 (impulsado por la confianza en la ciencia para controlar el mundo natural) fue fundamental para el crecimiento explosivo durante la Primera Revolución Industrial. Mokyr subraya la importancia de que las sociedades sean abiertas a nuevas ideas y receptivas al cambio. El innovador, en su visión, es una especie de rebelde: alguien que no acepta el mundo tal como es y busca transformarlo. Las economías prósperas dependen de la innovación como combustible, pero la innovación misma requiere un entorno institucional que dé la bienvenida a esta rebeldía creativa.

Por otra parte Philippe Aghion y Peter Howitt, han sido pioneros en la teoría del crecimiento endógeno, formalizando matemáticamente la idea schumpeteriana de “destrucción creativa”. En su artículo seminal de 1992 publicado en “Econometrica”, construyeron un modelo que muestra cómo cada avance tecnológico reemplaza procesos obsoletos, desplazando empresas y trabajadores, pero generando un ciclo virtuoso: las innovaciones crean ventajas temporales, incentivando más inversión en I+D e impulsando (si es bien gestionado) un crecimiento constante. A diferencia de los modelos anteriores que trataban el crecimiento como resultado de fuerzas externas, Aghion y Howitt demostraron que el crecimiento surge del interior de la economía, del proceso continuo de competencia dinámica donde las nuevas empresas innovadoras desplazan a las antiguas.

El trabajo de estos tres economistas galardonados con el Premio Nobel de Economía 2025, no se limita al diagnóstico teórico; sus investigaciones han identificado políticas económicas concretas para impulsar el crecimiento basado en la innovación. Sus recomendaciones abarcan múltiples dimensiones institucionales y regulatorias:

1. Inversión pública en investigación básica y educación.
2. Protección de derechos de propiedad intelectual equilibrada.
3. Políticas de competencia antimonopolio robustas.
4. Estabilidad macroeconómica y acceso al crédito.
5. Reducción de barreras burocráticas y combate a la corrupción.
6. Protección social durante las transiciones tecnológicas.
7. Apertura cultural e institucional al cambio.

En el contexto actual, con la inteligencia artificial transformando todos los sectores, Aghion ha advertido sobre tres riesgos críticos: el estancamiento de economías que innovan poco y quedan atrapadas en tecnologías intermedias; la concentración excesiva del poder de mercado en pocas empresas tecnológicas gigantes (Google, Amazon, Microsoft); y la polarización social entre quienes tienen formación técnica y prosperan, y quienes quedan excluidos de ese progreso. Su propuesta enfatiza políticas que favorezcan la competencia más que regulaciones restrictivas, junto con programas masivos de recalificación profesional y apoyos a la movilidad laboral.

Marx no pudo anticipar esta dinámica porque en su tiempo la obsolescencia destructiva era visible y dolorosa, mientras que el progreso creativo era lento y difuso, sin oportunidades de métricas cuantitativas para poderlo rastrear. La limitación de Marx fue contextual: teorizó sobre un capitalismo joven y brutal, sin regulaciones. Los Nobel 2025 nos enseñan que, bajo instituciones adecuadas, la destrucción creativa puede convertirse en motor de prosperidad compartida.

4. Innovación, valor y poder público: la economía política de Mazzucato

Si bien los Nobel 2025 han explicado brillantemente los mecanismos de la innovación y el crecimiento, la economista italo-estadounidense Mariana Mazzucato ha dado un paso más allá, cuestionando radicalmente la narrativa dominante sobre quién crea valor en la economía y cómo deben distribuirse los beneficios de la innovación. Sus propuestas de política económica constituyen un programa transformador que busca reequilibrar la relación entre el sector público y el privado, asegurando que la innovación sea socialmente inclusiva y sostenible.

La tesis central de Mazzucato, desarrollada en obras como “El Estado emprendedor” (2013) y “El valor de las cosas” (2018), es que el Estado no debe limitarse a corregir los fallos del mercado, sino que debe actuar como un agente creador y moldeador de mercados. Mazzucato documenta meticulosamente cómo las grandes revoluciones tecnológicas (en farmacéutica, energía, tecnologías digitales) han ocurrido gracias a una inversión estatal temprana de alto riesgo en innovación. Instituciones públicas como DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa), la NASA, los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU., y bancos públicos de desarrollo en Alemania y China, han asumido los riesgos que el sector privado no quiere o no puede asumir.

El ejemplo paradigmático es el iPhone de Apple. Mazzucato demuestra que todas las tecnologías que hacen inteligente al iPhone fueron inicialmente financiadas por el sector público: Internet (DARPA), GPS (Marina de EE.UU.), pantalla táctil (CIA), y el asistente Siri (nuevamente DARPA). Apple montó estas innovaciones públicas en un producto comercial brillante, pero la inversión de riesgo, la investigación fundamental, la corrió el Estado. Lo mismo ocurre con Tesla, SolarCity y SpaceX, que conjuntamente recibieron cerca de 5.000 millones de dólares en subsidios y apoyos públicos.

Esta realidad ha sido sistemáticamente ocultada por la narrativa dominante que presenta al sector público como burocrático, ineficiente y parasitario, mientras glorifica al sector privado como dinámico y creador de valor. Mazzucato pregunta: ¿Quién se beneficia con estos estereotipos? La respuesta es que esta imagen caricaturesca justifica políticas de austeridad, privatizaciones y alianzas público-privadas donde el riesgo se socializa pero los beneficios se privatizan.

En su libro “Misión Economía” (2021), Mazzucato propone reorientar radicalmente las políticas públicas mediante un enfoque orientado por misiones, inspirado en el programa lunar de Kennedy. Este enfoque implica establecer objetivos sociales, económicos y ambientales ambiciosos y claros —como alcanzar la neutralidad de carbono, garantizar seguridad sanitaria universal, eliminar la desigualdad extrema— y luego movilizar recursos públicos y privados de forma coordinada para alcanzarlos. Las misiones no se limitan a sectores específicos, sino que articulan esfuerzos transversales que requieren innovación tecnológica, cambios regulatorios, inversión en infraestructuras y transformaciones culturales. A diferencia de las políticas industriales tradicionales que intentaban elegir ganadores (“picking winners”) apostando por sectores o empresas específicas, las políticas orientadas por misiones definen direcciones estratégicas pero mantienen abierto el cómo. El Estado debe tener un portafolio diversificado de inversiones para mantener resiliencia.

Por ejemplo, para enfrentar el cambio climático no basta con aerogeneradores; se necesita inversión simultánea en baterías, redes inteligentes, hidrógeno verde, captura de carbono, movilidad sostenible, agricultura regenerativa. La direccionalidad es clara (descarbonización) pero las rutas tecnológicas son múltiples.

Mazzucato aplicó este marco en su informe para la comision regional de la ONU (CEPAL) sobre América Latina y el Caribe (2022), donde planteó que los países de la región deben transformar sus retos estructurales (retraso de productividad, limitado espacio fiscal, debilidad institucional) en oportunidades mediante políticas orientadas por misiones. Se trata de alinear la trayectoria de crecimiento con la resolución de problemas sociales, económicos y medioambientales. Como ella misma afirmó: “No se trata solo del ritmo de crecimiento económico, sino de su dirección”.

Una de las propuestas más polémicas y transformadoras de Mazzucato es que si el Estado asume riesgos al financiar innovación, debe también capturar retornos cuando esas inversiones tienen éxito (impuestos, equity público, royalties, fondos soberanos, etc.). No se trata de estatizar empresas, sino de diseñar mecanismos que permitan al sector público beneficiarse de las innovaciones que ayudó a crear, para reinvertir esos recursos en nuevas rondas de innovación.

Mazzucato señala que el Estado no es solo un gastador, sino un inversor y tomador de riesgos. Cuando el Estado financia investigación básica en universidades públicas, desarrolla infraestructuras tecnológicas, otorga préstamos a startups en fases tempranas, o compra productos innovadores para crear demanda inicial, está asumiendo riesgos que muchas veces el capital privado rechaza. Si estas apuestas fracasan, el Estado asume las pérdidas. Pero cuando tienen éxito (como con Internet, el GPS, o los fármacos desarrollados con fondos públicos), los beneficios los capturan íntegramente empresas privadas. Es por ello por lo que el Estado tiene que legislar sobre propuestas concretas para el retorno a lo público de los beneficios que posteriormente estas innovaciones puedan generar

Mazzucato rechaza frontalmente la ortodoxia económica que ha dominado los últimos 40 años, obsesionada con el equilibrio presupuestario y el déficit cero. Propone recuperar el papel activo del Estado como inversor, reconociendo que la inversión pública (si está bien organizada y orientada por misiones) puede promover crecimiento a largo plazo.

La inversión pública debe evaluarse por su capacidad de generar valor social y económico futuro, no por su impacto inmediato en el déficit. La austeridad que recortó clubes juveniles, bibliotecas públicas, presupuestos de salud mental en el Reino Unido tras 2008 fue, en palabras de Mazzucato, no solo socialmente cruel sino económicamente contraproducente, porque destruyó precisamente las capacidades del sector público para liderar la recuperación e innovación.

No basta pues con hablar del Estado emprendedor; hay que construirlo. Mazzucato insiste en la necesidad de invertir masivamente en la profesionalización y formación del personal del sector público. Esto requiere cambiar la narrativa cultural que presenta al sector público como aburrido y al privado como dinámico. El interés del Estado es servir al público, por eso, invertir en capacidades internas del sector público es más eficiente y legítimo que subcontratar la estrategia a consultoras privadas.

En definitiva, las propuestas de Mazzucato constituyen un programa coherente y ambicioso para transformar el capitalismo contemporáneo. No se trata de volver al estatismo del siglo XX, sino de construir un Estado del siglo XXI: emprendedor, innovador, orientado por misiones, capaz de movilizar y coordinar actores públicos y privados hacia objetivos sociales claros, y que asegure que los frutos de la innovación se distribuyan equitativamente.

Se trata de pasar de una mentalidad de maximización del valor para el accionista a una de valor para todos los stakeholders: trabajadores, comunidades, medio ambiente, futuras generaciones.

5. Conclusión: De la destrucción creativa al progreso compartido

Hoy, ante desafíos como la inteligencia artificial, el cambio climático y la desigualdad global, las lecciones de Marx, los Nobel 2025 y convergen en una misma conclusión: la innovación no basta por sí sola. Marx acertó al diagnosticar que la tecnología puede ser disruptiva y concentrar poder, pero no pudo prever su potencial creativo bajo instituciones adecuadas. Mokyr, Aghion y Howitt nos enseñan que el crecimiento sostenido requiere culturas abiertas, instituciones promotoras, mercados renovadores y mecanismos de transición para convertir la destrucción en progreso creativo compartido.

No obstante es Mazzucato quien propone el paso crucial: no es suficiente con crear instituciones que faciliten la innovación; es necesario asegurar que la innovación esté al servicio del bien común y que devuelva a la sociedad lo que la sociedad aportó. La innovación es siempre un esfuerzo colectivo. Cuando Apple diseña el iPhone, está utilizando décadas de investigación pública en Internet, GPS, pantallas táctiles, inteligencia artificial. Cuando las farmacéuticas venden medicamentos a precios estratosféricos, están capitalizando investigación básica financiada con impuestos de ciudadanos. Cuando las plataformas digitales acumulan fortunas vendiendo datos, están explotando información generada por usuarios y servicios públicos.

La pregunta fundamental de política económica en el siglo XXI es: ¿Cómo aseguramos que los beneficios de la innovación se distribuyan de forma justa? No mediante caridad o redistribución fiscal cosmética, sino reconociendo desde el origen la naturaleza colectiva de la creación de valor y diseñando instituciones que socialicen no solo los riesgos, sino también las recompensas.

Esto implica un Estado emprendedor que invierta en investigación básica, educación de calidad, infraestructuras del siglo XXI; que mantenga competencia en los mercados para evitar monopolios asfixiantes; que proteja a trabajadores y comunidades durante transiciones tecnológicas con programas de recalificación y redes de seguridad social; que capture retornos de sus inversiones exitosas para financiar nuevas rondas de innovación; y que oriente la economía hacia misiones sociales ambiciosas como la descarbonización, la salud universal, la eliminación de la pobreza.

Gobiernos y empresas deben invertir más en estos mecanismos de transición, para convertir la destrucción creativa en progreso compartido que alcance a todos. Este es el legado vivo de Mokyr, Aghion y Howitt, enriquecido críticamente por Mazzucato, y paradójicamente anticipado por las contradicciones que Marx identificó en el capitalismo original: la innovación es el motor del progreso, pero sin control social democrático que garantice equidad, puede convertirse en fuente de concentración de poder y exclusión. La tarea política de nuestro tiempo es diseñar las instituciones que hagan posible un capitalismo innovador e inclusivo, donde la creación colectiva de valor se traduzca en prosperidad compartida. Sin instituciones capaces de orientar la innovación hacia objetivos socialmente compartidos, esta seguirá siendo una fuente de concentración de poder y desigualdad.

Pro et contra: el impuesto Zucman a los ultrarricos

Pro

(Por Carlos Sánchez Mato, Economía Aplicada, Hacienda Pública y Política Económica Universidad Complutense de Madrid)

El proceso de acumulación patrimonial en manos de una reducida cantidad de agentes económicos se ha acelerado en las últimas décadas. En concreto y según datos publicados por la revista Forbes, la cifra de personas con patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares se ha incrementado a un ritmo anual del 10%, pasando de 140 personas en 1987 a 2.781 milmillonarios en 2024. Que, en un contexto de sucesión de crisis que han dañado de forma especial a la mayoría de la población mundial, se haya multiplicado por veinte el número de ultrarricos y que la riqueza poseída por estas personas como porcentaje del PIB mundial haya subido del 3% al 13,5% en las últimas cuatro décadas, no es un síntoma de éxito sino más bien de preocupación. En el caso del estado español y según estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, las 23 personas más ricas vieron aumentar el valor de su riqueza en un 33 % en el último año.

¿Por qué habría de preocuparnos que a unas pocas personas les vaya tan bien?

Más allá de razones de tipo moral ligadas a la justicia social, se trata de una cuestión pertinente porque el bienestar económico de unos está ligado al de otros y el incremento del número de milmillonarios ha exacerbado la desigualdad. El proceso, además de socavar la cohesión social, puede perjudicar el crecimiento económico y provocar inestabilidad y conflictos. Esta tesis fue recogida de manera pública por el economista francés Gabriel Zucman que puso encima de la mesa gravar el patrimonio de quienes más riqueza acumulan estableciendo un gravamen del 2% sobre el mismo que podría alcanzar una recaudación de hasta 250.000 millones de dólares. No se trataría de un “castigo” sino una compensación derivada de las ventajas normativas de ámbito fiscal de las que disfrutan las personas milmillonarias que, si algo han demostrado, son altas capacidades para eludir la tributación en sus jurisdicciones. Es incuestionable que no es ajeno al incremento de los ultrarricos su reducida contribución fiscal.

La propuesta ha sido debatida ampliamente, no solo en la academia, sino también en el ámbito político. En concreto, los ministros de Finanzas del G20 en su cumbre celebrada en Río de Janeiro en 2024 acordaron iniciar un «diálogo sobre una tributación justa y progresiva, que incluya a las personas con un patrimonio neto “ultraalto”. La aplicación de un impuesto mínimo global para la parte más alta de la distribución de la riqueza a milmillonarios y cienmillonarios sería una respuesta normativa necesaria y se debería concretar en la aplicación de un tipo complementario para los milmillonarios equivalente al 2% del valor de su patrimonio total para reducir su déficit de contribución fiscal y para abordar las crecientes desigualdades globales y financiar retos como la erradicación del hambre y la pobreza o responder al desafío de una transición ecológica justa ante el cambio climático.

¿Por qué es necesario aplicar un impuesto a los ultrarricos?

En primer lugar, porque el proceso de acumulación del que se ha beneficiado el 0,0001% superior de la población ha permitido a este reducido número de personas cuadruplicar el porcentaje de la riqueza mundial que poseen. Pasar del 3% al 13,5% del PIB mundial ya supone un factor de desequilibrio para la economía global, pero hay algo más preocupante aún y es que, si no se interviene para invertir el proceso, la riqueza de este grupo de ultrarricos continuará subiendo

hasta alcanzar el 20% del PIB mundial en 2036 y hasta el 32% en 2050[1]. La concentración extrema de la riqueza provocará un aumento todavía mayor de su poder por su capacidad de influir en la configuración del pensamiento a nivel global a través de los grandes medios de comunicación y el control de las redes sociales que ya es una realidad. Como también lo es su participación cada vez en mayor medida en procesos electorales. Para muestra, un botón. En Estados Unidos, los multimillonarios gastaron 18 millones de dólares en las elecciones presidenciales de 2000. En 2024 aportaron 2.600 millones de dólares, el 19% de todas las contribuciones a las campañas federales. Limitar por la vía tributaria esta deriva de concentración de riqueza sería una potente aportación a la salud de la democracia a nivel mundial.

En segundo lugar, no es cuestionable que la deriva de concentración de la riqueza en pocas manos agudiza el control de los mercados de bienes y servicios por parte de monopolios y oligopolios privados. Eso reducirá todavía más el bienestar de la inmensa mayoría de la población con precios superiores y cantidades inferiores a los socialmente necesarios. Más poder económico en manos de menos personas convierten la ya utópica competencia perfecta en los mercados en algo que haría sonrojar a los liberales clásicos. Los datos de Oxfam Intermón muestran cómo la brecha entre la riqueza pública y la privada se ha ampliado durante los últimos 50 años y ya en estos momentos la riqueza privada en manos del 1 % más rico multiplica por tres el total de la riqueza pública mundial. Si esta tendencia se mantiene, en 2075 la riqueza privada habrá superado a la riqueza pública en casi 900 billones de dólares.

En tercer lugar, hay que tener en cuenta los posibles efectos negativos que podría suponer el incremento todavía mayor de la desigualdad sobre el crecimiento económico dado que puede reducir las oportunidades profesionales de los grupos de la sociedad en peor situación y limitar la movilidad social con el consiguiente deterioro del crecimiento potencial de la economía. En concreto, un mayor nivel de desigualdad puede llevar a menores inversiones en capital humano por parte de los individuos de rentas más bajas si, por ejemplo, no hay un sistema de educación pública o de becas adecuado. Por ello, los países con mayor nivel de desigualdad suelen tener menores niveles de movilidad social entre generaciones. Cierto es que los resultados no son siempre concluyentes por la enorme dificultad de aislar el impacto de la desigualdad sobre el crecimiento económico, del ocasionado por otros factores que actúan de forma simultánea. A pesar de ello, el FMI sugiere que un incremento en la desigualdad resulta perjudicial para el crecimiento económico.

A modo de ejemplo, la relación histórica (1980-2012) observada entre la desigualdad y el crecimiento en los 159 países analizados muestra que si la proporción de la renta que percibe el 20% de la población con mayores ingresos aumenta en 1 p. p. (la desigualdad incrementa), el crecimiento del PIB se ralentiza en 0,08 p. p. en los siguientes cinco años. Por el contrario, si la participación en la renta del 20% más pobre de la población incrementa en 1 p. p. (se reduce la desigualdad), el crecimiento del PIB es 0,38 p. p. superior en los siguientes cinco años en promedio [2]. También la OCDE concluye que un incremento del coeficiente de Gini de tres puntos (que coincide con el aumento promedio registrado en los países de la OCDE en las dos últimas décadas) tendría un impacto negativo sobre el crecimiento económico de 0,35 p. p. por año durante 25 años, lo que representa una pérdida acumulada del 8,5% del PIB [3].

En cuarto lugar, no debe dejar de reseñarse el avance que supondría avanzar hacia una mayor justicia fiscal a nivel global dado que los tipos impositivos efectivos que soportan los ultrarricos son mucho más bajos que los que tienen otros grupos de renta. Esto convierte el sistema tributario, que solo es moderadamente progresivo en los escalones inferiores, en profundamente regresivo cuando se aplica a los milmillonarios. De hecho, Zucman estima que el 0,01 por ciento más rico de la población paga una tasa impositiva efectiva de sólo el 0,3 por ciento de su riqueza

En quinto lugar, no hay que desdeñar la capacidad recaudatoria de una tasa sobre la riqueza a este reducido grupo de personas porque podría generar ingresos tributarios adicionales del 0,27% del PIB mundial para 2030. Es decir, un porcentaje extremadamente reducido de la población mundial podría aportar de forma acumulada cerca de 2 billones de dólares en cinco años. A nadie se le escapa cómo puede contribuir a abordar los retos de suficiencia de ingresos de los sistemas tributarios.

En sexto y último lugar, y no por ello menos importante, es el elevado consenso que genera la aplicación de un impuesto a los ultrarricos. Una encuesta del Eurobarómetro realizada en 2025 reveló que dos tercios de los ciudadanos de la UE apoyan un impuesto a los ricos. El respaldo no es el mismo en los diferentes países y seguramente la explicación tiene que ver, más que con la propia medida, con las diferencias en la confianza en los gobiernos propios y en las instituciones públicas. En cualquier caso, ante la pregunta a los participantes siguiente: «¿Cuál es su opinión sobre un nivel mínimo de imposición sobre el patrimonio aplicado a las personas más ricas (el 0,001% superior) de su país?» De media, el 65% de los ciudadanos de la UE respaldó ese impuesto mínimo. El apoyo osciló entre el 45% en República Checa y el 78% en Hungría. Entre las cuatro mayores economías de la UE, los niveles de apoyo son similares. Italia encabeza con un 70%, seguida de cerca por Alemania y España con un 69% cada una. Francia, con un 65%, se sitúa en la media de la UE. Y no solo parece verle utilidad a la medida la población en general porque una encuesta encargada por Patriotic Millionaires y realizada a personas millonarias de países del G20 muestra que el 77 % considera que los milmillonarios utilizan su inmensa riqueza para comprar influencia política. Además, el 71 % de las personas encuestadas cree que emplean su fortuna para ejercer una influencia significativa en los procesos electorales. Tan solo el 17 % se muestra en contra de subir los impuestos a los más ricos para financiar políticas públicas que permitan hacer frente a la crisis del coste de la vida, mientras que el 65 % se declara a favor de una mayor tributación a los superricos. Parece que, más allá de la lógica polarización en temas fiscales entre diferentes opciones políticas, habría una cierta transversalidad a la hora de justificar la necesidad de un nuevo tributo sobre la riqueza extrema.

¿Por qué no es suficiente aplicar un impuesto a los ultrarricos?

A pesar de que la aplicación de una medida en este sentido supondría un paso adelante, está lejos de ser suficiente para abordar el nocivo incremento de la desigualdad económica a nivel global. Es evidente que las causas de un fenómeno tan complejo y con incentivos tan poderosos no pueden abordarse únicamente con un impuesto a los milmillonarios.

Tampoco puede pretenderse que dé respuesta a los tres problemas principales de los sistemas fiscales, es decir, la suficiencia de ingresos, la falta de equidad y la elusión y fraude que se concentra en los que perciben elevadas rentas y poseen cuantioso patrimonio. Por poner el ejemplo de lo que actualmente ya está en vigor en España, en nuestro país ya se aplica el Impuesto de Patrimonio cuya recaudación se disparó en 2023 hasta los 1.970 millones de euros, un 58% más que el año anterior, con un tipo medio efectivo que fue únicamente del 0,17% [4].

El salto se explica por la reactivación del tributo original en varias comunidades autónomas —que hasta entonces lo mantenían bonificado al 100%— como respuesta a la aparición de la nueva figura estatal del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas que grava patrimonios superiores a 3 millones de euros con tipos progresivos del 1,7% al 3,5%. Afecta a 23.000 contribuyentes, el 0,1% del total y recaudó en 2024 menos de 40 millones de euros. Con la tasa Zucman se estima una recaudación potencial de 5.200 millones de euros anuales en España que pagarían unos 500 ultrarricos. Sin embargo, una reforma del tributo actualmente existente la modificación del Impuesto sobre la Riqueza y Grandes Fortunas para que su recaudación alcance, con la implantación de una escala progresiva, el 1,5% del patrimonio total proporcionaría más de 11.000 millones de euros adicionales a las arcas públicas, prácticamente el doble que lo previsto con la tasa Zucman para nuestro país. Limitar la actuación fiscal a los ultrarricos es un paso adelante, pero no será suficiente para abordar los retos presupuestarios futuros.

En cualquier caso y a pesar de las limitaciones que tendría la aplicación de la nueva figura tributaria de Zucman, bienvenido sea un debate que tiene un alcance superior al ámbito fiscal y que aborda la relación entre desigualdad económica, crecimiento y protección de la democracia ante la amenaza de una oligarquía económica que concentra cada vez más poder en el siglo XXI.

[1] Borders, K, Nicolaides, P y Zucman, G. (2025): El impuesto a los milmillonarios: dinámica de la riqueza y recaudación de un impuesto mínimo global. Real Instituto Elcano.

[2] Dabla-Norris, E. et al. (2015), «Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective», FMI.

[3] OCDE (2014), «Focus on Inequality and Growth».

[4]https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_de_los_declarantes_del_Impuesto_sobre_el_Patrimonio.shtml

Et contra: el impuesto Zucman a los ultrarricos [*]

[*] Extraído de: “Patrimonio: ¿impuesto a los ricos o a los pobres?” Publicado en La Razón 24-Octubre-2022 y “Una propuesta fiscal contra el progreso y la democracia” Publicado en El País 4-febrero-2026

(Por Jesús Huerta de Soto, Catedrático de Economía Política, Universidad Rey Juan Carlos)

El anuncio por parte del Gobierno de que proyecta instaurar un nuevo “Impuesto de Solidaridad” que gravará la riqueza de aquellos que posean más de tres millones de euros ha vuelto a poner en el centro del debate a los impuestos que gravan el patrimonio y el capital. No se trata tan solo de que el anuncio esté muy politizado en un periodo ya de facto preelectoral y de que pueda perturbar la autonomía fiscal de Madrid, Andalucía y Galicia (recordemos que estas Comunidades engloban a 18 millones de españoles, es decir a casi un 38 por ciento de la población total de España). Tampoco hay que centrarse en la posible ilegalidad e incluso inconstitucionalidad del impuesto por poder llegar a ser confiscatorio. Ni en el hecho de que los patrimonios acumulados ya hayan tributado en su proceso de formación a través de impuestos, como el del IRPF, que absorbieron en su día y en muchos casos prácticamente la mitad de las rentas de sus actuales propietarios, en su gran mayoría hoy personas mayores y viudas que, después de toda una vida de esfuerzo, ahorro y sacrificio, ahora son “ricos” por tener más de tres millones de euros. Ni tampoco, en suma, de que se haya explotado por nuestros políticos una cierta demagogia que, anclada en la enfermedad moral de la envidia y en la antisocial y divisiva lucha de clases, luego se pretende edulcorar y legitimar semánticamente con el nombre de impuesto de “Solidaridad” (¿Quién puede atreverse a no impulsar la Solidaridad?).

No. El principal argumento en contra de cualquier impuesto sobre el stock de riqueza, patrimonio o capital acumulado no es ninguno de los indicados, sino el daño que hace a los trabajadores y, especialmente, a los más pobres, vulnerables y desfavorecidos. Y es que el empleo, su calidad y el nivel de los salarios depende directamente del volumen del patrimonio y del capital bien invertido por sus propietarios y puesto a disposición de los trabajadores en forma de maquinaria cada vez más sofisticada, instalaciones fabriles, recursos naturales, equipos informáticos, etc. En una economía de mercado el salario tiende a estar determinado por la productividad de cada trabajador y ésta solo puede crecer de una manera continuada y sostenible si éste cada vez disfruta de un conjunto mayor y más sofisticado de bienes de capital a su disposición.

Si un agricultor indio gana tan solo tres euros al día y uno norteamericano cien veces más, no se debe a que éste sea más listo o trabaje más horas. Simplemente resulta que el trabajador estadounidense dispone como media de cien veces más de bienes de equipo capital (por ejemplo, en forma de un potente tractor de última generación dotado de los más modernos instrumentos), que su homólogo indio (que carece de ese sofisticado equipo y se ve obligado, en muchas ocasiones, a seguir arando con animales y cosechando prácticamente a mano).

Y la abultada diferencia de salario se explica porque con un tractor de última generación el agricultor estadounidense es capaz de arar una extensión cien veces superior de la que es capaz de lograr el agricultor indio con sus rudimentarios utensilios. Ahora bien, el tractor de última generación solo se ha hecho posible porque un conjunto de capitalistas han ahorrado, han acumulado patrimonio y capital, y lo han puesto a disposición del agricultor americano en forma de un tractor que no es sino un sofisticado bien de capital que aumenta enormemente la productividad y, por tanto, el salario del afortunado trabajador.

Este razonamiento resume una de las enseñanzas más importantes de la ciencia económica e ilustra la gran sabiduría popular que siempre ha reconocido que el pobre, mucho más que un pez que le saque de un apuro inmediato, necesita una caña de pescar (es decir, un bien de capital) que le solucione definitivamente su problema. Y, además, como siempre, la ciencia es el mejor antídoto contra la explotación partidista de la demagogia.

Si Amancio Ortega, por ejemplo, tiene una fortuna de 60.000 millones de euros, de nada serviría expropiársela íntegramente y distribuirla entre, digamos, los 2.000 millones relativamente más pobres del mundo: solo tocaría cada uno de ellos a 30 euros, pero tendría un gran coste generador de pobreza, al hacer desaparecer y obligar a liquidar y cerrar las innumerables fábricas, instalaciones y edificios de este distinguido capitalista y que, para “gran fortuna” de sus decenas de miles de empleados y millones de clientes, no paran cada día de generar bienestar y riqueza por doquier impulsando la productividad y los salarios de muchos. Por tanto, si se quiere luchar contra la pobreza y favorecer la prosperidad de todos, y en especial de aquellos con salarios más bajos y vulnerables, lo que hay que hacer es mimar con esmero y cariño a todos los contribuyentes, y especialmente a los “ricos” impulsándoles en la acumulación de sus patrimonios y evitando cualquier persecución o condena social.

En suma, todo impuesto que, como el ya existente de patrimonio o el anunciado de “Solidaridad”, grave la acumulación de patrimonio, riqueza o capital, siempre termina incidiendo y perjudicando a los trabajadores y especialmente a los más pobres y vulnerables en términos relativos que son los que más se beneficiarían de un aumento en su productividad si dispusieran de más y mejor equipo capital. Además, da lo mismo que el capital o patrimonio esté constituido, como es lo más común y generalizado, por títulos valores, fondos de inversión, depósitos bancarios, bienes raíces, etc., pues todos ellos directa o indirectamente representan toda una constelación de bienes concretos de equipo capital que siempre necesitan la colaboración del trabajo, proporcionan un volumen creciente de empleo cada vez de mayor calidad y, sobre todo, hacen posible el aumento de la productividad de los trabajadores y, por tanto, de sus salarios.

Y, por contra y por ejemplo, un tipo de gravamen como el anunciado para las “grandes fortunas” del 3,5 por ciento, en menos de diez años y por simple aritmética, supondría una merma superior a un tercio del capital que habría podido acumularse de no existir este tributo sobre el patrimonio. Generándose así la concomitante merma de productividad y de reducción de los salarios reales sobre su nivel potencial. Por todo ello, debemos concluir que los impuestos sobre el patrimonio a la larga siempre los terminan pagando, y con creces, los propios trabajadores, por lo que son especialmente dañinos y, sobre todo, antisolidarios con los más pobres y vulnerables.

Se ha puesto de moda pensar que la desigualdad y la riqueza “extrema” comprometen la democracia, por lo que hay que elevar aún más la fiscalidad de las rentas altas y el patrimonio. La idea cala fácilmente en una ciudadanía agobiada por salarios reales que no crecen en sociedades esclerotizadas por el intervencionismo estatal y el exceso de regulación. Frente al eslogan fácil y la manipulación demagógica de que si “los de arriba” pagan más se refuerza el “contrato” social y se purifica la democracia, es obligación de todo buen economista plantear algunas preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿quién va a terminar pagando más: el rico de la caricatura o los trabajadores corrientes en forma de peores empleos y salarios futuros más reducidos? Y ¿qué efecto real tiene todo ello sobre la democracia?

Pues bien, la Ciencia Económica es terca: subir los impuestos a los ricos castiga el ahorro, la inversión, la innovación, la acumulación de capital y la creatividad empresarial, disminuyendo la productividad y los salarios reales de la mayoría. Y, simultáneamente, agranda todavía más el poder discrecional de los políticos para conceder privilegios y subvenciones a los grupos de interés y comprar los votos necesarios para mantenerse en el poder. Todo ello en perjuicio de la igualdad ante la ley que exige una democracia sana.

Supongamos dos trabajadores, uno indio y otro norteamericano, mismas horas de trabajo y mismo esfuerzo. El primero trabaja con herramientas rudimentarias, riego y abono precarios; el segundo trabaja con un moderno tractor, y dispone de riego y abonos de última generación. ¿Quién gana un salario mucho más alto? Obviamente el segundo, y ello se debe a que es mucho más productivo, y no a la regulación estatal, ni al gasto público ni a la redistribución de la renta. Simplemente se debe a la mayor cantidad y calidad de bienes de equipo capital que hacen mucho más productivo su trabajo. Por tanto, penalizar fiscalmente a quienes ahorran, acumulan, innovan e invierten precisamente en esos bienes de capital es la manera más segura de ralentizar y frenar el crecimiento de los salarios.

Hagamos algunos números: un impuesto sobre el patrimonio del 3,5 por ciento al año significa que, por ejemplo, después de 10 años, se evaporan más de un 40 por ciento de los bienes de capital que se hubieran podido acumular a disposición de los trabajadores, con un coste inmenso para ellos, en forma de incrementos de salario futuro dejados de percibir. Supongamos ahora que al final triunfa la demagogia y se expropia a don Amancio Ortega los 80.000 millones de euros de su fortuna para repartirlos entre los 2.000 millones de pobres del mundo, que tocan a 40 euros por cabeza. Seriamente, ¿alguien puede decir que eso mejoraría la democracia? Porque el coste en términos de prosperidad, nivel de vida y cohesión social sería colosal: empresas cerradas o descapitalizadas, inversiones canceladas, innovaciones bloqueadas y, sobre todo, empleos destruidos, y trabajos de peor calidad con salarios más bajos. A lo que hay que añadir el crecimiento elefantiásico del estado, la burocracia y el clientelismo político. Porque cuanto mayor renta y riqueza detrae coactivamente el estado y más discrecional es su poder, más esfuerzo e ingenio dedican los “buscadores de rentas” y subvenciones, y los grupos de presión para conseguir ventajas particulares corrompiendo (aún más) la democracia y el estado de “derecho”. Y es que al incrementarse (solo a corto plazo) el botín a repartir en un contexto en el que se ralentiza el desarrollo económico, se fomentan y se hacen irresolubles los conflictos sociales en un entorno cada vez más polarizado que dificulta o imposibilita el funcionamiento normal de la democracia.

En suma, la fiscalidad “contra los ricos” perjudica gravemente a los trabajadores, y en especial a los más vulnerables, a la vez que anquilosa y corrompe (todavía más) la democracia. Por tanto, la receta a aplicar para revertir la crisis social y democrática de nuestro tiempo, que es consecuencia inevitable del virus del estatismo que nos afecta, es justo la contraria: impuestos bajos y simples, eliminación del gravamen al ahorro y patrimonio, seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, desregulación generalizada y límites estrictos al gasto público que impidan que la casta política improductiva expolie, y reparta comprando votos, la riqueza de aquellos que la crean con su esfuerzo y audacia empresarial.

Jiménez, Juan Luis y Campos, Javier (2026): La evaluación de las políticas públicas (o por qué se deben evaluar por efectos y no por sus intenciones). Editorial Aula Magna, Madrid, p. 160

(Por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica- Universitat de València)

Antes de iniciar el comentario de este libro, vale la pena señalar que los autores son profesores en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y han trabajado distintos aspectos de las políticas públicas, en particular la regulación económica, las políticas de servicios y las políticas de competencia. Este tipo de trabajos les ha dado un bagaje especial para abordar la evaluación de las políticas públicas.

De forma breve, este libro se organiza en 7 capítulos. Después de la introducción, en el primer capítulo se presenta la evaluación de las políticas públicas en el siglo XXI. En el siguiente se aborda el por qué y el cómo de la evaluación. A continuación, en tres capítulos, se reseñan sendos estudios de caso (en tres áreas de actuación). En el capítulo 3, se presentan casos relacionados con ayudas al transporte, en el cuarto, medidas vinculadas con vivienda y, en el quinto, políticas acerca de redistribución de la renta. En el capítulo sexto, se entra a valorar aspectos de la política de competencia como estímulo a la evaluación de políticas públicas. En el último capítulo, a modo de conclusión, se reflexiona sobre expectativas de la evaluación de las políticas públicas.

El capítulo 1 concentra su interés en las evaluaciones expost y se subraya que las más relevantes son las que concentran su atención en los resultados perseguidos y a qué coste. Por tanto, se dejan de lado el resto de tipos de evaluaciones, en particular, las que se refieren a los objetivos o las de coherencia. Un concepto esencial que se utiliza es el de coste de oportunidad que, al relacionarlo con las políticas públicas, pone de manifiesto que los recursos estatales son escasos y los problemas múltiples, de forma que la evaluación puede contribuir en una mejor asignación de aquellos.

En el capítulo 2, se explican brevemente los métodos de evaluación que se gastan en la actualidad. Se empieza el capítulo poniendo de manifiesto para qué sirven las evaluaciones de las políticas públicas. Posteriormente, se pasa a analizar el cómo deberían evaluarse las consecuencias de las políticas públicas, subrayando que aquello que es relevante es poner de relieve los resultados reales.

Los autores postulan un método de tipo de contrafactuales, es decir, utilizando “grupos de control”, o sea agentes no sometidos a los efectos de las políticas públicas, que sirven de referencia para valorar los resultados en aquellos que sí han sido afectados por las medidas de política económica. Un aspecto interesante de este capítulo es que va explicando nuevos métodos que se utilizan en la evaluación de las políticas públicas, como se trata de los ensayos aleatorio controlados, el método de diferencia-en-diferencias, el control sintético o de regresión en discontinuidad. Hacia el final del capítulo se presenta la evaluación de las políticas públicas en España, que pone de relieve matices interesantes acerca de la concepción de esta en nuestro país.

El núcleo central del libro son los capítulos 3, 4 y 5 en los se pone de manifiesto la evaluación de las políticas públicas en la realidad. En el capítulo 3, se concentra la atención en las políticas de transporte. En concreto se analizan las políticas de subsidios a residentes, a hidrocarburos (y su impacto sobre los precios), a la compra de vehículos. En el capítulo 4, se analizan, bajo el título de política de vivienda, las ayudas e incentivos fiscales a la compra de viviendas y los controles sobre alquileres. En el capítulo 5, se orienta el análisis hacia políticas de redistribución de la renta: impuesto de herencias, el cheque-bebé, la renta básica universal, las prestaciones por desempleo (y su impacto sobre la decisión de trabajar), el apoyo a grandes eventos o el fomento de los trenes de alta velocidad.

La valoración de conjunto de los casos analizados que hacen los autores es que las intenciones se han encontrado muy alejadas de los resultados. Entonces se pasa al capítulo 6 en el que se deposita una esperanza de control sobre las políticas públicas a través del ejercicio de la competencia. Se inicia el capítulo con una reflexión y una crítica a las licitaciones públicas, para después reflexionar sobre algunos aspectos de la política de competencia (sanciones o cárteles). Se concluye que debe conjugarse mejor la competencia con las intervenciones del estado.

En el capítulo 7, con el que se concluye el libro, se plantea la pregunta de si hay esperanza en la evaluación de las políticas públicas. Se insiste en la importancia de la actividad de la evaluación y que esta ha de concentrar la atención no en lo que se dice, sino en lo que se logra.

En su conjunto el libro resulta de gran interés, destacando la explicitación de nuevos métodos de evaluación. También vale la pena destacar los casos de estudio de la parte central de libro. Estos ejemplos resultan ilustrativos para clarificar los argumentos de los autores, que constituyen una divulgación de estudios más profundos realizados y publicados en revistas de distintas categorías académicas. Quizá una dimensión destacada de la relevancia de estos ejemplos y del libro en sí mismo es su uso docente. Los estudios de casos pueden ser recomendados en las clases de Política Económica, o en otras asignaturas, para discutir con y entre los estudiantes, ayudando a la clarificación de conceptos, así como ilustrar las fases de la política económica y subrayar la importancia de la evaluación de las políticas económicas.

Una de las críticas que se puede plantear es el economicismo de los autores. En definitiva, cuando se analiza la “política económica”, subrayan la segunda parte, el adjetivo, pero obvian o, en ciertos casos, menosprecian la primera, la “política”, el sustantivo. Esta última tiene una lógica muy distinta de la primera. Aquello que se ha de tener presente es que la consideración de la dimensión política no supone menos democracia, palabra en la que se legitiman parte de los argumentos en defensa de la evaluación que, a la sazón, resulta tan vaga que no es indicador de nada.

Derivado de este tipo de consideraciones, no es de extrañar la divergencia en la consideración acerca de la relevancia de la evaluación de las políticas públicas entre políticos (policy-makers) y analistas (economistas -profesorado). Para los primeros, aquello que es relevante es la resolución de problemas, normalmente mal definidos, en condiciones de penuria de tiempo (dificultades para gestionar el tiempo) y en un contexto de incertidumbre desestructurada.

En consonancia con estas características, que afectan al proceso decisional en la configuración de la agenda y el diseño, la evaluación suele ser irrelevante. En contrapartida, para los segundos, los analistas, que disponen de tiempo y en ciertos casos de información, la evaluación ostenta una relevancia singular. La asimetría en las percepciones queda patente cuando, en diversas partes de libro, se apunta que de la evaluación se derivan responsabilidades, como la dimisión de los políticos por haber errado (que no se indica), punto nada gratificante para acentuar el interés de estos últimos acerca de la evaluación y, más aún, si se tiene en cuenta las condiciones en las que suelen tomar decisiones, que se han apuntado un poco más arriba.

Aliende, I. (Ed.) (2026): Applied Behavioral Economics. Theory, Method, and Practice for Driving Decisions. Nova Science Publishers.

(Por Iñaki Aliende, Economía Aplicada -Universidad Complutense de Madrid)

En un contexto en el que la economía del comportamiento ha dejado de ser una corriente emergente para convertirse en una referencia central en el análisis de políticas públicas, mercados y organizaciones, este volumen lo hemos desarrollado con un doble objetivo: ofrecer una sistematización rigurosa del campo y proporcionar una guía práctica para su aplicación.

Applied Behavioral Economics es una obra colectiva que reúne a investigadores y profesionales de distinta procedencia académica, geográfica e institucional. Participan profesores universitarios vinculados a centros de investigación europeos, especialistas en economía aplicada y metodología cuantitativa, así como profesionales de firmas de consultoría conductual con experiencia directa en intervenciones reales. Esta pluralidad no es accidental: responde a la convicción de que la economía del comportamiento se enriquece cuando dialogan la teoría, la evidencia empírica y la práctica organizativa. El libro integra, así, perspectivas académicas y experiencias de terreno procedentes de distintos países y contextos institucionales.

La segunda parte se centra en los métodos y marcos de intervención. Se examina el funcionamiento de las “nudge units”, el uso de ensayos controlados aleatorizados y modelos como EAST o BETA, así como las implicaciones éticas del diseño conductual. Esta sección pretende servir de puente entre el investigador y el profesional, mostrando cómo las herramientas conductuales pueden diseñarse, testarse y evaluarse con rigor.

La tercera parte ofrece un recorrido aplicado por diversos ámbitos: bienestar financiero, seguros, salud, hábitos alimentarios, sostenibilidad, energía, economía gig, competencia política y El diálogo entre disciplinas, metodologías y experiencias profesionales ha influido de manera decisiva en la organización interna del libro. La estructura de la obra refleja esta vocación integradora. En una primera parte se abordan las raíces conceptuales de la disciplina, desde la racionalidad limitada hasta la teoría prospectiva y el desarrollo de los nudges, situando la economía conductual dentro de la evolución general de las ideas económicas. Lejos de plantearla como una ruptura aislada, se presenta como una ampliación del análisis económico, capaz de incorporar heurísticas, sesgos, emociones y contexto social.

Finalmente, la cuarta parte aborda la medición del impacto y la inferencia causal en intervenciones conductuales. Se incorporan herramientas estadísticas y cuasiexperimentales que permiten evaluar la efectividad de las políticas y proyectos diseñados bajo este enfoque. Con ello, el libro subraya una idea central: la economía del comportamiento no puede limitarse a la intuición psicológica, sino que debe apoyarse en evidencia contrastada y replicable.

Un aspecto especialmente relevante del volumen es la reflexión sobre los límites éticos del diseño conductual, la distinción entre nudges y dark patterns, y el papel creciente de la inteligencia artificial y el hypernudging. El desarrollo tecnológico amplifica el potencial de las intervenciones conductuales, pero también sus riesgos. Por ello, el libro incorpora una mirada crítica orientada a preservar la autonomía individual y la transparencia institucional.

En conjunto, esta obra aspira a ser un manual de referencia tanto para investigadores como para estudiantes de posgrado, decisores públicos y profesionales interesados en aplicar la economía del comportamiento de forma rigurosa y responsable. Más que cerrar un debate, pretende contribuir a su consolidación y expansión en un momento en el que comprender cómo deciden realmente las personas resulta esencial para diseñar mejores políticas, organizaciones y entornos de elección.

El proceso de transformación social y la economía en México. Alcances y limitaciones (Reseña): Gregorio Vidal, Miguel Ángel Gómez Fonseca (Coords.)

(Por Diana Vicher García, Departamento de Gestión Pública, Universidad de Guanajuato, México)

El interés en la búsqueda de la comprensión profunda de las necesidades y problemas de México, aunado al propósito tenaz de aportar a su solución, son los ejes que articulan el núcleo duro del texto que tiene como título “El proceso de transformación social y la economía en México. Alcances y limitaciones”. Esta obra, como  lo anuncia su título, brinda una sobresaliente perspectiva analítica sobre la forma en que se han modificado los procesos sociales y económicos del país en las últimas décadas.

La introducción  establece el contexto y las principales vicisitudes en que la crisis económica estructural prolongada confluyó para detonar cambios y transformaciones que no sólo se generarían atendiendo a circunstancias internas del país sino también como consecuencia de la relación con otras naciones, lo que resultó en el proyecto que se llevó a cabo desde finales de la década de 1980 hasta 2018, con las políticas neoliberales de ajuste del Consenso de Washington que, en el orden global, también se caracterizarán por la propagación de la financiarización. De manera tal que, en México, el triunfo electoral de 2018 es visualizado no como una simple alternancia de partidos, sino como el inicio de una ruptura con el modelo económico que dominó México por más de 30 años.

Este será un referente que los capítulos que componen la obra abordarán de uno u otro modo para diferenciar las acciones que adoptará el gobierno denominado la Cuarta Transformación (4T), que tendrá como objetivo central la separación del poder político del poder económico, para que el Estado recupere su papel como rector del desarrollo. Para legitimar estas afirmaciones se realiza la crítica al pasado como una etapa de privatizaciones excesivas, precarización laboral y un crecimiento económico que solo benefició a los sectores más altos de la escala social.

En la obra “El proceso de transformación social y la economía en México. Alcances y limitaciones”, se analizan las acciones de los gobiernos que a partir de 2018 buscan recuperar la rectoría del desarrollo a partir de instrumentos como la Economía Social y la Economía Social y Solidaria (ESS), donde se exalta al sujeto social, al asumir que la economía no debe centrarse solo en la empresa privada «maximizadora de ganancias», sino en el sector social (cooperativas, ejidos, comunidades).

La ESS es entonces una herramienta para alcanzar la soberanía alimentaria y energética, ya que permite que las comunidades produzcan lo que necesitan y fortalezcan el mercado interno. También se establecería la relación Estado e Inversión Pública para definir la forma en que se reutilizará el gasto público a partir de medidas de austeridad republicana, eliminando lujos en el gobierno para redirigir los recursos a los programas sociales (transferencias directas como la pensión a adultos mayores) y a proyectos estratégicos (como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas). El análisis de estas acciones lleva a los autores a distinguir sus “retos y limitaciones”. A partir del estudio riguroso, los autores detallan que el proceso no ha sido sencillo sobre todo por la dependencia global donde México sigue inserto en una economía controlada por el capital financiero. Esto limita qué tanto puede cambiar el país sin provocar crisis de divisas o fugas de capital.

La introducción prepara al lector para la lectura de la obra, pero también para proyectar el futuro (2024-2030), reflexionando en torno a las vicisitudes en torno al proyecto de Claudia Sheinbaum cuando busca construir el «segundo piso» de esta transformación consolidando las obras iniciadas en el gobierno previo; buscando avanzar hacia una reindustrialización con mayor contenido nacional y tecnología propia, lo mismo que fortaleciendo los derechos sociales (salud y educación) para que dejen de ser vistos como mercancías y sean derechos efectivos.

En síntesis, la introducción plantea que México está en un proceso de transición donde el Estado intenta recuperar su soberanía y priorizar a los pobres, pero enfrenta la enorme resistencia de las estructuras económicas heredadas y las presiones del mercado global. Como es perceptible, el inicio de la obra establece el marco teórico y político bajo el cual se analizan todos los capítulos posteriores.

El capítulo 1 titulado Economía y sociedad: La transformación social en México, de la autoría de Gregorio Vidal, analiza la evolución de la política económica en México desde los años ochenta hasta la actualidad, iniciando con los “antecedentes neoliberales”, se refiere a cómo el diagnóstico de Miguel de la Madrid en 1984, sobre los problemas estructurales del modelo de sustitución de importaciones, dio paso a un largo periodo de ajuste estructural y austeridad. Para, a continuación, explicar el periodo en el que se verificó proyecto de Salinas de Gortari, quien asumió y puso en práctica la política de reducción del «Estado propietario» como vía para la justicia social, argumentando que un Estado más grande no era más capaz, con lo cual se consolidó la apertura de capitales y las privatizaciones. Sin embargo, como el autor destaca, estas políticas, continuadas por los siguientes gobiernos, provocaron crisis recurrentes y un crecimiento económico débil, basado en exportaciones manufactureras con alto contenido importado que no lograron crear un modo de desarrollo estable.

El autor reflexiona sobre la forma en que se configuraron las condiciones sociales, políticas y electorales que llevaron a que en la elección de 2018 se registrara el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y en 2024, a la continuidad con Claudia Sheinbaum (el «segundo piso» de la 4T), gobiernos que representan una ruptura con el neoliberalismo, buscando separar el poder político del económico y priorizar a los sectores pobres. El capítulo expone las principales líneas de la trasformación ejecutadas durante el gobierno de AMLO y continuadas por Claudia Sheinbaum para contrastar la coherencia entre objetivos y resultados.

Un caso de análisis es el mercado de trabajo, donde se deduce que la situación laboral de la población no muestra cambios relevantes, si bien se reguló el outsourcing o contratación sin prestaciones sociales y se aumentó el salario mínimo, estas acciones no han significado cambios cualitativos en el régimen laboral ya que continúa la informalidad y millones de mexicanos viven en condiciones de vulnerabilidad.

Otro apartado del capítulo se enfoca en la inversión en infraestructura, el gasto social y la economía solidaria, como base de la política económica de la 4T. Donde no existe un programa o plan sino dos líneas de acciones, la primera de inversiones prioritarias en infraestructura, sobre las que se brindan datos de las principales acciones, si bien se encuentra que no han producido cambios significativos; y la segunda en programas sociales para grupos vulnerables donde se explica en qué consisten los principales, se brindan datos presupuestales relevantes y también se analiza su alcance para fungir como medio de movilidad social.

La relación entre las grandes empresas y el poder es otra importante veta de análisis donde se encuentra que, si bien se ha priorizado la conducción estatal en su retórica, los gobiernos de la 4T han estimado necesaria la participación de grandes empresarios y han establecido organismos como el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión (CFIECE) a fin de generar colaboraciones en proyectos estratégicos. Finalmente, se reflexiona específicamente sobre los posibles alcances de las propuestas de Claudia Sheinbaum en el marco del segundo piso de la transformación, atendiendo al escenario que plantean las constantes pugnas entre las fuerzas políticas.

El capítulo 2, de la autoría de Wesley  Marshall titulado “La restricción externa y la Cuarta Transformación (4T)», se centra en el análisis del marco del Orden Monetario Internacional (OMI) para establecer que la economía no funciona de forma aislada, sino dentro de un orden mundial capitalista que está diseñado para acumular riqueza de abajo hacia arriba a partir de dos pilares que son, por un lado, la arquitectura piramidal donde se sitúan las instituciones financieras globales que funcionan como una estructura jerárquica en la que el espíritu es la «plutocracia global», en oposición a la soberanía de las democracias nacionales. Mientras que por otra parte encontramos la “herencia del patrón oro” respecto a lo cual el autor retoma la visión de Karl Polanyi para explicar magistralmente que el actual patrón dólar es una recreación del orden liberal del siglo XIX, diseñado para proteger los derechos de propiedad de los inversores por encima de la soberanía de los Estados.

El elemento nodal del análisis de este capítulo se dirige a explicar qué es la Restricción Externa, un concepto que el autor refiere como “curioso”, ya que es aceptado tanto por los ortodoxos como por los heterodoxos. Su análisis le lleva a descifrar que este concepto no sólo es un problema de balanza comercial, sino que conlleva una limitación estructural a la soberanía desde dos puntos, por un lado, al significar dependencia financiera que se traduce en la necesidad constante de divisas y en cómo la política económica nacional está «atada» a las decisiones de los centros financieros (como Washington o Nueva York). Mientras que por otra parte produce una fuga de beneficios, esto es, que una parte central de la restricción es la monetización en el exterior de las ganancias obtenidas en territorio mexicano, lo que drena los recursos que podrían usarse para el desarrollo interno.

Otra importante reflexión se enfoca en el Papel del Sistema Bancario, para lo cual el autor vuelve a las ideas de Adam Smith, con el fin de argumentar que el dinero no se mueve por «oferta y demanda» abstracta, sino a través del complejo institucional del sistema bancario a partir de lo cual la banca, como mediadora, determina que las decisiones de crédito y flujo monetario están controladas por bancos que responden a la lógica de la rentabilidad global, no necesariamente a las necesidades sociales del país.

En este marco se incrusta la transformación neoliberal de México que fue la más profunda de la región al perder el control total de su sistema financiero y relegar a la banca pública —que en otro momento fue el motor del «milagro mexicano»— a un papel secundario. En contraste, el autor aborda la postura de la 4T ante la Restricción Externa, esto es, la posición del gobierno de López Obrador y la continuidad con Claudia Sheinbaum, donde observa un dilema para la soberanía pues, aunque la 4T declaró el fin del neoliberalismo en 2018, o la ruptura con el pasado (recuperar la soberanía y combatir la corrupción), sigue operando bajo las reglas del OMI.

El autor cuestiona si el espíritu del gobierno podrá realmente romper con estas estructuras o si se mantendrá dentro de la «prudencia» que exigen los mercados, aunque la banca central es clave. De lo anterior que Marshall aconseja tomar una estrategia de supervivencia pues ante un sistema financiero global tan poderoso, un gobierno nacional no debe intentar «atravesar» el problema (una ruptura frontal que podría ser catastrófica), sino «bordearlo». Esto implica trabajar por encima, por debajo y alrededor de las restricciones, negociando espacios de autonomía sin provocar una crisis de salida de capitales.

Como conclusión, el autor considera importante que los problemas de la restricción externa sean de conocimiento público y no solo un tema de élites económicas, ya que ello podría obrar en favor del fortalecimiento de la posición negociadora de México. Y también advierte que la inestabilidad del patrón dólar y el comportamiento errático de las potencias, que se sintetiza en la incertidumbre global, obliga a México a buscar una mayor diversidad institucional y monetaria para proteger su proceso de transformación social.

El tercer capítulo del libro, titulado «El proyecto económico de la Cuarta Transformación: bases para el impulso de una economía mixta», escrito por Carolina Hernández Calvario, analiza la reorientación de la política económica en México hacia un modelo que prioriza el mercado interno y el sector social. La autora parte de la contraposición del modelo neoliberal, basado en mercados abiertos e inversiones extranjeras y la estrategia de la 4T como enfoque nuevo que busca desarrollar una estrategia fundamentada en el mercado interno. Sin embargo, como la autora expresa, la política económica de la 4T no encaja totalmente en visiones liberales, ni es puramente keynesiana, ni un capitalismo de Estado tradicional, sino que lo que se observa es el surgimiento de nuevas representaciones de pensamiento que reconozcan formas de propiedad distintas a la privada (cooperativa, ejidal y comunitaria).

Con todo, se identifica una lógica de reproducción social que propone transitar de una economía basada en la ganancia y el egoísmo hacia una Economía Social y Solidaria (ESS) que atienda las necesidades de reproducción de la vida y se funde en la interconexión y la cooperación. Esto conduce al análisis del Sector Social de la Economía (SSE) donde se identifica y analiza la existencia de actores sociales que no se mueven solo por egoísmo, sino por solidaridad y mutualismo.

En la hechura de la SSE se identifican tres componentes clave: el sector salarial que contribuye a la generación de valor, el sector cooperativista que está basado en formas colectivas para el mercado local y el sector comunitario, presente en áreas rurales y pueblos originarios. En esta tesitura viene a colación la relación necesidades y preferencias donde la autora, con base en Hinkelammert, subraya que las necesidades humanas (fisiológicas y antropológicas) no son meras «preferencias» de mercado, y el sujeto de estudio debe ser el ser social que depende de su comunidad.

La autora pone la lupa en la Estrategia de Desarrollo y la Economía Mixta, aquí retoma el contraste entre sexenios previos a la 4T en los que observa una tensión entre el crecimiento hacia afuera (manufactura global) y el crecimiento hacia adentro (propiedad estatal, cooperativas y ejidos). Mientras que la propuesta de la 4T, al menos en el discurso, busca una unidad entre el sector público gubernamental y el sector público no gubernamental para revitalizar productivamente las regiones del país. A estas medidas se agrega la política social no meramente asistencialista, sino como el elemento central para reactivar el mercado interno. En este sentido, de acuerdo con la autora, es necesario crear metodologías efectivas que visibilicen a los productores de la ESS, pues son millones de personas las que trabajan bajo estructuras familiares o sin sueldos fijos y los censos tradicionales  no los identifican adecuadamente.

Antonio Mendoza, quien es el autor del capítulo 4 titulado «Sin expectativa de políticas públicas de fomento y fortalecimiento al sector social de la economía durante el sexenio 2018-2024», parte del análisis del Sector Social de la Economía (SSE) en la 4T estableciendo el contraste entre las altas expectativas generadas al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los resultados que efectivamente se pueden observar. Para cumplir con este propósito el autor nos recuerda cuáles eran las expectativas iniciales con el cambio de régimen en 2018, y donde diversos sectores esperaban que el fomento al cooperativismo y a la Economía Social y Solidaria (ESS) se convirtiera en una política de Estado para generar condiciones más equitativas.

Mendoza expone que el sector social de la economía se compone por asociaciones de acción colectiva (pequeños y grandes grupos) que operan bajo principios de propiedad social, producción y consumo sin fines de lucro, diferenciándose tanto del Estado como del mercado tradicional. Para evidenciar el efecto de fortalecimiento o no hacia el sector social, el autor evalúa los tres componentes esenciales de cualquier política pública, encontrando un panorama crítico. Entre sus hallazgos da cuenta que, contrario a lo esperado, durante el sexenio de la 4T se experimentaron severos recortes en el presupuesto destinado a este sector, así como en su personal e infraestructura institucional.

En lo que corresponde al marco legal se evidencia que, al concluir el sexenio de AMLO, no hubo modificaciones legales significativas para fortalecer al sector. Y que, de hecho, los pocos cambios realizados son calificados como «regresivos», enfocados principalmente en la depuración y concentración de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP). Si bien el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 menciona la economía social en siete ocasiones, en la práctica no se estableció como un elemento prioritario de la administración federal.

Con todo, a pesar de la falta de apoyo gubernamental, el autor destaca que se registra resiliencia y capacidad del sector, en particular analizando la experiencia de los «Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria» como una de las estrategias que buscaba articular esfuerzos, aunque claro, con alcances limitados por la falta de recursos. También se examinan las Cooperativas como base popular ya que el SSE representa la base social que recibe transferencias de programas sociales. El autor argumenta que el éxito de un modelo económico alternativo depende de integrar las capacidades creativas de estas clases populares en un sistema de gestión colectiva y democrática.

De lo anterior se proyectan ciertas perspectivas para el «Segundo Piso» (Gobierno de Sheinbaum). Al respecto se examinan el documento intitulado «100 pasos para la Transformación» de Claudia Sheinbaum de lo cual se desprende que en materia de vivienda y Banca Social se plantean metas transversales como el fortalecimiento del Banco del Bienestar y la generación de fondos para vivienda social destinados a no derechohabientes; mientras que en materia de soberanía alimentaria, la única referencia a la ESS en los planes futuros se encuentra en el eje de desarrollo rural, donde se propone impulsar cooperativas agrícolas y tecnologías agroecológicas.

Mendoza sostiene que, si bien la 4T ha logrado consolidar el mercado interno mediante transferencias directas, ha fallado en construir una estructura orgánica robusta para el Sector Social de la Economía. De manera que la función de la economía social debe seguir siendo la de un movimiento alternativo que busque autonomía política y autosuficiencia económica frente a las crisis.

El capítulo 5, titulado «El ahorro al servicio de la sociedad en México» y escrito por Elizabeth Concha, analiza el comportamiento financiero de los hogares mexicanos y el papel del ahorro dentro del Sector Social de la Economía (SSE). Procede analizando el comportamiento financiero de los hogares detectando la realidad a través de datos de la ENIF[1] y la ENIGH,[2] encontrando que la mayoría de los hogares en México, a pesar de estar «bancarizados», hacen un uso muy limitado del sistema bancario formal. Encuentra que el ahorro en el sector social tiene un carácter reproductivo. No busca generar capital, sino administrar la solvencia diaria a diferencia de la lógica de acumulación de riqueza del sector privado. Frecuentemente el ahorro, que se describe como «ocasional, temporal y fugaz», más bien se utiliza para cubrir necesidades inmediatas o se cede solidariamente a familiares o personas cercanas en situaciones de crisis.

Aquí, el capítulo da cuenta de otros aspectos de la desigualdad que se ponen en evidencia a partir de analizar el ahorro por deciles, de lo cual se desprende una brecha significativa en la capacidad de ahorro según el nivel de ingresos (datos basados en ENIF 2019 y ENIGH 2018). Se observa que en los deciles superiores la tasa de ahorro crece proporcionalmente al ingreso, pasando de un 15% en el segundo decil hasta un 44% en el último decil; mientras que el caso crítico del Decil I donde se ubica la población con menores ingresos se encuentra una tasa de ahorro negativa (-16%) y, paralelamente, presenta la mayor tasa de endeudamiento (15%).

Lo anterior lleva a explicar los factores que limitan el ahorro, sobre todo si los hogares han recibido mayores ingresos mediante transferencias directas de la 4T, se encuentra que el endeudamiento persiste a pesar de que algunos hogares debido a la falta de servicios públicos ya que el aumento en el ingreso monetario puede verse anulado por el gasto que las familias deben realizar en salud y educación ante la ausencia de servicios públicos eficientes. A lo que hay que agregar que los mayores ingresos se destinan a satisfacer necesidades básicas que habían sido largamente postergadas, lo que genera un «efecto riqueza» que prioriza el consumo material sobre el ahorro. A ello se suma la «endeble cultura del ahorro» influenciada por las condiciones de precariedad del sur global.

Pese a lo anterior, la autora observa que el ahorro es una herramienta social, por lo cual el sistema financiero debe ser repensado para servir a la sociedad y no solo al mercado y esto se podría efectuar fortaleciendo instituciones que permitan al sector social gestionar sus recursos bajo una lógica de ayuda mutua y no de lucro. Aunado a ello, enfatizar las microfinanzas y las cooperativas como la opción más viable para la inclusión económica, basándose en la justa distribución de excedentes y la solución de problemas comunes.

En síntesis, la autora concluye que el sector social es heterogéneo y su comportamiento financiero es imprevisible debido a las contradicciones internas que enfrenta. Así que, para que la transformación avance, es necesario que los instrumentos financieros dejen de ser un mecanismo de exclusión y se conviertan en medios de reproducción social y estabilidad comunitaria.

En el capítulo 6 titulado «El sector vivienda en México 2024-2030: transformación versus restauración», escrito por Miguel Ángel Gómez se analiza la situación habitacional en el país y los planes propuestos para el sexenio de Claudia Sheinbaum. El capítulo inicia mostrando el diagnóstico de la vivienda en México del que se desprende que el problema de vivienda en México no es solo la falta de unidades nuevas, sino el «rezago cualitativo» (viviendas existentes con materiales precarios o falta de servicios), el cual se ha intentado abatir con programas de mejoramiento. Además de que se identifican barreras críticas para lograr las metas habitacionales, cuatro sobresalen y son: limites en el financiamiento del erario, escasa disponibilidad de reservas territoriales, falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y una escasa capacidad de gestión en ciertos sectores.

En este tenor se analiza la estrategia del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum que se divide en dos ejes de actuación. Por un lado, en el sector de la población con empleo formal, donde se proyecta regresar al Infonavit un papel protagónico como «constructor» directo de vivienda para sus derechohabientes, retomando funciones que se habían delegado al sector privado. Mientras que para la población sin ocupación formal se propone un reimpulso a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), para que actúe como desarrolladora de vivienda a escala, asignada mediante esquemas subsidiados para personas fuera del mercado laboral formal.

La estrategia está llena de buenas intenciones, sin embargo el autor observa que es poco factible alcanzar la meta de construir medio millón de viviendas para el sector no formal en el sexenio, sobre todo porque la CONAVI no da cuenta de disponer ni del desarrollo orgánico ni de recursos financieros y profesionales para asumir la tarea, por lo que pretende operar subcontratando a terceros actores, pero el registro actual de los que estarían disponibles es insuficiente tanto en cantidad como en calidad para cumplir los objetivos.

En teoría se tiene el propósito de articular esta línea de trabajo de CONAVI con la Economía Social y Solidaria (ESS) para generar nuevas modalidades de gestión de vivienda, el autor advierte que, precisamente este sector (el de la población excluida del trabajo asalariado), es el que tiene las condiciones más difíciles y las expectativas de avance más bajas debido al débil apoyo institucional detectado. Para finalizar, el capítulo plantea una tensión entre la intención de realizar una transformación profunda del sector vivienda mediante el retorno del Estado como constructor y gestor social, y el riesgo de una restauración de prácticas limitadas por la falta de capacidad operativa y financiera real.

El capítulo 7 de la autoría de Iván Cortés, titulado «El sector agroalimentario mexicano, bajo el contexto de la 4T: entre el cambio o la continuidad», analiza la situación del campo mexicano frente a la crisis alimentaria global y las políticas del gobierno actual. El análisis se desarrolla contextualizando la reciente Crisis Alimentaria Global (2020-2023) que se explica, no es de escasez de alimentos, sino de sobreproducción y especulación financiera. Esta crisis se atribuye al incremento de ganancias para las agroindustrias transnacionales que controlan la producción y distribución, generando volatilidad en los precios independientemente de la oferta real.

Entre los tópicos más relevantes se aborda la “Agricultura 4.0”, que se refiere a la transición del modelo de la «Revolución Verde» hacia la «Agricultura 4.0», lo que conlleva un mayor control corporativo sobre la tecnología y las semillas, y con lo que se reduce la justicia ambiental.

En este marco, el autor nos remite a recordar que México se ha insertado en las cadenas globales de valor de manera subordinada, desde lo cual se ha consolidado un «patrón de especialización agroexportador». Este patrón refuerza la dependencia y la vulnerabilidad pues, mientras las exportaciones de productos de alto valor (frutas, hortalizas, tequila, cerveza) alcanzan niveles históricos, la producción de granos básicos (maíz, trigo, arroz) han registrado fuertes caídas en sus precios. A lo cual hay que agregar la dependencia crítica del exterior para los fertilizantes; en 2022, cuyo valor se disparó un 75%, con Rusia como uno de los principales proveedores.

El autor nos conduce a reflexionar respecto a que solo un segmento de productores medianos y grandes logra adaptarse a los estándares de las empresas transnacionales (como Walmart o Bayer), mientras que las pequeñas unidades campesinas quedan desarticuladas y en condiciones de pobreza.

De este modo, en el capítulo se procede a la evaluación de las Políticas de la 4T, y se encuentra que si bien el gobierno de AMLO se planteó alcanzar la autosuficiencia alimentaria mediante seis programas estratégicos, entre ellos Producción para el Bienestar, Precios de Garantía y Fertilizantes para el Bienestar, se encontró que no se cumplieron las metas, que el logro de la autosuficiencia proyectada para 2021-2024 no se cumplió y en cambio se acentuó tanto la crisis productiva en granos básicos como la dependencia externa.

Por otra parte, el anuncio de alianzas con Grandes Corporaciones no se alcanzó y han persistido las alianzas tácitas entre el Estado y las grandes empresas agroindustriales, mientras que los pequeños productores sólo recibieron medidas compensatorias (transferencias directas) que no transformaron el sistema productivo de fondo.

Ante este escenario el autor presenta propuestas en torno a la soberanía alimentaria como una postura no solo retórica, sino que se presente como una estrategia coherente para fortalecer la producción interna y mitigar el control de las rentas tecnológicas y financieras de las transnacionales. Y otro aspecto relevante es resolver las contradicciones actuales desde nuevas condiciones de producción que favorezcan el desarrollo productivo y la innovación nacional. En síntesis, el autor concluye que, a pesar de los cambios en el discurso y los apoyos directos, el sector agroalimentario sigue atrapado entre la inercia del modelo neoliberal agroexportador y la falta de una transformación estructural que permita garantizar la soberanía alimentaria de México.

Como se puede deducir, de lo antes reseñado, la obra “El proceso de transformación social y la economía en México. Alcances y limitaciones”, ofrece un análisis riguroso sobre aspectos económicos y sociales que parten del contraste entre los principales cambios que se produjeron durante 30 años en México en los que se aplicaron medidas neoliberales que registraron un importante viraje a partir de 2018, con el cambio de gobierno encabezado por los gobiernos de la 4T, que en los casos estudiados a través del libro, dan cuenta de intenciones de mejoramiento de las condiciones de la sociedad, lo mismo que para reactivar sectores económicos, a partir de diferentes acciones de gobierno, pero que se encuentran frente a una serie de limitantes que van desde aspectos presupuestales hasta la escasa capacidad de gestión. La aportación de cada uno de los autores ofrece un contenido sustancial para entender las acciones emprendidas por los gobiernos de la 4T y el alcance hacia el futuro inmediato, por lo cual la obra se convierte en un texto de lectura esencial para la comprensión de los procesos de transformación social y económica México.

[1] Encuesta Nacional de Inclusión Financiera.

[2] Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

 versión pdf

Convocatoria de propuestas para co-dirección de International Review of Economic Policy-Revista Internacional de Política Económica (IREP)

En las Jornadas Internacionales de Política Económica que tuvieron lugar en Sevilla este año y, posteriormente, en la Reunión de representantes REDIPE, se discutió la necesidad de dar un renovado impulso a IREP. Una de las ideas nucleares fue mejorar su organización a través de constituir una codirección. A estos efectos, se acordó abrir una convocatoria para recoger candidaturas a la codirección, que fue difundida en el número anterior de Noticias de Política Económica. Finalmente, la persona elegida ha sido María Olga González Morales.

Currículum Breve de María Olga González Morales

Profesora Titular de la Universidad de La Laguna. Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos, Área de Economía Aplicada (Política Económica).

Tiene un sexenio de investigación y cuatro quinquenios.

Su producción científica se puede consultar en Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=L4sNADAAAAAJ&hl=es

y en el Portal Ciencia ULL

https://portalciencia.ull.es/investigadores/82168/detalle?lang=gl

MIEMBRO DE CONSEJO EDITORIAL, EDITORA INVITADA Y REVISORA DE REVISTAS

1) Co-Editora miembro del Consejo Editorial de Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural desde enero de 2022 hasta la actualidad. Revista en SJR Q2

https://ojsull.webs.ull.es/index.php/Revista/about/editorialTeam

2) Miembro del Consejo Editorial Internacional y miembro permanente del Comité de Arbitraje de la Revista Visión Gerencial del Centro de Investigaciones Desarrollo Empresarial de la Universidad de Los Andes de Mérida, Venezuela, desde enero de 2015 hasta la actualidad. Revista en Emerging Sources Citation Index (ESCI).

http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/visiongerencial/about/editorialTeam

3) Miembro del Consejo Científico de la Revista Internacional de Política Económica International – Review of Economic Policy desde su fundación en 2019 hasta la actualidad. https://turia.uv.es/index.php/IREP/about/editorialTeam

4) Miembro del Comité Editorial de Atlántida. Revista Canaria de Ciencias Sociales de la Universidad de La Laguna, desde el 1 de julio de 2020 al 9 de mayo de 2024.

5) Revisora Atlantic Review of Economics – Revista Atlántica de Economía (EAWP, segunda etapa), editada por el Ilustre Colegio de Economistas de A Coruña, desde 18 de marzo de 2010 hasta 12 de diciembre de 2014.

6) Revisora British Journal of Education, Society & Behavioural Science, año 2017.

7) Revisora Journal of Infrastructure, Policy and Development, año 2023.

8) Revisora Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, April 2024 -June 2024.

9) Revisora Journal Outdoor Recreation and Tourism, January 2024 – April 2024.

10) Revisora de cuatro papers en las siguientes revistas de MDPI: International Journal of Financial Studies, Behavioral Sciences, Sustainability, and Education Sciences, 2025.

VII Jornadas de Política Económica: “Cohesión territorial y bienestar social: desafíos de la política económica contemporánea” 4 y 5 de junio de 2026 (anuncio)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada y Política Económica Universidad de Alicante

¿Cómo participar?

Las VII Jornadas de Política Económica se celebrarán en formato presencial en la Universidad de Alicante.

Plazos y entregas

Las Jornadas se celebrarán en dos sesiones durante la tarde del jueves 4 y la mañana del viernes 5 que incluirán la presentación de comunicaciones, así como la celebración de una conferencia/mesa redonda (por determinar). Para la recepción de propuestas de comunicaciones será necesario enviar un resumen de 1.500 palabras como máximo antes del 15 de abril de 2026. La aceptación se comunicará antes del 30 de abril de 2026.

Se dará prioridad a las propuestas de comunicación recibidas que sigan las líneas temáticas de estas jornadas. Una vez aceptada la propuesta de comunicación el/la autor/a o autores deberán enviar una presentación en formato PowerPoint o similar antes del 1 de junio de 2026.

Inscripciones y Contacto

Antonio Fuster Olivares. Email: toni.fuster@ua.es

Temática y líneas de trabajo

La política económica contemporánea afronta desafíos relacionados con la cohesión territorial y el bienestar social. Tras la recuperación posterior a la pandemia, es necesario un modelo inclusivo y sostenible que combine eficiencia económica y equidad social y territorial. La cohesión territorial exige promover la innovación, la reindustrialización y la sostenibilidad, aprovechando la digitalización para reducir brechas y fomentar oportunidades en áreas rurales y ciudades intermedias. La relocalización productiva y los clústeres regionales fortalecen la autonomía estratégica. Frente a la despoblación rural y la concentración urbana, se requiere una nueva visión del territorio, con mayor participación ciudadana y resiliencia territorial, apoyada en los fondos europeos Next Generation EU. El bienestar social demanda políticas de redistribución, empleo digno, igualdad educativa y sanitaria, y protección frente a la vulnerabilidad. El acceso a la vivienda asequible se ha convertido en un reto central, especialmente en grandes urbes. Estas jornadas ofrecen una panorámica de los principales retos de la política económica contemporánea: vivienda, inteligencia artificial y empleo, despoblación, reindustrialización sostenible y vertebración territorial.

A. Cohesión territorial, desarrollo regional y resiliencia

La cohesión territorial y el desarrollo regional son esenciales para el bienestar social. Las regiones periféricas afrontan retos en innovación, competitividad y acceso a servicios públicos. La conectividad es clave en áreas rurales. La despoblación del medio rural y el deterioro de ecosistemas refuerzan el papel de las ciudades intermedias y la participación ciudadana. La resiliencia territorial se vincula a las políticas de cohesión europeas y a los fondos Next Generation EU.

B. Innovación, digitalización y sostenibilidad

Las políticas de innovación con enfoque territorial deben impulsar smart cities y smart villages, extendiendo la digitalización y las oportunidades de innovación. La transformación de las cadenas globales de valor y la relocalización productiva requieren una política industrial renovada basada en la innovación, los clústeres regionales y la colaboración público-privada. La digitalización y la transformación productiva deben integrarse con la transición ecológica y la economía circular, verde y azul.

C. Política económica para el bienestar social: vivienda, renta e inclusión social

La vivienda, la inclusión social y el salario mínimo centran el debate. El reto es reducir la desigualdad mediante políticas de redistribución complementadas con un mercado laboral fuerte y servicios públicos. El acceso a la vivienda asequible es un eje central por el aumento de precios, la escasa oferta pública y las propuestas de intervención estatal en el mercado.

III Ciclo de Seminarios sobre Política Económica Curso 2025/2026 (resultados Primer Seminario)

Organiza: Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

Colabora: IAES (Universidad de Alcalá)

Coordina: Salvador Pérez Moreno (Universidad de Málaga)

“La realidad está forjando una nueva Europa” Eduardo Cuenca García (Universidad de Granada)

El pasado 29 de octubre de 2025 tuvo lugar el primer seminario del III Ciclo de Seminarios sobre Política Económica organizado por REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, bajo el título ”La realidad está forjando una nueva Europa» impartido por el profesor Eduardo Cuenca García de la Universidad de Granada y moderado por la profesora Margarita Navarro Pabsdorf, también de la Universidad de Granada, y la colaboración técnica del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá.

El profesor Cuenca inició su exposición con un análisis de los fundamentos y los logros del proyecto europeo, el cual, tras 75 años, mantiene su vigencia. No obstante, subrayó que, a pesar de sus notables éxitos, la Unión Europea se enfrenta a desafíos críticos que delinean su futuro. Estos retos incluyen: las secuelas de las crisis económicas, que han erosionado la confianza ciudadana; la reconfiguración del poder global con menor influencia europea; la pérdida de liderazgo tecnológico e innovador; la necesidad de reformas estructurales ante una futura expansión del bloque; una cierta parálisis gubernamental por exceso de regulación; la urgencia de un liderazgo político legitimador; la compleja gestión de los flujos migratorios; y el fortalecimiento de la seguridad y la defensa ante los cambios en la política exterior de Estados Unidos.

El siguiente seminario tendrá lugar el miércoles 4 de febrero de 2026 a las 17:00 horas, bajo el título «La relación trasatlántica ante el cambio de era», y será impartido por el profesor Jordi Bacaria Colom (UAB), con la moderación del profesor Raúl de Arriba Bueno (UV).

Puede accederse a la grabación de este primer seminario del III Ciclo en el siguiente enlace: La realidad está forjando una nueva Europa

Publicaciones de la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana

Una de las funciones cruciales de la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana es la elaboración de informes y publicaciones. Todas ellas, han quedado reflejadas en la Memoria de actividades de la Cátedra del año 2025.

Link página web: https://ir.uv.es/5q5ZdHl

Análisis PES:

Análisis PES 1/2024.
Autores: Aurora Pedro (2024).
URL Publicación: Límites y retos de la política turística actual en la Comunidad Valenciana

Análisis PES 2/2024.
Autores: Rubén Garrido-Yserte y María-Teresa Gallo-Rivera (2024).
URL Publicación: Las políticas de vivienda en zonas rurales ante el reto de la despoblación

Análisis PES 1/2025.
Autores: Descalç, A., Tormo (2025).
URL Publicación: La Hacienda Pública frente al turismo como actividad económica

Análisis PES 2/2025.
Autores: A. Alujas, J. (2025).
URL Publicación: Las políticas de conciliación y corresponsabilidad: elemento clave para la
igualdad de género

Análisis PES 3/2025.
Autores: Sánchez Andrés, A. (2025).
URL Publicación: Propuestas de política económica de los actores sociales de la Comunidad
Valenciana

Documentos PES:

Documento PES 1/2024.
Autores: Ángel Soler Guillén – Universidad de Valencia e Ivie (2024).
URL Publicación: Política educativa y formación profesional: situación y actuaciones para la Comunidad Valenciana

Documento PES 2/2024.
Autores: Margarita Rohr Trushcheleva – Univeristat de València (2024).
URL Publicación: Diseño de un plan integral de formación en gobernanza y política económica:un informe estratégico 

Documento PES 3/2024.
Autores: Raúl de Arriba Bueno – Universitat de València (2024).
URL Publicación: La agricultura ecológica en la Comunidad Valenciana: desafíos y recomendaciones de política económica 

Documento PES 1/2025.
Autores: Franco Sala, L. (2025).
URL Publicación: Efectos de la reforma laboral de 2021 en la estabilidad y calidad del empleo

Documento PES 2/2025.
Autores: Soler Guillén, Á. (2025).
URL Publicación: Políticas económicas y sociales para una longevidad activa y digna

Acta reunión de representantes REDIPE (Reunión del miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 17h)

Tal como se acordó en Sevilla, en la Jornadas Internacionales de Política Económica, se convocó una reunión (on-line) de un grupo de colegas interesados en Política Económica (REDIPE). Siguiendo lo que se discutió en aquel momento, el grupo estaría configurado por profesores que representarían a las Universidades en las que hubiese un cierto número visible de docentes o investigadores interesados en Política Económica. Para que fuese operativa la reunión, en principio, habría una persona por Universidad, aunque se dejó abierta la posibilidad de que otros interesados participasen en la reunión. Aquello que se discutió en la reunión debería ser transmitido por los asistentes al profesorado de su entorno interesado en Política Económica. Como resultado de aquella reunión, se llegó a las siguientes conclusiones. Para conseguir una mayor difusión y transparencia, estas conclusiones se publican en el Noticias de Política Económica. Si algún docente o investigador en Política Económica tiene alguna matización adicional puede enviarla al director de Noticias de Política Económica (Antonio Sánchez Andrés: tono.sanchez@uv.es).

Conclusiones

1.- Organización de las XVIII Congreso Internacionales de Política Económica (Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2027)

• Siguiendo las ideas planteadas en Sevilla, se decide cambiar el nombre de las Jornadas y redenominarlas como Congreso (CIPE), siguiendo la numeración de celebración de las jornadas realizadas hasta el momento.
• Se ratifica que la Universidad Complutense organizará el Congreso.
• Respecto al Comité Científico, el conjunto seguirá siendo una representación de profesorado ligada a Política Económica que hayan mostrado una cierta adhesión al Congreso
• En la Universidad Complutense se determinará el Comité Organizativo y su presidencia
• La presidencia del Comité Científico estará formada por dos miembros de este Comité, considerando aspectos de género y con rotación cada vez que se celebre un Congreso. Esta rotación será parcial, primero uno de los miembros será sustituido y el otro, en el siguiente congreso (rotación total cada dos Congresos). Se designa a Aurelia Mañé Estrada (Univ. Barcelona) y a Antonio Sánchez Andrés (Univ. Valencia) como los primeros que iniciarán este sistema.

2.- Organización de las VII Jornadas de Política Económica (Universidad de Alicante, Alicante, 2026)

El Taller Internacional de Política Económica pasará a denominarse Jornadas de Política Económica. Se seguirá la numeración iniciadas con anterioridad en los Talleres, pero se eliminará el componente internacional, por un lado, por tener un alcance más nacional y, otra parte para no causar confusión respecto a la redenominación del Congreso (punto 1).

3.- Posibles organizaciones de Encuentros de Política Económica, Seminarios on-line u otros eventos

• Se continuará realizando los Seminarios de formación en Política Económica, y se presentan los tres correspondiente a este año académico.
• En aquellas Universidades que se quieran organizar Encuentros de Política Económica (que suelen ocupar una mañana; las Jornadas, un día; el Congreso, dos días), simplemente pueden ponerse en contacto con la dirección del Noticias de Política Económica para realizar la difusión del evento. 

4.- Dinamización de la revista Revista Internacional de Política Económica/International Review of Economic Policy (IREP)

• Se pretende dinamizar IREP. Una de las ideas es crear una codirección del IREP. Por este motivo, se abrirá una convocatoria para que se presenten candidaturas y después se valorará la idoneidad de las propuestas. Se dará difusión en el Noticias de Política Económica.
• Se sugiere que, para conseguir una afluencia suficiente de artículos con calidad, los coordinadores del Congreso (CIPE) y de las Jornadas (JPE), tratarán de que se derive de estos eventos un monográfico, un semimonográfico o similar para cubrir uno de los números de IREP.
• Se recomienda a los participantes en la reunión, a que inviten a investigadores que se encuentren en su alrededor, a revisar los artículos publicados en IREP para citarlos. Este puede ser un instrumento adecuado para conseguir que los artículos de IREP se citen extensamente y la revista pueda ser incluida en bases de datos bibliográficas prestigiosas.

5.- Dinamización de la revista Noticias de Política Económica

Se sugiere que, por iniciativa de los participantes y estimulando en sus entornos académicos, se ofrezcan regularmente artículos para publicar en Noticias de Política Económica. No debe olvidarse que esta revista tiene un perfil de difusión de trabajos científicos o de actividades académicas, pero también constituye una fuente muy utilizada de generación de materiales de uso docente. Debe señalarse que Noticias de Política Económica es enviada a través de una lista de distribución donde hay incluidos más de 700 docentes e investigadores en Política Económica, ubicados en una docena de países distintos.

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

Desde la Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) se apuesta por la divulgación. Periódicamente, REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés tanto para la Política Económica como para su difusión a través de la Red. De innegable actualidad resultan los ocho textos que han aparecido recientemente. En general, giran en torno a temas como los efectos de la IA en el mercado laboral (tres textos y un informe), las pretensiones de China, la incertidumbre y la actualidad del pensamiento de Adam Smith.

En primer lugar, Philippe Aghion arguye que la única forma de impulsar su competitividad es mediante la destrucción creativa, es decir, la salida de empresas menos productivas como consecuencia de la aparición de aspirantes innovadores. Para ello, sugiere que Europa debe avanzar en tres frentes principales: eliminar barreras para lograr un mercado plenamente integrado de bienes y servicios, crear un ecosistema financiero adecuado para el capital riesgo e impulsar una política industrial pro-innovación en sectores clave como la IA y la defensa. Además, sostiene que es necesario actualizar la doctrina económica, diferenciando la inversión que impulsa el crecimiento del gasto recurrente e implantando la “flexiseguridad” para los trabajadores desplazados.

El informe “Transformación del empleo, especialización y efectos de la IA en el mercado laboral” del CESifo Working Papers, encuentra que la automatización mediante grandes modelos de lenguaje (LLM) transforma principalmente el contenido de las tareas, más que destruir empleo, y genera efectos salariales heterogéneos según la especialización. D esta forma, quienes realizan tareas automatizables sufren pérdidas salariales, mientras que los especializados en tareas complementarias se benefician.

Sobre los efectos de la IA en el mercado laboral se han pronunciado Philippe Aghion, Simon Bunel y Xavier Jaravel. A este respecto, los autores encuentran efectos positivos sobre el empleo y las ventas, desmintiendo el mito de que la IA implica necesariamente destrucción de empleo. En realidad, puede impulsar de forma significativa la productividad y el crecimiento siempre con el apoyo de la política de competencia para evitar la concentración de rentas en las grandes tecnológicas

En la misma línea, otro texto reciente, de la mano de Florian Misch, Ben Park, Carlo Pizzinelli y Galen Sher, destacan que la IA puede impulsar la productividad europea, pero sin reformas estructurales su impacto a medio plazo sería limitado (≈1,1 % en cinco años) y desigual entre países. En cambio, para maximizar los beneficios, sugieren que es clave profundizar en el mercado único, avanzar en la Unión de los Mercados de Capitales y asegurar unos mercados laborales flexibles con una regulación adecuada.

Por otro lado, los indicadores de incertidumbre ofrecen señales divergentes: los textuales muestran niveles muy elevados, mientras que los financieros y las encuestas empresariales apuntan a una situación más contenida. La incertidumbre real se situaría en un punto intermedio y frenará el crecimiento global en 2025-2026 sin provocar una recesión, tal y como han señalado H. Agir, N. Bloom y D. Furgeri. De acuerdo con ellos, aunque no se anticipa una crisis global, resulta clave reducir la volatilidad política y mejorar la previsibilidad del entorno económico para sostener la inversión y el consumo de bienes duraderos.

Un reto más del contexto que nos rodea lo representa el euro digital en tanto en cuanto refleja la necesidad de garantizar la privacida y la resiliencia del sistema de pagos, así como disponer de un marco legal adecuado para su aceptación. Juan Ayuso recomienda impulsar una alternativa pública y universal a los pagos digitales, con alta protección de datos, funcionalidad offline y respaldo institucional del Eurosistema, condicionada a la aprobación normativa previa.

Desde una visión global EsadeGeo – Centro de Economía Global y Geopolítica ofrece una visión panorámica de los intereses políticos de China. En concreto, China busca consolidarse como superpotencia con un modelo propio, basado en la resiliencia económica, la capacidad militar y la proyección internacional, priorizando la estabilidad interna. Sus objetivos clave son la autonomía tecnológica, el liderazgo manufacturero y una mayor influencia en la gobernanza global mediante la reforma y creación de instituciones.

Por último, rescatando el pensamiento clásico de Adam Smith a 250 años de la publicación de su obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, la especialización y la división del trabajo siguen siendo clave para entender la economía moderna. De acuerdo con Michael Spence, aunque la globalización que las amplificó se está revirtiendo parcialmente por motivos geopolíticos, la IA generativa introduce un cambio muy profundos. En este sentido, al abaratar el acceso al conocimiento especializado, se puede reducir el valor de ciertas competencias transferibles y alterar los precios relativos del capital humano, sin eliminar la especialización.

Políticas Económicas Estructurales

Euro Digital y Transmisión Monetaria: ¿Un Acelerador o un Riesgo?

(por Pilar Grau, Universidad Complutense de Madrid, Depto. de Economía Aplicada)

1. Introducción

La economía global se está transformado de forma acelerada por el fenómeno de la digitalización, que afecta tanto a la manera en que se realizan los pagos como la gestión de los activos financieros y la relación con los intermediarios financieros. En este contexto, un gran número de bancos centrales de todo el mundo están estudiando la forma de desarrollar e implementar las denominadas monedas digitales de banco central (CBDC, por sus siglas en inglés). Uno de los principales objetivos de estas iniciativas es asegurar que el dinero público siga desempeñando su función como ancla del sistema monetario y como medio de pago en un entorno cada vez más digital.

El Banco Central Europeo (BCE) no es una excepción. En 2021, el Eurosistema inició la fase de investigación del euro digital, concebido como una forma electrónica de dinero disponible para el público general, que complementaria al efectivo, sin sustituirlo. Tras dos años de trabajo, el proyecto ha avanzado hacia la fase de preparación, en la que se diseñan los aspectos operativos, tecnológicos y regulatorios necesarios para una la emisión. Aunque el euro digital no es todavía una realidad, su análisis genera un debate académico y político importante debido a sus posibles implicaciones sobre la estabilidad financiera, la estructura del sistema bancario y, especialmente, sobre la política monetaria del BCE.

Estas implicaciones son de gran relevancia ya que una CBDC minorista, accesible para ciudadanos y empresas, podría modificar la demanda de dinero bancario, alterar la dinámica de depósitos, influir en la transmisión de los tipos de interés e incluso afectar el tamaño y composición del balance del BCE. Al mismo tiempo, la introducción de un euro digital podría mejorar la eficiencia del sistema de pagos, reforzar la soberanía monetaria europea ante la proliferación de criptomonedas y stablecoins privadas, y abrir nuevas posibilidades para la implementación de políticas monetarias.

2.¿Qué es una CBDC?

Una moneda digital de banco central (Central Bank Digital Currency, CBDC) es pasivo del Banco Central en formato digital que cumple las mismas funciones que el efectivo y, dependiendo de su diseño, podría ser accesible de manera más amplia. A diferencia del dinero bancario tradicional, que se materializa en depósitos creados por los bancos comerciales, o de las criptomonedas privadas, que no tienen respaldo institucional, una CBDC constituye un pasivo directo del banco central, con plena garantía pública y capacidad de uso como medio de pago seguro.

Conceptualmente, una CBDC reúne las características del efectivo (seguridad, aceptación garantizada, carácter público) con las ventajas del dinero electrónico (digitalización, programabilidad, eficiencia transaccional). Su objetivo principal es mantener el papel del dinero de banco central como referencia del sistema financiero, en un contexto en el que los pagos y la intermediación financiera son cada vez más digitales y aparecen alternativas privadas como las stablecoins. Estas últimas son activos digitales diseñados para mantener un valor estable, normalmente vinculados a una moneda fiduciaria como el dólar o el euro, y emitidos por plataformas tecnológicas privadas (Dionysopoulos, 2024).

3.Situación del euro digital

El proyecto del euro digital ha avanzado notablemente en los últimos años. Desde julio de 2021, el BCE inició una fase de investigación para analizar las necesidades de una CBDC minorista y sus posibles diseños técnicos. Tras concluir esta fase en octubre de 2023, el proyecto avanzó hacia la fase de preparación, centrada en definir aspectos operativos, tecnológicos y regulatorios para una eventual emisión, cuya primera emisión podría producirse alrededor de 2029, siempre que se apruebe la legislación europea necesaria en 2026 (ECB, 2025a, 2025b).

Aunque no se ha tomado la decisión final, el Eurosistema ya colabora con proveedores tecnológicos y bancos intermediarios en el desarrollo de prototipos y pruebas piloto. El modelo propuesto es intermediado: el BCE emitiría la moneda digital, pero su distribución y gestión con los usuarios finales recaería en bancos comerciales y proveedores de servicios de pago, buscando así evitar una desintermediación que pudiera afectar la estabilidad financiera.

Un elemento clave del diseño es la privacidad: el BCE plantea un nivel de anonimato similar al efectivo para pagos de bajo valor, especialmente en transacciones offline, mientras que los pagos de mayor importe estarían sujetos a controles más estrictos conforme a la normativa contra el blanqueo de capitales. La remuneración del euro digital sigue siendo un tema abierto, aunque actualmente se plantea que no sea remunerado en su forma básica, con posibles estructuras escalonadas para gestionar la demanda. Además, se prevé que el euro digital permita pagos tanto online como offline, garantizando la accesibilidad incluso sin conexión a internet.

4.Implicaciones de política monetaria

4.1. Sobre los mecanismos de transmisión

La introducción del euro digital podría reforzar la eficacia del principal canal de transmisión de la política monetaria: el canal del tipo de interés. Actualmente, la transmisión depende del comportamiento de los bancos comerciales, que ajustan sus propias tasas en respuesta a los tipos oficiales. Este proceso puede ser lento y heterogéneo entre países, especialmente en momentos de estrés financiero.

Una CBDC podría permitir al BCE influir directamente en los tipos de interés aplicables a hogares y empresas. Si el euro digital fuera remunerado, el banco central podría establecer un tipo que actuara como suelo para los depósitos bancarios, incentivando a los bancos a ofrecer condiciones más atractivas. Incluso sin remuneración, la existencia de una opción segura proporcionada por el BCE aumentaría la competencia, acelerando la transmisión de los tipos oficiales.

Si el euro digital fuera remunerado, el banco central podría establecer un tipo que actuara como suelo para los depósitos bancarios, incentivando a los bancos a ofrecer condiciones más atractivas. Incluso sin remuneración, la existencia de una opción segura proporcionada por el BCE aumentaría la competencia, acelerando la transmisión de los tipos oficiales.

La disponibilidad de una CBDC como forma de ahorro segura podría provocar desplazamiento de depósitos bancarios hacia el euro digital. Su magnitud dependerá de la remuneración, límites de tenencia y facilidad de uso en pagos cotidianos. En escenarios sin límites y con remuneración atractiva, la sustitución podría ser significativa, afectando la financiación bancaria y el coste de crédito. Sin embargo, los límites cuantitativos y la posible remuneración baja o nula planteada por el BCE buscan evitar fugas masivas de depósitos, permitiendo que la CBDC actúe como instrumento de disciplina competitiva sin comprometer la estabilidad financiera.

4.2 Sobre la estabilidad financiera y desintermediación bancaria

Un euro digital implica cambios importantes para la estabilidad financiera y la estructura del sistema bancario europeo. Como activo seguro y pasivo directo del BCE, podría modificar la conducta de los depositantes y la forma en que los bancos comerciales financian y conceden crédito.

Una adopción significativa podría reducir los ingresos de los bancos por depósitos, incrementar la competencia en pagos y aumentar la dependencia de financiación del BCE. La posibilidad de convertir depósitos bancarios en euro digital de forma rápida, especialmente en situaciones de estrés financiero, podría actuar como un refugio seguro, acelerando la salida de fondos de bancos vulnerables.

Para mitigar estos riesgos, el diseño del euro digital incluye medidas como límites de tenencia, umbrales no remunerados, anonimato parcial para pagos pequeños y orientación hacia pagos en lugar de ahorro. Así, la CBDC puede mejorar la competitividad del sector bancario sin comprometer la estabilidad financiera, introduciendo un activo seguro que complementa la relación entre ciudadanos y bancos privados.

4.3 Sobre la liquidez, reservas bancarias y balance del BCE

La introducción de un euro digital afectaría directamente a la estructura de liquidez del sistema financiero, a la demanda de reservas bancarias y a la composición del balance del Banco Central Europeo. Dado que la CBDC sería un pasivo adicional del BCE disponible para el público general, su adopción modificaría la relación entre depósitos, reservas y otros instrumentos de financiación.

Actualmente, la mayor parte del dinero utilizado por los ciudadanos se encuentra en forma de depósitos bancarios, con el dinero del banco central (reservas y efectivo) ocupando un papel más restringido. Con el euro digital, parte del dinero que hoy se mantiene en depósitos podría reubicarse en un pasivo directo del BCE, alterando la estructura global de financiación del sistema financiero.

Si los usuarios convierten depósitos en CBDC, se produciría una reducción de depósitos bancarios y un aumento equivalente del pasivo del BCE. Dependiendo del mecanismo de emisión, las reservas bancarias podrían contraerse, generando tensiones de liquidez si no se gestionan adecuadamente. El BCE podría necesitar aumentar la provisión estructural de liquidez, recalibrar reservas mínimas o imponer límites estrictos de tenencia para mantener la estabilidad.

La CBDC también podría alterar el funcionamiento del sistema de “floor” del Eurosistema. Si atrae una parte importante del ahorro minorista, podría reducir reservas y desalinear los tipos de mercado respecto al tipo de depósito. Para compensar, el BCE tendría que expandir activos mediante compras de bonos u otras operaciones, asegurando que su capacidad de controlar la política monetaria se mantenga intacta, incluso en escenarios de sustitución masiva de depósitos. (Caccia et al., 2024)

4.4. Sobre la estabilidad del sistema financiero

La introducción de un euro digital plantea efectos potencialmente relevantes sobre la estabilidad del sistema financiero europeo. Al tratarse de un pasivo directo del Banco Central Europeo, accesible al público general, modifica la estructura tradicional en la que la mayor parte del dinero utilizado por los ciudadanos son depósitos de bancos comerciales. Este cambio abre oportunidades de refuerzo de la estabilidad financiera, pero también genera nuevos riesgos que deben gestionarse cuidadosamente desde el diseño de la CBDC.

En primer lugar, un euro digital proporcionaría una infraestructura pública de pagos altamente segura, resistente y disponible incluso en escenarios de fallo bancario, ciberataques o interrupciones tecnológicas. Entre los beneficios destacan, por un lado, la diversificación de los medios de pago, reduciendo la dependencia de infraestructuras privadas y por otro la resiliencia tecnológica ampliada, gracias a una plataforma digital controlada por la autoridad monetaria (ECB, 2025c).

Sin embargo, un riesgo central asociado a las CBDC es la posibilidad de que faciliten movimientos masivos y rápidos de depósitos desde los bancos hacia el banco central, especialmente en momentos de desconfianza en la banca privada ya que el euro digital, a diferencia del efectivo, cuya retirada es lenta y física, permitiría transferencias inmediatas y movilidad de fondos sin fricciones. Esto podría acelerar la inestabilidad bancaria, amplificando tensiones incluso cuando éstas sean provocadas por rumores o pánicos infundados (Rizwan, 2025).

Por este motivo, el BCE está considerando herramientas como los límites individuales de tenencia, la remuneración escalonada y no atractiva para grandes saldos y mecanismos automáticos de reconducción a depósitos bancarios por encima de ciertos umbrales. Todas estas medidas diseñadas para impedir que la CBDC se convierta en un sustitutivo de los depósitos a gran escala, especialmente en períodos de estrés.

En relación con la función de prestamista de última instancia, si el euro digital alterase significativamente la estructura de financiación bancaria, podría aumentar la frecuencia con la que los bancos solicitan liquidez extraordinaria al BCE. Durante tensiones severas, la preferencia del público por el euro digital podría obligar al Eurosistema a intervenir más activamente para sostener la liquidez del sector. Esto plantea dos grandes retos, en primer lugar, un incremento en la complejidad de la evaluación del riesgo sistémico y en segundo lugar, la presencia del euro digital genera una mayor exposición del BCE al riesgo moral ya que si los bancos esperan que el Banco Central compense las retiradas hacia el euro digital, podrían asumir mayor riesgo en sus carteras, confiando en apoyo futuro.

No obstante, pese a los riesgos potenciales, una CBDC bien diseñada también puede reforzar la estabilidad financiera estructural. Por un lado, contribuiría a reducir la concentración de servicios de pago digitales en manos de unos pocos proveedores privados, mitigando así riesgos de dependencia excesiva y posibles fallos sistémicos en infraestructuras críticas.

Además, la presencia de un medio de pago digital público fomentaría la competencia y la innovación, incentivando a las entidades financieras a mejorar la calidad, eficiencia y seguridad de sus servicios (Bidder, 2024).

Asimismo, una CBDC aumentaría la transparencia del sistema financiero, al permitir un seguimiento más directo y granular de los flujos de liquidez minorista, facilitando así la supervisión macroprudencial. Finalmente, la introducción de un estándar público robusto elevaría los requisitos tecnológicos y de ciberseguridad en todo el sector financiero, actuando como referencia mínima de calidad y fortaleciendo el funcionamiento seguro y fiable de las infraestructuras de pago.

Asimismo, al proporcionar un medio de pago público robusto, puede evitar que monedas digitales privadas —como stablecoins globales— se conviertan en alternativas dominantes, lo cual sí podría plantear riesgos más profundos para la estabilidad monetaria.

5. Conclusiones

La introducción de un euro digital constituye uno de los cambios más significativos en la arquitectura monetaria y financiera europea desde la creación del propio euro. Su diseño final determinará en gran medida su impacto económico, pero incluso en fases preliminares resulta evidente que la CBDC tiene el potencial de reforzar la eficiencia, seguridad y resiliencia del sistema de pagos. Desde la perspectiva de la política monetaria, el euro digital podría mejorar la transmisión del tipo de interés y ampliar el conjunto de instrumentos disponibles para el BCE, aunque también plantea desafíos importantes para la estabilidad del sistema bancario y la gestión de la liquidez.

Los riesgos asociados, como la posible desintermediación financiera, la volatilidad en la demanda de reservas o la aceleración de retiradas de depósitos en momentos de tensión, pueden mitigarse mediante mecanismos de diseño adecuados, como límites de tenencia, remuneración escalonada o restricciones funcionales. En este sentido, el equilibrio entre eficiencia, competencia y estabilidad financiera será crucial para garantizar que el euro digital complemente, en lugar de desplazar, al sistema bancario.

En última instancia, la CBDC europea debe entenderse no solo como un instrumento tecnológico, sino como una oportunidad estratégica para fortalecer la soberanía monetaria, responder a la competencia de monedas digitales privadas y garantizar la continuidad y modernidad del dinero público en la economía digital del futuro.

Bibliografía:

Bidder, R., Jackson, T., y Rottner, M. (2024). Will the Digital Euro Strengthen Financial Stability?: Yes, Within Certain Limits. Deutsche Bundesbank.Brühl, V. (2025). How will the digital euro work? A preliminary analysis of design, structures, and challenges. Electronic markets, 35(1), 78.

Caccia, E.; Tapking, J.; Vlassopoulos, T. (2024). Central bank digital currency and monetary policy implementation, ECB Occasional Paper, No. 345, ISBN 978-92-899-6413-5, European Central Bank (ECB), Frankfurt a. M., https://doi.org/10.2866/710472

Dionysopoulos, L., Marra, M., & Urquhart, A. (2024). Central bank digital currencies: A critical review. International Review of Financial Analysis, 91, 103031.

European Central Bank. (2025a, 16 de julio). ECB publishes third progress report on the digital euro preparation phase. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.pr250716~463e72bbcb.en.html

European Central Bank. (2025b, 30 de octubre). El Eurosistema pasa a la siguiente fase del proyecto del euro digital. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.pr251030~8c5b5beef0.en.html

European Central Bank. (2025c, 4 de septiembre). El euro digital: garantizar la resiliencia y la inclusión en los pagos digitales. Declaración oficial ante el Parlamento Europeo. https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2025/html/ecb.sp250904~70ab593276.es.html

Rizwan, M. S., Ahmad, G., y Qureshi, A. (2025). Central bank digital currency and systemic risk. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 99, 102104.

Políticas Económicas Estructurales

Las finanzas sostenibles en los mercados financieros: ¿autorregulación vs. regulación?[1]

(por Inés Pérez-Soba Aguilar, Universidad Complutense de Madrid, Depto. de Economía Aplicada)

1. Introducción

La introducción de la sostenibilidad en los mercados financieros no sólo ha implicado la redefinición de productos financieros tradicionales como los bonos, con la aparición de los bonos verdes, azules, sociales, …, sino también la necesidad de garantizar que los recursos canalizados hacia ellos cumplan con los fines medioambientales, sociales y de gobernanza (los conocidos criterios ASG) que fundamentan su existencia. El proceso requiere que haya transparencia informativa por parte de los emisores con el fin de hacer creíble su compromiso con los fines mencionados, pero también mecanismos de control que permitan a los inversores confiar en que sus aportaciones efectivamente contribuyen a la transición hacia una economía sostenible. Se plantea, por tanto, un debate sobre quién debe regular este tipo de flujo de financiación en los mercados de valores: el propio mercado o alguna autoridad financiera nacional o supranacional.

Por otra parte, la financiación en los mercados crediticios también se ha visto afectada por variables que afectan a la sostenibilidad de las empresas y de la economía, como la creciente importancia de los riesgos no financieros, poniendo de relieve la necesidad de incorporar nuevas tareas a las autoridades monetarias y financieras.

El presente artículo aborda algunos de estos temas, tratados en la literatura académica reciente, como son el debate entre autorregulación o regulación pública en los mercados de valores para la financiación sostenible, la importancia del papel que ha adquirido la Unión Europea en la Unión Europea.

2. Autorregulación: estándares privados y limitaciones

Como mencionábamos anteriormente, para que fluya el ahorro hacia actividades económicas sostenibles, las empresas deben mostrar de forma creíble a los inversores su compromiso con dicho fin. Pero, ¿cómo se define la sostenibilidad de una empresa?. Actualmente no existe una única definición de empresa sostenible, ni ninguna de las existentes está generalmente aceptada, lo que da cabida al denominado greenwashing, término acuñado por primera vez en 1986 por el ambientalista J. Westervelt, que se ha traducido como blanqueo ecológico, ecoimpostura o “ecopostureo”. Este vocablo tiene múltiples definiciones (Freitas et al., 2020). Una de ellas, la del Concise Oxford English Dictionary (2018), lo define como “una imagen pública de responsabilidad medioambiental transmitida por o para una organización, etc., pero que se percibe como infundada o intencionadamente engañosa”[2]. Se trata, por tanto, de emplear una imagen de sostenibilidad que en la práctica es o incompleta, o bien total o parcialmente falsa, con las consecuencias negativas que de ello se deriva: el aumento de la desconfianza y la desorientación en los inversores y consumidores. El greenwashing constituye, por tanto, uno de los principales riesgos reputacionales y financieros en el ámbito de las finanzas sostenibles.

Como consecuencia, el volumen de financiación para la sostenibilidad y el coste de ese capital (“la prima verde” o el greenium) que algunos trabajos muestran como menor respecto del coste de la financiación de la deuda convencional (Zerbid, 2019; Ehlers y Packeer, 2017, entre otros) pueden verse penalizados. En última instancia, se puede incluso causar daño al propio medioambiente, al estar las empresas cumplidoras menos motivadas a la hora de respetar su compromiso medioambiental (Gatti et al., 2019).

Esto plantea el debate sobre quién determina que una empresa o producto financiero es sostenible y si la información que se suministra queda en el ámbito de la voluntariedad de las empresas o debe ser obligatoria por ley. En otras palabras, si las normas y su cumplimiento se dictan desde el propio mercado (autorregulación) o si debe hacerse desde la promulgación de leyes o directivas (en el caso de la Unión Europea) y la supervisión de las autoridades públicas.

La primera respuesta institucional sobre la determinación de qué es sostenible y frente al greenwashing proviene de la autorregulación. ¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes? Según Park (2018), la autorregulación de las finanzas sostenibles tiene como ventaja la mayor rapidez y receptividad con la que se responde a las necesidades de los participantes en los mercados financieros. Este tipo de régimen privado se basa en señales para regular –a través de la presión de los pares, el valor de la reputación y otra serie de mecanismos–, la conducta social y medioambiental de las empresas. En efecto, mediante el empleo de indicadores cuantitativos, referentes sectoriales (benchmarks), el seguimiento de buenas prácticas o la publicación voluntaria de información, las empresas revelan al mercado información de carácter no financiero relativa a cuestiones de tipo social, medioambiental o de gobierno.

Cronológicamente, los primeros informes no financieros datan de la década de 1970 y se centraban en cuestiones sociales. En los años ochenta se amplió el espectro hacia temas medioambientales (Stubbs y Higgins, 2018), especialmente a partir de la publicación en 1987 del Informe de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, presidido por la Dra. Brundtland, donde se define qué es desarrollo sostenible. En 1994, J. Elkington propone el “triple bottom line” (TBL) con el fin de que se evaluaran los resultados de una empresa no sólo desde la perspectiva económico-financiera tradicional, sino también desde la social y la medioambiental. Por tanto, la empresa contaría con una triple cuenta de resultados para conocer y también informar sobre su grado de cumplimiento con la sostenibilidad. En lo que se refiere a la comunicación sobre el desempeño en el cumplimiento del criterio G de gobierno de la empresa, aunque ya estaba, en buena medida, presente desde una perspectiva de ética empresarial algo abstracta en la Responsabilidad Social Corporativa, ésta se refuerza y concreta en datos con la aparición de los códigos de buen gobierno a finales del siglo XX. Así, desde 1992, año en el que en el Reino Unido se publica el Código Cadbury como respuesta a la necesidad de mejorar los mecanismos de control del gobierno corporativo, este tipo de códigos voluntarios se empezaron a extender a otras economías como la francesa (Informes Viènot de 1995), española (Código Olivencia de 1998), italiana (Código de Buen Gobierno Italiano de 1999), o alemana (Código Alemán de Gobierno Corporativo de 2001), haciéndose, posteriormente, obligatoria su publicación. Actualmente, el Instituto Europeo de Gobierno Corporativo (ECGI) tiene registrados más de seiscientos códigos de buen gobierno, principios y recomendaciones a nivel mundial, lo que pone de manifiesto la importancia que se da por el mercado y las autoridades financieras a este tipo de información.

Así llegamos a los Informes de Sostenibilidad de hoy en día, que integran el Informe de Responsabilidad Corporativa con el Estado de Información No Financiera, e incluyen ya las tres áreas de la sostenibilidad: Ambiental (A), Social (S) y de Gobierno (G) con toda una serie de indicadores y métricas de rendimiento.

¿Cómo hacer creíble la información que se comunica en estos informes? La respuesta autorreguladora para evitar el “ecopostureo” proviene de distintas instituciones de mercado que promueven el empleo de unas normas de procedimiento, información y certificación estandarizadas. Entre los estándares propuestos más influyentes destaca el de Global Reporting Initiative (GRI), que surge en el año 2000. Este tipo de estándar se basa en la norma ISO14001 que desde 1996, con modificaciones posteriores, ha permitido certificar el compromiso en materia medioambiental de las organizaciones (Mitchell y Hill, 2009). Este tipo de iniciativa se ha consolidado entre las empresas con sede en Europa y Asia, especialmente durante el período 1999-2017, aunque en Europa se está invirtiendo la tendencia creciente en los últimos años. En Norteamérica, sin embargo, a excepción de las multinacionales, su implantación ha sido más limitada, todo lo contrario que en Iberoamérica y África, áreas donde la tendencia se muestra positiva, tal como señalan Halkos y Nomikos (2021). Según el planteamiento de estos autores, la difusión e implementación de estándares como los del Global Reporting Initiative (GRI) se atribuye a la presión ejercida por los gobiernos, particularmente en ciertas naciones desarrolladas. Esto implica que el sector público estaría delegando la función de regulación de la «reputación sostenible» al sector privado.

Aunque el estándar propuesto por GRI es el que actualmente predomina, han proliferado múltiples normas de este tipo desde comienzos de este siglo (Koerber, 2009). En efecto, ya en 2003 se estima que existían más de trescientas en términos globales (Accountability Forum, 2004), la mayor parte de ellas centradas en destacar distintos aspectos de la responsabilidad social de las empresas, como las condiciones de trabajo, los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la transparencia, …. Entre estas normas existen ciertos solapamientos, ya que cada una de ellas está diseñada para satisfacer los requerimiento de las distintas partes interesadas o stakeholders (gobiernos, sindicatos, asociaciones civiles…) lo que puede generar un cierto babel normativo.

Respecto de la determinación de la sostenibilidad de los productos financieros que emiten las empresas para canalizar el ahorro a su actividad económica, la autorregulación o solución “de mercado” ha venido dada inicialmente por la Climate Bonds Initiative (CBI), que en 2013 publica su taxonomía, esto es, un sistema de clasificación para identificar las inversiones (activos y proyectos) que contribuyen a una economía con baja emisión de carbono. Esta guía emplea unos criterios de sostenibilidad que están basados en la estrategia climática de largo plazo, alineada con los objetivos del Acuerdo de París. A los bonos que satisfacen los criterios se les concede un sello o etiqueta y se supervisa que efectivamente cumplen los compromisos asumidos. Posteriormente, en 2014, el ICMA (International Capital Market Association) publica los Principios de los Bonos Verdes (“Green Bond Principles”), guía de cumplimiento voluntaria, actualizada cada dos años, que busca proporcionar un marco de transparencia y divulgación para la emisión de bonos verdes, dando una serie de principios que debe cumplir el emisor en cuanto al uso de los fondos, la evaluación de los proyectos que financian, la gestión de los fondos obtenidos con la emisión, la divulgación de la información sobre los recursos obtenidos y los proyectos que financian, y alguna medida sobre el impacto que se espera que tengan. Así, un bono certificado por la CBI generalmente cumple con los “Green Bond Principles” y, además, puede medir el impacto climático que tendrá la financiación de ese proyecto con criterios científicos sobre qué es “verde”. En suma, la mayoría de los emisores de bonos verdes buscan la alineación con los principios de ICMA como requisito mínimo y, si desean demostrar una alta credibilidad en términos medioambientales, entonces buscan cumplir los requisitos para obtener la certificación de la CBI.

En la autorregulación intervienen también otras clases de participantes, como las agencias de calificación que, desde 2005, evalúan el cumplimiento de los criterios ASG. Para ello se basan en los estándares propuestos en diversas guías o normas internacionales, como GRI, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas o el Protocolo de Kioto (Zuraida et al., 2018), y en la información proporcionada por las empresas en los informes corporativos y financieros, los informes de sostenibilidad, los informes de los auditores, encuestas, noticias …. A partir de estas fuentes, las agencias emiten unas puntuaciones que dependen de una serie de factores que consideran relevantes, factores cuya ponderación en el efecto sobre el valor a largo plazo de la empresa puede diferir. Todo ello podría explicar el por qué de las discrepancias encontradas entre las calificaciones emitidas por las diferentes agencias (Edmans, 2022). Estas calificaciones ASG son un importante elemento de autorregulación porque pueden afectar al coste y el volumen del capital con que se financian las empresas y su valoración en los mercados (El Ghoul et al., 2011; Bebchuk and Cohen, 2005; Cormier and Magnan, 1997).

Aunque la solución autorreguladora presenta importantes ventajas, también presenta determinados inconvenientes (Park, 2018), como son, por una parte, la falta de legitimidad y responsabilidad. El cumplimiento de la autorregulación se apoya esencialmente en la voluntariedad de las empresas implicadas para satisfacer los estándares privados y publicar los informes de sostenibilidad, siendo la reputación (basada en el interés propio o la creencia de que “hacen lo correcto”) o/y el control entre los participantes lo que incentiva su veracidad. Pero al carecer de una autoridad legal que lo supervise y respalde mediante sanciones por incumplimiento, los estándares privados pueden adolecer de la falta de legitimidad y responsabilidad mencionadas. Así, en Gatti et al. (2019), tras analizar 94 trabajos académicos sobre greenwashing, llegan a la conclusión de que la autorregulación se convierte en un terreno fértil para el “ecopostureo”. Park (2018) también menciona, por otra parte, la falta de consistencia que puede presentar la vía de la autorregulación, dada la diversidad de criterios que existen para evaluar la sostenibilidad, lo que puede generar confusión y facilitar la manipulación. A su vez, la existencia de diversos estándares puede incentivar que las empresas puedan escoger aquél que le sea más favorable a sus intereses, es decir, puede favorecer el arbitraje regulativo para mejorar artificialmente su imagen. Por último, también se señala como desventaja las limitaciones que presentan las calificaciones ASG que realizan las agencias. Por un lado, debido a la falta de consenso entre éstas a la hora de definir el contenido de los criterios de sostenibilidad que emplean para realizar sus evaluaciones, lo que puede dificultar la comparación entre las diferentes calificaciones (Berg et al., 2022). Por otro lado, porque a pesar de que las agencias han ido perfeccionando sus mediciones incluyendo nuevas variables en sus modelos, todavía queda margen para integrar plenamente los principios de sostenibilidad en el proceso de evaluación de las empresas (Escrig-Olmedo et al., 2019).

3. Regulación pública: el caso de la Unión Europea

Frente a los inconvenientes que presenta la autorregulación, la regulación pública ha ido ganando protagonismo en los últimos años, especialmente en la Unión Europea (UE). La principal regulación que enmarca la financiación sostenible en la UE es del Plan de Acción para la Financiación del Crecimiento Sostenible (2018), que se centra en tres objetivos:

1. Reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. Una de las acciones clave para lograr este objetivo es proporcionar al mercado una taxonomía, esto es, un sistema de clasificación para definir qué actividades económicas son ambientalmente sostenibles y contribuyen a la neutralidad climática, y así tener un lenguaje común en los mercados financieros a este respecto. Para ello se aprueba en 2020 el Reglamento de Taxonomía (UE 2020/852). Según este reglamento una actividad se considera sostenible si contribuye sustancialmente a uno de los seis objetivos medioambientales (mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición a una economía circular, prevención y control de la contaminación, protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas) y no perjudica significativamente a ninguno de los otros (el principio de «no causar un daño significativo»).

2. Gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático, el agotamiento de los recursos, la degradación ambiental y las cuestiones sociales. Con ello se busca garantizar que el sistema financiero sea resiliente ante estas nuevas circunstancias y que los riesgos (físicos y de transición) se incorporen en las decisiones de inversión y en la supervisión financiera. Por riesgos físicos se entiende aquellos que están vinculados a fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, inundaciones o incendios, mientras que los riesgos de transición son los asociados a los costes regulativos, tecnológicos o de cambios de preferencias derivados del paso de la economía actual hacia una economía descarbonizada. Ambos tipos de riesgos pueden convertirse en riesgos financieros que afecten directamente a la solvencia y liquidez de las entidades bancarias. Por ejemplo, un deterioro en las garantías de sectores intensivos en carbono, como el sector del petróleo, puede elevar el riesgo de crédito en ese sector y, por ende, el riesgo financiero de las entidades de crédito implicadas; las tensiones que se pueden dar para acceder a la financiación en un contexto de catástrofes naturales, elevarían el riesgo de liquidez y, por tanto, el riego financiero del sector bancario. Ante esta realidad, los bancos centrales, como el BCE, han comenzado a incorporar estos factores en sus marcos de supervisión. Muestra de ello son las pruebas de estrés climático (climate stress tests), implementadas por esta institución (o el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales), que constituyen un instrumento fundamental para evaluar la resiliencia de las entidades financieras ante shocks climáticos. No obstante, la efectividad de estos métodos está supeditada a que se superen ciertas limitaciones, entre las que destacan la escasez de datos granulares (información más específica y detallada) y la inherente complejidad de las interrelaciones entre las variables medioambientales, económicas, tecnológicas y regulativas, que requieren del desarrollo de modelos económicos más sofisticados.

Por otro lado, cabe señalar que el BCE, aparte de intentar medir los riesgos financieros derivados de los riesgos climáticos, también pretende emplear su influencia como autoridad monetaria para orientar la asignación de recursos hacia empresas más comprometidas con la transición ecológica, alineándose con los objetivos de neutralidad climática de la UE y del Acuerdo de París. Un claro ejemplo es la introducción de criterios climáticos en sus programas de compra de bonos.

3. Fomentar la transparencia y la visión a largo plazo en la actividad financiera y económica. Con ello se busca corregir el enfoque cortoplacista que pudiera tener el mercado y homogeneizar y mejorar la calidad, comparabilidad y fiabilidad de la información sobre sostenibilidad proporcionada por las empresas a los inversores. Las medidas que se han tomado para conseguir este objetivo son el desarrollo de estándares de información sobre sostenibilidad y la creación de etiquetas de la UE para productos financieros verdes, esto es, una versión pública de la respuesta dada desde hace años por el sector privado. Respecto a las Directivas, destaca la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (Directiva UE 2022/2464), que sustituye y amplía el alcance de la anterior Directiva (Directiva 2014/95/UE sobre Divulgación de Información No Financiera e Información sobre Diversidad) al incorporar no sólo a las grandes corporaciones (con más de 500 empleados), sino también a empresas medianas cotizadas.

Con esta Directiva, las empresas deben informar sobre su impacto social y ambiental basándose en los Estándares Europeos de Información sobre Sostenibilidad, que se aplican por las grandes empresas desde el 1 de enero de 2024. Este conjunto de normas y métricas estandarizadas pretende homologar la información financiera con la información sobre sostenibilidad y para ello establece un marco normalizado y obligatorio para que las empresas divulguen esa información. La información que se proporciona debe ser relevante (material) en una o ambas de estas dos dimensiones (doble materialidad): por una parte, respecto de cómo la empresa afecta al medio ambiente y a la sociedad (mide el impacto de adentro hacia fuera), lo que se conoce por “materialidad de impacto”; por otro, respecto de cómo afectan los factores de sostenibilidad (como los riesgos de transición o los físicos derivados de desastres climáticos y, también, las oportunidades que se derivan de una demanda creciente de productos sostenibles) al desarrollo, desempeño y posición financiera de la empresa. Esta segunda dimensión se conoce por “materialidad financiera” (mide el impacto de afuera adentro). Actualmente, la Directiva (UE) 2024/1760 sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDDD) da un paso más y busca garantizar la responsabilidad de las grandes empresas sobre el impacto que tienen en sus operaciones, filiales y socios de la cadena de valor (proveedores).

Esta regulación afecta a los países de la UE pero, al igual que sucede con la autorregulación, en el escenario internacional existen otras regulaciones públicas, lo que puede generar riesgos de fragmentación, arbitraje entre regulaciones nacionales (o de las áreas económicas) y un posible menor nivel de cumplimiento. Diversos documentos sugieren la necesidad de consensuar una taxonomía y proponen una serie de recomendaciones con este fin.

Tal es el caso del Banco de Pagos Internacionales (2021), que compara las taxonomías propuestas por la Comisión Europea, China y el Climate Bond Initiative, o el de la OCDE (2020), que compara las propuestas de China y la UE, y además las individuales de Francia, Japón y los Países Bajos. Para abordar este problema, la UE impulsó en 2020 la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, un espacio de coordinación global con países como China, Canadá y Marruecos (Romo, 2021).

4.Situación actual y conclusiones

Entonces, ¿cómo se regula actualmente la financiación sostenible? Lo que se observa es una amalgama de estándares privados que a veces operan de forma independiente y otras de manera conjunta con la regulación nacional o la de organismos internacionales (Park, 2018), esto es, existe un modelo híbrido. De esta forma, y según este autor, se aprovecha la flexibilidad de la autorregulación y se complementa con la normativa pública, que establecería unos mínimos obligatorios y los mecanismos de supervisión. Un ejemplo del funcionamiento de este modelo híbrido sería la obligatoriedad de realizar auditorías externas como forma de incentivar el cumplimiento de las normas privadas, entre otras.

Sin embargo, también puede ocurrir que las regulaciones nacionales o de organismos supranacionales vayan “desplazando” las regulaciones privadas, como podría estar sucediendo en el caso de la UE, por ejemplo, asumiendo la función de expedir etiquetas verdes o requerir información adicional sobre sostenibilidad a los emisores de forma obligatoria. Si este fuera el caso, la transición a un entorno de regulación pública[3] sería más “suave” para las empresas grandes cotizadas por el recorrido previo que han realizado en un medio de autorregulación, mientras que la transición de las pequeñas y medianas empresas se prevé más costosa y compleja (Gholami et al, 2022).

Bibliografía

Accountability Forum (2004). The Future of Corporate Responsibility Standards: In Conversation with Ernst Ligteringen of the Global Reporting Initiative and Simon Zadek of Accountability. Accountability Forum 4: 617

Bebchuk, L. y Cohen, A. (2005). The costs of entrenched boards. Journal of Financial Economics 78(2): 409-433

Berg, F., Koelbel, J. F. y Rigobon, R. (2022). Aggregate confusion: The divergence of ESG ratings. Review of Finance 26(6): 1315-1344.

Cormier, D. y Magnan, M. (1997). Investors’ assessment of implicit environmental liabilities: An empirical investigation. Journal of Accounting and Public Policy 16(2): 215-241

De Freitas Netto, S. V., Sobral, M. F. F., Ribeiro, A. R. B., y Soares, G. R. D. L. (2020). Concepts and forms of greenwashing: A systematic review. Environmental Sciences Europe 32(1): 1-12

Doni, F., Martini, S. B., Corvino, A., y Mazzoni, M. (2020). Voluntary versus mandatory non-financial disclosure: EU Directive 95/2014 and sustainability reporting practices based on empirical evidence from Italy. Meditari Accountancy Research 28(5)

Edmans, A. (2022). The end of ESG, European Corporate Governance Institute–Finance Working Paper (847)

Ehlers, T. y Packer, F. (2017). Green bond finance and certification. BIS Quarterly Review September.

El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C. y Mishra, D. (2011). Does corporate social responsibility affect the cost of capital? Journal of Banking & Finance 35(9): 2388-2406

Escrig-Olmedo, E., Fernández-Izquierdo, M. Á., Ferrero-Ferrero, I., Rivera-Lirio, J. M. y Muñoz-Torres, M. J. (2019). Rating the raters: Evaluating how ESG rating agencies integrate sustainability principles. Sustainability 11(3): 915

Gatti, L., Seele, P. y Rademacher, L. (2019). Grey zone in–greenwash out. A review of greenwashing research and implications for the voluntary-mandatory transition of CSR. International Journal of Corporate Social Responsibility 4(1): 1-15

Gholami, A., Murray, P. A. y Sands, J. (2022). Environmental, Social, Governance & Financial Performance Disclosure for Large Firms: Is This Different for SME Firms?. Sustainability, 14(10): 6019

Halkos, G., y Nomikos, S. (2021). Corporate social responsibility: Trends in global reporting initiative standards. Economic Analysis and Policy 69: 106-117

Koerber, C. P. (2009). Corporate responsibility standards: Current implications and future possibilities for peace through commerce. Journal of Business Ethics 89(4): 461-480

Mitchell, C. G., y Hill, T. (2009). Corporate social and environmental reporting and the impact of internal environmental policy in South Africa. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 16(1): 48-60

Park, S. K. (2018). Investors as regulators: Green bonds and the governance challenges of the sustainable finance revolution. Stanford Journal of International Law 54, 1

Romo González, L. A. (2021). Una taxonomía de actividades sostenibles para Europa. Documentos Ocasionales/Banco de España, 2101

[1] Este artículo es parte del proyecto de I+D+i PID2021-123154NB-I00, financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa.

[2]  Algunos autores (Gatti et al., 2019) incorporan a los factores de responsabilidad medioambiental otros de tipo social o de gobierno empresarial.

[3] Doni et al. (2020) señalan que los estándares del GRI son los que han permitido que las empresas estuviesen mejor preparadas para cumplir con la Directiva UE 2104/95.

Evaluación de políticas económicas

La ética y los sistemas de integridad pública como instrumentos de la lucha contra el fraude y la corrupción y el papel de las entidades fiscalizadoras superiores

(por Miguel Ángel Vaz-Serra Menéndez, subdirector técnico en el Departamento Segundo de las actuaciones de carácter económico y carácter general del Tribunal de Cuentas)

1. La ética pública como instrumento de lucha contra el fraude y la corrupción

La idea de reforzar la ética en la orientación y gestión de lo público ha cobrado fuerza tras constatarse que la mera aplicación de la normativa contra el fraude y la corrupción resulta insuficiente. Ello se debe, entre otros, a diversos factores relacionados con la norma y su aplicación: la rapidez con la que evolucionan los comportamientos corruptos y fraudulentos, frente a la capacidad de reacción de la normativa, siempre más lenta por la necesidad de seguir procedimientos garantistas; la falta de concreción derivada del principio de generalidad de la ley; la lentitud de la justicia para dictar resoluciones firmes; y el incremento del tráfico comercial y económico entre Estados con legislaciones muy distintas.

La internacionalización de la economía, especialmente desde los años 90, incrementó la dificultad trazabilidad de los hechos de fraude y corrupción, sus evidencias y sus efectos, todo ello pese a los avances logrados mediante la firma e implantación de tratados y convenios internacionales[1]. Lo que, en el marco de la sociedad de la información -donde se difunden rápidamente las noticias, fundadas o no, sobre abusos de poder, fraudes o conductas no éticas-, ha supuesto que aumente la sensación de impotencia y la indignación ciudadana, generando además desconfianza en las instituciones públicas. Así surgieron en el ámbito internacional numerosas voces demandando el fortalecimiento del control ante este tipo de situaciones[2].

En este contexto, se demandan nuevas medidas u orientaciones que ayuden a superar las limitaciones que se había venido dando en la lucha contra el fraude y la corrupción. Así, la ética se muestra como un nuevo instrumento para combatir comportamientos que desvían la acción pública del bien común. En esta materia pueden identificarse dos perspectivas complementarias:

• Perspectiva tradicional, basada en el cumplimiento de estándares (normas legales o internas) y, en su caso, en la sanción de incumplimientos.
• Perspectiva ética, orientada al comportamiento humano desde diferentes enfoques, principalmente, antropológicos, psicológicos o sociológicos.

A continuación, se resumen sus diferencias:

Sin perjuicio de su complementariedad, ambas perspectivas no son ajenas la una de la otra. Así, por ejemplo, por un lado, la perspectiva ética se ve reforzada por la “norma” (elemento característico del enfoque tradicional) en tanto que plasma un compromiso general con amplia aceptación, de manera que su inobservancia lleva aparejada una sanción; mientras que, por otro, la intensidad de las sanciones se debe moderar para determinados comportamientos atendiendo a la merma que pueden causar en la cultura ética de una organización o del ámbito público en general. De manera que una sanción demasiado estricta, en determinadas circunstancias, podría estar fomentando una cultura de ocultamiento o, en general, conductas orientadas a evitar el castigo, perjudicando la interiorización de los principios y valores de las organizaciones públicas.

2. Diferencia entre ética e integridad pública

Si bien existen distintas acepciones de estos términos, parece conveniente a efectos de este artículo adoptar definiciones operativas que faciliten la comprensión de los sistemas de ética o de integridad pública.

La ética pública se puede definir como el conjunto de principios, valores y criterios de comportamiento aplicados al ámbito público: gobierno, administraciones, organismos y empresas públicas e, incluso, actores privados cuando intervienen en lo público (contratistas, perceptores privados de subvenciones…). Por su parte, la Directriz de EUROSAI[3] sobre auditoría de la ética en las organizaciones del sector público (EUROSAI, 2017)[4], en adelante Directriz de EUROSAI, centrándose más en el ámbito público, aclara que la ética del sector público es aquella que guía tanto el comportamiento individual de los servidores públicos, como el comportamiento institucional, dentro de un marco de honestidad, integridad, transparencia y orientación al bien común.

El concepto de integridad pública se refiere a la aplicación práctica de los valores y principios éticos. Por ello, más que de sistemas de ética pública se habla de sistemas de integridad pública. En concreto la Recomendación del Consejo de la OCDE [5] sobre integridad pública (OCDE, 2017)[6], en adelante la Recomendación de la OCDE, define la integridad pública como el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados.

3. Políticas y sistemas de integridad

La OCDE ha sido uno de los organismos internacionales que ha abordado prolijamente el estudio de la ética y la integridad, tanto en el ámbito del sector público como privado. Así, ha generado un gran valor añadido con sus numerosas publicaciones en la materia, que abarcan desde recomendaciones emitidas por su Consejo, directrices, guías, manuales, modelos de evaluación, hasta estudios e informes de evaluación. En ellos se trata la integridad pública desde diferentes perspectivas: país o Estado, áreas o sectores de actividad, individual o de una entidad u organización, entre otras. De este modo la OCDE se ha convertido en uno de los referentes principales a la hora de diseñar e implementar políticas y sistemas de integridad pública.

La Recomendación de la OCDE propone políticas de integridad adaptadas al contexto en el que se implementan, con enfoques conductuales y de gestión de riesgos, y orientadas a promover una cultura de integridad no solo en cada organización pública o en el conjunto del sector público, sino en toda la sociedad. Estas orientaciones se presentan como factores determinantes en el diseño, funcionamiento y control de los sistemas de integridad pública. En concreto, la OCDE analiza la integridad pública desde un enfoque conductual, destacando su estudio La integridad pública desde una perspectiva conductual [7]. Así, se tiene en cuenta las características del comportamiento del individuo que opera en una organización pública, lo que requiere tratar aspectos subjetivos, que son más difíciles de concretar, añadiendo complejidad al diseño de los sistemas de integridad.

Tratar con elementos subjetivos requiere frecuentemente obtener información basada en percepciones de los individuos, lo que dificulta conocer con precisión en qué situación se encuentra la ética organizacional en un momento determinado, afectando en la misma medida a su seguimiento. Lo que, junto con la existencia de variadas causas que pueden incidir en la evolución de los aspectos éticos y, en general, en la cultura ética, hace muy difícil concretar cómo el sistema de integridad a contribuido a la mejora de la cultura ética organizacional o de la lucha contra el fraude y la corrupción. Por otro lado, los instrumentos de promoción de la cultura de ética o de integridad pública pueden ser muy variados (más adelante se incluyen algunos ejemplos) y, en todo caso, se han de escoger teniendo en cuenta el contexto en el que se van a desarrollar -sector de la actividad pública desarrollada, características de la organización pública, sus áreas o departamentos y, sobre todo, los destinatarios-. Sin embargo, valorar la efectividad de esos instrumentos en el fomento de la cultura ética resulta más complicado, tanto por su componente subjetivo como por la tendencia natural del individuo a ocultar o quitar importancia a sus comportamientos contrarios a la ética.

En este sentido, para intentar sortear el componente subjetivo en el diseño e implementación de sistemas de integridad puede ser tentador centrarse en los aspectos objetivos, más fáciles de implementar y de hacer seguimiento, por ejemplo, que exista un código ético, un canal de alertas, un mínimo de difusión, etc. Sin embargo, de hacerlo así se correría el riesgo de que estos sistemas funcionasen de manera meramente formal y, por ello, fueran ineficaces.

Por lo que, para no obviar el elemento subjetivo, se viene requiriendo que en los sistemas de integridad se persiga también la interiorización de los valores y principios de las organizaciones que los implantan, siendo conveniente definir un camino para alcanzar ese objetivo de interiorización. Los diferentes hitos y la orientación de las acciones para alcanzarlos se resumen en el siguiente gráfico que luego se explica en los párrafos siguientes.

En un primer momento se busca de las personas a las que afecta el sistema de integridad (en adelante destinatarios) una aceptación real, tanto de los principios y valores como del propio sistema, para ello son claves las acciones de sensibilización orientadas a convencer sobre su conveniencia o necesidad, lo que requiere previamente adquirir un grado de conocimiento suficiente sobre esas materias.

A partir de ahí se va requiriendo una actitud más proactiva, buscando incrementar progresivamente la implicación de esos destinatarios. Para ello las acciones se centran en concienciar sobre qué implica el sistema de integridad y sus principios y valores, especialmente para el rol que cada destinatario tenga asignado en la organización. Esto supone que el destinatario deba tener claro el sistema y su funcionamiento para poder profundizar en sus principios y valores, así como reflexionar sobre la aplicación práctica en su ámbito de actuación profesional. El objetivo de la implicación es que los destinatarios compartan plenamente con la organización los principios y valores del sistema de integridad y, también, los criterios para su aplicación (comportamientos requeridos, conductas prohibidas…).

Por último, la interiorización viene a ser la asimilación de los valores y principios y del funcionamiento del sistema, de manera que los destinatarios los apliquen de manera natural e inmediata en sus comportamientos y tareas dentro del marco de la organización.

4. El elemento holístico en los sistemas de integridad

Los efectos directos de estos sistemas de integridad, especialmente, en cuanto a prevenir casos de fraude y corrupción son difíciles de cuantificar con detalle, ya que, por un lado, no se puede conocer qué posibles comportamientos corruptos o fraudulentos se han evitado o reconducido, pues requeriría la declaración fiable de los supuestos infractores, lo cual no parece fácil de obtener. Tampoco es probable conocer todos los comportamientos corruptos (hayan logrado su propósito o no) que puedan ocurrir en un ámbito, pues por su propia naturaleza se intentan ocultar. Sin embargo, a partir de los estudios de conductas en diferentes ramas del conocimiento, principalmente las ciencias sociales y la psicología, se conoce que la implementación efectiva de determinados elementos y mecanismos relacionados con la ética (códigos de ética y de conducta, canales de alerta y consulta, formación en la materia, etc.) influyen positivamente en la ética organizacional, mitigando también los riesgos de fraude y de corrupción.

Si bien, el potencial de los sistemas de integridad está ligado a su enfoque holístico, de manera que el sistema de integridad funcione teniendo en cuenta la interconexión entre sus distintos elementos (códigos de ética y de conducta, órganos internos de impulso y vigilancia, asesoramiento en comportamiento ético, sistemas de alerta o de denuncia, difusión, formación, política de sanciones, etc.).

La necesidad de esta perspectiva holística también es consecuencia de la interconexión percibida entre diferentes comportamientos. Así, con frecuencia, hay comportamientos que se perciben y/o valoran de manera distinta por los miembros de un grupo, especialmente aquellos que tienen un mayor componente subjetivo. En principio, esto no tendría que suponer un problema, pero las probabilidades de serlo incrementan al tratar de valorar aspectos sensibles como la ética, el fraude o la corrupción.

En este ámbito, cuando un individuo piense que existen diferencias relevantes en el trato dado a comportamientos semejantes, ya sea por la valoración dada a un comportamiento o por el funcionamiento del propio sistema, su confianza sobre el sistema de integridad pública en general disminuirá. Esto puede darse con más frecuencia de lo que puede parecer, ya que el entendimiento, creencias y valores propios de cada individuo determinan su capacidad de relacionar, pudiendo considerar equivalentes comportamientos y fallas del sistema muy diferentes, por ejemplo, el empleado que justifica no reprender la utilización del material de oficina para usos propios, al considerar que a un compañero se le permite ausentarse del trabajo sin justificación alguna. A través de este tipo de equivalencias los individuos tienden a generalizar las conductas éticas, haciendo probable que no solo deje de creer en las valoraciones otorgadas a comportamientos concretos o en el elemento del sistema que considere fallido, sino que desconfíe del conjunto del sistema, desarrollando una actitud defensiva ante él, en vez de mantener una actitud proactiva.

De todo ello se desprende la importancia de que los mecanismos de control de los sistemas integridad incorporen esta perspectiva holística [8], y no enfoquen el control como un agregado de controles sobre los diferentes elementos del sistema.

5. El papel de las entidades fiscalizadoras superiores

La importancia que tiene que los recursos públicos se gestionen de acuerdo con los principios y valores de la ética pública y, en concreto, la relevancia de los sistemas de integridad pública como instrumento necesario para ello, así como para la lucha contra la corrupción y el fraude en el sector público, justifica su evaluación tanto por el control interno de las organizaciones públicas, como por las instituciones de control externo.

El Marco de Pronunciamientos Profesionales de INTOSAI[9] establece los principios básicos que respaldan los principios fundadores de una Entidad Fiscalizadora Superior (EFS), refiriéndose tanto al papel que debe cumplir una EFS en la sociedad, como a los requisitos previos para su funcionamiento. En concreto la INTOSAI P-12 El Valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores[10] recoge los principios para que las EFS marquen la diferencia en la vida de los ciudadanos, orientándose varios de ellos a fortalecer la integridad del gobierno y las entidades públicas.

Sobre esta base la Directriz de EUROSAI observa que las EFS tienen un importante papel en la salvaguarda de la confianza de los ciudadanos en el gobierno y en el sector público, recogiendo como objetivo principal en las auditorías de ética el fomento de ética pública en las organizaciones públicas.

La INTOSAI-GUID 5270, Directriz para la Auditoría de Prevención de la Corrupción[11], otorga a las EFS un papel relevante en el combate a la corrupción mediante el ejercicio de sus competencias habituales, fortaleciendo a las instituciones públicas como elementos del sistema de integridad nacional.

En este marco, la Directriz de EUROSAI, orienta fundamentalmente las auditorías de ética a fortalecer la integridad en las organizaciones del sector público, fomentando así un ambiente ético sólido, que, además, sirva para mejorar el rendimiento y la eficacia de los organismos públicos.

Por último, la Recomendación de la OCDE refuerza el papel de las EFS en la supervisión y control externos en el sistema de integridad del conjunto del sector público, entre roles de la EFS prevé que faciliten el aprendizaje organizacional en integridad pública a las entidades del sector público.

6.Algunas especialidades del control externo en los sistemas de integridad

Uno de los principales riesgos con los que nos encontramos al fiscalizar o auditar un sistema de integridad es que su funcionamiento sea meramente formal o de mero trámite, desviándose así de conseguir un verdadero cumplimiento de los principios y valores de la ética pública y, más aún, de fomentar una cultura de integridad pública.

Para verificar más allá si se ha producido un cumplimiento formal o meramente documental, es probable que las auditorías o las fiscalizaciones deban incorporar nuevos enfoques, fuentes de información, técnicas de obtención y de análisis de la información y tipos de evidencia. Así, por ejemplo, será más frecuente que para obtener una evidencia concluyente se precise obtener diferentes tipos o fuentes de evidencia (triangulación). Sin ánimo de exhaustividad, se exponen algunos retos que para el control externo suponen estas novedades y la manera de abordarlos:

• ¿Cómo valorar el impulso dado desde la cúpula de la organización, el liderazgo mostrado por sus mandos altos y medios en la implementación al sistema de integridad de la organización y, en general, la implicación de sus diferentes destinatarios?

El control aquí se centraría fundamentalmente en determinar la adecuación y suficiencia de estos tipos de implicación. Para ello, por ejemplo, se pueden utilizar encuestas, entrevistas individuales, grupos focales u otras técnicas en las que intervienen los destinatarios, pudiéndose completar los resultados obtenidos con estas técnicas apoyándose en otras evidencias documentales como el contenido de los cursos impartidos, actas y resoluciones de órganos de gestión y administración de la organización, resoluciones e informes de los órganos internos de seguimiento y control, planes e informes de gobernanza o el análisis del contenido de las consultas que sobre el sistema de integridad o sobre sus principios y valores realicen sus destinatarios.

• Aunque los principios y valores éticos de la organización sean compartidos por los destinatarios, los criterios y comportamientos sobre los que se aplican están sujetos a la percepción de cada individuo, la cual se ve condicionada por el entendimiento y la confluencia con los valores propios de ese individuo, por lo que en la práctica ante los mismos hechos y aplicando los mismos valores y principios éticos es muy factible que haya apreciaciones diferentes. Entonces, ¿Qué y cómo analizar?

En este caso, uno de los aspectos relevantes para el control es comprobar si el sistema de integridad persigue y, en la medida de lo posible, consigue una suficiente homogeneidad en esas apreciaciones. Para ello, además de muchos de los instrumentos de control indicados en el punto anterior, también se debería analizar la adecuación y la viabilidad de las medidas aplicadas para alcanzar ese fin. Por ejemplo, centrándonos en la formación, el análisis puede ser, entre otros, sobre: el tipo de formación impartida, cuanto más interactiva sea y se facilite a los asistentes plantear sus dudas e intercambiar conocimientos y opiniones, más profundo será el conocimiento adquirido, facilitando su interiorización; la retroalimentación del sistema de integridad con aportaciones surgidas de los debates, incidencias y cuestiones tratadas en las sesiones formativas o jornadas de sensibilización o concienciación, medida inclusiva que fomenta que los participantes (destinatarios) se involucren con el sistema de integridad; el número y tipo de destinatarios del sistema a los que ha llegado la formación impartida; y su adecuación de ámbito más concreto para el que destinatario desempeña su rol dentro de la organización, que facilita su comprensión y transmite una visión de utilidad para el destinatario, facilitando su compromiso con el sistema. Conviene señalar que las encuestas de clima ético también se pueden utilizar para que los destinatarios reflexionen sobre los principios y valores organizacionales y su aplicación efectiva.

• ¿Cómo analizar la confianza que los posibles alertadores pueden tener sobre los sistemas de información de alertas (canales éticos, de denuncia…)?

Para ello, junto con algunos de los instrumentos arriba citados que aportan información de los destinatarios, es relevante analizar la lógica de estos sistemas en relación con (1) ·las garantías de protección para los alertadores; (2) garantías de confidencialidad y, en su caso, de anonimato, tanto de los alertadores como de los afectados por la alerta; (3) la viabilidad para aplicar la correspondiente sanción cuando los hechos lo requieran; (4) la agilidad en la tramitación de las alertas; (5) la trazabilidad de la tramitación y su conocimiento por parte del alertador; (6) garantías de independencia en la tramitación y en la adopción de las resoluciones pertinentes; (7) competencia y credibilidad de los órganos encargados de la tramitación y resolución, así como de los miembros que los componen; (8) accesibilidad para el posible alertador, para que antes de interponer la alerta, pueda conocer el procedimiento interno para tramitar la alerta -desde la introducción de la alerta hasta la resolución sobre los hechos alertados por el órgano competente previsto en el procedimiento-, las garantías de confidencialidad en la tramitación e investigación de los hechos y los medios a través de los que el alertador puede conocer el estado de tramitación en el que se encuentra su alerta.

7.Conclusión

Los sistemas de integridad pública se muestran como un instrumento importante tanto para la lucha contra la corrupción y el fraude en el sector público, como para velar que la gestión de los fondos públicos se oriente al bien común. Estos sistemas se despliegan a partir de los valores y principios éticos públicos y de sus criterios de aplicación adaptados y desarrollados para cada organización pública según sus propias circunstancias. Así, la integridad pública viene a ser la aplicación de esos principios y valores éticos a las conductas que se producen en el ámbito de una organización pública y los sistemas de integridad pública los encargados de velar porque esto sea así, debiendo tener en cuenta elementos conductuales que muy a menudo incorporan un importante componente subjetivo, así como enfoques y procedimientos novedosos, como, por ejemplo, la promoción de la cultura ética en el ámbito de esa organización.

En este contexto, las EFS tienen un papel clave en el impulso de la integridad pública. Su contribución va más allá de la verificación del cumplimiento de las normas o de los procedimientos internos establecidos en esta materia, siendo necesario que en sus fiscalizaciones incorporen enfoques, técnicas y herramientas específicas que permitan obtener resultados fiables tratando adecuadamente en sus análisis el componente subjetivo que surgen de aspectos éticos y utilizando su propia actividad fiscalizadora para la promoción de la cultura ética en el sector público.

1] Entre otros: (I) La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) fue adoptada por los países miembros de la Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996 fue la primera convención internacional que abordó la cuestión de la corrupción. (II) Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, que entró en vigor en 1999; y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, hoy ratificada por casi todos los países del mundo.

[2] Ver artículo Fiscalización de los Planes Antifraude: ¿Analizar concienciación o cumplimiento? (nº 6 2024 Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas).

[3] Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa.

[4] https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/working-groups/audit-ethics/RelDoc/TFAE-Guidelines-to-audit-ethics_-ES.PDF

[5] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

[6] Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa.

[7] OCDE (2018)https://www.eurosai.org/handle404 exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/working-groups/audit-ethics/RelDoc/TFAE-Guidelines-to-audit-ethics_-ES.PDF y OECD (2020), Manual de la OCDE sobre Integridad Pública, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8a2fac21-es.

[8] En esta línea se manifiesta la Directriz de auditoría de la ética en las organizaciones del sector público (EUROSAI, 2017).

[9] INTOSAI son las siglas en inglés de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Enlace a la página web del Marco de Pronunciamientos Profesionales de INTOSAI: https://www.intosai.org/es/sp-focus-areas/audit-standards.html

[10]https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/INTOSAI-P-12-El-Valor-y-Beneficio-de-las-Entidades-Fiscalizadoras-Superiores-marcando-la-diferencia-en-la-vida-de-los-ciudadanos.pdf

[11]https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/GUID-5270-Directriz-para-la-Auditoria-de-Prevencion-de-la-Corrupcion.pdf

Política Económica y Género

Desigualdad de género en el turismo español: evidencias estratégicas para impulsar políticas públicas transformadoras

(por Marina Marfil Cotilla Departamento de Economía Aplicada, -Política Económica-, Universitat de València; Juan Antonio Campos Soria, Departamento de Economía Aplicada (Estructura económica), Universidad de Málaga; Alejandro García Pozo, Departamento de Economía Aplicada (Estructura económica), Universidad de Málaga)

1. Introducción

La precariedad laboral y la discriminación salarial de las mujeres son temas ampliamente debatidos en el mercado de trabajo actual, y su presencia en las reivindicaciones sociales y gubernamentales es notable. La Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025 de la Comisión Europea establece un marco de actuación para avanzar en la igualdad de género en Europa, tomando como puntos clave de acción: la participación de las mujeres en el mercado laboral, la reducción de la segregación laboral entre hombres y mujeres en los distintos sectores de la economía, la conciliación trabajo-familia y la reducción de la brecha salarial de género. Por otro lado, la igualdad de género en el ámbito laboral, entendida entre otras cuestiones como la plena participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo, se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

En este contexto, el sector turístico se ha considerado a nivel internacional un sector clave para lograr un desarrollo económico más equilibrado de los países mediante la reducción de las disparidades y la mejora de la integración e inclusión social de sus trabajadores (Zhang y Yang, 2023). En especial, la actividad turística sirve como vehículo de desarrollo para economías que pese a su situación cuentan con ventajas comparativas en recursos favorables a esta actividad, como son los recursos naturales o las condiciones climatológicas (Gomes y Silva, 2014; Guimarães y Silva, 2016).

Dichas condiciones sitúan al sector turístico como una actividad determinante del desarrollo económico de los países a escala internacional. En el caso específico de Europa, a pesar de las significativas disparidades entre los países, el turismo representa una parte importante de la economía global de la UE. Previo a la crisis sanitaria del Covid-19, el turismo representa casi el 10% del PIB de la UE-28 y contribuye a la creación de alrededor de 23 millones de puestos de trabajo, lo que supone más del 12% del empleo total de la UE-28 y un 9,6% con respecto al empleo en la economía empresarial no financiera (World Travel and Tourism Council, 2023). Sin embargo, las oportunidades de empleo del sector turístico se caracterizan por ser de baja calidad, debido al uso intensivo de la contratación temporal y a tiempo parcial, y a la existencia de bajos salarios. En el caso particular de las mujeres, a pesar de que éstas realizan una importante contribución a la industria del turismo y en especial a la hostelería, todavía tienden a concentrarse en ocupaciones de menor estatus y peor remuneradas, con patrones diferenciados entre países (Burrel, Manfredi y Rollin, 1997; Baum, 2013; Oliver y Sarz, 2020). En este sentido, se ha observado que dichas características laborales son especialmente penalizadoras en los países del sur de Europa donde la estacionalidad de la demanda del sector tiende a ser mayor (Baum, 2013).

El presente trabajo, responde a la necesidad de comprender mejor la relación entre las condiciones generales del trabajador y los retos a los que se enfrentan las mujeres, especialmente en el sector turístico español.

El estudio examina los determinantes de la brecha salarial de género a lo largo de la distribución salarial en el turismo desde un punto desde una perspectiva sectorial, centrándose en los principales sectores asociados a la actividad turística: hostelería, transporte, intermediación turística y servicios complementarios. Con el fin de obtener la evidencia necesaria para delimitar con precisión los problemas que darán lugar a los objetivos de política económica.

El estudio se estructura en cuatro apartados: en primer lugar, se presenta un marco contextual sobre la brecha salarial de género en el sector turístico; a continuación, se analiza la heterogeneidad del sector, destacando las diferencias laborales y salariales entre subsectores; seguidamente, se exponen los principales resultados del estudio; y, finalmente, se presentan las conclusiones, en las que se sintetizan los hallazgos más relevantes y sus implicaciones.

2. Marco contextual

Las Naciones Unidas (2023) estiman que el PIB mundial podría aumentar en más de 12 billones de dólares si se incorporara todo el potencial de las mujeres en la economía a nivel global, generando importantes efectos positivos en la productividad y en los resultados financieros de las empresas, así como en la distribución económica de los recursos entre las familias. Uno de los pilares en los que se fundamenta el crecimiento económico es la contribución de la mano de obra a la economía. Sin embargo, también se deriva de una utilización más eficiente de dicha mano de obra en los procesos de producción, pudiendo verse frenado por la existencia de imperfecciones en el mercado laboral, que provocan asignaciones ineficientes de los recursos (Lochner y Schulz, 2023). Estas imperfecciones pueden derivarse de la existencia de estructuras salariales inflexibles como consecuencia de la regulación del mercado que impiden que los salarios se ajusten a la oferta y la demanda laboral a lo largo del ciclo económico, generando problemas de desempleo o de vacantes difíciles de cubrir. Pero también pueden ser debidas al desigual poder de mercado entre empresas y trabajadores, como en el caso de los monopolios o monopsonios, que pueden afectar de forma heterogénea a los distintos sectores de la economía (Lanzona, 2022).

Por otro lado, la discriminación de determinados grupos de trabajadores puede crear barreras a la entrada al mercado laboral e ineficiencias en el mismo (Christofides, Polycarpou y Vrachimis, 2013). En todos estos casos, los salarios pueden no responder a la productividad de los trabajadores, aunque ciertos grupos pueden verse más penalizados que otros. En este contexto, pueden crearse mercados de trabajo duales, por un lado, con trabajadores privilegiados y bien protegidos, que conforman los denominados mercados primarios, y por otro, trabajadores con condiciones laborales más precarias que conforman los mercados secundarios (Piore, 1969). Éstos últimos pueden estar remunerados por debajo de su nivel de productividad, pudiendo añadir potencial a la producción si estuvieran ocupando puestos adecuados a su nivel de competencias y cualificaciones. Fernández y Rodríguez (2011) encuentran que existe una participación desigual de hombres y mujeres en ambos tipos de mercados a nivel sectorial, mostrando que las mujeres están sobrerrepresentadas en los mercados secundarios. La desigual participación de hombres y mujeres en los mercados primarios y secundarios a nivel sectorial influye de forma específica en las diferencias salariales de género, en este sentido, destaca el sector turístico debido a su elevada dualidad laboral en relación con otros sectores de la economía (Fernández y Rodríguez, 2011; Oliver y Sard, 2021).

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo posee un papel clave que desempeñar en la consecución de los compromisos centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos los compromisos en el ámbito laboral, tales como la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y “no dejar a nadie atrás” (not one behind) desde un punto de vista distributivo (OMT, 2019).

La estructura laboral intensiva en mano de obra de la actividad turística ha favorecido el acceso de grupos vulnerables como las mujeres o los jóvenes hayan podido acceder al mercado laboral (Rinaldi y Salerno, 2020; Jackman, 2022).

Sin embargo, las oportunidades laborales del turismo se han caracterizado tradicionalmente por ser de baja calidad, evidenciando, entre otras cuestiones, un uso excesivo de la contratación temporal y a tiempo parcial (Lacher y Oh, 2012; Blake, Arbache, Sinclair y Teles, 2008), así como una considerable brecha de género en términos de precariedad laboral y salarial (Santero, Segovia, Castro, Figueroa y Talón, 2015). A nivel mundial, las mujeres estás sobrerrepresentadas en la mayoría de las ocupaciones del sector turístico (Riley, Ladkin y Szivas, 2002) pero, al mismo tiempo, se observa una significativa infrarrepresentación en los puestos de liderazgo y de mayor remuneración del sector (Marfil, Campos y García, 2024). Estudios llevados a cabo en diferentes países respaldan este resultado, demostrando que la desigualdad de ingresos salariales entre hombres y mujeres en el sector turístico es un problema a nivel internacional (Baum, 2013).

En el caso específico de la economía española, el sector turístico en general, y en particular la hostelería, presentan ciertas características que lo hacen especialmente relevante a la hora de analizar la cuestión de la brecha salarial de género y sus determinantes. Según Eurostat (European Labour Force Survey), en la última década, el empleo en “Actividades de alojamiento y restauración” ha ido en aumento en los países de la UE-27, ocupando España el cuarto lugar en número de empleados (es decir, 1.56 millones de trabajadores en 2018). Según los datos extraídos de la European Labour Survey de Eurostat, en 2023 España representa el 19.20% de los trabajadores del sector turístico a nivel europeo. En el caso particular del sector de la hostelería, en 2023 el 59.2% de los trabajadores europeos empleados eran mujeres (mientras que en España suponen el 55.49%), ocupando el empleo femenino el 69.25% de los contratos a tiempo parcial del sector.

En España, cabe destacar que, durante el mismo periodo, las mujeres representaban el 70% de los trabajadores a tiempo parcial de este sector. Estas cifras se encuentran en consonancia con los resultados del trabajo de Campos y Ropero (2016), en el que se defiende que los países con altas tasas de contratos a tiempo parcial cuentan con mayores tasas de participación femenina, controlando por otro tipo de factores. Así, autores como Marchante, Ortega y Pagán (2007) o Segovia, Figueroa, Fuentes y Muñoz (2018) han mostrado que la hostelería española se distingue de otros países por tener mercados laborales internos muy débiles -especialmente en el caso de las mujeres-, lo que se asocia a altas tasas de contratos a tiempo parcial y temporales y a un empleo precario en términos salariales. Otro elemento que diferencia al mercado laboral español de los países vecinos es la importante segregación ocupacional, que tiene marcados efectos sobre los salarios de hombres y mujeres (Marfil y Campos, 2021). Estas diferencias estructurales en el mercado laboral subyacen a las diferencias entre España y otros países europeos en relación con la brecha salarial de género (Muñoz, 2009).

Un análisis riguroso de las dinámicas laborales y de género en el sector turístico expuestas proporciona la evidencia necesaria para delimitar con precisión el conjunto de problemas, sobre el cual se definirán los objetivos y las posteriores intervenciones públicas. Nuestro análisis permite orientar políticas destinadas a promover la igualdad salarial y garantizar condiciones de trabajo equitativas, así como a impulsar estrategias institucionales que contribuyan de manera sostenida a la reducción de las brechas de género. De este modo, esta investigación se convierte en un instrumento clave para el desarrollo de políticas públicas que respondan a las necesidades reales del mercado laboral turístico y contribuyan finalmente a una economía con mayor justicia social.

3. Heterogeneidad sectorial en el turismo

La heterogeneidad sectorial que caracteriza al turismo representa un reto a la hora de analizar la brecha salarial de género en el mismo. La existencia de marcadas diferencias entre las características laborales y salariales de los trabajadores de sectores como la hostelería frente a otros sectores como el transporte, la intermediación turística, o la oferta complementaria, entre otros, hacen que difícilmente podamos hacer alusión de forma general a la brecha salarial en turismo. Entre dichas características laborales de la hostelería en relación con otros sectores, cabe mencionar la escasa remuneración relativa de sus trabajadores en relación con otros sectores, así como la elevada inestabilidad del empleo como consecuencia tanto de la estacionalidad de la demanda como de la elevada tasa de rotación laboral (Marchante et al., 2007; Casado y Simón, 2016). Trabajos como el de Casado y Simón (2016) o Oliver y Sard (2021) analizan cuál es el origen de estas diferencias sectoriales, tratando de comprobar si son debidas a las características productivas de los trabajadores o causadas por la discriminación sectorial. A su vez, estas diferencias sectoriales pueden variar entre aquellos trabajadores que tienen niveles salariales elevados y los que ocupan puestos de menor remuneración (Casado y Simón, 2016). Algunos estudios han abordado este fenómeno, analizado de forma específica las disparidades laborales y salariales en el subsector de la hostelería frente al resto de servicios privados (Campos, García, Sánchez y Benavides, 2011; García, Campos, Sánchez y Marchante, 2012). Aunque la literatura previa demuestra la existencia de discriminación de género dentro del sector turístico o en la hostelería en particular, sin embargo, la mayoría de los estudios abordan dicha cuestión a nivel global, sin tener en cuenta la potencial heterogeneidad en los salarios a lo largo de la distribución salarial. Entre los determinantes estudiados, se ha observado que factores tales como la segregación vertical o el “techo de cristal” afectan de forma diferenciada a grupos ocupacionales específicos (Burgess, 2003; Skalpe, 2007; Baum, 2013; Carvalho, Costa, Lykke y Torres, 2019; Marfil y Campos, 2021). Por este motivo, resulta de interés sobre el estado de la cuestión el profundizar en los principales determinantes de la diferencia salarial y en especial en su componente discriminatorio a lo largo de la distribución salarial, desde una perspectiva sectorial.

En este contexto, el presente trabajo analiza la brecha salarial de género a lo largo de la distribución salarial en el turismo desde un punto de vista sectorial. La metodología utilizada es la descomposición de la brecha salarial de género a lo largo de la distribución salarial, basada en el método de regresiones cuantílicas incondicionales, propuesta por Firpo, Fortin y Lemieux (2018). Esta aproximación resulta de interés ya que un análisis basado en la media de hombres y mujeres puede sesgar los resultados obtenidos, debido a la posible compensación de los efectos de sus determinantes en dicho valor promedio. El enfoque propuesto permite descomponer la brecha salarial a lo largo de la distribución en dos componentes fundamentales:

1. Componente No Discriminatorio: explicado por las diferencias en las características productivas de hombres y mujeres.
2. Componente Discriminatorio: Resultado de las diferencias en la remuneración de estas características productivas para cada género (trato salarial desigual).

Al aplicar este análisis a lo largo de la distribución salarial en los percentiles 10, 30, 50, 70 y 90, permite identificar el efecto heterogéneo de variables tales como la segregación ocupacional vertical o el denominado «techo de cristal», y su contribución a la brecha salarial de género y a su componente discriminatorio.

4. Análisis de la brecha salarial de género en el turismo español: heterogeneidad sectorial y ocupacional

La contribución empírica de los resultados obtenidos en el ámbito del sector turístico en España, ponen de manifiesto la necesidad de abordar el estudio de a discriminación salarial de género desde una perspectiva sectorial y ocupacional, para definir los objetivos de política económica más precisa. Como se puede observar en el Gráfico 1, en sectores feminizados como la hostelería y la intermediación turística, es dónde la brecha salarial de género presenta un patrón creciente a lo largo de la distribución salarial, mientras que en sectores masculinizados como el transporte, la brecha sigue una tendencia decreciente, llegando a ser no significativa para los niveles de mayores salarios.

Tal y como se muestra en el Gráfico 2, la diferencia salarial entre hombres y mujeres, en cada nivel salarial analizado, puede descomponerse en un componente no discriminatorio y un componente discriminatorio. Respecto al componente no discriminatorio, en sectores como el transporte y otros servicios complementarios se observan unas mejores características productivas de las mujeres en relación con los hombres, siendo esta diferencia en productividad creciente a lo largo de la distribución salarial. En cambio, en la hostelería y la intermediación turística, los hombres son más productivos que las mujeres en todos los niveles salariales, contribuyendo de forma positiva a la brecha salarial de género. Por su parte, el componente discriminatorio crece con el nivel salarial en todos los sectores, excepto en el transporte. Por tanto, conforme las mujeres avanzan hacia puestos de mayores salarios, la desventaja salarial a la que se enfrentan solo puede ser explicada por razones que escapan a sus características productivas. Este resultado respalda la existencia de barreras “invisibles” que perpetúan los roles de género, especialmente en los puestos de alta responsabilidad, lo que sugiere la posible existencia del denominado “techo de cristal”. No obstante, el sector transporte presenta un patrón diferente, al no observarse una brecha salarial de género significativa en los puestos de mayor nivel salarial. 

En relación con los determinantes de dicha brecha (véase Marfil, Campos y García (2024) para una discusión más detallada), el capital humano y la segregación ocupacional en su dimensión vertical resultan muy relevantes para explicar ambos componentes, observándose marcadas diferencias entre los sectores analizados y su efecto a lo largo de la distribución salarial. Por ejemplo, la educación contribuye de forma positiva a la brecha en la hostelería y la intermediación turística, y negativa en el transporte y otros servicios complementarios, dado que en estos casos el nivel educativo de las mujeres sería superior al de los hombres. En general, los efectos positivos de la sobreeducación e infraeducación sobre el componente no discriminatorio destacan en la hostelería, observándose que las mujeres sufren un mayor desajuste educativo conforme obtienen puestos de mayores salarios, mientras que en otros servicios complementarios este efecto solo es relevante en el caso de la sobreeducación. Finalmente, cabe señalar que existe heterogeneidad sectorial en los incentivos a la promoción laboral entre ambos géneros, penalizando a las mujeres en relación con los de los hombres, lo que respalda de nuevo la existencia de un “techo de cristal” diferenciado entre dichos sectores.

En el caso particular del sector de la hostelería (véase Marfil y Campos (2021) para una discusión más detallada), se obtiene que la discriminación salarial de la mujer especialmente relevante a la hora de explicar las diferencias salariales de género en todos los niveles salariales. Entre los factores que explican dicha tendencia destacan el efecto de las variables de capital humano y de segregación vertical, dado que el salario de las mujeres aumenta en menor medida que el de los hombres cuando promocionan a niveles de responsabilidad superiores.

Esto supone una amenaza a la representación de las mujeres en puestos ejecutivos o de alta dirección, por razones que escapan a sus características productivas. En línea con la literatura precedente y con los resultados de nuestra investigación, de nuevo se evidencia la posible existencia del denominado “techo de cristal” en el ámbito de la hostelería española.

5. Conclusiones

Los resultados obtenidos respaldan la necesidad de delimitar con precisión el conjunto de problemas planteados para poder crear un entorno adecuado que favorezca el desarrollo de políticas públicas orientadas a la igualdad de género. En particular, evidencian la importancia de atender a las particularidades del sector de la hostelería y, en general, del turismo, cuya heterogeneidad sectorial influye directamente en la brecha salarial de género y en su componente discriminatorio. En este contexto, la Organización Mundial del Turismo (2022) subraya la relevancia de que los gobiernos incorporen la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres en sus políticas y acuerdos institucionales, destacando que solo a partir de un diagnóstico claro y fundamentado es posible diseñar intervenciones realmente efectivas.

Los resultados expuestos suponen implicaciones prácticas para la gestión de la desigualdad de género a nivel institucional, observándose que sigue siendo una asignatura pendiente con marcada heterogeneidad sectorial. En primer lugar, un mejor conocimiento del entorno laboral en los distintos sectores que constituyen la economía española puede ayudar a la creación de medidas para mejorar la productividad laboral en cada uno de ellos. Además de la desigualdad social inherente que ello implica, las prácticas discriminatorias drenan el talento potencial de la fuerza laboral femenina. Los roles de género en el trabajo y en la vida familiar tienen consecuencias en la carrera profesional de las mujeres, tal y como avalan los resultados presentados, y son especialmente relevantes cuando se trata de puestos de mayor responsabilidad. Un marco político adecuado debería tener en cuenta este hecho y controlar la adopción por parte de las organizaciones de medidas encaminadas a conseguir una igualdad de oportunidades real en la economía española y romper el “techo de cristal”.

Bibliografía:

Baum, T. (2013). International Perspectives on Women and Work in Hotels, Catering and Tourism. International Labour Organization, Geneva, 289.

Blake, A., Arbache, J. S., Sinclair, M. T. y Teles, V. (2008). Tourism and poverty relief. Annals of Tourism Research, 35(1), 107–126. https://doi.org/10.1016/j.annals.2007.06.013

Burgess, C. (2003). Gender and salaries in hotel financial management: It’s still a man’s world. Women in Management Review, 18(1), 50–59. https://doi.org/10.1108/09649420310462325

Burrel, J. Manfredi, S. y Rollin, H. (1997). Equal opportunities for women employees in the hospitality industry: a comparison between France, Italy, Spain and the UK. International Journal of Hospitality Management, 16 (2), 161-179. https://doi.org/10.1016/S0278-4319(97)00003-0

Campos, J.A., García, A., Sánchez, J.L., y Benavides, C.G. (2011). A comparative analysis on human capital and wage structure in the Spanish hospitality sector. Journal of Service Science and Management, 4(4), 458-468. https://doi.org/10.4236/jssm.2011.44052

Campos, J.A., y Ropero, M.A. (2016). Occupational Segregation and the Female–Male Wage Differentials: Evidence for Spain. Gender Issues, 33 (3).https://doi.org/10.1007/s12147-015-9148-z

Carvalho, I., Costa, C., Lykke, N. y Torres A. (2019). Beyond the glass ceiling: Gendering tourism management. Annals of Tourism Research, 75, 79-91. https://doi.org/10.1016/j.annals.2018.12.022

Casado, J.M., y Simón, H. (2016). Wage differences in the hospitality sector. Tourism Management, 52, 96-109. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.06.015

Christofides, L.N., Polycarpou, A., y Vrachimis, K. (2013). Gender wage gaps, ‘sticky floors’ and ‘glass ceilings’ in Europe. Labour Economics, 21: 86–102. http://dx.doi.org/10.1016/j.labeco.2013.01.003

Fernández, D. y Rodríguez, N. (2011). The part-time pay penalty in a segmented labor market, Labour Economics, 18 (5), 0927-5371, https://doi.org/10.1016/j.labeco.2011.01.001

Firpo, S., Fortin, N.M., y Lemieux, T. (2018). Decomposing wage distributions using recentered influence functions regressions. Econometrica, 6(2). https:// doi.org/10.3390/econometrics6020028

García, A., Campos, J.A., Sánchez, J.L., y Marchante, M. (2012). The regional wage gap in the Spanish hospitality sector based on a gender perspective. International Journal of Hospitality Management, 31 (1), 266-275. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.06.007

Gomes, L. y Silva, J. (2014). Spanish and Portuguese hotel networks in Brazil: evidence from the northern coast of Bahia. Regional Science Inquiry, 6(2), 39-55.

Guimarães, C.R. y Silva, J. (2016). Pay gap by gender in the tourism industry of Brazil. Tourism Management, 52, 440-450. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.07.003

Lacher, R.G., y Oh, C.O. (2012). Is Tourism a Low-Income Industry? Evidence from Three Coastal Regions. Journal of Travel Research, 51(4), 464–472. https://doi.org/10.1177/0047287511426342

Lanzona, L.A. (2022). Monopsony and Gender Wage Discrimination in the Philippines. Qeios. https://doi.org/10.32388/VWLDCW

Lochner, B. y Schulz, B. (2023). Firm Productivity, Wages, and Sorting. Journal of Labor Economics, 42(1). https://doi.org/10.1086/722564

Marchante, A.J., Ortega, B., y Pagán, R. (2007). An analysis of educational mismatch and labor mobility in the hospitality industry. Journal of Hospitality and Tourism Research, 31, 299–320. https://doi.org/10.1177/1096348007299920

Marfil, M., y Campos, J.A. (2021). Decomposing the gender wage gap in the hospitality industry: A quantile approach. International Journal of Hospitality Management, 94 (102826), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102826

Marfil, M., Campos, J.A., y García, A. (2024). The gender wage gap across the wage distribution: Evidence in tourism at the sectoral level. Tourism Economics, 30(4). https://doi.org/10.1177/1354816623118126

Muñoz, F. (2009). The gap between male and female pay in the Spanish tourism industry. Tourism Management, 30(5), 638-649. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.11.007

Oliver, X., y Sard, M. (2021). Gender Wage Gap in Hospitality. Journal of Hospitality and Tourism Research, 45(2), 345–372. https://doi.org/10.1177/1096348020909423

OMT (2019). Global Report on Women in Tourism, Second Edition.

Piore, M.J. (1969). On-the-job training in dual labor markets. En A. Weber; F. Cassell y G. Woodrow (1969), Public-private Manpower

Riley, M., Ladkin, A. y Szivas, E. (2002). Tourism employment: Analysis and planning. Clevedon. https://doi.org/10.21832/9781873150382

Santero, R., Segovia, M., Castro, B., Figueroa, C., y Talón, P. (2015). Gender differences in the hospitality industry: A Job quality index. Tourism Management, 51, 234–246. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.05.025

Segovia, M., Figueroa, C., Fuentes. L., y Muñoz. A. (2018). Incorporating a gender approach in the hospitality industry: Female executives’ perceptions. International Journal of Hospitality Management, 76(A), 184-193. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.05.008

Skalpe, O. (2007). The CEO gender pay gap in the tourism industry – Evidence from Norway. Tourism Management, 28(3), 845–853. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.06.005

World Travel and Tourism Council (2023). https://wttc.org/

Zhang, H. y Yang, Y. (2023). Is tourism growth able to shrink economic inequalities? A DSGE analysis. Annals of Tourism Research Empirical Insights, 4(1), 100089. https://doi.org/10.1016/j.annale.2023.100089

Pro et contra: El debate sobre las ayudas directas: el Bono Alquiler Joven

Pro

(Por Paloma Taltavull de la Paz, Universidad de Alicante, Depto. Análisis Económico Aplicado)

El bono de Alquiler Joven es una medida particular dentro de la batería de medidas de apoyo al acceso residencial contenidas en el Plan Estatal de Vivienda. Responde a la evidencia de que la crisis residencial tiene efectos específicos en algunos grupos sociales, entre los cuales se encuentra el formado por los jóvenes, y específicamente cuando la tenencia es en alquiler. Es una medida simple que se dirige a reducir el efecto que los precios de alquiler tienen sobre la accesibilidad en esta forma de tenencia a través de aportar una proporción del alquiler en sí. Es necesario comprender las razones por las que se diseña una medida de ayuda a fondo perdido para este grupo demográfico.

1.Las razones de la tensión en los precios de alquiler

La crisis financiera dejó, como herencia en el mercado residencial, dos fuertes restricciones: de oferta y de financiación. La primera consistió en una fuerte y súbita caída en la de oferta de vivienda nueva resultado de la contracción en la demanda de vivienda y la reducción en los recursos financieros que el sector necesitaba para seguir construyendo. El resultado fue una fuerte contracción del ciclo edificador que llegó a su mínimo histórico en 2013 y del que no ha habido recuperación, ni siquiera en las fases expansivas del ciclo económico que se producen posteriormente, resultando en un flujo de vivienda nueva mínimo durante una década. La segunda consistió en una caída en los flujos financieros al sector constructor y una posterior revisión de los niveles de riesgo (Basel III) que mantuvieron los flujos financieros a la construcción en mínimos históricos, hasta nuestros días. Ambos procesos, interrelacionados, han generado una insuficiente producción de viviendas desde inicios de la década anterior, en un período en que se producen cambios socioeconómicos importantes, que se traducen en un aumento en la movilidad de la población y de la migración internacional.

La concentración de los nuevos flujos de población provocan el shock de accesibilidad, que se explica en el esquema 1, y que indica cómo se suceden los efectos sobre el mercado de vivienda: una acumulación creciente de demanda en los lugares de mayor creación de empleo, que experimentan restricciones en su oferta residencial por la falta de construcción mantenida durante un largo período, tiene como efecto inmediato el aumento de alquileres y precios residenciales por que la nueva demanda compite por las pocas unidades existentes. Los primeros hogares que no pueden conseguir una vivienda por este hecho son los de menor nivel de renta, los que, normalmente, acuden al mercado de alquiler.

La proporción de individuos que encuentran empleo en la recuperación y tienen capacidad de pago, se dirigen al mercado de propiedad para acceder a la vivienda. La restricción crediticia genera una financiación insuficiente para todos los que desean la vivienda en propiedad, y los que son excluidos, se reorientan al mercado en alquiler. La acumulación de mayores flujos de demandantes en el mercado de alquiler (por encima de los niveles normales) junto con la mayor capacidad de pago, eleva aún más los precios de alquiler, generando una situación de aceleración de rentas que exige un mayor esfuerzo de pago, lo que expulsa parte de los individuos que no pueden acceder a través de ninguno de las dos formas de tenencia.

El aumento de los precios de alquiler es el resultado de dos desajustes iniciales (falta de oferta y de financiación) que hacen concentrarse la demanda en ese mercado y elevan las rentas. En tanto que la oferta de viviendas no aumente (lo que suavizaría el crecimiento en las rentas) o se disponga de viviendas públicas, las medidas para facilitar el acceso en alquiler en el corto plazo no pueden sino ser un conjunto de herramientas que consigan, o bien paralizar el crecimiento de precios (medidas de control de rentas), o bien ayudar al acceso de forma directa, reduciendo el esfuerzo de pago. Esperar a que el mercado ajuste solo, implica permitir que esta sobrerreacción de los precios (y la imposibilidad de tener una vivienda) afecte negativamente la movilidad de la población durante suficiente tiempo como para que penalice el ciclo de vida de los individuos. Esto significa que los hogares se dilatarían en su formación y evolución, lo que tiene efectos sociales en el largo plazo negativos y muy complejos de revertir.

La evidencia indica que, efectivamente, el mayor problema del acceso se concentra en el mercado de alquiler, y que el esfuerzo para realizar el pago se presenta antes de entrar, afrontando alquileres muy elevados con respecto a los ingresos por trabajo (falta de accesibilidad ex_ante), pero también tras alquilar, por haberse asumido pagos de renta más elevados. El gráfico 1 muestra este esfuerzo en las dos fases. Se mide con el ratio de accesibilidad (pago del coste de la vivienda / renta disponible) y se ha calculado teniendo en cuenta las condiciones de acceso previas agregadas (Exante, gráfico izquierdo), y las declaraciones de gasto en vivienda contenidas en la Encuesta de Condiciones de Vida para España (Expost, gráfico derecho).

En ambos casos, se observa como los pagos a los que se enfrentan los demandantes de alquiler (línea roja y naranja, respectivamente) superan ampliamente el 30% de su renta, límite habitualmente considerado como frontera entre la accesibilidad y la no accesibilidad.

Es en este contexto, en el que el Bono de Alquiler Joven se implanta, con el fin de reducir el esfuerzo de pago de este colectivo en concreto, en mercados con crecientes rentas.

2. Las medidas específicas

Aunque la definición del Bono determina que un objetivo es ayudar a la emancipación, lo cierto es que el hecho de requerir que el joven solicitante acredite rentas del trabajo elimina de la ayuda a todo el resto de los jóvenes que desean dejar su casa paterna, trasladarse a otros mercados a estudiar o a realizar otras actividades no remuneradas o temporales. Esta segmentación de demandantes derivada del requisito de ingresos por trabajo, claramente hace referencia a una medida que intenta facilitar la movilidad laboral permanente de la mano de obra joven.

La medida es, además, generalista. Al delimitar la edad en 35 años máximo, recoge un grupo de trabajadores que supone un 25.7% del total de la fuerza de trabajo ocupada en España, con un total de 5.77 millones de ocupados, según los últimos datos de la EPA (EPA, 2025 3 trim). Por otro lado, también integra individuos con rentas medias (con ingresos anuales con un máximo de 3x IPREM = 8400 x 3 = 25200 €/año, o 1800 € brutos/mes, cifra cercana a la renta bruta media por persona, según el INE), lo que es consistente con otras evidencias internacionales que muestran como los problemas de accesibilidad residencial afectan ya a estos grupos de hogares y no solo a los más pobres.

Si se tiene en cuenta que la población joven es la que más probabilidades tiene de moverse entre mercados de trabajo, la medida claramente se dirige a respaldar la fuerza de trabajo joven a moverse entre mercados de trabajo, evitando que el mercado de alquiler actúe de barrera. Sí es verdad que uno de los requisitos para la concesión es el empadronamiento, lo que excluye a aquellos jóvenes que, por razones laborales, necesiten alquilar de forma no permanente en el medio plazo, y también a la fuerza de trabajo joven en su primer empleo si este se produce fuera de su lugar de origen (región).

3. ¿Es suficiente la ayuda?

Esta medida establece una ayuda a fondo perdido de 250 euros/mes para cubrir una parte del alquiler, mantenida por dos años (total= 6000 euros por persona joven). Los límites máximos de alquiler son de 950 euros (Madrid) y 900 en el resto del Estado, lo que implica que, si se encuentra una vivienda con el alquiler en estos importes, la ayuda lineal supondría una reducción de hasta el 26,6% del alquiler, lo que implica una reducción sustancial del esfuerzo de pago del coste de la vivienda.

Sin embargo, estos niveles de alquiler son cada vez más complejos de alcanzar. El gráfico 2 muestra la evolución acelerada de los alquileres en la media nacional y en las principales ciudades, mostrando la dificultad a la que se enfrentan los jóvenes hogares.

El límite de alquiler fijado por el bono parece estar sobrepasado en la mayoría de las capitales españolas, aunque, como media, estos valores posiblemente reflejan una distribución de rentas que contengan viviendas con alquileres que se ajusten al límite fijado. Si ocurre esto, posiblemente su localización estará alejada de las áreas de mayor tensión, por lo que el Bono, indirectamente, está potenciando la localización de los jóvenes en los límites del área metropolitana de la capital donde se localicen, alejándolos de las zonas de mayor tensión de precios y contribuyendo, así, a reducir ésta, al menos un poco.

La generalización de la medida a un grupo poblacional importante implica la necesidad de disponer de un elevado volumen de recursos por parte de la administración pública. Si se observa la estructura de asignación del Bono (a los solicitantes que cumplen las condiciones y hasta que se agote el crédito contemplado en los presupuestos) el total potencial de solicitantes cubiertos en cada fase de apertura es pequeño (66 mil en 2024 según distintas fuentes). La concesión anual a un número reducido de solicitantes limita la efectividad (y el alcance) de esta medida, pero también evita que el efecto de una ayuda directa afecte a los alquileres finales (es decir, se transmita vía precios como avisa la teoría económica) por que el volumen de demandantes se encuentra disperso en los distintos mercados residenciales, es pequeño con respecto al total de demandantes de alquiler y, por tanto, no tiene la suficiente entidad como para afectar a las rentas.

4. Conclusión

Como conclusión, el Bono de alquiler joven es una medida que se aplica ajustada a la realidad del mercado, y persigue como fin el evitar los efectos negativos sobre la sociedad derivados de la falta de acceso a la vivienda que afectan a trabajadores jóvenes; entre otros, la mayor dilatación en la formación de hogares y en el acceso al primer empleo, son los que más impacto social de largo plazo tienen. Por su parte, al reducir el esfuerzo de pago, también permite una mejora en los niveles de consumo de los hogares jóvenes. La obligatoriedad de encontrar viviendas en alquiler con rentas ajustadas a los máximos que se fijan dificulta la aplicación del bono de forma más generalizada, aunque también implica que la medida reorientará a los jóvenes hacia mercados menos tensionados que pueden reactivar áreas urbanas. La parte negativa es su limitado alcance hasta el momento, posiblemente por restricciones presupuestarias, pero que tiene, como efecto, que las ayudas directas no se trasladen a las rentas de alquiler, al menos de momento.

Et contra:

(Por Juan González Alegre, Departamento de Teoría e Historia Económica, Universidad de Málaga)

El Gobierno de España plasmó en el Real Decreto 42/2022 la regulación del llamado “Bono Alquiler Joven” que tiene por objeto subvencionar, a arrendatarios «jóvenes” (de hasta 35 años de edad) 250 € al mes durante dos años (6.000 € en total) por su contrato de alquiler de una vivienda u habitación. Otros requisitos establecidos serían la obtención de rentas del trabajo de hasta 21.600 € anuales, límite que puede ser incrementado por las Comunidades Autónomas, y un importe máximo de la renta del alquiler de 600 € al mes para las viviendas y 300€ para las habitaciones, aunque nuevamente estos límites son incrementados por las CC. AA. para ciertas áreas metropolitanas. Apenas se incluyen coeficientes correctores para familias o solicitantes con hijos a cargo, que en todo caso la norma deja a discreción de las Comunidades Autónomas. La renta del solicitante aparece como un factor excluyente pero no determinante de la ayuda, aunque es cierto que algunas CC AA han adaptado parcialmente la cuantía de la subvención a la ratio renta/ingresos de los solicitantes. En resumen, el principal, y casi único requisito para acceder a la ayuda es la edad. Ser joven.

El mercado de la vivienda y, en concreto, el alquiler está pasando por un momento especialmente delicado en España, debido a las extraordinarias subidas de precio que se están observando, especialmente en las áreas metropolitanas, que es donde se concentra la mayor parte de la población. ¿Tiene sentido esta ayuda tan específica? Yo diría que no mucho, a tenor de los argumentos que voy a exponer a continuación.

Algunos de los principios generales de los modelos de comportamiento del mercado no se corresponden fielmente con el caso de las viviendas en alquiler. Por ejemplo, no se puede considerar que sea un producto homogéneo ni que la transacción esté libre de riesgo para ninguna de las partes. No obstante, a grandes rasgos, los efectos de las políticas de vivienda se pueden predecir de manera bastante fiable (al menos el sentido del impacto) con las herramientas tradicionales del Análisis Económico.

A modo de ejemplo, es mundialmente famoso el rígido control de precios que lleva décadas en vigor en Suecia. La teoría predice que el establecimiento de precios máximos genera escasez, y esto es exactamente lo que ocurre en ese país. En Estocolmo hay más de 700 000 personas en lista de espera en la Agencia Municipal de Alojamiento (Bostadsförmedlingen), que logra la firma, solamente, de unos 10 000 contratos al año, en una ciudad de algo menos de dos millones de habitantes. La espera para conseguir un alojamiento en alquiler nunca baja de los diez años. Inicialmente, el sistema ofrecía cierta estabilidad en lo relativo a la duración y el precio. Sin embargo, cada vez es un menor porcentaje de la población que puede disfrutar de esa estabilidad y los precios han subido bastante más de lo pronosticado debido a un insuficiente crecimiento de la oferta en un mercado nada atractivo para inversores. El contraejemplo de intervención pública exitosa sería el caso de la ciudad de Viena, donde el gobierno municipal lleva más de cien años gestionando directamente la construcción de vivienda pública y ha sido capaz de mantener un crecimiento de la oferta estable que garantiza precios relativamente bajos mientras sigue siendo atractivo para el inversor privado. Nuevamente, tal y como predice la Teoría Económica. ¿Y qué predice la Teoría sobre el establecimiento de una subvención al alquiler? El impacto de la propia subvención genera un incremento del precio que hará que la subvención no se la quede íntegramente el inquilino, sino que parte de ella sea transferida, por la vía de un mayor precio del alquiler, a los propietarios.

El porcentaje de la subvención que se queda cada agente dependerá fundamentalmente de la elasticidad-precio de la demanda y de la oferta. Es decir, de cómo de sensibles sean inquilinos y propietarios al precio, siendo la parte menos sensible al precio la que se queda una mayor parte de la subvención. El peor escenario es aquél en el que la oferta de vivienda es muy rígida y no se incrementa tras el establecimiento de la subvención mientras que la demanda sí que muestra mucha sensibilidad, ya que en esas circunstancias serían los propietarios los principales beneficiados.

Esta política directamente renuncia a establecer ninguna condicionalidad en el lado de la oferta, por lo que su capacidad para estimular la oferta se limita a la de las condiciones del mercado actual, no especialmente favorables. Por su parte, por el lado de la demanda, la política se dedica a un colectivo (los jóvenes) cuya sensibilidad al precio es naturalmente mayor debido a que muchos tienen la posibilidad de retrasar el abandono del domicilio familiar (e incluso ahorrar para la entrada de una hipoteca) cuando el precio del alquiler es demasiado elevado. Esa característica la hace especialmente favorable para los propietarios, pues la mayor demanda estimulará un incremento de precios que les beneficiará.

Si la política se hubiese dirigido a aquéllos que no tienen más remedio que arrendar una vivienda independientemente del precio, se podría conseguir que prácticamente la totalidad de la subvención se quede en manos del inquilino y no se transfiera a los propietarios. A modo de ejemplo, familias con hijos o aquéllos que no disponen de una alternativa familiar podrían representar una interesante alternativa.

El problema es que el efecto de la subida de precios provocada por la ayuda es generalizado, y aquéllos que no sean elegibles para la subvención sufrirán un perjuicio evidente en un momento especialmente delicado en este mercado. La ayuda, así diseñada, más que representar un simple desperdicio de fondos públicos podría significar un cargo más en la espalda de colectivos especialmente vulnerables, como pueden ser familias numerosas, inmigrantes y jubilados que vivan de alquiler.

Sin embargo, sería lícito argumentar a favor de una política que, reduciendo ligeramente la eficiencia de mercado, responda a una necesidad social imperante o a una cuestión de justicia. Por ejemplo, se podría pensar que los jóvenes suelen disponer de una renta menor que los mayores. Es cierto que la renta media de los más jóvenes es algo menor que la de los “mayores”, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que disemina el INE. Pero ni siquiera este particular queda muy claro. Los tramos de edad considerados por la ECV son demasiado amplios como para poder interpretar correctamente las diferencias observadas. La renta de la población de entre 16 y 29 años cumplidos es unos 2.400 euros – un 15% – menor que la de los ciudadanos con edad en la franja 45-64 años. Pero ni siquiera este dato revela claramente una mayor vulnerabilidad financiera. Por un lado, en el tramo de los jóvenes es de esperar una elevada dispersión derivada del hecho de que muchos de ellos aún no se han independizado o continúan, total o parcialmente, su proceso de educación. Por otro lado, es lógico esperar que los ciudadanos de mayor edad obtengan un porcentaje mayor de rentas del ahorro.

De hecho, los datos de Eurostat para España revelan un riesgo de pobreza muy similar para los distintos tramos de edad. Incluso algo peores para los ciudadanos más cercanos a la edad de jubilación: 25.5% para el tramo de los 20 a los 24 años, 22.3% para el tramo de 25 a 29 años frente al 25.4 % del tramo de 55 a 64 años. La edad, por tanto, no es en absoluto un indicador de vulnerabilidad económica.

En resumen, si se hubiese querido destinar esta ayuda a las personas más necesitadas económicamente, las ayudas deberían haberse repartido directamente en función de la renta familiar o personal de los solicitantes en lugar de en función de su edad.

Tampoco parece que otros indicadores de vulnerabilidad sean especialmente desfavorables para la población joven. La probabilidad de suicidio se incrementa con la edad, siendo a los 40 años más del doble que a los 20 y creciendo hasta representar el triple a los 80. La gravedad de los trastornos mentales, para quien los tiene, también se agudiza con la edad. Los mayores gastan más en sanidad y menos en ocio o en restaurante y hoteles.

El número de hogares con un habitante ha crecido en torno a un 10% en entre 2021 y 2023, los hogares con 5 o 6 moradores también han crecido significativamente, mientras que el número de hogares con 2-4 personas permanece prácticamente estancado. Cada vez, más personas mayores viven solas.

¿Tiene sentido recibir una (otra más) subvención del Estado por el mero hecho de ser joven? Evidentemente no. Ser joven no es ni una virtud ni un defecto, no es un mérito ni un demérito, es simplemente una situación coyuntural de todo ser humano, inevitable, y una bendición. Los jóvenes tienen más opciones de ocio, más capacidad para disfrutar, especialmente de las cosas baratas de la vida, más facilidades para la movilidad y más opciones a su alcance. No es justo descargar el coste de adelantar el lógico (y deseable) proceso de emancipación de algunos sobre el bolsillo de otros, especialmente los más vulnerables. Además, como tantas subvenciones e incentivos fiscales que se están generalizando en nuestra sociedad, ésta podría tener un fuerte componente regresivo. Nadie nos garantiza que no estemos subvencionando una pléyade de pijos que vuelven a casa de sus padres el Domingo a por ropa limpia y el táper de comida para la semana.

Bilbao Ubillos, J. (Coord.) (2025): El impacto de la industria 4.0 en la transformación de las cadenas de valor. Tirant Lo Blanch.

(Por Carlos Ochando Claramunt, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universitat de València)

El profesor de la Universidad del País Vasco Javier Bilbao acaba de publicar un libro valioso para profundizar en el conocimiento de las políticas industriales y tecnológicas en el contexto de la actual revolución tecnológica. Consideramos valiosa la aportación porque, a menudo, el diseño de la política industrial estudiado en los manuales de economía quedó anclado en un contexto económico y tecnológico que no es el actual. Por tanto, es de agradecer esta voluntad de actualizar el conocimiento disponible sobre las políticas industriales. Javier Bilbao y el resto de los autores del libro hacen una investigación empírica y aplicada de enorme valor y de actualización del tema. El objetivo fundamental del libro es identificar e interpretar los cambios intensos en la organización de la producción y el empleo que se derivan de la paulatina digitalización e implantación de la industria 4.0 en el tejido productivo. Las tecnologías TICs tienen una capacidad enorme para generar nuevas aplicaciones, cada vez más complejas y con efectos complementarios entre ellas, lo que genera una necesidad de adaptación tecnológica, no solo como herramienta competitiva, sino como medio para continuar la propia actividad productiva.

La investigación que ha dado lugar al libro combina dos enfoques metodológicos complementarios. En una primera fase, se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica y una amplia reflexión teórica sobre los aspectos relevantes del objeto de investigación y las conexiones entre los fenómenos, con el fin de contextualizar el estudio, identificar lagunas de conocimiento y construir un marco conceptual sólido para el análisis. En una segunda fase, se llevó a cabo un amplio estudio de campo, realizado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, para someter a contrastación los supuestos teóricos formulados en la primera fase. Se siguieron entrevistas cualitativas semiestructuradas con expertos. En el conjunto del trabajo de campo, los autores visitaron 17 empresas de las 45 que formaban parte de la muestra inicial, así como 5 entidades y organizaciones con conocimiento especializado relevante, tales como organizaciones profesionales, de clúster o centros tecnológicos. El texto se enfoca hacia el efecto del cambio tecnológico sobre las estrategias de diversificación productiva, sobre la economía circular y la sostenibilidad, destacando su impacto sobre las estrategias R, y sobre el empleo, tanto en términos cuantitativos como en las condiciones laborales o los perfiles cognitivos de los recursos humanos.

Así mismo, el trabajo indaga sobre las consecuencias en la cadena global de valor, porque las empresas tienden a localizar sus actividades en contextos tecnológicos de alto potencial, en una búsqueda de proximidad tecnológica y comercial.

El trabajo incluye, así mismo, un análisis pormenorizado de los efectos de la Industria 4.0 en un sector determinado como es el del automóvil. Los autores del trabajo eligen este sector por su importancia en el tejido productivo de las economías vasca y española, y por su capacidad de ejemplificar los cambios que afectan a las actividades productivas, lo que permite obtener una visión más completa de las transformaciones registradas en la organización de la cadena de valor. Y también, sin duda, porque el vehículo eléctrico representa un auténtico cambio disruptivo, con efectos muy relevantes sobre el tejido productivo y la sostenibilidad del transporte.

Finalmente, el informe también aborda el papel de las administraciones públicas para alcanzar con éxito las exigencias que plantea la industria 4.0 en el tejido productivo. En este sentido, el libro incorpora una valoración de las políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno por los actores empresariales.

En resumen, y para finalizar esta breve reseña, solo resta decir que el libro representa una contribución muy valiosa sobre el tema de las nuevas políticas industriales y tecnológicas y que su lectura resulta, especialmente, útil para investigadores universitarios y de servicios de estudios, así como para directivos de mediana y gran empresa y decisores públicos. Enhorabuena a su coordinador y a todos los autores del trabajo.

Breve historia de la economía, Andrew Leigh (2025), Antonio Bosch Editor

(Por Ferran Moncho Gonzálbez, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universitat de València)

Como repaso de la historia de la economía desde la prehistoria a la actualidad se ha publicado recientemente el libro Breve historia de la economía, escrito por Andrew Leigh (2025) y cuya primera edición en inglés corresponde al año 2024. Tanto el pasado académico del autor, como su actual papel en la escena política australiana en el partido laborista y como ministro de productividad, competencia, beneficencia y hacienda, pueden haber influido en la motivación de esta obra.

La brevedad y concreción del libro resulta un modo de ofrecer un recorrido sintético por la historia del desarrollo económico general. Esta compleja tarea posee una línea argumental estándar en los manuales de historia mundial, es decir, centrada en el desarrollo económico de los países occidentales y, a la vez, maneja ejemplos de países de Asia, África y América del Sur. De ellos, al ejemplo que más recurre el autor es China, sobre todo, para resaltar la especialización productiva y comercial, así como la infraestructura de transporte en la época antigua y medieval, además de la implantación de la planificación centralizada y posterior introducción de mecanismos de mercado. Tales ejemplos son centrales en los dos primeros capítulos, que van desde la prehistoria, pasando por la historia antigua, hasta la Edad Media.

En términos generales, otra razón que posiciona al libro en la órbita del análisis económico estándar es que se parte de parafrasear la conocida definición de economía de Lionel Robbins, según la cual “puede definirse como una ciencia social que estudia cómo las personas maximizan su bienestar ante la escasez”. En paralelo, se afirma que esta “estudia el comportamiento de las personas como individuos y también cuando actúan en colaboración en hogares y empresas”, suponiendo además que la intervención del estado se produce cuando los mercados fallan, equiparando estos últimos a problemas como la pobreza, el cambio climático o la manera de establecer los precios (p. 4). Desde esta definición, y por cómo define los fallos de mercado, el papel de la política económica resulta secundario o bastante limitado sobre la economía. Sí que introduce las instituciones en el análisis económico, para lo que se utiliza la visión de Elionor Ostrom, afirmando que el objetivo de las políticas públicas es facilitar el desarrollo de las instituciones (p.7), con lo que los casos en los que se debe aplicar política económica resultan confusos o matizables cuanto menos.

La distancia entre Robbins y Ostrom es evidente y Leigh parece complementar ambas visiones, aunque el resultado sigue dejando de lado las políticas económicas como motor de cambios históricos en la economía. Lo que realmente entronca la obra son las innovaciones tecnológicas y los incentivos como adelanta el autor en la introducción.

No obstante, en los capítulos sí que se comentan algunas medidas económicas, aunque con un papel pormenorizado y con cierto grado de superficialidad, debido a la labor de síntesis a la que se aspira en el libro.

Asimismo, en los primeros tres capítulos se describe el desarrollo económico previo a la Revolución Industrial, poniendo el énfasis en la revolución agrícola, la especialización productiva, las primeras experiencias de construcción de infraestructuras de transporte, llegando hasta la era colonial en la que se desarrolló el comercio gracias al transporte marítimo. En este proceso, menciona de pasada los programas de alimentación social de la antigua roma, la construcción del Gran Canal de China y los efectos de las leyes sobre patentes como incentivo a la innovación y defensa de los derechos de propiedad. Como punto de llegada a la Revolución Industrial, se mencionan también los debates sobre la leyes de pobres en Inglaterra y sobre las políticas coloniales.

Seguidamente, en los capítulos cuatro, cinco y seis se aborda el cambio productivo que supuso la Revolución Industrial como concatenación de innovaciones agrícolas, urbanas, comerciales y tecnológicas. Esta dinámica se vio afectada, de acuerdo con el autor, por la Nueva Ley de Pobres (1834) británica para incentivar el trabajo, las políticas hacia el libre comercio, la implantación de las innovaciones tecnológicas y la inversión en infraestructuras de transporte (ferrocarril y navegación) y comunicaciones. A este respecto, se mencionan la abolición de la ley de granos en 1840 y las reformas del Gobierno Meiji en Japón tras 1867. De forma más tardía, se apuntan la Ley Sherman antitrust en Estados Unidos de 1890 como un intento de frenar el poder monopolístico y las reformas sociales impulsadas en la Alemania de Bismarck, en términos de seguros de enfermedad, accidentes, invalidez y para la vejez. Separadamente, Leigh también se ocupa en el capítulo seis de la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos para dar estabilidad al sistema financiero, de la invención e implementación de la cadena de montaje fordista y de las innovaciones en el comercio minorista que permitieron precios más bajos.

Para repasar las contiendas bélicas mundiales y la época de prosperidad occidental de posguerra se erigen los capítulos séptimo, octavo y noveno. En ellos se da cabida a cómo cambió la economía el debate entre J.M. Keynes y F.A. Hayek en términos de política económica frente a los vaivenes del ciclo económico. Por lo que, en paralelo, se comenta que la Gran Depresión se prolongó por el proteccionismo (Ley Smoot-Hawley) y las restricciones a la inmigración. Como colofón se explica que la nueva arquitectura institucional de Bretton Woods (1944), consistente en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que impulsó el libre comercio (GATT), lograron paliar la crisis junto a la ejecución de las políticas keynesianas sobre la demanda. Ello contribuyó a una época de prosperidad en la que se consiguió crecimiento económico y reducir la desigualdad a través de la fiscalidad progresiva y la política educativa, todo ello dentro de los modelos del Estado del Bienestar.

Posteriormente, se emprende la intrincada tarea de sintetizar desde la crisis de los años setenta, que desembocó en la revolución conservadora, pasando por la transición rusa, hasta las distintas crisis del siglo XXI, correspondiendo con los capítulos diez, once, doce y trece. Se suceden comentarios a las políticas de Thatcher y Reagan, cuyo resorte eran la desregulación y la reducción de la intervención estatal, en la que el interés se centró en la política monetaria como “freno y acelerador” de la economía a través de los tipos de interés.

La desigualdad se apunta como problema resultante de estas reformas frente a las que, como sugiere Leigh, se comienza a proponer algunas políticas de incentivación del trabajo y la promoción de la innovación desde el Estado. En este sentido, después de comentar la gestación de la debacle financiera que supuso la Gran Recesión y la posterior crisis de deuda, se presenta la flexibilización cuantitativa como mecanismo político para estabilizar las economías de la zona euro. Como cierre se trata la crisis del covid y la conveniencia de la política fiscal expansiva frente a la austeridad, a la vez, que se apuntan los retos que suponen la inflación y el cambio climático.

A lo largo de este veloz repaso por la historia de la economía, trasluce el argumento que encontramos en el capítulo catorce para terminar el libro. Este argumento deviene hilo conductor de la obra, y es que para el desarrollo económico el papel de la tecnología, la innovación, la especialización y el comercio son centrales. Para desarrollar esta idea, muchas veces se asocia a algunas políticas concretas que han cambiado las instituciones, también basadas en teorías procedentes de autores de la historia del pensamiento económico. Sin embargo, la envergadura del proyecto de unir la historia de la economía desde la prehistoria hasta la actualidad necesita de la simplificación de sucesos, teorías y políticas que dan lugar a afirmaciones un tanto apresuradas. Por ejemplo, una de las más llamativas se produce cuando se llega a afirmar que fue John Stuart Mill quien inventó el concepto de homo economicus como individuo maximizador de utilidad. Pero el homo oeconomicus no solo fue acuñado posteriormente, sino que lo hizo dentro del marginalismo, considerando la utilidad como una variable cuantificable y unidimensional; una idea que Mill (1859:14) ya había desestimado hace tiempo.

Otra muestra de la velocidad expositiva del libro es el recurso al tópico que identifica el pensamiento keynesiano como la única forma de intervencionismo estatal, en particular a través de la política fiscal expansiva, con el objetivo de influir sobre los ciclos económicos. Una maniobra que puede haberse derivado de no considerar el posible protagonismo de otras dimensiones de la política económica en la economía (por ejemplo, las políticas estructurales) y tampoco darle cabida como disciplina capaz de conectar economía e historia.

Para concluir, a pesar de que el papel de la política económica es secundario para Leigh, se comentan algunas pocas intervenciones y teorías económicas. Desde la visión del autor son prioritarias las medidas anticíclicas keynesianas, la política monetaria convencional y no convencional y algunas medidas sobre temas como la innovación y la desigualdad; resultando de actualidad, sobre todo, en los últimos capítulos cuando se cita a autores como Mazzucato o Piketty. Lo cierto es que en la obra se priman las intervenciones coyunturales frente a las estructurales. De estas últimas, solo se consideran de pasada las que impactan sobre innovación e infraestructuras. Tal preferencia es comprensible, dado que el foco de atención se pone en los cambios históricos producidos en la economía, que han hecho posible el desarrollo y el crecimiento económico, y no en cómo la política económica ha producido cambios históricos en la economía. Este orden de prioridades acomoda también la fortaleza del libro, que reside en resumir la historia más reciente, esbozando las crisis del siglo XXI incluyendo la del covid-19 y la crisis inflacionaria. En última instancia, es un buen y sencillo repaso introductorio desde la prehistoria hasta la actualidad. Sería recomendable como lectura complementaria, o como primera aproximación, para los alumnos de historia económica mundial, precisamente porque da una imagen histórica sucinta de la economía con la mención de algunos ejemplos de política económica. Tal vez, aunque no es aspiración de este libro, para que el alumnado reciba una relación más completa y avanzada entre economía, historia y teoría económica, quepa reconsiderar el lugar e historia de la política económica, empezando por construir el relato a partir de la siguiente frase de Arthur Spiethoff (1952:132): “Debido a su posible condición de ser «histórica» y, sin embargo, teoría genuina al mismo tiempo, la teoría económica puede considerarse una teoría «histórica», es decir, una teoría condicionada por el tiempo”.

 versión pdf

Convocatoria de propuestas para co-dirección de International Review of Economic Policy-Revista Internacional de Política Económica (IREP)

En 2019 se lanzó la revista International Review of Economic Policy-Revista Internacional de Política Económica (IREP) (irep.uv.es o https://turia.uv.es/index.php/IREP). Tiene un carácter académico, centrando su interés en la disciplina de la Política Económica, dando difusión a trabajos de investigación inéditos, desde una perspectiva interdisciplinar. Los trabajos publicados aparecen en español o en inglés y se edita cada seis meses (en junio y en diciembre). Su base editorial se encuentra en la Universidad de Valencia (España), pero cuenta con el apoyo de la casi totalidad de los investigadores y docentes interesados en Política Económica en España, al tiempo que también de un cierto número relevante de profesores extranjeros. Los trabajos publicados han resultado de alta calidad.

Desde se creación IREP ha tenido una idea de superación constante. Se ha mejorado su formato, se incluyó en la base de referencia bibliográfica Latindex, se ha modificado su consejo científico y su equipo editorial. La calidad de la revista es digna de reseñar, sin embargo, nos encontramos con grandes retos en el futuro que se deben acometer. Por un lado, es claro que IREP debe acabar incluyéndose en bases de datos internacionales de referencia (SSCI-JCR y Scopus), pero, por otro lado, no debe olvidarse que las nuevas tendencias apuntan al apoyo institucional-académico a las revistas que se encuentran en abierto (como IREP).

Estos retos conducen a plantearnos la introducción de nuevas mejoras. En particular, se ha pensado en constituir una dirección colegiada, es decir, que tenga una co-dirección. Con ánimo estimular la transparencia y la participación de los interesados en Política Económica, se oferta en convocatoria abierta la plaza de co-dirección de IREP.

Así pues, se busca la persona candidata a ocupar el mencionado puesto. Para ello sería necesario presentar un breve curriculum de la persona interesada (no superar un folio). En este debería destacarse, además de la situación académica, sus aportaciones académicas sintetizadas, la experiencia en gestión de revistas, así como los datos que la persona crea más relevantes al respecto. La información se enviaría a la dirección de correo electrónico del director de la revista: tono.sanchez@uv.es

Fecha límite: 1 de diciembre de 2025

III Ciclo de Seminarios sobre Política Económica Curso 2025/2026 (resultados Primer Seminario)

Organiza: Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

Colabora: IAES (Universidad de Alcalá)

Coordina: Salvador Pérez Moreno (Universidad de Málaga)

“La realidad está forjando una nueva Europa” Eduardo Cuenca García (Universidad de Granada)

El pasado 29 de octubre de 2025 tuvo lugar el primer seminario del III Ciclo de Seminarios sobre Política Económica organizado por REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, bajo el título ”La realidad está forjando una nueva Europa» impartido por el profesor Eduardo Cuenca García de la Universidad de Granada y moderado por la profesora Margarita Navarro Pabsdorf, también de la Universidad de Granada, y la colaboración técnica del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá.

El profesor Cuenca inició su exposición con un análisis de los fundamentos y los logros del proyecto europeo, el cual, tras 75 años, mantiene su vigencia. No obstante, subrayó que, a pesar de sus notables éxitos, la Unión Europea se enfrenta a desafíos críticos que delinean su futuro. Estos retos incluyen: las secuelas de las crisis económicas, que han erosionado la confianza ciudadana; la reconfiguración del poder global con menor influencia europea; la pérdida de liderazgo tecnológico e innovador; la necesidad de reformas estructurales ante una futura expansión del bloque; una cierta parálisis gubernamental por exceso de regulación; la urgencia de un liderazgo político legitimador; la compleja gestión de los flujos migratorios; y el fortalecimiento de la seguridad y la defensa ante los cambios en la política exterior de Estados Unidos.

El siguiente seminario tendrá lugar el miércoles 4 de febrero de 2026 a las 17:00 horas, bajo el título «La relación trasatlántica ante el cambio de era», y será impartido por el profesor Jordi Bacaria Colom (UAB), con la moderación del profesor Raúl de Arriba Bueno (UV).

Puede accederse a la grabación de este primer seminario del III Ciclo en el siguiente enlace: La realidad está forjando una nueva Europa

La Academia de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro (IAPAS, México) concede el título de Doctor Honoris Causa al profesor Rubén Garrido Yserte

El próximo 23 de octubre tendrá lugar la ceremonia oficial en Puebla (México) en la que se otorgará a Rubén Garrido Yserte el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Academia de Ciencias Politico-Administrativas y Estudios de Futuro (IAPAS, México). Este premio ha sido concedido a personalidades como Carles Ramió, Daniel Innerarity, Donald E. Klingner, Bernardo Kliksberg o Gianfranco Pasquino, así como a referentes como María Concepción Campos Acuña y Zoraima Cuello.

Rubén Garrido Yserte es profesor de Política Económica en el Departamento de Economía y Dirección de Empresas, así como director del Instituto Universitario de Investigación de Análisis Económico y Social, ambas entidades pertenecientes a la Universidad de Alcalá. El profesor Garrido pertenece y es miembro de comités científicos de distintas asociaciones académicas internacionales y, además, es el editor de la Revista «Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research”. Su producción científica es muy numerosa, además de encontrarse en revistas recogidas en bases de datos de alta calidad, al tiempo que muchos artículos se citan de manera extensiva. Su interés científico se centra en política regional, abarcando aspectos de turismo, población, Unión Europea, mundo laboral o educación.

La concesión de este premio constituye un paso importante hacia el estrechamiento en las colaboraciones científicas internacionales, en particular entre España y México.

Seminario de Política Económica: La elaboración de la política económica: entre la teoría y la realidad (resultados)

Organiza: Universidad de la Laguna

El pasado 22 de deptiembre se celebró la conferencia del profesor Antonio Sánchez Andrés (Universidad de Valencia) en la Universidad de La Laguna (2025). En concreto, se abordó la compleja relación entre la teoría de la política económica y su puesta en práctica.

Partiendo de la definición clásica, la adopción de medidas económicas por parte de las autoridades estatales con el fin de alcanzar determinados objetivos, el profesor subrayó que la política económica no es un proceso automático ni puramente técnico, tal y como predice el esquema fines-medios. Por el contrario, se encuentra atravesada por condicionantes que alteran su diseño y ejecución.

En su exposición uno de los puntos centrales es la diferencia entre enfoques racionalistas y empiristas: mientras que la teoría asume una relación clara entre objetivos e instrumentos, en la práctica intervienen factores como la burocracia ejecutora, la presión de grupos sociales o la posibilidad de “captura del Estado”.

El proceso, además, no comienza con el diseño de medidas, sino en la configuración de la agenda pública, donde se decide qué problemas sociales se transforman en objetivos de política económica. En esta fase resultan decisivos la selección, la priorización y la capacidad de los actores políticos para generar consensos.

La aplicación de las políticas implica distintas fases: la especificación de competencias y recursos, la ejecución y el seguimiento. Sin embargo, la acción gubernamental suele estar marcada por limitaciones como la falta de información, la inercia institucional, la escasez de tiempo y la incertidumbre.

Asimismo, frente a la conflictividad inherente a la definición de los problemas y la toma de decisiones de política económica, el profesor Sánchez destacó la importancia de la capacidad de gobierno y del liderazgo político como condicionantes fundamentales de la dinámica de la política económica.

En este sentido, la toma de decisiones es colectiva, heterogénea y frecuentemente cortoplacista, lo que conduce a soluciones subóptimas, ya sea mediante la inacción (pasividad estratégica) o a través de decisiones parciales que buscan reducir conflictividad.

En conclusión, la política económica no puede entenderse únicamente como un ejercicio técnico de fines y medios, sino como un proceso político y social en el que se entrecruzan objetivos divergentes, intereses de poder y limitaciones estructurales.

Jornadas: La Geopolítica de las Renovables en el Nuevo Escenario Global (anuncio)

Organiza: Universidad Nacional de Estudios a Distancia

Los días 24 y 25 de octubre de 2025, la UNED organiza una cita imprescindible para comprender cómo energía, poder y relaciones internacionales se entrelazan en el siglo XXI. Bajo un formato híbrido, presencial y online, este curso de extensión universitaria (0,5 créditos) propone un recorrido por las tensiones emergentes que acompañan la transición hacia las energías limpias.

A lo largo de dos jornadas, especialistas de la UNED, la UNAM, la UAM y expertos internacionales en derechos humanos, economía global y cambio climático analizarán temas clave: desde el papel estratégico de los minerales críticos en América Latina, hasta las políticas energéticas de Estados Unidos, China, la Unión Europea y México. Seis ponencias de 75 minutos, con espacio para el debate, ofrecerán a los participantes una visión clara y actualizada sobre los desafíos y oportunidades que plantea este nuevo escenario.

La inscripción es gratuita, con plazas limitadas para la modalidad presencial.

Quienes deseen obtener créditos podrán presentar un breve resumen reflexivo antes del 30 de noviembre. El público objetivo de este evento reside en quienes quieren comprender cómo la geopolítica condiciona y potencia el despliegue de las renovables.

Estas jornadas contribuyen a la difusión de la docencia y la investigación del Equipo de Política Económica de la UNED sobre geopolítica de las renovables. Si desean profundizar en el tema, disponen de los siguientes recursos:

• Libro «España y la Geopolítica de las Renovables«, editado por el Colegio Libre de Eméritos con el patrocinio de Endesa
• Certificado de Formación del Profesorado «Geopolítica de las Renovables» (plazo de matrícula abierto)

A continuación, presentamos el programa de las jornadas.

• viernes, 24 de octubre
  • 17:15-17:30 h. Presentación de las Jornadas
    • Vicente Pérez Fernández 
    • Juan Diego Paredes Gázquez 
  • 17:30-18:45 h. Megaproyectos gubernamentales y geopolítica de las renovables en México
    • Israel Solorio Sandoval 
  • 18:45-20:00 h. Minerales críticos para la transición energética: perspectivas desde Latinoamérica
    • Beatriz Oliveira 
  • 20:00-21:15 h. Las renovables en América Latina y su relación con España (online)
    • Enrique San Martín González 
• sábado, 25 de octubre
  • 17:30-18:45 h. Renovables y rivalidad geopolítica
    • Gonzalo Escribano Francés 
  • 18:45-20:00 h. El reto de una transición energética justa: perspectivas desde el Tercer Sector y los Derechos Humanos
    • Alexia Cerezo 
  • 20:00-21:15 h. La sostenibilidad en la geopolítica de las renovables
    • Juan Diego Paredes Gázquez 

Manuales de Política Económica: “Políticas económicas coyunturales: objetivos e instrumentos” (2025)(3ª edición)

Contando con Carlos Ochando como coordinador, ve la luz la tercera edición del manual de políticas económicas coyunturales, editatdo por Tirant LoBlanch Valencia.

El manual objeto de esta reseña es fruto de la actualización del anterior publicado, con el mismo título y en la misma editorial, en 2021. Se trata de la tercela edición del manual, cuya primera edición data de 2015. El manual, coordinado por el profesor de Política Económica de la Universidad de Valencia Carlos Ochando, siempre ha tenido por objeto el análisis de los principales objetivos e instrumentos de las llamadas políticas coyunturales o instrumentales. Es decir, aquellas políticas de naturaleza macroeconómica que tratan de estabilizar los ciclos económicos y los shocks externos y que fijan sus objetivos en el corto y medio plazo. A continuación describimos, brevemente, su contenido.

El primer capítulo, realizado por la profesora Maja Barac de la Universidad de Valencia, aborda la relación entre la política económica y los ciclos económicos. La existencia de ciclos económicos es la principal justificación de la intervención del Estado con las políticas de estabilización. La autora no se limita a estudiar las principales corrientes económicas convencionales, sino que se adentra en la explicación que aportan las teorías económicas más heterodoxas sobre el tema abordado. El capítulo finaliza con una reflexión sobre los retos a los que se enfrenta la política económica en la actualidad.

El capítulo 2 está dedicado al objetivo de estabilidad de precios y está elaborado por el profesor Jorge Uxó (Universidad Complutense de Madrid). El autor analiza la manera que tenemos de medir el crecimiento de los precios, sus causas y los efectos negativos sobre la economía. Incide, especialmente, en los aspectos distributivos de la inflación (tanto en sus causas como en sus consecuencias).

El capítulo 3 sigue estando dedicado al análisis de los objetivos de política económica. En este caso, al objetivo del empleo. Los autores, Josep Banyuls y Josep Vicent Pitxer (ambos de la Universidad de Valencia), afrontan este reto desde un enfoque estructural e institucional, alejándose del simplismo e irrealismo que ha demostrado el enfoque Neoclásico. Los autores destacan las aternativas de política de empleo -y de política económica en general- que nos pueden permitir alcanzar el objetivo de creación de empleo, tanto en su dimensión cuantitativa como cualitativa.

A partir del capítulo 4 nos adentramos en el estudio de los instrumentos, medios y/o políticas que nos permiten alcanzar los objetivos propuestos por los gobiernos. La primera política analizada en el manual es la política de rentas. El autor es el propio coordinador del manual. El reciente proceso inflacionista vivido en las economías de medio mundo ha vuelto a poner en la agenda política y social la necesidad de adoptar una política de rentas que compatibilice la estabilidad de los precios con una distribución más justa de los costes regresivos que acarrea la inflación.

El capítulo 5 está dedicado a la política fiscal. La autoría del mismo corresponde a Luis Cárdenas del Rey y Paloma Villanueva, ambos profesores de la Universidad Complutense de Madrid. Se analiza en el mismo la orientación y efectos de la política fiscal a partir de un modelo macroeconómico sencillo. Los autores centran el debate en los indicadores de la política fiscal, la importancia del valor del multiplicador fiscal y en la dinámica de la deuda pública. Al final del capítulo analizan los límites en la eficacia de la política fiscal.

El capítulo 6, realizado por el profesor de la Universidad de Valencia Juan Francisco Albert, afronta el desafío de analizar una política compleja desde el punto de vista técnico como es la política monetaria. Como es sabido, la política monetaria no es competencia de los gobiernos, sino de los Bancos Centrales. En el capítulo se analiza el proceso de creación monetaria, los instrumentos y objetivos de la misma, los mecanismos y canales de transmisión al sector real de la economía. También, el autor reconstruye la intervención del BCE desde la Gran Recesión del 2008 hasta la actualidad. Tras hacer una referencia a la política financiera macroprudencial, el capítulo finaliza con una reflexión sobre los límites y desafíos de la política monetaria.

Finalmente, el capítulo 7 está dedicado a los desequilibrios exteriores de la economía y a las políticas que permiten su corrección. En una economía ampliamente globalizada y con una fuerte interconexión entre diferentes países, las restricciones y crisis externas adquieren una importancia creciente en la agenda de la política económica. Su autor es el profesor de la Universiad CEU San Pablo de Madrid Jesús Paúl.

Para finalizar esta breve reseña, solo resta decir que el manual está dirigido, esencialmente, a los estudiantes del Grado de Economía, aunque también puede ser utilizado por el alumnado de otras titulaciones e, incluso, por personas expertas y especializadas en la materia. También decir, por último, que el libro -dada su claridad expositiva y esfuerzo de síntesis realizado por sus autores- puede llegar a un público más general y servir de fuente de información y divulgación de ideas para el conjunto de la ciudadanía interesada por estos temas. 

Revista Finanzas y Política Económica

La Revista Finanzas y Política Económica (ISSN: 2248-6046, E-ISSN: 2011-7663), de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Colombia, a partir de la publicación de su primer número en 2007 hasta hoy, ha generado un espacio científico en el que los temas relacionados con las políticas económicas, las finanzas y demás tópicos referentes a las ciencias económicas en el contexto colombiano, iberoamericano y mundial pueden ser analizados y discutidos por académicos e investigadores, nacionales e internacionales, del más alto nivel. Tiene una categoría de Q4 en Scopus.

Contenidos de los números recientes:

Vol.16, nº.2, julio-agosto, 2024 (https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/issue/view/222)

Editorial:

• Breve reseña del impacto de la Revista Finanzas y Política Económica a diecisiete años de su creación (Tejedor Estupiñán Joan Miguel)

Artículos de investigación:

• La integración del mercado bursátil latinoamericano: Una revisión sistemática de la literatura (Cardona Montoya Juan Camilo)
• Los líderes importan: la integración regional en Asia Central (Kazhenova Aigul)
• Equidad de género al rescate: examen de la relación entre la diversidad de género y las dificultades financieras en entornos corporativos (Siagian Valentine )
• Evolución de la estructura de la economía colombiana a partir de la teoría de redes y detección de comunidades para el periodo 2005-2021 (Alonso Cifuentes Julio César y Ocampo Arango María Paula)
• Efectos de las noticias digitales en el GAP de expectativas de inflación: primeras evidencias para una economía emergente ( Anzoategui Zapata Juan Camilo y Galvis Ciro Juan Camilo)
• Factores bancarios específicos que influyen en la rentabilidad de los bancos comerciales que cotizan en bolsa en Vietnam (Dao Thi Huong y Nguyen Theanh)
• Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico en los países de la Alianza del Pacífico (Quiguanas Chila Blademir y Rojas Velasquez Libardo)
• Efectos Financieros del Covid 19 en los beneficios bursátiles de las Emisoras Integrantes del Índice Dow Jones (Saavedra García Maria Luisa y Valdés Medina Filiberto Enrique)

Vol.17, febrero, 2025 (https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/issue/view/222)

Editorial:

• Impacto de la inteligencia artificial en la producción, la productividad y el aumento de la desigualdad en América Latina (Tejedor-Estupiñán Joan Miguel)

Artículos de investigación:

• Consolidación del valor corporativo como estrategia para viabilizar microempresas sector servicios en Bogotá (Cabrera Jiménez Manuel Fernando, Peña Rios Yessica)
• Transmisión entre los precios de los ADR y de las acciones colombianas que cotizan en bolsa: un análisis VAR-X y VEC-X (Vélez Molano José Rodrigo, Barbosa Camargo María Inés, Andrade Molero Andrea Paola , Ávila Calderón Michael Steven)
• Consumo de seguros en las pequeñas empresas españolas: el papel de la alfabetización financiera de la persona empresaria ( Álvarez-Espiño Marcos, Fernández-López Sara, Rey-Ares Lucía)
• Efecto de los impuestos corporativos en los flujos de inversión extranjera directa de Ecuador (Llerena Guevara Rosa Mayra, Yela Burgos Roger Tomás, Zambrano Sabando Nayeli Monserrate y Chang Coello Karelys Aracely)
• Ingresos distintos a intereses y el riesgo de crédito: el caso de la banca colombiana (Galvis Ciro Juan Camilo, Oliveira de Moraes Claudio y Pereira-Antunes José Américo)
• El impacto del contenido audiovisual en el volumen de transacciones y el precio del Bitcoin (Campos Jaque Zócimo, Yanine Fernando y Catalan Sebastian)
• Inclusión financiera y brecha de género: un análisis para América Latina y el Caribe en el periodo 2011-2021 (Mier Goyes Harleth Fabricio, Ruales Suárez Katherin Julieth)
• El manejo administrativo y fiscal del sistema telegráfico en el Estado de Santander, 1865-1910 (Pita Pico Roger)
• El emprendimiento y la innovación social desde una perspectiva asociativa: revisión bibliométrica (Fonseca Cifuentes Gina Paola y Ruiz Torres Juan Carlos)

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

Desde la Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) se apuesta por la divulgación. Periódicamente, REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés tanto para la Política Económica como para su difusión a través de la Red. Son tres los textos recientes que abordan la actualidad, a saber: los impactos económicos y los cambios geopolíticos en Europa, los límites de la asociación entre China y Rusia y la crisis de identidad de la profesión de los economistas que basculan entre ‘arquitectos de políticas’ o ‘auditores de programas’.

Publicado por Bruegel, el informe “Los cambios geopolíticos y sus impactos económicos en Europa: riesgos a corto plazo, escenarios a medio plazo y opciones de política” corre a cargo de André Sapir, Jacob Funk Kirkegaard y Jeromin Zettelmeyer. Según estos autores, Europa se enfrenta al deterioro del orden de posguerra consistente con la aparición de riesgos agudos (colapso financiero en EE. UU., crisis fiscal en la eurozona, choques comerciales), lo que perfila la necesidad de reforzar la autonomía estratégica para aumentar la resiliencia ante ellos. Las políticas nacionales se postulan con un mayor énfasis en la autonomía en defensa, ante la necesidad de creación de un mercado único europeo de equipos, fomentando la tecnología (chips de última generación) y, a su vez, impulsando las finanzas (euro digital, Unión de Ahorro e Inversión). Además, esta nueva agenda pasa, siguiendo el informe, por construir sistemas energéticos integrados y basados en recursos domésticos, garantizar el acceso seguro a minerales críticos e implementar una reforma fiscal que favorezca la inversión y dé más espacio fiscal a los países miembros.

En clave internacional, se recomienda que la UE debe ampliar los acuerdos con el Sur Global y promover coaliciones (sin centrarse inicialmente en EE. UU. o China) para reinventar el multilateralismo, comenzando por la defensa y la reforma del comercio y el clima, como por ejemplo a través de precios del carbono por niveles.

En referencia a otro texto reciente, cuya autoría corresponde a Ruby Osman y Dan Sleat, se subrayan los límites de la asociación sino-rusa, marcada por la creciente dependencia económica de Moscú respecto a Pekín. Aunque China es ya el principal socio comercial de Rusia, esta asimetría no se traduce en control político, como demuestra la guerra en Ucrania. Persisten problemas estructurales: desconfianza histórica, disputas territoriales, tensiones en energía y competencia en el Ártico. La propuesta implícita del texto es que las políticas económicas de Rusia deben diversificar alianzas y reducir vulnerabilidades, mientras que China busca preservar ventajas sin asumir costes políticos excesivos.

Por último, Ricardo Hausman vuelve a poner en tela de juico el debate sobre la profesión de los economistas entre la función social y la tecnocrática. En concreto, argumenta que la disciplina de la Economía ha abandonado la creatividad del “arquitecto”, que diseña soluciones innovadoras, en favor de un enfoque conservador de auditoría, que solo se basa en una lectura errónea del teorema fundamental de la economía del bienestar. Esta deriva supone carencias para afrontar problemas como la desigualdad o el reto climático. Así pues, se concluye que ambos roles son necesarios.

Evaluación de políticas económicas

¿Funcionaron realmente las ayudas post COVID? Una aproximación práctica de la metodología de evaluación de resultados por una institución de control externo

(por Joaquin Izquierdo Peris, técnico de auditoría de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana)

1. Introducción

Tras el estallido de la pandemia del COVID-19, la sociedad afrontaba un panorama sombrío, marcado por el confinamiento y restricciones a la movilidad. Las medidas para luchar contra el coronavirus afectaron profundamente a la actividad económica, especialmente en sectores de alta presencialidad como el comercio minorista, la hostelería, el transporte…. La preocupación era evidente: ¿podrían sobrevivir los negocios de autónomos y PYMES hasta que volviera la normalidad o estaban avocados al cierre definitivo?

Las administraciones públicas desplegaron un amplio abanico de instrumentos de apoyo económico. Entre otros, en marzo de 2021, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 5/2021 (en adelante, RDL 5/2021), que contenía medidas extraordinarias para apoyar la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de COVID-19. La finalidad perseguida era apoyar a las empresas viables y prevenir problemas de solvencia que pudieran afectar a la recuperación económica y la creación de empleo.

El RDL 5/2021 creó una línea de ayudas directas para autónomos y empresas con el objetivo de reducir el endeudamiento que se generó a partir de marzo de 2020 debido a la pandemia. Esta línea contó con una dotación total de 7.000 millones de euros, de los cuales 647 millones de euros fueron asignados a la Comunitat Valenciana, que se concretaron en el denominado Plan Resistir Plus (en adelante, PRP), regulado en el Decreto-ley 7/2021. Las ayudas pretendían mitigar los efectos de la caída de ingresos y preservar la solvencia, evitando el cierre de negocios viables.

2. Por qué se llevó a cabo esta fiscalización

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (en adelante, SCCV) acordó incluir en el Programa Anual de Actuación de 2022 el inicio de actuaciones fiscalizadoras sobre las ayudas del PRP. Es preciso recordar que, en el curso de sus actuaciones, todas las administraciones deben velar por el cumplimiento de un principio recogido en la Ley 40/2015: las administraciones deben planificar y dirigir por objetivos, y con posterioridad, controlar la gestión y evaluar los resultados de las políticas públicas llevada a cabo.

En el caso del PRP, la consejería que gestionó las ayudas en la Comunitat Valenciana elaboró un informe de evaluación anual, pero fundamentado principalmente en indicadores presupuestarios y relacionados con la actividad administrativa (número de solicitudes, número de beneficiarios y grado de ejecución presupuestaria), sin abordar aspectos de eficacia o impacto de las actuaciones. La ausencia de indicadores de realización o de producto y de indicadores de resultados inhabilita conocer el grado de consecución de los objetivos desde la perspectiva de la finalidad perseguida al conceder las ayudas.

Ante esta evidente debilidad en la evaluación realizada por el órgano concedente (incumpliendo el artículo 3 de la citada Ley 40/2015), la SCCV llevó a cabo una auditoría operativa, aplicando la metodología descrita en la Guía Práctica de Fiscalización de los Órganos de Control Externo (GPF-OCEX) 3000, pero con una perspectiva evaluadora (INTOSAI 2019).

3. Metodología de fiscalización

La SCCV ejecutó procedimientos de auditoría con un enfoque evaluador (Garde, Genero y López 2023) para dar respuesta a una de las preguntas clave de la fiscalización: ¿el PRP funcionó y consiguió el objetivo de mantener la actividad?

El informe de la Sindicatura es un ejemplo de cómo las auditorías operativas pueden ir más allá de los alcances tradicionales de la auditoría pública (comprobar la contabilización y el cumplimiento normativo en la concesión de una subvención). Estos trabajos pueden ayudar a saber si las políticas públicas funcionan o no, en definitiva, evaluar los resultados alcanzados.

Mediante la evaluación de resultados, que es un análisis ex post, se trata de determinar la capacidad que tienen las “ideas potencialmente buenas” para solucionar los problemas sociales (Ivàlua,2009). El objetivo de la evaluación es establecer si puede atribuirse o no (y en qué medida) la causa del cambio en el problema a la intervención pública: no se desea saber si un problema mejora o empeora, sino si el programa o la actuación pública ha tenido algo que ver.

En el caso de las subvenciones, la evaluación debe permitir analizar el efecto incentivador directo en el beneficiario de la ayuda (es decir, si la ayuda ha inducido al beneficiario a adoptar una línea de conducta diferente y la importancia del impacto de la ayuda). Las carencias en el diseño del plan de control de las ayudas del PRP, obligó a la SCCV a plantear previamente la lógica de intervención subyacente: identificó las necesidades y problemas que el PRP proponía abordar, describió los cambios pretendidos y definió un sistema de indicadores adecuado, distintos de los presupuestarios, que no midieran la actividad administrativa, sino el resultado conseguido.

Para salvar las debilidades en la medición de los resultados por parte de la administración concedente de las ayudas, la SCCV puso en práctica una aproximación al método de diferencia en diferencias, un método cuasi-experimental propio de la evaluación de políticas públicas. La prueba de auditoría fundamental consistió en el análisis comparativo de las variaciones (entre dos momentos en el tiempo) de ciertas variables relacionadas con la actividad económica, distinguiendo entre la realidad del grupo de tratamiento (solicitantes que recibieron la subvención) y la realidad del grupo de control (solicitantes que no la recibieron).

Por ejemplo, en término de empleo, el resultado alcanzado sería la diferencia en la variación del outcome (=trabajadores en alta) antes de recibir la ayuda (el 31 de diciembre de 2021) y después de recibirla (el 31 de diciembre de 2022) para los beneficiarios y para el grupo de comparación (=no beneficiarios):

                                                                  RESULTADO = Y1 – Y0, siendo

Y1 = Variación porcentual del número de afiliados en los beneficiarios de las ayudas, entre el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022

Y0 = Variación porcentual del número de afiliados en el grupo de comparación (no beneficiario de las ayudas), entre el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022

4. Principales observaciones

Los hallazgos numéricos fueron relevantes y también reveladores debido a la omisión evaluadora de la administración. Los autónomos y empresas beneficiarias tuvieron un mejor desempeño, al cabo de un año después del cobro de la ayuda, que el observado entre los no beneficiarios:

• Respecto al volumen de operaciones, por término medio, un beneficiario de la ayuda incrementó su cifra de negocios en un 46,8%, después de un año de haber recibido la subvención, frente únicamente el aumento del 26,3% de las ventas del solicitante que no la recibió.
• Respecto al mantenimiento del empleo, la afiliación de los beneficiarios aumentó, de media, en un 4,2% después de un año, mientras la de los no beneficiarios se contrajo un 4,6%.
• Respecto a la viabilidad de los negocios, la incidencia concursal entre los beneficiarios fue aproximadamente la mitad que entre los no beneficiarios.
• Y respecto al pago de las deudas, a los 18 meses de recibir la ayuda, el 89,8% de los beneficiarios estaban al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y el 95,4% respecto de las obligaciones con la Seguridad Social, porcentajes superiores al de los solicitantes que no recibieron la ayuda (78,7% y 87,7% respectivamente).

Pero, el enfoque aplicado por la SCCV ¿permite observar únicamente correlaciones o constituye sensu stricto una evaluación de impacto con capacidad de establecer la causalidad? El propio informe enfatiza la respuesta a esta cuestión pues sitúa los hallazgos de auditoría en el ámbito de los indicios de eficacia más que en una prueba de impacto.

5. Limitaciones metodológicas y críticas de un evaluador

Los resultados recogidos en el informe de la SCCV deben interpretarse como indicios razonables de eficacia, pero no como pruebas concluyentes, pues cualquier evaluador incidiría en que existen determinados aspectos que la evaluación de resultados debe contemplar, aspectos que no han sido totalmente resueltos por la SCCV.

a) Definición clara de los grupos de tratamiento y control: robustez del contrafactual

El grupo de tratamiento (solicitantes que recibieron la subvención) y el grupo de control (solicitantes que no la recibieron) deberían ser comparables: idealmente, ambos grupos deberían ser similares en características observables antes del tratamiento (por ejemplo, actividad económica, tamaño del negocio, mercado, etc.). En el caso del PRP, la SCCV no definió una muestra, sino que analizó la totalidad de la población que recibió la subvención y toda la población que la solicitó, pero no la recibió.

b) Momento de la evaluación

La evaluación debe considerar un horizonte temporal adecuado para observar los efectos de las ayudas, evitando conclusiones prematuras. En el caso del PRP, la SCCV observó la realidad en el momento de la concesión (diciembre de 2021) y la realidad un año después (diciembre de 2022). Si la SCCV hubiera optado por evaluar los efectos en ejercicios posteriores, el consiguiente retraso en la emisión del informe hubiera restado pertinencia a sus conclusiones.

c) Calidad de los datos:

Evaluar requiere disponer de datos fiables, suficientes y detallados tanto para el grupo tratado como para el de control, antes y después de la intervención. La SCCV tuvo que recurrir a otras administraciones para la obtención de estos datos (AEAT, Seguridad Social y Registro Público Concursal), y limitó el procedimiento de auditoría sobre las personas físicas/jurídicas sobre las que se disponían datos en ambos momentos del análisis (2021 y 2022).

d) No existencia de shocks diferenciados:

Para alcanzar conclusiones sobre causalidad, no deben ocurrir otros eventos que afecten de forma diferencial a los grupos en el mismo periodo en que se implementa el programa. En el caso del PRP, sí ocurrieron otros eventos que pudieran haber afectado de forma diferencial a los grupos en el mismo periodo en que se implementa el programa (recuperación global de 2022, otras políticas públicas (ERTES), crisis energética, conflictos bélicos…).

e) Supuesto subyacente de tendencia paralela

Para evaluar correctamente, se debe cumplir que, en ausencia de tratamiento, la evolución del resultado habría sido la misma en ambos grupos. Para ello hubiera sido necesario observar las tendencias previas al tratamiento. Si ambas series evolucionan de forma similar antes de la subvención, es más plausible que el supuesto se cumpla. La SCCV no pudo verificar esta tendencia por limitación del acceso de datos (en particular de la AEAT).

Respecto de este último punto, mención especial cabe realizar a las dificultades para el tratamiento de datos de los datos tributarios, que, por su carácter reservado, no pueden, con carácter general, ser cedidos o comunicados a terceros. La Ley General Tributaria posibilita, entre otras excepciones, la cesión que tenga por objeto la colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el ejercicio de sus funciones de control de la gestión económico-financiera y el control de subvenciones y ayudas públicas. Una reflexión personal: ¿Por qué el legislador sí que facilita la cesión de datos al órgano de control interno (la IGAE) pero no al órgano de control externo (el Tribunal de Cuentas sólo tiene acceso a datos para la fiscalización de la propia AEAT)?

6. Principales retos para el impulsar la evaluación de políticas públicas en el seno de una institución de control externo

El análisis de evaluaciones o de auditorías operativas con enfoque evaluador realizado por las instituciones de control externo (ICEX), tanto a nivel nacional como internacional, muestra un heterogéneo panorama en el que el nivel de implicación y compromiso de la institución es muy diverso, como lo es también el enfoque adoptado y el grado de utilización de metodologías propias de las ciencias sociales junto con las características de la auditoría operativa o de gestión (Genaro Moya, D. y López Hernández, A., 2019).

La evaluación es una labor científica llevada a cabo utilizando las técnicas aprendidas en diferentes disciplinas de las ciencias sociales, no solo de la economía, sino también de la sociología, las ciencias políticas y de la administración, la estadística e incluso la psicología, por citar algunas de ellas (Medina Guijarro, J., & Álvarez Tólcheff, E.,2009).

Por tanto, para que la auditoría operativa con enfoque evaluador pueda tener más recorrido entre las funciones de las ICEX, y conseguir así vencer las limitaciones metodológicas anteriormente citadas, deberán superar dos retos:

• En primer lugar, establecer un compromiso claro y firme por la parte de los órganos de dirección de estas instituciones, que se plasme en sus planes estratégicos, y que se materialice en los planes de actuación, incrementado el número de trabajos de esta naturaleza y que estén sujetos a los mismos enfoques metodológicos.
• En segundo lugar, es preciso incorporar personal con formación y experiencia previa en materias distintas a las áreas tradicionales de contabilidad y legalidad. Es recomendable tener un conocimiento profundo de los métodos y herramientas de evaluación para asegurar resultados de calidad, así como la capacidad de recopilar, analizar e interpretar datos masivos de manera rigurosa, y entender las técnicas de planificación y gestión de proyectos.

7. Conclusión

El informe sobre el PRP de la SCCV muestra cómo una auditoría operativa puede suplir las deficiencias evaluativas de la administración concedente de una ayuda. Los resultados recogidos en este informe son consistentes con la hipótesis de que las ayudas contribuyeron al mantenimiento de la actividad de los beneficiarios, si bien no permiten establecer una causalidad estricta.

Sin embargo, el valor de esta fiscalización es evidente: desde la perspectiva del contribuyente, ofrece evidencia empírica de que los fondos públicos probablemente ayudaron a sostener empresas y empleo en un contexto crítico. Desde la perspectiva institucional, marca un camino a seguir: integra la metodología de evaluación en la gestión de subvenciones, de modo que la eficacia se mide de forma estructurada y fundamentada.

Política Económica y Género

Los efectos de las responsabilidades de cuidados sobre la brecha laboral de género y la necesaria implementación de políticas correctoras [*]

(por Joan Alujas Ruiz, Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada, Universitat de Barcelona)

[*] Este trabajo se enmarca en el proyecto de I+D+i «Hacia una sociedad cuidadora. La oportunidad para una regulación inclusiva de los cuidados de larga duración con perspectiva de género en el marco de la Estrategia España 2050 (CUIDAR-ES)» (Proyecto PID2023-148490NB-I00 financiado por MICIU-AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE).

1. Introducción

La falta de valoración del trabajo no remunerado y la sobrecarga de trabajo de cuidados en los hogares, que tradicionalmente desarrollan las mujeres, son el origen de muchas situaciones de desigualdad en el mercado de trabajo y que acabarán teniendo un impacto sobre el conjunto de la economía.

Los principales efectos de la desigualdad de género en el ejercicio de la conciliación en términos económicos son (ClosinGap, 2019): natalidad y equilibrio demográfico; potencial de crecimiento económico; empleo, nivel de ingresos y pensiones por jubilación; ingresos tributarios y consumo privado; desaprovechamiento del talento; pérdidas de eficiencia y productividad; satisfacción laboral y personal; y disponibilidad de tiempo libre.

Al margen del desequilibrio en la responsabilidad sobre los cuidados[1], la organización del tiempo de trabajo sigue siendo un obstáculo determinante para la conciliación efectiva de las mujeres. Unas condiciones laborales poco flexibles (jornada partida, falta de flexibilidad horaria o descoordinación entre horarios escolares y laborales) penalizan especialmente a las mujeres. Por consiguiente, éstas continúan en su mayoría abandonando, interrumpiendo o reduciendo su jornada laboral para hacerse cargo de las responsabilidades de cuidados, tanto de menores como de personas dependientes.

Los cuidados incluyen actividades directas como apoyo y asistencia para poder realizar actividades de la vida diaria (bañarse, comer…), así como actividades indirectas, también esenciales para el cuidado personal, como mantener la limpieza del hogar, cocinar, realizar tareas administrativas o socializar.

Disponer de tiempo suficiente para atender de forma satisfactoria las distintas necesidades y responsabilidades cotidianas permite a las personas desarrollar su proyecto de vida de forma más plena, incrementa la satisfacción laboral y reduce la rotación y el absentismo, generando beneficios también para las organizaciones y la sociedad en su conjunto (ClosinGap, 2019).

En este trabajo se analizan los efectos que las responsabilidades de cuidados tienen sobre la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y que se traducen en una mayor tasa de inactividad, una más elevada frecuencia en el abandono del empleo y una mayor proporción de empleo a jornada parcial, comportando en consecuencia unos menores salarios. Por tanto, en este contexto es necesario plantear asimismo políticas que contribuyan decididamente a reducir la brecha laboral de género.

2. Efectos de las responsabilidades de cuidado en el mercado laboral de las mujeres

La atención a las personas dependientes, aunque ciertamente no pueda explicar en toda su exten­sión la discriminación que sufren las mujeres en el mercado de trabajo, es el factor que con más relevancia afecta no solo a su inserción sino a su mantenimiento en el mercado de trabajo en térmi­nos de igualdad (Nieto, 2023).

El hecho de que las mujeres sigan asumiendo la mayor parte de las responsabilidades del cuidado provoca que sus restricciones a la hora de participar en el mercado sean mayores lo que, unido a su posición tradicional en empleos peor pagados, reproducen unos modelos de toma de decisiones dentro del hogar que también suponen una fuente de discriminación añadida en este espacio (Vicent et al., 2023).

Por tanto, el desigual reparto del tiempo y responsabilidades de cuidados dificulta las carreras laborales de las mujeres debido a una mayor inactividad, al abandono del empleo y a una mayor ocupación a jornada parcial. En consecuencia, el trabajo a tiempo parcial no puede ser una solución para la madre trabajadora, ya que caería receptivamente a formas de discriminación indirecta que aumentarán cada vez más la brecha salarial (De Chiara, 2025).

La promoción y trayectoria laboral de las mujeres se ve influida por la menor duración de su vida laboral, con mayores interrupciones y un menor “presentismo”, a causa de su mayor protagonismo en los cuidados familiares. La prolongación en el tiempo de los períodos de inactividad no solo tiene una implicación económica directa provocada por la falta de rentas del trabajo, sino que, podrá tener repercusiones en la reinserción en el mercado laboral debido a la llamada obsolescencia de las competencias adquiridas (Baquero et al., 2019).

La menor participación de las mujeres en el mercado de trabajo se acaba reflejando posteriormente en una brecha de género en las pensiones. Por ejemplo, en la jubilación a fecha 1 de julio de 2025, la cuantía del importe medio mensual de las pensiones de las mujeres en el régimen general era de 1.357 €/ mes, y de 1.879 €/mes la de los hombres, lo que implica una brecha del 38,5%.

2.1. Inactividad

Los datos de la Encuesta de Población Activa para el año 2024 muestran que 3,4 millones de personas tienen como causa principal de inactividad “labores del hogar”, incluyendo dentro de las mismas a las actividades de cuidado que garantizan la sostenibilidad de la vida. De ellas el 87,1% son mujeres (casi 3 millones). Entre 2016 y 2024 dicha proporción ha disminuido ligeramente desde el 90% alcanzado en el primer año de la serie analizada. En cambio, en el total de personas inactivas el peso de las mujeres es mucho menor, situándose alrededor del 57% en los últimos años.

El porcentaje de mujeres inactivas por dedicación a labores del hogar respecto al total de personas inactivas se sitúa en 2024 en un 30,1%, mientras que en los hombres apenas alcanza el 6%. El porcentaje de mujeres se reduce claramente durante el período analizado (gráfico 1). Aun cuando el número de mujeres inactivas por labores del hogar ha decrecido entre 2016 y 2024, sigue siendo el principal motivo por el cual las mujeres se encuentran fuera de la actividad laboral regulada, lo que sigue evidenciando un reparto desigual de las responsabilidades familiares.    

En cuanto al motivo de no buscar empleo, se observa que en 2024 casi 700.000 mujeres no buscaron empleo por cuidar a menores, personas enfermas, incapacitadas o mayores (un 91% del total) mientras que esa cifra es de alrededor de 67.000 para los hombres. Entre 2016 y 2024 dicha proporción ha disminuido algo más de tres puntos porcentuales. En cambio, en el total de personas inactivas el peso de las mujeres se sitúa alrededor del 57%.

El porcentaje de mujeres inactivas que no buscan empleo por motivo de cuidados se sitúa en 2024 en un 6,8%, mientras que en los hombres no llega ni al 1%. El porcentaje de mujeres aumenta claramente durante el período analizado (gráfico 2). Estos datos muestran, por tanto, la brecha de género en la inactividad por responsabilidades de cuidado, es decir, la diferencia entre mujeres y hombres que no buscan empleo porque se encuentran cuidando a personas dependientes. Sin el impacto de los cuidados, la brecha en la tasa de actividad entre hombres y mujeres prácticamente desaparecería.

Cabe señalar que la proporción de mujeres es muy desigual si nos atenemos a la franja de edad, destacando especialmente las de entre 30-34 y 35-39 años, que registran en 2024 porcentajes alrededor del 38%. Entre 2016 y 2024 el peso de las mujeres inactivas que no buscan empleo por motivo de cuidados ha aumentado en todas las franjas de edad analizadas a excepción de la de entre 25 y 29 años (gráfico 3).

Por otra parte, los datos de la EPA muestran que 68.000 mujeres dejaron su trabajo a finales de 2024 para cuidar a menores, personas enfermas, incapacitadas o mayores (un 82,4% del total). En cambio, esta decisión solo la tomaron 14.400 hombres. El peso de las mujeres se reduce entre 2020 y 2024. En el total de personas inactivas que dejaron su último empleo las mujeres representan el 53% y se mantiene estable durante el período analizado (gráfico 4) Por tanto, es evidente que están muy sobrerrepresentadas en el motivo relacionado con los cuidados.

2.2. Parcialidad

En cuanto al empleo a tiempo parcial, más de 390.000 mujeres estaban ocupadas a jornada parcial a finales de 2024 por motivo del cuidado de personas dependientes (un 93,3% del total). Por el contrario, solo había 28.000 hombres en esa situación. La proporción de mujeres se reduce levemente entre 2016 y 2024, aunque en términos absolutos aumenta de forma clara. Por otro lado, en el total de personas ocupadas a tiempo parcial el peso de las mujeres se sitúa alrededor del 73%.

El porcentaje de mujeres ocupadas a jornada parcial por motivo de cuidados se sitúa en 2024 en un 17,4%, mientras que en los hombres se queda en el 5,5%. El porcentaje de mujeres aumenta claramente durante el período analizado y a menor escala también el de los hombres (gráfico 5). Estos datos muestran la diferencia entre mujeres y hombres a la hora de escoger un empleo a tiempo parcial por cuidar a personas dependientes.

Cabe señalar que la proporción de mujeres que trabajan a jornada parcial es muy desigual si nos atenemos a la franja de edad, destacando especialmente las de entre 30-49 años, que registran en 2024 porcentajes alrededor del 30%. Entre 2016 y 2024 el peso de las mujeres ocupadas a tiempo parcial por motivo de cuidados ha aumentado en todas las franjas de edad analizadas a excepción de las menores de 30 años (gráfico 6). La clara feminización de la contratación a tiempo parcial en España es determinante para que las mujeres tengan un salario menor que los hombres [2]. En este sentido, gran parte de la brecha salarial está relacionada con un tipo de contratación no deseada y vinculada a los cuidados. Según CCOO (2024), si las mujeres asalariadas trabajaran a jornada completa con la misma intensidad que los hombres se eliminaría el 70% de la brecha salarial de género en España. Además, la parcialidad originada por los cuidados limita el desarrollo profesional, reduce las oportunidades de promoción y debilita la protección social futura. 

2.3. Excedencias

Finalmente, cabe señalar que las excedencias por cuidados tanto de hijos como de familiares se concentran de forma mayoritaria en las mujeres (casi 45.000 de un total de 53.000 en 2024). La proporción se ha reducido levemente pasando del 90% en 2016 al 84% en 2024. El porcentaje de mujeres es superior en las excedencias por el cuidado de los hijos (87%) que por el cuidado de familiares (75%) en el último año analizado (gráfico 7). No obstante, cabe señalar que, en el caso de las mujeres y durante todo el periodo analizado, el 80% de las excedencias es por el cuidado de los hijos.

Este hecho acarrea consecuencias perniciosas para las mujeres, que van desde una menor presencia en el mercado laboral, una reducción de las posibilidades de acceder a puestos de responsabilidad, hasta unas condiciones de empleo precarias, dados los persistentes roles de género por los cuales los cuidados recaen casi de forma casi exclusiva en las mujeres. En este sentido, las dificultades que encuentran muchas familias para disponer de servicios formales de cuidados asequibles, suficientes y de calidad, contribuyen a cronificar la situación de las mujeres como cuidadoras de familiares menores o dependientes.

Estos datos dejan patente la necesidad de trabajar en la corresponsabilidad y fortalecer el sistema de cuidados en España. Es imprescindible un cambio cultural y social, pero también una transformación institucional que permita contar con un sistema de protección social integral.

2.4. Brecha salarial

La menor participación de la mujer en el mercado de trabajo se refleja en la brecha salarial de género. Según la Encuesta de Estructural Salarial del INE, la ganancia media de los hombres se situó en 2023 en 30.372,49 euros, y la de las mujeres en 25.591,31 euros. La brecha salarial en fue del 18,7% (gráfico 8), habiéndose reducido desde 2018 en 8,6 puntos porcentuales, debido sin duda a las subidas del SMI.

La segregación sectorial es una de las razones de la brecha salarial de género. Las mujeres tienden a estar sobrerrepresentadas en sectores con salarios promedio más bajos, a menudo porque los empleos en estos sectores están infravalorados y se consideran «trabajos de mujeres», como los cuidados y la educación. Los bajos salarios también pueden estar relacionados con estereotipos de género que equiparan las habilidades interpersonales requeridas para el cuidado, como la comunicación, la empatía o la cooperación, con habilidades que serían naturales para las mujeres y que no se reconocen adecuadamente en el valor económico de su trabajo.

A modo de ejemplo, en la categoría profesional de los trabajadores de los servicios de salud y del cuidado de personas la ganancia media apenas representa un 67% del salario medio total, siendo una de las ocupaciones con un salario más bajo, además de una elevada segregación ocupacional (79% de empleo femenino). En las mujeres la ganancia media alcanzó en 2023 los 17.609,56 euros, mientras que en los hombres se situó en 22.421,02 euros. En este caso, la brecha salarial fue del 27,3%, con una reducción de 12,6 puntos porcentuales con respecto a 2018 (gráfico 8). El salario femenino aumentó el doble que el masculino en el periodo analizado (22% frente al 11%). El aumento continuado del SMI explica de nuevo dicho comportamiento y, en consecuencia, la menor brecha salarial en 2023. Por tanto, la ocupación vinculada a los cuidados registra unos salarios más bajos y una mayor diferencia entre hombres y mujeres.

3. Conclusiones y medidas propuestas para la reducción de la brecha laboral de género

Los cuidados son esenciales para el funcionamiento de la sociedad y la economía, aunque a menudo son infravalorados y realizados de manera no remunerada o precaria, lo que ha redundado en significativas desigualdades económicas y de género (Rodríguez, 2024).

Se puede establecer una conexión entre los principios 9º y 18º del Pilar Europeo de Derechos Sociales, vinculando el fomento al acceso a servicios de cuidado con el manteni­miento de las mujeres con responsabilidades familiares en el mercado de trabajo (Nieto, 2023). La evolución de las políticas de la Unión Europea en materia de con­ciliación de la vida laboral y familiar supone un avance hacia un reconocimiento expreso de los derechos de corresponsabilidad familiar de las personas trabajadoras, hombres y mujeres, de forma neutra, individualizada e inde­terminada (Cristóbal, 2024).

La ampliación y equiparación de los permisos de paternidad y maternidad y otras medidas orientadas a mejorar la conciliación tiene como objetivo incentivar la corresponsabilidad y aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Aunque se han producido algunos avances, los datos analizados evidencian que las brechas de género (en inactividad, parcialidad, excedencias y salarios) siguen siendo notables, especialmente en el empleo a tiempo parcial. No obstante, cabe destacar que las subidas del SMI han contribuido a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Por otra parte, la carencia de una oferta de servicios públicos de cuidados tiene un impacto negativo en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en condiciones de igualdad, favoreciendo tanto la desigualdad de género como la desigualdad social, puesto que no todas las familias tienen la misma capacidad económica para acceder a dichos servicios.

En consecuencia, son necesarias políticas que por un lado aborden las barreras que impiden a muchas mujeres incorporarse, permanecer y progresar en el mercado laboral y, por otro, contribuyan a mejorar las condiciones y los salarios de las personas que trabajan en el sector de los cuidados y, por extensión, la calidad de los mismos.

La reducción de la brecha de género requiere que el conjunto de la sociedad asuma una parte significativa de los costes que acarrea el cuidado de niños, personas dependientes y/o mayores. Por tanto, la conciliación sería un derecho colectivo que ha de ser garantizado por el Estado y asumido también por las empresas y la sociedad.

En este sentido, es primordial incluir la perspectiva de los cuidados en las políticas laborales, reconociendo a todas las personas adultas como potenciales cuidadoras y ampliando progresivamente los permisos para todos los modelos de familia. Las políticas deben garantizar que los permisos parentales sean 100 % remunerados y obligatorios, e intransferibles, priorizando el uso por turnos y no de forma simultánea, para reforzar así el principio de igualdad de responsabilidad en el cuidado.

En conclusión, las políticas para corregir los efectos de las responsabilidades de cuidados se pueden articular principalmente en torno a la conciliación en el ámbito laboral (permisos, flexibilidad horaria, teletrabajo, reducción/adaptación de jornada) y en la provisión pública y comunitaria de cuidados (ampliación de la oferta de servicios de cuidados de larga duración). Dichas medidas contribuirían a eliminar la sobrecarga de trabajo de cuidados, facilitando la participación de las mujeres en el mercado laboral (aumentando su tasa de empleo) y reduciendo así la brecha de género, en particular respecto a los salarios y a la cuantía de las pensiones de jubilación.

Bibliografía:

Baquero, J., Gómez, V. y Ruesga, S. (2019). Reflexionando sobre la brecha salarial de género. Revista de Derecho de la Seguridad Social, Laborum, nº 19, pp. 265–274.

ClosinGap (2019). Coste de oportunidad de la brecha de género en la conciliación. Informe 2.

Comisiones Obreras (2024). Con más avances sin brechas. Madrid.

Cristóbal, M. R. (2024). La conciliación de la vida familiar y profesional en la Unión Europea. Revista De Estudios Jurídico Laborales Y De Seguridad Social (REJLSS), nº 8, pp. 73–97.

De Chiara, G. (2025). Igualdad de género y acceso al mercado laboral. ¿Qué herramientas para reducir la brecha salarial de género en el contexto europeo? Análisis comparativo entre Italia y España. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 13 (1), pp. 238-255.

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Estructura Salarial.

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa.

Ministerio de Trabajo y Economía Social. Anuario de Estadísticas Laborales.

Nieto, P. (2023). La transposición de la directiva 2019/1158 de conciliación de la vida familiar y la vida profesional a través del RD Ley 5/2023. Revista De Estudios Jurídico Laborales Y De Seguridad Social (REJLSS), nº 7, pp. 75–102.

Rodríguez, Sarai (2024). Trabajos de cuidado y corresponsabilidad: la función institucional. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 12 (1), pp. 651-685.

Vicent, L., Trillo del Pozo, D. y Ruiz, M.E. (2023). La realidad salarial de las mujeres en el mercado de trabajo español: brechas, discriminación y efectos divergentes desde la perspectiva de género. Revista De Economía Crítica, n.º 35, pp. 60-80.

[1] Esta brecha de género en la corresponsabilidad contribuye a explicar la llamada pobreza de tiempo. Este concepto hace referencia a la falta de tiempo suficiente y de calidad de que disponen las personas (después de tomar en consideración el trabajo remunerado y no remunerado más el tiempo de cuidado personal) para descansar, formarse, participar en la vida social o acceder a un empleo en igualdad de condiciones.

[2] En términos generales y según la Encuesta de Estructura Salarial del INE, en el empleo a jornada parcial el salario en 2023 representa alrededor del 42% del equivalente en un empleo a tiempo completo.

G. Escribano, E. San Martín y J. D. Paredes (2025), España y la geopolítica de las renovables, Edición del Colegio Libre de Eméritos, Madrid

(Por Aurelia Mañé Estrada, Economia Aplicada, Universitat de Barcelona)

El libro España y la geopolítica de las renovables, escrito por tres profesores de Política Económica de la UNED e integrantes del grupo de investigación en Economía Política Internacional de esta universidad, aborda el papel de España en el nuevo escenario energético global derivado de la transición hacia fuentes renovables.

Partiendo de la premisa de que la geopolítica ha estado tradicionalmente ligada al petróleo y al gas, los autores plantean que también se está configurando una geopolítica de las energías limpias. Esta, lejos de ser neutra o exenta de tensiones, promueve entornos cooperativos, cadenas de valor descarbonizadas y acceso a minerales críticos, pero también puede generar nuevos conflictos, inseguridades y fallos de gobernanza.

El libro destaca que la relación entre renovables y geopolítica es bidireccional. Por un lado, unas relaciones internacionales constructivas pueden impulsar el desarrollo de las energías limpias y la integración –no neocolonial– de minerales estratégicos en cadenas de valor sostenibles.

Por otro, la expansión de las renovables puede servir como vector para fomentar la cooperación transnacional.

Sin embargo, esta dinámica también puede operar en sentido inverso: los conflictos entre Estados, la ausencia de marcos regulatorios adecuados o una gobernanza deficiente pueden obstaculizar tanto el despliegue de las renovables como la colaboración internacional necesaria para su desarrollo.

Desde sus primeras páginas, el libro establece con claridad su foco: analizar el papel que España –y su proyección exterior– podría desempeñar en esta emergente geopolítica de la energía limpia. Un interés que se intensifica tras la invasión rusa de Ucrania y las sanciones internacionales impuestas a Rusia, que reconfiguraron los equilibrios energéticos globales. Los autores identifican a España como un posible nodo estratégico en la transición energética Latina. Argumentan que el país dispone de un alto potencial para desarrollar hidrógeno verde, avanzar en la descarbonización de su industria y fortalecer alianzas con Europa, el Mediterráneo y América Latina.

A lo largo de cinco capítulos, el libro se estructura en torno a cinco grandes preguntas formuladas al inicio (p. 33), siempre con España en el centro del análisis: ¿Mejoran las renovables la seguridad energética?; ¿Ofrecen ventajas estratégicas?; ¿Reducen los conflictos, el rentismo y la mala gobernanza?; ¿Implican también una transición en el poder energético global?; ¿Pueden desbloquear rivalidades regionales e impulsar comunidades energéticas en red?

Las respuestas a estas cuestiones permiten a los autores concluir que España tiene mucho que ganar en una transición hacia un modelo energético renovable y descarbonizado. Una muestra de este potencial se encuentra en el índice GeGaLo (Geopolitical Gains and Losses), ilustrado en la página 41, donde España aparece, junto con Japón, Chile y Corea del Sur, como uno de los posibles grandes beneficiarios de la transición energética global.

No obstante, el libro también advierte sobre la complejidad del proceso. Las inercias geopolíticas y geoeconómicas preexistentes pueden actuar como frenos, y el éxito dependerá en gran medida de la calidad de las estructuras de gobernanza y de los marcos regulatorios que se diseñen e implementen.

A pesar de estos desafíos, el enfoque del libro puede considerarse optimista desde una perspectiva político-económica. Los autores sostienen que, si se adoptan las decisiones adecuadas, España –más desde una lógica geoeconómica que puramente geopolítica– podría situarse entre los ganadores de esta transformación energética ya en marcha.

El libro se articula en torno a dos ejes conceptuales, el de la geopolítica y la geoeconomía de la energía; en torno a la relación de España con dos áreas geográficas, el Mediterráneo y América Latina; y en torno al potencial de cooperación en dos de los aspectos hoy privilegiados en el debate sobre la nueva geopolítica de la transición: el del hidrógeno verde y descarbonizado, y el de los minerales estratégicos.

Estos aspectos son los que, grosso modo, estructuran el contenido de los cinco capítulos. El primer capítulo, La geopolítica de las energías renovables, se inicia comentando una ilustrativa frase de Halford Mackinder, que abre el libro, y en la que este geógrafo imperial, en 1943, expresó que cuando se agotaran las fuentes fósiles, existiría el sol en el Sahara.

En el libro, esta frase sirve para ilustrar, por una parte, la idea de continuidad en la geopolítica de la energía –cuando se acabe la geopolítica de la energía fósil, emergerá la de las renovables–, pero también los autores la emplean para alertar al lector de los riesgos de reproducir la lógica del modelo fósil en el de las renovables. Se deja claro, sin embargo, que la transición energética –y geopolítica– a la que estamos asistiendo se debe a cuestiones climáticas, y no al agotamiento de los recursos. De ahí que los autores enlacen el concepto de geopolítica con el de geoeconomía: con la emergencia del objetivo de la “sostenibilidad”, la narrativa al uso ha pasado a plantear las estrategias renovables y descarbonizadas en el marco del trilema sostenibilidad (ambiental), seguridad (geopolítica) y coste o competitividad (geo-económica).

Los autores defienden que este es un falso trilema y que la verdadera “oportunidad” de las renovables reside en la posibilidad de articular un sistema energético más limpio, seguro y competitivo. Con estos mimbres (o así lo entiende quien reseña) desarrollan el apartado 1.4 del primer capítulo, en el que, en su punto final, definen el “deseable” objetivo de la integración a través de la creación de comunidades de red. Posteriormente, en el punto 1.5, se refieren al impacto sobre los actores energéticos de dos factores: la transición y la guerra en Ucrania, destacando el papel de las políticas europeas y la visión específica de España en este contexto.

Pasado este capítulo más conceptual y contextual, el libro avanza hacia aspectos mucho más concretos. En el segundo capítulo se habla del potencial de la “nueva” relación energética entre España y el Norte de África. Nueva por tres razones: por su reconsideración en el marco europeo después de la invasión de Ucrania, que ha impulsado el desacoplamiento europeo de los hidrocarburos rusos; por la voluntad de que esta relación no se base en una lógica colonial; y por el emergente papel de Marruecos como actor renovable regional.

Un aspecto interesante es la lección que surge de los “fracasos” de las renovables en dos casos: el de Marruecos, donde en varias ocasiones se ha exportado energía desde España; y el de la menor “seguridad” y resiliencia de las instalaciones descentralizadas en Gaza, en un contexto bélico. Ambas cuestiones, sin duda, han de reconsiderarse ante el apagón total que experimentamos en España y el genocidio en Gaza, que invalida cualquier análisis lógico-racional sobre esta, o cualquier otra cuestión.

El tercer capítulo otorga a las relaciones energéticas con América Latina un papel totalmente distinto al que se asigna al Norte de África / Mediterráneo. Se apuntan tres cuestiones: el papel del sector empresarial español como actor europeo privilegiado en América Latina; el potencial de esta región en el marco de la integración en cadenas de valor productivas y descarbonizadas –apuesta por el greenshoring–; y el análisis de algunas comunidades en red latinoamericanas regionales.

La dualidad propuesta de relaciones energéticas de España con el Mediterráneo y América Latina conforma la apuesta de geoeconomía de las renovables, propiciada por vínculos geopolíticos históricos.

En los capítulos cuarto y quinto, la atención se centra en dos vectores concretos: los proyectos emergentes de hidrógeno renovable y los minerales de la transición. En el cuarto capítulo, el hidrógeno renovable se plantea como elemento clave para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, estructurar cadenas de valor regionales y redefinir el posicionamiento energético de España hacia finales de la década y más allá. Todo ello acompañado de la interesante –y, de alguna manera, eterna– reflexión sobre la problemática de la Península Ibérica como isla energética, que en este caso puede suponer también un obstáculo. En este ámbito, los autores entran en la política industrial –o productiva–, vinculando el desarrollo del sector del hidrógeno (Mediterráneo e Ibérico) a la estrategia industrial española y europea. Sin embargo, esta propuesta no resuelve la incógnita de qué hacer con el eventual hidrógeno verde si este no puede llegar a Europa continental, o si la opción francesa de producir hidrógeno a partir de electricidad nuclear se materializa.

Por último, el quinto capítulo describe la situación actual de la geopolítica de los minerales de transición, explicando tres casos de estudio y analizando las estrategias adoptadas por China, Estados Unidos y Europa ante esta nueva realidad.

Con todo ello, el libro cierra con las implicaciones de lo expuesto para España, respondiendo así a las cinco preguntas planteadas en el primer capítulo. Respuesta razonada y matizada, que amplía considerablemente el breve resumen presentado al inicio de esta reseña. En conjunto, se trata de un libro muy útil para conocer los elementos que nutren el debate sobre el papel de España en el marco de la transición energética global. Además, como ya se indicó al inicio, resulta provechoso para quienes quieran reflexionar sobre políticas energéticas, pues plantea el potencial del contexto actual, aunque no desarrolle ni proponga políticas concretas.

Por mi parte, lo calificaría como un libro útil, que con pragmatismo expone quiénes son los socios “naturales” y por qué tecnologías de transición se ha apostado. Personalmente, y consciente de que es por deformación profesional, echo en falta un mayor debate sobre cuáles podrían haber sido las alternativas a la forma actual de transición energética, pero no es este el objetivo del libro.

Sí considero, sin embargo, que, en caso de publicarse una segunda edición, el primer capítulo podría ampliarse para incorporar un debate más desarrollado sobre las distintas corrientes de pensamiento en geopolítica y geoeconomía de la energía; o, en su defecto, reducirse y transformarse en una simple introducción. En este último caso, el meritorio y útil apartado final de bibliografía comentada podría cumplir esa función.