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Convocatoria de propuestas para co-dirección de International Review of Economic Policy-Revista Internacional de Política Económica (IREP)

En las Jornadas Internacionales de Política Económica que tuvieron lugar en Sevilla este año y, posteriormente, en la Reunión de representantes REDIPE, se discutió la necesidad de dar un renovado impulso a IREP. Una de las ideas nucleares fue mejorar su organización a través de constituir una codirección. A estos efectos, se acordó abrir una convocatoria para recoger candidaturas a la codirección, que fue difundida en el número anterior de Noticias de Política Económica. Finalmente, la persona elegida ha sido María Olga González Morales.

Currículum Breve de María Olga González Morales

Profesora Titular de la Universidad de La Laguna. Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos, Área de Economía Aplicada (Política Económica).

Tiene un sexenio de investigación y cuatro quinquenios.

Su producción científica se puede consultar en Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=L4sNADAAAAAJ&hl=es

y en el Portal Ciencia ULL

https://portalciencia.ull.es/investigadores/82168/detalle?lang=gl

MIEMBRO DE CONSEJO EDITORIAL, EDITORA INVITADA Y REVISORA DE REVISTAS

1) Co-Editora miembro del Consejo Editorial de Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural desde enero de 2022 hasta la actualidad. Revista en SJR Q2

https://ojsull.webs.ull.es/index.php/Revista/about/editorialTeam

2) Miembro del Consejo Editorial Internacional y miembro permanente del Comité de Arbitraje de la Revista Visión Gerencial del Centro de Investigaciones Desarrollo Empresarial de la Universidad de Los Andes de Mérida, Venezuela, desde enero de 2015 hasta la actualidad. Revista en Emerging Sources Citation Index (ESCI).

http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/visiongerencial/about/editorialTeam

3) Miembro del Consejo Científico de la Revista Internacional de Política Económica International – Review of Economic Policy desde su fundación en 2019 hasta la actualidad. https://turia.uv.es/index.php/IREP/about/editorialTeam

4) Miembro del Comité Editorial de Atlántida. Revista Canaria de Ciencias Sociales de la Universidad de La Laguna, desde el 1 de julio de 2020 al 9 de mayo de 2024.

5) Revisora Atlantic Review of Economics – Revista Atlántica de Economía (EAWP, segunda etapa), editada por el Ilustre Colegio de Economistas de A Coruña, desde 18 de marzo de 2010 hasta 12 de diciembre de 2014.

6) Revisora British Journal of Education, Society & Behavioural Science, año 2017.

7) Revisora Journal of Infrastructure, Policy and Development, año 2023.

8) Revisora Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, April 2024 -June 2024.

9) Revisora Journal Outdoor Recreation and Tourism, January 2024 – April 2024.

10) Revisora de cuatro papers en las siguientes revistas de MDPI: International Journal of Financial Studies, Behavioral Sciences, Sustainability, and Education Sciences, 2025.

VII Jornadas de Política Económica: “Cohesión territorial y bienestar social: desafíos de la política económica contemporánea” 4 y 5 de junio de 2026 (anuncio)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada y Política Económica Universidad de Alicante

¿Cómo participar?

Las VII Jornadas de Política Económica se celebrarán en formato presencial en la Universidad de Alicante.

Plazos y entregas

Las Jornadas se celebrarán en dos sesiones durante la tarde del jueves 4 y la mañana del viernes 5 que incluirán la presentación de comunicaciones, así como la celebración de una conferencia/mesa redonda (por determinar). Para la recepción de propuestas de comunicaciones será necesario enviar un resumen de 1.500 palabras como máximo antes del 15 de abril de 2026. La aceptación se comunicará antes del 30 de abril de 2026.

Se dará prioridad a las propuestas de comunicación recibidas que sigan las líneas temáticas de estas jornadas. Una vez aceptada la propuesta de comunicación el/la autor/a o autores deberán enviar una presentación en formato PowerPoint o similar antes del 1 de junio de 2026.

Inscripciones y Contacto

Antonio Fuster Olivares. Email: toni.fuster@ua.es

Temática y líneas de trabajo

La política económica contemporánea afronta desafíos relacionados con la cohesión territorial y el bienestar social. Tras la recuperación posterior a la pandemia, es necesario un modelo inclusivo y sostenible que combine eficiencia económica y equidad social y territorial. La cohesión territorial exige promover la innovación, la reindustrialización y la sostenibilidad, aprovechando la digitalización para reducir brechas y fomentar oportunidades en áreas rurales y ciudades intermedias. La relocalización productiva y los clústeres regionales fortalecen la autonomía estratégica. Frente a la despoblación rural y la concentración urbana, se requiere una nueva visión del territorio, con mayor participación ciudadana y resiliencia territorial, apoyada en los fondos europeos Next Generation EU. El bienestar social demanda políticas de redistribución, empleo digno, igualdad educativa y sanitaria, y protección frente a la vulnerabilidad. El acceso a la vivienda asequible se ha convertido en un reto central, especialmente en grandes urbes. Estas jornadas ofrecen una panorámica de los principales retos de la política económica contemporánea: vivienda, inteligencia artificial y empleo, despoblación, reindustrialización sostenible y vertebración territorial.

A. Cohesión territorial, desarrollo regional y resiliencia

La cohesión territorial y el desarrollo regional son esenciales para el bienestar social. Las regiones periféricas afrontan retos en innovación, competitividad y acceso a servicios públicos. La conectividad es clave en áreas rurales. La despoblación del medio rural y el deterioro de ecosistemas refuerzan el papel de las ciudades intermedias y la participación ciudadana. La resiliencia territorial se vincula a las políticas de cohesión europeas y a los fondos Next Generation EU.

B. Innovación, digitalización y sostenibilidad

Las políticas de innovación con enfoque territorial deben impulsar smart cities y smart villages, extendiendo la digitalización y las oportunidades de innovación. La transformación de las cadenas globales de valor y la relocalización productiva requieren una política industrial renovada basada en la innovación, los clústeres regionales y la colaboración público-privada. La digitalización y la transformación productiva deben integrarse con la transición ecológica y la economía circular, verde y azul.

C. Política económica para el bienestar social: vivienda, renta e inclusión social

La vivienda, la inclusión social y el salario mínimo centran el debate. El reto es reducir la desigualdad mediante políticas de redistribución complementadas con un mercado laboral fuerte y servicios públicos. El acceso a la vivienda asequible es un eje central por el aumento de precios, la escasa oferta pública y las propuestas de intervención estatal en el mercado.

III Ciclo de Seminarios sobre Política Económica Curso 2025/2026 (resultados Primer Seminario)

Organiza: Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

Colabora: IAES (Universidad de Alcalá)

Coordina: Salvador Pérez Moreno (Universidad de Málaga)

“La realidad está forjando una nueva Europa” Eduardo Cuenca García (Universidad de Granada)

El pasado 29 de octubre de 2025 tuvo lugar el primer seminario del III Ciclo de Seminarios sobre Política Económica organizado por REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, bajo el título ”La realidad está forjando una nueva Europa» impartido por el profesor Eduardo Cuenca García de la Universidad de Granada y moderado por la profesora Margarita Navarro Pabsdorf, también de la Universidad de Granada, y la colaboración técnica del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá.

El profesor Cuenca inició su exposición con un análisis de los fundamentos y los logros del proyecto europeo, el cual, tras 75 años, mantiene su vigencia. No obstante, subrayó que, a pesar de sus notables éxitos, la Unión Europea se enfrenta a desafíos críticos que delinean su futuro. Estos retos incluyen: las secuelas de las crisis económicas, que han erosionado la confianza ciudadana; la reconfiguración del poder global con menor influencia europea; la pérdida de liderazgo tecnológico e innovador; la necesidad de reformas estructurales ante una futura expansión del bloque; una cierta parálisis gubernamental por exceso de regulación; la urgencia de un liderazgo político legitimador; la compleja gestión de los flujos migratorios; y el fortalecimiento de la seguridad y la defensa ante los cambios en la política exterior de Estados Unidos.

El siguiente seminario tendrá lugar el miércoles 4 de febrero de 2026 a las 17:00 horas, bajo el título «La relación trasatlántica ante el cambio de era», y será impartido por el profesor Jordi Bacaria Colom (UAB), con la moderación del profesor Raúl de Arriba Bueno (UV).

Puede accederse a la grabación de este primer seminario del III Ciclo en el siguiente enlace: La realidad está forjando una nueva Europa

Publicaciones de la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana

Una de las funciones cruciales de la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana es la elaboración de informes y publicaciones. Todas ellas, han quedado reflejadas en la Memoria de actividades de la Cátedra del año 2025.

Link página web: https://ir.uv.es/5q5ZdHl

Análisis PES:

Análisis PES 1/2024.
Autores: Aurora Pedro (2024).
URL Publicación: Límites y retos de la política turística actual en la Comunidad Valenciana

Análisis PES 2/2024.
Autores: Rubén Garrido-Yserte y María-Teresa Gallo-Rivera (2024).
URL Publicación: Las políticas de vivienda en zonas rurales ante el reto de la despoblación

Análisis PES 1/2025.
Autores: Descalç, A., Tormo (2025).
URL Publicación: La Hacienda Pública frente al turismo como actividad económica

Análisis PES 2/2025.
Autores: A. Alujas, J. (2025).
URL Publicación: Las políticas de conciliación y corresponsabilidad: elemento clave para la
igualdad de género

Análisis PES 3/2025.
Autores: Sánchez Andrés, A. (2025).
URL Publicación: Propuestas de política económica de los actores sociales de la Comunidad
Valenciana

Documentos PES:

Documento PES 1/2024.
Autores: Ángel Soler Guillén – Universidad de Valencia e Ivie (2024).
URL Publicación: Política educativa y formación profesional: situación y actuaciones para la Comunidad Valenciana

Documento PES 2/2024.
Autores: Margarita Rohr Trushcheleva – Univeristat de València (2024).
URL Publicación: Diseño de un plan integral de formación en gobernanza y política económica:un informe estratégico 

Documento PES 3/2024.
Autores: Raúl de Arriba Bueno – Universitat de València (2024).
URL Publicación: La agricultura ecológica en la Comunidad Valenciana: desafíos y recomendaciones de política económica 

Documento PES 1/2025.
Autores: Franco Sala, L. (2025).
URL Publicación: Efectos de la reforma laboral de 2021 en la estabilidad y calidad del empleo

Documento PES 2/2025.
Autores: Soler Guillén, Á. (2025).
URL Publicación: Políticas económicas y sociales para una longevidad activa y digna

Acta reunión de representantes REDIPE (Reunión del miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 17h)

Tal como se acordó en Sevilla, en la Jornadas Internacionales de Política Económica, se convocó una reunión (on-line) de un grupo de colegas interesados en Política Económica (REDIPE). Siguiendo lo que se discutió en aquel momento, el grupo estaría configurado por profesores que representarían a las Universidades en las que hubiese un cierto número visible de docentes o investigadores interesados en Política Económica. Para que fuese operativa la reunión, en principio, habría una persona por Universidad, aunque se dejó abierta la posibilidad de que otros interesados participasen en la reunión. Aquello que se discutió en la reunión debería ser transmitido por los asistentes al profesorado de su entorno interesado en Política Económica. Como resultado de aquella reunión, se llegó a las siguientes conclusiones. Para conseguir una mayor difusión y transparencia, estas conclusiones se publican en el Noticias de Política Económica. Si algún docente o investigador en Política Económica tiene alguna matización adicional puede enviarla al director de Noticias de Política Económica (Antonio Sánchez Andrés: tono.sanchez@uv.es).

Conclusiones

1.- Organización de las XVIII Congreso Internacionales de Política Económica (Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2027)

• Siguiendo las ideas planteadas en Sevilla, se decide cambiar el nombre de las Jornadas y redenominarlas como Congreso (CIPE), siguiendo la numeración de celebración de las jornadas realizadas hasta el momento.
• Se ratifica que la Universidad Complutense organizará el Congreso.
• Respecto al Comité Científico, el conjunto seguirá siendo una representación de profesorado ligada a Política Económica que hayan mostrado una cierta adhesión al Congreso
• En la Universidad Complutense se determinará el Comité Organizativo y su presidencia
• La presidencia del Comité Científico estará formada por dos miembros de este Comité, considerando aspectos de género y con rotación cada vez que se celebre un Congreso. Esta rotación será parcial, primero uno de los miembros será sustituido y el otro, en el siguiente congreso (rotación total cada dos Congresos). Se designa a Aurelia Mañé Estrada (Univ. Barcelona) y a Antonio Sánchez Andrés (Univ. Valencia) como los primeros que iniciarán este sistema.

2.- Organización de las VII Jornadas de Política Económica (Universidad de Alicante, Alicante, 2026)

El Taller Internacional de Política Económica pasará a denominarse Jornadas de Política Económica. Se seguirá la numeración iniciadas con anterioridad en los Talleres, pero se eliminará el componente internacional, por un lado, por tener un alcance más nacional y, otra parte para no causar confusión respecto a la redenominación del Congreso (punto 1).

3.- Posibles organizaciones de Encuentros de Política Económica, Seminarios on-line u otros eventos

• Se continuará realizando los Seminarios de formación en Política Económica, y se presentan los tres correspondiente a este año académico.
• En aquellas Universidades que se quieran organizar Encuentros de Política Económica (que suelen ocupar una mañana; las Jornadas, un día; el Congreso, dos días), simplemente pueden ponerse en contacto con la dirección del Noticias de Política Económica para realizar la difusión del evento. 

4.- Dinamización de la revista Revista Internacional de Política Económica/International Review of Economic Policy (IREP)

• Se pretende dinamizar IREP. Una de las ideas es crear una codirección del IREP. Por este motivo, se abrirá una convocatoria para que se presenten candidaturas y después se valorará la idoneidad de las propuestas. Se dará difusión en el Noticias de Política Económica.
• Se sugiere que, para conseguir una afluencia suficiente de artículos con calidad, los coordinadores del Congreso (CIPE) y de las Jornadas (JPE), tratarán de que se derive de estos eventos un monográfico, un semimonográfico o similar para cubrir uno de los números de IREP.
• Se recomienda a los participantes en la reunión, a que inviten a investigadores que se encuentren en su alrededor, a revisar los artículos publicados en IREP para citarlos. Este puede ser un instrumento adecuado para conseguir que los artículos de IREP se citen extensamente y la revista pueda ser incluida en bases de datos bibliográficas prestigiosas.

5.- Dinamización de la revista Noticias de Política Económica

Se sugiere que, por iniciativa de los participantes y estimulando en sus entornos académicos, se ofrezcan regularmente artículos para publicar en Noticias de Política Económica. No debe olvidarse que esta revista tiene un perfil de difusión de trabajos científicos o de actividades académicas, pero también constituye una fuente muy utilizada de generación de materiales de uso docente. Debe señalarse que Noticias de Política Económica es enviada a través de una lista de distribución donde hay incluidos más de 700 docentes e investigadores en Política Económica, ubicados en una docena de países distintos.

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

Desde la Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) se apuesta por la divulgación. Periódicamente, REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés tanto para la Política Económica como para su difusión a través de la Red. De innegable actualidad resultan los ocho textos que han aparecido recientemente. En general, giran en torno a temas como los efectos de la IA en el mercado laboral (tres textos y un informe), las pretensiones de China, la incertidumbre y la actualidad del pensamiento de Adam Smith.

En primer lugar, Philippe Aghion arguye que la única forma de impulsar su competitividad es mediante la destrucción creativa, es decir, la salida de empresas menos productivas como consecuencia de la aparición de aspirantes innovadores. Para ello, sugiere que Europa debe avanzar en tres frentes principales: eliminar barreras para lograr un mercado plenamente integrado de bienes y servicios, crear un ecosistema financiero adecuado para el capital riesgo e impulsar una política industrial pro-innovación en sectores clave como la IA y la defensa. Además, sostiene que es necesario actualizar la doctrina económica, diferenciando la inversión que impulsa el crecimiento del gasto recurrente e implantando la “flexiseguridad” para los trabajadores desplazados.

El informe “Transformación del empleo, especialización y efectos de la IA en el mercado laboral” del CESifo Working Papers, encuentra que la automatización mediante grandes modelos de lenguaje (LLM) transforma principalmente el contenido de las tareas, más que destruir empleo, y genera efectos salariales heterogéneos según la especialización. D esta forma, quienes realizan tareas automatizables sufren pérdidas salariales, mientras que los especializados en tareas complementarias se benefician.

Sobre los efectos de la IA en el mercado laboral se han pronunciado Philippe Aghion, Simon Bunel y Xavier Jaravel. A este respecto, los autores encuentran efectos positivos sobre el empleo y las ventas, desmintiendo el mito de que la IA implica necesariamente destrucción de empleo. En realidad, puede impulsar de forma significativa la productividad y el crecimiento siempre con el apoyo de la política de competencia para evitar la concentración de rentas en las grandes tecnológicas

En la misma línea, otro texto reciente, de la mano de Florian Misch, Ben Park, Carlo Pizzinelli y Galen Sher, destacan que la IA puede impulsar la productividad europea, pero sin reformas estructurales su impacto a medio plazo sería limitado (≈1,1 % en cinco años) y desigual entre países. En cambio, para maximizar los beneficios, sugieren que es clave profundizar en el mercado único, avanzar en la Unión de los Mercados de Capitales y asegurar unos mercados laborales flexibles con una regulación adecuada.

Por otro lado, los indicadores de incertidumbre ofrecen señales divergentes: los textuales muestran niveles muy elevados, mientras que los financieros y las encuestas empresariales apuntan a una situación más contenida. La incertidumbre real se situaría en un punto intermedio y frenará el crecimiento global en 2025-2026 sin provocar una recesión, tal y como han señalado H. Agir, N. Bloom y D. Furgeri. De acuerdo con ellos, aunque no se anticipa una crisis global, resulta clave reducir la volatilidad política y mejorar la previsibilidad del entorno económico para sostener la inversión y el consumo de bienes duraderos.

Un reto más del contexto que nos rodea lo representa el euro digital en tanto en cuanto refleja la necesidad de garantizar la privacida y la resiliencia del sistema de pagos, así como disponer de un marco legal adecuado para su aceptación. Juan Ayuso recomienda impulsar una alternativa pública y universal a los pagos digitales, con alta protección de datos, funcionalidad offline y respaldo institucional del Eurosistema, condicionada a la aprobación normativa previa.

Desde una visión global EsadeGeo – Centro de Economía Global y Geopolítica ofrece una visión panorámica de los intereses políticos de China. En concreto, China busca consolidarse como superpotencia con un modelo propio, basado en la resiliencia económica, la capacidad militar y la proyección internacional, priorizando la estabilidad interna. Sus objetivos clave son la autonomía tecnológica, el liderazgo manufacturero y una mayor influencia en la gobernanza global mediante la reforma y creación de instituciones.

Por último, rescatando el pensamiento clásico de Adam Smith a 250 años de la publicación de su obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, la especialización y la división del trabajo siguen siendo clave para entender la economía moderna. De acuerdo con Michael Spence, aunque la globalización que las amplificó se está revirtiendo parcialmente por motivos geopolíticos, la IA generativa introduce un cambio muy profundos. En este sentido, al abaratar el acceso al conocimiento especializado, se puede reducir el valor de ciertas competencias transferibles y alterar los precios relativos del capital humano, sin eliminar la especialización.

Políticas Económicas Estructurales

Euro Digital y Transmisión Monetaria: ¿Un Acelerador o un Riesgo?

(por Pilar Grau, Universidad Complutense de Madrid, Depto. de Economía Aplicada)

1. Introducción

La economía global se está transformado de forma acelerada por el fenómeno de la digitalización, que afecta tanto a la manera en que se realizan los pagos como la gestión de los activos financieros y la relación con los intermediarios financieros. En este contexto, un gran número de bancos centrales de todo el mundo están estudiando la forma de desarrollar e implementar las denominadas monedas digitales de banco central (CBDC, por sus siglas en inglés). Uno de los principales objetivos de estas iniciativas es asegurar que el dinero público siga desempeñando su función como ancla del sistema monetario y como medio de pago en un entorno cada vez más digital.

El Banco Central Europeo (BCE) no es una excepción. En 2021, el Eurosistema inició la fase de investigación del euro digital, concebido como una forma electrónica de dinero disponible para el público general, que complementaria al efectivo, sin sustituirlo. Tras dos años de trabajo, el proyecto ha avanzado hacia la fase de preparación, en la que se diseñan los aspectos operativos, tecnológicos y regulatorios necesarios para una la emisión. Aunque el euro digital no es todavía una realidad, su análisis genera un debate académico y político importante debido a sus posibles implicaciones sobre la estabilidad financiera, la estructura del sistema bancario y, especialmente, sobre la política monetaria del BCE.

Estas implicaciones son de gran relevancia ya que una CBDC minorista, accesible para ciudadanos y empresas, podría modificar la demanda de dinero bancario, alterar la dinámica de depósitos, influir en la transmisión de los tipos de interés e incluso afectar el tamaño y composición del balance del BCE. Al mismo tiempo, la introducción de un euro digital podría mejorar la eficiencia del sistema de pagos, reforzar la soberanía monetaria europea ante la proliferación de criptomonedas y stablecoins privadas, y abrir nuevas posibilidades para la implementación de políticas monetarias.

2.¿Qué es una CBDC?

Una moneda digital de banco central (Central Bank Digital Currency, CBDC) es pasivo del Banco Central en formato digital que cumple las mismas funciones que el efectivo y, dependiendo de su diseño, podría ser accesible de manera más amplia. A diferencia del dinero bancario tradicional, que se materializa en depósitos creados por los bancos comerciales, o de las criptomonedas privadas, que no tienen respaldo institucional, una CBDC constituye un pasivo directo del banco central, con plena garantía pública y capacidad de uso como medio de pago seguro.

Conceptualmente, una CBDC reúne las características del efectivo (seguridad, aceptación garantizada, carácter público) con las ventajas del dinero electrónico (digitalización, programabilidad, eficiencia transaccional). Su objetivo principal es mantener el papel del dinero de banco central como referencia del sistema financiero, en un contexto en el que los pagos y la intermediación financiera son cada vez más digitales y aparecen alternativas privadas como las stablecoins. Estas últimas son activos digitales diseñados para mantener un valor estable, normalmente vinculados a una moneda fiduciaria como el dólar o el euro, y emitidos por plataformas tecnológicas privadas (Dionysopoulos, 2024).

3.Situación del euro digital

El proyecto del euro digital ha avanzado notablemente en los últimos años. Desde julio de 2021, el BCE inició una fase de investigación para analizar las necesidades de una CBDC minorista y sus posibles diseños técnicos. Tras concluir esta fase en octubre de 2023, el proyecto avanzó hacia la fase de preparación, centrada en definir aspectos operativos, tecnológicos y regulatorios para una eventual emisión, cuya primera emisión podría producirse alrededor de 2029, siempre que se apruebe la legislación europea necesaria en 2026 (ECB, 2025a, 2025b).

Aunque no se ha tomado la decisión final, el Eurosistema ya colabora con proveedores tecnológicos y bancos intermediarios en el desarrollo de prototipos y pruebas piloto. El modelo propuesto es intermediado: el BCE emitiría la moneda digital, pero su distribución y gestión con los usuarios finales recaería en bancos comerciales y proveedores de servicios de pago, buscando así evitar una desintermediación que pudiera afectar la estabilidad financiera.

Un elemento clave del diseño es la privacidad: el BCE plantea un nivel de anonimato similar al efectivo para pagos de bajo valor, especialmente en transacciones offline, mientras que los pagos de mayor importe estarían sujetos a controles más estrictos conforme a la normativa contra el blanqueo de capitales. La remuneración del euro digital sigue siendo un tema abierto, aunque actualmente se plantea que no sea remunerado en su forma básica, con posibles estructuras escalonadas para gestionar la demanda. Además, se prevé que el euro digital permita pagos tanto online como offline, garantizando la accesibilidad incluso sin conexión a internet.

4.Implicaciones de política monetaria

4.1. Sobre los mecanismos de transmisión

La introducción del euro digital podría reforzar la eficacia del principal canal de transmisión de la política monetaria: el canal del tipo de interés. Actualmente, la transmisión depende del comportamiento de los bancos comerciales, que ajustan sus propias tasas en respuesta a los tipos oficiales. Este proceso puede ser lento y heterogéneo entre países, especialmente en momentos de estrés financiero.

Una CBDC podría permitir al BCE influir directamente en los tipos de interés aplicables a hogares y empresas. Si el euro digital fuera remunerado, el banco central podría establecer un tipo que actuara como suelo para los depósitos bancarios, incentivando a los bancos a ofrecer condiciones más atractivas. Incluso sin remuneración, la existencia de una opción segura proporcionada por el BCE aumentaría la competencia, acelerando la transmisión de los tipos oficiales.

Si el euro digital fuera remunerado, el banco central podría establecer un tipo que actuara como suelo para los depósitos bancarios, incentivando a los bancos a ofrecer condiciones más atractivas. Incluso sin remuneración, la existencia de una opción segura proporcionada por el BCE aumentaría la competencia, acelerando la transmisión de los tipos oficiales.

La disponibilidad de una CBDC como forma de ahorro segura podría provocar desplazamiento de depósitos bancarios hacia el euro digital. Su magnitud dependerá de la remuneración, límites de tenencia y facilidad de uso en pagos cotidianos. En escenarios sin límites y con remuneración atractiva, la sustitución podría ser significativa, afectando la financiación bancaria y el coste de crédito. Sin embargo, los límites cuantitativos y la posible remuneración baja o nula planteada por el BCE buscan evitar fugas masivas de depósitos, permitiendo que la CBDC actúe como instrumento de disciplina competitiva sin comprometer la estabilidad financiera.

4.2 Sobre la estabilidad financiera y desintermediación bancaria

Un euro digital implica cambios importantes para la estabilidad financiera y la estructura del sistema bancario europeo. Como activo seguro y pasivo directo del BCE, podría modificar la conducta de los depositantes y la forma en que los bancos comerciales financian y conceden crédito.

Una adopción significativa podría reducir los ingresos de los bancos por depósitos, incrementar la competencia en pagos y aumentar la dependencia de financiación del BCE. La posibilidad de convertir depósitos bancarios en euro digital de forma rápida, especialmente en situaciones de estrés financiero, podría actuar como un refugio seguro, acelerando la salida de fondos de bancos vulnerables.

Para mitigar estos riesgos, el diseño del euro digital incluye medidas como límites de tenencia, umbrales no remunerados, anonimato parcial para pagos pequeños y orientación hacia pagos en lugar de ahorro. Así, la CBDC puede mejorar la competitividad del sector bancario sin comprometer la estabilidad financiera, introduciendo un activo seguro que complementa la relación entre ciudadanos y bancos privados.

4.3 Sobre la liquidez, reservas bancarias y balance del BCE

La introducción de un euro digital afectaría directamente a la estructura de liquidez del sistema financiero, a la demanda de reservas bancarias y a la composición del balance del Banco Central Europeo. Dado que la CBDC sería un pasivo adicional del BCE disponible para el público general, su adopción modificaría la relación entre depósitos, reservas y otros instrumentos de financiación.

Actualmente, la mayor parte del dinero utilizado por los ciudadanos se encuentra en forma de depósitos bancarios, con el dinero del banco central (reservas y efectivo) ocupando un papel más restringido. Con el euro digital, parte del dinero que hoy se mantiene en depósitos podría reubicarse en un pasivo directo del BCE, alterando la estructura global de financiación del sistema financiero.

Si los usuarios convierten depósitos en CBDC, se produciría una reducción de depósitos bancarios y un aumento equivalente del pasivo del BCE. Dependiendo del mecanismo de emisión, las reservas bancarias podrían contraerse, generando tensiones de liquidez si no se gestionan adecuadamente. El BCE podría necesitar aumentar la provisión estructural de liquidez, recalibrar reservas mínimas o imponer límites estrictos de tenencia para mantener la estabilidad.

La CBDC también podría alterar el funcionamiento del sistema de “floor” del Eurosistema. Si atrae una parte importante del ahorro minorista, podría reducir reservas y desalinear los tipos de mercado respecto al tipo de depósito. Para compensar, el BCE tendría que expandir activos mediante compras de bonos u otras operaciones, asegurando que su capacidad de controlar la política monetaria se mantenga intacta, incluso en escenarios de sustitución masiva de depósitos. (Caccia et al., 2024)

4.4. Sobre la estabilidad del sistema financiero

La introducción de un euro digital plantea efectos potencialmente relevantes sobre la estabilidad del sistema financiero europeo. Al tratarse de un pasivo directo del Banco Central Europeo, accesible al público general, modifica la estructura tradicional en la que la mayor parte del dinero utilizado por los ciudadanos son depósitos de bancos comerciales. Este cambio abre oportunidades de refuerzo de la estabilidad financiera, pero también genera nuevos riesgos que deben gestionarse cuidadosamente desde el diseño de la CBDC.

En primer lugar, un euro digital proporcionaría una infraestructura pública de pagos altamente segura, resistente y disponible incluso en escenarios de fallo bancario, ciberataques o interrupciones tecnológicas. Entre los beneficios destacan, por un lado, la diversificación de los medios de pago, reduciendo la dependencia de infraestructuras privadas y por otro la resiliencia tecnológica ampliada, gracias a una plataforma digital controlada por la autoridad monetaria (ECB, 2025c).

Sin embargo, un riesgo central asociado a las CBDC es la posibilidad de que faciliten movimientos masivos y rápidos de depósitos desde los bancos hacia el banco central, especialmente en momentos de desconfianza en la banca privada ya que el euro digital, a diferencia del efectivo, cuya retirada es lenta y física, permitiría transferencias inmediatas y movilidad de fondos sin fricciones. Esto podría acelerar la inestabilidad bancaria, amplificando tensiones incluso cuando éstas sean provocadas por rumores o pánicos infundados (Rizwan, 2025).

Por este motivo, el BCE está considerando herramientas como los límites individuales de tenencia, la remuneración escalonada y no atractiva para grandes saldos y mecanismos automáticos de reconducción a depósitos bancarios por encima de ciertos umbrales. Todas estas medidas diseñadas para impedir que la CBDC se convierta en un sustitutivo de los depósitos a gran escala, especialmente en períodos de estrés.

En relación con la función de prestamista de última instancia, si el euro digital alterase significativamente la estructura de financiación bancaria, podría aumentar la frecuencia con la que los bancos solicitan liquidez extraordinaria al BCE. Durante tensiones severas, la preferencia del público por el euro digital podría obligar al Eurosistema a intervenir más activamente para sostener la liquidez del sector. Esto plantea dos grandes retos, en primer lugar, un incremento en la complejidad de la evaluación del riesgo sistémico y en segundo lugar, la presencia del euro digital genera una mayor exposición del BCE al riesgo moral ya que si los bancos esperan que el Banco Central compense las retiradas hacia el euro digital, podrían asumir mayor riesgo en sus carteras, confiando en apoyo futuro.

No obstante, pese a los riesgos potenciales, una CBDC bien diseñada también puede reforzar la estabilidad financiera estructural. Por un lado, contribuiría a reducir la concentración de servicios de pago digitales en manos de unos pocos proveedores privados, mitigando así riesgos de dependencia excesiva y posibles fallos sistémicos en infraestructuras críticas.

Además, la presencia de un medio de pago digital público fomentaría la competencia y la innovación, incentivando a las entidades financieras a mejorar la calidad, eficiencia y seguridad de sus servicios (Bidder, 2024).

Asimismo, una CBDC aumentaría la transparencia del sistema financiero, al permitir un seguimiento más directo y granular de los flujos de liquidez minorista, facilitando así la supervisión macroprudencial. Finalmente, la introducción de un estándar público robusto elevaría los requisitos tecnológicos y de ciberseguridad en todo el sector financiero, actuando como referencia mínima de calidad y fortaleciendo el funcionamiento seguro y fiable de las infraestructuras de pago.

Asimismo, al proporcionar un medio de pago público robusto, puede evitar que monedas digitales privadas —como stablecoins globales— se conviertan en alternativas dominantes, lo cual sí podría plantear riesgos más profundos para la estabilidad monetaria.

5. Conclusiones

La introducción de un euro digital constituye uno de los cambios más significativos en la arquitectura monetaria y financiera europea desde la creación del propio euro. Su diseño final determinará en gran medida su impacto económico, pero incluso en fases preliminares resulta evidente que la CBDC tiene el potencial de reforzar la eficiencia, seguridad y resiliencia del sistema de pagos. Desde la perspectiva de la política monetaria, el euro digital podría mejorar la transmisión del tipo de interés y ampliar el conjunto de instrumentos disponibles para el BCE, aunque también plantea desafíos importantes para la estabilidad del sistema bancario y la gestión de la liquidez.

Los riesgos asociados, como la posible desintermediación financiera, la volatilidad en la demanda de reservas o la aceleración de retiradas de depósitos en momentos de tensión, pueden mitigarse mediante mecanismos de diseño adecuados, como límites de tenencia, remuneración escalonada o restricciones funcionales. En este sentido, el equilibrio entre eficiencia, competencia y estabilidad financiera será crucial para garantizar que el euro digital complemente, en lugar de desplazar, al sistema bancario.

En última instancia, la CBDC europea debe entenderse no solo como un instrumento tecnológico, sino como una oportunidad estratégica para fortalecer la soberanía monetaria, responder a la competencia de monedas digitales privadas y garantizar la continuidad y modernidad del dinero público en la economía digital del futuro.

Bibliografía:

Bidder, R., Jackson, T., y Rottner, M. (2024). Will the Digital Euro Strengthen Financial Stability?: Yes, Within Certain Limits. Deutsche Bundesbank.Brühl, V. (2025). How will the digital euro work? A preliminary analysis of design, structures, and challenges. Electronic markets, 35(1), 78.

Caccia, E.; Tapking, J.; Vlassopoulos, T. (2024). Central bank digital currency and monetary policy implementation, ECB Occasional Paper, No. 345, ISBN 978-92-899-6413-5, European Central Bank (ECB), Frankfurt a. M., https://doi.org/10.2866/710472

Dionysopoulos, L., Marra, M., & Urquhart, A. (2024). Central bank digital currencies: A critical review. International Review of Financial Analysis, 91, 103031.

European Central Bank. (2025a, 16 de julio). ECB publishes third progress report on the digital euro preparation phase. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.pr250716~463e72bbcb.en.html

European Central Bank. (2025b, 30 de octubre). El Eurosistema pasa a la siguiente fase del proyecto del euro digital. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.pr251030~8c5b5beef0.en.html

European Central Bank. (2025c, 4 de septiembre). El euro digital: garantizar la resiliencia y la inclusión en los pagos digitales. Declaración oficial ante el Parlamento Europeo. https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2025/html/ecb.sp250904~70ab593276.es.html

Rizwan, M. S., Ahmad, G., y Qureshi, A. (2025). Central bank digital currency and systemic risk. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 99, 102104.

Políticas Económicas Estructurales

Las finanzas sostenibles en los mercados financieros: ¿autorregulación vs. regulación?[1]

(por Inés Pérez-Soba Aguilar, Universidad Complutense de Madrid, Depto. de Economía Aplicada)

1. Introducción

La introducción de la sostenibilidad en los mercados financieros no sólo ha implicado la redefinición de productos financieros tradicionales como los bonos, con la aparición de los bonos verdes, azules, sociales, …, sino también la necesidad de garantizar que los recursos canalizados hacia ellos cumplan con los fines medioambientales, sociales y de gobernanza (los conocidos criterios ASG) que fundamentan su existencia. El proceso requiere que haya transparencia informativa por parte de los emisores con el fin de hacer creíble su compromiso con los fines mencionados, pero también mecanismos de control que permitan a los inversores confiar en que sus aportaciones efectivamente contribuyen a la transición hacia una economía sostenible. Se plantea, por tanto, un debate sobre quién debe regular este tipo de flujo de financiación en los mercados de valores: el propio mercado o alguna autoridad financiera nacional o supranacional.

Por otra parte, la financiación en los mercados crediticios también se ha visto afectada por variables que afectan a la sostenibilidad de las empresas y de la economía, como la creciente importancia de los riesgos no financieros, poniendo de relieve la necesidad de incorporar nuevas tareas a las autoridades monetarias y financieras.

El presente artículo aborda algunos de estos temas, tratados en la literatura académica reciente, como son el debate entre autorregulación o regulación pública en los mercados de valores para la financiación sostenible, la importancia del papel que ha adquirido la Unión Europea en la Unión Europea.

2. Autorregulación: estándares privados y limitaciones

Como mencionábamos anteriormente, para que fluya el ahorro hacia actividades económicas sostenibles, las empresas deben mostrar de forma creíble a los inversores su compromiso con dicho fin. Pero, ¿cómo se define la sostenibilidad de una empresa?. Actualmente no existe una única definición de empresa sostenible, ni ninguna de las existentes está generalmente aceptada, lo que da cabida al denominado greenwashing, término acuñado por primera vez en 1986 por el ambientalista J. Westervelt, que se ha traducido como blanqueo ecológico, ecoimpostura o “ecopostureo”. Este vocablo tiene múltiples definiciones (Freitas et al., 2020). Una de ellas, la del Concise Oxford English Dictionary (2018), lo define como “una imagen pública de responsabilidad medioambiental transmitida por o para una organización, etc., pero que se percibe como infundada o intencionadamente engañosa”[2]. Se trata, por tanto, de emplear una imagen de sostenibilidad que en la práctica es o incompleta, o bien total o parcialmente falsa, con las consecuencias negativas que de ello se deriva: el aumento de la desconfianza y la desorientación en los inversores y consumidores. El greenwashing constituye, por tanto, uno de los principales riesgos reputacionales y financieros en el ámbito de las finanzas sostenibles.

Como consecuencia, el volumen de financiación para la sostenibilidad y el coste de ese capital (“la prima verde” o el greenium) que algunos trabajos muestran como menor respecto del coste de la financiación de la deuda convencional (Zerbid, 2019; Ehlers y Packeer, 2017, entre otros) pueden verse penalizados. En última instancia, se puede incluso causar daño al propio medioambiente, al estar las empresas cumplidoras menos motivadas a la hora de respetar su compromiso medioambiental (Gatti et al., 2019).

Esto plantea el debate sobre quién determina que una empresa o producto financiero es sostenible y si la información que se suministra queda en el ámbito de la voluntariedad de las empresas o debe ser obligatoria por ley. En otras palabras, si las normas y su cumplimiento se dictan desde el propio mercado (autorregulación) o si debe hacerse desde la promulgación de leyes o directivas (en el caso de la Unión Europea) y la supervisión de las autoridades públicas.

La primera respuesta institucional sobre la determinación de qué es sostenible y frente al greenwashing proviene de la autorregulación. ¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes? Según Park (2018), la autorregulación de las finanzas sostenibles tiene como ventaja la mayor rapidez y receptividad con la que se responde a las necesidades de los participantes en los mercados financieros. Este tipo de régimen privado se basa en señales para regular –a través de la presión de los pares, el valor de la reputación y otra serie de mecanismos–, la conducta social y medioambiental de las empresas. En efecto, mediante el empleo de indicadores cuantitativos, referentes sectoriales (benchmarks), el seguimiento de buenas prácticas o la publicación voluntaria de información, las empresas revelan al mercado información de carácter no financiero relativa a cuestiones de tipo social, medioambiental o de gobierno.

Cronológicamente, los primeros informes no financieros datan de la década de 1970 y se centraban en cuestiones sociales. En los años ochenta se amplió el espectro hacia temas medioambientales (Stubbs y Higgins, 2018), especialmente a partir de la publicación en 1987 del Informe de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, presidido por la Dra. Brundtland, donde se define qué es desarrollo sostenible. En 1994, J. Elkington propone el “triple bottom line” (TBL) con el fin de que se evaluaran los resultados de una empresa no sólo desde la perspectiva económico-financiera tradicional, sino también desde la social y la medioambiental. Por tanto, la empresa contaría con una triple cuenta de resultados para conocer y también informar sobre su grado de cumplimiento con la sostenibilidad. En lo que se refiere a la comunicación sobre el desempeño en el cumplimiento del criterio G de gobierno de la empresa, aunque ya estaba, en buena medida, presente desde una perspectiva de ética empresarial algo abstracta en la Responsabilidad Social Corporativa, ésta se refuerza y concreta en datos con la aparición de los códigos de buen gobierno a finales del siglo XX. Así, desde 1992, año en el que en el Reino Unido se publica el Código Cadbury como respuesta a la necesidad de mejorar los mecanismos de control del gobierno corporativo, este tipo de códigos voluntarios se empezaron a extender a otras economías como la francesa (Informes Viènot de 1995), española (Código Olivencia de 1998), italiana (Código de Buen Gobierno Italiano de 1999), o alemana (Código Alemán de Gobierno Corporativo de 2001), haciéndose, posteriormente, obligatoria su publicación. Actualmente, el Instituto Europeo de Gobierno Corporativo (ECGI) tiene registrados más de seiscientos códigos de buen gobierno, principios y recomendaciones a nivel mundial, lo que pone de manifiesto la importancia que se da por el mercado y las autoridades financieras a este tipo de información.

Así llegamos a los Informes de Sostenibilidad de hoy en día, que integran el Informe de Responsabilidad Corporativa con el Estado de Información No Financiera, e incluyen ya las tres áreas de la sostenibilidad: Ambiental (A), Social (S) y de Gobierno (G) con toda una serie de indicadores y métricas de rendimiento.

¿Cómo hacer creíble la información que se comunica en estos informes? La respuesta autorreguladora para evitar el “ecopostureo” proviene de distintas instituciones de mercado que promueven el empleo de unas normas de procedimiento, información y certificación estandarizadas. Entre los estándares propuestos más influyentes destaca el de Global Reporting Initiative (GRI), que surge en el año 2000. Este tipo de estándar se basa en la norma ISO14001 que desde 1996, con modificaciones posteriores, ha permitido certificar el compromiso en materia medioambiental de las organizaciones (Mitchell y Hill, 2009). Este tipo de iniciativa se ha consolidado entre las empresas con sede en Europa y Asia, especialmente durante el período 1999-2017, aunque en Europa se está invirtiendo la tendencia creciente en los últimos años. En Norteamérica, sin embargo, a excepción de las multinacionales, su implantación ha sido más limitada, todo lo contrario que en Iberoamérica y África, áreas donde la tendencia se muestra positiva, tal como señalan Halkos y Nomikos (2021). Según el planteamiento de estos autores, la difusión e implementación de estándares como los del Global Reporting Initiative (GRI) se atribuye a la presión ejercida por los gobiernos, particularmente en ciertas naciones desarrolladas. Esto implica que el sector público estaría delegando la función de regulación de la «reputación sostenible» al sector privado.

Aunque el estándar propuesto por GRI es el que actualmente predomina, han proliferado múltiples normas de este tipo desde comienzos de este siglo (Koerber, 2009). En efecto, ya en 2003 se estima que existían más de trescientas en términos globales (Accountability Forum, 2004), la mayor parte de ellas centradas en destacar distintos aspectos de la responsabilidad social de las empresas, como las condiciones de trabajo, los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la transparencia, …. Entre estas normas existen ciertos solapamientos, ya que cada una de ellas está diseñada para satisfacer los requerimiento de las distintas partes interesadas o stakeholders (gobiernos, sindicatos, asociaciones civiles…) lo que puede generar un cierto babel normativo.

Respecto de la determinación de la sostenibilidad de los productos financieros que emiten las empresas para canalizar el ahorro a su actividad económica, la autorregulación o solución “de mercado” ha venido dada inicialmente por la Climate Bonds Initiative (CBI), que en 2013 publica su taxonomía, esto es, un sistema de clasificación para identificar las inversiones (activos y proyectos) que contribuyen a una economía con baja emisión de carbono. Esta guía emplea unos criterios de sostenibilidad que están basados en la estrategia climática de largo plazo, alineada con los objetivos del Acuerdo de París. A los bonos que satisfacen los criterios se les concede un sello o etiqueta y se supervisa que efectivamente cumplen los compromisos asumidos. Posteriormente, en 2014, el ICMA (International Capital Market Association) publica los Principios de los Bonos Verdes (“Green Bond Principles”), guía de cumplimiento voluntaria, actualizada cada dos años, que busca proporcionar un marco de transparencia y divulgación para la emisión de bonos verdes, dando una serie de principios que debe cumplir el emisor en cuanto al uso de los fondos, la evaluación de los proyectos que financian, la gestión de los fondos obtenidos con la emisión, la divulgación de la información sobre los recursos obtenidos y los proyectos que financian, y alguna medida sobre el impacto que se espera que tengan. Así, un bono certificado por la CBI generalmente cumple con los “Green Bond Principles” y, además, puede medir el impacto climático que tendrá la financiación de ese proyecto con criterios científicos sobre qué es “verde”. En suma, la mayoría de los emisores de bonos verdes buscan la alineación con los principios de ICMA como requisito mínimo y, si desean demostrar una alta credibilidad en términos medioambientales, entonces buscan cumplir los requisitos para obtener la certificación de la CBI.

En la autorregulación intervienen también otras clases de participantes, como las agencias de calificación que, desde 2005, evalúan el cumplimiento de los criterios ASG. Para ello se basan en los estándares propuestos en diversas guías o normas internacionales, como GRI, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas o el Protocolo de Kioto (Zuraida et al., 2018), y en la información proporcionada por las empresas en los informes corporativos y financieros, los informes de sostenibilidad, los informes de los auditores, encuestas, noticias …. A partir de estas fuentes, las agencias emiten unas puntuaciones que dependen de una serie de factores que consideran relevantes, factores cuya ponderación en el efecto sobre el valor a largo plazo de la empresa puede diferir. Todo ello podría explicar el por qué de las discrepancias encontradas entre las calificaciones emitidas por las diferentes agencias (Edmans, 2022). Estas calificaciones ASG son un importante elemento de autorregulación porque pueden afectar al coste y el volumen del capital con que se financian las empresas y su valoración en los mercados (El Ghoul et al., 2011; Bebchuk and Cohen, 2005; Cormier and Magnan, 1997).

Aunque la solución autorreguladora presenta importantes ventajas, también presenta determinados inconvenientes (Park, 2018), como son, por una parte, la falta de legitimidad y responsabilidad. El cumplimiento de la autorregulación se apoya esencialmente en la voluntariedad de las empresas implicadas para satisfacer los estándares privados y publicar los informes de sostenibilidad, siendo la reputación (basada en el interés propio o la creencia de que “hacen lo correcto”) o/y el control entre los participantes lo que incentiva su veracidad. Pero al carecer de una autoridad legal que lo supervise y respalde mediante sanciones por incumplimiento, los estándares privados pueden adolecer de la falta de legitimidad y responsabilidad mencionadas. Así, en Gatti et al. (2019), tras analizar 94 trabajos académicos sobre greenwashing, llegan a la conclusión de que la autorregulación se convierte en un terreno fértil para el “ecopostureo”. Park (2018) también menciona, por otra parte, la falta de consistencia que puede presentar la vía de la autorregulación, dada la diversidad de criterios que existen para evaluar la sostenibilidad, lo que puede generar confusión y facilitar la manipulación. A su vez, la existencia de diversos estándares puede incentivar que las empresas puedan escoger aquél que le sea más favorable a sus intereses, es decir, puede favorecer el arbitraje regulativo para mejorar artificialmente su imagen. Por último, también se señala como desventaja las limitaciones que presentan las calificaciones ASG que realizan las agencias. Por un lado, debido a la falta de consenso entre éstas a la hora de definir el contenido de los criterios de sostenibilidad que emplean para realizar sus evaluaciones, lo que puede dificultar la comparación entre las diferentes calificaciones (Berg et al., 2022). Por otro lado, porque a pesar de que las agencias han ido perfeccionando sus mediciones incluyendo nuevas variables en sus modelos, todavía queda margen para integrar plenamente los principios de sostenibilidad en el proceso de evaluación de las empresas (Escrig-Olmedo et al., 2019).

3. Regulación pública: el caso de la Unión Europea

Frente a los inconvenientes que presenta la autorregulación, la regulación pública ha ido ganando protagonismo en los últimos años, especialmente en la Unión Europea (UE). La principal regulación que enmarca la financiación sostenible en la UE es del Plan de Acción para la Financiación del Crecimiento Sostenible (2018), que se centra en tres objetivos:

1. Reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. Una de las acciones clave para lograr este objetivo es proporcionar al mercado una taxonomía, esto es, un sistema de clasificación para definir qué actividades económicas son ambientalmente sostenibles y contribuyen a la neutralidad climática, y así tener un lenguaje común en los mercados financieros a este respecto. Para ello se aprueba en 2020 el Reglamento de Taxonomía (UE 2020/852). Según este reglamento una actividad se considera sostenible si contribuye sustancialmente a uno de los seis objetivos medioambientales (mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición a una economía circular, prevención y control de la contaminación, protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas) y no perjudica significativamente a ninguno de los otros (el principio de «no causar un daño significativo»).

2. Gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático, el agotamiento de los recursos, la degradación ambiental y las cuestiones sociales. Con ello se busca garantizar que el sistema financiero sea resiliente ante estas nuevas circunstancias y que los riesgos (físicos y de transición) se incorporen en las decisiones de inversión y en la supervisión financiera. Por riesgos físicos se entiende aquellos que están vinculados a fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, inundaciones o incendios, mientras que los riesgos de transición son los asociados a los costes regulativos, tecnológicos o de cambios de preferencias derivados del paso de la economía actual hacia una economía descarbonizada. Ambos tipos de riesgos pueden convertirse en riesgos financieros que afecten directamente a la solvencia y liquidez de las entidades bancarias. Por ejemplo, un deterioro en las garantías de sectores intensivos en carbono, como el sector del petróleo, puede elevar el riesgo de crédito en ese sector y, por ende, el riesgo financiero de las entidades de crédito implicadas; las tensiones que se pueden dar para acceder a la financiación en un contexto de catástrofes naturales, elevarían el riesgo de liquidez y, por tanto, el riego financiero del sector bancario. Ante esta realidad, los bancos centrales, como el BCE, han comenzado a incorporar estos factores en sus marcos de supervisión. Muestra de ello son las pruebas de estrés climático (climate stress tests), implementadas por esta institución (o el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales), que constituyen un instrumento fundamental para evaluar la resiliencia de las entidades financieras ante shocks climáticos. No obstante, la efectividad de estos métodos está supeditada a que se superen ciertas limitaciones, entre las que destacan la escasez de datos granulares (información más específica y detallada) y la inherente complejidad de las interrelaciones entre las variables medioambientales, económicas, tecnológicas y regulativas, que requieren del desarrollo de modelos económicos más sofisticados.

Por otro lado, cabe señalar que el BCE, aparte de intentar medir los riesgos financieros derivados de los riesgos climáticos, también pretende emplear su influencia como autoridad monetaria para orientar la asignación de recursos hacia empresas más comprometidas con la transición ecológica, alineándose con los objetivos de neutralidad climática de la UE y del Acuerdo de París. Un claro ejemplo es la introducción de criterios climáticos en sus programas de compra de bonos.

3. Fomentar la transparencia y la visión a largo plazo en la actividad financiera y económica. Con ello se busca corregir el enfoque cortoplacista que pudiera tener el mercado y homogeneizar y mejorar la calidad, comparabilidad y fiabilidad de la información sobre sostenibilidad proporcionada por las empresas a los inversores. Las medidas que se han tomado para conseguir este objetivo son el desarrollo de estándares de información sobre sostenibilidad y la creación de etiquetas de la UE para productos financieros verdes, esto es, una versión pública de la respuesta dada desde hace años por el sector privado. Respecto a las Directivas, destaca la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (Directiva UE 2022/2464), que sustituye y amplía el alcance de la anterior Directiva (Directiva 2014/95/UE sobre Divulgación de Información No Financiera e Información sobre Diversidad) al incorporar no sólo a las grandes corporaciones (con más de 500 empleados), sino también a empresas medianas cotizadas.

Con esta Directiva, las empresas deben informar sobre su impacto social y ambiental basándose en los Estándares Europeos de Información sobre Sostenibilidad, que se aplican por las grandes empresas desde el 1 de enero de 2024. Este conjunto de normas y métricas estandarizadas pretende homologar la información financiera con la información sobre sostenibilidad y para ello establece un marco normalizado y obligatorio para que las empresas divulguen esa información. La información que se proporciona debe ser relevante (material) en una o ambas de estas dos dimensiones (doble materialidad): por una parte, respecto de cómo la empresa afecta al medio ambiente y a la sociedad (mide el impacto de adentro hacia fuera), lo que se conoce por “materialidad de impacto”; por otro, respecto de cómo afectan los factores de sostenibilidad (como los riesgos de transición o los físicos derivados de desastres climáticos y, también, las oportunidades que se derivan de una demanda creciente de productos sostenibles) al desarrollo, desempeño y posición financiera de la empresa. Esta segunda dimensión se conoce por “materialidad financiera” (mide el impacto de afuera adentro). Actualmente, la Directiva (UE) 2024/1760 sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDDD) da un paso más y busca garantizar la responsabilidad de las grandes empresas sobre el impacto que tienen en sus operaciones, filiales y socios de la cadena de valor (proveedores).

Esta regulación afecta a los países de la UE pero, al igual que sucede con la autorregulación, en el escenario internacional existen otras regulaciones públicas, lo que puede generar riesgos de fragmentación, arbitraje entre regulaciones nacionales (o de las áreas económicas) y un posible menor nivel de cumplimiento. Diversos documentos sugieren la necesidad de consensuar una taxonomía y proponen una serie de recomendaciones con este fin.

Tal es el caso del Banco de Pagos Internacionales (2021), que compara las taxonomías propuestas por la Comisión Europea, China y el Climate Bond Initiative, o el de la OCDE (2020), que compara las propuestas de China y la UE, y además las individuales de Francia, Japón y los Países Bajos. Para abordar este problema, la UE impulsó en 2020 la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, un espacio de coordinación global con países como China, Canadá y Marruecos (Romo, 2021).

4.Situación actual y conclusiones

Entonces, ¿cómo se regula actualmente la financiación sostenible? Lo que se observa es una amalgama de estándares privados que a veces operan de forma independiente y otras de manera conjunta con la regulación nacional o la de organismos internacionales (Park, 2018), esto es, existe un modelo híbrido. De esta forma, y según este autor, se aprovecha la flexibilidad de la autorregulación y se complementa con la normativa pública, que establecería unos mínimos obligatorios y los mecanismos de supervisión. Un ejemplo del funcionamiento de este modelo híbrido sería la obligatoriedad de realizar auditorías externas como forma de incentivar el cumplimiento de las normas privadas, entre otras.

Sin embargo, también puede ocurrir que las regulaciones nacionales o de organismos supranacionales vayan “desplazando” las regulaciones privadas, como podría estar sucediendo en el caso de la UE, por ejemplo, asumiendo la función de expedir etiquetas verdes o requerir información adicional sobre sostenibilidad a los emisores de forma obligatoria. Si este fuera el caso, la transición a un entorno de regulación pública[3] sería más “suave” para las empresas grandes cotizadas por el recorrido previo que han realizado en un medio de autorregulación, mientras que la transición de las pequeñas y medianas empresas se prevé más costosa y compleja (Gholami et al, 2022).

Bibliografía

Accountability Forum (2004). The Future of Corporate Responsibility Standards: In Conversation with Ernst Ligteringen of the Global Reporting Initiative and Simon Zadek of Accountability. Accountability Forum 4: 617

Bebchuk, L. y Cohen, A. (2005). The costs of entrenched boards. Journal of Financial Economics 78(2): 409-433

Berg, F., Koelbel, J. F. y Rigobon, R. (2022). Aggregate confusion: The divergence of ESG ratings. Review of Finance 26(6): 1315-1344.

Cormier, D. y Magnan, M. (1997). Investors’ assessment of implicit environmental liabilities: An empirical investigation. Journal of Accounting and Public Policy 16(2): 215-241

De Freitas Netto, S. V., Sobral, M. F. F., Ribeiro, A. R. B., y Soares, G. R. D. L. (2020). Concepts and forms of greenwashing: A systematic review. Environmental Sciences Europe 32(1): 1-12

Doni, F., Martini, S. B., Corvino, A., y Mazzoni, M. (2020). Voluntary versus mandatory non-financial disclosure: EU Directive 95/2014 and sustainability reporting practices based on empirical evidence from Italy. Meditari Accountancy Research 28(5)

Edmans, A. (2022). The end of ESG, European Corporate Governance Institute–Finance Working Paper (847)

Ehlers, T. y Packer, F. (2017). Green bond finance and certification. BIS Quarterly Review September.

El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C. y Mishra, D. (2011). Does corporate social responsibility affect the cost of capital? Journal of Banking & Finance 35(9): 2388-2406

Escrig-Olmedo, E., Fernández-Izquierdo, M. Á., Ferrero-Ferrero, I., Rivera-Lirio, J. M. y Muñoz-Torres, M. J. (2019). Rating the raters: Evaluating how ESG rating agencies integrate sustainability principles. Sustainability 11(3): 915

Gatti, L., Seele, P. y Rademacher, L. (2019). Grey zone in–greenwash out. A review of greenwashing research and implications for the voluntary-mandatory transition of CSR. International Journal of Corporate Social Responsibility 4(1): 1-15

Gholami, A., Murray, P. A. y Sands, J. (2022). Environmental, Social, Governance & Financial Performance Disclosure for Large Firms: Is This Different for SME Firms?. Sustainability, 14(10): 6019

Halkos, G., y Nomikos, S. (2021). Corporate social responsibility: Trends in global reporting initiative standards. Economic Analysis and Policy 69: 106-117

Koerber, C. P. (2009). Corporate responsibility standards: Current implications and future possibilities for peace through commerce. Journal of Business Ethics 89(4): 461-480

Mitchell, C. G., y Hill, T. (2009). Corporate social and environmental reporting and the impact of internal environmental policy in South Africa. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 16(1): 48-60

Park, S. K. (2018). Investors as regulators: Green bonds and the governance challenges of the sustainable finance revolution. Stanford Journal of International Law 54, 1

Romo González, L. A. (2021). Una taxonomía de actividades sostenibles para Europa. Documentos Ocasionales/Banco de España, 2101

[1] Este artículo es parte del proyecto de I+D+i PID2021-123154NB-I00, financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa.

[2]  Algunos autores (Gatti et al., 2019) incorporan a los factores de responsabilidad medioambiental otros de tipo social o de gobierno empresarial.

[3] Doni et al. (2020) señalan que los estándares del GRI son los que han permitido que las empresas estuviesen mejor preparadas para cumplir con la Directiva UE 2104/95.

Evaluación de políticas económicas

La ética y los sistemas de integridad pública como instrumentos de la lucha contra el fraude y la corrupción y el papel de las entidades fiscalizadoras superiores

(por Miguel Ángel Vaz-Serra Menéndez, subdirector técnico en el Departamento Segundo de las actuaciones de carácter económico y carácter general del Tribunal de Cuentas)

1. La ética pública como instrumento de lucha contra el fraude y la corrupción

La idea de reforzar la ética en la orientación y gestión de lo público ha cobrado fuerza tras constatarse que la mera aplicación de la normativa contra el fraude y la corrupción resulta insuficiente. Ello se debe, entre otros, a diversos factores relacionados con la norma y su aplicación: la rapidez con la que evolucionan los comportamientos corruptos y fraudulentos, frente a la capacidad de reacción de la normativa, siempre más lenta por la necesidad de seguir procedimientos garantistas; la falta de concreción derivada del principio de generalidad de la ley; la lentitud de la justicia para dictar resoluciones firmes; y el incremento del tráfico comercial y económico entre Estados con legislaciones muy distintas.

La internacionalización de la economía, especialmente desde los años 90, incrementó la dificultad trazabilidad de los hechos de fraude y corrupción, sus evidencias y sus efectos, todo ello pese a los avances logrados mediante la firma e implantación de tratados y convenios internacionales[1]. Lo que, en el marco de la sociedad de la información -donde se difunden rápidamente las noticias, fundadas o no, sobre abusos de poder, fraudes o conductas no éticas-, ha supuesto que aumente la sensación de impotencia y la indignación ciudadana, generando además desconfianza en las instituciones públicas. Así surgieron en el ámbito internacional numerosas voces demandando el fortalecimiento del control ante este tipo de situaciones[2].

En este contexto, se demandan nuevas medidas u orientaciones que ayuden a superar las limitaciones que se había venido dando en la lucha contra el fraude y la corrupción. Así, la ética se muestra como un nuevo instrumento para combatir comportamientos que desvían la acción pública del bien común. En esta materia pueden identificarse dos perspectivas complementarias:

• Perspectiva tradicional, basada en el cumplimiento de estándares (normas legales o internas) y, en su caso, en la sanción de incumplimientos.
• Perspectiva ética, orientada al comportamiento humano desde diferentes enfoques, principalmente, antropológicos, psicológicos o sociológicos.

A continuación, se resumen sus diferencias:

Sin perjuicio de su complementariedad, ambas perspectivas no son ajenas la una de la otra. Así, por ejemplo, por un lado, la perspectiva ética se ve reforzada por la “norma” (elemento característico del enfoque tradicional) en tanto que plasma un compromiso general con amplia aceptación, de manera que su inobservancia lleva aparejada una sanción; mientras que, por otro, la intensidad de las sanciones se debe moderar para determinados comportamientos atendiendo a la merma que pueden causar en la cultura ética de una organización o del ámbito público en general. De manera que una sanción demasiado estricta, en determinadas circunstancias, podría estar fomentando una cultura de ocultamiento o, en general, conductas orientadas a evitar el castigo, perjudicando la interiorización de los principios y valores de las organizaciones públicas.

2. Diferencia entre ética e integridad pública

Si bien existen distintas acepciones de estos términos, parece conveniente a efectos de este artículo adoptar definiciones operativas que faciliten la comprensión de los sistemas de ética o de integridad pública.

La ética pública se puede definir como el conjunto de principios, valores y criterios de comportamiento aplicados al ámbito público: gobierno, administraciones, organismos y empresas públicas e, incluso, actores privados cuando intervienen en lo público (contratistas, perceptores privados de subvenciones…). Por su parte, la Directriz de EUROSAI[3] sobre auditoría de la ética en las organizaciones del sector público (EUROSAI, 2017)[4], en adelante Directriz de EUROSAI, centrándose más en el ámbito público, aclara que la ética del sector público es aquella que guía tanto el comportamiento individual de los servidores públicos, como el comportamiento institucional, dentro de un marco de honestidad, integridad, transparencia y orientación al bien común.

El concepto de integridad pública se refiere a la aplicación práctica de los valores y principios éticos. Por ello, más que de sistemas de ética pública se habla de sistemas de integridad pública. En concreto la Recomendación del Consejo de la OCDE [5] sobre integridad pública (OCDE, 2017)[6], en adelante la Recomendación de la OCDE, define la integridad pública como el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados.

3. Políticas y sistemas de integridad

La OCDE ha sido uno de los organismos internacionales que ha abordado prolijamente el estudio de la ética y la integridad, tanto en el ámbito del sector público como privado. Así, ha generado un gran valor añadido con sus numerosas publicaciones en la materia, que abarcan desde recomendaciones emitidas por su Consejo, directrices, guías, manuales, modelos de evaluación, hasta estudios e informes de evaluación. En ellos se trata la integridad pública desde diferentes perspectivas: país o Estado, áreas o sectores de actividad, individual o de una entidad u organización, entre otras. De este modo la OCDE se ha convertido en uno de los referentes principales a la hora de diseñar e implementar políticas y sistemas de integridad pública.

La Recomendación de la OCDE propone políticas de integridad adaptadas al contexto en el que se implementan, con enfoques conductuales y de gestión de riesgos, y orientadas a promover una cultura de integridad no solo en cada organización pública o en el conjunto del sector público, sino en toda la sociedad. Estas orientaciones se presentan como factores determinantes en el diseño, funcionamiento y control de los sistemas de integridad pública. En concreto, la OCDE analiza la integridad pública desde un enfoque conductual, destacando su estudio La integridad pública desde una perspectiva conductual [7]. Así, se tiene en cuenta las características del comportamiento del individuo que opera en una organización pública, lo que requiere tratar aspectos subjetivos, que son más difíciles de concretar, añadiendo complejidad al diseño de los sistemas de integridad.

Tratar con elementos subjetivos requiere frecuentemente obtener información basada en percepciones de los individuos, lo que dificulta conocer con precisión en qué situación se encuentra la ética organizacional en un momento determinado, afectando en la misma medida a su seguimiento. Lo que, junto con la existencia de variadas causas que pueden incidir en la evolución de los aspectos éticos y, en general, en la cultura ética, hace muy difícil concretar cómo el sistema de integridad a contribuido a la mejora de la cultura ética organizacional o de la lucha contra el fraude y la corrupción. Por otro lado, los instrumentos de promoción de la cultura de ética o de integridad pública pueden ser muy variados (más adelante se incluyen algunos ejemplos) y, en todo caso, se han de escoger teniendo en cuenta el contexto en el que se van a desarrollar -sector de la actividad pública desarrollada, características de la organización pública, sus áreas o departamentos y, sobre todo, los destinatarios-. Sin embargo, valorar la efectividad de esos instrumentos en el fomento de la cultura ética resulta más complicado, tanto por su componente subjetivo como por la tendencia natural del individuo a ocultar o quitar importancia a sus comportamientos contrarios a la ética.

En este sentido, para intentar sortear el componente subjetivo en el diseño e implementación de sistemas de integridad puede ser tentador centrarse en los aspectos objetivos, más fáciles de implementar y de hacer seguimiento, por ejemplo, que exista un código ético, un canal de alertas, un mínimo de difusión, etc. Sin embargo, de hacerlo así se correría el riesgo de que estos sistemas funcionasen de manera meramente formal y, por ello, fueran ineficaces.

Por lo que, para no obviar el elemento subjetivo, se viene requiriendo que en los sistemas de integridad se persiga también la interiorización de los valores y principios de las organizaciones que los implantan, siendo conveniente definir un camino para alcanzar ese objetivo de interiorización. Los diferentes hitos y la orientación de las acciones para alcanzarlos se resumen en el siguiente gráfico que luego se explica en los párrafos siguientes.

En un primer momento se busca de las personas a las que afecta el sistema de integridad (en adelante destinatarios) una aceptación real, tanto de los principios y valores como del propio sistema, para ello son claves las acciones de sensibilización orientadas a convencer sobre su conveniencia o necesidad, lo que requiere previamente adquirir un grado de conocimiento suficiente sobre esas materias.

A partir de ahí se va requiriendo una actitud más proactiva, buscando incrementar progresivamente la implicación de esos destinatarios. Para ello las acciones se centran en concienciar sobre qué implica el sistema de integridad y sus principios y valores, especialmente para el rol que cada destinatario tenga asignado en la organización. Esto supone que el destinatario deba tener claro el sistema y su funcionamiento para poder profundizar en sus principios y valores, así como reflexionar sobre la aplicación práctica en su ámbito de actuación profesional. El objetivo de la implicación es que los destinatarios compartan plenamente con la organización los principios y valores del sistema de integridad y, también, los criterios para su aplicación (comportamientos requeridos, conductas prohibidas…).

Por último, la interiorización viene a ser la asimilación de los valores y principios y del funcionamiento del sistema, de manera que los destinatarios los apliquen de manera natural e inmediata en sus comportamientos y tareas dentro del marco de la organización.

4. El elemento holístico en los sistemas de integridad

Los efectos directos de estos sistemas de integridad, especialmente, en cuanto a prevenir casos de fraude y corrupción son difíciles de cuantificar con detalle, ya que, por un lado, no se puede conocer qué posibles comportamientos corruptos o fraudulentos se han evitado o reconducido, pues requeriría la declaración fiable de los supuestos infractores, lo cual no parece fácil de obtener. Tampoco es probable conocer todos los comportamientos corruptos (hayan logrado su propósito o no) que puedan ocurrir en un ámbito, pues por su propia naturaleza se intentan ocultar. Sin embargo, a partir de los estudios de conductas en diferentes ramas del conocimiento, principalmente las ciencias sociales y la psicología, se conoce que la implementación efectiva de determinados elementos y mecanismos relacionados con la ética (códigos de ética y de conducta, canales de alerta y consulta, formación en la materia, etc.) influyen positivamente en la ética organizacional, mitigando también los riesgos de fraude y de corrupción.

Si bien, el potencial de los sistemas de integridad está ligado a su enfoque holístico, de manera que el sistema de integridad funcione teniendo en cuenta la interconexión entre sus distintos elementos (códigos de ética y de conducta, órganos internos de impulso y vigilancia, asesoramiento en comportamiento ético, sistemas de alerta o de denuncia, difusión, formación, política de sanciones, etc.).

La necesidad de esta perspectiva holística también es consecuencia de la interconexión percibida entre diferentes comportamientos. Así, con frecuencia, hay comportamientos que se perciben y/o valoran de manera distinta por los miembros de un grupo, especialmente aquellos que tienen un mayor componente subjetivo. En principio, esto no tendría que suponer un problema, pero las probabilidades de serlo incrementan al tratar de valorar aspectos sensibles como la ética, el fraude o la corrupción.

En este ámbito, cuando un individuo piense que existen diferencias relevantes en el trato dado a comportamientos semejantes, ya sea por la valoración dada a un comportamiento o por el funcionamiento del propio sistema, su confianza sobre el sistema de integridad pública en general disminuirá. Esto puede darse con más frecuencia de lo que puede parecer, ya que el entendimiento, creencias y valores propios de cada individuo determinan su capacidad de relacionar, pudiendo considerar equivalentes comportamientos y fallas del sistema muy diferentes, por ejemplo, el empleado que justifica no reprender la utilización del material de oficina para usos propios, al considerar que a un compañero se le permite ausentarse del trabajo sin justificación alguna. A través de este tipo de equivalencias los individuos tienden a generalizar las conductas éticas, haciendo probable que no solo deje de creer en las valoraciones otorgadas a comportamientos concretos o en el elemento del sistema que considere fallido, sino que desconfíe del conjunto del sistema, desarrollando una actitud defensiva ante él, en vez de mantener una actitud proactiva.

De todo ello se desprende la importancia de que los mecanismos de control de los sistemas integridad incorporen esta perspectiva holística [8], y no enfoquen el control como un agregado de controles sobre los diferentes elementos del sistema.

5. El papel de las entidades fiscalizadoras superiores

La importancia que tiene que los recursos públicos se gestionen de acuerdo con los principios y valores de la ética pública y, en concreto, la relevancia de los sistemas de integridad pública como instrumento necesario para ello, así como para la lucha contra la corrupción y el fraude en el sector público, justifica su evaluación tanto por el control interno de las organizaciones públicas, como por las instituciones de control externo.

El Marco de Pronunciamientos Profesionales de INTOSAI[9] establece los principios básicos que respaldan los principios fundadores de una Entidad Fiscalizadora Superior (EFS), refiriéndose tanto al papel que debe cumplir una EFS en la sociedad, como a los requisitos previos para su funcionamiento. En concreto la INTOSAI P-12 El Valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores[10] recoge los principios para que las EFS marquen la diferencia en la vida de los ciudadanos, orientándose varios de ellos a fortalecer la integridad del gobierno y las entidades públicas.

Sobre esta base la Directriz de EUROSAI observa que las EFS tienen un importante papel en la salvaguarda de la confianza de los ciudadanos en el gobierno y en el sector público, recogiendo como objetivo principal en las auditorías de ética el fomento de ética pública en las organizaciones públicas.

La INTOSAI-GUID 5270, Directriz para la Auditoría de Prevención de la Corrupción[11], otorga a las EFS un papel relevante en el combate a la corrupción mediante el ejercicio de sus competencias habituales, fortaleciendo a las instituciones públicas como elementos del sistema de integridad nacional.

En este marco, la Directriz de EUROSAI, orienta fundamentalmente las auditorías de ética a fortalecer la integridad en las organizaciones del sector público, fomentando así un ambiente ético sólido, que, además, sirva para mejorar el rendimiento y la eficacia de los organismos públicos.

Por último, la Recomendación de la OCDE refuerza el papel de las EFS en la supervisión y control externos en el sistema de integridad del conjunto del sector público, entre roles de la EFS prevé que faciliten el aprendizaje organizacional en integridad pública a las entidades del sector público.

6.Algunas especialidades del control externo en los sistemas de integridad

Uno de los principales riesgos con los que nos encontramos al fiscalizar o auditar un sistema de integridad es que su funcionamiento sea meramente formal o de mero trámite, desviándose así de conseguir un verdadero cumplimiento de los principios y valores de la ética pública y, más aún, de fomentar una cultura de integridad pública.

Para verificar más allá si se ha producido un cumplimiento formal o meramente documental, es probable que las auditorías o las fiscalizaciones deban incorporar nuevos enfoques, fuentes de información, técnicas de obtención y de análisis de la información y tipos de evidencia. Así, por ejemplo, será más frecuente que para obtener una evidencia concluyente se precise obtener diferentes tipos o fuentes de evidencia (triangulación). Sin ánimo de exhaustividad, se exponen algunos retos que para el control externo suponen estas novedades y la manera de abordarlos:

• ¿Cómo valorar el impulso dado desde la cúpula de la organización, el liderazgo mostrado por sus mandos altos y medios en la implementación al sistema de integridad de la organización y, en general, la implicación de sus diferentes destinatarios?

El control aquí se centraría fundamentalmente en determinar la adecuación y suficiencia de estos tipos de implicación. Para ello, por ejemplo, se pueden utilizar encuestas, entrevistas individuales, grupos focales u otras técnicas en las que intervienen los destinatarios, pudiéndose completar los resultados obtenidos con estas técnicas apoyándose en otras evidencias documentales como el contenido de los cursos impartidos, actas y resoluciones de órganos de gestión y administración de la organización, resoluciones e informes de los órganos internos de seguimiento y control, planes e informes de gobernanza o el análisis del contenido de las consultas que sobre el sistema de integridad o sobre sus principios y valores realicen sus destinatarios.

• Aunque los principios y valores éticos de la organización sean compartidos por los destinatarios, los criterios y comportamientos sobre los que se aplican están sujetos a la percepción de cada individuo, la cual se ve condicionada por el entendimiento y la confluencia con los valores propios de ese individuo, por lo que en la práctica ante los mismos hechos y aplicando los mismos valores y principios éticos es muy factible que haya apreciaciones diferentes. Entonces, ¿Qué y cómo analizar?

En este caso, uno de los aspectos relevantes para el control es comprobar si el sistema de integridad persigue y, en la medida de lo posible, consigue una suficiente homogeneidad en esas apreciaciones. Para ello, además de muchos de los instrumentos de control indicados en el punto anterior, también se debería analizar la adecuación y la viabilidad de las medidas aplicadas para alcanzar ese fin. Por ejemplo, centrándonos en la formación, el análisis puede ser, entre otros, sobre: el tipo de formación impartida, cuanto más interactiva sea y se facilite a los asistentes plantear sus dudas e intercambiar conocimientos y opiniones, más profundo será el conocimiento adquirido, facilitando su interiorización; la retroalimentación del sistema de integridad con aportaciones surgidas de los debates, incidencias y cuestiones tratadas en las sesiones formativas o jornadas de sensibilización o concienciación, medida inclusiva que fomenta que los participantes (destinatarios) se involucren con el sistema de integridad; el número y tipo de destinatarios del sistema a los que ha llegado la formación impartida; y su adecuación de ámbito más concreto para el que destinatario desempeña su rol dentro de la organización, que facilita su comprensión y transmite una visión de utilidad para el destinatario, facilitando su compromiso con el sistema. Conviene señalar que las encuestas de clima ético también se pueden utilizar para que los destinatarios reflexionen sobre los principios y valores organizacionales y su aplicación efectiva.

• ¿Cómo analizar la confianza que los posibles alertadores pueden tener sobre los sistemas de información de alertas (canales éticos, de denuncia…)?

Para ello, junto con algunos de los instrumentos arriba citados que aportan información de los destinatarios, es relevante analizar la lógica de estos sistemas en relación con (1) ·las garantías de protección para los alertadores; (2) garantías de confidencialidad y, en su caso, de anonimato, tanto de los alertadores como de los afectados por la alerta; (3) la viabilidad para aplicar la correspondiente sanción cuando los hechos lo requieran; (4) la agilidad en la tramitación de las alertas; (5) la trazabilidad de la tramitación y su conocimiento por parte del alertador; (6) garantías de independencia en la tramitación y en la adopción de las resoluciones pertinentes; (7) competencia y credibilidad de los órganos encargados de la tramitación y resolución, así como de los miembros que los componen; (8) accesibilidad para el posible alertador, para que antes de interponer la alerta, pueda conocer el procedimiento interno para tramitar la alerta -desde la introducción de la alerta hasta la resolución sobre los hechos alertados por el órgano competente previsto en el procedimiento-, las garantías de confidencialidad en la tramitación e investigación de los hechos y los medios a través de los que el alertador puede conocer el estado de tramitación en el que se encuentra su alerta.

7.Conclusión

Los sistemas de integridad pública se muestran como un instrumento importante tanto para la lucha contra la corrupción y el fraude en el sector público, como para velar que la gestión de los fondos públicos se oriente al bien común. Estos sistemas se despliegan a partir de los valores y principios éticos públicos y de sus criterios de aplicación adaptados y desarrollados para cada organización pública según sus propias circunstancias. Así, la integridad pública viene a ser la aplicación de esos principios y valores éticos a las conductas que se producen en el ámbito de una organización pública y los sistemas de integridad pública los encargados de velar porque esto sea así, debiendo tener en cuenta elementos conductuales que muy a menudo incorporan un importante componente subjetivo, así como enfoques y procedimientos novedosos, como, por ejemplo, la promoción de la cultura ética en el ámbito de esa organización.

En este contexto, las EFS tienen un papel clave en el impulso de la integridad pública. Su contribución va más allá de la verificación del cumplimiento de las normas o de los procedimientos internos establecidos en esta materia, siendo necesario que en sus fiscalizaciones incorporen enfoques, técnicas y herramientas específicas que permitan obtener resultados fiables tratando adecuadamente en sus análisis el componente subjetivo que surgen de aspectos éticos y utilizando su propia actividad fiscalizadora para la promoción de la cultura ética en el sector público.

1] Entre otros: (I) La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) fue adoptada por los países miembros de la Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996 fue la primera convención internacional que abordó la cuestión de la corrupción. (II) Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, que entró en vigor en 1999; y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, hoy ratificada por casi todos los países del mundo.

[2] Ver artículo Fiscalización de los Planes Antifraude: ¿Analizar concienciación o cumplimiento? (nº 6 2024 Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas).

[3] Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa.

[4] https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/working-groups/audit-ethics/RelDoc/TFAE-Guidelines-to-audit-ethics_-ES.PDF

[5] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

[6] Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa.

[7] OCDE (2018)https://www.eurosai.org/handle404 exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/working-groups/audit-ethics/RelDoc/TFAE-Guidelines-to-audit-ethics_-ES.PDF y OECD (2020), Manual de la OCDE sobre Integridad Pública, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8a2fac21-es.

[8] En esta línea se manifiesta la Directriz de auditoría de la ética en las organizaciones del sector público (EUROSAI, 2017).

[9] INTOSAI son las siglas en inglés de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Enlace a la página web del Marco de Pronunciamientos Profesionales de INTOSAI: https://www.intosai.org/es/sp-focus-areas/audit-standards.html

[10]https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/INTOSAI-P-12-El-Valor-y-Beneficio-de-las-Entidades-Fiscalizadoras-Superiores-marcando-la-diferencia-en-la-vida-de-los-ciudadanos.pdf

[11]https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/GUID-5270-Directriz-para-la-Auditoria-de-Prevencion-de-la-Corrupcion.pdf

Política Económica y Género

Desigualdad de género en el turismo español: evidencias estratégicas para impulsar políticas públicas transformadoras

(por Marina Marfil Cotilla Departamento de Economía Aplicada, -Política Económica-, Universitat de València; Juan Antonio Campos Soria, Departamento de Economía Aplicada (Estructura económica), Universidad de Málaga; Alejandro García Pozo, Departamento de Economía Aplicada (Estructura económica), Universidad de Málaga)

1. Introducción

La precariedad laboral y la discriminación salarial de las mujeres son temas ampliamente debatidos en el mercado de trabajo actual, y su presencia en las reivindicaciones sociales y gubernamentales es notable. La Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025 de la Comisión Europea establece un marco de actuación para avanzar en la igualdad de género en Europa, tomando como puntos clave de acción: la participación de las mujeres en el mercado laboral, la reducción de la segregación laboral entre hombres y mujeres en los distintos sectores de la economía, la conciliación trabajo-familia y la reducción de la brecha salarial de género. Por otro lado, la igualdad de género en el ámbito laboral, entendida entre otras cuestiones como la plena participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo, se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

En este contexto, el sector turístico se ha considerado a nivel internacional un sector clave para lograr un desarrollo económico más equilibrado de los países mediante la reducción de las disparidades y la mejora de la integración e inclusión social de sus trabajadores (Zhang y Yang, 2023). En especial, la actividad turística sirve como vehículo de desarrollo para economías que pese a su situación cuentan con ventajas comparativas en recursos favorables a esta actividad, como son los recursos naturales o las condiciones climatológicas (Gomes y Silva, 2014; Guimarães y Silva, 2016).

Dichas condiciones sitúan al sector turístico como una actividad determinante del desarrollo económico de los países a escala internacional. En el caso específico de Europa, a pesar de las significativas disparidades entre los países, el turismo representa una parte importante de la economía global de la UE. Previo a la crisis sanitaria del Covid-19, el turismo representa casi el 10% del PIB de la UE-28 y contribuye a la creación de alrededor de 23 millones de puestos de trabajo, lo que supone más del 12% del empleo total de la UE-28 y un 9,6% con respecto al empleo en la economía empresarial no financiera (World Travel and Tourism Council, 2023). Sin embargo, las oportunidades de empleo del sector turístico se caracterizan por ser de baja calidad, debido al uso intensivo de la contratación temporal y a tiempo parcial, y a la existencia de bajos salarios. En el caso particular de las mujeres, a pesar de que éstas realizan una importante contribución a la industria del turismo y en especial a la hostelería, todavía tienden a concentrarse en ocupaciones de menor estatus y peor remuneradas, con patrones diferenciados entre países (Burrel, Manfredi y Rollin, 1997; Baum, 2013; Oliver y Sarz, 2020). En este sentido, se ha observado que dichas características laborales son especialmente penalizadoras en los países del sur de Europa donde la estacionalidad de la demanda del sector tiende a ser mayor (Baum, 2013).

El presente trabajo, responde a la necesidad de comprender mejor la relación entre las condiciones generales del trabajador y los retos a los que se enfrentan las mujeres, especialmente en el sector turístico español.

El estudio examina los determinantes de la brecha salarial de género a lo largo de la distribución salarial en el turismo desde un punto desde una perspectiva sectorial, centrándose en los principales sectores asociados a la actividad turística: hostelería, transporte, intermediación turística y servicios complementarios. Con el fin de obtener la evidencia necesaria para delimitar con precisión los problemas que darán lugar a los objetivos de política económica.

El estudio se estructura en cuatro apartados: en primer lugar, se presenta un marco contextual sobre la brecha salarial de género en el sector turístico; a continuación, se analiza la heterogeneidad del sector, destacando las diferencias laborales y salariales entre subsectores; seguidamente, se exponen los principales resultados del estudio; y, finalmente, se presentan las conclusiones, en las que se sintetizan los hallazgos más relevantes y sus implicaciones.

2. Marco contextual

Las Naciones Unidas (2023) estiman que el PIB mundial podría aumentar en más de 12 billones de dólares si se incorporara todo el potencial de las mujeres en la economía a nivel global, generando importantes efectos positivos en la productividad y en los resultados financieros de las empresas, así como en la distribución económica de los recursos entre las familias. Uno de los pilares en los que se fundamenta el crecimiento económico es la contribución de la mano de obra a la economía. Sin embargo, también se deriva de una utilización más eficiente de dicha mano de obra en los procesos de producción, pudiendo verse frenado por la existencia de imperfecciones en el mercado laboral, que provocan asignaciones ineficientes de los recursos (Lochner y Schulz, 2023). Estas imperfecciones pueden derivarse de la existencia de estructuras salariales inflexibles como consecuencia de la regulación del mercado que impiden que los salarios se ajusten a la oferta y la demanda laboral a lo largo del ciclo económico, generando problemas de desempleo o de vacantes difíciles de cubrir. Pero también pueden ser debidas al desigual poder de mercado entre empresas y trabajadores, como en el caso de los monopolios o monopsonios, que pueden afectar de forma heterogénea a los distintos sectores de la economía (Lanzona, 2022).

Por otro lado, la discriminación de determinados grupos de trabajadores puede crear barreras a la entrada al mercado laboral e ineficiencias en el mismo (Christofides, Polycarpou y Vrachimis, 2013). En todos estos casos, los salarios pueden no responder a la productividad de los trabajadores, aunque ciertos grupos pueden verse más penalizados que otros. En este contexto, pueden crearse mercados de trabajo duales, por un lado, con trabajadores privilegiados y bien protegidos, que conforman los denominados mercados primarios, y por otro, trabajadores con condiciones laborales más precarias que conforman los mercados secundarios (Piore, 1969). Éstos últimos pueden estar remunerados por debajo de su nivel de productividad, pudiendo añadir potencial a la producción si estuvieran ocupando puestos adecuados a su nivel de competencias y cualificaciones. Fernández y Rodríguez (2011) encuentran que existe una participación desigual de hombres y mujeres en ambos tipos de mercados a nivel sectorial, mostrando que las mujeres están sobrerrepresentadas en los mercados secundarios. La desigual participación de hombres y mujeres en los mercados primarios y secundarios a nivel sectorial influye de forma específica en las diferencias salariales de género, en este sentido, destaca el sector turístico debido a su elevada dualidad laboral en relación con otros sectores de la economía (Fernández y Rodríguez, 2011; Oliver y Sard, 2021).

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo posee un papel clave que desempeñar en la consecución de los compromisos centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos los compromisos en el ámbito laboral, tales como la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y “no dejar a nadie atrás” (not one behind) desde un punto de vista distributivo (OMT, 2019).

La estructura laboral intensiva en mano de obra de la actividad turística ha favorecido el acceso de grupos vulnerables como las mujeres o los jóvenes hayan podido acceder al mercado laboral (Rinaldi y Salerno, 2020; Jackman, 2022).

Sin embargo, las oportunidades laborales del turismo se han caracterizado tradicionalmente por ser de baja calidad, evidenciando, entre otras cuestiones, un uso excesivo de la contratación temporal y a tiempo parcial (Lacher y Oh, 2012; Blake, Arbache, Sinclair y Teles, 2008), así como una considerable brecha de género en términos de precariedad laboral y salarial (Santero, Segovia, Castro, Figueroa y Talón, 2015). A nivel mundial, las mujeres estás sobrerrepresentadas en la mayoría de las ocupaciones del sector turístico (Riley, Ladkin y Szivas, 2002) pero, al mismo tiempo, se observa una significativa infrarrepresentación en los puestos de liderazgo y de mayor remuneración del sector (Marfil, Campos y García, 2024). Estudios llevados a cabo en diferentes países respaldan este resultado, demostrando que la desigualdad de ingresos salariales entre hombres y mujeres en el sector turístico es un problema a nivel internacional (Baum, 2013).

En el caso específico de la economía española, el sector turístico en general, y en particular la hostelería, presentan ciertas características que lo hacen especialmente relevante a la hora de analizar la cuestión de la brecha salarial de género y sus determinantes. Según Eurostat (European Labour Force Survey), en la última década, el empleo en “Actividades de alojamiento y restauración” ha ido en aumento en los países de la UE-27, ocupando España el cuarto lugar en número de empleados (es decir, 1.56 millones de trabajadores en 2018). Según los datos extraídos de la European Labour Survey de Eurostat, en 2023 España representa el 19.20% de los trabajadores del sector turístico a nivel europeo. En el caso particular del sector de la hostelería, en 2023 el 59.2% de los trabajadores europeos empleados eran mujeres (mientras que en España suponen el 55.49%), ocupando el empleo femenino el 69.25% de los contratos a tiempo parcial del sector.

En España, cabe destacar que, durante el mismo periodo, las mujeres representaban el 70% de los trabajadores a tiempo parcial de este sector. Estas cifras se encuentran en consonancia con los resultados del trabajo de Campos y Ropero (2016), en el que se defiende que los países con altas tasas de contratos a tiempo parcial cuentan con mayores tasas de participación femenina, controlando por otro tipo de factores. Así, autores como Marchante, Ortega y Pagán (2007) o Segovia, Figueroa, Fuentes y Muñoz (2018) han mostrado que la hostelería española se distingue de otros países por tener mercados laborales internos muy débiles -especialmente en el caso de las mujeres-, lo que se asocia a altas tasas de contratos a tiempo parcial y temporales y a un empleo precario en términos salariales. Otro elemento que diferencia al mercado laboral español de los países vecinos es la importante segregación ocupacional, que tiene marcados efectos sobre los salarios de hombres y mujeres (Marfil y Campos, 2021). Estas diferencias estructurales en el mercado laboral subyacen a las diferencias entre España y otros países europeos en relación con la brecha salarial de género (Muñoz, 2009).

Un análisis riguroso de las dinámicas laborales y de género en el sector turístico expuestas proporciona la evidencia necesaria para delimitar con precisión el conjunto de problemas, sobre el cual se definirán los objetivos y las posteriores intervenciones públicas. Nuestro análisis permite orientar políticas destinadas a promover la igualdad salarial y garantizar condiciones de trabajo equitativas, así como a impulsar estrategias institucionales que contribuyan de manera sostenida a la reducción de las brechas de género. De este modo, esta investigación se convierte en un instrumento clave para el desarrollo de políticas públicas que respondan a las necesidades reales del mercado laboral turístico y contribuyan finalmente a una economía con mayor justicia social.

3. Heterogeneidad sectorial en el turismo

La heterogeneidad sectorial que caracteriza al turismo representa un reto a la hora de analizar la brecha salarial de género en el mismo. La existencia de marcadas diferencias entre las características laborales y salariales de los trabajadores de sectores como la hostelería frente a otros sectores como el transporte, la intermediación turística, o la oferta complementaria, entre otros, hacen que difícilmente podamos hacer alusión de forma general a la brecha salarial en turismo. Entre dichas características laborales de la hostelería en relación con otros sectores, cabe mencionar la escasa remuneración relativa de sus trabajadores en relación con otros sectores, así como la elevada inestabilidad del empleo como consecuencia tanto de la estacionalidad de la demanda como de la elevada tasa de rotación laboral (Marchante et al., 2007; Casado y Simón, 2016). Trabajos como el de Casado y Simón (2016) o Oliver y Sard (2021) analizan cuál es el origen de estas diferencias sectoriales, tratando de comprobar si son debidas a las características productivas de los trabajadores o causadas por la discriminación sectorial. A su vez, estas diferencias sectoriales pueden variar entre aquellos trabajadores que tienen niveles salariales elevados y los que ocupan puestos de menor remuneración (Casado y Simón, 2016). Algunos estudios han abordado este fenómeno, analizado de forma específica las disparidades laborales y salariales en el subsector de la hostelería frente al resto de servicios privados (Campos, García, Sánchez y Benavides, 2011; García, Campos, Sánchez y Marchante, 2012). Aunque la literatura previa demuestra la existencia de discriminación de género dentro del sector turístico o en la hostelería en particular, sin embargo, la mayoría de los estudios abordan dicha cuestión a nivel global, sin tener en cuenta la potencial heterogeneidad en los salarios a lo largo de la distribución salarial. Entre los determinantes estudiados, se ha observado que factores tales como la segregación vertical o el “techo de cristal” afectan de forma diferenciada a grupos ocupacionales específicos (Burgess, 2003; Skalpe, 2007; Baum, 2013; Carvalho, Costa, Lykke y Torres, 2019; Marfil y Campos, 2021). Por este motivo, resulta de interés sobre el estado de la cuestión el profundizar en los principales determinantes de la diferencia salarial y en especial en su componente discriminatorio a lo largo de la distribución salarial, desde una perspectiva sectorial.

En este contexto, el presente trabajo analiza la brecha salarial de género a lo largo de la distribución salarial en el turismo desde un punto de vista sectorial. La metodología utilizada es la descomposición de la brecha salarial de género a lo largo de la distribución salarial, basada en el método de regresiones cuantílicas incondicionales, propuesta por Firpo, Fortin y Lemieux (2018). Esta aproximación resulta de interés ya que un análisis basado en la media de hombres y mujeres puede sesgar los resultados obtenidos, debido a la posible compensación de los efectos de sus determinantes en dicho valor promedio. El enfoque propuesto permite descomponer la brecha salarial a lo largo de la distribución en dos componentes fundamentales:

1. Componente No Discriminatorio: explicado por las diferencias en las características productivas de hombres y mujeres.
2. Componente Discriminatorio: Resultado de las diferencias en la remuneración de estas características productivas para cada género (trato salarial desigual).

Al aplicar este análisis a lo largo de la distribución salarial en los percentiles 10, 30, 50, 70 y 90, permite identificar el efecto heterogéneo de variables tales como la segregación ocupacional vertical o el denominado «techo de cristal», y su contribución a la brecha salarial de género y a su componente discriminatorio.

4. Análisis de la brecha salarial de género en el turismo español: heterogeneidad sectorial y ocupacional

La contribución empírica de los resultados obtenidos en el ámbito del sector turístico en España, ponen de manifiesto la necesidad de abordar el estudio de a discriminación salarial de género desde una perspectiva sectorial y ocupacional, para definir los objetivos de política económica más precisa. Como se puede observar en el Gráfico 1, en sectores feminizados como la hostelería y la intermediación turística, es dónde la brecha salarial de género presenta un patrón creciente a lo largo de la distribución salarial, mientras que en sectores masculinizados como el transporte, la brecha sigue una tendencia decreciente, llegando a ser no significativa para los niveles de mayores salarios.

Tal y como se muestra en el Gráfico 2, la diferencia salarial entre hombres y mujeres, en cada nivel salarial analizado, puede descomponerse en un componente no discriminatorio y un componente discriminatorio. Respecto al componente no discriminatorio, en sectores como el transporte y otros servicios complementarios se observan unas mejores características productivas de las mujeres en relación con los hombres, siendo esta diferencia en productividad creciente a lo largo de la distribución salarial. En cambio, en la hostelería y la intermediación turística, los hombres son más productivos que las mujeres en todos los niveles salariales, contribuyendo de forma positiva a la brecha salarial de género. Por su parte, el componente discriminatorio crece con el nivel salarial en todos los sectores, excepto en el transporte. Por tanto, conforme las mujeres avanzan hacia puestos de mayores salarios, la desventaja salarial a la que se enfrentan solo puede ser explicada por razones que escapan a sus características productivas. Este resultado respalda la existencia de barreras “invisibles” que perpetúan los roles de género, especialmente en los puestos de alta responsabilidad, lo que sugiere la posible existencia del denominado “techo de cristal”. No obstante, el sector transporte presenta un patrón diferente, al no observarse una brecha salarial de género significativa en los puestos de mayor nivel salarial. 

En relación con los determinantes de dicha brecha (véase Marfil, Campos y García (2024) para una discusión más detallada), el capital humano y la segregación ocupacional en su dimensión vertical resultan muy relevantes para explicar ambos componentes, observándose marcadas diferencias entre los sectores analizados y su efecto a lo largo de la distribución salarial. Por ejemplo, la educación contribuye de forma positiva a la brecha en la hostelería y la intermediación turística, y negativa en el transporte y otros servicios complementarios, dado que en estos casos el nivel educativo de las mujeres sería superior al de los hombres. En general, los efectos positivos de la sobreeducación e infraeducación sobre el componente no discriminatorio destacan en la hostelería, observándose que las mujeres sufren un mayor desajuste educativo conforme obtienen puestos de mayores salarios, mientras que en otros servicios complementarios este efecto solo es relevante en el caso de la sobreeducación. Finalmente, cabe señalar que existe heterogeneidad sectorial en los incentivos a la promoción laboral entre ambos géneros, penalizando a las mujeres en relación con los de los hombres, lo que respalda de nuevo la existencia de un “techo de cristal” diferenciado entre dichos sectores.

En el caso particular del sector de la hostelería (véase Marfil y Campos (2021) para una discusión más detallada), se obtiene que la discriminación salarial de la mujer especialmente relevante a la hora de explicar las diferencias salariales de género en todos los niveles salariales. Entre los factores que explican dicha tendencia destacan el efecto de las variables de capital humano y de segregación vertical, dado que el salario de las mujeres aumenta en menor medida que el de los hombres cuando promocionan a niveles de responsabilidad superiores.

Esto supone una amenaza a la representación de las mujeres en puestos ejecutivos o de alta dirección, por razones que escapan a sus características productivas. En línea con la literatura precedente y con los resultados de nuestra investigación, de nuevo se evidencia la posible existencia del denominado “techo de cristal” en el ámbito de la hostelería española.

5. Conclusiones

Los resultados obtenidos respaldan la necesidad de delimitar con precisión el conjunto de problemas planteados para poder crear un entorno adecuado que favorezca el desarrollo de políticas públicas orientadas a la igualdad de género. En particular, evidencian la importancia de atender a las particularidades del sector de la hostelería y, en general, del turismo, cuya heterogeneidad sectorial influye directamente en la brecha salarial de género y en su componente discriminatorio. En este contexto, la Organización Mundial del Turismo (2022) subraya la relevancia de que los gobiernos incorporen la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres en sus políticas y acuerdos institucionales, destacando que solo a partir de un diagnóstico claro y fundamentado es posible diseñar intervenciones realmente efectivas.

Los resultados expuestos suponen implicaciones prácticas para la gestión de la desigualdad de género a nivel institucional, observándose que sigue siendo una asignatura pendiente con marcada heterogeneidad sectorial. En primer lugar, un mejor conocimiento del entorno laboral en los distintos sectores que constituyen la economía española puede ayudar a la creación de medidas para mejorar la productividad laboral en cada uno de ellos. Además de la desigualdad social inherente que ello implica, las prácticas discriminatorias drenan el talento potencial de la fuerza laboral femenina. Los roles de género en el trabajo y en la vida familiar tienen consecuencias en la carrera profesional de las mujeres, tal y como avalan los resultados presentados, y son especialmente relevantes cuando se trata de puestos de mayor responsabilidad. Un marco político adecuado debería tener en cuenta este hecho y controlar la adopción por parte de las organizaciones de medidas encaminadas a conseguir una igualdad de oportunidades real en la economía española y romper el “techo de cristal”.

Bibliografía:

Baum, T. (2013). International Perspectives on Women and Work in Hotels, Catering and Tourism. International Labour Organization, Geneva, 289.

Blake, A., Arbache, J. S., Sinclair, M. T. y Teles, V. (2008). Tourism and poverty relief. Annals of Tourism Research, 35(1), 107–126. https://doi.org/10.1016/j.annals.2007.06.013

Burgess, C. (2003). Gender and salaries in hotel financial management: It’s still a man’s world. Women in Management Review, 18(1), 50–59. https://doi.org/10.1108/09649420310462325

Burrel, J. Manfredi, S. y Rollin, H. (1997). Equal opportunities for women employees in the hospitality industry: a comparison between France, Italy, Spain and the UK. International Journal of Hospitality Management, 16 (2), 161-179. https://doi.org/10.1016/S0278-4319(97)00003-0

Campos, J.A., García, A., Sánchez, J.L., y Benavides, C.G. (2011). A comparative analysis on human capital and wage structure in the Spanish hospitality sector. Journal of Service Science and Management, 4(4), 458-468. https://doi.org/10.4236/jssm.2011.44052

Campos, J.A., y Ropero, M.A. (2016). Occupational Segregation and the Female–Male Wage Differentials: Evidence for Spain. Gender Issues, 33 (3).https://doi.org/10.1007/s12147-015-9148-z

Carvalho, I., Costa, C., Lykke, N. y Torres A. (2019). Beyond the glass ceiling: Gendering tourism management. Annals of Tourism Research, 75, 79-91. https://doi.org/10.1016/j.annals.2018.12.022

Casado, J.M., y Simón, H. (2016). Wage differences in the hospitality sector. Tourism Management, 52, 96-109. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.06.015

Christofides, L.N., Polycarpou, A., y Vrachimis, K. (2013). Gender wage gaps, ‘sticky floors’ and ‘glass ceilings’ in Europe. Labour Economics, 21: 86–102. http://dx.doi.org/10.1016/j.labeco.2013.01.003

Fernández, D. y Rodríguez, N. (2011). The part-time pay penalty in a segmented labor market, Labour Economics, 18 (5), 0927-5371, https://doi.org/10.1016/j.labeco.2011.01.001

Firpo, S., Fortin, N.M., y Lemieux, T. (2018). Decomposing wage distributions using recentered influence functions regressions. Econometrica, 6(2). https:// doi.org/10.3390/econometrics6020028

García, A., Campos, J.A., Sánchez, J.L., y Marchante, M. (2012). The regional wage gap in the Spanish hospitality sector based on a gender perspective. International Journal of Hospitality Management, 31 (1), 266-275. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.06.007

Gomes, L. y Silva, J. (2014). Spanish and Portuguese hotel networks in Brazil: evidence from the northern coast of Bahia. Regional Science Inquiry, 6(2), 39-55.

Guimarães, C.R. y Silva, J. (2016). Pay gap by gender in the tourism industry of Brazil. Tourism Management, 52, 440-450. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.07.003

Lacher, R.G., y Oh, C.O. (2012). Is Tourism a Low-Income Industry? Evidence from Three Coastal Regions. Journal of Travel Research, 51(4), 464–472. https://doi.org/10.1177/0047287511426342

Lanzona, L.A. (2022). Monopsony and Gender Wage Discrimination in the Philippines. Qeios. https://doi.org/10.32388/VWLDCW

Lochner, B. y Schulz, B. (2023). Firm Productivity, Wages, and Sorting. Journal of Labor Economics, 42(1). https://doi.org/10.1086/722564

Marchante, A.J., Ortega, B., y Pagán, R. (2007). An analysis of educational mismatch and labor mobility in the hospitality industry. Journal of Hospitality and Tourism Research, 31, 299–320. https://doi.org/10.1177/1096348007299920

Marfil, M., y Campos, J.A. (2021). Decomposing the gender wage gap in the hospitality industry: A quantile approach. International Journal of Hospitality Management, 94 (102826), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102826

Marfil, M., Campos, J.A., y García, A. (2024). The gender wage gap across the wage distribution: Evidence in tourism at the sectoral level. Tourism Economics, 30(4). https://doi.org/10.1177/1354816623118126

Muñoz, F. (2009). The gap between male and female pay in the Spanish tourism industry. Tourism Management, 30(5), 638-649. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.11.007

Oliver, X., y Sard, M. (2021). Gender Wage Gap in Hospitality. Journal of Hospitality and Tourism Research, 45(2), 345–372. https://doi.org/10.1177/1096348020909423

OMT (2019). Global Report on Women in Tourism, Second Edition.

Piore, M.J. (1969). On-the-job training in dual labor markets. En A. Weber; F. Cassell y G. Woodrow (1969), Public-private Manpower

Riley, M., Ladkin, A. y Szivas, E. (2002). Tourism employment: Analysis and planning. Clevedon. https://doi.org/10.21832/9781873150382

Santero, R., Segovia, M., Castro, B., Figueroa, C., y Talón, P. (2015). Gender differences in the hospitality industry: A Job quality index. Tourism Management, 51, 234–246. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.05.025

Segovia, M., Figueroa, C., Fuentes. L., y Muñoz. A. (2018). Incorporating a gender approach in the hospitality industry: Female executives’ perceptions. International Journal of Hospitality Management, 76(A), 184-193. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.05.008

Skalpe, O. (2007). The CEO gender pay gap in the tourism industry – Evidence from Norway. Tourism Management, 28(3), 845–853. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.06.005

World Travel and Tourism Council (2023). https://wttc.org/

Zhang, H. y Yang, Y. (2023). Is tourism growth able to shrink economic inequalities? A DSGE analysis. Annals of Tourism Research Empirical Insights, 4(1), 100089. https://doi.org/10.1016/j.annale.2023.100089

Pro et contra: El debate sobre las ayudas directas: el Bono Alquiler Joven

Pro

(Por Paloma Taltavull de la Paz, Universidad de Alicante, Depto. Análisis Económico Aplicado)

El bono de Alquiler Joven es una medida particular dentro de la batería de medidas de apoyo al acceso residencial contenidas en el Plan Estatal de Vivienda. Responde a la evidencia de que la crisis residencial tiene efectos específicos en algunos grupos sociales, entre los cuales se encuentra el formado por los jóvenes, y específicamente cuando la tenencia es en alquiler. Es una medida simple que se dirige a reducir el efecto que los precios de alquiler tienen sobre la accesibilidad en esta forma de tenencia a través de aportar una proporción del alquiler en sí. Es necesario comprender las razones por las que se diseña una medida de ayuda a fondo perdido para este grupo demográfico.

1.Las razones de la tensión en los precios de alquiler

La crisis financiera dejó, como herencia en el mercado residencial, dos fuertes restricciones: de oferta y de financiación. La primera consistió en una fuerte y súbita caída en la de oferta de vivienda nueva resultado de la contracción en la demanda de vivienda y la reducción en los recursos financieros que el sector necesitaba para seguir construyendo. El resultado fue una fuerte contracción del ciclo edificador que llegó a su mínimo histórico en 2013 y del que no ha habido recuperación, ni siquiera en las fases expansivas del ciclo económico que se producen posteriormente, resultando en un flujo de vivienda nueva mínimo durante una década. La segunda consistió en una caída en los flujos financieros al sector constructor y una posterior revisión de los niveles de riesgo (Basel III) que mantuvieron los flujos financieros a la construcción en mínimos históricos, hasta nuestros días. Ambos procesos, interrelacionados, han generado una insuficiente producción de viviendas desde inicios de la década anterior, en un período en que se producen cambios socioeconómicos importantes, que se traducen en un aumento en la movilidad de la población y de la migración internacional.

La concentración de los nuevos flujos de población provocan el shock de accesibilidad, que se explica en el esquema 1, y que indica cómo se suceden los efectos sobre el mercado de vivienda: una acumulación creciente de demanda en los lugares de mayor creación de empleo, que experimentan restricciones en su oferta residencial por la falta de construcción mantenida durante un largo período, tiene como efecto inmediato el aumento de alquileres y precios residenciales por que la nueva demanda compite por las pocas unidades existentes. Los primeros hogares que no pueden conseguir una vivienda por este hecho son los de menor nivel de renta, los que, normalmente, acuden al mercado de alquiler.

La proporción de individuos que encuentran empleo en la recuperación y tienen capacidad de pago, se dirigen al mercado de propiedad para acceder a la vivienda. La restricción crediticia genera una financiación insuficiente para todos los que desean la vivienda en propiedad, y los que son excluidos, se reorientan al mercado en alquiler. La acumulación de mayores flujos de demandantes en el mercado de alquiler (por encima de los niveles normales) junto con la mayor capacidad de pago, eleva aún más los precios de alquiler, generando una situación de aceleración de rentas que exige un mayor esfuerzo de pago, lo que expulsa parte de los individuos que no pueden acceder a través de ninguno de las dos formas de tenencia.

El aumento de los precios de alquiler es el resultado de dos desajustes iniciales (falta de oferta y de financiación) que hacen concentrarse la demanda en ese mercado y elevan las rentas. En tanto que la oferta de viviendas no aumente (lo que suavizaría el crecimiento en las rentas) o se disponga de viviendas públicas, las medidas para facilitar el acceso en alquiler en el corto plazo no pueden sino ser un conjunto de herramientas que consigan, o bien paralizar el crecimiento de precios (medidas de control de rentas), o bien ayudar al acceso de forma directa, reduciendo el esfuerzo de pago. Esperar a que el mercado ajuste solo, implica permitir que esta sobrerreacción de los precios (y la imposibilidad de tener una vivienda) afecte negativamente la movilidad de la población durante suficiente tiempo como para que penalice el ciclo de vida de los individuos. Esto significa que los hogares se dilatarían en su formación y evolución, lo que tiene efectos sociales en el largo plazo negativos y muy complejos de revertir.

La evidencia indica que, efectivamente, el mayor problema del acceso se concentra en el mercado de alquiler, y que el esfuerzo para realizar el pago se presenta antes de entrar, afrontando alquileres muy elevados con respecto a los ingresos por trabajo (falta de accesibilidad ex_ante), pero también tras alquilar, por haberse asumido pagos de renta más elevados. El gráfico 1 muestra este esfuerzo en las dos fases. Se mide con el ratio de accesibilidad (pago del coste de la vivienda / renta disponible) y se ha calculado teniendo en cuenta las condiciones de acceso previas agregadas (Exante, gráfico izquierdo), y las declaraciones de gasto en vivienda contenidas en la Encuesta de Condiciones de Vida para España (Expost, gráfico derecho).

En ambos casos, se observa como los pagos a los que se enfrentan los demandantes de alquiler (línea roja y naranja, respectivamente) superan ampliamente el 30% de su renta, límite habitualmente considerado como frontera entre la accesibilidad y la no accesibilidad.

Es en este contexto, en el que el Bono de Alquiler Joven se implanta, con el fin de reducir el esfuerzo de pago de este colectivo en concreto, en mercados con crecientes rentas.

2. Las medidas específicas

Aunque la definición del Bono determina que un objetivo es ayudar a la emancipación, lo cierto es que el hecho de requerir que el joven solicitante acredite rentas del trabajo elimina de la ayuda a todo el resto de los jóvenes que desean dejar su casa paterna, trasladarse a otros mercados a estudiar o a realizar otras actividades no remuneradas o temporales. Esta segmentación de demandantes derivada del requisito de ingresos por trabajo, claramente hace referencia a una medida que intenta facilitar la movilidad laboral permanente de la mano de obra joven.

La medida es, además, generalista. Al delimitar la edad en 35 años máximo, recoge un grupo de trabajadores que supone un 25.7% del total de la fuerza de trabajo ocupada en España, con un total de 5.77 millones de ocupados, según los últimos datos de la EPA (EPA, 2025 3 trim). Por otro lado, también integra individuos con rentas medias (con ingresos anuales con un máximo de 3x IPREM = 8400 x 3 = 25200 €/año, o 1800 € brutos/mes, cifra cercana a la renta bruta media por persona, según el INE), lo que es consistente con otras evidencias internacionales que muestran como los problemas de accesibilidad residencial afectan ya a estos grupos de hogares y no solo a los más pobres.

Si se tiene en cuenta que la población joven es la que más probabilidades tiene de moverse entre mercados de trabajo, la medida claramente se dirige a respaldar la fuerza de trabajo joven a moverse entre mercados de trabajo, evitando que el mercado de alquiler actúe de barrera. Sí es verdad que uno de los requisitos para la concesión es el empadronamiento, lo que excluye a aquellos jóvenes que, por razones laborales, necesiten alquilar de forma no permanente en el medio plazo, y también a la fuerza de trabajo joven en su primer empleo si este se produce fuera de su lugar de origen (región).

3. ¿Es suficiente la ayuda?

Esta medida establece una ayuda a fondo perdido de 250 euros/mes para cubrir una parte del alquiler, mantenida por dos años (total= 6000 euros por persona joven). Los límites máximos de alquiler son de 950 euros (Madrid) y 900 en el resto del Estado, lo que implica que, si se encuentra una vivienda con el alquiler en estos importes, la ayuda lineal supondría una reducción de hasta el 26,6% del alquiler, lo que implica una reducción sustancial del esfuerzo de pago del coste de la vivienda.

Sin embargo, estos niveles de alquiler son cada vez más complejos de alcanzar. El gráfico 2 muestra la evolución acelerada de los alquileres en la media nacional y en las principales ciudades, mostrando la dificultad a la que se enfrentan los jóvenes hogares.

El límite de alquiler fijado por el bono parece estar sobrepasado en la mayoría de las capitales españolas, aunque, como media, estos valores posiblemente reflejan una distribución de rentas que contengan viviendas con alquileres que se ajusten al límite fijado. Si ocurre esto, posiblemente su localización estará alejada de las áreas de mayor tensión, por lo que el Bono, indirectamente, está potenciando la localización de los jóvenes en los límites del área metropolitana de la capital donde se localicen, alejándolos de las zonas de mayor tensión de precios y contribuyendo, así, a reducir ésta, al menos un poco.

La generalización de la medida a un grupo poblacional importante implica la necesidad de disponer de un elevado volumen de recursos por parte de la administración pública. Si se observa la estructura de asignación del Bono (a los solicitantes que cumplen las condiciones y hasta que se agote el crédito contemplado en los presupuestos) el total potencial de solicitantes cubiertos en cada fase de apertura es pequeño (66 mil en 2024 según distintas fuentes). La concesión anual a un número reducido de solicitantes limita la efectividad (y el alcance) de esta medida, pero también evita que el efecto de una ayuda directa afecte a los alquileres finales (es decir, se transmita vía precios como avisa la teoría económica) por que el volumen de demandantes se encuentra disperso en los distintos mercados residenciales, es pequeño con respecto al total de demandantes de alquiler y, por tanto, no tiene la suficiente entidad como para afectar a las rentas.

4. Conclusión

Como conclusión, el Bono de alquiler joven es una medida que se aplica ajustada a la realidad del mercado, y persigue como fin el evitar los efectos negativos sobre la sociedad derivados de la falta de acceso a la vivienda que afectan a trabajadores jóvenes; entre otros, la mayor dilatación en la formación de hogares y en el acceso al primer empleo, son los que más impacto social de largo plazo tienen. Por su parte, al reducir el esfuerzo de pago, también permite una mejora en los niveles de consumo de los hogares jóvenes. La obligatoriedad de encontrar viviendas en alquiler con rentas ajustadas a los máximos que se fijan dificulta la aplicación del bono de forma más generalizada, aunque también implica que la medida reorientará a los jóvenes hacia mercados menos tensionados que pueden reactivar áreas urbanas. La parte negativa es su limitado alcance hasta el momento, posiblemente por restricciones presupuestarias, pero que tiene, como efecto, que las ayudas directas no se trasladen a las rentas de alquiler, al menos de momento.

Et contra:

(Por Juan González Alegre, Departamento de Teoría e Historia Económica, Universidad de Málaga)

El Gobierno de España plasmó en el Real Decreto 42/2022 la regulación del llamado “Bono Alquiler Joven” que tiene por objeto subvencionar, a arrendatarios «jóvenes” (de hasta 35 años de edad) 250 € al mes durante dos años (6.000 € en total) por su contrato de alquiler de una vivienda u habitación. Otros requisitos establecidos serían la obtención de rentas del trabajo de hasta 21.600 € anuales, límite que puede ser incrementado por las Comunidades Autónomas, y un importe máximo de la renta del alquiler de 600 € al mes para las viviendas y 300€ para las habitaciones, aunque nuevamente estos límites son incrementados por las CC. AA. para ciertas áreas metropolitanas. Apenas se incluyen coeficientes correctores para familias o solicitantes con hijos a cargo, que en todo caso la norma deja a discreción de las Comunidades Autónomas. La renta del solicitante aparece como un factor excluyente pero no determinante de la ayuda, aunque es cierto que algunas CC AA han adaptado parcialmente la cuantía de la subvención a la ratio renta/ingresos de los solicitantes. En resumen, el principal, y casi único requisito para acceder a la ayuda es la edad. Ser joven.

El mercado de la vivienda y, en concreto, el alquiler está pasando por un momento especialmente delicado en España, debido a las extraordinarias subidas de precio que se están observando, especialmente en las áreas metropolitanas, que es donde se concentra la mayor parte de la población. ¿Tiene sentido esta ayuda tan específica? Yo diría que no mucho, a tenor de los argumentos que voy a exponer a continuación.

Algunos de los principios generales de los modelos de comportamiento del mercado no se corresponden fielmente con el caso de las viviendas en alquiler. Por ejemplo, no se puede considerar que sea un producto homogéneo ni que la transacción esté libre de riesgo para ninguna de las partes. No obstante, a grandes rasgos, los efectos de las políticas de vivienda se pueden predecir de manera bastante fiable (al menos el sentido del impacto) con las herramientas tradicionales del Análisis Económico.

A modo de ejemplo, es mundialmente famoso el rígido control de precios que lleva décadas en vigor en Suecia. La teoría predice que el establecimiento de precios máximos genera escasez, y esto es exactamente lo que ocurre en ese país. En Estocolmo hay más de 700 000 personas en lista de espera en la Agencia Municipal de Alojamiento (Bostadsförmedlingen), que logra la firma, solamente, de unos 10 000 contratos al año, en una ciudad de algo menos de dos millones de habitantes. La espera para conseguir un alojamiento en alquiler nunca baja de los diez años. Inicialmente, el sistema ofrecía cierta estabilidad en lo relativo a la duración y el precio. Sin embargo, cada vez es un menor porcentaje de la población que puede disfrutar de esa estabilidad y los precios han subido bastante más de lo pronosticado debido a un insuficiente crecimiento de la oferta en un mercado nada atractivo para inversores. El contraejemplo de intervención pública exitosa sería el caso de la ciudad de Viena, donde el gobierno municipal lleva más de cien años gestionando directamente la construcción de vivienda pública y ha sido capaz de mantener un crecimiento de la oferta estable que garantiza precios relativamente bajos mientras sigue siendo atractivo para el inversor privado. Nuevamente, tal y como predice la Teoría Económica. ¿Y qué predice la Teoría sobre el establecimiento de una subvención al alquiler? El impacto de la propia subvención genera un incremento del precio que hará que la subvención no se la quede íntegramente el inquilino, sino que parte de ella sea transferida, por la vía de un mayor precio del alquiler, a los propietarios.

El porcentaje de la subvención que se queda cada agente dependerá fundamentalmente de la elasticidad-precio de la demanda y de la oferta. Es decir, de cómo de sensibles sean inquilinos y propietarios al precio, siendo la parte menos sensible al precio la que se queda una mayor parte de la subvención. El peor escenario es aquél en el que la oferta de vivienda es muy rígida y no se incrementa tras el establecimiento de la subvención mientras que la demanda sí que muestra mucha sensibilidad, ya que en esas circunstancias serían los propietarios los principales beneficiados.

Esta política directamente renuncia a establecer ninguna condicionalidad en el lado de la oferta, por lo que su capacidad para estimular la oferta se limita a la de las condiciones del mercado actual, no especialmente favorables. Por su parte, por el lado de la demanda, la política se dedica a un colectivo (los jóvenes) cuya sensibilidad al precio es naturalmente mayor debido a que muchos tienen la posibilidad de retrasar el abandono del domicilio familiar (e incluso ahorrar para la entrada de una hipoteca) cuando el precio del alquiler es demasiado elevado. Esa característica la hace especialmente favorable para los propietarios, pues la mayor demanda estimulará un incremento de precios que les beneficiará.

Si la política se hubiese dirigido a aquéllos que no tienen más remedio que arrendar una vivienda independientemente del precio, se podría conseguir que prácticamente la totalidad de la subvención se quede en manos del inquilino y no se transfiera a los propietarios. A modo de ejemplo, familias con hijos o aquéllos que no disponen de una alternativa familiar podrían representar una interesante alternativa.

El problema es que el efecto de la subida de precios provocada por la ayuda es generalizado, y aquéllos que no sean elegibles para la subvención sufrirán un perjuicio evidente en un momento especialmente delicado en este mercado. La ayuda, así diseñada, más que representar un simple desperdicio de fondos públicos podría significar un cargo más en la espalda de colectivos especialmente vulnerables, como pueden ser familias numerosas, inmigrantes y jubilados que vivan de alquiler.

Sin embargo, sería lícito argumentar a favor de una política que, reduciendo ligeramente la eficiencia de mercado, responda a una necesidad social imperante o a una cuestión de justicia. Por ejemplo, se podría pensar que los jóvenes suelen disponer de una renta menor que los mayores. Es cierto que la renta media de los más jóvenes es algo menor que la de los “mayores”, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que disemina el INE. Pero ni siquiera este particular queda muy claro. Los tramos de edad considerados por la ECV son demasiado amplios como para poder interpretar correctamente las diferencias observadas. La renta de la población de entre 16 y 29 años cumplidos es unos 2.400 euros – un 15% – menor que la de los ciudadanos con edad en la franja 45-64 años. Pero ni siquiera este dato revela claramente una mayor vulnerabilidad financiera. Por un lado, en el tramo de los jóvenes es de esperar una elevada dispersión derivada del hecho de que muchos de ellos aún no se han independizado o continúan, total o parcialmente, su proceso de educación. Por otro lado, es lógico esperar que los ciudadanos de mayor edad obtengan un porcentaje mayor de rentas del ahorro.

De hecho, los datos de Eurostat para España revelan un riesgo de pobreza muy similar para los distintos tramos de edad. Incluso algo peores para los ciudadanos más cercanos a la edad de jubilación: 25.5% para el tramo de los 20 a los 24 años, 22.3% para el tramo de 25 a 29 años frente al 25.4 % del tramo de 55 a 64 años. La edad, por tanto, no es en absoluto un indicador de vulnerabilidad económica.

En resumen, si se hubiese querido destinar esta ayuda a las personas más necesitadas económicamente, las ayudas deberían haberse repartido directamente en función de la renta familiar o personal de los solicitantes en lugar de en función de su edad.

Tampoco parece que otros indicadores de vulnerabilidad sean especialmente desfavorables para la población joven. La probabilidad de suicidio se incrementa con la edad, siendo a los 40 años más del doble que a los 20 y creciendo hasta representar el triple a los 80. La gravedad de los trastornos mentales, para quien los tiene, también se agudiza con la edad. Los mayores gastan más en sanidad y menos en ocio o en restaurante y hoteles.

El número de hogares con un habitante ha crecido en torno a un 10% en entre 2021 y 2023, los hogares con 5 o 6 moradores también han crecido significativamente, mientras que el número de hogares con 2-4 personas permanece prácticamente estancado. Cada vez, más personas mayores viven solas.

¿Tiene sentido recibir una (otra más) subvención del Estado por el mero hecho de ser joven? Evidentemente no. Ser joven no es ni una virtud ni un defecto, no es un mérito ni un demérito, es simplemente una situación coyuntural de todo ser humano, inevitable, y una bendición. Los jóvenes tienen más opciones de ocio, más capacidad para disfrutar, especialmente de las cosas baratas de la vida, más facilidades para la movilidad y más opciones a su alcance. No es justo descargar el coste de adelantar el lógico (y deseable) proceso de emancipación de algunos sobre el bolsillo de otros, especialmente los más vulnerables. Además, como tantas subvenciones e incentivos fiscales que se están generalizando en nuestra sociedad, ésta podría tener un fuerte componente regresivo. Nadie nos garantiza que no estemos subvencionando una pléyade de pijos que vuelven a casa de sus padres el Domingo a por ropa limpia y el táper de comida para la semana.

Bilbao Ubillos, J. (Coord.) (2025): El impacto de la industria 4.0 en la transformación de las cadenas de valor. Tirant Lo Blanch.

(Por Carlos Ochando Claramunt, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universitat de València)

El profesor de la Universidad del País Vasco Javier Bilbao acaba de publicar un libro valioso para profundizar en el conocimiento de las políticas industriales y tecnológicas en el contexto de la actual revolución tecnológica. Consideramos valiosa la aportación porque, a menudo, el diseño de la política industrial estudiado en los manuales de economía quedó anclado en un contexto económico y tecnológico que no es el actual. Por tanto, es de agradecer esta voluntad de actualizar el conocimiento disponible sobre las políticas industriales. Javier Bilbao y el resto de los autores del libro hacen una investigación empírica y aplicada de enorme valor y de actualización del tema. El objetivo fundamental del libro es identificar e interpretar los cambios intensos en la organización de la producción y el empleo que se derivan de la paulatina digitalización e implantación de la industria 4.0 en el tejido productivo. Las tecnologías TICs tienen una capacidad enorme para generar nuevas aplicaciones, cada vez más complejas y con efectos complementarios entre ellas, lo que genera una necesidad de adaptación tecnológica, no solo como herramienta competitiva, sino como medio para continuar la propia actividad productiva.

La investigación que ha dado lugar al libro combina dos enfoques metodológicos complementarios. En una primera fase, se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica y una amplia reflexión teórica sobre los aspectos relevantes del objeto de investigación y las conexiones entre los fenómenos, con el fin de contextualizar el estudio, identificar lagunas de conocimiento y construir un marco conceptual sólido para el análisis. En una segunda fase, se llevó a cabo un amplio estudio de campo, realizado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, para someter a contrastación los supuestos teóricos formulados en la primera fase. Se siguieron entrevistas cualitativas semiestructuradas con expertos. En el conjunto del trabajo de campo, los autores visitaron 17 empresas de las 45 que formaban parte de la muestra inicial, así como 5 entidades y organizaciones con conocimiento especializado relevante, tales como organizaciones profesionales, de clúster o centros tecnológicos. El texto se enfoca hacia el efecto del cambio tecnológico sobre las estrategias de diversificación productiva, sobre la economía circular y la sostenibilidad, destacando su impacto sobre las estrategias R, y sobre el empleo, tanto en términos cuantitativos como en las condiciones laborales o los perfiles cognitivos de los recursos humanos.

Así mismo, el trabajo indaga sobre las consecuencias en la cadena global de valor, porque las empresas tienden a localizar sus actividades en contextos tecnológicos de alto potencial, en una búsqueda de proximidad tecnológica y comercial.

El trabajo incluye, así mismo, un análisis pormenorizado de los efectos de la Industria 4.0 en un sector determinado como es el del automóvil. Los autores del trabajo eligen este sector por su importancia en el tejido productivo de las economías vasca y española, y por su capacidad de ejemplificar los cambios que afectan a las actividades productivas, lo que permite obtener una visión más completa de las transformaciones registradas en la organización de la cadena de valor. Y también, sin duda, porque el vehículo eléctrico representa un auténtico cambio disruptivo, con efectos muy relevantes sobre el tejido productivo y la sostenibilidad del transporte.

Finalmente, el informe también aborda el papel de las administraciones públicas para alcanzar con éxito las exigencias que plantea la industria 4.0 en el tejido productivo. En este sentido, el libro incorpora una valoración de las políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno por los actores empresariales.

En resumen, y para finalizar esta breve reseña, solo resta decir que el libro representa una contribución muy valiosa sobre el tema de las nuevas políticas industriales y tecnológicas y que su lectura resulta, especialmente, útil para investigadores universitarios y de servicios de estudios, así como para directivos de mediana y gran empresa y decisores públicos. Enhorabuena a su coordinador y a todos los autores del trabajo.

Breve historia de la economía, Andrew Leigh (2025), Antonio Bosch Editor

(Por Ferran Moncho Gonzálbez, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universitat de València)

Como repaso de la historia de la economía desde la prehistoria a la actualidad se ha publicado recientemente el libro Breve historia de la economía, escrito por Andrew Leigh (2025) y cuya primera edición en inglés corresponde al año 2024. Tanto el pasado académico del autor, como su actual papel en la escena política australiana en el partido laborista y como ministro de productividad, competencia, beneficencia y hacienda, pueden haber influido en la motivación de esta obra.

La brevedad y concreción del libro resulta un modo de ofrecer un recorrido sintético por la historia del desarrollo económico general. Esta compleja tarea posee una línea argumental estándar en los manuales de historia mundial, es decir, centrada en el desarrollo económico de los países occidentales y, a la vez, maneja ejemplos de países de Asia, África y América del Sur. De ellos, al ejemplo que más recurre el autor es China, sobre todo, para resaltar la especialización productiva y comercial, así como la infraestructura de transporte en la época antigua y medieval, además de la implantación de la planificación centralizada y posterior introducción de mecanismos de mercado. Tales ejemplos son centrales en los dos primeros capítulos, que van desde la prehistoria, pasando por la historia antigua, hasta la Edad Media.

En términos generales, otra razón que posiciona al libro en la órbita del análisis económico estándar es que se parte de parafrasear la conocida definición de economía de Lionel Robbins, según la cual “puede definirse como una ciencia social que estudia cómo las personas maximizan su bienestar ante la escasez”. En paralelo, se afirma que esta “estudia el comportamiento de las personas como individuos y también cuando actúan en colaboración en hogares y empresas”, suponiendo además que la intervención del estado se produce cuando los mercados fallan, equiparando estos últimos a problemas como la pobreza, el cambio climático o la manera de establecer los precios (p. 4). Desde esta definición, y por cómo define los fallos de mercado, el papel de la política económica resulta secundario o bastante limitado sobre la economía. Sí que introduce las instituciones en el análisis económico, para lo que se utiliza la visión de Elionor Ostrom, afirmando que el objetivo de las políticas públicas es facilitar el desarrollo de las instituciones (p.7), con lo que los casos en los que se debe aplicar política económica resultan confusos o matizables cuanto menos.

La distancia entre Robbins y Ostrom es evidente y Leigh parece complementar ambas visiones, aunque el resultado sigue dejando de lado las políticas económicas como motor de cambios históricos en la economía. Lo que realmente entronca la obra son las innovaciones tecnológicas y los incentivos como adelanta el autor en la introducción.

No obstante, en los capítulos sí que se comentan algunas medidas económicas, aunque con un papel pormenorizado y con cierto grado de superficialidad, debido a la labor de síntesis a la que se aspira en el libro.

Asimismo, en los primeros tres capítulos se describe el desarrollo económico previo a la Revolución Industrial, poniendo el énfasis en la revolución agrícola, la especialización productiva, las primeras experiencias de construcción de infraestructuras de transporte, llegando hasta la era colonial en la que se desarrolló el comercio gracias al transporte marítimo. En este proceso, menciona de pasada los programas de alimentación social de la antigua roma, la construcción del Gran Canal de China y los efectos de las leyes sobre patentes como incentivo a la innovación y defensa de los derechos de propiedad. Como punto de llegada a la Revolución Industrial, se mencionan también los debates sobre la leyes de pobres en Inglaterra y sobre las políticas coloniales.

Seguidamente, en los capítulos cuatro, cinco y seis se aborda el cambio productivo que supuso la Revolución Industrial como concatenación de innovaciones agrícolas, urbanas, comerciales y tecnológicas. Esta dinámica se vio afectada, de acuerdo con el autor, por la Nueva Ley de Pobres (1834) británica para incentivar el trabajo, las políticas hacia el libre comercio, la implantación de las innovaciones tecnológicas y la inversión en infraestructuras de transporte (ferrocarril y navegación) y comunicaciones. A este respecto, se mencionan la abolición de la ley de granos en 1840 y las reformas del Gobierno Meiji en Japón tras 1867. De forma más tardía, se apuntan la Ley Sherman antitrust en Estados Unidos de 1890 como un intento de frenar el poder monopolístico y las reformas sociales impulsadas en la Alemania de Bismarck, en términos de seguros de enfermedad, accidentes, invalidez y para la vejez. Separadamente, Leigh también se ocupa en el capítulo seis de la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos para dar estabilidad al sistema financiero, de la invención e implementación de la cadena de montaje fordista y de las innovaciones en el comercio minorista que permitieron precios más bajos.

Para repasar las contiendas bélicas mundiales y la época de prosperidad occidental de posguerra se erigen los capítulos séptimo, octavo y noveno. En ellos se da cabida a cómo cambió la economía el debate entre J.M. Keynes y F.A. Hayek en términos de política económica frente a los vaivenes del ciclo económico. Por lo que, en paralelo, se comenta que la Gran Depresión se prolongó por el proteccionismo (Ley Smoot-Hawley) y las restricciones a la inmigración. Como colofón se explica que la nueva arquitectura institucional de Bretton Woods (1944), consistente en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que impulsó el libre comercio (GATT), lograron paliar la crisis junto a la ejecución de las políticas keynesianas sobre la demanda. Ello contribuyó a una época de prosperidad en la que se consiguió crecimiento económico y reducir la desigualdad a través de la fiscalidad progresiva y la política educativa, todo ello dentro de los modelos del Estado del Bienestar.

Posteriormente, se emprende la intrincada tarea de sintetizar desde la crisis de los años setenta, que desembocó en la revolución conservadora, pasando por la transición rusa, hasta las distintas crisis del siglo XXI, correspondiendo con los capítulos diez, once, doce y trece. Se suceden comentarios a las políticas de Thatcher y Reagan, cuyo resorte eran la desregulación y la reducción de la intervención estatal, en la que el interés se centró en la política monetaria como “freno y acelerador” de la economía a través de los tipos de interés.

La desigualdad se apunta como problema resultante de estas reformas frente a las que, como sugiere Leigh, se comienza a proponer algunas políticas de incentivación del trabajo y la promoción de la innovación desde el Estado. En este sentido, después de comentar la gestación de la debacle financiera que supuso la Gran Recesión y la posterior crisis de deuda, se presenta la flexibilización cuantitativa como mecanismo político para estabilizar las economías de la zona euro. Como cierre se trata la crisis del covid y la conveniencia de la política fiscal expansiva frente a la austeridad, a la vez, que se apuntan los retos que suponen la inflación y el cambio climático.

A lo largo de este veloz repaso por la historia de la economía, trasluce el argumento que encontramos en el capítulo catorce para terminar el libro. Este argumento deviene hilo conductor de la obra, y es que para el desarrollo económico el papel de la tecnología, la innovación, la especialización y el comercio son centrales. Para desarrollar esta idea, muchas veces se asocia a algunas políticas concretas que han cambiado las instituciones, también basadas en teorías procedentes de autores de la historia del pensamiento económico. Sin embargo, la envergadura del proyecto de unir la historia de la economía desde la prehistoria hasta la actualidad necesita de la simplificación de sucesos, teorías y políticas que dan lugar a afirmaciones un tanto apresuradas. Por ejemplo, una de las más llamativas se produce cuando se llega a afirmar que fue John Stuart Mill quien inventó el concepto de homo economicus como individuo maximizador de utilidad. Pero el homo oeconomicus no solo fue acuñado posteriormente, sino que lo hizo dentro del marginalismo, considerando la utilidad como una variable cuantificable y unidimensional; una idea que Mill (1859:14) ya había desestimado hace tiempo.

Otra muestra de la velocidad expositiva del libro es el recurso al tópico que identifica el pensamiento keynesiano como la única forma de intervencionismo estatal, en particular a través de la política fiscal expansiva, con el objetivo de influir sobre los ciclos económicos. Una maniobra que puede haberse derivado de no considerar el posible protagonismo de otras dimensiones de la política económica en la economía (por ejemplo, las políticas estructurales) y tampoco darle cabida como disciplina capaz de conectar economía e historia.

Para concluir, a pesar de que el papel de la política económica es secundario para Leigh, se comentan algunas pocas intervenciones y teorías económicas. Desde la visión del autor son prioritarias las medidas anticíclicas keynesianas, la política monetaria convencional y no convencional y algunas medidas sobre temas como la innovación y la desigualdad; resultando de actualidad, sobre todo, en los últimos capítulos cuando se cita a autores como Mazzucato o Piketty. Lo cierto es que en la obra se priman las intervenciones coyunturales frente a las estructurales. De estas últimas, solo se consideran de pasada las que impactan sobre innovación e infraestructuras. Tal preferencia es comprensible, dado que el foco de atención se pone en los cambios históricos producidos en la economía, que han hecho posible el desarrollo y el crecimiento económico, y no en cómo la política económica ha producido cambios históricos en la economía. Este orden de prioridades acomoda también la fortaleza del libro, que reside en resumir la historia más reciente, esbozando las crisis del siglo XXI incluyendo la del covid-19 y la crisis inflacionaria. En última instancia, es un buen y sencillo repaso introductorio desde la prehistoria hasta la actualidad. Sería recomendable como lectura complementaria, o como primera aproximación, para los alumnos de historia económica mundial, precisamente porque da una imagen histórica sucinta de la economía con la mención de algunos ejemplos de política económica. Tal vez, aunque no es aspiración de este libro, para que el alumnado reciba una relación más completa y avanzada entre economía, historia y teoría económica, quepa reconsiderar el lugar e historia de la política económica, empezando por construir el relato a partir de la siguiente frase de Arthur Spiethoff (1952:132): “Debido a su posible condición de ser «histórica» y, sin embargo, teoría genuina al mismo tiempo, la teoría económica puede considerarse una teoría «histórica», es decir, una teoría condicionada por el tiempo”.

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Convocatoria de propuestas para co-dirección de International Review of Economic Policy-Revista Internacional de Política Económica (IREP)

En 2019 se lanzó la revista International Review of Economic Policy-Revista Internacional de Política Económica (IREP) (irep.uv.es o https://turia.uv.es/index.php/IREP). Tiene un carácter académico, centrando su interés en la disciplina de la Política Económica, dando difusión a trabajos de investigación inéditos, desde una perspectiva interdisciplinar. Los trabajos publicados aparecen en español o en inglés y se edita cada seis meses (en junio y en diciembre). Su base editorial se encuentra en la Universidad de Valencia (España), pero cuenta con el apoyo de la casi totalidad de los investigadores y docentes interesados en Política Económica en España, al tiempo que también de un cierto número relevante de profesores extranjeros. Los trabajos publicados han resultado de alta calidad.

Desde se creación IREP ha tenido una idea de superación constante. Se ha mejorado su formato, se incluyó en la base de referencia bibliográfica Latindex, se ha modificado su consejo científico y su equipo editorial. La calidad de la revista es digna de reseñar, sin embargo, nos encontramos con grandes retos en el futuro que se deben acometer. Por un lado, es claro que IREP debe acabar incluyéndose en bases de datos internacionales de referencia (SSCI-JCR y Scopus), pero, por otro lado, no debe olvidarse que las nuevas tendencias apuntan al apoyo institucional-académico a las revistas que se encuentran en abierto (como IREP).

Estos retos conducen a plantearnos la introducción de nuevas mejoras. En particular, se ha pensado en constituir una dirección colegiada, es decir, que tenga una co-dirección. Con ánimo estimular la transparencia y la participación de los interesados en Política Económica, se oferta en convocatoria abierta la plaza de co-dirección de IREP.

Así pues, se busca la persona candidata a ocupar el mencionado puesto. Para ello sería necesario presentar un breve curriculum de la persona interesada (no superar un folio). En este debería destacarse, además de la situación académica, sus aportaciones académicas sintetizadas, la experiencia en gestión de revistas, así como los datos que la persona crea más relevantes al respecto. La información se enviaría a la dirección de correo electrónico del director de la revista: tono.sanchez@uv.es

Fecha límite: 1 de diciembre de 2025

III Ciclo de Seminarios sobre Política Económica Curso 2025/2026 (resultados Primer Seminario)

Organiza: Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

Colabora: IAES (Universidad de Alcalá)

Coordina: Salvador Pérez Moreno (Universidad de Málaga)

“La realidad está forjando una nueva Europa” Eduardo Cuenca García (Universidad de Granada)

El pasado 29 de octubre de 2025 tuvo lugar el primer seminario del III Ciclo de Seminarios sobre Política Económica organizado por REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, bajo el título ”La realidad está forjando una nueva Europa» impartido por el profesor Eduardo Cuenca García de la Universidad de Granada y moderado por la profesora Margarita Navarro Pabsdorf, también de la Universidad de Granada, y la colaboración técnica del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá.

El profesor Cuenca inició su exposición con un análisis de los fundamentos y los logros del proyecto europeo, el cual, tras 75 años, mantiene su vigencia. No obstante, subrayó que, a pesar de sus notables éxitos, la Unión Europea se enfrenta a desafíos críticos que delinean su futuro. Estos retos incluyen: las secuelas de las crisis económicas, que han erosionado la confianza ciudadana; la reconfiguración del poder global con menor influencia europea; la pérdida de liderazgo tecnológico e innovador; la necesidad de reformas estructurales ante una futura expansión del bloque; una cierta parálisis gubernamental por exceso de regulación; la urgencia de un liderazgo político legitimador; la compleja gestión de los flujos migratorios; y el fortalecimiento de la seguridad y la defensa ante los cambios en la política exterior de Estados Unidos.

El siguiente seminario tendrá lugar el miércoles 4 de febrero de 2026 a las 17:00 horas, bajo el título «La relación trasatlántica ante el cambio de era», y será impartido por el profesor Jordi Bacaria Colom (UAB), con la moderación del profesor Raúl de Arriba Bueno (UV).

Puede accederse a la grabación de este primer seminario del III Ciclo en el siguiente enlace: La realidad está forjando una nueva Europa

La Academia de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro (IAPAS, México) concede el título de Doctor Honoris Causa al profesor Rubén Garrido Yserte

El próximo 23 de octubre tendrá lugar la ceremonia oficial en Puebla (México) en la que se otorgará a Rubén Garrido Yserte el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Academia de Ciencias Politico-Administrativas y Estudios de Futuro (IAPAS, México). Este premio ha sido concedido a personalidades como Carles Ramió, Daniel Innerarity, Donald E. Klingner, Bernardo Kliksberg o Gianfranco Pasquino, así como a referentes como María Concepción Campos Acuña y Zoraima Cuello.

Rubén Garrido Yserte es profesor de Política Económica en el Departamento de Economía y Dirección de Empresas, así como director del Instituto Universitario de Investigación de Análisis Económico y Social, ambas entidades pertenecientes a la Universidad de Alcalá. El profesor Garrido pertenece y es miembro de comités científicos de distintas asociaciones académicas internacionales y, además, es el editor de la Revista «Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research”. Su producción científica es muy numerosa, además de encontrarse en revistas recogidas en bases de datos de alta calidad, al tiempo que muchos artículos se citan de manera extensiva. Su interés científico se centra en política regional, abarcando aspectos de turismo, población, Unión Europea, mundo laboral o educación.

La concesión de este premio constituye un paso importante hacia el estrechamiento en las colaboraciones científicas internacionales, en particular entre España y México.

Seminario de Política Económica: La elaboración de la política económica: entre la teoría y la realidad (resultados)

Organiza: Universidad de la Laguna

El pasado 22 de deptiembre se celebró la conferencia del profesor Antonio Sánchez Andrés (Universidad de Valencia) en la Universidad de La Laguna (2025). En concreto, se abordó la compleja relación entre la teoría de la política económica y su puesta en práctica.

Partiendo de la definición clásica, la adopción de medidas económicas por parte de las autoridades estatales con el fin de alcanzar determinados objetivos, el profesor subrayó que la política económica no es un proceso automático ni puramente técnico, tal y como predice el esquema fines-medios. Por el contrario, se encuentra atravesada por condicionantes que alteran su diseño y ejecución.

En su exposición uno de los puntos centrales es la diferencia entre enfoques racionalistas y empiristas: mientras que la teoría asume una relación clara entre objetivos e instrumentos, en la práctica intervienen factores como la burocracia ejecutora, la presión de grupos sociales o la posibilidad de “captura del Estado”.

El proceso, además, no comienza con el diseño de medidas, sino en la configuración de la agenda pública, donde se decide qué problemas sociales se transforman en objetivos de política económica. En esta fase resultan decisivos la selección, la priorización y la capacidad de los actores políticos para generar consensos.

La aplicación de las políticas implica distintas fases: la especificación de competencias y recursos, la ejecución y el seguimiento. Sin embargo, la acción gubernamental suele estar marcada por limitaciones como la falta de información, la inercia institucional, la escasez de tiempo y la incertidumbre.

Asimismo, frente a la conflictividad inherente a la definición de los problemas y la toma de decisiones de política económica, el profesor Sánchez destacó la importancia de la capacidad de gobierno y del liderazgo político como condicionantes fundamentales de la dinámica de la política económica.

En este sentido, la toma de decisiones es colectiva, heterogénea y frecuentemente cortoplacista, lo que conduce a soluciones subóptimas, ya sea mediante la inacción (pasividad estratégica) o a través de decisiones parciales que buscan reducir conflictividad.

En conclusión, la política económica no puede entenderse únicamente como un ejercicio técnico de fines y medios, sino como un proceso político y social en el que se entrecruzan objetivos divergentes, intereses de poder y limitaciones estructurales.

Jornadas: La Geopolítica de las Renovables en el Nuevo Escenario Global (anuncio)

Organiza: Universidad Nacional de Estudios a Distancia

Los días 24 y 25 de octubre de 2025, la UNED organiza una cita imprescindible para comprender cómo energía, poder y relaciones internacionales se entrelazan en el siglo XXI. Bajo un formato híbrido, presencial y online, este curso de extensión universitaria (0,5 créditos) propone un recorrido por las tensiones emergentes que acompañan la transición hacia las energías limpias.

A lo largo de dos jornadas, especialistas de la UNED, la UNAM, la UAM y expertos internacionales en derechos humanos, economía global y cambio climático analizarán temas clave: desde el papel estratégico de los minerales críticos en América Latina, hasta las políticas energéticas de Estados Unidos, China, la Unión Europea y México. Seis ponencias de 75 minutos, con espacio para el debate, ofrecerán a los participantes una visión clara y actualizada sobre los desafíos y oportunidades que plantea este nuevo escenario.

La inscripción es gratuita, con plazas limitadas para la modalidad presencial.

Quienes deseen obtener créditos podrán presentar un breve resumen reflexivo antes del 30 de noviembre. El público objetivo de este evento reside en quienes quieren comprender cómo la geopolítica condiciona y potencia el despliegue de las renovables.

Estas jornadas contribuyen a la difusión de la docencia y la investigación del Equipo de Política Económica de la UNED sobre geopolítica de las renovables. Si desean profundizar en el tema, disponen de los siguientes recursos:

• Libro «España y la Geopolítica de las Renovables«, editado por el Colegio Libre de Eméritos con el patrocinio de Endesa
• Certificado de Formación del Profesorado «Geopolítica de las Renovables» (plazo de matrícula abierto)

A continuación, presentamos el programa de las jornadas.

• viernes, 24 de octubre
  • 17:15-17:30 h. Presentación de las Jornadas
    • Vicente Pérez Fernández 
    • Juan Diego Paredes Gázquez 
  • 17:30-18:45 h. Megaproyectos gubernamentales y geopolítica de las renovables en México
    • Israel Solorio Sandoval 
  • 18:45-20:00 h. Minerales críticos para la transición energética: perspectivas desde Latinoamérica
    • Beatriz Oliveira 
  • 20:00-21:15 h. Las renovables en América Latina y su relación con España (online)
    • Enrique San Martín González 
• sábado, 25 de octubre
  • 17:30-18:45 h. Renovables y rivalidad geopolítica
    • Gonzalo Escribano Francés 
  • 18:45-20:00 h. El reto de una transición energética justa: perspectivas desde el Tercer Sector y los Derechos Humanos
    • Alexia Cerezo 
  • 20:00-21:15 h. La sostenibilidad en la geopolítica de las renovables
    • Juan Diego Paredes Gázquez 

Manuales de Política Económica: “Políticas económicas coyunturales: objetivos e instrumentos” (2025)(3ª edición)

Contando con Carlos Ochando como coordinador, ve la luz la tercera edición del manual de políticas económicas coyunturales, editatdo por Tirant LoBlanch Valencia.

El manual objeto de esta reseña es fruto de la actualización del anterior publicado, con el mismo título y en la misma editorial, en 2021. Se trata de la tercela edición del manual, cuya primera edición data de 2015. El manual, coordinado por el profesor de Política Económica de la Universidad de Valencia Carlos Ochando, siempre ha tenido por objeto el análisis de los principales objetivos e instrumentos de las llamadas políticas coyunturales o instrumentales. Es decir, aquellas políticas de naturaleza macroeconómica que tratan de estabilizar los ciclos económicos y los shocks externos y que fijan sus objetivos en el corto y medio plazo. A continuación describimos, brevemente, su contenido.

El primer capítulo, realizado por la profesora Maja Barac de la Universidad de Valencia, aborda la relación entre la política económica y los ciclos económicos. La existencia de ciclos económicos es la principal justificación de la intervención del Estado con las políticas de estabilización. La autora no se limita a estudiar las principales corrientes económicas convencionales, sino que se adentra en la explicación que aportan las teorías económicas más heterodoxas sobre el tema abordado. El capítulo finaliza con una reflexión sobre los retos a los que se enfrenta la política económica en la actualidad.

El capítulo 2 está dedicado al objetivo de estabilidad de precios y está elaborado por el profesor Jorge Uxó (Universidad Complutense de Madrid). El autor analiza la manera que tenemos de medir el crecimiento de los precios, sus causas y los efectos negativos sobre la economía. Incide, especialmente, en los aspectos distributivos de la inflación (tanto en sus causas como en sus consecuencias).

El capítulo 3 sigue estando dedicado al análisis de los objetivos de política económica. En este caso, al objetivo del empleo. Los autores, Josep Banyuls y Josep Vicent Pitxer (ambos de la Universidad de Valencia), afrontan este reto desde un enfoque estructural e institucional, alejándose del simplismo e irrealismo que ha demostrado el enfoque Neoclásico. Los autores destacan las aternativas de política de empleo -y de política económica en general- que nos pueden permitir alcanzar el objetivo de creación de empleo, tanto en su dimensión cuantitativa como cualitativa.

A partir del capítulo 4 nos adentramos en el estudio de los instrumentos, medios y/o políticas que nos permiten alcanzar los objetivos propuestos por los gobiernos. La primera política analizada en el manual es la política de rentas. El autor es el propio coordinador del manual. El reciente proceso inflacionista vivido en las economías de medio mundo ha vuelto a poner en la agenda política y social la necesidad de adoptar una política de rentas que compatibilice la estabilidad de los precios con una distribución más justa de los costes regresivos que acarrea la inflación.

El capítulo 5 está dedicado a la política fiscal. La autoría del mismo corresponde a Luis Cárdenas del Rey y Paloma Villanueva, ambos profesores de la Universidad Complutense de Madrid. Se analiza en el mismo la orientación y efectos de la política fiscal a partir de un modelo macroeconómico sencillo. Los autores centran el debate en los indicadores de la política fiscal, la importancia del valor del multiplicador fiscal y en la dinámica de la deuda pública. Al final del capítulo analizan los límites en la eficacia de la política fiscal.

El capítulo 6, realizado por el profesor de la Universidad de Valencia Juan Francisco Albert, afronta el desafío de analizar una política compleja desde el punto de vista técnico como es la política monetaria. Como es sabido, la política monetaria no es competencia de los gobiernos, sino de los Bancos Centrales. En el capítulo se analiza el proceso de creación monetaria, los instrumentos y objetivos de la misma, los mecanismos y canales de transmisión al sector real de la economía. También, el autor reconstruye la intervención del BCE desde la Gran Recesión del 2008 hasta la actualidad. Tras hacer una referencia a la política financiera macroprudencial, el capítulo finaliza con una reflexión sobre los límites y desafíos de la política monetaria.

Finalmente, el capítulo 7 está dedicado a los desequilibrios exteriores de la economía y a las políticas que permiten su corrección. En una economía ampliamente globalizada y con una fuerte interconexión entre diferentes países, las restricciones y crisis externas adquieren una importancia creciente en la agenda de la política económica. Su autor es el profesor de la Universiad CEU San Pablo de Madrid Jesús Paúl.

Para finalizar esta breve reseña, solo resta decir que el manual está dirigido, esencialmente, a los estudiantes del Grado de Economía, aunque también puede ser utilizado por el alumnado de otras titulaciones e, incluso, por personas expertas y especializadas en la materia. También decir, por último, que el libro -dada su claridad expositiva y esfuerzo de síntesis realizado por sus autores- puede llegar a un público más general y servir de fuente de información y divulgación de ideas para el conjunto de la ciudadanía interesada por estos temas. 

Revista Finanzas y Política Económica

La Revista Finanzas y Política Económica (ISSN: 2248-6046, E-ISSN: 2011-7663), de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Colombia, a partir de la publicación de su primer número en 2007 hasta hoy, ha generado un espacio científico en el que los temas relacionados con las políticas económicas, las finanzas y demás tópicos referentes a las ciencias económicas en el contexto colombiano, iberoamericano y mundial pueden ser analizados y discutidos por académicos e investigadores, nacionales e internacionales, del más alto nivel. Tiene una categoría de Q4 en Scopus.

Contenidos de los números recientes:

Vol.16, nº.2, julio-agosto, 2024 (https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/issue/view/222)

Editorial:

• Breve reseña del impacto de la Revista Finanzas y Política Económica a diecisiete años de su creación (Tejedor Estupiñán Joan Miguel)

Artículos de investigación:

• La integración del mercado bursátil latinoamericano: Una revisión sistemática de la literatura (Cardona Montoya Juan Camilo)
• Los líderes importan: la integración regional en Asia Central (Kazhenova Aigul)
• Equidad de género al rescate: examen de la relación entre la diversidad de género y las dificultades financieras en entornos corporativos (Siagian Valentine )
• Evolución de la estructura de la economía colombiana a partir de la teoría de redes y detección de comunidades para el periodo 2005-2021 (Alonso Cifuentes Julio César y Ocampo Arango María Paula)
• Efectos de las noticias digitales en el GAP de expectativas de inflación: primeras evidencias para una economía emergente ( Anzoategui Zapata Juan Camilo y Galvis Ciro Juan Camilo)
• Factores bancarios específicos que influyen en la rentabilidad de los bancos comerciales que cotizan en bolsa en Vietnam (Dao Thi Huong y Nguyen Theanh)
• Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico en los países de la Alianza del Pacífico (Quiguanas Chila Blademir y Rojas Velasquez Libardo)
• Efectos Financieros del Covid 19 en los beneficios bursátiles de las Emisoras Integrantes del Índice Dow Jones (Saavedra García Maria Luisa y Valdés Medina Filiberto Enrique)

Vol.17, febrero, 2025 (https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/issue/view/222)

Editorial:

• Impacto de la inteligencia artificial en la producción, la productividad y el aumento de la desigualdad en América Latina (Tejedor-Estupiñán Joan Miguel)

Artículos de investigación:

• Consolidación del valor corporativo como estrategia para viabilizar microempresas sector servicios en Bogotá (Cabrera Jiménez Manuel Fernando, Peña Rios Yessica)
• Transmisión entre los precios de los ADR y de las acciones colombianas que cotizan en bolsa: un análisis VAR-X y VEC-X (Vélez Molano José Rodrigo, Barbosa Camargo María Inés, Andrade Molero Andrea Paola , Ávila Calderón Michael Steven)
• Consumo de seguros en las pequeñas empresas españolas: el papel de la alfabetización financiera de la persona empresaria ( Álvarez-Espiño Marcos, Fernández-López Sara, Rey-Ares Lucía)
• Efecto de los impuestos corporativos en los flujos de inversión extranjera directa de Ecuador (Llerena Guevara Rosa Mayra, Yela Burgos Roger Tomás, Zambrano Sabando Nayeli Monserrate y Chang Coello Karelys Aracely)
• Ingresos distintos a intereses y el riesgo de crédito: el caso de la banca colombiana (Galvis Ciro Juan Camilo, Oliveira de Moraes Claudio y Pereira-Antunes José Américo)
• El impacto del contenido audiovisual en el volumen de transacciones y el precio del Bitcoin (Campos Jaque Zócimo, Yanine Fernando y Catalan Sebastian)
• Inclusión financiera y brecha de género: un análisis para América Latina y el Caribe en el periodo 2011-2021 (Mier Goyes Harleth Fabricio, Ruales Suárez Katherin Julieth)
• El manejo administrativo y fiscal del sistema telegráfico en el Estado de Santander, 1865-1910 (Pita Pico Roger)
• El emprendimiento y la innovación social desde una perspectiva asociativa: revisión bibliométrica (Fonseca Cifuentes Gina Paola y Ruiz Torres Juan Carlos)

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

Desde la Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) se apuesta por la divulgación. Periódicamente, REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés tanto para la Política Económica como para su difusión a través de la Red. Son tres los textos recientes que abordan la actualidad, a saber: los impactos económicos y los cambios geopolíticos en Europa, los límites de la asociación entre China y Rusia y la crisis de identidad de la profesión de los economistas que basculan entre ‘arquitectos de políticas’ o ‘auditores de programas’.

Publicado por Bruegel, el informe “Los cambios geopolíticos y sus impactos económicos en Europa: riesgos a corto plazo, escenarios a medio plazo y opciones de política” corre a cargo de André Sapir, Jacob Funk Kirkegaard y Jeromin Zettelmeyer. Según estos autores, Europa se enfrenta al deterioro del orden de posguerra consistente con la aparición de riesgos agudos (colapso financiero en EE. UU., crisis fiscal en la eurozona, choques comerciales), lo que perfila la necesidad de reforzar la autonomía estratégica para aumentar la resiliencia ante ellos. Las políticas nacionales se postulan con un mayor énfasis en la autonomía en defensa, ante la necesidad de creación de un mercado único europeo de equipos, fomentando la tecnología (chips de última generación) y, a su vez, impulsando las finanzas (euro digital, Unión de Ahorro e Inversión). Además, esta nueva agenda pasa, siguiendo el informe, por construir sistemas energéticos integrados y basados en recursos domésticos, garantizar el acceso seguro a minerales críticos e implementar una reforma fiscal que favorezca la inversión y dé más espacio fiscal a los países miembros.

En clave internacional, se recomienda que la UE debe ampliar los acuerdos con el Sur Global y promover coaliciones (sin centrarse inicialmente en EE. UU. o China) para reinventar el multilateralismo, comenzando por la defensa y la reforma del comercio y el clima, como por ejemplo a través de precios del carbono por niveles.

En referencia a otro texto reciente, cuya autoría corresponde a Ruby Osman y Dan Sleat, se subrayan los límites de la asociación sino-rusa, marcada por la creciente dependencia económica de Moscú respecto a Pekín. Aunque China es ya el principal socio comercial de Rusia, esta asimetría no se traduce en control político, como demuestra la guerra en Ucrania. Persisten problemas estructurales: desconfianza histórica, disputas territoriales, tensiones en energía y competencia en el Ártico. La propuesta implícita del texto es que las políticas económicas de Rusia deben diversificar alianzas y reducir vulnerabilidades, mientras que China busca preservar ventajas sin asumir costes políticos excesivos.

Por último, Ricardo Hausman vuelve a poner en tela de juico el debate sobre la profesión de los economistas entre la función social y la tecnocrática. En concreto, argumenta que la disciplina de la Economía ha abandonado la creatividad del “arquitecto”, que diseña soluciones innovadoras, en favor de un enfoque conservador de auditoría, que solo se basa en una lectura errónea del teorema fundamental de la economía del bienestar. Esta deriva supone carencias para afrontar problemas como la desigualdad o el reto climático. Así pues, se concluye que ambos roles son necesarios.

Evaluación de políticas económicas

¿Funcionaron realmente las ayudas post COVID? Una aproximación práctica de la metodología de evaluación de resultados por una institución de control externo

(por Joaquin Izquierdo Peris, técnico de auditoría de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana)

1. Introducción

Tras el estallido de la pandemia del COVID-19, la sociedad afrontaba un panorama sombrío, marcado por el confinamiento y restricciones a la movilidad. Las medidas para luchar contra el coronavirus afectaron profundamente a la actividad económica, especialmente en sectores de alta presencialidad como el comercio minorista, la hostelería, el transporte…. La preocupación era evidente: ¿podrían sobrevivir los negocios de autónomos y PYMES hasta que volviera la normalidad o estaban avocados al cierre definitivo?

Las administraciones públicas desplegaron un amplio abanico de instrumentos de apoyo económico. Entre otros, en marzo de 2021, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 5/2021 (en adelante, RDL 5/2021), que contenía medidas extraordinarias para apoyar la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de COVID-19. La finalidad perseguida era apoyar a las empresas viables y prevenir problemas de solvencia que pudieran afectar a la recuperación económica y la creación de empleo.

El RDL 5/2021 creó una línea de ayudas directas para autónomos y empresas con el objetivo de reducir el endeudamiento que se generó a partir de marzo de 2020 debido a la pandemia. Esta línea contó con una dotación total de 7.000 millones de euros, de los cuales 647 millones de euros fueron asignados a la Comunitat Valenciana, que se concretaron en el denominado Plan Resistir Plus (en adelante, PRP), regulado en el Decreto-ley 7/2021. Las ayudas pretendían mitigar los efectos de la caída de ingresos y preservar la solvencia, evitando el cierre de negocios viables.

2. Por qué se llevó a cabo esta fiscalización

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (en adelante, SCCV) acordó incluir en el Programa Anual de Actuación de 2022 el inicio de actuaciones fiscalizadoras sobre las ayudas del PRP. Es preciso recordar que, en el curso de sus actuaciones, todas las administraciones deben velar por el cumplimiento de un principio recogido en la Ley 40/2015: las administraciones deben planificar y dirigir por objetivos, y con posterioridad, controlar la gestión y evaluar los resultados de las políticas públicas llevada a cabo.

En el caso del PRP, la consejería que gestionó las ayudas en la Comunitat Valenciana elaboró un informe de evaluación anual, pero fundamentado principalmente en indicadores presupuestarios y relacionados con la actividad administrativa (número de solicitudes, número de beneficiarios y grado de ejecución presupuestaria), sin abordar aspectos de eficacia o impacto de las actuaciones. La ausencia de indicadores de realización o de producto y de indicadores de resultados inhabilita conocer el grado de consecución de los objetivos desde la perspectiva de la finalidad perseguida al conceder las ayudas.

Ante esta evidente debilidad en la evaluación realizada por el órgano concedente (incumpliendo el artículo 3 de la citada Ley 40/2015), la SCCV llevó a cabo una auditoría operativa, aplicando la metodología descrita en la Guía Práctica de Fiscalización de los Órganos de Control Externo (GPF-OCEX) 3000, pero con una perspectiva evaluadora (INTOSAI 2019).

3. Metodología de fiscalización

La SCCV ejecutó procedimientos de auditoría con un enfoque evaluador (Garde, Genero y López 2023) para dar respuesta a una de las preguntas clave de la fiscalización: ¿el PRP funcionó y consiguió el objetivo de mantener la actividad?

El informe de la Sindicatura es un ejemplo de cómo las auditorías operativas pueden ir más allá de los alcances tradicionales de la auditoría pública (comprobar la contabilización y el cumplimiento normativo en la concesión de una subvención). Estos trabajos pueden ayudar a saber si las políticas públicas funcionan o no, en definitiva, evaluar los resultados alcanzados.

Mediante la evaluación de resultados, que es un análisis ex post, se trata de determinar la capacidad que tienen las “ideas potencialmente buenas” para solucionar los problemas sociales (Ivàlua,2009). El objetivo de la evaluación es establecer si puede atribuirse o no (y en qué medida) la causa del cambio en el problema a la intervención pública: no se desea saber si un problema mejora o empeora, sino si el programa o la actuación pública ha tenido algo que ver.

En el caso de las subvenciones, la evaluación debe permitir analizar el efecto incentivador directo en el beneficiario de la ayuda (es decir, si la ayuda ha inducido al beneficiario a adoptar una línea de conducta diferente y la importancia del impacto de la ayuda). Las carencias en el diseño del plan de control de las ayudas del PRP, obligó a la SCCV a plantear previamente la lógica de intervención subyacente: identificó las necesidades y problemas que el PRP proponía abordar, describió los cambios pretendidos y definió un sistema de indicadores adecuado, distintos de los presupuestarios, que no midieran la actividad administrativa, sino el resultado conseguido.

Para salvar las debilidades en la medición de los resultados por parte de la administración concedente de las ayudas, la SCCV puso en práctica una aproximación al método de diferencia en diferencias, un método cuasi-experimental propio de la evaluación de políticas públicas. La prueba de auditoría fundamental consistió en el análisis comparativo de las variaciones (entre dos momentos en el tiempo) de ciertas variables relacionadas con la actividad económica, distinguiendo entre la realidad del grupo de tratamiento (solicitantes que recibieron la subvención) y la realidad del grupo de control (solicitantes que no la recibieron).

Por ejemplo, en término de empleo, el resultado alcanzado sería la diferencia en la variación del outcome (=trabajadores en alta) antes de recibir la ayuda (el 31 de diciembre de 2021) y después de recibirla (el 31 de diciembre de 2022) para los beneficiarios y para el grupo de comparación (=no beneficiarios):

                                                                  RESULTADO = Y1 – Y0, siendo

Y1 = Variación porcentual del número de afiliados en los beneficiarios de las ayudas, entre el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022

Y0 = Variación porcentual del número de afiliados en el grupo de comparación (no beneficiario de las ayudas), entre el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022

4. Principales observaciones

Los hallazgos numéricos fueron relevantes y también reveladores debido a la omisión evaluadora de la administración. Los autónomos y empresas beneficiarias tuvieron un mejor desempeño, al cabo de un año después del cobro de la ayuda, que el observado entre los no beneficiarios:

• Respecto al volumen de operaciones, por término medio, un beneficiario de la ayuda incrementó su cifra de negocios en un 46,8%, después de un año de haber recibido la subvención, frente únicamente el aumento del 26,3% de las ventas del solicitante que no la recibió.
• Respecto al mantenimiento del empleo, la afiliación de los beneficiarios aumentó, de media, en un 4,2% después de un año, mientras la de los no beneficiarios se contrajo un 4,6%.
• Respecto a la viabilidad de los negocios, la incidencia concursal entre los beneficiarios fue aproximadamente la mitad que entre los no beneficiarios.
• Y respecto al pago de las deudas, a los 18 meses de recibir la ayuda, el 89,8% de los beneficiarios estaban al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y el 95,4% respecto de las obligaciones con la Seguridad Social, porcentajes superiores al de los solicitantes que no recibieron la ayuda (78,7% y 87,7% respectivamente).

Pero, el enfoque aplicado por la SCCV ¿permite observar únicamente correlaciones o constituye sensu stricto una evaluación de impacto con capacidad de establecer la causalidad? El propio informe enfatiza la respuesta a esta cuestión pues sitúa los hallazgos de auditoría en el ámbito de los indicios de eficacia más que en una prueba de impacto.

5. Limitaciones metodológicas y críticas de un evaluador

Los resultados recogidos en el informe de la SCCV deben interpretarse como indicios razonables de eficacia, pero no como pruebas concluyentes, pues cualquier evaluador incidiría en que existen determinados aspectos que la evaluación de resultados debe contemplar, aspectos que no han sido totalmente resueltos por la SCCV.

a) Definición clara de los grupos de tratamiento y control: robustez del contrafactual

El grupo de tratamiento (solicitantes que recibieron la subvención) y el grupo de control (solicitantes que no la recibieron) deberían ser comparables: idealmente, ambos grupos deberían ser similares en características observables antes del tratamiento (por ejemplo, actividad económica, tamaño del negocio, mercado, etc.). En el caso del PRP, la SCCV no definió una muestra, sino que analizó la totalidad de la población que recibió la subvención y toda la población que la solicitó, pero no la recibió.

b) Momento de la evaluación

La evaluación debe considerar un horizonte temporal adecuado para observar los efectos de las ayudas, evitando conclusiones prematuras. En el caso del PRP, la SCCV observó la realidad en el momento de la concesión (diciembre de 2021) y la realidad un año después (diciembre de 2022). Si la SCCV hubiera optado por evaluar los efectos en ejercicios posteriores, el consiguiente retraso en la emisión del informe hubiera restado pertinencia a sus conclusiones.

c) Calidad de los datos:

Evaluar requiere disponer de datos fiables, suficientes y detallados tanto para el grupo tratado como para el de control, antes y después de la intervención. La SCCV tuvo que recurrir a otras administraciones para la obtención de estos datos (AEAT, Seguridad Social y Registro Público Concursal), y limitó el procedimiento de auditoría sobre las personas físicas/jurídicas sobre las que se disponían datos en ambos momentos del análisis (2021 y 2022).

d) No existencia de shocks diferenciados:

Para alcanzar conclusiones sobre causalidad, no deben ocurrir otros eventos que afecten de forma diferencial a los grupos en el mismo periodo en que se implementa el programa. En el caso del PRP, sí ocurrieron otros eventos que pudieran haber afectado de forma diferencial a los grupos en el mismo periodo en que se implementa el programa (recuperación global de 2022, otras políticas públicas (ERTES), crisis energética, conflictos bélicos…).

e) Supuesto subyacente de tendencia paralela

Para evaluar correctamente, se debe cumplir que, en ausencia de tratamiento, la evolución del resultado habría sido la misma en ambos grupos. Para ello hubiera sido necesario observar las tendencias previas al tratamiento. Si ambas series evolucionan de forma similar antes de la subvención, es más plausible que el supuesto se cumpla. La SCCV no pudo verificar esta tendencia por limitación del acceso de datos (en particular de la AEAT).

Respecto de este último punto, mención especial cabe realizar a las dificultades para el tratamiento de datos de los datos tributarios, que, por su carácter reservado, no pueden, con carácter general, ser cedidos o comunicados a terceros. La Ley General Tributaria posibilita, entre otras excepciones, la cesión que tenga por objeto la colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el ejercicio de sus funciones de control de la gestión económico-financiera y el control de subvenciones y ayudas públicas. Una reflexión personal: ¿Por qué el legislador sí que facilita la cesión de datos al órgano de control interno (la IGAE) pero no al órgano de control externo (el Tribunal de Cuentas sólo tiene acceso a datos para la fiscalización de la propia AEAT)?

6. Principales retos para el impulsar la evaluación de políticas públicas en el seno de una institución de control externo

El análisis de evaluaciones o de auditorías operativas con enfoque evaluador realizado por las instituciones de control externo (ICEX), tanto a nivel nacional como internacional, muestra un heterogéneo panorama en el que el nivel de implicación y compromiso de la institución es muy diverso, como lo es también el enfoque adoptado y el grado de utilización de metodologías propias de las ciencias sociales junto con las características de la auditoría operativa o de gestión (Genaro Moya, D. y López Hernández, A., 2019).

La evaluación es una labor científica llevada a cabo utilizando las técnicas aprendidas en diferentes disciplinas de las ciencias sociales, no solo de la economía, sino también de la sociología, las ciencias políticas y de la administración, la estadística e incluso la psicología, por citar algunas de ellas (Medina Guijarro, J., & Álvarez Tólcheff, E.,2009).

Por tanto, para que la auditoría operativa con enfoque evaluador pueda tener más recorrido entre las funciones de las ICEX, y conseguir así vencer las limitaciones metodológicas anteriormente citadas, deberán superar dos retos:

• En primer lugar, establecer un compromiso claro y firme por la parte de los órganos de dirección de estas instituciones, que se plasme en sus planes estratégicos, y que se materialice en los planes de actuación, incrementado el número de trabajos de esta naturaleza y que estén sujetos a los mismos enfoques metodológicos.
• En segundo lugar, es preciso incorporar personal con formación y experiencia previa en materias distintas a las áreas tradicionales de contabilidad y legalidad. Es recomendable tener un conocimiento profundo de los métodos y herramientas de evaluación para asegurar resultados de calidad, así como la capacidad de recopilar, analizar e interpretar datos masivos de manera rigurosa, y entender las técnicas de planificación y gestión de proyectos.

7. Conclusión

El informe sobre el PRP de la SCCV muestra cómo una auditoría operativa puede suplir las deficiencias evaluativas de la administración concedente de una ayuda. Los resultados recogidos en este informe son consistentes con la hipótesis de que las ayudas contribuyeron al mantenimiento de la actividad de los beneficiarios, si bien no permiten establecer una causalidad estricta.

Sin embargo, el valor de esta fiscalización es evidente: desde la perspectiva del contribuyente, ofrece evidencia empírica de que los fondos públicos probablemente ayudaron a sostener empresas y empleo en un contexto crítico. Desde la perspectiva institucional, marca un camino a seguir: integra la metodología de evaluación en la gestión de subvenciones, de modo que la eficacia se mide de forma estructurada y fundamentada.

Política Económica y Género

Los efectos de las responsabilidades de cuidados sobre la brecha laboral de género y la necesaria implementación de políticas correctoras [*]

(por Joan Alujas Ruiz, Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada, Universitat de Barcelona)

[*] Este trabajo se enmarca en el proyecto de I+D+i «Hacia una sociedad cuidadora. La oportunidad para una regulación inclusiva de los cuidados de larga duración con perspectiva de género en el marco de la Estrategia España 2050 (CUIDAR-ES)» (Proyecto PID2023-148490NB-I00 financiado por MICIU-AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE).

1. Introducción

La falta de valoración del trabajo no remunerado y la sobrecarga de trabajo de cuidados en los hogares, que tradicionalmente desarrollan las mujeres, son el origen de muchas situaciones de desigualdad en el mercado de trabajo y que acabarán teniendo un impacto sobre el conjunto de la economía.

Los principales efectos de la desigualdad de género en el ejercicio de la conciliación en términos económicos son (ClosinGap, 2019): natalidad y equilibrio demográfico; potencial de crecimiento económico; empleo, nivel de ingresos y pensiones por jubilación; ingresos tributarios y consumo privado; desaprovechamiento del talento; pérdidas de eficiencia y productividad; satisfacción laboral y personal; y disponibilidad de tiempo libre.

Al margen del desequilibrio en la responsabilidad sobre los cuidados[1], la organización del tiempo de trabajo sigue siendo un obstáculo determinante para la conciliación efectiva de las mujeres. Unas condiciones laborales poco flexibles (jornada partida, falta de flexibilidad horaria o descoordinación entre horarios escolares y laborales) penalizan especialmente a las mujeres. Por consiguiente, éstas continúan en su mayoría abandonando, interrumpiendo o reduciendo su jornada laboral para hacerse cargo de las responsabilidades de cuidados, tanto de menores como de personas dependientes.

Los cuidados incluyen actividades directas como apoyo y asistencia para poder realizar actividades de la vida diaria (bañarse, comer…), así como actividades indirectas, también esenciales para el cuidado personal, como mantener la limpieza del hogar, cocinar, realizar tareas administrativas o socializar.

Disponer de tiempo suficiente para atender de forma satisfactoria las distintas necesidades y responsabilidades cotidianas permite a las personas desarrollar su proyecto de vida de forma más plena, incrementa la satisfacción laboral y reduce la rotación y el absentismo, generando beneficios también para las organizaciones y la sociedad en su conjunto (ClosinGap, 2019).

En este trabajo se analizan los efectos que las responsabilidades de cuidados tienen sobre la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y que se traducen en una mayor tasa de inactividad, una más elevada frecuencia en el abandono del empleo y una mayor proporción de empleo a jornada parcial, comportando en consecuencia unos menores salarios. Por tanto, en este contexto es necesario plantear asimismo políticas que contribuyan decididamente a reducir la brecha laboral de género.

2. Efectos de las responsabilidades de cuidado en el mercado laboral de las mujeres

La atención a las personas dependientes, aunque ciertamente no pueda explicar en toda su exten­sión la discriminación que sufren las mujeres en el mercado de trabajo, es el factor que con más relevancia afecta no solo a su inserción sino a su mantenimiento en el mercado de trabajo en térmi­nos de igualdad (Nieto, 2023).

El hecho de que las mujeres sigan asumiendo la mayor parte de las responsabilidades del cuidado provoca que sus restricciones a la hora de participar en el mercado sean mayores lo que, unido a su posición tradicional en empleos peor pagados, reproducen unos modelos de toma de decisiones dentro del hogar que también suponen una fuente de discriminación añadida en este espacio (Vicent et al., 2023).

Por tanto, el desigual reparto del tiempo y responsabilidades de cuidados dificulta las carreras laborales de las mujeres debido a una mayor inactividad, al abandono del empleo y a una mayor ocupación a jornada parcial. En consecuencia, el trabajo a tiempo parcial no puede ser una solución para la madre trabajadora, ya que caería receptivamente a formas de discriminación indirecta que aumentarán cada vez más la brecha salarial (De Chiara, 2025).

La promoción y trayectoria laboral de las mujeres se ve influida por la menor duración de su vida laboral, con mayores interrupciones y un menor “presentismo”, a causa de su mayor protagonismo en los cuidados familiares. La prolongación en el tiempo de los períodos de inactividad no solo tiene una implicación económica directa provocada por la falta de rentas del trabajo, sino que, podrá tener repercusiones en la reinserción en el mercado laboral debido a la llamada obsolescencia de las competencias adquiridas (Baquero et al., 2019).

La menor participación de las mujeres en el mercado de trabajo se acaba reflejando posteriormente en una brecha de género en las pensiones. Por ejemplo, en la jubilación a fecha 1 de julio de 2025, la cuantía del importe medio mensual de las pensiones de las mujeres en el régimen general era de 1.357 €/ mes, y de 1.879 €/mes la de los hombres, lo que implica una brecha del 38,5%.

2.1. Inactividad

Los datos de la Encuesta de Población Activa para el año 2024 muestran que 3,4 millones de personas tienen como causa principal de inactividad “labores del hogar”, incluyendo dentro de las mismas a las actividades de cuidado que garantizan la sostenibilidad de la vida. De ellas el 87,1% son mujeres (casi 3 millones). Entre 2016 y 2024 dicha proporción ha disminuido ligeramente desde el 90% alcanzado en el primer año de la serie analizada. En cambio, en el total de personas inactivas el peso de las mujeres es mucho menor, situándose alrededor del 57% en los últimos años.

El porcentaje de mujeres inactivas por dedicación a labores del hogar respecto al total de personas inactivas se sitúa en 2024 en un 30,1%, mientras que en los hombres apenas alcanza el 6%. El porcentaje de mujeres se reduce claramente durante el período analizado (gráfico 1). Aun cuando el número de mujeres inactivas por labores del hogar ha decrecido entre 2016 y 2024, sigue siendo el principal motivo por el cual las mujeres se encuentran fuera de la actividad laboral regulada, lo que sigue evidenciando un reparto desigual de las responsabilidades familiares.    

En cuanto al motivo de no buscar empleo, se observa que en 2024 casi 700.000 mujeres no buscaron empleo por cuidar a menores, personas enfermas, incapacitadas o mayores (un 91% del total) mientras que esa cifra es de alrededor de 67.000 para los hombres. Entre 2016 y 2024 dicha proporción ha disminuido algo más de tres puntos porcentuales. En cambio, en el total de personas inactivas el peso de las mujeres se sitúa alrededor del 57%.

El porcentaje de mujeres inactivas que no buscan empleo por motivo de cuidados se sitúa en 2024 en un 6,8%, mientras que en los hombres no llega ni al 1%. El porcentaje de mujeres aumenta claramente durante el período analizado (gráfico 2). Estos datos muestran, por tanto, la brecha de género en la inactividad por responsabilidades de cuidado, es decir, la diferencia entre mujeres y hombres que no buscan empleo porque se encuentran cuidando a personas dependientes. Sin el impacto de los cuidados, la brecha en la tasa de actividad entre hombres y mujeres prácticamente desaparecería.

Cabe señalar que la proporción de mujeres es muy desigual si nos atenemos a la franja de edad, destacando especialmente las de entre 30-34 y 35-39 años, que registran en 2024 porcentajes alrededor del 38%. Entre 2016 y 2024 el peso de las mujeres inactivas que no buscan empleo por motivo de cuidados ha aumentado en todas las franjas de edad analizadas a excepción de la de entre 25 y 29 años (gráfico 3).

Por otra parte, los datos de la EPA muestran que 68.000 mujeres dejaron su trabajo a finales de 2024 para cuidar a menores, personas enfermas, incapacitadas o mayores (un 82,4% del total). En cambio, esta decisión solo la tomaron 14.400 hombres. El peso de las mujeres se reduce entre 2020 y 2024. En el total de personas inactivas que dejaron su último empleo las mujeres representan el 53% y se mantiene estable durante el período analizado (gráfico 4) Por tanto, es evidente que están muy sobrerrepresentadas en el motivo relacionado con los cuidados.

2.2. Parcialidad

En cuanto al empleo a tiempo parcial, más de 390.000 mujeres estaban ocupadas a jornada parcial a finales de 2024 por motivo del cuidado de personas dependientes (un 93,3% del total). Por el contrario, solo había 28.000 hombres en esa situación. La proporción de mujeres se reduce levemente entre 2016 y 2024, aunque en términos absolutos aumenta de forma clara. Por otro lado, en el total de personas ocupadas a tiempo parcial el peso de las mujeres se sitúa alrededor del 73%.

El porcentaje de mujeres ocupadas a jornada parcial por motivo de cuidados se sitúa en 2024 en un 17,4%, mientras que en los hombres se queda en el 5,5%. El porcentaje de mujeres aumenta claramente durante el período analizado y a menor escala también el de los hombres (gráfico 5). Estos datos muestran la diferencia entre mujeres y hombres a la hora de escoger un empleo a tiempo parcial por cuidar a personas dependientes.

Cabe señalar que la proporción de mujeres que trabajan a jornada parcial es muy desigual si nos atenemos a la franja de edad, destacando especialmente las de entre 30-49 años, que registran en 2024 porcentajes alrededor del 30%. Entre 2016 y 2024 el peso de las mujeres ocupadas a tiempo parcial por motivo de cuidados ha aumentado en todas las franjas de edad analizadas a excepción de las menores de 30 años (gráfico 6). La clara feminización de la contratación a tiempo parcial en España es determinante para que las mujeres tengan un salario menor que los hombres [2]. En este sentido, gran parte de la brecha salarial está relacionada con un tipo de contratación no deseada y vinculada a los cuidados. Según CCOO (2024), si las mujeres asalariadas trabajaran a jornada completa con la misma intensidad que los hombres se eliminaría el 70% de la brecha salarial de género en España. Además, la parcialidad originada por los cuidados limita el desarrollo profesional, reduce las oportunidades de promoción y debilita la protección social futura. 

2.3. Excedencias

Finalmente, cabe señalar que las excedencias por cuidados tanto de hijos como de familiares se concentran de forma mayoritaria en las mujeres (casi 45.000 de un total de 53.000 en 2024). La proporción se ha reducido levemente pasando del 90% en 2016 al 84% en 2024. El porcentaje de mujeres es superior en las excedencias por el cuidado de los hijos (87%) que por el cuidado de familiares (75%) en el último año analizado (gráfico 7). No obstante, cabe señalar que, en el caso de las mujeres y durante todo el periodo analizado, el 80% de las excedencias es por el cuidado de los hijos.

Este hecho acarrea consecuencias perniciosas para las mujeres, que van desde una menor presencia en el mercado laboral, una reducción de las posibilidades de acceder a puestos de responsabilidad, hasta unas condiciones de empleo precarias, dados los persistentes roles de género por los cuales los cuidados recaen casi de forma casi exclusiva en las mujeres. En este sentido, las dificultades que encuentran muchas familias para disponer de servicios formales de cuidados asequibles, suficientes y de calidad, contribuyen a cronificar la situación de las mujeres como cuidadoras de familiares menores o dependientes.

Estos datos dejan patente la necesidad de trabajar en la corresponsabilidad y fortalecer el sistema de cuidados en España. Es imprescindible un cambio cultural y social, pero también una transformación institucional que permita contar con un sistema de protección social integral.

2.4. Brecha salarial

La menor participación de la mujer en el mercado de trabajo se refleja en la brecha salarial de género. Según la Encuesta de Estructural Salarial del INE, la ganancia media de los hombres se situó en 2023 en 30.372,49 euros, y la de las mujeres en 25.591,31 euros. La brecha salarial en fue del 18,7% (gráfico 8), habiéndose reducido desde 2018 en 8,6 puntos porcentuales, debido sin duda a las subidas del SMI.

La segregación sectorial es una de las razones de la brecha salarial de género. Las mujeres tienden a estar sobrerrepresentadas en sectores con salarios promedio más bajos, a menudo porque los empleos en estos sectores están infravalorados y se consideran «trabajos de mujeres», como los cuidados y la educación. Los bajos salarios también pueden estar relacionados con estereotipos de género que equiparan las habilidades interpersonales requeridas para el cuidado, como la comunicación, la empatía o la cooperación, con habilidades que serían naturales para las mujeres y que no se reconocen adecuadamente en el valor económico de su trabajo.

A modo de ejemplo, en la categoría profesional de los trabajadores de los servicios de salud y del cuidado de personas la ganancia media apenas representa un 67% del salario medio total, siendo una de las ocupaciones con un salario más bajo, además de una elevada segregación ocupacional (79% de empleo femenino). En las mujeres la ganancia media alcanzó en 2023 los 17.609,56 euros, mientras que en los hombres se situó en 22.421,02 euros. En este caso, la brecha salarial fue del 27,3%, con una reducción de 12,6 puntos porcentuales con respecto a 2018 (gráfico 8). El salario femenino aumentó el doble que el masculino en el periodo analizado (22% frente al 11%). El aumento continuado del SMI explica de nuevo dicho comportamiento y, en consecuencia, la menor brecha salarial en 2023. Por tanto, la ocupación vinculada a los cuidados registra unos salarios más bajos y una mayor diferencia entre hombres y mujeres.

3. Conclusiones y medidas propuestas para la reducción de la brecha laboral de género

Los cuidados son esenciales para el funcionamiento de la sociedad y la economía, aunque a menudo son infravalorados y realizados de manera no remunerada o precaria, lo que ha redundado en significativas desigualdades económicas y de género (Rodríguez, 2024).

Se puede establecer una conexión entre los principios 9º y 18º del Pilar Europeo de Derechos Sociales, vinculando el fomento al acceso a servicios de cuidado con el manteni­miento de las mujeres con responsabilidades familiares en el mercado de trabajo (Nieto, 2023). La evolución de las políticas de la Unión Europea en materia de con­ciliación de la vida laboral y familiar supone un avance hacia un reconocimiento expreso de los derechos de corresponsabilidad familiar de las personas trabajadoras, hombres y mujeres, de forma neutra, individualizada e inde­terminada (Cristóbal, 2024).

La ampliación y equiparación de los permisos de paternidad y maternidad y otras medidas orientadas a mejorar la conciliación tiene como objetivo incentivar la corresponsabilidad y aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Aunque se han producido algunos avances, los datos analizados evidencian que las brechas de género (en inactividad, parcialidad, excedencias y salarios) siguen siendo notables, especialmente en el empleo a tiempo parcial. No obstante, cabe destacar que las subidas del SMI han contribuido a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Por otra parte, la carencia de una oferta de servicios públicos de cuidados tiene un impacto negativo en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en condiciones de igualdad, favoreciendo tanto la desigualdad de género como la desigualdad social, puesto que no todas las familias tienen la misma capacidad económica para acceder a dichos servicios.

En consecuencia, son necesarias políticas que por un lado aborden las barreras que impiden a muchas mujeres incorporarse, permanecer y progresar en el mercado laboral y, por otro, contribuyan a mejorar las condiciones y los salarios de las personas que trabajan en el sector de los cuidados y, por extensión, la calidad de los mismos.

La reducción de la brecha de género requiere que el conjunto de la sociedad asuma una parte significativa de los costes que acarrea el cuidado de niños, personas dependientes y/o mayores. Por tanto, la conciliación sería un derecho colectivo que ha de ser garantizado por el Estado y asumido también por las empresas y la sociedad.

En este sentido, es primordial incluir la perspectiva de los cuidados en las políticas laborales, reconociendo a todas las personas adultas como potenciales cuidadoras y ampliando progresivamente los permisos para todos los modelos de familia. Las políticas deben garantizar que los permisos parentales sean 100 % remunerados y obligatorios, e intransferibles, priorizando el uso por turnos y no de forma simultánea, para reforzar así el principio de igualdad de responsabilidad en el cuidado.

En conclusión, las políticas para corregir los efectos de las responsabilidades de cuidados se pueden articular principalmente en torno a la conciliación en el ámbito laboral (permisos, flexibilidad horaria, teletrabajo, reducción/adaptación de jornada) y en la provisión pública y comunitaria de cuidados (ampliación de la oferta de servicios de cuidados de larga duración). Dichas medidas contribuirían a eliminar la sobrecarga de trabajo de cuidados, facilitando la participación de las mujeres en el mercado laboral (aumentando su tasa de empleo) y reduciendo así la brecha de género, en particular respecto a los salarios y a la cuantía de las pensiones de jubilación.

Bibliografía:

Baquero, J., Gómez, V. y Ruesga, S. (2019). Reflexionando sobre la brecha salarial de género. Revista de Derecho de la Seguridad Social, Laborum, nº 19, pp. 265–274.

ClosinGap (2019). Coste de oportunidad de la brecha de género en la conciliación. Informe 2.

Comisiones Obreras (2024). Con más avances sin brechas. Madrid.

Cristóbal, M. R. (2024). La conciliación de la vida familiar y profesional en la Unión Europea. Revista De Estudios Jurídico Laborales Y De Seguridad Social (REJLSS), nº 8, pp. 73–97.

De Chiara, G. (2025). Igualdad de género y acceso al mercado laboral. ¿Qué herramientas para reducir la brecha salarial de género en el contexto europeo? Análisis comparativo entre Italia y España. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 13 (1), pp. 238-255.

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Estructura Salarial.

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa.

Ministerio de Trabajo y Economía Social. Anuario de Estadísticas Laborales.

Nieto, P. (2023). La transposición de la directiva 2019/1158 de conciliación de la vida familiar y la vida profesional a través del RD Ley 5/2023. Revista De Estudios Jurídico Laborales Y De Seguridad Social (REJLSS), nº 7, pp. 75–102.

Rodríguez, Sarai (2024). Trabajos de cuidado y corresponsabilidad: la función institucional. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 12 (1), pp. 651-685.

Vicent, L., Trillo del Pozo, D. y Ruiz, M.E. (2023). La realidad salarial de las mujeres en el mercado de trabajo español: brechas, discriminación y efectos divergentes desde la perspectiva de género. Revista De Economía Crítica, n.º 35, pp. 60-80.

[1] Esta brecha de género en la corresponsabilidad contribuye a explicar la llamada pobreza de tiempo. Este concepto hace referencia a la falta de tiempo suficiente y de calidad de que disponen las personas (después de tomar en consideración el trabajo remunerado y no remunerado más el tiempo de cuidado personal) para descansar, formarse, participar en la vida social o acceder a un empleo en igualdad de condiciones.

[2] En términos generales y según la Encuesta de Estructura Salarial del INE, en el empleo a jornada parcial el salario en 2023 representa alrededor del 42% del equivalente en un empleo a tiempo completo.

G. Escribano, E. San Martín y J. D. Paredes (2025), España y la geopolítica de las renovables, Edición del Colegio Libre de Eméritos, Madrid

(Por Aurelia Mañé Estrada, Economia Aplicada, Universitat de Barcelona)

El libro España y la geopolítica de las renovables, escrito por tres profesores de Política Económica de la UNED e integrantes del grupo de investigación en Economía Política Internacional de esta universidad, aborda el papel de España en el nuevo escenario energético global derivado de la transición hacia fuentes renovables.

Partiendo de la premisa de que la geopolítica ha estado tradicionalmente ligada al petróleo y al gas, los autores plantean que también se está configurando una geopolítica de las energías limpias. Esta, lejos de ser neutra o exenta de tensiones, promueve entornos cooperativos, cadenas de valor descarbonizadas y acceso a minerales críticos, pero también puede generar nuevos conflictos, inseguridades y fallos de gobernanza.

El libro destaca que la relación entre renovables y geopolítica es bidireccional. Por un lado, unas relaciones internacionales constructivas pueden impulsar el desarrollo de las energías limpias y la integración –no neocolonial– de minerales estratégicos en cadenas de valor sostenibles.

Por otro, la expansión de las renovables puede servir como vector para fomentar la cooperación transnacional.

Sin embargo, esta dinámica también puede operar en sentido inverso: los conflictos entre Estados, la ausencia de marcos regulatorios adecuados o una gobernanza deficiente pueden obstaculizar tanto el despliegue de las renovables como la colaboración internacional necesaria para su desarrollo.

Desde sus primeras páginas, el libro establece con claridad su foco: analizar el papel que España –y su proyección exterior– podría desempeñar en esta emergente geopolítica de la energía limpia. Un interés que se intensifica tras la invasión rusa de Ucrania y las sanciones internacionales impuestas a Rusia, que reconfiguraron los equilibrios energéticos globales. Los autores identifican a España como un posible nodo estratégico en la transición energética Latina. Argumentan que el país dispone de un alto potencial para desarrollar hidrógeno verde, avanzar en la descarbonización de su industria y fortalecer alianzas con Europa, el Mediterráneo y América Latina.

A lo largo de cinco capítulos, el libro se estructura en torno a cinco grandes preguntas formuladas al inicio (p. 33), siempre con España en el centro del análisis: ¿Mejoran las renovables la seguridad energética?; ¿Ofrecen ventajas estratégicas?; ¿Reducen los conflictos, el rentismo y la mala gobernanza?; ¿Implican también una transición en el poder energético global?; ¿Pueden desbloquear rivalidades regionales e impulsar comunidades energéticas en red?

Las respuestas a estas cuestiones permiten a los autores concluir que España tiene mucho que ganar en una transición hacia un modelo energético renovable y descarbonizado. Una muestra de este potencial se encuentra en el índice GeGaLo (Geopolitical Gains and Losses), ilustrado en la página 41, donde España aparece, junto con Japón, Chile y Corea del Sur, como uno de los posibles grandes beneficiarios de la transición energética global.

No obstante, el libro también advierte sobre la complejidad del proceso. Las inercias geopolíticas y geoeconómicas preexistentes pueden actuar como frenos, y el éxito dependerá en gran medida de la calidad de las estructuras de gobernanza y de los marcos regulatorios que se diseñen e implementen.

A pesar de estos desafíos, el enfoque del libro puede considerarse optimista desde una perspectiva político-económica. Los autores sostienen que, si se adoptan las decisiones adecuadas, España –más desde una lógica geoeconómica que puramente geopolítica– podría situarse entre los ganadores de esta transformación energética ya en marcha.

El libro se articula en torno a dos ejes conceptuales, el de la geopolítica y la geoeconomía de la energía; en torno a la relación de España con dos áreas geográficas, el Mediterráneo y América Latina; y en torno al potencial de cooperación en dos de los aspectos hoy privilegiados en el debate sobre la nueva geopolítica de la transición: el del hidrógeno verde y descarbonizado, y el de los minerales estratégicos.

Estos aspectos son los que, grosso modo, estructuran el contenido de los cinco capítulos. El primer capítulo, La geopolítica de las energías renovables, se inicia comentando una ilustrativa frase de Halford Mackinder, que abre el libro, y en la que este geógrafo imperial, en 1943, expresó que cuando se agotaran las fuentes fósiles, existiría el sol en el Sahara.

En el libro, esta frase sirve para ilustrar, por una parte, la idea de continuidad en la geopolítica de la energía –cuando se acabe la geopolítica de la energía fósil, emergerá la de las renovables–, pero también los autores la emplean para alertar al lector de los riesgos de reproducir la lógica del modelo fósil en el de las renovables. Se deja claro, sin embargo, que la transición energética –y geopolítica– a la que estamos asistiendo se debe a cuestiones climáticas, y no al agotamiento de los recursos. De ahí que los autores enlacen el concepto de geopolítica con el de geoeconomía: con la emergencia del objetivo de la “sostenibilidad”, la narrativa al uso ha pasado a plantear las estrategias renovables y descarbonizadas en el marco del trilema sostenibilidad (ambiental), seguridad (geopolítica) y coste o competitividad (geo-económica).

Los autores defienden que este es un falso trilema y que la verdadera “oportunidad” de las renovables reside en la posibilidad de articular un sistema energético más limpio, seguro y competitivo. Con estos mimbres (o así lo entiende quien reseña) desarrollan el apartado 1.4 del primer capítulo, en el que, en su punto final, definen el “deseable” objetivo de la integración a través de la creación de comunidades de red. Posteriormente, en el punto 1.5, se refieren al impacto sobre los actores energéticos de dos factores: la transición y la guerra en Ucrania, destacando el papel de las políticas europeas y la visión específica de España en este contexto.

Pasado este capítulo más conceptual y contextual, el libro avanza hacia aspectos mucho más concretos. En el segundo capítulo se habla del potencial de la “nueva” relación energética entre España y el Norte de África. Nueva por tres razones: por su reconsideración en el marco europeo después de la invasión de Ucrania, que ha impulsado el desacoplamiento europeo de los hidrocarburos rusos; por la voluntad de que esta relación no se base en una lógica colonial; y por el emergente papel de Marruecos como actor renovable regional.

Un aspecto interesante es la lección que surge de los “fracasos” de las renovables en dos casos: el de Marruecos, donde en varias ocasiones se ha exportado energía desde España; y el de la menor “seguridad” y resiliencia de las instalaciones descentralizadas en Gaza, en un contexto bélico. Ambas cuestiones, sin duda, han de reconsiderarse ante el apagón total que experimentamos en España y el genocidio en Gaza, que invalida cualquier análisis lógico-racional sobre esta, o cualquier otra cuestión.

El tercer capítulo otorga a las relaciones energéticas con América Latina un papel totalmente distinto al que se asigna al Norte de África / Mediterráneo. Se apuntan tres cuestiones: el papel del sector empresarial español como actor europeo privilegiado en América Latina; el potencial de esta región en el marco de la integración en cadenas de valor productivas y descarbonizadas –apuesta por el greenshoring–; y el análisis de algunas comunidades en red latinoamericanas regionales.

La dualidad propuesta de relaciones energéticas de España con el Mediterráneo y América Latina conforma la apuesta de geoeconomía de las renovables, propiciada por vínculos geopolíticos históricos.

En los capítulos cuarto y quinto, la atención se centra en dos vectores concretos: los proyectos emergentes de hidrógeno renovable y los minerales de la transición. En el cuarto capítulo, el hidrógeno renovable se plantea como elemento clave para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, estructurar cadenas de valor regionales y redefinir el posicionamiento energético de España hacia finales de la década y más allá. Todo ello acompañado de la interesante –y, de alguna manera, eterna– reflexión sobre la problemática de la Península Ibérica como isla energética, que en este caso puede suponer también un obstáculo. En este ámbito, los autores entran en la política industrial –o productiva–, vinculando el desarrollo del sector del hidrógeno (Mediterráneo e Ibérico) a la estrategia industrial española y europea. Sin embargo, esta propuesta no resuelve la incógnita de qué hacer con el eventual hidrógeno verde si este no puede llegar a Europa continental, o si la opción francesa de producir hidrógeno a partir de electricidad nuclear se materializa.

Por último, el quinto capítulo describe la situación actual de la geopolítica de los minerales de transición, explicando tres casos de estudio y analizando las estrategias adoptadas por China, Estados Unidos y Europa ante esta nueva realidad.

Con todo ello, el libro cierra con las implicaciones de lo expuesto para España, respondiendo así a las cinco preguntas planteadas en el primer capítulo. Respuesta razonada y matizada, que amplía considerablemente el breve resumen presentado al inicio de esta reseña. En conjunto, se trata de un libro muy útil para conocer los elementos que nutren el debate sobre el papel de España en el marco de la transición energética global. Además, como ya se indicó al inicio, resulta provechoso para quienes quieran reflexionar sobre políticas energéticas, pues plantea el potencial del contexto actual, aunque no desarrolle ni proponga políticas concretas.

Por mi parte, lo calificaría como un libro útil, que con pragmatismo expone quiénes son los socios “naturales” y por qué tecnologías de transición se ha apostado. Personalmente, y consciente de que es por deformación profesional, echo en falta un mayor debate sobre cuáles podrían haber sido las alternativas a la forma actual de transición energética, pero no es este el objetivo del libro.

Sí considero, sin embargo, que, en caso de publicarse una segunda edición, el primer capítulo podría ampliarse para incorporar un debate más desarrollado sobre las distintas corrientes de pensamiento en geopolítica y geoeconomía de la energía; o, en su defecto, reducirse y transformarse en una simple introducción. En este último caso, el meritorio y útil apartado final de bibliografía comentada podría cumplir esa función.

Garrido-Yserte, R., del Olmo García, F., (Coords.). (2025). Retos y futuro del sistema bancario. Los Libros de la Catarata

(Por Inmaculada Domínguez Fabián, Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Extremadura)

La sociedad actual y con ella el sistema bancario se encuentra en un momento de continua transformación y el futuro se prevé en la misma línea. La digitalización y las exigencias regulatorias hacen que el entorno cambiante de los operadores bancarios se presente como un reto que hay que analizar. La obra coordinada por Francisco del Olmo García y Rubén Garrido Yuste supone un trabajo fundamental, desde una perspectiva multidisciplinar, que ayude a entender cómo el entorno actual y futuro, caracterizado por los cambios, afecta al sector bancario, y como éste no puede mantenerse ajeno a los desafíos que el envejecimiento, la digitalización, la sostenibilidad, el entorno regulatorio le suponen.

El análisis transversal que se lleva a cabo en el libro es uno de sus principales valores. Este enfoque transversal es tanto de las temáticas que se abordan como de los profesionales que las llevan a cabo, lo que garantiza un análisis especializado de cada una de las problemáticas a las que se enfrente el sistema bancario. Estamos ante un trabajo que aborda cuestiones demográficas como el envejecimiento poblacional, sin duda uno de los principales desafíos de esta sociedad. Incluir estas cuestiones demográficas y sus implicaciones en la demanda de servicios financieros y en los comportamientos de ahorro e inversión es fundamental si se quiere analizar el sistema bancario de una forma global.

La sostenibilidad considerada más allá del aspecto reputacional, es analizada como un criterio clave en la gestión del riesgo y en la asignación de capital encuadrándola en un contexto de transición energética. El aspecto regulatorio se aborda desde una doble óptica, sin olvidar las exigencias de capital y control que afectan a los márgenes del sector se considera también el aspecto positivo que proporciona confianza, estabilidad y garantía y hace que el sistema financiero sea un pilar fundamental en la economía. No se deja atrás el mayor requerimiento que se reclama de los supervisores y reguladores. Esto es la adaptación de los marcos normativos al ritmo acelerado de la innovación financiera donde las operaciones descentralizadas y el Fintech y Bigtech constituyen más que un reto. De nuevo nos encontramos con que en este libro se aplica un enfoque dual en lo relativo a los retos que afronta el sistema bancario.

En esta obra se abordan el análisis de las Fintech y las Bigtech no únicamente como competidores sino como posibles socios complementarios; se aboga por una compatibilización de servicios basados en alianzas e integración de servicios donde la experiencia y solidez del sistema bancario se aunen con la agilidad e innovación tecnológica de las Fintech y Bigtech.

En las conclusiones observamos el mismo equilibrio que se ha mostrado en la obra, donde se propone preservar la estabilidad, solvencia y confianza del sistema bancario impulsando al mismo tiempo la adaptación a un modelo más digital, inclusivo y sostenible. El libro nos lleva a comprender que el futuro del sistema bancario pasa por olvidar la resistencia a los cambios y aprender a integrarlos generando así una propuesta de valor.

Integrar experiencias de profesionales del sector, junto con expertos en regulación y aportaciones de investigadores garantizan la mirada completa que encontramos en este libro.

En definitiva, Retos y futuro del sistema bancario es una obra de referencia que propone una reflexión del papel que la banca jugará en un sistema financiero cambiante, global y diverso, como lo es la propia sociedad en la que se desarrolla.

Economic Policy and the History of Economic Thought (2023), Editado por Stavros Drakopoulos y Ioannis Katselidis, Routledge

(Por Ferran Moncho Gonzálbez, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica- Universitat de València)

A pesar de que, en principio, las intervenciones del estado en la economía suelen reflejar el pensamiento económico de un determinado contexto histórico, la relación entre historia del pensamiento económico y política económica no es directa. De este complejo vínculo ha tratado de ocuparse la obra Economic Policy and the History of Economic Thought (2023), editada por Stavros Drakopoulos y Ioannis Katselidis. A lo largo de sus 15 capítulos, un conjunto variado de autores realiza un repaso por la historia del pensamiento económico, abarcando desde la antigüedad hasta la actualidad para vislumbrar esta conexión.

A modo de introducción, en el primer capítulo se anticipa el enfoque que se seguirá a lo largo la obra, indicando que esta no posee pretensiones sistematizadoras. Después de esta advertencia se justifica el interés de la obra afirmando que el pensamiento económico como disciplina resulta de actualidad, dado que se ha intensificado su conexión con la política económica, sobre todo, a partir de la Segunda Guerra Mundial. El atrevimiento de esta idea termina ubicando el origen de la Política Económica como disciplina científica en esa misma época, vinculándola a John Maynard Keynes y catalogándola de “subcampo académico” (p.2). Pero la debilidad de esta visión está realmente servida si tenemos en cuenta los capítulos 3 y 8, en los cuales se desdibujan las raíces de la Política Económica como disciplina autónoma de la Economía Política. Ello sucede al tratar el cameralismo de forma anecdótica, en el capítulo 3, y posteriormente al restringir gran parte de la aportación de Karl H. Rau sobre la Política Económica, en el capítulo 8. En esta maniobra el trasfondo de la reflexión se inclina hacia una visión ortodoxa del pensamiento económico, considerando la Política Económica como mera aplicación de la Teoría Económica, es decir, como Economía Aplicada. Y ello a pesar de que se dedica espacio para las corrientes heterodoxas: historicismo alemán, institucionalismo y algunas heterodoxias poskeynesianas desde posguerra hasta la actualidad.

Por otro lado, siguiendo el orden cronológico de la obra, en el capítulo 2 se trata la prehistoria de la economía con la ventaja de contrastar la antigüedad clásica grecorromana, la época medieval y el pensamiento económico surgido en China, Corea y Japón vinculado a la ética confuciana.

A continuación, Cosimo Perrotta en el capítulo 3 ofrece una visión del mercantilismo como punto de despegue del capitalismo, gracias a las intervenciones sobre las manufacturas. Este capítulo es el primer reflejo de la desconexión del libro con una visión de la Política Económica como disciplina, porque el abanico de propuestas que se exponen se centra en exceso en los mercantilismos británico y francés, partiendo de las críticas de Smith a estas aportaciones. Entre las corrientes mercantilistas se incluye de forma arriesgada el cameralismo, indistintamente a las diferencias de contextos históricos y al papel primordial del Estado que concedían los autores de habla germana entre los siglos XVI y XVIII (p. 38). Durante ese periodo se gestaron las bases fundamentales de la Política Económica, sobre todo, a través de las ciencias policiales (Polizeiwissenschaft) y las finanzas públicas (Finanzwissenschaft) desarrolladas en el siglo XVIII. Esta génesis se erigió en la fase madura del cameralismo de la mano de J. H. G. von Justi y J. von Sonnenfels esencialmente. Sin embargo, esta relación es obviada en el texto, dejando al cameralismo como una aportación residual; cuando el realismo y la aplicación de medidas estatales para el crecimiento económico caracterizaron las monarquías de los estados prusianos. De hecho, también se soslaya en la obra la dimensión alcanzada por el proceso de institucionalización académica de las ciencias camerales que inició un proceso acumulativo de creación de cátedras. De esta forma, a finales del siglo XIX, se habían constituido en la zona germana al menos 12 cátedras de ciencias camerales, en contraste, con las tres de economía política que se habían creado en Reino Unido (en Cambridge, Liverpool y Manchester, ocupadas por Marshall, Gonner y Flux), tal y como afirma Keith Tribe. Con ello, se aprecia el predominio del pensamiento alemán de economía política por encima del británico.

En el capítulo 4, se comenta que la Fisiocracia propuso el impôt unique como reforma fiscal para modernizar la agricultura, aunque fracasó por la resistencia de las élites. El capítulo 5 clasifica a Malthus y Ricardo como autores post-smithianos, quienes atribuyeron causas individuales a la pobreza, para apoyar la New Poor Laws, que restringía el intervencionismo sobre la pobreza, apostando por políticas de fomento de las instituciones de ahorro. En la relación de Marx con la política económica, de la cual se ocupa el capítulo 6, se destacan los cercamientos y la legislación laboral para restringir la jornada laboral, erigiéndose como logros para la clase trabajadora, pero que terminaron por acelerar la concentración de capital. De los marginalistas y los neoclásicos, sobre todo, de Walras y Marshall se ocupa el capítulo 7, derivando las políticas de defensa del libre comercio, el establecimiento del patrón oro y la limitación de la intervención estatal a los casos de aparición de externalidades.

Tal y como hemos comentado, la Política Económica como disciplina se menciona en el capítulo 8 cuando se apunta que Karl H. Rau dedicó un libro entero a la Política Económica dentro de su Manual de Economía Política (Lehrbuch der Politischen Ökonomie, 1826-1832) en el siglo XIX (p.124). Lo singular de la visión que ofrece el capítulo es que limita la contribución que realizó Rau a la Política Económica, pues no se le concede el título de disciplina independiente porque se asigna a este autor el papel de simple mediador de las doctrinas de Smith, Ricardo, Malthus y Say (p.123). Es en este punto en el que se vislumbra con mayor intensidad el descuido de la Política Económica como disciplina a lo largo de toda la obra. Como consecuencia se incurre en la misma idea presentada en la introducción, según la cual el origen del campo académico supuestamente se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, ya en el siglo XIX, el objetivo de Rau en su Política Económica Nacional (Grunsätze der Volkswirtschaftspolitik, 2ª ed. 1839: 6) era elevar la Política Económica al rango de “reflexión científica”, en línea con renovar las ciencias camerales (Rau, 1825:2). En este sentido, lo expuesto por Hagemann, Drakopoulos y Katselidis se enfrenta al hecho de que Rau fue el sistematizador de la Política Económica como disciplina, iniciando un legado que pasaría a la Escuela Histórica Alemana. Adicionalmente, desde la visión de Hagemann se exagera la importancia de la obra de Smith en el pensamiento alemán de Rau, cuando la penetración de la economía política clásica en la zona germánica no perturbó lo más mínimo el avance de la visión intervencionista del Estado, asociada al cameralismo y convertida en Política Económica a partir de Rau.

Además, el capítulo solo se centra en cuatro aportaciones del historicismo alemán en términos de medidas de política económica: la política social, la fiscal, la comercial y la monetaria. No obstante, autores como Roscher, Wagner, Schmöller o Conrad no solo siguieron a Rau en el desarrollo de la disciplina de la Política Económica y en la adopción de la estructura de su Manual, sino que propusieron tanto medidas estructurales como fiscales-hacendísticas. En concreto, abarcaron políticas agrarias, industriales, comerciales, de transporte, de circulación monetaria, de infraestructuras, de consumo y, por último, sociales.

Seguidamente, se describe que los institucionalistas (Commons, Mitchell, Lescohier, Leiserson y Slichter, entre otros) destacaron factores no mercantiles en los salarios y el empleo, promoviendo políticas laborales como las agencias de empleo, la formación vocacional, el apoyo de la seguridad social o el salario mínimo. De la Escuela Austríaca se ocupa el capítulo 10, enfoque desde el que se defendió la libertad individual, la propiedad privada y se criticó la intervención estatal por su ineficiencia. Pasando a los capítulos 11 y 12, se arguye que Keynes combinó teoría y práctica para guiar la política económica, defendiendo reformas monetarias internacionales y la política fiscal activa para estimular la demanda. A pesar de ello, se incurre en la identificación de la política económica con el keynesianismo. Una argumentación muy discutible si tenemos en cuenta que Keynes no dedicó en su obra espacio a las políticas estructurales, que sí estaban presentes en el legado alemán, porque su teoría en realidad consistía en que el gasto público es una vía para apoyar el consumo privado y así estimular la demanda efectiva.

Por último, los capítulos 13, 14 y 15 se encargan de conectar los enfoques heterodoxos de posguerra, que ampliaron el papel del Estado frente a los postulados de la Escuela de Chicago, centrándose en el Estado del Bienestar, la Teoría Monetaria Moderna y la Economía del Comportamiento. Con ello se llega a la crisis de 2007 y a la pandemia del 2020, en las que se ha producido una revitalización de la política fiscal activa, en oposición a la austeridad y sirviéndose del enfoque expansivo frente a retos como la crisis medioambiental.

En síntesis, la obra resulta omnicomprensiva y plural en cuanto baraja enfoques ortodoxos y heterodoxos desde la antigüedad hasta la actualidad, tratando medidas de política económica en todos sus capítulos. A pesar de ello, la obra no llega a ofrecer una visión completa entre pensamiento económico, medidas económicas y Política Económica como disciplina. Queda pendiente contextualizar el origen de la Política Económica en el pensamiento alemán del siglo XIX, lo que pasa por profundizar tanto en el cameralismo como en la obra de Karl H. Rau. Un factor al que se suma, en los últimos capítulos, cierta desconexión de nuevos enfoques de política económica, como por ejemplo: los asociados a autores como Thomas Piketty o Mariana Mazzucato, así como las experiencias de planificación indicativa.

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Nuevo perfil de LinkedIn de la Unidad Docente de Política Económica de la Universidad de Valencia

Enlace: https://www.linkedin.com/in/politicaeconomicauv/

Les invitamos a seguir el perfil de LinkedIn de la Unidad Docente de Política Económica de la UV, en el cual se comparten noticias, actividades y eventos relacionados con la Política Económica y la Economía Aplicada. Es un espacio para informar y contribuir a la comunidad, tratar temas económicos relevantes e impulsar un compromiso colectivo con el pensamiento crítico y el desarrollo del conocimiento.

Revista Internacional de Política Económica – International Review of Economic Policy: Volúmen 7 número 1

Recientemente se ha publicado un nuevo número de la Revista Internacional de Politica Económica – International Review of Economic Policy (IREP) (Vol. 7 Núm. 1, 2025). Se trata de un número monográfico sobre instituciones y política económica. Los contenidos son los siguientes:

• Teoría del Equilibrio, Economía Institucional y Política Económica por Felipe Serrano Pérez (pp.1-31)

• La esperanza como centro de un nuevo paradigma para la política económica, por Tomás Mancha Navarro y Rubén Garrido Yserte (pp.32-56)

• Pesca, derechos, mercado y gobernanza: entre la eficiencia y la equidad (por Ikerne Del Valle Erkiaga e Itxaso Lopetegui Bujan (pp.57-94)

• Towards sustainable redistributive outcomes: the role of institutional design por Bernadette Louise Halili y Carlos Rodriguez González (pp. 95-119)

• Public investment in infrastructure as a determinant of short-term economic growth in Brazil por Fabricio J. Missio y Victor Medeiros (pp.120-139)

Se pueden leer los artículos en versión íntegra en la dirección de la revista: https://turia.uv.es/index.php/IREP/issue/view/1892

XVII Jornadas Internacionales de Política Económica. Sevilla, 29-30 de mayo de 2025. (resultados)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada III, Universidad de Sevilla

Las XVII Jornadas Internacionales de Política Económica reúnen a más de un centenar de especialistas de España y América Latina en torno a los principales desafíos del presente y futuro económico.

Los días 29 y 30 de mayo de 2025, la Universidad de Sevilla acogió las XVII Jornadas Internacionales de Política Económica (JIPE 2025), consolidando este encuentro como una referencia esencial en la economía aplicada de los grandes desafíos que enfrenta la política económica contemporánea. Un foro atemporal y necesario del que se hizo eco también la prensa local (Diario de Sevilla, https://www.diariodesevilla.es/sevilla/martin-carretero-abre-xvii-jornadas_0_2004035984.html).

La sesión de apertura contó con la intervención de Dña. Melania Rivers Rodríguez, gerente de la Universidad de Sevilla, así como con la participación virtual de Dña. Nadia Calviño Santamaría, actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

La conferencia inaugural, a cargo de D. José Moisés Martín Carretero (director general del CDTI), llevó por título “Tecnologías para una Prosperidad Compartida: el papel de las Políticas Públicas”. En ella se abordaron los retos de las economías occidentales en un contexto marcado por la desaceleración de la productividad, las tensiones distributivas y las transiciones digital y ecológica. El ponente defendió la necesidad de fortalecer la inversión en activos intangibles, el liderazgo tecnológico europeo y una mayor integración económica.

Durante las dos jornadas se celebraron más de 20 sesiones paralelas, que permitieron el intercambio de trabajos e ideas sobre cuestiones clave: política sectorial y de tejido productivo, inclusión social y de género, mercado de trabajo, desarrollo sostenible, cohesión territorial y evaluación de políticas públicas.

Participación internacional y cooperación académica

La edición de 2025 destacó por su clara dimensión internacional, con una relevante participación de investigadoras e investigadores de universidades latinoamericanas. Esta cooperación transatlántica ha contribuido a enriquecer los debates con enfoques comparados y casos de estudio aplicados. Entre las universidades extranjeras participantes destacaron: Universidad de Cartagena (Colombia), Universidad Tecnológica de Bolívar (Cartagena de Indias, Colombia), Universidad Autónoma Metropolitana (México) y la Universidad de Guadalajara – CUCEA (México).

Sus aportaciones giraron en torno a temas como gobernanza migratoria, políticas de inclusión y cuidados, mercado laboral o los efectos sociales de las reformas estructurales en América Latina.

Divulgación, evaluación institucional y retos de futuro

El viernes 30 de mayo se celebró la mesa redonda “He venido a hablar de mi libro”, dedicada a la divulgación de la política económica desde el ámbito académico. Moderada por la Dra. Maja Barac, contó con la participación de especialistas de la Universitat de València, la UNED y la Universidad de Sevilla. El coloquio cerró con un tono distendido, donde se comparó con humor la evolución de la política económica con una imaginaria secuela entre El Padrino y Cantando bajo la lluvia, reivindicando el carácter narrativo, complejo y a la vez cotidiano de esta disciplina.

A continuación, la mesa redonda “La Política Económica desde las Instituciones: Evaluación” reunió a representantes de la Comisión Europea, el Joint Research Centre de Sevilla y el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, quienes reflexionaron sobre las capacidades institucionales actuales para diseñar y ejecutar políticas eficaces ante los retos europeos del siglo XXI.

Principales desafíos de la política económica española

A lo largo del encuentro se identificaron cinco grandes retos estructurales a los que se enfrenta la política económica española en el corto y medio plazo: El impulso a una gobernanza económica moderna, participativa, transparente y eficaz; La gestión de los procesos de despoblación y cohesión territorial; La necesidad de garantizar el acceso a la vivienda asequible y de mejorar la calidad del empleo; La persistencia de la desigualdad socioeconómica y de género; y La transición hacia una economía verde y digital basada en una reindustrialización sostenible.

Próxima edición en Madrid

La Dra. Lina Gálvez Muñoz, eurodiputada y profesora de la Universidad Pablo de Olavide, fue la encargada de clausurar JIPE 2025 con una intervención virtual en la que subrayó la importancia de la política económica como herramienta fundamental para garantizar la cohesión social, la equidad territorial y la estabilidad democrática en Europa, en un contexto marcado por las transiciones ecológica, digital y demográfica.

Como cierre del encuentro, el Dr. Antonio Sánchez Ándres y el Dr. Juan Carlos Morán Álvarez anunciaron que la próxima edición, el Congreso Internacional de Política Económica, se celebrará en 2027 en la Universidad Complutense de Madrid. El Dr. José Andrés Fernández Cornejo recogió el testigo organizativo, asumiendo el compromiso de dar continuidad a un foro académico que reafirma su vocación itinerante, plural, cooperativa e internacional, abierto al debate riguroso y a la cooperación entre universidades y grupos de investigación de España, Europa y América Latina.

Desde el Comité Organizador de Sevilla queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas asistentes, ponentes y colaboradoras que han hecho posible no solo el desarrollo académico, sino también el ambiente de cercanía y familiaridad que ha caracterizado estas XVII Jornadas Internacionales de Política Económica. Ha sido un verdadero honor acoger este espacio de reflexión colectiva y contribuir al debate compartido sobre los grandes retos económicos de nuestro tiempo.

4.- II Ciclo de Seminarios sobre Política Económica: tercer seminario “Competencia y regulación en un mundo cambiante” José María Marín Quemada (UNED)

Organiza: Universidad de Alcalá e Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES)l

El pasado miércoles 7 de mayo de 2025 tuvo lugar el tercer seminario del II Ciclo de Seminarios sobre Política Económica organizado por REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, bajo el título «Competencia y regulación en un mundo cambiante». Dicho seminario fue impartido por el profesor José María Marín Quemada (UNED) y moderado por la profesora Evangelina Aranda García (UCLM), contactado con la colaboración técnica del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá.

En su intervención, el profesor José María Marín Quemada abordó los fundamentos teóricos y prácticos de la política de competencia y regulación en el contexto de un entorno económico global caracterizado por profundos cambios y elevada incertidumbre. Subrayó que la evolución tecnológica, la digitalización y la globalización han alterado significativamente las dinámicas de los mercados, lo que requiere una revisión profunda de los marcos regulatorios existentes.

El profesor Marín Quemada enfatizó la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de la supervisión y regulación, asegurando su independencia y capacidad técnica para enfrentar prácticas anticompetitivas y promover la eficiencia económica. Asimismo, resaltó la necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades nacionales e internacionales para abordar los desafíos transfronterizos que plantea la economía digital.

Durante su exposición, también analizó el papel de la política económica en la promoción de un entorno competitivo que favorezca la innovación, el crecimiento sostenible y la equidad social. Concluyó señalando que una regulación eficaz y adaptativa es esencial para garantizar mercados justos y dinámicos en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Puede accederse a la grabación de este tercer seminario del II Ciclo en el siguiente enlace: Competencia y regulación en un mundo cambiante

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

Desde la Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) se apuesta por la divulgación. Periódicamente, REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés tanto para la Política Económica como para su difusión a través de la Red. 


Diversos textos de actualidad arrojan luz sobre temas como las políticas anti-inflacionistas seguidas entre 2021 y 2023, el impacto de los aranceles en las economías europeas, las políticas de Trump en su contexto internacional y la importancia de los “animal spirits” como condicionantes de los ciclos económicos. 


Desde 2021, la eurozona enfrentó shocks como el COVID-19 y la guerra en Ucrania que redundaron en la inflación de costes. El BCE respondió con subidas rápidas y persistentes de tipos de interés, contribuyendo a la moderación de la inflación. El informe de Pablo Hernández de Cos destaca la necesidad de mejorar la flexibilidad y la comunicación ante la alta incertidumbre y de evitar guías incondicionales para la política monetaria y fiscal. En este sentido, las decisiones deberían basarse en modelos de previsión y análisis de expectativas de inflación. Así pues, resulta esencial distinguir entre compras de activos por estabilidad financiera y por estímulo monetario, además de reforzar la coordinación entre la política fiscal y financiera. 


Como es bien sabido, la irrupción de los aranceles de Trump suponen un desafío al sistema comercial multilateral impactando también sobre los productos y mercados europeos. Sin embargo, como apuntan Madalena Barata da Rocha, Nicolas Boivin y Niclas Poitiers, tal impacto para la UE sería manejable, representando una posible caída del PIB de hasta 0,3% y con una afectación moderada al comercio. Por otra parte, el riesgo de desvío de exportaciones chinas hacia Europa existe, pero parece limitado y en algunos casos podría incluso tener un efecto deflacionario beneficioso. Como respuesta, se proponen políticas fiscales expansivas, acuerdos comerciales y reformas del mercado único. 


Otro texto que se ocupa del contexto actual arguye que el orden internacional liberal ha colapsado ante un mundo de hiperconectividad, donde los instrumentos de cooperación se usan como armas geopolíticas. La guerra en Ucrania ejemplifica esta nueva realidad, donde se mezclan conflictos tradicionales con sanciones, desinformación y control de recursos. Europa debe repensar su estrategia para sobrevivir en esta “era sin paz”, reforzando su seguridad, revisando su modelo económico y recuperando la confianza ciudadana mediante nuevas políticas inclusivas.


Finalmente, en la realidad los “espíritus animales” —emociones y narrativas colectivas— influyen en la economía al afectar las decisiones empresariales y los ciclos económicos, tal y como proponen Joel Flynn y Karthik Sastry. Usando inteligencia artificial para analizar el lenguaje de empresas, se demuestra que un tono optimista impulsa más contratación e inversión, aunque no siempre mayores beneficios. Estas narrativas se propagan entre empresas y pueden generar efectos persistentes en la actividad económica. Desde 1995, explican alrededor del 20% de las fluctuaciones cíclicas en EE. UU. Comprender y medir estos relatos es clave para anticipar cambios macroeconómicos y desplegar medidas al respecto.

Políticas Económicas Estructurales

Los trabajadores autónomos y la política de fomento en Cataluña

(Por Lluís Franco Sala, Universidad de Barcelona, Departamento de Economía Aplicada)

I. Las personas trabajadoras autónomas en Cataluña (2014-2024)

El trabajo autónomo representa una gran parte de los puestos de trabajo del mercado de trabajo en Cataluña, así como es un gran factor de creación de riqueza y crecimiento económico. Las personas trabajadoras autónomas han superado ampliamente el medio millón, tanto en términos de la encuesta de población activa (EPA) como en los registros de afiliación de la Seguridad Social, durante el período 2014-2024. Según la EPA, el número de trabajadores ocupados por cuenta propia aumentó de 519.900 en el 2014 a 556.800 en el 2023, si bien disminuyó a 519.900 en el 2024. Atendiendo a la afiliación a la Seguridad Social, el total de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) tuvo una tendencia creciente durante el período considerado. Y pasó de 532.740 el 31 de diciembre de 2014 a 567.235 el 31 de diciembre de 2024 (gráfico G1).

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (EPA); y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las personas trabajadoras autónomas representan un porcentaje muy significativo del total de trabajadores y trabajadoras de Cataluña. En términos de la EPA, las personas trabajadoras por cuenta propia sobre el total de ocupados se situaron entre el 13,58% (2024) y el 17,24% (2015) en el período considerado, si bien la tendencia de su peso relativo en el total de la población ocupada es decreciente. Desde la perspectiva de las afiliaciones a la Seguridad Social, el porcentaje de afiliados al RETA sobre el total de afiliados se situó entre el 15,07% (2024) y el 18,09% (2014), también con una tendencia descendente. 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (EPA); y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

II. Perfil de las personas trabajadoras autónomas

El perfil de las personas trabajadoras autónomas se describe respecto a los trabajadores autónomos personas físicas. En el mismo se ha incluido los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y los del Régimen Especial de Trabajadores del Mar por Cuenta Propia (RETMCP). Los trabajadores autónomos personas físicas representaban el 59,03% de los trabajadores autónomos el 31 de diciembre de 2024 (cuadro C1).

El perfil de los trabajadores autónomos personas físicas en Cataluña al finalizar el 2024 era [1]:

• Los hombres representaban el 62,82% y las mujeres el 37,18%.
• Por edades, la franja más numerosa era la de 26 a 45 años (39,94%), seguidas de la de 46 a 55 años (30,35%), la de 56 o más años (26,50%) y, finalmente, la de hasta 25 años (3,29%).
• El 79,97% eran de nacionalidad española y el 20,03% eran extranjeros.
• Por sectores, la mayoría se concentraba en el sector servicios (79,64%), seguidos de la construcción (11,66%), la industria (4,38%) y la agricultura (4,33%).
• Atendiendo al tiempo de alta en la Seguridad Social, la mayoría llevaba 5 o más años (55,80%), seguidos de los que llevaban de 1 a 3 años (17,84%), los 3 a 5 años (10,74%), los de menos de 6 meses (8,04%) y los de 6 a 12 meses (7,57%).
• El 90,49% trabajaban sin pluriactividad y el 9,51% cotizaban por un régimen por cuenta propia y también por algún régimen por cuenta de otro de la Seguridad Social.
• No tenían trabajadores asalariados el 82,59% y, en cambio, sí los tenían el 17,41%.

En síntesis, las características predominantes del perfil de los trabajadores autónomos, personas físicas, en Cataluña al finalizar el 2024 eran: varones, de entre 26 y 45 años, de nacionalidad española, del sector servicios, con más de 5 años de alta en la Seguridad Social, sin pluriactividad y sin personas trabajadoras asalariadas a su cargo.

III. La política de fomento del trabajo autónomo en Cataluña

El objetivo de la política de fomento del trabajo autónomo es potenciar el inicio y posterior desarrollo de actividades económicas y profesionales por cuenta propia. En Cataluña, esta política comprende tanto las actuaciones que realiza la Administración General del Estado como las que efectúa la Generalitat de Cataluña. Del ámbito estatal cabe señalar:

• Las diversas bonificaciones y reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social (relativas al alta de la actividad, a ciertos colectivos, a determinadas situaciones personales o familiares, al alta de familiares colaboradores del trabajador autónomo, a la contratación de trabajadores, etc.).
• Las medidas relacionadas con la prestación por desempleo de carácter contributivo. Estas medidas son, por un lado, la capitalización de las prestaciones por desempleo con la finalidad de llevar a término una actividad por cuenta propia. Y, por otro, la compatibilización del cobro de la prestación por desempleo con el inicio del trabajo por cuenta propia, o la suspensión de esta prestación al iniciar el trabajo autónomo. Durante el 2024, de las 139.226 personas beneficiarias de la prestación por desempleo contributiva, 10.789 (7,75%) la capitalizaron, 18.250 (13,11%) la compatibilizaron y 7.752 (5,42%) la suspendieron [2].

La Generalitat de Catalunya ha desarrollado varios programas propios para fomentar el trabajo autónomo[3]:

• Programa TU+1. La finalidad de este programa es fomentar que los autónomos, sin personas trabajadoras a su cargo, contraten de manera indefinida a personas paradas o que estén inscritas como demandantes de empleo no ocupados. En el 2024, se otorgaron 13.819.797 euros a 553 beneficiarios.
• Programa Garantia Juvenil-Autoocupació Joves. La finalidad de este programa es fomentar la autoocupación de los jóvenes entre 18 y 29 años, y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Durante el 2024, se otorgaron 12.988.156 euros a 909 beneficiarios.
• Programa Consolida’t. El objetivo de este programa es fomentar el desarrollo de proyectos de asesoramiento personalizado y de formación de personas trabajadoras autónomas en cuestiones relevantes de la gestión de su negocio, realizados por entidades y administraciones locales. En el 2024, se presupuestaron 3.480.000 euros.
• Programa de Avalis. La finalidad de este programa es facilitar avales a las pequeñas y medianas empresas y a las personas trabajadoras autónomas. En el 2023, se otorgaron 1.962.582 euros a personas físicas.
• Además de los programas señalados, la Generalitat de Catalunya también tiene diversos programas relacionados con la promoción del emprendimiento o de apoyo a las asociaciones de trabajo autónomo.

IV. Propuestas para el fomento del trabajo autónomo

Al objeto de mejorar el trabajo autónomo se exponen las siguientes propuestas:

• Los diferentes programas de fomento del trabajo autónomo aplicados han de ser debidamente evaluados para determinar su eficacia y eficiencia. Así sería posible mejorarlos o incorporar de nuevos. Para ello es necesario disponer de una amplia y detallada información estadística de acceso público.
• Hay que mejorar los recursos públicos que se dedican, los cuales son reducidos si se considera el gran número de personas trabajadoras por cuenta propia que hay, así como su relevancia en el mercado de trabajo y en la economía.
• Es preciso reforzar el apoyo financiero al trabajo autónomo. La financiación ha de poder aplicarse tanto al inicio de la actividad como en su consolidación; comprendiendo tanto la inversión en la actividad como el circulante. Además, debería de considerarse de manera especial determinados colectivos como son los jóvenes, los mayores de 45 años o las personas con dificultades de inserción en el mercado de trabajo.
• Hay que mejorar el contenido y el acceso a la información que se proporciona a las personas trabajadoras autónomas sobre todos los temas relacionados con su actividad (ayudas, financiación, gestiones administrativas, obligaciones fiscales, etc.). Junto con la información sería conveniente proporcionarles un amplio asesoramiento técnico.
• Facilitar que las personas trabajadoras autónomas puedan concurrir con carácter general a las convocatorias de las licitaciones públicas. En numerosas ocasiones, los requisitos exigidos (como la cifra de negocio para poder concurrir, por ejemplo) impiden esta posibilidad.
• Es necesario actualizar de manera continua la oferta formativa dirigida a este colectivo para adaptarla a sus necesidades específicas en cada momento.
• En el momento actual, destaca la formación en competencias digitales, tanto de carácter general como atendiendo a sus actividades concretas, evitando que se produzcan brechas digitales entre las personas trabajadoras autónomas o en relación con otros colectivos.

Finalmente, remarcar que una eficaz política de fomento del trabajo autónomo, además de beneficiar a este colectivo, revierte favorablemente en la economía, en el mercado de trabajo y en el conjunto de la sociedad.

[1] La fuente de las cifras expuestas es el Observatori del Mercat de Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya) a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

[2] La fuente de las cifras de capitalización, compatibilización y suspensión es el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

[3] La fuente de las cifras de los programas es el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya a partir de datos del Departament d’Empresa i Treball i de Avalis.

Evaluación de políticas económicas

El papel de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en la evaluación de políticas públicas en el ámbito internacional

(por Alfredo Campos Lacoba, subdirector técnico en la Presidencia de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, ROAC)

“Si deseamos que las evaluaciones crezcan dentro de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, debemos fomentar el aprovechamiento de los conocimientos y difundir las buenas prácticas”

INTOSAI (2010), Evaluación de Programas para las EFS. Un compendio

En las últimas décadas, la evaluación de políticas públicas ha dejado de ser una función exclusiva de los gobiernos, universidades o agencias especializadas para convertirse en un campo estratégico también para las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). A medida que crece la demanda ciudadana por un uso más eficiente, efectivo y transparente de los recursos públicos, las EFS han comenzado a incorporar enfoques evaluativos en sus fiscalizaciones, operativas, ampliando su función tradicional de control hacia la generación de valor público.

Este giro hacia la evaluación se corresponde con una evolución significativa de la auditoría pública, superando su enfoque tradicional centrado únicamente en la revisión financiera y formal, para adoptar una visión más amplia que busca evaluar los resultados e impactos concretos de las políticas, programas e intervenciones del sector público. Tradicionalmente, la auditoría se ha orientado a emitir juicios sobre la confiabilidad de los estados financieros (auditoría financiera), a verificar el cumplimiento de leyes y normativas (auditoría de cumplimiento) o a valorar la eficiencia en la gestión (auditoría operativa o de gestión). No obstante, aunque estos enfoques siguen siendo relevantes, resultan insuficientes ante las crecientes demandas ciudadanas, que ya no se conforman con saber cómo se administraron los recursos, sino que exigen conocer si estos lograron verdaderamente atender los problemas sociales que justificaron su uso.

Por tanto, lejos de limitarse a una función de vigilancia, este nuevo perfil evaluador de las EFS fortalece la rendición de cuentas, promueve una cultura de mejora continua en la gestión pública y abre nuevas oportunidades para una fiscalización más útil, estratégica y orientada a resultados, en un entorno internacional cada vez más complejo y exigente.

Este nuevo enfoque ha sido impulsado y acompañado por un creciente aprendizaje y cooperación internacional. En este contexto, entidades como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y su grupo de trabajo sobre la Evaluación de Políticas y Programas Públicos (WGEPPP) han jugado un rol clave en la sistematización de marcos conceptuales, metodologías y experiencias compartidas entre EFS de distintos países.

Fundado en 1992, el WGEPPP ha sido un actor clave en la promoción de la evaluación como herramienta complementaria a la auditoría de desempeño. En la actualidad, el grupo está presidido por el Tribunal de Cuentas de Suiza (desde marzo 2022) y se conforma por 30 EFS miembros y 10 EFS observadores. El Tribunal de Cuentas de España se incorporó como miembro en 2023, tras haber acudido a las reuniones como observador desde 2021. Su objetivo inicial fue: “Lograr que el acceso a la evaluación sea más sencillo para las EFS y precisar los conceptos, métodos y prácticas de evaluación”. En la actualidad, su objetivo fundamental es desarrollar la práctica de evaluación de programas y políticas públicas por parte de las EFS y proporcionar a las EFS interesadas información, herramientas metodológicas y ejemplos de buenas prácticas.

Para conseguirlo, en el seno del grupo se organizan tres tipos de eventos: Fórums cada tres años, en los que durante dos o tres días se abordan temas generales relevantes para las EFS, como metodologías, prácticas, experiencias y colaboración internacional; reuniones anuales enfocadas a temas relevantes para las EFS que llevan a cabo evaluaciones, auditorías operativas con enfoque evaluador y auditorias operativas (cuestiones organizativas, aportación y medición de valor, ámbitos objetivos susceptibles de auditar, entre otros); y reuniones flash trimestrales en formato online en las que un miembro del WGEPPP presenta una auditoría o evaluación que ha llevado a cabo y que considera interesante para compartir con los demás miembros del grupo.

A modo de ejemplo, los temas centrales tratados en las últimas reuniones han sido: “Entrevistas, documentos y análisis de datos: ¿qué más? Innovación@SAI” (2022); “¿Cómo valoramos el impacto de las evaluaciones y las auditorías de resultados?” (2023); “Elegir a los ganadores: Cómo seleccionan las EFS los temas «adecuados» para las evaluaciones y auditorías de rendimiento” (2024); y, el tema previsto para la próxima reunión en octubre de 2025 en Berna es “Marcar la diferencia mediante el análisis de datos”.

Las conclusiones derivadas de las sucesivas reuniones muestran las cuestiones sobre las que las EFS ponen el acento. Cabe citar: la importancia de la fase de preparación y planificación de las auditorías; la relevancia de integrar a las partes interesadas (stakeholders) en el proceso con el objetivo de obtener mejores resultados, alcanzar mayor legitimidad del informes y una mejor aplicación de las recomendaciones; el valor de la formación continua y la adquisición del conocimiento necesario para la aplicación de métodos cuantitativos cuasiexperimentales de análisis y de las innovaciones tecnológicas; y la necesidad de incorporación a las EFS de nuevos perfiles profesionales (matemáticos, sociólogos, politólogos, estadísticos, económetras, informáticos, expertos en tratamiento de datos, entre otros).

Asimismo, en los encuentros se ponen de manifiesto las inquietudes que afectan, en mayor o menor medida, a las EFS: determinación de la proporción entre el coste de los recursos empleado en la obtención y análisis de pruebas y los recursos disponibles; la dificultad para evaluar el impacto de una política pública y para poder determinar si el mismo se debe a la propia intervención o a factores exógenos; la importancia de que los datos a analizar sean fiables y robustos para poder obtener las evidencias necesarias que soporten las conclusiones alcanzadas.

En relación con las reuniones flash, se han presentado trabajos de auditoría muy interesantes. Caben destacar: “Evaluación de la política pública francesa de agricultura ecológica” (junio de 2023); Subvenciones a la creación de empresas para desempleados en Suecia: Efectos a largo plazo (marzo de 2024); “Medición del rendimiento de las EFS: Un enfoque sobre las recomendaciones de la GAO [1]” (mayo de 2024); “Procedimientos adoptados en el Tribunal Federal de Cuentas – Brasil: Un estudio de caso sobre la eficiencia hospitalaria (noviembre de 2024)”; “Datos frente a hechos: cómo mantener el entendimiento entre los especialistas en datos y los auditores” (abril de 2025).

El Tribunal de Cuentas de España participó explicando el “Informe de fiscalización operativa sobre las bonificaciones de cuotas por conversión en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la jubilación”, cuya planificación y ejecución de los trabajos de fiscalización se efectuaron empleando un enfoque evaluador, incluyendo, además de los principios de economía, eficacia y eficiencia, la evaluación de la pertinencia, coherencia externa e interna y del impacto de este tipo de bonificaciones de cuotas.

Los eventos se complementan con talleres prácticos de trabajos sobre materias de interés para las EFS. Cabe mencionar los siguientes: El fortalecimiento de la evaluación de las política públicas, objetivos y métodos; cómo combinarlas métodos analíticos e introducción de técnicas innovadoras de evaluación; habilidades metodológicas y gestión del conocimiento en una EFS; el proceso de planificación estratégica y la planificación de auditoría anual o plurianual; del análisis de riesgos a la selección y valoración de temas para auditar.

Una actividad muy relevante del WGEPPP es la emisión de documentos y guías sobre evaluación. Así, en 2010 se publicó Evaluación de programas para las EFS, que incluía una encuesta realizada entre las EFS sobre la evaluación de programas [2] y cuyo objetivo era presentar una definición de la evaluación y ofrecer recomendaciones generales para su planificación. En 2014 se aprobó la Guía metodológica sobre evaluación cuyo objetivo fue sentar una base sólida para mejorar las capacidades de las EFS y los auditores en este ámbito que les permitiera abordar las dificultades metodológicas. Un resultado importante de este grupo fue la aprobación en 2019 de las Directrices sobre la Evaluación de Políticas Públicas, que presentan como objetivo identificar las principales características y métodos de la evaluación. En ellas, se detallan aspectos como la definición, objetivos y límites de la evaluación de políticas públicas, los actores en la evaluación y el ámbito institucional, la elección del objeto y construcción de proyecto con las partes interesadas, la planificación de la evaluación, la exposición de los resultados y la difusión y utilización de estos. Recientemente, el grupo de trabajo ha puesto en marcha dos iniciativas que están teniendo una gran acogida por las EFS.

La primera es la creación del Primer Premio de Auditoría de Operativa y Evaluación de Programas y Políticas. Su objetivo es reconocer la labor destacada en las áreas de auditoría de desempeño y evaluación de programas y políticas públicas. De esta forma se pretende fomentar la colaboración, fortalecer el conocimiento metodológico en las EFS, proporcionar plataformas para el intercambio de información práctica y conocimientos, y aumentar la transparencia en las actividades del WGEPPP. Al premio se pueden presentar informes, artículos, estudios de caso, guías metodológicas, proyectos piloto, ejemplos de benchmarking, resúmenes ejecutivos y guías infográficas que demuestren excelencia metodológica, contribuyan a mejorar la gestión pública y el impacto social, y promuevan la transparencia de los resultados. La entrega del premio se producirá en el fórum a celebrar en octubre de 2025. El Tribunal de Cuentas de España participa como presidente del panel calificador de los trabajos.

La segunda iniciativa, en la que también participa el Tribunal de Cuentas, se refiere a la creación de un subgrupo de trabajo cuya misión es la elaboración de una guía sobre La valoración del impacto de las evaluaciones y las auditorías de desempeño efectuadas por las EFS. Para ello, se están diseñando indicadores de resultados y de impacto técnico, de participación de las partes interesadas, de impacto institucional y de cobertura en medios de comunicación y visibilidad pública.

Retos, desafíos y conclusión

Cabe preguntase por los retos y desafíos estratégicos a los que se enfrentan las EFS y en el papel que desempeña el WGEPPP. Sin duda, las EFS se encaminan hacia una fiscalización basada en resultados e impactos, es decir, en un enfoque centrado en el valor público donde los informes respondan a la pregunta: ¿La intervención pública ha logado su objetivo de satisfacer la necesidad social para la que se creó? Para ello, es fundamental trabajar en el desarrollo de las capacidades del personal de auditoría de las EFS, incorporando nuevos perfiles profesionales además de economistas y juristas, como son los expertos en sociología, politología, estadística descriptiva, econometría, informáticos, expertos en tratamiento de datos, entre otros, que puedan incorporar a los trabajos los métodos cuantitativos cuasiexperimentales, la evaluación de impacto y el diseño de contrafactuales y grupos de control, el enfoque de la teoría del cambio y el uso de indicadores de resultados e impacto.

No cabe ninguna duda de que uno de los elementos nucleares y que más tiempo consume en las reuniones del WGEPPP es la puesta en común de la utilización de las innovaciones tecnológicas en la realización de evaluaciones y de fiscalizaciones operativas con enfoque evaluador. El uso de herramientas de análisis de datos, inteligencia artificial y plataformas de monitoreo en tiempo real facilita el trabajo con mayor oportunidad, rigor y eficiencia.

Algunos ejemplos compartidos en las reuniones por EFS son los siguientes: La utilizaciones de la Inteligencia Artificial (IA) en análisis predictivo, detección de patrones, análisis de grandes volúmenes de datos, entre otras aplicaciones U.S. GAO); análisis de Big Data y minería de datos para el cruce masivo de base de datos y trabajar sin necesidad de diseñar muestras (Plataforma Big Data de la Contraloría General de la República del Perú); drones y sensores remotos para la captura de imágenes para verificar infraestructuras, áreas con problemas de sequía, inundaciones, etc. (Comptroller and Auditor General of India y National Audit Office of UK); Georreferenciación y Sistemas de Información Geográfica para conocer ubicaciones, comparar entre la ejecución presupuestaria y distribución territorial de resultados (Tribunal de Cuentasde la Unión de Brasil); Análisis de sentimiento con NLP (procesamiento del lenguaje natural) utilizado para captar percepciones de los ciudadanos sobre servicios públicos (National Audit Office UK); Imágenes satelitales para la supervisión de la desforestación, uso del suelo y de obras en infraestructura en zonas remotas (Contraloría General de la República de Colombia); plataforma en línea de participación ciudadana, que permite a los ciudadanos presentar propuestas de auditorías (Tribunal de Cuentas de Francia).

A modo de conclusión, la realización por las EFS de evaluación de políticas públicas o de auditorías operativas con enfoque evaluador ha dejado de ser una tendencia emergente para convertirse en una práctica estratégica en la fiscalización. Gracias al impulso del WGEPPP de INTOSAI, las EFS cuentan hoy con marcos metodológicos, casos de referencia y redes de colaboración que fortalecen su capacidad de generar evidencia útil para la toma de decisiones públicas. El desafío seguirá siendo preservar la independencia de las EFS y su enfoque técnico. Evaluar políticas públicas o realizar fiscalizaciones operativas con enfoque evaluador no implica valorar decisiones políticas, sino examinar si los resultados obtenidos justifican los recursos y esfuerzos invertidos.

Bibliografía

Garde Roca, J.A., Genaro Moya, D. y López Hérnández, A. (dir.) (2023): Guía metodológica para la aplicación del enfoque evaluador a la auditoría operativa, disponible en la web de Goberna Colombia https://goberna.org/wp-content/uploads/2023/11/LIBRO-DG-comprimido.pdf

Campos, Alfredo (2021), “Enfoque evaluador en las fiscalizaciones operativas efectuadas por el Tribunal de Cuentas: ejemplos prácticos”, Revista Española de Control Externo, vol. XXIII, nº 68, pp. 66-83.

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores-INTOSAI (2010): “Evaluación de Programas para las EFS. Un compendio”

Grupo de Trabajo de Evaluación de Políticas y Programas Públicas (WGEPPP) de INTOSAI, “Guía metodológica sobre evaluación” (2014)

INTOSAI GUID 9020 “Evaluación de las políticas públicas” (2019)

[1] U.S. Government Accountability Office. Es la EFS de USA.

[2] “Evaluación de programas” es la denominación utilizada en los primeros documentos de INTOSAI para referirse a la evaluación de políticas públicas.

Política Económica Internacional

El papel de la política comercial de Donald Trump dentro de su proyecto político

(por Ferran Moncho Gonzálbez – ferran.moncho@uv.es, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica- Universitat de València)

1.Introducción

Quizás en el debate público resulte complejo encontrar una lógica política y unos objetivos claros a los aranceles. Sus posibles efectos negativos podrían suscitar confianza en el libre cambio como única vía de acceso al crecimiento económico. Sin embargo, los aranceles de Trump pueden presentar una lógica política que va más allá de suprimir el déficit comercial con las posibles ganancias derivadas, llegando incluso a ser esta su meta menos importante. Más bien se enfocarían a la conservación del poder del dólar como moneda de referencia y, a más largo plazo, a la reindustrialización del país. Con ello, resulta necesario analizar aquí el papel de la política comercial realizada por Trump en su contexto y su importancia en su programa político.

Con frecuencia sus medidas proteccionistas se han cuestionado generalmente junto a su ideología como un todo uniforme; sin una perspectiva más allá de asumir el libre comercio y la globalización como inevitables. A pesar de ello, tal y como afirma Sapir (2022:103 y 121), el proteccionismo es una tendencia que se ha revitalizado en las primeras dos décadas del siglo XXI y no solo ha caracterizado a las dos administraciones Trump. En concreto, ha estado muy presente en las administraciones anteriores, integrándose de nuevo en la práctica política habitual con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional. Los instrumentos más comúnmente utilizados han sido las Barreras No Arancelarias (BNA) en forma de regulaciones (Sapir, 2022:106). De ello encontramos ejemplos tanto bajo la administración Obama, como bajo la de Biden, que desde 2014 han desplegado sanciones y han intensificado la protección y regulación comercial con tres leyes fundamentales: Ley sobre prácticas corruptas en el extranjero (Foreing Corrupt Practices Act), Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras internacionales (Foreing Account Tax Compliance Act) y la Ley de Chips (Chips Act) más enfocada a la inversión tecnológica y digital. Otra vía de protección en la misma línea fueron las sanciones emprendidas junto a la Unión Europea dirigidas a Cuba, Rusia, China, Irán y Venezuela (Sapir, 2022:113 y 114). Con ello, la batería de aranceles de Trump se podría catalogar como una agudización y aceleración abrupta de esta tendencia que, aderezada con su estrategia y estilo de comunicación, ha desembocado en el Liberation Day.

2. La soberanía nacional como telón de fondo de las medidas arancelarias

Un ejemplo histórico para entender la inclinación proteccionista de Trump sería la semejanza que guarda con Thomas Robert Malthus (1766-1834), autor clásico del siglo XVIII. Aun siendo partidario de la no intervención del estado en la economía (liberalismo económico o laissez-faire), justificada en su principio de población (Malthus, 1798:95; Roncaglia y Sánchez Hormigo, 2011:81), Malthus defendía la protección de la producción nacional de trigo mediante la imposición de un arancel fijo a la importación de grano (Malthus, 1814:40).

En Trump se daría esta combinación aunque con matices reseñables, por lo que respecta a sus contextos históricos y a la implementación política de sus propuestas. Por una parte, su liberalismo económico orienta los recortes de gasto inspirados en una parte de la austeridad expansiva, aunque con reducciones impositivas al estilo del Consenso de Washington. Pero en ambos casos acoge como referencia a la administración Reagan (The Heritage Foundation, 2023: 535-542; Luzuriaga, 2020: 49). Este liberalismo económico se traduce en los recortes impositivos y del gasto sanitario (One Big Beautiful Bill Act) que se han impulsado desde su reelección este enero de 2025 (United State Congress, 2025; The Heritage Foundation, 2023: 884: Roncaglia, 2019: 287), aunque también estaban presentes en su anterior mandato. En cualquier caso, su proteccionismo resulta más generalista y acelerado que aquel propuesto por el economista del dieciocho.

Este trasfondo doble, liberal económico y proteccionista, ya figuraba en las más de novecientas páginas del plan Mandate for Leadership 2025: The Conservative Promise, que tenía como objetivo la reelección de Trump y la explicación de sus medidas. Con esta inspiración, los objetivos del proteccionismo trumpista son, en esencia, los mismos que los planeados por Ronald Reagan durante sus dos mandatos, a saber: reducir el déficit comercial, aumentar la competitividad y en última instancia la reindustrialización (Del Castillo, 1987:888). Sin embargo, las medidas desplegadas han sido más amplias que las de Reagan, y están más vinculadas al desarrollo de la política industrial. Se trataría de recuperar el sector de las manufacturas y generar efectos arrastre a través de la inversión en la industria de defensa y en alta tecnología (The Heritage Foundation, 2023:766). En contraste con el compromiso de Reagan con el libre comercio (Bouzas, 1982:159), la política comercial de Trump juega un papel más importante para la reindustrialización (The Heritage Foundation, 2023: 97 y 766). En este sentido, aunque el proteccionismo de Reagan se guiaba por los mismos objetivos que Trump (Bouzas, 1982:159), sus medidas fueron más selectivas y transitorias, instrumentadas a través de la protección a las TIC y sirviéndose de los acuerdos bilaterales y los derechos antidumping (Del Castillo, 1987:889 y 881; United State Congress, 1988).

En ambos casos, su telón de fondo es la conservación de la seguridad nacional como un ejercicio de recuperación de la soberanía nacional. En el caso del Mandate for leadership 2025 se parte de que con la globalización esta soberanía habría ido deteriorándose a la vez que la competitividad por el avance de los BRICS, y entre ellos China en particular (The Heritage Foundation, 2023:97). En este contexto, la política comercial de Trump es un ejemplo de cómo el accionar político está volviendo a basarse en el estado-nación como estructura política (Streek, 2020:21) en respuesta a las consecuencias de la “hiperglobalización” (Rodrik, 2011:201).

3. Proteccionismo y reindustrialización ante los problemas de la economía estadounidense

La política comercial estadounidense en las últimas décadas ha estado profundamente influida por el proceso de declive relativo del sector manufacturero nacional y del papel hegemónico del dólar en el sistema monetario internacional (Pallardó, 2025:22, Varoufakis, 2025). Este fenómeno forma parte de la dinámica iniciada en los años 80-90, más favorable al libre cambio, que derivó en la aplicación del Consenso de Washington, contribuyendo a la deslocalización y desindustrialización (Heras et al., 2019: 23; Palazuelos, 2010: 6-7).

Asimismo, a medida que la producción industrial de Estados Unidos ha perdido peso en la economía global, la demanda internacional de dólares como moneda de reserva ha crecido a un ritmo superior al de los ingresos reales de los norteamericanos. Adicionalmente, el proceso de globalización ha ido acompañado de crecientes desigualdades sociales en términos de polarización laboral y salarial (Rodrik, 2017: X, 19, 23); un factor que ha jugado a favor de Trump, tanto en términos de orientación del voto como de guía para sus políticas de reindustrialización (Rodrik, 2017:1 y 234). Pero, desde el individualismo metodológico y el liberalismo económico de Trump, la desigualdad se proyecta como problema que se resuelve a través de las ganancias que generará el crecimiento derivado de su política comercial e industrial. A esta situación se ha sumado la presencia de reservas en dólares en los balances de los bancos centrales extranjeros que, junto al declive del dólar como divisa internacional, mantienen el dólar apreciado (Arslanalp et al, 2024). Estos factores han ido debilitando la competitividad externa de los productos estadounidenses y han ampliado los desequilibrios dentro de la balanza de pagos, sobre todo, en aquello que se refiere a los bienes (Pallardó, 2025:22; Bureau of Economic Analysis, 2025).

Frente a este escenario, se tiene como objetivo recuperar la competitividad del dólar mediante su depreciación, con la esperanza de reducir el déficit comercial a través del aumento de exportaciones. Esta estrategia se sostiene sobre un equilibrio complejo: lograr un dólar más barato que, a su vez, no pierda su estatus como moneda de reserva internacional (Varoufakis, 2025).

Desde esta perspectiva la oleada arancelaria del Liberation Day presenta los aranceles como mecanismo de shock tanto para sacudir los mercados como para ejercer presión política y forzar negociaciones y ajustes en la política monetaria de otras economías. Esto se refleja en el nivel de generalidad de los aranceles impuestos para cada país, planteando dudas sobre el grado y procedimiento de evaluación económica ex-ante que se ha seguido para su establecimiento (Pallardó, 2025:3); por lo que el objetivo de generar el shock parece plausible.

En concreto, Trump busca reordenar la economía global debilitando el valor del dólar, pero sin que pierda su papel central como moneda de referencia mundial. Esto permitiría abaratar los préstamos a largo plazo en EE.UU. mediante tipos de interés más bajos. Como los mercados no pueden lograr esto por sí solos, debido a que muchos países intervienen para mantener sus monedas artificialmente débiles frente al dólar, es necesario que los bancos centrales de otros países dejen que sus monedas se aprecien (Varoufakis, 2025). Para forzarlos a hacerlo, recurre a medidas como los aranceles, que generan tensiones económicas y presionan a esos países a reaccionar de forma que favorezca sus objetivos. La depreciación que pretende conseguir haría que los productos estadounidenses fueran más baratos en el extrajero, lo que podría aumentar las exportaciones estadounidenses. Además, el encarecimiento de bienes extranjeros, podría fomentar el desvío de las importaciones hacia EE. UU.. Como parte de esta reacción también se espera que la intervención de los bancos centrales extranjeros consista en vender activos en sus balances que sostienen artificialmente el valor del dólar, puesto que estos mantienen amplias reservas en dicha moneda y financian deuda pública estadounidense (Varoufakis, 2025).

Los aranceles como shock cuadran con impulsar la renegociación de las condiciones comerciales bilaterales, y con ello su función no sería recaudatoria sino política. En Asia, por un lado, Trump podría exigir a algunos países la venta de activos denominados en dólares para generar una mayor depreciación del tipo de cambio estadounidense (Varoufakis, 2025). Por otro lado, para la Eurozona, Trump podría plantear en la negociación la relocalización de parte de la industria alemana en territorio estadounidense y la adquisición de armamento producido en Estados Unidos (Varoufakis, 2025). En esta línea va la exigencia a los países de la OTAN para que aumenten su gasto en defensa a un 5% del PIB. De este gasto una parte irá a la compra de armamento, producido en EEUU y el resto a armamento europeo con muchos componentes producidos en EEUU. Es decir, que la política de aumento de gasto en defensa es una política de aumento de demanda de producción norteamericana de armamento.

No obstante, estas estrategias enfrentan diversas limitaciones. En primer lugar, la depreciación del dólar podría no ser suficiente para compensar el impacto inflacionario de los aranceles sobre los precios internos. Y también la anticipación a la inflación podría desencadenar aumentos de tasas de interés en otros países, contrarrestando el efecto buscado, aunque a raíz del Liberation Day se haya producido la depreciación del dólar por la venta de activos en dólares (Hartley & Rebucci, 2025).

En segundo lugar, aunque se consiguieran las ganancias esperadas, a corto plazo dados los recortes de gasto social, resulta complicado amortiguar los efectos inflacionarios y redistributivos negativos sobre las clases medias. En tercer lugar, una caída del déficit comercial, si no es compensada con una entrada suficiente de inversión extranjera directa, podría debilitar los mercados financieros estadounidenses, afectando especialmente a Wall Street. Por último, en términos geopolíticos, otros actores como China y los BRICS podrían acelerar la creación de un sistema financiero internacional alternativo, debilitando aún más la posición del dólar como divisa dominante.

A pesar de estas limitaciones, una característica que diferencia la política comercial actual de la del primer mandato de Trump es la mayor complementariedad entre los aranceles y la política industrial (Elias, 2023:91). En esta línea se están movilizando cuantiosos recursos financieros en inteligencia artificial, semiconductores, energía, manufactura avanzada, defensa y logística a través de diversas órdenes ejecutivas. Un claro ejemplo sería el acuerdo comercial-industrial entre Estados Unidos y Arabia Saudí por un valor de 142.000 millones de dólares para suministrarles material de defensa (The White House, 2025a). En este caso, los aranceles propuestos por Trump forman parte de una estrategia de reindustrialización como parte fundamental de sus anunciadas medidas de política económica.

4. Conclusiones

Los aranceles de Trump pueden ser parte de la tendencia proteccionista de la política comercial del siglo XXI. En su caso, representan una aceleración abrupta de esta tendencia para cumplir sus objetivos de reindustrialización y reposicionamiento de la soberanía nacional estadounidense. En efecto, las medidas de Trump forman parte de la realidad actual de la política económica, cuyos impactos plantean distintas preguntas teniendo en cuenta las limitaciones reseñadas. El shock arancelario no solo ha acaparado la atención mediática internacional lo suficiente como para llevar al resto de países a posibles negociaciones. Este parece ser el punto de partida de cierta voluntad de activación de la política industrial estadounidense, con un carácter favorable al intervencionismo, sobre todo, en tecnologías avanzadas. Y, al mismo tiempo, la particularidad de este proteccionismo es su combinación con el liberalismo económico en términos de intervención pública agregada.

En este plano, se dibujan en el horizonte tres cuestiones principales. La primera es si este proteccionismo, que empieza como un shock político, puede ser el principio de un proteccionismo comercial selectivo, en forma de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), que juegue un papel central para el desarrollo económico como lo fue para países como, por ejemplo, Corea del Sur. En tal caso, para cumplir sus objetivos sería esperable una planificación integral para la política industrial, en la línea de los programas de inversión comentados; pero con un mayor detalle, alcance y variedad de instrumentos respecto de los actuales. En segundo lugar, ¿podrán los recursos movilizados hasta ahora generar, junto a las políticas arancelarias, el impulso necesario de la industria? Es decir, la capacidad necesaria para crear efectos arrastre y así reducir el déficit comercial, mantener el dólar como moneda de reserva y competir con el crecimiento económico de los países asiáticos. Por último, una cuestión más a considerar es si las posibles ganancias de esta reindustrialización, y de la protección comercial, derivarán en una reducción de la polarización laboral y la desigualdad, esto es: ¿terminarán por redistribuirse entre las clases medias estadounidenses, teniendo también en cuenta el impacto de las reformas institucionales emprendidas? ¿Tal redistribución se producirá sin acción estatal directa en este ámbito?

Sin duda, nos encontramos ante el momento que comentaba Keynes en 1933. Ese momento en el que las “esperanzas, temores y preocupaciones, junto con las de muchos o la mayoría de esta generación en todo el mundo, son diferentes de lo que eran” y “queda un largo camino para abandonar los hábitos mentales del mundo decimonónico de preguerra” (Keynes, 1933:I). En el mismo texto en el que el autor escribía estas líneas, se cuestionaba el libre comercio que se erigió como dogma del siglo XIX, dados los efectos de la división internacional del trabajo y las desigualdades urbanas creadas por este modelo. El mundo estaba cambiando hacia la “autonomía nacional” como garante de la seguridad, vislumbrando la política proteccionista como posibilidad. Porque el internacionalismo no consiguió evitar la guerra, pero el nacionalismo dogmático tampoco (Keynes, 1933:II). Esta perspectiva la recordaba también Skidelsky (2018), cuestionando la máxima según la cual, de forma atemporal y sin importar el contexto de aplicación, el libre comercio lleva a un cofre “lleno de oro”. La duda se cierne sobre la forma que tomará la política económica internacional en adelante, y si se dará en la combinación proteccionismo más liberalismo económico o de otra forma. En definitiva, tal y como resonaba en los escritos románticos: la historia no se repite, pero rima.

Bibliografía

Arslanalp, S., Eichengreen, B., & Simpson‑Bell, C. (2024). Dollar dominance in the international reserve system: An update [Blog]. International Monetary Fund. https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2024/06/11/dollar-dominance-in-the-international-reserve-system-an-update

Bouzas, R. (1982). La política económica del gobierno de Reagan (Bases para un desorden futuro). Comercio Exterior, 32(2), 152–163. http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/656/5/RCE5.pdf

Bureau of Economic Analysis. (2025). U.S. International Trade in Goods and Services, June 2025. https://www.bea.gov/data/intl-trade-investment/international-trade-goods-and-services

Del Castillo, G. (1987). El proteccionismo estadounidense en la era de Reagan. Comercio Exterior, 37(11), 887–895.

Dorn, D. & Hanson, G. H. (2013). The China syndrome: Local labor market effects of import competition in the United States. American Economic Review, 103(6), 2121–2168. https://doi.org/10.1257/aer.103.6.2121

Elias Moreno, F. (2021). Política económica en Estados Unidos en Política económica 2021 (7.ª ed.), Barac, M., & Rohr, M. (Coords.). Tirant lo Blanch.

Hartley, J., & Rebucci, A. (2025). Tariffs, the dollar, and equities: High‑frequency evidence from the Liberation Day announcement. VoxEU. https://cepr.org/voxeu/columns/tariffs-dollar-and-equities-high-frequency-evidence-liberation-day-announcement?utm_source=chatgpt.com

Heras‑Recuero, L., L’Hotellerie‑Fallois, P., & Párraga Rodríguez, S. (2019). La economía de Estados Unidos, diez años después de la crisis. Boletín Económico de ICE (Información Comercial Española), (3110), 7‑25.

Hidalgo Nuchera, A., & Legarda Zaragüeta, A. (2023). China y Estados Unidos : dos modelos de política industrial y un mismo objetivo. Revista Economía Industrial, (427). https://www.mintur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/427/HIDALGO%20Y%20LEGARDA.pdf

Keynes, J. M. (1933). National self-sufficiency. The Yale Review, 22(4), 755–769.

Luzuriaga, S. (2020). Política económica en EE. UU. en Política económica 2019 (J. A. Tomás Carpi & A. Sánchez Andrés, coords.), pp. 50-60. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.

Malthus, T. R. (1798). An Essay on the Principle of Population, as it Affects the Future Improvement of Society. With Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers. London: J. Johnson.

— (1814). Observations on the effects of the corn laws, and of a rise or fall in the price of corn on the agriculture and general wealth of the country. London: J. Johnson and Co.

Palazuelos Manso, E. (2010). Estados Unidos, 1981–2008. Un modelo de crecimiento agotado. En M. E. Correa Vázquez & A. Palazuelos Manso (Coords.), Opacidad y hegemonía en la crisis global (pp. 93–120). Los Libros de la Catarata.

Pallardó López, V. J. (2025, abril). Informe de situación económica internacional (Informe Trimestral nº 12). Cátedra Valenciaport de Economía Portuaria. https://go.uv.es/porteconomy

Rodrik, D. (2011). The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy. W. W. Norton & Company.

— (2017). Straight talk on trade: Ideas for a sane economy. Princeton University Press.

Roncaglia, A. (2019). La era de la disgregación: Historia del pensamiento económico contemporáneo (J. Pascual, Trad.). Prensas de la Universidad de Zaragoza. ISBN 978-84-17873-47-9.

Sapir, J. (2022). Le protectionnisme. París: Presses universitaires de France (colección Que sais‑je?).

Skidelsky, R. (2018). Proteccionismo para liberales [Artículo de opinión]. Project Syndicate. https://www.project-syndicate.org/commentary/protectionism-for-liberals-by-robert-skidelsky-2018-08/spanish

Streeck, W. (2020). Entre globalismo y democracia (M. González, Trad.). Madrid: Ediciones Katz.

The Heritage Foundation. (2023). Mandate for Leadership 2025: The Conservative Promise. The Heritage Foundation.

The White House. (2025). President Trump is remaking America into a manufacturing superpower. The White House. March 12. https://www.whitehouse.gov/articles/2025/03/president-trump-is-remaking-america-into-a-manufacturing-superpower/

— (2025a). Fact Sheet: President Donald J. Trump secures historic $600 billion investment commitment in Saudi Arabia. The White House. May 13. https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/05/fact-sheet-president-donald-j-trump-secures-historic-600-billion-investment-commitment-in-saudi-arabia/

United States Congress. (1988). Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, Pub. L. No. 100‑418, 102 Stat. 1107. Recuperado de https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-10232/pdf/COMPS-10232.pdf

— (2025). H.R. 1: One Big Beautiful Bill Act. https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/1

Varoufakis Y. (2025). Why Trump’s tariffs are a masterplan. UnHerd. https://unherd.com/2025/02/why-trumps-tariffs-are-a-masterplan/

Pro et contra: La prórroga de la vida útil de las centrales nucleares en España

Pro

(Por Antonio González Jiménez, Director de Estudios y Apoyo Técnico Foro de la Industria Nuclear Española)

¿Podemos permitirnos el lujo de prescindir del parque nuclear?

El parque nuclear español está formado por siete reactores en cinco emplazamientos: dos unidades en las centrales de Almaraz (provincia de Cáceres) y de Ascó (Tarragona) y una unidad en las de Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona).

Por sus características técnicas de funcionamiento ─síncronas, firmes y con gran potencia inercial─, las centrales nucleares contribuyen a la estabilidad, regulación y equilibrio del sistema eléctrico y son las más adecuadas para la producción de la electricidad necesaria las veinticuatro horas todos los días del año, es decir, para cubrir la denominada demanda en base, ya que no dependen de condiciones meteorológicas externas.

De forma conjunta, los siete reactores producen alrededor de 55.000 GWh cada año, habiéndose convertido en los últimos trece en la única tecnología que ha generado el 20% de la electricidad consumida en nuestro país, a pesar de que su potencia instalada se mantiene constante, mientras que la de otras tecnologías no deja de incrementarse.

Por otra parte, una central nuclear produce energía eléctrica mediante un proceso físico, la fisión del átomo de uranio, lo que significa que en su operación no emite a la atmósfera gases de efecto invernadero ni otros productos de combustión. En este sentido, el parque nuclear español evita cada año la emisión de unos 20 millones de toneladas de CO2, habiendo representado en 2024 más del 26% de la electricidad generada sin emisiones.

Hay que tener en cuenta que las centrales nucleares españolas son económicamente competitivas si se atiende a sus costes intrínsecos, aunque se ven penalizadas y discriminadas, como veremos más adelante, por la carga tributaria a la que están sometidas.

Además, el conjunto de la industria nuclear española es un motor de riqueza y empleo, ya que cuenta con cerca de 30.000 trabajadores directos, indirectos e inducidos con altísima cualificación y gran experiencia acumulada. Muchos de ellos viven en los entornos rurales en los que se ubican las instalaciones nucleares, lo que ayuda a la fijación de la población.

El Protocolo de Intenciones y el PNIEC 2023-2030

A pesar de estas características positivas de la energía nuclear, el Gobierno de España formado en el año 2018 pretendía que las centrales españolas operasen hasta un máximo de 40 años, tal como venía proponiendo el PSOE en sus programas electorales de las distintas elecciones generales anteriores.

Sin embargo, y dado que los recursos acumulados hasta ese momento en el Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), el llamado Fondo Enresa, no serían suficientes para la gestión de los residuos radiactivos ─especialmente el combustible gastado─ y el desmantelamiento futuro de las instalaciones cuando alcanzasen el final de su vida operativa, en marzo del año 2019 se alcanzó un acuerdo y se firmó un Protocolo de Intenciones entre la empresa pública Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) y las empresas propietarias de las centrales nucleares españolas ─bajo el auspicio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)─ por el que se establecía la continuidad de la operación de los siete reactores que conforman el parque nuclear hasta una media de 46,5 años y un cierre progresivo de las mismas, comenzando por la unidad I de la central de Almaraz en noviembre de 2027 y terminando por la de Trillo en mayo de 2035.

Al mismo tiempo, en este Protocolo se acordó que, desde el 1 de enero de 2020, se incrementase la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario mediante la que se financia el servicio de Enresa a las centrales nucleares en explotación ─la llamada Tasa Enresa, aportada en su totalidad por las empresas propietarias de las mismas─ en un máximo del 20% respecto del valor que en ese momento tenía vigente, que es la que alimenta el Fondo Enresa para la gestión de los residuos y el desmantelamiento.

Por otra parte, el MITECO aprobó en marzo de 2021 una primera versión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). En el mismo se establecían una serie de objetivos para la transformación del modelo energético de España, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea recogidas en el paquete Fit for 55 en cuanto a descarbonización de los procesos productivos, garantía del suministro y disponibilidad de fuentes económicamente competitivas.

El PNIEC 2021-2030 establecía una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 de, al menos, un 23% respecto al año de referencia de 1990, y una participación de las tecnologías renovables en la generación de energía eléctrica del 74%.

Por la exigencia de la Unión Europea a todos los estados miembros de actualizar de forma ambiciosa los objetivos establecidos en los diferentes planes nacionales ─en el contexto geopolítico en el que busca conseguir soberanía energética─, en septiembre de 2024 el Gobierno de España aprobó una revisión del Plan (PNIEC 2023-2030), estableciendo una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 32% en el año 2030 respecto a los niveles del año 1990 y una participación de las fuentes renovables (especialmente eólica y solar fotovoltaica) de un 81% en la generación de energía eléctrica.

Adicionalmente, y como aspecto clave para la penetración masiva de las energías renovables en el sistema eléctrico, el Plan establece que habrán de estar operativos al menos 22.500 MW de potencia de almacenamiento eléctrico masivo ─baterías y centrales hidroeléctricas de bombeo─ en dicho horizonte temporal.

En el Plan se apuesta también por la utilización del gas en ciclos combinados como potencia de respaldo frente a la intermitencia de las fuentes renovables y se recoge lo acordado en el Protocolo de Intenciones de marzo de 2019, de tal manera que las siete unidades que conforman el parque nuclear seguirán en funcionamiento hasta finales de 2027 y que en 2030 la potencia nuclear pasa a ser menos de la mitad respecto a la que actualmente se encuentra en funcionamiento, cesando la actividad de las tres unidades restantes de forma progresiva hasta el año 2035.

A día de hoy, y a pesar del notable incremento ─aunque no en la cuantía de lo previsto─ de la potencia renovable, especialmente fotovoltaica, los objetivos de capacidad de almacenamiento están muy retrasados respecto a los fijados en el PNIEC, ya que la potencia instalada de turbinación de bombeo y baterías no llega a 3.500 MW. Sin embargo, el cese de actividad de las centrales nucleares se mantiene fijo de manera concreta con unas fechas determinadas.

La tributación ahoga al parque nuclear

En España, desde mediados del año 2023, se viene produciendo una gran volatilidad en los precios del mercado mayorista de la electricidad debido a la masiva entrada de fuentes renovables, especialmente solar fotovoltaica. Esto supone que en los momentos de producción de estas fuentes los precios caen fuertemente, incluso con valores cercanos a cero o negativos. Sin embargo, cuando estas fuentes no producen, los precios suben mucho por la necesidad de un mayor uso de fuentes térmicas y el carácter marginalista del mercado en la formación de los precios, y lo harían mucho más ─entre un 23% para familias y pymes y un 35% para consumidores industriales, según un reciente informe de PwC─ si no se dispusiese del 20% de electricidad que genera el parque nuclear.

En cualquier caso, y dada su característica de potencia base, la energía nuclear no presiona la formación de los precios en el mercado mayorista, al ofertar su producción a precio cero, por lo que sin su participación los precios serían mayores, ya que su producción tendría que ser cubierta por la de otra tecnología ─fundamentalmente ciclos combinados de gas─ cuyo precio se hubiese ofertado por encima del último de casación y, por tanto, habiendo quedado fuera de la misma.

Lo que sin duda se puede afirmar es que las centrales nucleares españolas son económicamente competitivas, si se atiende a sus costes intrínsecos: operación y mantenimiento, combustible, amortizaciones y gastos de personal. Sin embargo, están sometidas a una carga tributaria ─conjunto de impuestos y tasas de carácter nacional, autonómico y local─ excesiva e incluso en algunos casos redundante, que supone una cifra de entre 17 y 18 €/MWh producido y un monto total cercano a los 1.000 millones de euros anuales. Esta tributación no es homogénea ni comparable a la del resto de tecnologías que participan en el sistema eléctrico español, lo que penaliza su funcionamiento y gestión.

Ahondando en esta desproporcionalidad, en junio de 2024 el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 589/2024 por el que se modificaba el valor de la Tasa Enresa a partir del 1 de julio de 2024. Esta modificación, que representa un incremento de 2,38 euros por cada MWh producido respecto a la tasa que estaba vigente (7,98 €/MWh desde el 1 de enero de 2020), es absolutamente ajena a la operación de las centrales nucleares y se debe exclusivamente a los cambios adoptados en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno en diciembre de 2023.

El 7º PGRR supone un cambio sustancial en cuanto a la gestión del combustible irradiado respecto al anterior plan. Cancela el proyecto de construcción y puesta en marcha de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio conquense de Villar de Cañas y contempla la construcción y operación de siete Almacenamientos Temporales Descentralizados (ATDs) en cada uno de los emplazamientos de las centrales nucleares con combustible gastado (tanto en operación como en proceso de desmantelamiento) y la entrada en operación del Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) para su almacenamiento definitivo en el año 2073.

Todos estos cambios suponen un encarecimiento en la gestión de más de 2.200 millones de euros. Por tanto, y puesto que han sido adoptados por el Gobierno sin consenso con los agentes involucrados, los sobrecostes del nuevo Plan no deberían imputarse, en ningún caso, a los titulares de las centrales nucleares. Además, hay que recordar que el Protocolo de Intenciones de marzo de 2019 contemplaba un incremento máximo del 20% del valor de la tasa respecto al que en ese momento tenía (6,69 €/MWh) y hasta el límite de los 7,98 €/MWh vigente.

Este nuevo incremento del 30% aprobado unilateralmente por el Gobierno supone que la Tasa Enresa tenga un nuevo valor de 10,36 €/MWh y que las empresas propietarias de las centrales nucleares tengan que ingresar al Fondo Enresa, a partir del 1 de julio de 2024, unos 130 millones de euros anuales adicionales a los 450 millones de euros que el conjunto del parque nuclear español ya estaba aportando cada año desde enero de 2020.

Este hecho, junto con la desproporcionada, discriminatoria y asfixiante carga tributaria que soporta, pone en riesgo la viabilidad y la continuidad de la operación del parque nuclear español. En este sentido, los informes de PwC indican que el conjunto de la carga fiscal que soporta se ha incrementado más de un 70% en los últimos cinco ejercicios y que entre los años 2025 y 2035 supondrá más de un 40% de sus costes totales.

Conclusión

Ante los desafíos medioambientales y la necesidad de garantizar el suministro a precios competitivos, agravados por la actual situación geopolítica, la mayoría de los países están apostando por la operación a largo plazo de sus centrales nucleares, con autorizaciones para 60 e incluso 80 años, y/o la construcción de nuevas unidades. Sin embargo, y si no se modifica lo establecido en el PNIEC 2023-2030, en el caso de España los siete reactores que conforman nuestro parque nuclear solo podrán operar hasta una media de 46,5 años.

Por todo lo expuesto, no parece lógico que en España podamos permitirnos prescindir del parque nuclear, dada la seguridad de suministro que ofrece y que no emite CO2, entre otras ventajas mencionadas. No tiene sentido aferrarse a mantener un plan de cierre como el del Protocolo de Intenciones de marzo de 2019, ya que las condiciones energéticas, ambientales y geoestratégicas han variado sustancialmente desde entonces hasta el momento actual.

Es imprescindible alcanzar un acuerdo sobre el futuro del conjunto de la industria nuclear española y específicamente sobre la continuidad de la operación de nuestras centrales nucleares más allá de las fechas actualmente establecidas, asegurando que se racionalice la fiscalidad a la que están sometidas, ya que la energía nuclear ha de ser un elemento clave en la transición energética en España.

[1] https://raing.es/pdf/eventos/20230426_Jose_Casas_Real_Academia_Ingenieria_Nuclear.pdf

[2] https://gestoresderesiduos.org/noticias/espana-ha-pagado-795-000-millones-de-euros-por-la-gestion-de-residuos-nucleares-en-los-ultimos-30-anos?

[3] https://www.eldiario.es/extremadura/politica/expresidente-enresa-advierte-si-reduce-tasa-no-podran-gestionar-seguridad-residuos-radiactivos_1_12272314.html

[4] https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-taxonomia-verde-europea-que-es-y-por-que-es-importante-2022-01-25_es

Et contra

(Por Aurelia Mañé Estrada, Economia Aplicada Universitat de Barcelona)

En el año 2019 se llegó un acuerdo estatal para el cierre progresivo de las centrales nucleares que hay en España, empezando por Almaraz I en 2027 y siguiendo, con el resto, hasta el año 2035. En junio de 2025, en el Congreso de los Diputados, se tramitó una ley para prorrogar la vida útil de las nucleares, que contó con el apoyo del PP y de VOX, así como con la abstención de Junts. Además del riesgo de accidente nuclear, del que no es necesario hacer comentarios adicionales después de Three Miles Island (1979); Chernobyl (1986) y Fukushima (2011), hay razones adicionales por las que –quién escribe considera– se deberían cerrar las centrales nucleares.

El elevado coste de la energía nuclear

La energía nuclear pasa por ser una de las formas de obtener electricidad más barata, pues, en general se estima que el coste marginal de generar electricidad en una central nuclear es muy bajo. Sin embargo, cuando incluimos costes de operación, mantenimiento del combustible, gestión de residuos, la tasa ENRESA, u otros, el coste de esta misma generación es mucho más elevado, ya que se estima que se sitúe entre unos 60 y 70€ el Kw/h [1].

Aunque buena parte de las inversiones que se hicieron en el momento de la construcción de las centrales nucleares están amortizadas y otras pagadas gracias a la moratoria nuclear –lo que se suele ver como una ventaja, pues no es necesaria nueva inversión, más allá de la de mantenimiento–, es muy importante tener en mente, cuatro elementos que hacen que la energía nuclear, de facto, sea muy cara –por encarecimiento del coste y del precio.

1. El combustible que emplean las centrales nucleares es importado. Aunque las cifras que proporciona DataComex sobre las importaciones de uranio enriquecido no son excesivas, casi 800 millones de € en 2024, éstas ya duplican lo que se pagaba el año anterior y consolidan una tendencia creciente que se viene observando desde 2017. En el contexto bélico y en el que se alerta de un nuevo renacer nuclear en el mundo, es muy previsible que el coste del combustible básico de la energía nuclear siga con esta tendencia creciente.
2. El coste de mantenimiento y seguridad de unas centrales que ya cuentan con cuatro décadas de vida (por ejemplo, Almaraz y Cofrentes). Estas centrales van a requerir, si el cierre no se produce, elevadas inversiones en seguridad y mantenimiento. Según datos del Foro Nuclear –que deben ser, por su sesgo pro nuclear, estimaciones a la baja– unos 3.000 millones hasta el final de su vida útil, además de lo que periódicamente se invierte en mantenimiento (unos 50 millones al año en Almaraz). Estas cifras, han de aumentar a medida que se amplíen las prórrogas al resto del parque nuclear español (Ascó, Trillo y Vandellós).
3. El coste de los residuos, que si nos ceñimos a las cifras que da ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) y al 7º Plan de Residuos radiactivos será de unos 20.000 millones de aquí al final de siglo XXI, a lo que hay que sumar unos 585 millones al año, que las empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP) pagan a través de la tasa ENRESA, y unos 3.000 millones de tasas adicionales por imprevistos. A ello, habría que sumar el importe de las compensaciones que reciben las localidades que almacenan residuos (baja/media actividad, en El Cabril, Córdoba, y de alta actividad en piscinas y almacenes en cada una de las centrales), que grosso modo podría alcanzar unos 1.500 millones de euros; y lo que se paga, cuando es necesario exportar temporalmente residuos a Francia o el Reino Unido. Por ejemplo, España pagó a Orano/La Hague unos 96 Millones de euros, a razón de unos 76.000 €/día. Y, en general, se estima que en los últimos 30 años en España se ha pagado por la gestión de los residuos nucleares, 795.000 millones de euros, lo que vendría a suponer 26.500 millones de euros anuales [2] .
4. El último factor que considero necesario apuntar en este apartado es que debido al elevado poder de monopolio de las propietarias de las eléctricas, estos elevados costes, acaban repercutiendo en el precio que los usuarios finales pagan por la electricidad, a través de la factura. Y, este es un factor para tener muy en cuenta, ya que el sector eléctrico ya ha anunciado que, si se produce el cierre de las nucleares, éste, dejará de pagar por el mantenimiento de los residuos [3].

En resumen, la primera razón a favor del cierre de las nucleares es el elevado coste asociado a la generación de electricidad con este origen. Es cierto que la existencia de los residuos y su coste de mantenimiento es una herencia de la que como sociedad no nos podemos desprender, pero también es cierto que, a más vida de las nucleares, mayores residuos. Frente a ello, cierto es, también, que habrá que considerar los costes del desmantelamiento de las instalaciones y cómo se gestiona social y políticamente el conflicto de quién paga y en qué proporción por la herencia de los residuos.

La demora en la transición energética

Ante un cierto consenso de que hay que actuar frente al cambio climático, y que éste se debe, fundamentalmente, a las emisiones de CO2 ocasionadas por la combustión de combustibles fósiles, la energía nuclear ha pasado a ser considerada una energía limpia. Así queda reflejado en la “taxonomía verde” de la Unión Europea,[4] y queda reflejado en los acuerdos adoptados en la COP28 para triplicar la energía nuclear en el mundo entre 2023 y 2050.

Más allá del debate sobre qué entendemos realmente por transición energética —si se trata de un cambio en las fuentes de energía primaria, de una transformación orientada a generar energía útil sin emisiones de carbono, o de una reestructuración profunda de las relaciones de poder y las estructuras del sistema energético—, lo cierto es que la energía nuclear sólo encajaría plenamente en la segunda visión, la centrada en la descarbonización. Si, en cambio, se adopta una perspectiva más amplia —como la que plantea una transformación del modelo energético en su conjunto—, mantener o incluso ampliar el uso de la energía nuclear podría considerarse contrario a los principios de una transición energética integral.

Una discusión profunda sobre esta cuestión, supera con mucho el objeto de este “contra” del Noticias de Política Económica, pero aportaremos tres elementos que permitirán entender el porqué de este argumento.

1.Como nos explicó Hermann Scheer en 2010, en su libro El Imperativo energético, cualquier inversión en tecnologías de transición (en generación de energía baja en emisiones de CO2 o en captura de estas), sólo atrasa a las inversiones en generación de energía basada en fuentes renovables. En primer lugar, porque los recursos que se invierten en una tecnología (nuclear o captura y almacenamiento de carbono) no se invierte en otra (eólica, solar…); y, en segundo lugar, porque hasta que no se amorticen del todo las tecnologías de transición, lo que pueden ser décadas, no se preverán nuevas inversiones.

De hecho, el ejemplo más claro de este argumento es el mismo que nos llevan a realizar este escrito: las razones que se dan para la ampliación de la vida de las nucleares, más allá de lo previsto.

2.El segundo factor —particularmente relevante a la luz del apagón que afectó a la Península Ibérica en abril de 2025— se refiere a una de las principales limitaciones técnicas de la energía nuclear, que a menudo se pasa por alto cuando se argumenta a su favor. Debido a su rigidez operativa, las centrales nucleares no pueden adaptar fácilmente su producción a las variaciones de la demanda. Esta inflexibilidad impide en muchas ocasiones la plena integración de fuentes renovables como la solar o la eólica, especialmente en momentos de baja demanda eléctrica. Al tener prioridad en el vertido a la red, la nuclear desplaza a tecnologías más limpias, más flexibles y, en muchos casos, más económicas.

3. Por último, el tercer elemento de este bloque —que conecta directamente con el siguiente— tiene que ver con la visión social de lo que realmente implica una transición energética. Aunque hoy se hable mucho de descarbonización y se etiquete a la energía nuclear como “verde” o “tecnología de transición”, eso no significa que un mix más nuclear contribuya, en sentido pleno, a una auténtica transición energética. Por un lado, como ya se ha señalado, su rigidez obstaculiza la integración de fuentes renovables. Pero, sobre todo, porque no cuestiona ni transforma las estructuras de poder existentes; al contrario, las refuerza. La energía nuclear forma parte del modelo fósil y del orden geopolítico que lo acompaña. Prueba de ello es que sigue vigente el debate sobre quién tiene derecho a enriquecer uranio y de qué países se puede —o no— comprar material nuclear.

En resumen, si bien la energía nuclear podría contribuir a un mix energético más descarbonizado –que no verde ni renovable ni limpio–, el mantenimiento de las nucleares y su eventual ampliación retrasa la sustitución de fuentes fósiles y minerales por fuentes renovables, e impide una transición energética que incida en un cambio en las relaciones de poder energético y, contribuya, como veremos a continuación en un modelo energético más democrático.

La no democratización de las relaciones energéticas

Este es el argumento fundamental del texto más icónico sobre la transición energética: Energy Strategy: The Road Not Taken?, de Amory B. Lovins, publicado en 1976. En él, Lovins plantea una disyuntiva entre un futuro energético centralizado, intensivo en recursos y tecnocrático, y otro distribuido, eficiente y más alineado con valores democráticos. Esta visión fue posteriormente, en 1997, comentada y ampliada por Laura Nader, especialmente en su trabajo Controlling Processes: Tracing the Dynamic Components of Power, donde analiza cómo las elecciones tecnológicas reflejan y refuerzan determinadas estructuras de poder, y cómo sistemas como el nuclear reproducen relaciones sociales jerárquicas e inequitativas.

Ambos argumentan que la energía nuclear, lejos de ser una tecnología neutra o simplemente una opción técnica más dentro del mix energético, encarna un modelo de organización social y política profundamente jerárquico. Su funcionamiento requiere estructuras centralizadas, altos niveles de capital, personal altamente especializado y una gestión opaca del riesgo, lo cual concentra el poder en manos de instituciones estatales, élites tecnocráticas y grandes corporaciones energéticas. Este tipo de diseño no sólo excluye a la ciudadanía de las decisiones fundamentales sobre la energía, sino que refuerza un sistema donde la participación democrática es mínima y la dependencia estructural máxima. A diferencia de las renovables, que permiten una distribución descentralizada del control y el acceso, la energía nuclear reproduce lógicas propias del modelo fósil-industrial: concentración, secretismo y verticalidad. En este sentido, estas opciones tecnológicas no son inocentes: incorporan y reproducen valores y relaciones de poder.

Por todo ello, concluiría este apartado de “en contra”, afirmando que el mantenimiento de la infraestructura nuclear implica aceptar no solo los riesgos asociados a la seguridad o a la gestión de residuos a largo plazo, sino también una cultura política basada en la vigilancia, el control del conocimiento y la exclusión de amplios sectores sociales de la toma de decisiones. La energía nuclear reafirma formas de organización autoritarias y dependientes de tecnologías que requieren regulación estatal y geopolítica intensiva.

Apostar por un modelo energético más democrático implica, precisamente, lo contrario: democratizar el acceso, descentralizar la producción y permitir que las comunidades se conviertan en sujetos activos del cambio, algo que la lógica nuclear, intrínsecamente, impide.

Desde el punto de vista de quien escribe, el argumento más sólido en contra de la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares es que supone, en realidad, una prórroga en la transición hacia sociedades más democráticas y menos elitistas. Es probablemente esta dimensión política —y no sólo técnica o económica— la que explica por qué quienes defienden la continuidad o expansión de la energía nuclear, tanto en España como a nivel global, se sitúan mayoritariamente en el espectro de la derecha y la extrema derecha. Ese es, en última instancia, el debate que deberíamos abordar en el Congreso de los Diputados: no sólo el coste o la eficiencia, sino qué modelo social y político implica cada opción energética.

[1] https://raing.es/pdf/eventos/20230426_Jose_Casas_Real_Academia_Ingenieria_Nuclear.pdf

[2] https://gestoresderesiduos.org/noticias/espana-ha-pagado-795-000-millones-de-euros-por-la-gestion-de-residuos-nucleares-en-los-ultimos-30-anos

[3] https://www.eldiario.es/extremadura/politica/expresidente-enresa-advierte-si-reduce-tasa-no-podran-gestionar-seguridad-residuos-radiactivos_1_12272314.html

[4] https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-taxonomia-verde-europea-que-es-y-por-que-es-importante-2022-01-25_es

Stiglitz, J. E. (2025): Camino de libertad. La economía y la buena sociedad. Ed. Taurus. Barcelona

(Por Carlos Ochando Claramunt, Departamento de Economía Aplicada-Política Económica-Universitat de València)

Reseñamos el último libro de un autor que no necesita presentación porque es de sobra conocido en el mundo académico de la Economía. Por si todavía hay alguien que no lo conoce, diremos que Joseph E. Stiglitz es profesor de la Universidad de Columbia y economista jefe del Instituto Roosevelt; fue presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Clinton y fue economista jefe del Banco Mundial. Stiglitz ha desarrollado, a lo largo de su larga trayectoria, un cierto espíritu crítico con el enfoque predominante en la ciencia económica convencional y también con los resultados (ineficientes e injustos) de la economía de libre mercado (especialmente, con la que él llama “economía de mercado desbocada” sin regulaciones ni contrapesos). Este enfoque crítico con la Economía mainstream lo ha ido desgranando en sus conocidos libros El malestar en la globalización, El precio de la desigualdad, Caída libre o Capitalismo progresista, entre muchos otros.

El libro se estructura en tres partes. En la primera, titulada La libertad y ser libre. Principios básicos, reflexiona sobre el concepto de libertad, tanto el utilizado por lo que él llama derechas o conservadores, como sobre el concepto de “libertad como ampliación de oportunidades” que acaba defendiendo en el libro.

La segunda parte del libro se titula Libertad, creencias y preferencias, y la creación de la buena sociedad. El ella, Stiglitz vuelve a tratar temas que le parecen fundamentales para construir su “teoría” de la libertad. De nuevo analiza temas como la conformación social de las creencias y preferencias, la cohesión social, la libertad de información, la importancia de la verificación de la verdad en un sistema democrático, el rol que juegan las redes sociales, la información transparente, los límites de la tolerancia, etc.

Finalmente, en la tercera parte construye su propuesta alternativa. Se titula ¿Qué tipo de economía promueve una sociedad buena, justa y libre? A partir de la constatación de que el capitalismo neoliberal ha fracaso y es insostenible, Stiglitz aboga por un capitalismo progresista de corte socialdemócrata.

Tengo la impresión de que el libro recientemente publicado Camino de libertad. La economía y la buena sociedad es un compendio (no sabemos si final o no) de todo el pensamiento acumulado por Stiglitz en su larga trayectoria académica. Este estilo “compendio” contribuye a que el libro se torne, en ocasiones, repetitivo, confuso y desordenado. Y no solo, repetitivo con el resto de los libros anteriores del autor, sino repetitivo con el propio contenido del libro. Este repaso de los temas – sabidos y conocidos por otros libros anteriores del autor- no aporta una gran originalidad al libro, más allá de recoger en un solo volumen todas las claves fundamentales del pensamiento económico del autor. El libro tiene un hilo conductor que sí es coherente y, relativamente, original. Desde la creencia de que el Neoliberalismo ha fracasado y es claramente insostenible, el autor trata de fundamentar una idea de libertad diferente a la defendida por el pensamiento económico liberal. El concepto de libertad que defiende Stiglitz es considerar que la libertad de una persona equivale a la falta de libertad de otra. O dicho de otra manera, que la libertad de una persona se produce a menudo a costa de la libertad de otra. Es siempre un “trade-off”. Esa idea es interesante. Sin embargo, no es tan original porque, en el fondo, es la vieja idea defendida por los profesores de Política Económica de que cualquier decisión pública (y privada) implica siempre ganadores y perdedores. Es la misma idea, pero, en lugar de aplicarla a los resultados distributivos, Stiglitz la aplica a los diferentes grados de libertad que puede disfrutar un individuo. Y tampoco es tan original porque ya sabíamos, por muchos otros autores anteriores, que existen las libertades negativas (lo que perdemos cuando no podemos tomar decisiones ni desarrollar nuestro potencial como personas) y las libertades positivas (la libertad para desarrollar el propio potencial y aumentar nuestras oportunidades y capacidades). Estas últimas requieren el disfrute de una renta mínima y el acceso a la educación y sanidad, entre otros bienes básicos. Stiglitz defiende esta segunda versión de la libertad. Pero muchos otros autores -entre ellos, Amartya Sen y Rawls- lo habían hecho mucho antes. Por eso decimos que esa idea motriz del libro – aunque interesante- no es del todo original. Tampoco es original en la herramienta elegida para fundamentar su “buena idea de libertad” que es el “velo de la ignorancia”, una metodología ya utilizada por Rawls en su teoría de la justicia en 1971.

El libro acaba defendiendo que la solución a los conflictos y problemas económicos es lo que Stiglitz llama “capitalismo progresista”, que viene a ser como una “socialdemocracia revitalizada”. Este modelo social estaría centrado en la igualdad, la justicia social y la democracia. Tampoco parece muy original ni muy alternativa (en los tiempos que corren sí) la propuesta socialdemócrata. Más de un siglo de existencia tiene la socialdemocracia, construyendo un mundo mejor basado, entre otras cosas, en un modelo de Estado de bienestar amplio y universal. Pienso que otra de las debilidades del libro es la ingenuidad del autor cuando habla (o, más bien, no habla) de la implantación de su alternativa. Parece que solo con nombrarla se va a llevar a cabo. Pero es que el autor ni nos dice cómo llevar su alternativa progresista a la práxis (no hay medidas de política económica concretas) ni creo que tiene suficientemente en cuenta el actual contexto social y político liderado por las nuevas derechas, que día a día reman en contra de cualquier propuesta progresista -y parece que están ganando la batalla-.

Más allá de una propuesta filosóficamente aceptable (vaya por delante que, por supuesto, quién escribe esta reseña está de acuerdo con la alternativa progresista socialdemócrata defendida por el autor), no hay realismo político-económico ni propuestas concretas que auguren una buena viabilidad política en los tiempos derechizados que corren. Es como un brindis al sol. No obstante, y sin duda, un buen brindis para fundamentar, desde luego, una mejor economía y una mejor sociedad. Yo también hago mi brindis final: ¡ojalá los políticos, votantes, ciudadanos y organismos internacionales escuchasen más sus palabras y llevasen a la práctica las propuestas de Stiglitz! El mundo sería un poco mejor, más habitable, cohesionado y justo.

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XVII Jornadas Internacionales de Política Económica. Sevilla, 29-30 de mayo de 2025. (anuncio)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada III, Universidad de Sevilla

Nos complace anunciar la celebración de las XVII Jornadas Internacionales de Política Económica (JIPE), que tendrán lugar de forma presencial los días 29 y 30 de mayo de 2025 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla (Andalucía, España).

Estas jornadas están abiertas a cualquier persona investigadora interesada en la Economía Aplicada y la Política Económica, y se centrarán en los siguientes ejes temáticos:

1. Organización política, sujetos activos y limitaciones.
2. Política estabilizadora-coyuntural.
3. Política de desarrollo-estructural.
4. Políticas de inclusión, igualdad y diversidad como intervenciones transversales.
5. Efectos micro y macroeconómicos de una NO intervención.
6. Política para impulsar/frenar las relaciones internacionales.
7. Política económica bajo el modelo ECS-MEC: Objetivos e instrumentos.

Las jornadas se organizarán en sesiones de trabajo especializadas, donde se discutirán las comunicaciones científicas seleccionadas para cada área temática. Asimismo, se llevarán a cabo sesiones plenarias que reunirán a todas las personas participantes en torno a conferencias programadas.

Durante el evento, se realizará el lanzamiento de la iniciativa para construir una Nueva Escuela de Política Económica, vinculada al desarrollo del Congreso Internacional Permanente Nueva Escuela de Política Económica (CIPPE). Este congreso busca fortalecer la actual red de colaboración y encuentro entre investigadoras e investigadores de Política Económica.

El Comité Científico https://grupo.us.es/modeloecsmec/xvii-jornadas-internacionales-de-politica-economica/comites/ invita a presentar comunicaciones científicas en español o inglés, según las siguientes fechas clave:

• Envío de resumen (1500 – 1700 palabras): hasta el 01-febrero-2025.
• Inscripción anticipada: hasta el 27-marzo-2025. 240 euros o 260 euros (incluyendo la cena de gala).
• Inscripción estándar: desde el 28 de marzo hasta el 5-abril-2025. 340 euros o 360 euros (incluyendo la cena de gala).
• Estudiantes, becarios FPI-FPU o asemejados (requiere justificarlo): 160 euros (+ 20 euros de cena de gala en su caso).

Para más información consulte la web https://grupo.us.es/modeloecsmec/xvii-jornadas-internacionales-de-politica-economica/inicio/

o escriba al correo electrónico: cippe@us.es

¡Gracias por tu generosidad y esfuerzo por impulsar la Política Económica desde la ciencia!

XX Simposio hispano-ruso España y Rusia en un contexto internacional cambiante, Valencia (España), 3-4 de julio de 2025 (anuncio)

Organiza: Universidad de Valencia y Centro de Estudios Ibéricosdel Institutode Latinoamérica (ACR)

Presentación

Desde el inicio del siglo XXI se han sucedido una serie de crisis que están conduciendo a cambiar la fisionomía mundial de la centuria anterior. La crisis financiera de 2008 ha trastocado los motores de crecimiento económicos, la sanitaria de 2020 ha alterado los fundamentos sociales y el conflicto bélico en Europa iniciado en 2022 está cambiando el marco geopolítico internacional. Adicionalmente, la nueva administración norteamericana encabezada por D. Trump está dibujando un nuevo papel internacional para EE.UU. Como consecuencia de estos cambios parece que se está iniciando un periodo de transición caracterizado por un mundo multipolar. Este nuevo contexto internacional se presenta muy difuso. Muchas cuestiones aparecen abiertas, como se trata de las relaciones entre EE.UU. y la UE, de las vinculaciones dentro de Europa, del nuevo papel internacional de China o el comportamiento independiente de muchos países latinoamericanos, africanos o asiáticos. En este contexto, España y Rusia se enfrentan a ubicarse en un entorno cambiante. Este Simposio tiene como referencia iluminar aspectos relacionados con estos retos.

Dadas las grandes y plurales aspiraciones que se plantean, este Simposio pretende fomentar un debate interdisciplinar. Son bienvenidos los trabajos de análisis económico o políticos aplicados, pero también los que pretenden poner de relieve las intervenciones estatales en estas circunstancias cambiantes (política económica). No obstante, dados los cambios internacionales, también serían de interés aquellos que tengan un enfoque social o los de carácter medioambiental. Adicionalmente, podrían tener importancia para la discusión aquellos con un perfil más cultural o psicosocial.

Idioma del Simposio: Español

Plazos y procedimientos:

Fecha límite de presentación de las propuestas (200-250 palabras): 30 de abril 2025

Fecha límite de textos completos (max.30 mil caracteres) (para su publicación): 18 de julio 2025

Envío de textos finales completos a: ilacentroiberico@gmail.com

Envío de propuestas de participación: xxsimposio@uv.es

PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN EN EL SIMPOSIO

Renovación para el año 2025 de la Cátedra Institucional de “Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana”

En paralelo a la reciente aprobación de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para este año 2025, el Consell ha renovado la línea de financiación de la «Cátedra de Política Económica y Social de la CV». Estes trámite viene a reforzar la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024 (DOGV núm. 9756, de 30.12.2023) en la cual se preveía por primera vez la creación de esta institución.

En este sentido, los objetivos de la cátedra siguen su curso a través de las acciones iniciadas por Antonio Sánchez Andrés, su director, además del equipo de su equipo. Se pretende, por tanto, seguir extendiendo las acciones ya llevadas a cabo por el proyecto resumidas en la Memoria para el año 2024. En ella se describen ampliamente las actividades de transferencia desde el ámbito académico de los seminarios, encuentros y talleres de política económica hasta los medios de comunicación.

Como tareas directamente relacionadas con el objetivo de conexión social, académica y política encontramos la realización de múltiples publicaciones de diversa extensión sobre temas de actualidad, abarcando desde la prensa a artículos con estilo más científico.

En esta misma línea, destaca también la aprobación del programa de Máster Universitario en “Gobernación y Política Económica” con el objetivo primordial de servir al reciclaje institucional y a la actualización de la administración de la Generalitat. La extensión del programa de este máster se puede encontrar en el siguiente documento.

Otra de las prioridades de la cáteda para este nuevo ciclo, que se abre con la renovación de la línea de financiación, pasa por el desarrollo del Observatorio de Tecnopolítica. Este proyecto se concentrará específicamente en el análisis y elaboración de propuestas de política evonómica valenciana.

En este sentido, la Cátedra busca colaborar entre el ámbito académico, el social y el político, transformándose en un foco de transferencia y movilización social del conocimiento. En definitiva, estas actividades se han orientado, y se seguirán orientando, a mejorar la acción de Gobierno, mediante la contribución a la mejora en la toma de decisiones por parte de las instituciones de la Generalitat.

II Ciclo de Seminarios de Política Económica (virtual). Primer Seminario: “Calidad institucional y economía española” Xóse Carlos Arias Moreira (resultados)

El pasado miércoles 26 de febrero de 2025 tuvo lugar el segundo seminario del II Ciclo de Seminarios sobre Política Económica organizado por REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, bajo el título «Calidad institucional y economía española».

Dicho seminario fue impartido por el profesor Xóse Carlos Arias (Universidad de Vigo) y moderado por el profesor Tomás Mancha (UAH), con la colaboración técnica del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá. En su exposición, el profesor Arias analizó la visión institucional moderna de la economía y su utilidad para comprender y diseñar la política económica, con especial atención al caso de la economía española. Destacó que instituciones sólidas y eficientes son fundamentales para la prosperidad económica, ya que fomentan la confianza, reducen la incertidumbre y promueven la inversión, mientras que la debilidad institucional puede derivar en problemas como la corrupción y la mala gestión de recursos, afectando negativamente la competitividad del país.

Asimismo, presentó un conjunto de indicadores que reflejan distintos aspectos de la calidad institucional, realizando comparaciones internacionales y destacando su estrecha relación con el desempeño económico y variables clave como la productividad total de los factores. En este contexto, el profesor Arias también abordó el papel de las políticas públicas en la mejora de la calidad institucional, subrayando la necesidad de impulsar reformas en España dirigidas a optimizar la regulación, reducir las inercias burocráticas, fortalecer la independencia judicial, o la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de toma de decisiones.

El siguiente seminario tendrá lugar el miércoles 7 de mayo de 2025 a las 17:00 horas, bajo el título «Competencia y regulación», y será impartido por el profesor José María Marín Quemada (UNED), con la moderación de la profesora Evangelina Aranda García (UCLM).

Puede accederse a la grabación de este segundo seminario del II Ciclo en el siguiente enlace: Calidad institucional y economía.

Conferencia del profesor Sr. D. Antón Costas: “el rol de los nuevos economistas es buscar el consenso social para el diseño de políticas”

Organiza por: Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna

Con motivo de la presentación del libro «The conflict between tourism expansion and sustainability: the case of LDC», el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas impartió una conferencia el 14 de marzo de 2025 en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna. La obra, coordinada por la profesora Flora Mª Díaz, aborda la tensión entre el crecimiento turístico y la sostenibilidad medioambiental en países en desarrollo. Como ejemplos menciona Senegal, Nigeria y Angola, un tema relevante también para Canarias.

Durante su intervención, el académico destacó que el papel de los economistas ha evolucionado: si anteriormente asesoraban directamente a los gobiernos, hoy su función es ejercer como puente entre la sociedad y el poder político para diseñar políticas respaldadas por un amplio consenso ciudadano.

En adición, después de que al “keynesianismo” le haya sucedido el “neoliberalismo”, siguiendo a Dani Rodrik, el profesor ha señalado el paso al “productivismo”. Ello se debe a la existencia de una «economía de trade-off», que se refiere a la confluencia de diversos dilemas entre objetivos económicos, deseables pero conflictivos entre sí.

El ponente ha comentado hechos de la más reciente actualidad: el auge de China como potencia mundial, la victoria de Trump y los fenómenos de desindustralización y deslocalización, además de vislumbrar algunas posibles líneas de política económica.

De acuerdo con sus conclusiones, el denominado «productivismo» recibe este nombre porque debería orientarse a mejorar la productividad de las personas, esencialmente en términos de acceso a bienes materiales.

Encuentro de Política Económica: “Políticas de Fomento de la Actividad Emprendedora y Desarrollo Sostenible”, Albacete, 23 y 24 de enero de 2025 (resultados)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada – Castilla-La Mancha

El Encuentro de Política Económica en Albacete, celebrado los días 23 y 24 de enero de 2025, fue organizado por los profesores Inmaculada Carrasco y Soledad Castaño en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. Este evento reunió a expertos y académicos para discutir diversas temáticas relacionadas con el emprendimiento, la sostenibilidad y las políticas económicas.
El primer día del encuentro comenzó con una presentación sobre la relación entre emprendedores y política económica, destacando cómo las instituciones informales, las pasiones y las motivaciones emprendedoras influyen en el diseño de políticas económicas. A continuación, se discutieron las políticas duales y el emprendedurismo en la Comunidad Valenciana, enfocándose en el apoyo a grandes empresas y pymes mediante incentivos fiscales y formación. También se abordó el fomento del desarrollo sostenible desde la economía circular y la economía de los cuidados desde una perspectiva de género, destacando la importancia de la economía circular y social en la creación de empleo y cohesión económica. Posteriormente, se presentaron temas sobre políticas sociales, el colapso ecosocial de la globalización y experiencias comunitarias en Sudamérica, y la política agraria a través de grupos de discusión con ganaderos tradicionales.

El segundo día inició con una presentación sobre la capacidad institucional y el emprendimiento como catalizadores en la absorción de fondos europeos, destacando los desafíos en la gestión de fondos y la importancia de la capacidad administrativa y financiera.Se continuó con una discusión sobre la digitalización y la actividad emprendedora, subrayando cómo la digitalización ha revolucionado el ámbito emprendedor. También se exploró la integración de la economía circular y la economía social para avanzar en la sostenibilidad. Se discutieron políticas para incentivar emprendimientos socialmente responsables en el sector de la construcción, proponiendo funciones para el sector público y destacando la importancia de incentivos fiscales y formación.
 Se analizó cómo las instituciones informales, las pasiones y las motivaciones emprendedoras influyen en las políticas económicas, enfatizando la necesidad de considerar estos factores en el diseño de políticas para fomentar la actividad emprendedora. También se abordó la importancia de las competencias digitales y las redes sociales en el emprendimiento, destacando el papel de la digitalización en la identificación de oportunidades y el aumento de la competitividad. Se evaluaron las políticas de fomento del cooperativismo en la Comunidad Valenciana, identificando desafíos y proponiendo mejoras en accesibilidad y procesos burocráticos. Además, se discutió la relación entre los bonos verdes y sociales y el acceso al crédito corporativo en Europa, y se concluyó con una presentación sobre la productividad como factor previo para el crecimiento y desarrollo sostenible.

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

Desde la Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) se apuesta por la divulgación. Periódicamente, REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés tanto para la Política Económica como para su difusión a través de la Red.
Diversos textos de actualidad arrojan luz sobre temas como la incertidumbre en torno a la Inteligencia Artificial, la inmigración, la carga fiscal derivada de las inflación, el populismo, la política económica de Trump y la relación entre turismo y desigualdad.
Acemoglu, se ha centrado en la crisis de la democracia en el mundo industrializado, argumentando que, si esta no beneficia a los trabajadores, está destinada a desaparecer. A su parecer, el aumento de la desigualdad y la percepción de que los políticos priorizan los intereses financieros sobre los ciudadanos han erosionado la confianza en las instituciones democráticas. En concreto, se percibe la desconexión entre los líderes democráticos y las preocupaciones de la población, así como la desatención pública del impacto de la inmigración y la polarización en las redes sociales. Ante estos desafíos, a los que se suman la inteligencia artificial y el cambio climático, según el nobel, la democracia sigue siendo el mejor modelo, pero debe priorizar a los trabajadores y construir una economía justa para recuperar el apoyo público. En definitiva, estos retos proyectan un entorno en el que predomina la incertidumbre.

Para afrontarla se requiere una aproximación a su medición; este es el caso de Ghirelli y Azqueta-Gavaldón. Juntos definen la incertidumbre como la dificultad para predecir la evolución de las variables económicas, cosa que afecta negativamente a las decisiones económicas de familias y empresas.

En concreto, sintetizan métodos de medición a través del análisis de noticias de prensa para construir indicadores. Como resultado encontramos el Indicador de Incertidumbre sobre las Políticas Económicas (EPU), el cual puede potenciarse a través del uso de la Inteligencia Artificial. En suma, indicadores como este son fundamentales para valorar riesgos y estimar su impacto en la economía.

Aunque el turismo es una fuente importante de crecimiento y empleo, un estudio reciente revela que el aumento del turismo tiene efectos complejos y no siempre positivos. Esto ha quedado reflejado en el mercado laboral español. Pues si bien las actividades turísticas generan empleo, también provocan una disminución del empleo potencial en el sector manufacturero, acelerando la desindustrialización. Adicionalmente, un incremento del turismo tiende a reducir el salario medio y a aumentar la temporalidad laboral.

Lo cual redunda en un impacto desigual entre distintos grupos demográficos y regiones. Como conclusión, se muestra que una dependencia excesiva del turismo puede generar baja productividad e inseguridad laboral. Estos riesgos se pueden trasladar al largo plazo si una se sigue una estrategia de crecimiento exclusivamente basada en el turismo.

Con un énfasis más centrado en España encontramos dos textos. Por una parte, el primero de ellos versa sobre posibles efectos efectos económicos de la inmigración y las políticas a emprender. España recibe inmigración en niveles comparables a EE.UU. pese a su menor población, lo que requiere una gestión ordenada y un debate racional sobre su impacto en empleo y pensiones.

Un segundo texto, por otra parte, se encarga de forma específica del efecto de la inflación sobre la carga fiscal del IVA entre 2021 y 2024. En concreto, dado el contexto inflacionario la carga fiscal del IVA ha ascendido en unos 450 euros por hogar, afectando más aquellos de mayor tamaño, con lo que se sugiere priorizar ayudas a vulnerables en vez de rebajas generales.

Para el caso de Estados Unidos, encontramos tres textos sobre la política seguida por la nueva administración. Dani Rodrik apunta a la coalición de apoyo a Donald Trump como caracterizada por poseer intereses elitistas y agendas contradictorias. Rodrik prevé un conflicto interno dentro de esta coalición entre grupos con visiones opuestas del futuro, a saber entre los nacionalistas económicos y la tecno-derecha. La tragedia, según Rodrik, es que los votantes de clase trabajadora que apoyaron a Trump seguirán siendo los principales perjudicados, ya que ninguna de las dos facciones ofrece soluciones reales a sus problemas. En cuanto a la política comercial, Pinelopi Goldberg argumenta que, aunque el libre comercio ha tenido efectos sustanciales sobre los niveles de desigualdad, los aranceles de Trump podrían dañar a otros países más que beneficiar a EE.UU., al generarse posibles represalias del resto del mundo, a la vez que distorsionar mercados y afectar a los hogares de bajos ingresos. En este sentido, dado el contexto actual proclive a la inflación, en la economía americana existen indicadores, como la menor confianza del consumidor y caída del empleo, que sugieren una futura recesión cuya gravedad dependerá de factores como el impacto final de la política comercial y la geopolítica.

En conjunto, las fuentes que mencionamos ilustran desafíos sustanciales para las democracias y las economías mixtas occidentales, en especial para política económica. Sin embargo, cabe reseñar que dada la naturaleza de la política económica, vinculada intrínsecamente a la realidad, que es dinámica, cabrá determinar el grado de realización y los resultados finales de las medidas aplicadas. En el devenir de este proceso, la política económica sigue jugando un papel crucial en la reducción de la incertidumbre.

Evaluación de políticas económicas

La evaluación de políticas públicas en el Tribunal de Cuentas de España y los Órganos de Control Externo

(por María Dolores Genaro Moya, -dgenaro@ugr.es-, Presidenta de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas y Universidad de Granada)

“Las Entidades Fiscalizadoras Superiores son actores naturales en la evaluación de políticas públicas, pues disponen de la independencia requerida para ello, pueden desarrollar o acceder a la metodología adecuada para realizar la evaluación, y, sobre todo, poseen conocimientos fundamentales en materia de políticas públicas adquiridos a través de sus otras misiones realizadas”.

INTOSAI GUID 9020 Evaluación de las Políticas Públicas

En los últimos años, en España, se viene asistiendo a un resurgir de la evaluación de políticas públicas, de forma que, en la actualidad, conviven una disparidad de actores en la administración que, a nivel estatal, autonómico o local, promueven, encargan y/o participan en procesos de evaluación. Además, existen otras instituciones que realizan evaluación de políticas o programas públicas, tales como fundaciones o asociaciones privadas, institutos de evaluación universitarios, departamentos de inspección de servicios, órganos de control interno, el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

Todo ello sin que exista un consenso en aspectos metodológicos y de funcionamiento, ni un marco jurídico y administrativo común a nivel nacional que impulse una cultura pública de evaluación y que permita articular y coordinar la actuación de diferentes actores -públicos y privados- en el ámbito de la evaluación, mejorando el desarrollo eficiente de la evaluación de las actuaciones públicas.

Esta ausencia de institucionalización de la evaluación de políticas públicas ha sido puesta de manifiesto por expertos y organizaciones internacionales, como la OCDE, o por la propia Comisión Europea, tal y como consta en el preámbulo de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado [1], así como la necesidad de disponer de un marco regulador de su práctica, con el fin de contribuir a mejorar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos y dotar de una mayor transparencia al proceso de toma de decisiones. Sin embargo, la Ley se ha limitado a diseñar, regular y estructurar el sistema público de evaluación de políticas públicas exclusivamente en el ámbito de la Administración General del Estado, por lo que, al menos de momento, se ha perdido la oportunidad de diseñar un sistema que abarque al conjunto del sector público, incluidos los órganos de supervisión y control que realizan o podrían realizar evaluaciones. En este contexto, las Instituciones de Control Externo –ICEX- españolas (Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas –OCEX-) venimos desarrollando desde 2019 distintas iniciativas que, en el marco de nuestro mandato, nos permitan mejorar nuestras prácticas de auditoría incorporando, a la función de control de la actividad económico-financiera pública, la evaluación ex post de programas y políticas públicas, ampliando y complementando, así, la actividad que ya venimos realizando a través de las auditorías operativas o de gestión. Adicionalmente, la evaluación como herramienta nos facilita un mejor entendimiento de las políticas públicas, nos permite identificar sus objetivos, comprender su puesta en práctica y, en definitiva, explicar su éxito o fracaso. Además, a través de la incorporación de evaluaciones a nuestro trabajo de auditoría podremos contribuir de forma activa a la búsqueda de un consenso en aspectos metodológicos y de funcionamiento, y a la conformación de ese marco institucional que impulse una cultura pública de evaluación y que mejore el desarrollo eficiente de las actuaciones públicas y de sus evaluaciones.

En el caso del Tribunal de Cuentas de España, sus funciones vienen recogidas en el artículo 136 de la Constitución y desarrolladas en el artículo 2º de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, en el que se establece concretamente en su apartado a), que es función de la institución “La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público”. Asimismo, en el Artículo 27 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de “La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas tiene carácter externo permanente y consultivo y se referirá al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos”.

Por lo tanto, atendiendo a lo recogido en su propia normativa, el Tribunal de Cuentas podrá realizar evaluaciones dirigidas a determinar la eficiencia, la eficacia y la economía de una política pública, pero con ciertas limitaciones por ser la fiscalización una actuación de carácter consuntivo. Esto significa que el control de la gestión de los ingresos y gastos públicos es efectuado a posteriori o ex post, lo que no quiere decir que deba efectuarse necesariamente a ejercicio cerrado, sino sólo que lo sea una vez finalizada la acción generadora de ingresos o gastos sometida al propio control, o la producción del acto o del procedimiento administrativo generador de dichos ingresos o gastos.

En relación con los OCEX, las funciones que tienen asignadas en su normativa propia en lo que se refiere al control de los fondos públicos, poseen, por lo general, idéntica naturaleza que la que acaba de comentarse para el Tribunal de Cuentas. Así, cuentan también con la atribución, entre otras, de llevar a cabo el control de la legalidad, la eficacia, la economía y la eficiencia de los programas de gastos e ingresos públicos por delegación de sus respectivos Parlamentos. En algunos casos, adicionalmente tienen atribuida una función consultiva, con frecuencia, por parte del respectivo parlamento autonómico, e incluso por parte del sector público autonómico y local, como ocurre en algunos OCEX (por ejemplo, los de Galicia, Baleares, Aragón o Canarias).

Por ello y de acuerdo con la GUIA 9020 para la evaluación de políticas públicas de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, 2019a)[2] resulta evidente que la mejora de la gobernanza del sector público debe pivotar sobre el diseño y la ejecución de políticas y programas públicos eficaces y eficientes, que tengan un impacto positivo en la prestación de unos servicios públicos de calidad y que logren, en última instancia, una mejora en el nivel de vida de los ciudadanos. A través de una evaluación ex ante, realizada con carácter previo a la ejecución de un programa o política, se podrá determinar la pertinencia de estos, la correcta definición de los objetivos e instrumentos para llegar a conseguir los resultados perseguidos por el órgano decisor.

Por otra parte, la evaluación de las políticas y los programas públicos ex post se dirige a comprobar si, una vez han sido ejecutados, han resultado eficaces, eficientes y útiles, han contribuido a la sostenibilidad ambiental o a la igualdad de género –entre otros objetivos-, y han tenido el impacto esperado.

En todo caso, el carácter consuntivo recogido expresamente en la normativa del Tribunal de Cuentas e implícitamente en otras normativas de OCEX, impone algunas limitaciones en la realización de evaluaciones ex ante, esto es, por ejemplo, la determinación de la pertinencia y las condiciones para poner en marcha un programa o una política antes de que se generen los primeros gastos públicos.

Las evaluaciones ex ante se realizan con anterioridad al proceso de toma de decisiones y deben servir a dicho proceso. Por tanto, se deben analizar en detalle las estrategias y los objetivos de la política pública con anterioridad o, incluso, al mismo tiempo que se desarrolla –evaluación concomitante-, de tal forma que el responsable del programa o política evaluado pueda incorporar las recomendaciones del evaluador para mejorar, entre otros aspectos, la utilidad y/o el impacto de esta. Sin embargo, la intervención de una ICEX (ya sea Tribunal de Cuentas u OCEX) durante el proceso de diseño y/o ejecución de un programa público podría poner en entredicho el carácter independiente –inherente a la función fiscalizadora- de una eventual actuación posterior para fiscalizar y/o evaluar dicho programa por parte del mismo órgano de control [3]. Tampoco tendría un fácil encaje la realización de fiscalizaciones o evaluaciones concomitantes, por el propio carácter ex post de las actuaciones de la mayor parte de las ICEX. No obstante, sí tendría perfecta cabida el análisis a posteriori del diseño de una política o programa público y de los supuestos, motivaciones o predicciones sobre las que se sustentó cuando se puso en marcha.

Por tanto, partiendo de la coincidencia de aspectos importantes como es la posibilidad de confrontar los objetivos planteados en el diseño de una actuación o programa con los resultados finalmente obtenidos, para determinar su eficacia o los recursos públicos empleados en su ejecución frente a los resultados obtenidos, para determinar su eficiencia, podemos plantear qué otros criterios y aspectos metodológicos propios de la evaluación pueden tener cabida en la función de control externo que tienen asignada las ICEX.

En lo que respecta a la metodología, obviamente resulta esencial elegir la más adecuada para responder a los objetivos de la fiscalización, ya se trate de métodos cualitativos o cuantitativos (incluidos los econométricos), si bien deben estar basados en datos y en evidencias, nunca en hipótesis de imposible demostración con hechos.

En cuanto a las relaciones con las partes interesadas o stakeholders, otro de los pilares de la evaluación, su participación tiene perfecta cabida en el proceso de una fiscalización operativa, tal y como podemos comprobar en el principio 29 de la ISSAI 300 (INTOSAI, 2019b) que establece la necesidad de mantener una comunicación eficaz tanto con las partes auditadas como con las partes interesadas relevantes durante todo el proceso de la fiscalización.

Esta comunicación podría establecerse tanto al inicio de la fiscalización, para poder determinar los objetivos de esta, en el momento de su planificación, o durante el desarrollo de los trabajos de campo, de forma que pueda recabarse información adicional de las partes interesadas e, incluso, contrastar los resultados preliminares del trabajo realizado.

También es posible que, considerando la amplitud y la variedad de los temas a abordar y de los enfoques a adoptar, la participación o colaboración de expertos pudiera resultar oportuna y aconsejable en ciertas ocasiones (Genaro, 2016). Contar con investigadores y académicos experimentados, externos a la institución, es una posibilidad recogida en la propia normativa del Tribunal de Cuentas y, en determinadas fiscalizaciones, podría ser más que conveniente, teniendo en cuenta que los métodos y técnicas aplicados en la fiscalización proceden, en muchos casos, de las ciencias sociales. Asimismo, la mencionada colaboración resulta conveniente cuando sea necesario contar con conocimientos técnicos para ciertas fiscalizaciones (técnicos expertos en ciencias ambientales para una fiscalización en la que se incluyan objetivos relacionados con aspectos medioambientales, ingenieros para el examen de la eficiencia en la construcción de cierta infraestructura, etc.).

En relación con estas y otras cuestiones, una revisión de fiscalizaciones recientes del Tribunal de Cuentas y de los OCEx nos permite afirmar que, si bien con ciertas limitaciones, es posible introducir determinados elementos propios de la evaluación de políticas durante el diseño, la planificación y la ejecución de una fiscalización operativa o de gestión.

En el caso del Tribunal de Cuentas encontramos algunas fiscalizaciones operativas en las que se han evaluado programas concretos para llegar a determinar, empleando técnicas propias de la evaluación, no solo la eficacia y la eficiencia de estos, sino también su diseño o la coherencia interna y externa.

Así, por ejemplo, entre las fiscalizaciones aprobadas recientemente por el Pleno del Tribunal y publicadas en su página web:

Informe de fiscalización de la gestión por Renfe Viajeros, S.M.E., S.A., de las ayudas para el fomento del uso del transporte público ferroviario en el tercer cuatrimestre de 2022 y en 2023 [4]

En esta fiscalización se ha tratado de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo ha gestionado Renfe Viajeros la gratuidad del transporte público ferroviario en 2022 y en 2023?; ¿Cuánto ha costado y qué efectos ha tenido la medida? y ¿Cómo han funcionado los controles que se han establecido para su aplicación?

Metodológicamente, podemos resaltar la utilización de técnicas econométricas para analizar el impacto de la medida de gratuidad sobre el número de viajes en tren y sobre la intensidad del tráfico y la contaminación en el municipio de Madrid.

En concreto, en la fiscalización se ha aplicado la técnica de diferencias en diferencias (dif-in-dif) a partir de una base de datos con el número diario de viajes para los ejercicios 2023, 2022 y 2019, estableciendo fechas equivalentes a 2023 en los ejercicios 2022 y 2019 en función de los días hábiles y festivos de cada ejercicio para facilitar la comparación de los datos y la homogeneidad.

Entre las principales recomendaciones que se realizan a RENFE podemos destacar, respecto al control, la conveniencia de generalizar la incorporación de los títulos de viaje a soportes que permitan controlar su adecuada utilización y la efectiva realización de los viajes; y respecto a la gestión de las ayudas, que se proceda a calcular su coste, analizar su efecto sobre la calidad del servicio y facilitar el desarrollo de indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos y el impacto de las ayudas.

Informe de fiscalización operativa y con enfoque evaluador del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, ejercicio 2022 [5]

El objetivo de este Fondo es garantizar a los menores las pensiones de alimentos cuando no las pagan sus progenitores, a través del anticipo de las cantidades adeudadas.

En esta fiscalización se plantearon las siguientes preguntas respecto del Fondo analizado:

¿Tiene el Fondo un impacto positivo en la población afectada y en el problema social subyacente?, ¿Se ha formulado la política pública con una metodología de evaluación coherente?, ¿Se aplican los principios de buena gestión, de acuerdo con los criterios de economía, eficiencia y eficacia?

Las recomendaciones más destacables se refieren a la necesidad de impulsar un seguimiento estadístico del impago de las pensiones de alimentos y a modificar el Fondo, al menos para: ampliar el acceso a la cobertura (ingresos máximos, edad máxima, condiciones sociales); ampliar la cuantía y duración máximas de la protección y mantener los umbrales actualizados; eliminar la ejecución judicial previa y facilitar la solicitud y tramitación; y extender la protección del Estado más allá de la pensión de alimentos, en los casos de mayor necesidad.

También en el ámbito de los OCEX, encontramos diversos ejemplos de fiscalizaciones operativas que realizan un análisis de eficacia, eficiencia y/o economía de un programa o de una actuación concreta implementada por el gobierno autonómico en la que el enfoque es el propio de una evaluación de políticas o programas.

En definitiva, las ICEX están llevando a cabo fiscalizaciones operativas en las que se aplica un enfoque evaluador que introduce criterios, técnicas o métodos propios de la evaluación de políticas públicas, todo ello partiendo del hecho de que los dos enfoques –fiscalización operativa y evaluación- son complementarios y constituyen dos componentes decisivos para evaluar la utilidad de una política pública.

Para lograr esta evolución de la tradicional fiscalización operativa o de gestión hasta la evaluación de políticas públicas, el Tribunal de Cuentas junto a los Órganos de Control Externo, entendiendo que el primer reto era el de la formación y cualificación de sus profesionales en este ámbito, pusieron en marcha en 2019 junto al INAP y el IEF una formación amplia y especializada en evaluación de políticas públicas, que ya ha llegado a su sexta edición en 2025. En estos años, se han capacitado casi 200 profesionales de la auditoría en las catorce instituciones de control (13 OCEx y Tribunal de Cuentas) y se ha superado esa cifra en los programas de formación específicos sobre evaluación que se diseñan cada año en el Tribunal.

Además, desde 2023, contamos con una Guía metodológica para la aplicación del enfoque evaluador a la auditoría operativa, que nos ayuda a la utilización de los métodos de evaluación a nuestras tareas de auditoría.

Así, progresivamente, se está produciendo un cambio cultural en el seno de las ICEx que favorece la realización de auditorías operativas con enfoque evaluador. A ese cambio cultural, en relación con lo que implica la práctica de las evaluaciones en las EFS, se refería Didier Migaud al afirmar en INTOSAI (2010), que la evaluación requiere aplicar métodos rigurosos, escuchar a las partes interesadas y emplear con mayor frecuencia conocimientos multidisciplinares y esta práctica obliga a realizar ajustes en las organizaciones, en los métodos empleados y en la cultura de la institución.

Finalmente, hemos de señalar que, aunque este proceso de cambio no está exento de dificultades, merecerá la pena si contribuye a reforzar el papel de las ICEX como órganos que deben ser relevantes en la vida de los ciudadanos.

Bibliografía

Garde Roca, J.A., Genaro Moya, D. y López Hérnández, A. (dir.) (2023): Guía metodológica para la aplicación del enfoque evaluador a la auditoría operativa, disponible en la web de Goberna Colombia https://goberna.org/wp-content/uploads/2023/11/LIBRO-DG-comprimido.pdf

Genaro, Dolores (2016), “Consideraciones en torno a la fiscalización operativa o de gestión”, Revista Española de Control Externo, vol. XVIII, nº 53, pp. 11-37.

Genaro, Dolores y López, Antonio (2019), “La evaluación de programas y políticas públicas como reto de las instituciones de control externo españolas”, Auditoría Pública nº 74 (2019), pp. 15 – 32.

Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (1982), Jefatura del Estado «BOE» núm. 121, de 21 de mayo de 1982. Referencia: BOE-A-1982-11584 https://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-11584-consolidado.pdf

Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (1988), Jefatura del Estado «BOE» núm. 84, de 7 de abril de 1988 Referencia: BOE-A-1988-8678 https://www.boe.es/buscar/pdf/1988/BOE-A-1988-8678-consolidado.pdf

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores-INTOSAI (2010): “Evaluación de Programas para las EFS. Un compendio”, París. Disponible en http://program-evaluation.ccomptes.fr

—(2019a), INTOSAI GUID 9020 “Evaluación de las políticas públicas” Viena. https://www.issai.org/professional-pronouncements/

—(2019b), ISSAI 300 “Principios de Auditoría de Desempeño”, Viena https://www.issai.org/professional-pronouncements/

[1] La Ley se encuadra en el Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente en la Estrategia para reforzar el sistema público de evaluación en las administraciones públicas.

[2] La guía define la evaluación de políticas públicas como el examen que se realiza para determinar la utilidad de dicha política. Una evaluación analiza, de la manera más sistemática posible, los objetivos, la ejecución, los productos, los resultados y el impacto socioeconómico de una política y mide su rendimiento con el fin de evaluar finalmente su pertinencia o adecuación.

[3] La propia INTOSAI GUID 9020 (2019a) reconoce que raramente las EFS realizan evaluaciones ex ante.

[4] https://www.tcu.es/repositorio/95adba17-b517-491b-be52-3c7b7ce831bc/I1602.pdf

[5] https://www.tcu.es/repositorio/95adba17-b517-491b-be52-3c7b7ce831bc/I1602.pdf

Políticas Económicas Estructurales

Inmigración, mercado de trabajo y demografía: algunas reflexiones

(por Carlos Ochando Claramunt – carlos.ochando@uv.es-, Departamento de Economía Aplicada – Política Económica, Universidad de Valencia)

Según el Observatorio de las ocupaciones (2024 : 12), la población extranjera en España a fecha del 1 de enero de 2023 era de 6.089.620 millones de residentes (12,66% de la población total española que era de 48.085.361 habitantes). Entre 2014 y 2023 ha habido dos periodos: entre 2014 hasta 2017 se mantiene una tendencia a la baja de la población extranjera, mientras que a partir del 2018 hasta la actualidad ese porcentaje ha ido creciendo.
¿Qué sabemos de las consecuencias económicas de la inmigración en otros periodos de la historia económica de nuestro país? En España se produjo una fuerte ola de crecimiento de la inmigración entre 1995 y 2008 coincidiendo con un largo periodo de crecimiento económico de la economía española. ¿Contribuyó la inmigración a ese crecimiento económico? Según la Oficina Económica del Presidente (2006), el 30% del crecimiento del PIB español de la década 1995-2005 se debió a ese proceso de inmigración, elevándose al 50% en los últimos cinco años de ese periodo. O dicho de otra manera, la renta per cápita española hubiera disminuido un 0,64% anualmente entre 1995 y 2005 sin la inmigración. ¿Cuáles fueron las razones de este efecto positivo de la inmigración sobre el crecimiento económico? Básicamente, dos: 1) el efecto positivo sobre el empleo y 2) el efecto positivo sobre la demografía. Muy brevemente, vamos a desarrollar ambos factores a continuación.

A) Inmigración y mercado de trabajo

¿Qué efectos tiene la inmigración sobre el empleo?

Según FEDEA, de los casi 1,9 millones de empleos generados entre 2019 y 2024, 1,35 millones (71,4%) corresponden a trabajadores extranjeros o con doble nacionalidad. Es decir, 3 de 4 empleos creados. Los inmigrantes han aumentado del casi 16% de los ocupados al 20,7% en ese periodo (4,8 puntos en promedio nacional) (García y Pinto, 2025 : 5). Según la evidencia empírica, en las etapas de crecimiento económico, las oportunidades de empleo de los trabajadores nativos no se ven afectadas de forma significativa por la inmigración. Por tanto, podemos concluir que la inmigración no causa desempleo. Obviamente, el efecto sobre el empleo de los trabajadores nativos dependerá del grado de complementariedad o sustitución que exista entre las cualificaciones de ambos colectivos. Para el caso español y, sobre todo, en el caso de las mujeres, siempre ha existido un alto grado de complementariedad entre los trabajadores nativos y los trabajadores inmigrantes. Por tanto, los inmigrantes no “roban” los trabajos, sino contribuyen a crear nuevo empleo neto, debido a que cubren la falta de mano de obra en algunos sectores (vacantes).

Podríamos hacernos la pregunta contraria: ¿qué efectos tiene la inmigración sobre el desempleo de los países receptores? Según De Haas (2024 : 190), “aunque de hecho sí existe una correlación entre niveles de inmigración y niveles de desempleo, esta es negativa. Ello significa que la inmigración aumenta en épocas de fuerte crecimiento y bajo desempleo, y disminuye cuando el desempleo aumenta. Si los migrantes quitaran el trabajo a otros, la relación que cabría esperar sería positiva”.

Además, no hay que olvidar que la inmigración contribuye al impulso de la demanda de bienes y servicios y, por consiguiente, por este canal vuelve a contribuir al crecimiento económico y al empleo.

¿Tiene efectos la inmigración sobre las tasas de actividad?

La inmigración tiene un doble efecto positivo:

a) un efecto directo, ya que la tasa de actividad de los inmigrantes es mayor que la de los nativos (otra cuestión es si existe una tendencia de disminución en el largo plazo) y

b) un efecto indirecto, ya que la inmigración estimula la mayor participación de los nativos en el mercado laboral (especialmente, favorece el aumento de la tasa de actividad femenina nativa por el efecto de los empleados/as del hogar).

¿Afecta la inmigración a la dispersión y el nivel salarial?

Según Carrasco (2024 : 3), “los datos de la Encuesta de Estructura Salarial (EES) revelan que tanto el salario bruto anual como el salario por hora de los inmigrantes extracomunitarios son considerablemente inferiores a los de los trabajadores españoles, con una diferencia aproximada del 30%.

No obstante, es importante señalar que las características sociodemográficas y laborales de ambos grupos son distintas, lo que influye significativamente en esta brecha salarial”. No obstante, el 94% de las diferencias salariales entre inmigrantes y trabajadores nativos se deben a las características de cada grupo (edad, nivel educativo, tipo de contrato y tipo de empleo) y solo el 6% al “efecto discriminación”. (Carrasco, Ortega y Jimeno, 2008).

Algunos estudios empíricos han concluido que existe un efecto positivo mínimo, otros un efecto negativo mínimo y otros que el efecto no es significativo. Por tanto, podemos concluir que existe una relación muy débil (mínima) entre la inmigración y los salarios, hasta el punto de resultar casi irrelevantes (De Haas, 2024 : 195). En resumen, lo que se puede afirmar es que la inmigración no es la causante del estancamiento salarial. Sin embargo, la inmigración sí que puede tener un efecto de contención (moderación salarial), sobre todo, en los sectores económicos que más absorben la inmigración. También, puede afectar los salarios de los propios inmigrantes (porque entre los inmigrantes sí que hay competencia entre ellos).

¿Qué efectos tiene la inmigración sobre la movilidad geográfica y ocupacional?

La inmigración aumenta la movilidad geográfica y ocupacional, ya que los inmigrantes se dirigen hacia lugares y sectores con mayor desajuste entre la demanda y la oferta de trabajo y a regiones con mayores tasas de creación de empleo. Reduce, por tanto, el desajuste entre vacantes y oferta de trabajo, aumenta considerablemente la flexibilidad del mercado de trabajo y contribuye a la reducción del desempleo estructural. Según el INE, existen en España unos 140.000 puestos vacantes, la mayoría de ellos en servicios. Las causas pueden ser muy diversas: la alta cualificación que provoca estrangulamientos en algún sector, la existencia de profesiones muy específicas de difícil cobertura por falta de formación, profesiones en las cuáles se ha perdido la cadena de formación (a veces, son de baja cualificación) y puestos de trabajo muy precarios y de bajos salarios.

En definitiva, la realidad es que existen puestos de trabajo vacantes (y no solo en servicios, sino en sectores como la agricultura, construcción e industria) que requieren de flujos constantes de inmigración, ya que, por diferentes causas y razones, no son cubiertos por la población nativa.

¿Sabemos algo de la relación entre la inmigración y la productividad?

La relación entre inmigración y productividad no es clara ni concluyente. Existen efectos positivos y negativos en esta relación. A corto plazo, puede tener un efecto negativo sobre la productividad del trabajo al reducir la intensidad de capital. Sin embargo, a largo plazo, puede tener un impacto positivo sobre la productividad total de los factores porque puede aportar nuevas ideas y conocimiento, que favorecen la innovación y la productividad (De Haas, 2024 :200).

Hay que tener en cuenta que los inmigrantes ocupan los puestos de menor cualificación/ productividad por dos motivos:

a) por jubilación de la población nativa por el proceso de envejecimiento y

b) por el menor interés por este tipo de empleo por parte de los trabajadores nativos.

Es decir, muchas veces no es un problema de cualificación (muchos inmigrantes están sobrecualificados para el puesto de trabajo que desempeñan), sino de los puestos de trabajo que ocupan (bajos salarios, precariedad y baja cualificación) que son los que no quiere hacer la población nativa.

B) Inmigración y demografía

El proceso de envejecimiento demográfico experimentado en los países desarrollados, sin duda, tiene efectos sobre multitud de realidades económicas. Citemos algunas de ellas (Muñoz de Bustillo, 2019 : 210-214):

a) una reducción de la población potencialmente activa que puede provocar una reducción de la capacidad de crecimiento económico;

b) una menor productividad, sociedades menos dinámicas y emprendedoras (factor que contribuye al “estado estacionario”);

c) un aumento de la esperanza de vida supondrá un aumento de la tasa de dependencia demográfica y

d) una mayor demanda de prestaciones sociales y, por consiguiente, un aumento de las necesidades de financiación del Estado de bienestar (pensiones y gastos en salud), aunque, por otro lado, la reducción de la población más joven supondrá una reducción de las necesidades educativas.

La inmigración atenúa los efectos negativos de la caída de la natalidad y el proceso de envejecimiento de la población, reduciendo la tasa de dependencia demográfica. Por ejemplo, en España el saldo migratorio es positivo (alrededor de 250.000 personas) y compensa el saldo vegetativo negativo de la pirámide demográfica española. Y ello por varias razones:

a) aumenta la población total del país de destino,

b) tiene un impacto positivo sobre la población en edad de trabajar, ya que, como media, los inmigrantes son más jóvenes que los nativos (entre los 25 y 45 años) y

c) las mujeres inmigrantes presentan una tasa de fertilidad más alta que las mujeres nativas.

Los efectos de la inmigración sobre la demografía dependen, fundamentalmente, de tres factores (Dolado y Vázquez, 2007 : 15):

a) las diferencias de edad (los inmigrantes son más jóvenes que los nativos lo que implica una mayor tasa de empleo y una mayor capacidad de cotizar),

b) las diferencias de fertilidad (la tasa de fertilidad entre la población inmigrantes es mucho mayor que la población nacional) y

c) la tasa de retorno a los países de origen.

No obstante, los flujos migratorios sólo sirven para contrarrestar muy parcialmente el envejecimiento de las poblaciones cuya fecundidad se ha situado por debajo del nivel de reemplazo.

Es decir, la inmigración – aunque puede aliviar el envejecimiento de la población-, no puede invertir la tendencia hacia una mayor longevidad ni garantizar el reemplazo generacional. La razón es que se requerirían flujos migratorios mucho más cuantiosos en el futuro para compensar este descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población, lo cual parece improbable que se confirme en el futuro. Además, los inmigrantes a largo plazo, generalmente, adoptan los hábitos demográficos de la población nativa [1].

En conclusión, y lo que parece seguro, es que en el futuro necesitaremos aumentar los flujos migratorios -si queremos mantener el nivel de desarrollo y de vida alcanzado hasta ahora-, ya que persistirán los fenómenos de baja natalidad, envejecimiento de la población, aumento de la longevidad, las dificultades de formar familias, la precariedad en el mercado laboral, los cuellos de botella en algunos sectores productivos y los puestos vacantes en muchos otros. Esa será nuestra realidad futura, por mucho que los partidos de extrema derecha instrumentalicen la inmigración para ganar rédito electoral y criminalicen a los inmigrantes de todos los males económicos, sociales y políticos que amenazan nuestras vulnerables e inciertas sociedades desarrolladas.

Bibliografía

Carrasco, R. (2024): “Algunas reflexiones sobre el fenómeno de la inmigración en España: percepción social versus efectos reales” Apuntes FEDEA 2024/26, Octubre.

Carrasco, R., Ortega, C. y Jineno, J.F. (2008): “The Effect of Inmigration on the Labor Market Performance of Native-Born Workers: Some Evidence for Spain” Journal of Population Economics, 21 (3).

De Haas, H. (2024): Los mitos de la inmigración: 22 falsos mantras sobre el tema que más nos divide. Península. Barcelona.

Dolado, J.J. y Vázquez, P. (2007): “Los efectos económicos y las políticas de la inmigración: panorámica y reflexiones” en Ensayos sobre los efectos económicos de la inmigración en España, FEDEA.

García, M.A. y Pinto, F. (2025): “Evolución de la ocupación y población activa en España 2019-2024. Detalle por comunidades autónomas” Apuntes FEDEA 2025/14, Marzo 2025.

Muñoz de Bustillo, R. (2019): Mitos y realidades del Estado de bienestar. Alianza Editorial, Madrid.

Observatorio de las ocupaciones (2024): Informe del mercado de trabajo de los extranjeros estatal. Datos 2023. Ministerio de Trabajo y Economía social. SEPE. Madrid.

Oficina Económica del Presidente (2006): Inmigración y economía española: 1996-2006. Presidencia del Gobierno, Madrid.

[1] De ahí que, para muchos analistas, las políticas pronatalistas (facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, incentivar la implicación de los varones en la crianza de los hijos, desarrollar relaciones laborales más estables, aumentar la disponibilidad de guarderías públicas, etc.) continúan siendo una necesidad en países como España, en los que las tasas de fecundidad se sitúan sustancialmente por debajo de las de muchos otros países.

Política Económica y Género

Repensar la economía desde la perspectiva feminista. Guía de buenas prácticas en la investigación y la docencia de la economía (1)

(por Yanna G. Franco –ygfranco@ucm.es-, Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política Universidad Complutense de Madrid)

1.Introducción

El estudio de la economía ha sido históricamente un terreno dominado por hombres, tanto en términos de quienes han formulado las teorías como de quienes han sido considerados en los análisis. A pesar de ello, los economistas siempre han considerado que el análisis económico era un ámbito “neutral” donde los conflictos, los sesgos y las desigualdades de género no tenían cabida. Pero ser mujer o ser hombre sí determina, y mucho, cómo se participa en la economía.

El argumento central de la economía feminista es, precisamente, que ninguna teoría o política económica es neutral en cuanto al género[1]. En las últimas décadas, ha comenzado a reconocerse la necesidad de “generizar” la economía, es decir, replantear el análisis económico para que abarque la realidad económica de toda la población y no solamente la de determinados hombres.

Esta guía pretende proporcionar algunas claves para incorporar una mirada feminista en la docencia y la investigación en el campo de la economía, para no pasar por alto las dimensiones de género de la dinámica económica y su impacto sobre la vida de las mujeres en sus diversos contextos sociales.

2.Cuestiones clave

Marianne Ferber y Julie A. Nelson (1993), subrayan la necesidad de integrar las relaciones de género en la teoría económica, destacando que las categorías económicas tradicionales son insuficientes para explicar la desigualdad de género en el trabajo, el mercado laboral y la distribución de recursos. Nelson (1996), en particular, critica la supuesta objetividad de la economía, y propone un enfoque más realista en un mundo de dependencia, tradición y poder.

Las estructuras de poder basadas en el género, a través de las cuales hombres y mujeres tienen acceso a diferentes niveles de poder económico, social y político, determinan la división sexual del trabajo. De acuerdo con este esquema, los hombres desempeñan trabajos remunerados y las mujeres, trabajos peor retribuidos en el mercado laboral y, además, los trabajos domésticos, no remunerados. El trabajo de cuidados, a menudo invisibilizado en las estadísticas tradicionales, es indispensable para el crecimiento económico y el desarrollo social.

Como señala Nancy Folbre (2001), el trabajo no remunerado realizado en los hogares es esencial para el bienestar de la sociedad y debe ser reconocido y valorado en las mediciones económicas. Sin embargo, las teorías económicas dominantes ignoran sistemáticamente el cuidado de las personas, la limpieza, la preparación de alimentos, la gestión del hogar y todos estos trabajos habitualmente no retribuidos o mal retribuidos, que son indispensables para la reproducción social y el funcionamiento de la economía.

El impacto de género de las políticas macroeconómicas también es un tema clave en el análisis feminista de la economía. Tanto la macroeconomía ortodoxa como la heterodoxa (la escuela postkeynesiana, la marxista o la institucionalista), a pesar de sus diferencias metodológicas y enfoques, han mostrado una resistencia común a adoptar el género como herramienta analítica. Asumen erróneamente que la mayoría de los agregados económicos y las políticas macroeconómicas son neutrales en cuanto al género. En la mayoría de los análisis macroeconómicos existentes, el género no se reconoce como una parte integral de los procesos y políticas económicas, sino más bien como una variable marginal y externa al sistema económico. La macroeconomía feminista considera que el producto agregado y su distribución son una función de las elecciones sociales explícitas e implícitas, donde las relaciones de género desempeñan un papel extremadamente importante.

Las políticas de austeridad, los recortes en servicios públicos y las reformas fiscales suelen afectar de manera desproporcionada a las mujeres, quienes dependen más de los servicios públicos y suelen estar sobrerrepresentadas en sectores laborales precarios.

Como demuestra, entre otras, Diane Elson (2006), los presupuestos nacionales y las políticas económicas deben revisarse con una perspectiva de género, para asegurarse de que beneficien a toda la población, y no solo a una parte. La feminización de la pobreza es un fenómeno que ha sido analizado por feministas como Nancy Folbre y Lourdes Benería (2003), quienes destacan cómo los sistemas de protección social a menudo fallan en cubrir las necesidades de las mujeres.

Es preciso entender, además, que la variable género no opera de manera aislada, sino que interactúa con la clase, la racialización, el origen geográfico y otros factores que moldean la personalidad social y los resultados económicos de las personas. Kimberlé Crenshaw (1989) acuñó el término interseccionalidad, y demostró cómo las mujeres racializadas enfrentan múltiples capas superpuestas de discriminación, que afectan su posición en el mercado laboral y su acceso a los recursos económicos. Por otro lado, Heidi Hartmann (1981) ha destacado la relación entre el género, la clase y la familia en la economía, demostrando cómo las dinámicas de división del trabajo dentro de los hogares refuerzan las desigualdades económicas y políticas, lo cual afecta tanto a las mujeres como a los hombres, pero de manera desproporcionada a las mujeres.

La crisis climática es otro desafío económico que debe abordarse incorporando una perspectiva feminista. El ecofeminismo, junto con la economía ecológica, propone una reorientación del desarrollo económico hacia la sostenibilidad ambiental y la justicia social, priorizando el bienestar de las personas en el planeta. Autoras como Vandana Shiva (2016) han vinculado la explotación de los recursos naturales con la explotación de las mujeres, argumentando que ambas son producto de la lógica capitalista que valora la acumulación de capital por encima de la sostenibilidad de la vida.

La financiarización de la economía, impulsada por la lógica del mercado y la acumulación de capital, ha exacerbado las desigualdades de género y profundizado las crisis ecológicas. Esta dinámica ha intensificado la explotación de mujeres, comunidades indígenas y del mundo natural, como muestran las contribuciones de Maria Mies (1998). Al priorizar la rentabilidad financiera a corto plazo, la financiarización ha desvalorizado los trabajos de cuidado y reproducción social, históricamente feminizados, y ha acelerado la extracción de recursos naturales en el Sur global, perpetuando relaciones de poder coloniales. Naila Kabeer (1994), desde una perspectiva decolonial, ha subrayado cómo estas dinámicas económicas han restringido las opciones de vida de las mujeres y han limitado su capacidad para transformar sus propias realidades. Es imperativo que el Estado asuma un papel activo en la regulación de los mercados financieros y en la promoción de políticas que prioricen el cuidado, la sostenibilidad y la justicia social. La igualdad de género no es solamente una cuestión de justicia social, sino una condición necesaria para el desarrollo económico, como señala Amartya Sen (1999).

Sus estudios sobre el desarrollo humano ofrecen una herramienta valiosa para integrar el análisis feminista en las políticas públicas, midiendo el bienestar, el buen vivir, no solo por el crecimiento económico, sino por el acceso equitativo a oportunidades y recursos. El enfoque de la economía feminista interseccional critica la visión reduccionista del desarrollo económico, especialmente en el contexto del Sur Global. Silvia Federici (2004) ha demostrado cómo el capitalismo global se sustenta en la expropiación del trabajo reproductivo y de los recursos naturales del Sur. Las mujeres, particularmente en el Sur Global, son explotadas en las cadenas globales de valor, trabajando en condiciones precarias, tanto en sectores industriales como en el trabajo de cuidados transnacional.

Es necesario reorientar el análisis económico para centrarse en la sostenibilidad de la vida, en lugar del crecimiento económico ilimitado. Amaia Pérez-Orozco (2014) enfatiza el conflicto entre el capital y la vida, señalando que el bienestar y el cuidado de las personas y el medio ambiente deben ser priorizados sobre la producción y la acumulación.

3. Ejemplos de buenas prácticas en la docencia en economía

• Cuestionar desde un planteamiento crítico los supuestos subyacentes a los modelos económicos tradicionales. ¿Qué visiones de la realidad asumen? ¿Qué valores promueven?
• Incorporar diferentes perspectivas teóricas. Más allá de la síntesis neoclásica, explorar perspectivas alternativas como la economía ecológica y la economía feminista para obtener una visión más integral y crítica de los procesos económicos.
• Analizar críticamente los datos económicos cuestionando su representatividad y las categorías utilizadas.
• Visibilizar las aportaciones de las economistas feministas proporcionando lecturas de autoras feministas como material docente.
• Incorporar contenidos feministas en todas las asignaturas y en todos los temas, no limitar la perspectiva de género a cursos específicos, sino integrarla en todas las áreas y problemas de la economía.
• Promover el aprendizaje activo a través de metodologías participativas: fomentar debates, grupos de trabajo y proyectos de investigación que aborden temas relacionados con la incorporación de la perspectiva de género en la economía.
• Elaborar infografías, vídeos, artículos, manuales y otros materiales didácticos que tengan en consideración la perspectiva de género en los problemas económicos, y que recojan datos desagregados por género, estudios de caso y ejemplos reales que ilustren las desigualdades de género.
• Emplear criterios de evaluación que promuevan el pensamiento crítico y la reflexión sobre la perspectiva de género en la economía, fundamental para fomentar un aprendizaje significativo y transformador.

4. Ejemplos de buenas prácticas en la investigación en economía

• Incorporar la sostenibilidad de la vida como centro del análisis económico. Más allá del crecimiento económico, es fundamental analizar cómo las actividades económicas impactan en el medio ambiente y en las comunidades, priorizando el bienestar humano a largo plazo y la equidad intergeneracional.
• Visibilizar y valorar el trabajo no remunerado en las estadísticas económicas. Es necesario reconocer y cuantificar el trabajo de cuidados, doméstico y comunitario, históricamente realizado por mujeres, para comprender su contribución a la economía y diseñar políticas públicas más justas.
• Considerar y medir la persistente brecha salarial de género. Estudiar sus causas y sus efectos sobre la vida de las mujeres y evaluar el impacto de las políticas públicas redistributivas en su mitigación.
• Analizar el mercado laboral desde una perspectiva interseccional. Considerar cómo la clase social, la racialización y otras identidades confluyen con el género para generar múltiples formas de discriminación y desigualdad en el mercado laboral.
• Reevaluar el papel de los hogares en la economía. Reconocer el hogar como un espacio de producción y reproducción económicas, y analizar cómo las dinámicas de género dentro del hogar afectan las trayectorias laborales y las oportunidades de las mujeres.
• Criticar el enfoque del desarrollo desde una perspectiva feminista y del Sur Global. Descolonizar el conocimiento económico y cuestionar los modelos de desarrollo impuestos desde el Norte Global que han invisibilizado las experiencias y necesidades de las mujeres en el Sur.
• Incorporar el ecofeminismo en el análisis económico. Analizar las interconexiones entre la explotación de los recursos naturales, la opresión de las mujeres y las desigualdades sociales, y promover una economía más sostenible y equitativa.
• Medir la pobreza y la desigualdad desde una perspectiva feminista. Desarrollar indicadores que capturen las múltiples dimensiones de la pobreza y la desigualdad que afectan a las mujeres, como el acceso a servicios básicos, la seguridad alimentaria y la violencia de género.
• Incorporar a los marcos teóricos las obras de mujeres economistas que han realizado aportaciones significativas a la disciplina. Recuperar el legado de las economistas feministas y reconocer su papel en la construcción de un conocimiento económico más justo y equitativo.
• Combinar enfoques metodológicos cuantitativos y cualitativos para obtener una visión más completa de las realidades económicas de las mujeres, más allá de, simplemente, “añadir mujeres y remover”. Las metodologías deben capturar tanto las experiencias subjetivas de bienestar como las desigualdades estructurales basadas en género, racialización y clase.
• Promover redes de colaboración interdisciplinar. Constituir equipos de investigación integrados por economistas, sociólogas, juristas, politólogas y especialistas de otras disciplinas para abordar la complejidad de las desigualdades de género.
• Realizar debates, congresos, ponencias, mesas redondas, etc. con participación de mujeres, y no participar en equipos de investigación ni en actos de difusión de resultados en los que solamente hablen hombres.

Bibliografía:

Benería, Lourdes (2003). Gender, Development, and Globalization: Economics as if All People Mattered. London: Routledge.

Crenshaw, Kimberle W. (1989). “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Cri- tique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics”. University of Chicago Legal Forum: Vol. 1989: Iss. 1, Article 8

Elson, Diana (2006). Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW. New York: United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).

Federici, Silvia (2004). Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation.Autonomedia

Ferber, Marianne. A., & Nelson, Julie A. (Eds.). (1993). Beyond Economic Man: Feminist Theory and Economics. Chicago, Il: University of Chicago Press.

Folbre, Nancy (2001). The Invisible Heart: Economics and Family Values. New York: New York University Press.

Hartmann, Heidi (1981). “The Family as the Locus of Gender, Class, and Political Struggle: The Example of Housework”. Signs: Journal of Women in Culture and Society 6(3), 366-394

Kabeer, Naila (1994). Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought. Verso Books

Mies, Maria (1998). Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour. Palgrave McMillan.

Nelson, Julie A. (1996). Feminism, Objectivity, and Economics. London: Routledge.

Pérez Orozco, Amaia (2014). Subversión feminista de la economía: Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de sueños.

Sen, Amartya (1999). Development as Freedom. New York: Knopf.

Terkoğlu, Özge İzdeş; İlkkaracan, İpek; Memiş, Emel and Yücel, Yelda (2017). The UN Women Gender and Economics Training Manual. New York: UN Women.

[1] Elaborado para la Cátedra Extraordinaria de Valores Democráticos y Género, el Instituto de las Mujeres y el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid.