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XVI Jornadas Internacionales de Política Económica. “Decisiones de Política Económica en momentos de incertidumbre”. La Laguna (Tenerife), 25-26 de Mayo de 2023. (avance informativo)

Organiza: Universidad de La Laguna

La XVI Jornada Internacional de Política Económica tratarán de realizar aportaciones en una etapa en la que la incertidumbre rodea las decisiones que deben afrontar los responsables de la política económica en los próximos años. El interés de las jornadas se orienta hacia el estudio de las diversas políticas instrumentales, las políticas económicas sectoriales y los nuevos objetivos que van surgiendo a partir de los problemas que el contexto cambiante internacional está marcando. Asimismo, serán de interés los aspectos relacionados con la docencia en esta disciplina.

V Taller Internacional de Política Económica “Los agentes de la política económica en momentos críticos”. Valladolid, 27 de Mayo de 2022 (resultados)

Organiza: Unidad Docente de Política Económica. Departamento de Economía Aplicada.

Universidad de Valladolid

El pasado 27 de mayo, se celebró, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid, el V Taller Internacional de Política Económica. Fue organizado por la sección de Política Económica del Departamento de Economía Aplicada con la intención de reunir en este foro de encuentro a los que se dedican a la docencia, la investigación y la práctica de la política económica. Las decisiones que adoptan (o no) los agentes de política económica en momentos críticos ha sido el título que ha aglutinado las diferentes intervenciones que se presentaron en este V Taller.

El Taller fue inaugurado por el Rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, y contó con las intervenciones de la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, María del Valle Santos Álvarez, y del Presidente del Comité Científico y Organizador, Josefa Eugenia Fernández Arufe, Catedrática de Política Económica y Profesora Emérita Vitalicia de la Universidad de Valladolid.

A continuación, tuvo lugar la conferencia «Una propuesta de política económica para el siglo XXI», que corrió a cargo de Antonio Sánchez Andrés, Profesor Titular de Política Económica de la Universidad de Valencia y Director del equipo editorial de la Revista Internacional de Política Económica. Le presentó Milagros García Crespo, Catedrática de Política Económica y Profesora Emérita de la Universidad del País Vasco.

Finalmente, se expusieron, en formato presencial y online, las 18 comunicaciones recibidas en cuya elaboración participaron más de 30 investigadores y docentes de siete países diferentes (Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Irak, Panamá y Paraguay), todas ellas relacionadas con el tema que acoge el Taller. Para su presentación se organizaron tres mesas diferentes:

Mesa 1. Desigualdad económica y social. Moderada por Jesús María Gómez García Profesor Titular de Política Económica. Universidad de Valladolid.

Mesa 2.  Proyección de influencias y ámbitos de decisión. Moderada por Juan José Juste Carrión. Profesor Contratado Doctor de Política Económica. Universidad de Valladolid.

Mesa 3.  Agentes de política económica: Perspectiva internacional. Moderada por Belén Miranda Escolar. Profesora Titular de Política Económica. Universidad de Valladolid.

El Taller tuvo una gran difusión internacional.

Encuentro de Política Económica “Nuevos escenarios para la política económica en la etapa post-Covid”. Málaga, 2 de junio de 2022 (resultados)

Organiza: Unidad Docente de Política Económica. Departamento de Economía Aplicada.

Universidad de Valladolid

El pasado 2 de junio se reunió en Málaga un nutrido grupo de compañeros y amigos del profesor José E. Villena para rendirle un homenaje con motivo de su reciente jubilación. El Encuentro fue aprovechado para darle un contenido académico y reflexionar sobre los nuevos escenarios que se abren para la política económica tras la pandemia.

El profesor Tomás Mancha, catedrático de la Universidad de Alcalá, disertó sobre la necesidad de un cambio de paradigma en el que habría de adquirir un especial protagonismo la búsqueda de una mayor equidad, dado los problemas de desigualdad que, aunque se venían detectando desde hace algún tiempo, se han agudizado como consecuencia de la pandemia.  

Por su parte, el profesor Juan Ramón Cuadrado, catedrático emérito de la Universidad de Alcalá, se refirió a los cambios en el PIB potencial que ha experimentado la economía española y, en particular, a lo ocurrido durante la gran recesión y en los años de la pandemia. En este sentido, argumentó que la caída en las fases recesivas del PIB potencial conlleva modificaciones en la tasa de paro no aceleradora de inflación, lo que, en última instancia, condiciona el margen de actuación de la política económica.

Finalmente, el profesor Juan Hernández, de la Universidad de Jaén, que se ha especializado en el análisis de la financiación de la universidad, expuso, sobre la base de una información muy completa, los problemas que enfrentan las universidades españolas, en general, y las andaluzas, en particular. El hecho de que se haya fomentado un modelo que garantiza el acceso de los estudiantes a los estudios universitarios en un lugar próximo a su residencia ha tenido, a su juicio, ventajas, aunque, al mismo tiempo, plantea problemas de sostenibilidad financiera que no son fáciles de resolver.

El acto acabó con una emotiva intervención del profesor Villena en el que repasó algunas de sus vivencias durante los más de cuarenta años que estuvo dedicado al Departamento de Política Económica de la Universidad de Málaga. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga es una de las más antiguas de España y, asimismo, su Departamento de Política Económica posee una larga tradición. En él, además de su reconocida labor docente, se han producido hitos destacables en el ámbito de la investigación y de la transferencia de conocimiento. Pues bien, el profesor Villena ha tenido un papel fundamental en la consolidación y desarrollo del mencionado Departamento.

A veces, las palabras se desgastan de tanto utilizarlas y pierden su significación cuando no son utilizadas adecuadamente. No obstante, todos los que hemos tenido la fortuna de conocer al profesor Villena sabemos que es un excelente profesor universitario y que la trascendencia que ha tenido su trabajo y su dedicación difícilmente se puede exagerar.

Seminarios de Política Económica (resultados)

(Organizados en de la Universidad de Valencia durante el curso académico 2021-22)

2022

• «Políticas económicas para sociedades longevas» por Isabel Pardo. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (21 de junio de 2022)
• «Las políticas de desarrollo y América Latina. Una visión actual» por Francisco Alburquerque. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (13 de mayo de 2022).
• «¿Es posible una política de rentas en España en el contexto del conflicto ucraniano?» por Carlos Ochando. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (4 de mayo de 2022)
• «Transiciones a una sociedad post-carbono: lecciones de la economía política» por Peadar Kirby. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (3 de mayo de 2022).
• «Economía Política para el Derecho del Trabajo» por Manuel Branco. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (28 de abril de 2022).
• «El nuevo paquete de medidas urgentes de política económica del gobierno: una valoración previa» por Margarita Rohr y Ángel Soler. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (13 de abril de 2022)
• «La atención a la dependencia: ¿soluciones políticas o económicas?» por Mary Martínez. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (4 de abril de 2022).
• «El cambio demográfico: mitos y realidades» por Mª Dolores Puga. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (4 de abril de 2022).
• «Políticas de empleo de la UE: la concreción en el ámbito local» por Javier González. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (24 de marzo de 2022).
• «Estructuras y políticas para la transformación socioeconómica a escala territorial: la Ribera del Xúquer» por Gema March. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (10 de marzo de 2022).
• «Política económica internacional y energética. El conflicto en Ucrania» por Antonio Sánchez. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (9 de marzo de 2022)
• “Política de infraestructuras marítimas y competitividad” por Julián Martínez Moya. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (23 de febrero de 2022).
• “Sostenibilidad en Política Ambiental del Tratamiento de Residuos. El caso de València y su Área Metropolitana” por José Mª Marugan. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (27 de enero de 2022).
• «El principio de «no dejar a nadie atrás»: medición y políticas pre-in-post mercado» por Salvador Pérez. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (13 de enero de 2022).
• «La Ayuda al Desarrollo como mecanismo de influencia en la U.E.» por Iliana Olivié. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (11 de enero de 2022).

2021

• «Dos casos prácticos de docencia en política económica: la política laboral y la de vivienda» por Ferran Elias. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (21 de diciembre de 2021).
• Presentación de la edición de 2021 de la Guía laboral de la economía social de la comunitat valenciana por José Luis Monzón, Ángel Soler e Isidro Antuñano. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (1 de diciembre de 2021).
• «Políticas públicas: lecciones de las ciencias del comportamiento» por Enrique Fatás. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (30 de noviembre de 2021).
• Encuentro de Política Económica: «Política Económica en el ámbito internacional y estudios de caso por países». Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (18 de noviembre de 2021).
• «El sistema tributario local» por Jordi Vila. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (3 de noviembre de 2021).
• «Sistema político, política y política económica» por Luz Dary Ramírez. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (3 de noviembre de 2021).
• «Biden desde Europa: el necesario cambio de paradigma en la política económica» por Jorge Uxó. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (27 de octubre de 2021).
• «Las edades del welfare, ¿retorno a la prehistoria del Estado Social?» por Luis Moreno Fernández. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (15 de octubre de 2021).

XLVII Reunión de Estudios Regionales y XIII Congreso de la AACR <Desafíos, políticas y gobernanza de los territorios en la era post-covid>, Granada, días 19, 20 y 21 de octubre de 2022 (presencial y on-line).

Organiza: Instituto Universitario de Investigación de Desarrollo Regional (IDR) de la Universidad de Granada y el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea. Las Asociaciones Española y Andaluza de Ciencia Regional (AECR y AACR, respectivamente), tienen el placer de invitaros a participar en la XLVII Reunión de Estudios Regionales y en el XIII Congreso de la AACR.

Para esta XLVII edición hemos elegido el lema: “Desafíos, políticas y gobernanza de los territorios en la era post-covid”. Con este lema, pretendemos poner el foco en el análisis de los grandes desafíos territoriales que debemos enfrentar tras esta pandemia, así como en las acciones y la necesidad de coordinación de los actores que instrumentan las políticas. Esta pandemia ha puesto de manifiesto problemas que afectan a los territorios de forma desigual, aumentando las asimetrías en las dotaciones factoriales; aumentando la destrucción de empleo y del tejido productivo, especialmente en los ámbitos más periféricos; generando una mayor presión migratoria; fortaleciendo los procesos de concentración urbana; así como una serie de problemas que han afectado a los ámbitos: ambiental, social y económico.

Desde la instrumentación de las políticas territoriales, la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas para el desarrollo de acciones estratégicas como la implementación de los Fondos Next-Generation-EU, es un reto importante y que, desde la perspectiva académica, exige una evaluación de dicho proceso de implantación. De forma complementaria, la necesidad de dotar a los territorios de oportunidades de desarrollo, conlleva reducir el gap regional y visualizar el papel de las instituciones en la implementación de esta estrategia, donde las políticas del lugar deben de erigirse como piedra angular, garantizando al mismo tiempo los elementos diferenciales de unas y otras, que permitan aprovechar las potencialidades de cada territorio. Para ello, la XLVII Reunión de Estudios Regionales se marca como objetivo aportar un debate amplio, sensato y constructivo sobre los distintos temas que forman parte del ámbito regional y local.

 Fechas importantes:

• Llamada a los resúmenes: 15 de marzo.
• Presentación de resúmenes ampliados: 15 de junio.
• Aceptación de resúmenes ampliados-comunicaciones: 30 de junio.
• Pago ordinario: finaliza el 10 de julio.
• Fechas del congreso: 19-21 de octubre.

Más información: https://reunionesdeestudiosregionales.org/granada2022/

XVII Simposio ruso-españo <Rusia y España en el orden mundial cambiante>. Moscú, 15-16 de Septiembre del año 2022 (on-line; idioma de trabajo: español)

A partir de los finales de febrero de 2022 van produciendo cambios sustanciales geopolíticos y geoeconómicos. En este contexto se han movilizado recursos excepcionales (informativos, políticos, económicos y financieros). La aplicación de la política de sanciones afecta al mercado y a la agenda mundiales.

El simposio abordará estas consecuencias y sus implicaciones en el marco de la política económica internacional. Se trata de unas nuevas líneas de escisión entre el Oriente y el Occidente, entre el Sur y el Norte.

A los participantes del simposio se les invita a considerar los factores internos y externos que influyen en el posicionamiento de Rusia y España en el sistema de relaciones internacionales en un orden mundial cambiante.

En el transcurso del Simposio está previsto hablar sobre los temas más relevantes, tales como:

• el desarrollo político y social de ambos países;
• las peculiaridades de la política económica tanto de España y Rusia, como la internacional;
• la seguridad internacional en el sentido amplio del término;
• las posibles dificultades hacia el cumplimiento de la Agenda 2030.

Inscripción está abierta hasta el 1 de agosto vía formulario google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEOkbXjmhpto64TqUzDDGQneDp54eEqmG2Od-LM2Whlqec4g/viewform?usp=sf_link

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.

Reciente se ha distribuido documentos del FMI sobre distorsiones comerciales internacionales, que se ha complementado con un documento más específicos sobre las anomalías en términos de comercio de alimentos. También destaca un análisis de los efectos de las sanciones a Rusia impuestos por parte de las economías europeas. Asimismo, destaca una actualización de la reflexión realizada por el profesor Rodrik sobre la hiperglobalización, así como un breve estudios sobre las relaciones comerciales EE.UU.-China.

La docencia de la Política Económica en inglés

(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia)

En números anteriores de Noticias de Política Económica se ha publicado una serie de artículos sobre los manuales de Política Económica que se utilizan en otros países, como Italia (nº.23), Francia(nº.24), Rusia (nº.25) y Alemania (nº.27). Quedaba pendiente, entre otros aspectos, poner de manifiesto los manuales editados en el mundo anglosajón, en particular en el Reino Unido y en Estados Unidos. Sin embargo, la tradición académica al respecto en esos países es distinta a la de Europa continental y, más que abordar ahora esa ardua tarea, que se aplaza hacia más adelante, este trabajo concentrará la atención en un aspecto relacionado, pero más práctico. En concreto, como se está consolidando en España la impartición de las distintas asignaturas en inglés, entre otro en el grado de Economía, en el caso de la Política Económica aparece el reto de ofrecer un soporte a esta actividad docente con manuales o libros de texto en ese idioma. Con la intención de abrir el debate, en este trabajo se presentarán algunas opciones para poder apoyar la docencia en inglés de la troncalidad de la Política Económica.

La troncalidad de la Política Económica se puede dividir, en términos prácticos y según la estructura actual de los planes de estudios, en tres segmentos: en primer lugar, el concepto y la formación de la política económica, en segundo lugar, las políticas coyunturales y, en tercer lugar, las políticas estructurales. A continuación, se explicitarán los contenidos de cada parte. y se les asociarán, en concreto, unos manuales de referencia y, en su caso, se complementarán esos libros con una bibliografía adicional, pero que puede adquirir el rango de libros de texto. Queda fuera de las pretensiones de este trabajo apuntar una bibliografía detallada consistente en explicitar artículos o capítulos aislados de libros.

En los contenidos del primer segmento de la troncalidad, el concepto se refiere a la definición de la política económica, que se perfilará con su estructuración (configuración de la agenda gubernamental, diseño, aplicación y evaluación de las políticas económica), y su formación (en la que se explica la estructura institucional marco donde se gestan las políticas económicas, los agentes formales que la impulsan –electorado, partidos políticos, …- y también los informales -grupos de presión, bien internos, bien externos, estos últimos derivados del proceso de internacionalización de las economías). En general, para apoyar la explicación de esta asignatura se podrían utilizar manuales editados para políticas públicas. Por ejemplo, dos manuales interesantes podrían ser el de Birkland o el de Smith. Sin embargo, como el público al que van dirigidos son estudiantes de Ciencias Políticas, deberían complementarse con algún material complementario con sesgo más económico. A este respecto, se podría utilizar el manual encabezado por Bénassy-Quéré. En particular, con partes de este último manual se podrían preparar los temas relacionados con el concepto de la política económica, así como parte de su estructuración. En su caso, también se podría utilizar parte del manual del Core Team. En concreto, este manual brinda un material útil respecto a aspectos relacionados con el concepto de la política económica (por ejemplo, apartados del capítulo 12 abordan el papel del Estado o el capítulo 11 se orienta según la explicación de la hipótesis de los fallos del mercado); el capítulo 3 puede ser útil para orientar el estudio en aspectos de la estructuración de la política económica (discusión sobre eficiencia y justicia, alusiones al diseño y apuntes sobre la ejecución y la evaluación). También este libro puede utilizarse para prepararse el tema del marco institucional de la política económica, en concreto utilizando los capítulos 1 y 4, donde se recogen discusiones sobre democracia, instituciones, variedades de capitalismo, crecimiento y distribución de la renta y la riqueza. En su caso también podría utilizarse parcialmente el manual de Stiglitz. En concreto, para aproximarse al concepto de política económica se podrían utilizar los capítulos 1, 2, 3 y 5 (que aluden al papel del Estado y a los fallos del mercado). También puede ser útil para cubrir aspectos de la ejecución y la evaluación de las políticas económicas utilizando el capítulo 10. Sobre estructura institucional del Estado, en particular, las cuestiones del gobierno multinivel explicada a través de la descentralización de impuestos, aparece tratadas en los temas 22 y 23. De manera puntual, se podrían utilizar los libros de Acocella para preparar el tema de concepto de la política económica (en especial con el capítulo 1) y el de Rodrik para profundizar en los agentes informales (en concreto a través del capítulo 7).

El segmento docente relacionado con políticas económicas coyunturales agrupa a los objetivos a largo y corto plazo (en su caso a la gestión de los ciclos económicos) y a las conocidas como políticas instrumentales, en particular la presupuestaria (que se puede descomponer en ingresos y gastos públicos, junto con alusiones a las relaciones entre ambas magnitudes, es decir, el déficit público y, en su caso, al endeudamiento del Estado) y la monetaria, pudiendo incorporarse aspectos de política financiera (macroprudencial), de sector exterior y, a veces, de rentas. Para la preparación de esta parte de la troncalidad de la Política Económica se podría remitir de forma relativamente aceptable al manual de Bénassy-Quéré. Algunos huecos en contenidos de este manual se podrían cubrir con el Core Team, como por ejemplo aspectos de distribución de la renta (epígrafes 12-14 del capítulo 12), de empleo (capítulo 8) y políticas macroprudenciales (capítulos 9 y 10). También podría utilizarse el manual de Stiglitz, como los capítulos 13 al 15 para preparar aspectos del objetivo de redistribución de la renta o los capítulos 10, 17, 18 (para política fiscal) y 24 (para el déficit y el endeudamiento). También vale la pena subrayar que del libro de Rodrik se podría utilizar el capítulo 5 para configurarse una idea del objetivo de crecimiento económico.

La última parte de la troncalidad correspondería a las políticas estructurales. En esta se estudiarían las políticas sectoriales (agraria, industrial y servicios) y las intersectoriales u horizontales (I+D+i, laboral, microprudencial, regulaciones, competencia, infraestructuras y medioambiental -entre las más importantes, que configurarían un núcleo relevante de este tipo de intervenciones públicas-). Esta parte del temario presenta problemas para conseguir un manual sistemático de referencia en inglés para preparar la asignatura. El motivo se debe a la fragmentación y aislamiento de unas políticas respecto a otras. Esta situación se explica porque a partir de la segunda mitad del siglo XX hubo una concentración en la atención docente en la perspectiva agregada, al calor del dominio del enfoque keynesiano (más bien síntesis neoclásica), y porque estas políticas se han estudiado aisladas unas de las otras, debido a que no han dispuesto de un enfoque integrador, como lo constituyó la IS-LM para las políticas macroeconómicas. Como manuales se podrían combinar el de Stiglitz y el del Core Team. Del primero serían útiles sus capítulos 6 (políticas de regulación y sobre aspectos medioambientales), 10 y 11 (sobre gastos públicos). Del segundo manual, se podrían utilizar sus capítulos 8 (política de empleo), 9, 10 (estos dos últimos iluminan aspectos sobre políticas financieras) y el 12 (cuyos epígrafes 4 al 6 analizan cuestiones relativas a política de competencia). Ambos manuales dejarían sin cubrir los temas de políticas sectoriales, pero podría remitirse a los estudiantes al libro de Rodrik (capítulo 4, con referencias a políticas industrialistas y de I+D+i), así como al de Mazzucato (este no sólo por sus propuestas de políticas industrialista alternativas, sino porque vierte luz sobre las tradicionales, a las que critica).

Como se ha apuntado más arriba, este trabajo pretende poner de manifiesto algunos manuales y libros de texto que pueden ser utilizados en la enseñanza de la disciplina de la Política Económica en lengua inglesa, que se está llevando a cabo en las universidades españolas. Sin embargo, se reconoce que puede tener lagunas bibliográficas, motivo por el que una pretensión no menos importante de este artículo es la de iniciar un debate que permita revelar otras referencias bibliográficas que puedan ser utilizadas en este esfuerzo didáctico. Así pues, este artículo aspira a movilizar a los colegas implicados en este tipo de docencia, y no solo a ellos, en compartir bibliografía al respecto que pueda ser de utilidad en el enriquecimiento de esta línea docente.

Bibliografía

Acocella, Nicola (2018): Rediscovering Economic Policy as a Discipline. Cambridge UP, Cambridge

Bénassy-Quéré, Agnès; Coeuré, Benoît; Jacquet, Pierre y Pisani-Ferry, Jean ((2019): Economic Policy. Theory and Practice. Oxford UP, New York (2 edition)

Birkland, Thomas A. (2019): A introduction to the Policy Process. Routledge. New York-London (5 edition)

Core Team (2019): Economy, Society and Public Policy. Oxford UP, Oxford

Mazzucato, Mariana (2021): Mission Economy. A Moonshot Guide to Changing Capitalism. Penguin Random House

Rodrik (2007): One Economics, Many Recipes. Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton UP, Princeton

Smith, Kevin B. y Larimer, Christopher W. (2017): The Public Policy Theory Primer. Westview Press, Boulder

Stiglitz, Joseph E. y Rosengrad, Jay K. (2015): Economics of Public Sector. W.W. Norton Company, New York.

Políticas económica coyunturales

Política económica e inflación: bancos centrales, política pública y gestión empresarial de los precios

(por Gumersindo Ruiz, catedrático “ad honorem” Universidad de Málaga, consejero de Euroval, y Clara Ruiz Castañer, abogada, experta y consultora en ODS, ESG y finanzas)

Se trata de situar desde un enfoque de Política Económica la inflación actual, y para ello analizamos el papel de los bancos centrales mediante la nueva política monetaria seguida de bajos tipos, compra de deuda, y guías que forman expectativas para los agentes en el mercado de capitales; el de los gobiernos con las políticas fiscales e impulso a la producción de energía alternativa, así como en el control de las expectativas de precios y salarios; y las propias empresas, que se enfrentan a una situación para muchos directivos inédita de inflación y problemas de suministro. Los tres actores se interrelacionan en un ámbito donde la efectividad de la política económica puede analizarse según el pensamiento convencional, pero con rasgos actuales claramente distintivos, y presenta retos nuevos para bancos, gobiernos, y empresas. Por otra parte, la política económica se enfrenta a tres escenarios: la propia inflación; las consecuencias para el crecimiento de las políticas antiinflacionistas; y la incertidumbre que generan las decisiones puramente políticas: sanciones, bloqueos, gasto militar, disrupción de la producción y el transporte. Si cruzamos los tres actores y los tres escenarios, se crea un apasionante marco de análisis para la Política Económica en una nueva crisis.

1. Cómo hemos llegado a esta situación

La primera cuestión relevante es cómo hemos llegado a esta situación. Los datos más recientes muestran incrementos anuales de los precios al consumo en Estados Unidos, y la Eurozona, en el entorno del 8%; son excepcionales los países con tasas inferiores al 5%. Para el área del euro los precios se han mantenido en el entorno del 2% -objetivo del Banco Central Europeo (BCE)- durante más de veinte años. Incluso, tras alguna subida puntual, después de la Gran Crisis financiera e inmobiliaria se entra en un período de deflación con una economía en bajo crecimiento, que lleva al BCE -siguiendo la pauta de otros bancos centrales- a fijar en cero el tipo de interés y cobrar hasta un 0,5 por los depósitos en el Banco. Además, emprende un programa de compras de deuda pública y privada que desde el millón de millones que era la norma antes de la Gran Crisis, superan hoy los 8,6 millones de millones de euros. La pandemia y la guerra han llevado también a apoyos públicos enormes para mantener la demanda de consumo, la actividad empresarial y el empleo.

Sin embargo, la competencia en la economía internacional, globalización de los intercambios, economías de escala y eficiencia, formación de precios bajos en el comercio on line, y oferta y demanda de la energía que revertían a un equilibrio, hacían pensar que pese a las políticas monetaria y fiscal expansiva, los precios se mantendrían estables. Esta situación se quiebra por los impactos externos en la cadena de suministros, caída de producción, y colapso del transporte, debido a la pandemia; y a la que luego contribuye especialmente la drástica respuesta de China con cierre de centros de producción y ciudades enteras, y la guerra, que incide directamente en la tendencia al alza de los precios de la energía y materias primas. Nos encontramos, pues, en una situación peculiar en que hay una disrupción de algunas actividades productivas y escasez de energía y materias primas, y, sin embargo, aunque con debilidades se ha mantenido la capacidad de funcionamiento de la empresa, el empleo, y la demanda de consumo, lo que da lugar lógicamente a subidas en los precios.

Desde una perspectiva de análisis y políticas económicas, en los años 60 se consolida la teoría de que la cantidad de dinero en circulación permitía un proceso inflacionista, y con suficiente liquidez, las expectativas que generaba una subida puntual de precios podía llevar a un fenómeno de inflación sostenido en tiempo. Los incrementos de precios de la oferta energética en los años 70 introdujeron un elemento nuevo, independiente de factores monetarios, pero en los años 80 el consenso académico señalaba la oferta monetaria como la variable a seguir. Aunque los efectos inflacionistas habrían de darse a través de la expansión del crédito, la transmisión mediante el mecanismo bancario no se formalizaba en los modelos de oferta y demanda monetaria. No obstante, en los años 1990 el tipo de interés se consideró la herramienta a utilizar para estabilizar la economía ante desviaciones en cualquier sentido de los precios (y el crecimiento y el empleo). En los años 2000 estas teorías no tenían capacidad predictiva que permitiera mediante relaciones causa y efecto bien establecidas, anticipar movimientos inflacionistas, de aquí que la expansión del crédito ya fuera para actividades productivas o puramente financieras, no se consideró un elemento desestabilizador, hasta la Gran Crisis de 2007, y aun así se identificó con una inflación de activos, no de precios al consumo. En años recientes se ha confiado en que aumentos de precios al consumo fueran fenómenos temporales, al estar las expectativas de inflación “ancladas”, esto es, la estabilidad estaba garantizada por los bancos centrales, que desde la Gran Crisis tratan los precios como una constante, y de manera prácticamente continua han tomado más en cuenta el objetivo de crecimiento y empleo, y con ello, mantener liquidez y tipos bajos permanentes para los mercados de capitales.

2. El segundo enfoque de política económica gira en torno al papel que pueden desempeñar actualmente los bancos centrales

Los bancos centrales no van a revertir de manera brusca sus políticas, por temor a desestabilizar los mercados de capitales y crear aún más incertidumbre, pero ante la persistencia de la inflación se están dando subidas sincronizadas de tipos en el mundo. El BCE, aunque mantendrá los activos comprados en su balance (8,6 millones de millones de euros), frena poco a poco las compras de deuda pública y privada, lo que tendrá un efecto en el coste de financiación. Reducir desde el 0,5 actual el cobro por los depósitos y reservas voluntarias, es lo que más influirá en la elevación del interbancario a 12 meses, que en el caso de España pasa de estar en negativo (lo cual es anómalo) a positivo, presionando ligeramente al alza en los tipos de referencia hipotecarios, y restando capacidad de consumo.

El BCE elevará los tipos de interés este verano, pero las subidas siempre estarían por debajo de las de los precios -en Estados Unidos se espera que no lleguen al 3% hasta 2023-. Si esto aprecia algo el euro frente al dólar sería un cierto alivio para las importaciones de energía; en cualquier caso, llevaría a una menor demanda de consumo y un efecto positivo en los precios. La bajada del precio en los mercados de capitales, inflados por años de políticas de tipos ínfimos, y en cierta medida el inmobiliario, reduciría también la presión de la demanda de consumo asociada con la revalorización de activos.

Por otra parte, los sectores y empresas difieren en su sensibilidad a los tipos de interés, por ejemplo, en el sector inmobiliario se plantea el efecto que puede tener en el coste de financiación de inmuebles, y en la alternativa de la deuda de calidad frente a la rentabilidad de la inversión en inmuebles. Puede verse Euroval-Instai: “Distribución del riesgo espacial de una subida de tipos de interés en las hipotecas”, Gráfico mensual Euroval, junio 2022 www.euroval.es. Un efecto de alcance general de esta situación serían cambios en la asignación de recursos de capital entre actividades productivas afectadas desigualmente por los precios.

El BCE puede intentar anclar las expectativas de inflación, de manera que las empresas reduciendo márgenes (los arrendadores reduciendo sus expectativas) y los trabajadores no repercutiendo la inflación en costes salariales, evitaran la generalización de las subidas. En la Eurozona la presión salarial es más baja que en Estados Unidos, el índice de precio de la hora trabajada entre 2015 y 2022 pasa de 100 a casi 130 en Estados Unidos y a 115 en la Eurozona; aun así, pese a la baja tasa de paro en Estados Unidos, no se observa una espiral inflacionista por los salarios. La mayor disponibilidad de mano de obra, sectores industriales en Alemania que lideraban alzas salariales y ahora especialmente dañados, hacen menor la presión salarial, que tendrá un incremento medio en la Eurozona en 2022 del 3%, inferior a la inflación esperada. Aunque hay una dispersión significativa en Europa entre países y sectores, que resultan afectados de manera muy diferente en la crisis, la inflación actual se diferencia del análisis convencional de Phillips en el que la reducción del desempleo es inflacionista, por una respuesta automática en forma de incremento salarial, pero hoy la inflación no se ajusta a la variación del empleo, y no puede identificarse inflación y salario como una variable sintética; de todas formas, la evolución de estas relaciones en los análisis tipo Phillips es un tema de interés actual para la política económica.

Una proyección este año de precios del BCE es de 5,1% para 2022 y estabilidad en 2023 y 2024 en el 2%, ya que el 50% de la inflación se imputa al impacto externo de la energía, y casi un 15% a la cadena de suministros, que en una situación normal tendría que ajustarse. Pero estas proyecciones cambian con frecuencia, y a principios del verano de 2022 no parece que puedan mantenerse, pues ni el BCE ni nadie puede valorar la evolución de una situación en la que hay al menos tres incógnitas especialmente relevantes: el comportamiento de China con relación a la normalización de su economía; los efectos de la guerra sobre la energía, los fertilizantes y los alimentos; y las respuestas de política económica y sociales de los gobiernos acelerando el desarrollo de energías alternativas, y ante la vulnerabilidad más o menos significativa de parte de la población. La preocupación principal en estos momentos es que las medidas para frenar la inflación lleven a algunas economías a una recesión, y se ha abierto camino la idea de dejar caer los mercados de capitales, restringir la capacidad de demanda, y mantener las condiciones de liquidez para que el crédito fluya a la economía real. En este sentido surge una vez más la idea de que el banco central puede utilizar tecnologías blockchain para operar directamente con el público -al menos inicialmente con empresas no financieras-, tanto con depósitos como con créditos, mejorando el mecanismo de transmisión de la política monetaria y dirigiendo el crédito a actividades productivas que lo necesitan.

Pero por encima de cualquier otra acción, lo más importante es restaurar la confianza en que los bancos centrales como ya lo hizo con éxito el BCE con las primas de riesgo en Europa, harán ahora “todo lo que sea necesario” para conseguir anclar las expectativas de inflación, con el menor daño posible a la economía real; en este sentido la formación de expectativas a través de las guías y declaraciones es muy relevante, y se ha destacado la reacción reciente del presidente de la Reserva Federal afirmando -frente al criterio de menor preocupación mostrado hasta hace unos meses -que se están moviendo de forma expeditiva para frenar la inflación, y que disponen de herramientas y resolución para restaurar la estabilidad en beneficio de las familias y negocios. Estas reflexiones se recogen de manera sistemática en Gumersindo Ruiz: “La política monetaria y las nuevas sensibilidades de los bancos centrales”, conferencia impartida en distintos foros, a partir de un artículo seminal en G. Ruiz (2017):” El policy mix monetario y fiscal revisitado”, en A. Sánchez y J. A. Tomás: Política Económica 2017, Tirant lo Blanch, Valencia, siendo la última actualización en la Universidad de Extremadura, abril 2022.

3. La tercera línea de análisis es el papel de las políticas públicas

Los países del área del euro tienen escasa capacidad para actuar aisladamente, y han de apoyar la política adaptativa del BCE, así como los acuerdos de la Comisión y Parlamento Europeo. Pero soportan protestas y huelgas, que llevan a adoptar medidas como la subvención del precio de los carburantes, cuando la racionalidad económica aconsejaría lo contrario, penalizar, racionar, y reducir el consumo, como forma de obligar a los productores a bajar precios. Igual ocurre con el gas y la luz, donde no se observa un cambio en los hábitos de consumo hacia el ahorro. En países como Japón (cerrado hasta hace poco al turismo, reduciendo así presión sobre los precios) o Corea del Sur, la inflación está muy contenida, y han respondido a la elevación de precio del petróleo reduciendo el consumo de energía vinculado a los desplazamientos. Las empresas han contenido las subidas de precios, y no han tenido presiones salariales (en este orden), manteniendo el empleo. Las expectativas inflacionistas están ancladas y no preocupa tanto la ralentización del consumo interno y cómo afecta a la actividad productiva. Estas respuestas y comportamientos son relevantes para la política económica, pues la reducción en la demanda por tipos de consumo y consumo total es dispar.

Ocasionalmente se podría apoyar a sectores productivos donde una parte sustancial del coste medio de producción es la energía; pero es más conveniente financiar, por ejemplo, la renovación de nuestra anticuada flota de transporte (diez años de media más antigua que la europea), que seguir subvencionando el carburante. Igual ocurre con la aceleración de las inversiones en rehabilitación energética de inmuebles. Desde la oferta, aumentar la producción energética exige facilitar la puesta en funcionamiento de los proyectos de energía alternativa, y aquí la responsabilidad política de comunidades autónomas y ayuntamientos es crucial. En cuanto a política fiscal el margen de maniobra es escaso, pues los impuestos sobre la energía la encarecen, pero tienen un papel regulador del consumo; y el gasto está sujeto a los compromisos para aprobación de presupuestos, que determina un Parlamento con visiones e intereses muy diversos.

El impacto y extensión de la inflación energética a los precios de la economía no es igual en todos los países; en España es relativamente bajo en comparación, por lo que a tasas de inflación similares el efecto sobre los bienes no energéticos es hasta ahora menor; para una tasa anual de inflación superior al 8%, el crecimiento de bienes y servicios no energéticos podría estar en 5%. En Corea del Sur y Japón tienen expectativas de inflación en los próximos 12 meses por debajo del 2%, en Italia es el 3,75%, Alemania, 4,25%, Francia 4,5%, y España 5,5%, pero la persistencia de la inflación es un factor que se incorpora a la formación de expectativas. De todas formas, en algún momento la demanda de determinados consumos habrá de reducirse, y aunque se mantenga la demanda deflactada representa un menor consumo. El mantenimiento del consumo se hará a costa del duradero, lo que dará lugar a desequilibrios entre sectores, y a presiones sobre la política pública, que tiene una compleja tarea, más limitada como decimos en el ámbito fiscal (subvenciones y rebajas impositivas), y  más amplia en la provisión de energía, fertilizantes y alimentos, dando facilidades a la actividad productiva, y en algún caso con desregulaciones temporales que no estarán exentas de discusión, como la mayor permisividad en el uso de fertilizantes o de energías no limpias. El apoyo a familias de baja renta especialmente afectadas por la crisis es otra línea de actuación de la política económica, que hasta ahora no se ha hecho muy relevante por la fuerte situación del mercado de trabajo.

Es de esperar una disminución continuada del ahorro acumulado en tiempo de pandemia, así como reducción en la aportación a planes de pensiones, y primas de seguros, para hacer frente al incremento de precios en bienes y servicios de los que no se prescinde. La sustitución en los consumos depende de la consideración relativa dentro del presupuesto familiar, pues hay bienes y servicios como el ocio y viajes que parten de precios muy bajos y pueden considerarse relativamente baratos y mantenerse. La recomposición de la demanda de consumo dependerá de gastos familiares más significativos y recurrentes, como es el alquiler, tema que analizamos en un artículo relacionándolo con las rentas familiares: A. Belchi, F. Guijarro, G. Ruiz”: “Relación entre el precio de alquiler y renta en el mercado residencial español, y política de vivienda”. International Journal of Economic Policy, diciembre 2021.

4. La gestión empresarial de la inflación es el cuarto aspecto en el análisis de la inflación

La toma de decisiones con incertidumbre no es ajena a la empresa, que ha de gestionar de forma compleja y a largo plazo el efecto de la inflación sobre costes, márgenes y beneficios. La situación es diferente por sectores y empresas, de productos y servicios, en cuanto a impacto y capacidad para absorber costes, según posicionamiento en el mercado, pero es común la necesidad de diseñar una estrategia para mantener la empresa en cualquier escenario de inflación. Como se observa en el gráfico la disrupción en la cadena de suministros no se había aliviado suficientemente antes de la guerra, a principios de 2022, por lo que puede considerarse una cuestión recurrente a considerar, y no ocasional.

La empresa puede actuar en diversos frentes. Uno de ellos es en los precios, ajustando subidas, descuentos y promociones, pues no todas las tipologías de productos y clientes sufren el mismo impacto, y es distinto gestionar lo que se denomina “arte y ciencia de cambiar los precios” en las relaciones con minoristas o con otras empresas, aunque siempre hay que tener una visión amplia del cliente que no se limita al precio. Un comentario en esta línea que nos hace un empresario industrial dice así: “Los cambios en los precios es una de las decisiones más difíciles de tomar. No hay que tener miedo a aplicar un incremento respetando un margen comercial aceptable. A esto hay que sumar la mejora en el servicio técnico postventa y la atención al cliente”.

La segunda línea es la reducción de costes mediante procesos más eficientes en logística, reduciendo el consumo de energía donde hay margen para algunos sectores como la hostelería, el comercio, o en cualquier tipo de oficina y centros de datos; de distinto alcance son las actuaciones sobre embalajes, materiales, e incluso características del producto, incidiendo siempre en un menor coste de producción o transporte.

Una tercera línea son los cambios en los productos, ya que se considera que la inflación empuja a los consumidores hacia productos básicos, y hay compañías que reducen la elección del consumidor centrando su oferta en esa gama de productos. En Danone, por ejemplo, se considera poner más énfasis en productos convencionales, como un yogurt básico, frente a otros más caros, que por diferentes causas estaban de moda y resultaban más atractivos; en el pan y sus variedades, con diferencias de hasta tres veces más en precio, podrían predominar las más baratas; y asimismo, en las grandes superficies productos más innovativos y caros y marcas especializadas perderían espacio frente a otros más estandarizados. Estas ideas son por el momento intuitivas y necesitan investigación, pues hay hábitos de consumo que han arraigado y no se cambian fácilmente por aumentos de precios; más bien habría que considerar el cambio en el consumo si la inflación permanece y hay otras restricciones sobre las rentas, como la mencionada del alquiler.

En cuarto lugar, lo anterior se podría concretar en la producción mediante sustitución de productos ajustados a la nueva realidad y niveles de actividad, como ejemplo sería reducir semiconductores con funciones prescindibles en la fabricación de bienes que los incorporan. Simplificar la cartera de pedidos es una opción siempre abierta. Buscar fuentes alternativas de suministros, con la colaboración de las agencias públicas que añadirían a sus funciones de apoyo a la exportación el apoyo a la importación, es un reto a la colaboración público y privada. Rediseñar el producto para reducir embalaje, dimensión y precio, abaratando el transporte es en algunos casos una necesidad. En suma, el conocimiento de los eslabones de la cadena de suministros que afecta en concreto a un sector o empresa se añade a las funciones de los responsables de compras.

Quinto, hay que tomar decisiones con rapidez, seguir las reacciones de clientes, considerar que hay productos que han mantenido el precio mucho tiempo, y otros que no, por lo que la sensibilidad hacia las subidas puede variar; se necesita construir bases de datos y herramientas de análisis que proporcionen información útil para tomar decisiones sobre precios, dentro de una cultura de empresa sensible a la gestión global del precio. Sin embargo, para negocios que trabajan con bases de datos grandes la toma de decisiones con algoritmos hay que considerarla con cuidado, pues en épocas de inestabilidad puede dar lugar a volatilidades nocivas, como ocurre con el sistema de subasta permanente del precio de la luz; en otros ámbitos, los negocios de hostelería han de considerar si mantienen precios que recogen al alza los costes, pero manteniendo una clientela, frente a aumentar muy fuertemente los precios ante picos en la demanda, como puede ocurrir con hoteles ante un evento local, o bajarlos en exceso por caídas de la demanda.

Un sexto aspecto a tener especialmente en cuenta es la renovación, extensión y modificaciones en los contratos, en lo que afecta a los precios. También hay que considerar hasta qué punto una aplicación de una subida vinculada al IPC, aunque se recoja en contrato, puede llevar a incumplimiento, reclamaciones, devoluciones, y deterioro de la relación con el cliente. También, esta época pasada sin inflación ha hecho que figurara en contratos entre empresas un tipo de incremento, calculado como media de un período, que se actualizaba con una media móvil, lo que ha obrado a favor de la parte contratante.

Lo que aquí se sostiene es que con relación a los precios hay que tomar en consideración cuestiones que pueden considerarse clásicas, con otras que surgen en este contexto inflacionista. También hay que seguir la posible vuelta de consumidores con presupuestos restringidos hacia productos y servicios más básicos, con el consiguiente impacto negativo en compañías de ocio, o de productos y servicios novedosos; en este contexto no parece buena época para compañías que generan escaso beneficio y han seguido una estrategia única de crear una base significativa de clientes. Y por último, habría que simular cómo la nueva estructura de costes y precios puede influir en la liquidez y necesidades de financiación de la empresa.

5. Conclusión

Reconociendo que la tendencia secular de precios a la baja ha sufrido un cambio radical por la disrupción en el comercio internacional y caída en la oferta derivada de una guerra que incide en la escasez de materias primas, los bancos centrales inician una política monetaria restrictiva, prestando menos atención a los mercados de capitales, donde los activos con más riesgo sufren fuertes correcciones ante la subida de tipos y reducción de balance (de bancos centrales), siendo probable que se dejen caer fondos y sociedades de capital, con carteras de riesgo fuertemente endeudadas. De esta forma, el énfasis de la política monetaria pasa del apoyo al crecimiento y empleo, y a los mercados de capitales, a la reducción de demanda para frenar la inflación, aunque manteniendo liquidez para el crédito a la empresa.

Las respuestas de política económica de los gobiernos se dirigen a mantener la actividad y el empleo, e intentar paliar los efectos de las subidas de precios en productos esenciales, al tiempo que tratan de evitar la extensión de la inflación. Y también estimulan la puesta en funcionamiento de energías alternativas, buscando fórmulas de abaratamiento. Los gobiernos tienen que atender las necesidades de los que se ven más afectados por el incremento de los precios, y considerar los cambios en el consumo que afectan desigualmente a sectores.

 Las empresas revisan sus estrategias de fijación de precios en un contexto donde la incertidumbre hace necesaria una visión compleja del precio: la planificación de productos, costes, y relaciones con proveedores y clientes. La idea de síntesis es que el comportamiento de los directivos empresariales no se limita actualmente a las relaciones laborales y negociación de salarios, ni tampoco a una traslación de costes a precios, sino que se enfrentan a una situación, inédita para la mayoría del empresariado, de establecer una estrategia ante una inflación y una disrupción en los suministros en el comercio internacional.

Desde una visión de Política Económica planteamos el comportamiento de tres actores: bancos centrales, gobiernos, y empresas, en tres escenarios: inflación, crecimiento, y decisiones de pura política, esquema que ofrece a nuestro entender un interesante ámbito de análisis.

Políticas económicas coyunturales

¿Es la hora de la política de rentas?*

(por Carlos Ochando Claramunt, Departamento de Economía Aplicada –Política Económica-, Universidad de Valencia)

Artículo publicado en el Diario.es 28-Abril-2022

https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/hora-politica-rentas_132_8947662.html

Hace 37 años dos economistas publicaron un artículo sobre la inflación que, en el momento actual, me viene insistentemente a la cabeza. Se trata del trabajo de Luiz Carlos Bresser Pereira y Yoshiaki Nakano (“Factores aceleradores, mantenedores y sancionadores de la inflación” El Trimestre Económico vol.52 nº 207(3), julio-septiembre de 1985). En él, los autores analizaban el proceso inflacionista como una sucesión de tres factores: “aceleradores” (aumento del margen de ganancia, aumento de los salarios por encima de la productividad, devaluaciones de la moneda, aumento de los costes de los bienes importados, aumento de impuestos), “mantenedores” (capacidad de los agentes económicos para trasladar sus aumentos de costos a los precios) y “sancionadores” (aumento de la cantidad nominal de dinero en circulación). Por tanto, entre los factores aceleradores de la inflación (los causantes originales de un proceso de subida de precios en la economía) están el aumento de los costes de producción, aumento de los bienes importados, aumento de las materias primas y, por supuesto, el conflicto distributivo (aumento de salarios reales y márgenes de ganancia de las empresas). Además, los autores seguían señalando que el conflicto distributivo podría estar provocado por cuatro factores: a) exceso de demanda agregada en relación con la oferta, b) los estrangulamientos sectoriales de la oferta, c) los aumentos autónomos de precios y salarios debidos al poder monopólico de las empresas y sindicatos y d) la reducción de la productividad del trabajo. ¿Les suena de algo en las explicaciones actuales que se están dando sobre la inflación actual?

En cuanto a los factores mantenedores, creo que es mejor citar literalmente un párrafo que me parece revelador de su análisis: “El factor conservador del nivel de inflación es por excelencia el conflicto distributivo, o sea el hecho de que las diversas empresas y sindicatos disponen de instrumentos económicos y políticos para la conservación de su participación relativa en el ingreso. Dado que en un nivel de inflación determinado los precios de los diversos bienes y de la fuerza de trabajo tienden a variar con desfasamientos entre sí y, en virtud de que los precios de unos son los costos de otros, los aumentos subsecuentes de los precios y de los salarios tenderán a ocurrir en forma automática. En esta forma cada empresa y cada trabajador o grupo de trabajadores trasladará a sus precios el aumento de sus costes” (pp: 778-779).  Cuanto mayor sea el nivel de indización (formal e informal) de las rentas más potente será este efecto mantenedor de los precios.

Finalmente, el factor sancionador de la inflación es el crecimiento de la cantidad de dinero en circulación. Justo al revés de los economistas monetaristas. Lo que en el Monetarismo es la causa de inflación, en el Estructuralismo latinoamericano es la consecuencia última de la subida de los precios.

Si exceptuamos este último argumento (que no tiene excesivo predicamento en el maistream económico), ¿les suenan los argumentos que fundamentan los factores aceleradores y mantenedores de la inflación? Pues se dijeron hace casi 40 años por dos economistas estructuralistas latinoamericanos. ¿Puede ser este trabajo un buen punto de partida para entender lo que está sucediendo en nuestras economías con la inflación? Pensamos que sí. Entendemos así la reacción de agricultores, transportistas, distribuidores, empresas de energía, gasolineras, consumidores, trabajadores, ganaderos, autónomos, pequeñas empresas, pensionistas, funcionarios, etc. que ante una perspectiva de empobrecimiento -consecuencia de una repentina inflación de oferta- defienden sus márgenes y rentas, manteniendo así el nivel de inflación en el tiempo. Volvamos a las reveladoras palabras de Bresser y Nakano, “el nivel de la inflación se mantendrá en la medida en que todos los agentes económicos estén relativamente satisfechos con su participación en el ingreso. Sin embargo, si una parte de esos agentes se siente en condiciones de aumentar sus márgenes o sus salarios de manera de aumentar su participación en la división del producto, y si los demás agentes responden indizando sus precios habrá una tendencia hacia la continuidad del proceso de aceleración de la inflación porque los primeros agentes buscarán de inmediato un nuevo aumento de los márgenes o de los salarios reales” (pp: 789-780). Revelador de lo que sucede en la actualidad.

¿A dónde nos lleva esta reflexión?, ¿qué conexión tiene el trabajo de estos dos economistas con el título de nuestro artículo? Parece fácil de contestar a esta pregunta. Si consideramos que la inflación es esencialmente resultado de un conflicto distributivo estructural, la política de rentas puede ser una política económica muy útil en su control. ¿Por qué? Porque las políticas de rentas siempre han tenido dos objetivos básicos: 1) el control de la inflación de costes, haciendo que el crecimiento de las rentas -salariales y no salariales- estén por debajo de la productividad o de la inflación esperada y 2) modificar la distribución de la renta primaria -aunque este objetivo siempre quedó escondido y un poco al margen en su aplicación práctica-. Pues bien, ambos objetivos tienen que ver, con la inflación actual.

En primer lugar, porque la inflación actual es, esencialmente, una inflación explicada por el lado de la oferta de la economía. Es decir, estamos ante una inflación de costes (bien es verdad, que no de los costes salariales). En segundo lugar, porque está alimentada por el deseo de todos los agentes económicos de no soportar los costes y los ajustes de un proceso generalizado de empobrecimiento económico. Es decir, alimentada por un conflicto distributivo que, en estos momentos, se ha acrecentado por la fuerte subida de la inflación y por la crisis económica.

En este contexto, se vuelve a poner de moda la política de rentas. No es novedoso el fenómeno, puesto que en España la política de rentas ha ido, irremediablemente, unida a las crisis económicas. Cuando hay crisis se acude a ella. En periodo de expansión se reniega de ella.

La política de rentas tiene una fortaleza y una debilidad. La fortaleza es que es una política económica que interviene en el proceso de generación de la renta (distribución entre salarios y beneficios) y no en el proceso de gasto de la renta (como hacen la política monetaria y fiscal). Esto es un instrumento muy potente de intervención porque modifica el poder de negociación de las rentas. De ahí, que la política de rentas tenga una naturaleza política diferente a las políticas de gestión de la demanda. Y, precisamente, por este motivo (intervención en precios y salarios) ha sido históricamente criticada y repudiada por el pensamiento económico liberal.

La debilidad es que actúa sólo sobre los llamados “efectos de segunda ronda”, es decir, la espiral precios-salarios que precede al aumento autónomo de los precios y de los costes de producción de las empresas.  Es decir, en la terminología de Bresser y Nakano, la política de rentas solo podría actuar sobre los “factores mantenedores” de la inflación, dejando al margen los factores aceleradores. Es como que los “efectos de primera ronda” dependen estrictamente del mercado (un mercado, recordémoslo, imperfecto, no competitivo, oligopólico y con un alto poder de fijación de precios por determinadas empresas que controlan los procesos clave en la cadena de valor de los bienes y servicios). Es el “libre mercado” el que fija los márgenes empresariales y los salarios (y cualquier intervención sobre el mismo es tildada de ineficiente, autoritaria, rompedora del mercado único, distorsionadora de las reglas del juego de la economía de mercado y un largo etcétera de argumentos de los que se nutre el pensamiento económico liberal). La política de rentas sólo puede intervenir anclando las expectativas de inflación a la baja y bajando el poder adquisitivo (de nuevo) de las rentas salariales de la economía (las rentas no salariales se escapan de cualquier pacto social que implique topes o límites de crecimiento y solo reaccionarían con reformas estructurales que introdujeran mayor competencia y productividad en las empresas).

¿Es el momento de la política de rentas? Creo que la respuesta debe ser afirmativa. En esto coinciden la mayoría de los economistas y hasta el mismo Banco de España. En lo que puede no haber consenso es en el contenido del pacto de rentas. ¿Qué modelo de política de rentas?, ¿cómo incluir en ella los márgenes empresariales o las rentas no salariales?, ¿cuánta moderación salarial necesitamos?, ¿cómo se reparten los costes del empobrecimiento?, ¿cómo repartir los crecimientos de la productividad en la economía?, ¿por cuánto tiempo?…

En mi opinión, la política de rentas debería aplicarse desde dos ámbitos: 1) un gran pacto social de rentas con la participación del gobierno (macroconcertación) y 2) la mesa del diálogo social entre los principales agentes sociales (empresarios y sindicatos).  Vayamos con el primer instrumento. ¿Sería posible un gran pacto político en nuestro país como los Pactos de la Moncloa de 1977? Sinceramente, no. El actual clima de polarización y crispación política aleja esa posibilidad. Por tanto, aunque pueda parecer deseable para hacer frente a las consecuencias económicas –esencialmente el empobrecimiento generalizado que provocará la actual crisis-, la actual situación política convierte (casi) en imposible esa posibilidad. Solo nos quedaría volver al instrumento clásico de firmar un gran acuerdo social entre el gobierno y los principales agentes sociales (asociaciones empresariales y sindicatos). Instrumento, por cierto, muy utilizado en España durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado.

Personalmente, hasta el año pasado, siempre había defendido una política de rentas que aumentase los salarios en un contexto deflacionista y de bajo crecimiento económico como el que habíamos padecido desde la crisis de 2008 -e incluso antes de esa fecha-. En los momentos actuales, la estimación de la tasa interanual de inflación para este año es del 7,5%. Con esta previsión de inflación, podemos aceptar que no se pueda aplicar una política de rentas que suponga aumentos salariales equivalentes a la inflación o por encima de ella. Debemos moderar los salarios para evitar los efectos de segunda ronda de la inflación (que, como hemos reseñado anteriormente, no son otros que la presencia del conflicto distributivo acrecentado en una situación de crisis económica). Sin embargo, en nuestra opinión, esta política de rentas de moderación salarial debe de ir acompañada de tres condiciones:

• una expansión del salario indirecto (más Estado del bienestar),
• más empleo y de mayor calidad (seguir con la reforma laboral del 2021) y
• mejoras en la distribución primaria de la renta (políticas de pre-distribución).

En segundo lugar, se debe seguir utilizando el diálogo social con un doble objetivo: 1) impulsar un cambio en la estructura productiva y 2) potenciar las políticas activas de empleo. El diálogo social -incluso a nivel sectorial- puede ser un instrumento muy eficaz para implantar políticas que favorezcan el cambio de modelo productivo en nuestro país. Por ejemplo, en Alemania la transformación tecnológica (introducción de robots) se está haciendo en muchas empresas en un contexto de diálogo social, en el que se plantean los costes del ajuste, la necesidad de formación de los nuevos puestos, las categorías profesionales. Además, un cambio de modelo productivo no es solo un cambio sectorial y de productividad, sino un cambio de rentas, mejora de las condiciones de trabajo y de las condiciones de vida. Y dos apuntes adicionales respecto al cambio de modelo productivo: 1) la estructura productiva no es solo industria, sino sector terciario (también la economía de los cuidados) y 2) como dice Mazzucato, las empresas no pueden diseñar (solas) la salida de la crisis. Hace falta más y mejor Estado.

El segundo objetivo del diálogo social debería ser potenciar las políticas activas de empleo. Y, sobre todo, vincularlas al cambio necesario del modelo productivo. Creemos que esto pasa por la potenciación de la Formación Profesional ocupacional y continua (sistema dual), la reorganización del gasto público, la eliminación de bonificaciones y reducciones de cotizaciones a la contratación y la mejora de la eficacia de los servicios de intermediación laboral (reforzando y mejorando la dotación y especialización del personal). Vincular la formación a las necesidades reales actuales y futuras de un modelo productivo que debe ser más moderno, de mayor productividad y mayor valor añadido, es clave para el futuro de nuestra economía.

En resumen, ¿es la hora de la política de rentas? Sí, pero no nos olvidemos que también debe serlo en las épocas de expansión económica. Es decir, cuando la economía crece debemos de mejorar la equidad en el reparto de la renta y esto pasa por alinear los salarios al crecimiento de la productividad, reduciendo la brecha del desacoplamiento histórico entre la productividad y los salarios reales. En definitiva, subiendo los salarios cuando la economía crece. Si no lo hacemos estaríamos utilizando una política de rentas de efectos asimétricos difícilmente de aceptar y de mantener en el largo plazo por los ciudadanos. Y los sindicatos deberían de pensar lo mismo.

* Artículo publicado en el Diario.es 28-Abril-2022 (https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/hora-politica-rentas_132_8947662.html)

Políticas económicas estructurales

Las subvenciones a los carburantes y el control de precios: una evaluación del

descuento de 20 céntimos[1]

(por Ferran Elias Moreno, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia)

1. Introducción

La inflación ha vuelto desde hace unos meses y con valores bastante elevados: a finales de 2021 se situaba cerca del 6%, hasta llegar al 9% a principios de 2022. Los últimos datos de aumento de precios del mes de mayo de 2022 señalan una subida del 8,7%. Uno de los motivos detrás del repunte de la inflación es el crecimiento del precio de los carburantes. Con el objetivo de rebajar las tensiones inflacionistas, el gobierno aprobó una subvención de 20 céntimos de euro a los combustibles mediante el Real Decreto Ley 6/2022 de finales de marzo de 2022.[2] Fue una política controvertida y no tardaron en aparecer numerosos artículos y opiniones juzgándola de ineficaz.  Sin embargo, no todos los comentarios se acompañaban de datos sobre la evolución de los precios o hacían una comparativa con la trayectoria del barril de Brent.[3] En este artículo nos proponemos evaluar de forma un poco más rigurosa, aunque sencilla, la efectividad de esta medida.

El resultado principal que presentamos es que las subvenciones sí que han sido eficaces a la hora de rebajar el precio pagado por los consumidores, aunque su efecto ha quedado difuminado por la senda creciente del precio del barril de Brent -ver gráfico. La evidencia que mostramos en el artículo se basa en comparar la serie temporal de precios del barril de Brent con la de la gasolina 95 y del diésel. Los tres valores han evolucionado en paralelo desde la aprobación de los descuentos y no se observa ninguna evidencia de absorción de la bonificación en el precio de los combustibles de venta al público.

La evidencia contradice las predicciones que se derivan de la teoría neoclásica sobre la incidencia de los impuestos y las subvenciones. Ésta nos indica que en el caso de productos con una demanda muy inelástica -como es el caso de los carburantes-, los vendedores serían los que se beneficiarían de las subvenciones, ya que el comprador consumiría prácticamente la misma cantidad, aunque el precio bajase o aumentase. Por tanto, el vendedor podría apoderarse del descuento y seguir vendiendo una cantidad similar. Sin embargo, ahora tendría un margen de beneficio mayor al haber sido capaz de capturar la bonificación. Para nuestro caso concreto, la predicción que se deriva de esta teoría es que el precio de venta al público antes de la subvención debería subir en una cantidad parecida al descuento. No obstante, no apreciamos este tipo de comportamiento en el gráfico.

Por otro lado, las enseñanzas de la experiencia de Galbraith como subdirector de la Oficina de Administración de Precios en EEUU durante la Segunda Guerra Mundial, publicadas en su libro de 1952, A Theory of Price Control, son más optimistas respecto a la posibilidad de que el gobierno controle los precios, especialmente en aquellos mercados que se encuentran más alejados del ideal de competencia perfecta. Es importante recalcar que para que las bonificaciones no sean absorbidas por los vendedores de carburantes es necesario poder controlar los precios por parte del sector público. Dicho de otro modo, si el gobierno no tiene mecanismos sancionadores, no podrá vigilar los precios, con lo que las empresas podrán acaparar las subvenciones mediante subidas de precios que cancelen su efecto sobre el precio de venta al público. El Real Decreto Ley 6/2022 contiene mecanismos de vigilancia y sanción. Por consiguiente, de acuerdo con esta línea argumental, podríamos esperar que los precios de venta al público de gasolina 95 y diésel no convergieran con el precio del barril de Brent, sino que evolucionaran en paralelo a éste. La consecuencia lógica de esta predicción es que los descuentos sí que conseguirían reducir los precios pagados por los consumidores. Es justamente este tipo de comportamiento el que se observa en el gráfico 1.

En el resto del artículo explicamos con más detalle el resultado principal y su interpretación. Concretamente, en el apartado 2 resumimos los detalles institucionales de las subvenciones. En el tercero evaluamos el impacto de las subvenciones sobre los precios. Finalmente, en la cuarta sección exponemos las conclusiones.

2. Algunos detalles institucionales sobre las subvenciones a los combustibles

Los detalles sobre el funcionamiento de los descuentos se encuentran en los artículos 15 a 21 del Real Decreto Ley 6/2022. En total, la subvención es de 20 céntimos por litro sobre el precio de venta al público. Sin embargo, el reparto de su coste no es siempre el mismo. Si el proveedor de la gasolinera es un operador al por mayor de productos petrolíferos con capacidad de refino en España y con una cifra anual de negocios superior a 750 millones de euros, éste debe aplicar una rebaja de 5 céntimos por litro de combustible. Por tanto, en este caso una parte del coste de la subvención lo asumen los vendedores mayoristas con mayor cuota de mercado. En cambio, si las gasolineras no adquieren el combustible de uno de estos operadores, la bonificación la paga enteramente el estado.

Los artículos 17.5 y 21 del Real Decreto-Ley 6/2022 detallan el sistema de vigilancia de la aplicación de las subvenciones. En el primero se especifica el tipo de control al que van a estar sujetas las estaciones de servicio. Concretamente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analizará las ventas de las gasolineras y determinará si éstas están aplicando los descuentos correctamente. De hecho, la presidenta de la CNMC, en declaraciones a la prensa ha afirmado que conocen «los precios de todas las gasolineras, todos los días». [4]

El artículo 21 recoge el instrumento mediante el cual el estado espera poder obligar a las grandes empresas mayoristas a aplicar un descuento y asumir ellas el coste. Concretamente, dice que estas empresas quedarán exentas de una prestación patrimonial de carácter público no tributario sólo si aceptan aplicar la subvención a los carburantes sobre el precio de venta. Dicho de otro modo, en caso de no implementar la bonificación, deberán realizar una transferencia de recursos al estado con carácter coactivo.[5]

En el mismo apartado primero del artículo 21 se especifica que las actuaciones de los vendedores al por mayor de productos petrolíferos estarán sujetas a la normativa sobre competencia desleal. Por consiguiente, la no aplicación de la subvención cuando así se hubiera comprometido la empresa acarreará la necesidad de subsanar los daños y perjuicios causados y la necesidad de rectificar, entre otras medidas sancionadoras. Además, los empresarios y clientes de los vendedores al por mayor de productos petrolíferos podrán poner en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) los casos en los que se hayan podido producir incumplimientos del compromiso. En caso de que un operador no implemente los descuentos o lo haga incorrectamente, éste perderá la exoneración de la prestación patrimonial. Por último, la CNMC realizará un seguimiento para comprobar el cumplimiento de los descuentos.

Estos detalles normativos son importantes porque nos indican que el estado está comprometido en vigilar y sancionar las subidas de precios que desvirtúen el efecto de las subvenciones a los combustibles. Por tanto, en caso que el aparato de vigilancia de precios funcione correctamente, cabría esperar que las subvenciones hayan conseguido bajar los precios. En la siguiente sección analizamos si este ha sido el caso o no.

3. Evidencia empírica: la eficacia de los descuentos a los carburantes

En el gráfico podemos ver la evolución de los precios -antes y después de contabilizar la subvención- de la gasolina súper 95 y el diésel, así como del barril de Brent durante el año 2022.[6] Los precios de cada carburante han sido normalizados al nivel que tenían el 27 de marzo, justo antes del anuncio por parte del gobierno español de bonificar los combustibles. En el gráfico, podemos observar que después del inicio de la guerra en Ucrania -la  línea negra discontinua marca el inicio de la invasión- el precio del barril de Brent subió repentinamente unos 20 puntos porcentuales y, con unas semanas de retraso, el precio de la súper 95 y el diésel también empezó a subir de manera más acelerada.

La línea roja discontinua en el gráfico representa la fecha de aprobación de las subvenciones. Cuando éstas se adoptaron, representaban aproximadamente el 11% del precio de la gasolina y el diésel.[7] Por tanto, en caso de que las bonificaciones hubieran sido absorbidas en los precios finales antes de aplicar el descuento, deberíamos ver que los precios de venta al público antes de subvenciones se aproximarían como mucho en 11 puntos porcentuales al precio del barril de Brent.

Sin embargo, en el gráfico observamos como la distancia entre el precio del Brent y los precios antes de subvenciones se ha mantenido bastante constante después de la implementación de la política. En otras palabras, los precios antes de subvenciones y el barril de Brent han evolucionado en paralelo desde entonces. Concretamente, el precio del barril de Brent ha aumentado en 22,80 puntos mientras que el precio de la gasolina súper 95 lo ha hecho en casi 23,99 puntos, una cantidad muy similar. En cambio, el diésel ha subido un poco menos de 15 puntos, una cantidad notablemente inferior. Por tanto, la inflación de la súper 95 fue unos escasos 1,19 puntos superior a la del barril de Brent, mientras que la del diésel fue 7,80 puntos inferior. En consecuencia, la evidencia nos muestra que las subvenciones han conseguido rebajar el precio final de venta al consumidor.

Una limitación importante del análisis de series temporales es que puede haber otros factores que afecten a las variables de interés de manera simultánea. Esto sería un problema si, en paralelo a la aprobación de las subvenciones, se hubieran producido cambios en el mercado de la gasolina que hubieran reducido su precio, independientemente de la evolución del valor del Brent. ¿Aumentó la competencia entre gasolineras? Parece improbable. ¿Se comercializó un carburante sustitutivo del petróleo y más barato? Sabemos que no, y esto seguramente hubiera afectado también al precio del Brent. En conclusión, los datos muestran que las subvenciones a los carburantes han sido efectivas para bajar su precio.

4. Conclusiones

En este artículo hemos evaluado las subvenciones a los carburantes aprobadas por el gobierno español en el Real Decreto Ley 6/2022. La finalidad de esta política era atenuar las subidas de precios en los combustibles y, por tanto, nuestro análisis se ha centrado en determinar hasta qué punto se ha conseguido este objetivo. Para ello, hemos comparado la evolución del precio tanto de la gasolina súper 95 como del diésel respecto al valor del barril de Brent. Éstos han crecido en paralelo, lo que no sugiere que las empresas proveedoras hayan capturado las subvenciones mediante el aumento de precios, sino que los descuentos han conseguido rebajar el precio pagado por los consumidores.

El resultado principal que presentamos en este artículo no se corresponde con las predicciones teóricas respecto a la incidencia de descuentos en mercados donde los productos tengan una demanda inelástica, como es el caso de los carburantes. Sin embargo, este tipo de hipótesis se derivan de modelos en que no existe capacidad de vigilancia y sanción por parte de los gobiernos. En la sección 2 hemos expuesto los mecanismos de control por parte del sector público, que consisten principalmente en el acceso a información de precios de alta frecuencia y la posibilidad de sancionar incumplimientos mediante la CNMC. Es por este tipo de instrumentos que consideramos que las subvenciones han sido eficaces.

Una consecuencia que se deriva del éxito de los descuentos rebajando precios es que el gobierno tiene capacidad para controlar los precios. De no ser así, hubieramos visto que el aumento del precio de venta de los carburantes absorbía la bonificación. Además, el estado es capaz de hacer que las grandes operadoras al por mayor de petróleo asuman una parte del coste de la subvención.

Desde el inicio de la pandemia los países están practicando el control de precios en algunos mercados. Por ejemplo, en el caso de los precios máximos de las mascarillas o del gas. La teoría neoclásica es muy pesimista respecto a la eficacia de este tipo de medidas. Sin embargo, existen experiencias históricas recientes, como es el caso de China durante su transición a una economía de mercado (Weber, 2021), o como EEUU durante la Segunda Guerra Mundial, que indican en qué circunstancias estas políticas pueden funcionar y tener efectos beneficiosos para el bienestar. A nosotros nos parece un área interesante para futuras investigaciones y esperamos que este artículo contribuya a un debate rico y sincero sobre el funcionamiento del control de precios.

Bibliografia

Galbraith, J. K. 1952. A Theory of Price Control. Harvard University Press.

Martínez Sánchez, C. 2020. «Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario en el ámbito local: origen y regulación actual». Anuario de Derecho Municipal 2019: 13, 57-83.

Rohr. M y Á. Soler. (en prensa). «El nuevo paquete de medidas urgentes de política económica: una valoración previa», International Review of Economic Policy.

Weber, I. 2021. How China Escaped Shock Therapy. The Market Reform Debate. Routledge.

[1]Quiero agradecer a Asensi Descalç una conversación sobre los detalles institucionales de la implementación de la subvención que me ha ayudado a mejorar el artículo. En cualquier caso, los errores u omisiones son responsabilidad del autor.

[2]Para una revisión del Real Decreto Ley 6/2022 ver Rohr y Soler (en prensa).

[3]Una excepción es el artículo de elDiario.es, que mostraba datos del precio de la gasolina 95 y el diésel, pero no comparaba con el precio del barril de Brent: https://www.eldiario.es/economia/60-gasolineras-subido-precios-diluyen-bonificacion-gobierno_1_8972431.html

[4]La fuente es: https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-cnmc-avisa-conocemos-precios-todas-gasolineras-todos-dias-20220331124125.html

[5]Para más información sobre las prestaciones patrimoniales públicas, véase Martínez Sánchez (2020).

[6]Los precios de la gasolina y el diésel han sido extraídos de https://datosmacro.expansion.com/energia/precios-gasolina-diesel-calefaccion/espana. Los del barril de Brent provienen de: https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/brent

[7]El precio de la gasolina 95 el 27 de marzo de 2022 fue de 1,818 euros por litro, mientras que el del diesel fue de 1,837 euros por litro.

Política económica internacional

Reflexiones sobre la propuesta de una “recuperación transformadora” para América Latina y el Caribe*

(por Francisco Alburquerque, www.franciscoalburquerque.com)

En mayo de este año, la Universidad de Valencia me invitó a realizar una presentación en un máster en Política Económica y Economía Pública, en el cual se trataba de ofrecer una visión actual de la relevancia del enfoque estructuralista latinoamericano en las reflexiones sobre el desarrollo, el subdesarrollo y la dependencia. Naturalmente, no podía dejar de referirme al momento de crisis generado por la pandemia del COVID-19 y la necesidad de superar las diferencias estructurales que en América Latina y el Caribe limitan los procesos de recuperación económica, social, institucional y medioambiental.

1. La crisis de la pandemia del COVID-19. Principales impactos sociales

En julio de 2021, la Cepal informaba sobre la paradoja de la recuperación tras la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe, ya que el deseado crecimiento económico debe enfrentar los persistentes problemas estructurales de la desigualdad, la pobreza, la escasa inversión y la baja productividad (Cepal, 2021). Se trata de un documento importante del que me permito hacer una presentación para la revista Desarrollo y Territorio.

En realidad, todos los rasgos citados en el documento de la Cepal (desigualdad, pobreza, escasa inversión productiva y desempleo extensivo, así como la baja productividad en los países de la región), no son sino manifestaciones de los problemas estructurales de fondo, esto es, la estructura económica especializada, desarticulada y orientada básicamente hacia la exportación de productos primarios, así como la importante dependencia externa de las principales decisiones económicas en el tejido productivo interno. Y es bien sabido que la identificación de las manifestaciones externas del subdesarrollo y la dependencia no es suficiente para enfrentar los problemas de fondo.

No obstante, las cifras aportadas por la Cepal son impresionantes: a fines de junio de 2021 casi 1,3 millones de personas habían fallecido en América Latina y el Caribe a causa de la pandemia del coronavirus, un hecho que constituye la mayor crisis sanitaria de la historia reciente de dicha región. Esta cifra equivale aproximadamente al 30% del total mundial de fallecimientos por Covid-19 en ese momento.

En esa fecha el número de personas en América Latina y el Caribe con esquemas de vacunación completos alcanzaba sólo el 13,6% en promedio, mientras que dicho porcentaje en EEUU y Canadá se situaba en el 46,3% y en la Unión Europea en el 35% aproximadamente. La situación en los diferentes países de América Latina y el Caribe era en este sentido muy dispar ya que mientras Chile y Uruguay mostraban cifras del 56,9% y 50,8% respectivamente, algunos países tenían cifras inferiores de vacunación completa entre su población como México (15,4%), Colombia (14,6%), Brasil (13%), Perú (9,9%), Argentina (9,7%), Ecuador (8,4%) o Bolivia (6,2%), existiendo otros países con porcentajes muy inferiores como Paraguay (1,9%), Guatemala (0,9%) o Haití (0,6%).

Y es que América Latina y el Caribe experimentó con la pandemia del coronavirus la peor contracción económica en más de un siglo, con un retroceso de la tasa de crecimiento del PIB en el año 2020 de -7,7%, lo que no ocurría desde 1900, siendo de este modo el peor desempeño entre las regiones del mundo en desarrollo (www.news.un.org). Asimismo, si observamos los datos del periodo 2014-2019, el crecimiento económico promedio por habitante en América Latina y el Caribe fue negativo, siendo este dato sólo comparable con la situación en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) o la Gran Depresión de 1929-32.

De este modo, con un crecimiento económico prácticamente estancado, la crisis de la pandemia, junto a la debilidad de los sistemas de salud y protección social, se tradujeron en incrementos muy importantes del desempleo, pérdida de ingresos y aumento de la pobreza y la desigualdad que agudizaron las manifestaciones de los problemas estructurales de fondo. La contracción económica del año 2020 provocó igualmente la pérdida importante de gran número de microempresas y pequeñas y medianas empresas, afectando con ello a una columna vertebral de las economías de la región (nacionales y locales), o lo que es lo mismo, a las posibilidades efectivas de atender las necesidades de la mayoría de la población.

Asimismo, la crisis afectó más que proporcionalmente a mujeres, jóvenes y otros grupos vulnerables (Santos, 2021). En efecto, entre 2019 y 2020, la población ocupada se redujo en casi 25 millones de personas, de las cuales 13 millones son mujeres. De este modo, la contracción del empleo se concentró principalmente en los puestos de trabajo más precarios, de carácter informal y bajos salarios. Asimismo, como señala el informe de Cepal (2021), muchas mujeres que perdieron el empleo en 2020 no han vuelto a buscarlo debido a la sobrecarga de la demanda de cuidados en los hogares en un contexto de cierre de establecimientos educativos e importante reducción o carencia de los servicios de cuidados.

Así pues, los problemas estructurales que limitaban el crecimiento económico en América Latina y el Caribe antes de la pandemia se agudizaron notablemente y según señala la Cepal (2021) repercuten muy negativamente en la recuperación de la actividad económica y en el mercado laboral. En este escenario, las instituciones financieras internacionales no dieron una respuesta suficiente a las necesidades de financiamiento de los países de la región. En efecto, como señala Cepal, el financiamiento otorgado por el FMI sólo llegó a cubrir entre el 23% y el 32% de las necesidades financieras de América Latina y el Caribe en esta crisis.

Además, las agencias de calificación crediticia, al considerar esta situación como de riesgo elevado, impulsaron el encarecimiento del acceso al endeudamiento para la mayoría de los países de la región, dando como resultado que en el momento actual América Latina y el Caribe muestra a nivel mundial los datos del mayor peso de la deuda externa en relación con el PIB (56,3%), así como el mayor servicio de la deuda externa en términos de sus exportaciones de bienes y servicios (59%). (FMI: World Economic Outlook Database). Por supuesto, estos niveles de endeudamiento reducen las posibilidades presupuestarias de los países y dificultan la recuperación postpandemia, sobre todo en un escenario incierto de subidas de tipos de interés que ya comienzan a dibujarse en el horizonte internacional para hacer frente a una inflación creciente que la guerra en Ucrania está agudizando.

Como se ha señalado, la pérdida de empleo y la reducción de los salarios ha afectado principalmente a los estratos de menores ingresos, con lo cual la tasa de pobreza en 2020 alcanzó a la tercera parte de la población latinoamericana y caribeña, de la cual el 12,5% se encontraba en pobreza extrema en ese año, lo que supone que 78 millones de personas se encontraban en situación de pobreza y 209 millones en situación de pobreza extrema (CEPAL: Panorama Social de América Latina 2020). En estas circunstancias, aumentó la inseguridad alimentaria, un fenómeno estrechamente ligado a la pobreza extrema, en un contexto de recesión económica y subida del precio de los alimentos. La inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó casi al 40% de la población latinoamericana y caribeña en 2020, lo que equivale a 44 millones de personas.

Conviene señalar que, a pesar de todas las adversidades, a nivel local la agricultura familiar y los mercados locales aportaron en esos momentos programas y espacios de apoyo y capacitación sobre producción sostenible de alimentos para el autoconsumo o el comercio local, así como iniciativas locales de asistencia y ayuda alimentaria para poblaciones vulnerables, apoyándose en redes de solidaridad asociadas en muchos casos al emergente movimiento agroecológico. Asimismo, la mayor vinculación en los circuitos de proximidad entre producción y consumo local se fortalecieron mostrando alternativas viables a las cadenas globales de valor alimentarias (Santos, 2021).

La crisis social, la disminución de la actividad económica y la pérdida de empleo a causa de la pandemia no sólo afectaron a los estratos de ingresos bajos, sino también lo hicieron entre la población de ingresos medios con bajos niveles de cotización o baja cobertura de protección social. En estas circunstancias al menos se abandonaron las políticas de austeridad que habían sido la respuesta a la crisis financiera mundial de 2008, eligiendo en este caso políticas expansivas en una especie de neokeynesianismo frente a los efectos de la pandemia. En el caso de América Latina y el Caribe en 2020 se adoptaron de forma extensiva medidas de protección social destinadas a garantizar condiciones de vida básicas, recurriendo a transferencias monetarias y en especie, así como el aseguramiento del suministro de servicios básicos. Estas transferencias de emergencia alcanzaron a 326 millones de personas, esto es, casi la mitad de la población de América Latina y el Caribe. Según datos de la Cepal (2021), el monto de dichas transferencias de emergencia equivale a más de 86 mil millones de dólares, lo que supone 78 dólares por habitante.

2. Persistencia del deterioro ecológico y retroceso de las políticas ambientales

La crisis de la pandemia del COVID-19 ha situado las políticas ambientales en un lugar secundario o marginal, lo cual no es solamente un rasgo singular de América Latina y el Caribe ya que se aprecia también en buena parte de los países a nivel internacional. De este modo, pareciera que, una vez superadas las fases más agudas de la pandemia, sigue en pie una convicción bastante extendida de que en primer lugar se encuentra la atención a los aspectos económicos y sociales de la crisis y después la atención debida a las exigencias de la sostenibilidad ambiental.

Sin embargo, este es un razonamiento erróneo ya que la crisis de la pandemia se encuentra totalmente vinculada al deterioro de la biosfera, lo cual es consecuencia de las prácticas de degradación originadas por la acción humana en los ámbitos productivo, energético y de consumo prevalecientes en el capitalismo actual. De este modo, seguir buscando la superación de la crisis mediante lo que suele llamarse la “vuelta a la normalidad”, no es sino seguir asegurando la continuidad o repetición de las pandemias, o como señala Boaventura de Sousa Santos (2021), estar condenados a un futuro con presencia de episodios de “pandemia intermitente”.

Lo cierto es que, como señala la Cepal, la situación de la pandemia en América Latina y el Caribe ha empeorado la situación ambiental reduciendo las inversiones medioambientales. El presupuesto o gasto en protección ambiental en la región ha experimentado, en promedio, un descenso permanente en estos últimos años, tal como muestra un estudio para 11 países de la región en el periodo 2019-2020, donde se muestra una caída del 35% de las inversiones verdes (Cepal, 2021). De este modo, las medidas de recuperación económica planteadas mantienen a la región en una senda insostenible y no fomentan el cambio estructural, manteniendo la incoherencia entre las declaraciones de apoyo a la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, con los objetivos reales de los programas de gasto e inversión que se vienen implementando.

Para una “recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad”, como llama la Cepal a una estrategia diferente, se requiere que las políticas de corto plazo tengan una visión de largo plazo y sean coherentes entre sí. La región no cuenta pues, hasta ahora, con una visión estratégica para impulsar los cambios necesarios que permitan superar las circunstancias que trajeron la pandemia, para lo cual se requiere un amplio debate entre todas las instancias de la sociedad que, modestamente, se trata también de impulsar desde la Revista Desarrollo y Territorio.

La propuesta de avanzar hacia una “recuperación transformadora” de la Cepal trata de mostrar una estrategia en la cual deben figurar políticas de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, es necesario: i) mantener las transferencias sociales de emergencia; ii) mejorar los ingresos laborales mediante aumentos reales del salario mínimo, negociaciones colectivas y otros instrumentos salariales; iii) apoyar a sectores productivos para evitar la quiebra masiva de microempresas y pymes e impulsar políticas en favor del empleo; y revertir la caída de la tasa de inversión en relación con el PIB, que en 2020 alcanzó su nivel más bajo (17,6%) de las últimas tres décadas. Asimismo, sostener una política de gasto expansiva hacia el futuro requiere medidas para acceder a financiamiento, reducir pérdidas tributarias en el corto plazo y fortalecer los ingresos fiscales en el mediano plazo. En el corto plazo es fundamental eliminar la evasión tributaria, que representa una pérdida de recursos de 325.000 millones de dólares, esto es, más del 6% del PIB de la región.

En el mediano plazo la Cepal señala que hay que aumentar progresivamente la recaudación tributaria a fin de lograr sostener el gasto público, lo que requiere incrementar los impuestos sobre la renta, extender el alcance de los impuestos sobre la propiedad y el patrimonio, revisar y actualizar de forma progresiva las regalías por la explotación de recursos no renovables, así como considerar impuestos a la economía digital, y a los bienes y servicios que causen daños ambientales o a la salud pública. En todas estas políticas debe incorporarse la dimensión de género, asignando recursos suficientes para servicios clave a fin de modificar la injusta organización social de los cuidados, garantizando el financiamiento de las políticas de igualdad de género. Naturalmente, todo ello exige nuevos pactos sociales y fiscales que contribuyan a la reactivación de la inversión, el empleo, la igualdad, el cierre de las brechas de género y la acción climática.

A mediano y largo plazo, es necesario, pues, avanzar hacia la construcción de sistemas de protección social universales, integrales y sostenibles en el marco de sociedades donde los servicios de cuidados no recaigan exclusivamente en el trabajo no remunerado de las mujeres. Igualmente es necesario fortalecer la salud y la educación siendo urgente invertir en el cuidado y el bienestar de niñas, niños y adolescentes, a fin de no perder una generación debido a trayectorias truncadas y falta de acceso a condiciones básicas para la garantía de sus derechos y su bienestar (Cepal, 2021).

En suma, la Cepal identifica ocho sectores dinamizadores para este gran impulso inversor a fin de avanzar hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible. Se trata de las fuentes energéticas renovables no convencionales, la electromovilidad urbana, la universalización de la digitalización, la industria farmacéutica, en especial la relativa al acceso a vacunas, la bioeconomía, la economía de los cuidados, la economía circular y el turismo sostenible.

Como puede apreciarse, hay poco que objetar al planteamiento teórico de la propuesta de “recuperación transformadora” que plantea la Cepal. Sin embargo, llama la atención la falta total de referencias a cómo abordar en la práctica todos estos cambios y, sobre todo, la ausencia absoluta de referencia a un enfoque que la haga posible desde cada uno de los territorios, esto es, en el nivel local de las políticas, que es donde deben construirse y concretarse de hecho los diferentes acuerdos o pactos territoriales que den vida a esta estrategia.

De nuevo surge una de las más importantes limitaciones de los planteamientos de la Cepal, que no es otra que su limitada atención a los hechos territoriales. Se sigue pensando en sujetos abstractos definidos únicamente a partir de una visión en la cual pareciera que sólo existe el nivel “nacional” y, por consiguiente, la visión macroeconómica y social de las administraciones centrales de los países. Nada de la complejidad concreta de los diferentes territorios y de la importancia que en todo ello tienen los distintos gobiernos locales o territoriales.

Bibliografia

CEPAL (2020): Construir un nuevo futuro Una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad.

CEPAL (2021): Panorama Social de América Latina 2020.

CEPAL (2021): La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. Informe Especial COVID-19, número 11, 8 de julio de 2021, Santiago de Chile.

CEPAL (2022): Cómo financiar el desarrollo sostenible. Recuperación de los efectos del COVID-19 en América Latina y el Caribe. Informe Especial COVID-19, número 13, 27 de enero de 2022, Santiago de Chile.

Mazzucato, Mariana (2021): Misión Economía. Una guía para cambiar el capitalismo. Madrid

Noticias ONU (/es/): América Latina es la región en desarrollo más afectada del mundo por la pandemia, 4 de marzo 2021 (www.news.un.org/es).

Santos, Boaventura de Sousa (2021): El futuro comienza ahora. De la pandemia a la utopía. Ed. Akal, Madrid.

* Artículo publicado en la Revista Desarrollo y Territorio

Pro et contra

 (sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

Pro…

Argumentos a favor del aumento del gasto público en defensa

(por Antonio Fonfría, Universidad Complutense de Madrid y Academia de las Ciencias y las Artes Militares)

1. Principales aspectos

La defensa es una función del Estado como lo puedan ser la Justicia o la Educación. Al igual ocurre con la seguridad interior (policía, guardia civil), que requieren como el resto de funciones gasto e inversión para responder a las necesidades de la sociedad. Sin embargo, la defensa se mira como algo negativo y las inversiones en ella innecesarias. No obstante, es un bien público, como cualquier otro, cuyo objetivo es mantener las garantías de seguridad –generalmente exterior, pero no exclusivamente-, del conjunto del país y, por lo tanto de su población.

Decía Adam Smith en La Riqueza de las Naciones “La defensa es de mayor importancia que la opulencia”. El momento histórico en el cual expresaba dicha afirmación requería, como hoy, de seguridad para el comercio entre países, ya que sin ella, se perdían los bienes con los cuales se comerciaba reduciendo así el potencial de crecimiento de las economías –como hoy-. Así, la necesidad de la defensa posee un importante impacto en la actividad económica, salvaguardando rutas comerciales[1] y evitando problemas como los asaltos a buques en la zona del Cuerno de África, por ejemplo, por donde circula una importante cantidad de recursos energéticos necesarios para la producción y uso de los ciudadanos. Por ello, resulta necesario poseer un instrumento de disuasión para evitar problemas que limiten el crecimiento de los países.

Este mismo autor ponía de manifiesto que los países poseían –en mayor o menor medida- tres tipos de bienes estratégicos, a saber: su potencial económico, los recursos estratégicos y la capacidad militar. El uso de ellos -en función de las situaciones- permite mantener la soberanía de los países y su capacidad económica y desarrollo social y político.

El debate famoso de cañones o mantequilla, se ha demostrado falaz ya que cualquier país –incluso los declarados sin ejército, que han modificado su postura en este tema en las últimas décadas-, debe destinar recursos a ambos factores. Las necesidades sociales son elevadas: sanidad, educación, etc., pero la seguridad del conjunto es igualmente necesaria a fin de tener sanidad y educación, por lo cual es preciso invertir en ambos aspectos. La cuestión clave es cuánto. El reparto del presupuesto, la prioridad política expresada en él, es la que marca la importancia que se otorga a cada una de dichas funciones.

Los conflictos, como la actual guerra de Ucrania, demuestran la absoluta necesidad de realizar inversiones en defensa a fin de apoyar la legalidad internacional, la soberanía de los países y su actividad social, política y económica. ¿Puede la sociedad ucraniana mantener esas actividades? La respuesta obviamente es negativa. La falta de seguridad restringe cualquier posibilidad de crecimiento económico. ¿Si Ucrania hubiese tenido un alto poder de disuasión militar se habría evitado la guerra? Posiblemente si, dado que los costes de la misma para Rusia habrían sido aún mayores de lo que ya son. En definitiva, habría funcionado el efecto de la disuasión.

En este sentido, los países se enfrentan a distintos riesgos y amenazas, que van desde la desestabilización de países o zonas cercanas, a la confrontación geoeconómica o política, el control de los recursos de todo tipo, etc., factores que pueden suponer importantes amenazas a la seguridad, por lo que es necesario estar preparados para cualquier eventualidad, sea esta de la índole que sea.

Todos estos factores imponen la necesidad de realizar un cierto gasto en defensa a fin de que cumpla con la protección de los intereses económicos y políticos del país. Como puede entenderse, esta necesidad no se puede cubrir en el corto plazo debido a que las inversiones en sistemas de defensa son de muy largo plazo –diseño, desarrollo de inversiones de I+D, necesidad de capital humano especializado, etc.-. Igualmente, las Fuerzas Armadas han de formarse, conocer y manejar los sistemas que utilizan con la mayor eficiencia y eficacia posibles y estar preparados para participar en cualquier actividad que le encomiende el gobierno correspondiente. En definitiva, son necesarias importantes inversiones orientadas a garantizar la seguridad del país.

2. El papel de la industria de defensa

La industria de defensa cumple un papel fundamental como proveedor de los sistemas que requieren las Fuerzas Armadas para el ejercicio de sus funciones. Estos sistemas han de ser competitivos con los que poseen otros países, de manera que la aportación de España a la seguridad internacional se encuentre en un nivel razonable en cuanto a su papel en el contexto mundial y responda a sus propios riesgos con las capacidades necesarias. Es por lo tanto una industria estratégica.

Debido a la incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas militares, las empresas de esta industria están obligadas a realizar importantes esfuerzos en I+D+i –dedican el 10% de sus ingresos a estas actividades-, de manera que son generadoras de tecnologías que, en la mayor parte de los casos poseen un uso dual, civil y militar, por lo que generan importantes efectos de spillover en los mercados civiles. Por otra parte, debido a su elevada capacidad tecnológica exportan el 80% de su producción, generando continuamente saldos positivos en la balanza comercial. Además, debido a los aspectos mencionados, son altamente demandantes de capital humano de elevada cualificación, lo cual lleva a que el salario medio del sector se encuentre muy por encima del conjunto español.

Es importante subrayar el impacto de esta industria en la cadena de suministros, ya que su elevado nivel de sofisticación tecnológica impone la necesidad de un conjunto de suministradores especializados muy amplio, que supone unir a los empleos directos un importante conjunto de empleos indirectos e inducidos, generando unos efectos de arrastre similares a los del sector del automóvil, e incluso mayores en algunos casos.

3. El presupuesto de defensa

España destina a defensa menos del 1% de su PIB. En el conjunto de los países de la OTAN se encuentra en penúltimo lugar. En términos de los Presupuestos Generales del Estado, la defensa supone alrededor del 2,5% de los mismos, mostrando una elevada estabilidad a lo largo del tiempo. Si se compara con cifras presupuestarias como la educación, se observa que el presupuesto del Estado es mucho menor, ya que las competencias educativas están transferidas a las CCAA, por lo que uniendo ambas cuantías la educación supone cinco veces más que la defensa.

Uno de los problemas fundamentales a los que se enfrenta la asignación de recursos a defensa es la falta de visibilidad de los beneficios que reporta –como se ha expuesto anteriormente-, viéndose en los presupuestos los costes. Sin embargo, es igualmente cierto que la sociedad en general no conoce la defensa –en términos amplios-, ni la cuantía destinada a ella, ni en qué se gasta y si dicho gasto es eficiente, razonable, etc. por lo que es sencillo explotar ciertos prejuicios a fin de presionar a la baja los presupuestos destinados a ella. Aparece aquí la necesidad de que la sociedad conozca para qué sirve la defensa. Sin embargo, los costes políticos de poner sobre la mesa dicho análisis, en una sociedad como la española –con un elevado desconocimiento y prejuicios sobre el tema-, pueden ser elevados y los partidos políticos prefieren pasar de puntillas sobre este asunto.

Uno de los graves errores cometidos en la asignación presupuestaria durante años es que el presupuesto no ha reflejado el 100% del gasto efectivamente realizado, a fin de minimizar el impacto presupuestario, algo que se está corrigiendo, pero aún es insuficiente. Obviamente, esta situación no ayuda a un mejor conocimiento por parte de la sociedad. Sin embargo, se puede expresar en términos comparativos, con el siguiente gráfico, la evolución del PIB, del presupuesto del Estado y del gasto en defensa y cómo su prioridad política ha sido muy baja, lo cual ha conducido a la necesidad de incrementar dicho gasto.

Más aún, los países de la OTAN firmaron un acuerdo según el cual debían alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa en el año 2024, acuerdo que España no va a cumplir. Pero, ¿Es necesario elevar el gasto en defensa a la luz de los aspectos analizados? La respuesta es afirmativa. Tanto desde una perspectiva de seguridad, como desde una visión económica e industrial, la necesidad es obvia. La situación geopolítica mundial, los riesgos y amenazas existentes y la importancia de jugar un papel adecuado a nuestra posición económica y geoestratégica en el mundo, obligan a tener ciertas capacidades disuasivas cuyo último fin, en el espacio económico, es responder a la frase de Adam Smith. No se puede ir en contra de lo que la realidad dicta, se puede modular o priorizar, pero no se puede negar la importancia actual de la defensa.

[1] En el siglo XVIII, al igual que en la actualidad, el 80% del comercio mundial se realiza por vía marítima.

Bibliografía

Muinelo, F. “El Gasto en Defensa en España 1946-2015”. Ministerio de Defensa. Madrid. 2015.

…Et contra

Los desastrosos efectos en la economía y la seguridad del gasto militar

(por Jordi Calvo Rufanges, Centre Delás d´Estudis per la Pau)

El gasto militar es aquel capítulo de los presupuestos de un estado que incorpora todas las partidas destinadas a las actividades de defensa y seguridad bajo una vertiente militar. Habitualmente se hace referencia a los gastos propios del Ministerio de Defensa y algunos departamentos fácilmente asimilables a Defensa, como los institutos de seguridad social o similares, destinados en su integridad al ejército de un país. Este es de hecho el presupuesto que los gobiernos suelen presentar como gasto militar ante sus ciudadanos y que llevan a escrutinio parlamentario. Sin embargo, el gasto militar duplica e incluso triplica esta cantidad. Entre las definiciones más utilizadas se encuentran la de la OTAN y la del SIPRI. Ambas proponen que para calcular el gasto militar real hay que añadir a las partidas mencionadas todas aquellas que provengan de otros ministerios que estén dirigidas al mantenimiento y desarrollo de las estructuras y equipamientos militares de un país en un momento dado. Hay que acudir por ejemplo al Ministerio de Industria a averiguar el gasto en I+D militar y otras subvenciones o créditos que reciben las empresas de armas, el ministerio de seguridad social para añadir las pensiones y otros pagos a militares, al de exteriores para sumar las contribuciones a organismos militares y misiones en el exterior y a interior para sumar el coste de mantener todas las unidades y cuerpos militares de un país. E incluso habría que sumar la parte de la deuda anual que pueda ser considerada militar que proviene de los intereses de la deuda del año en cuestión. La OTAN incorpora teóricamente buena parte de estas partidas, aunque recoge y muestra tan solo los datos que le facilitan los gobiernos de sus estados miembro, con lo que su información sobre gasto militar es incorrecta. El instituto de paz de Estocolmo SIPRI incorpora la mayor parte de estas partidas y es la única fuente que ofrece datos comparables entre estados de todo el mundo. En el caso español, el Centro Delàs de Estudios por la Paz, hace el cálculo más completo del gasto militar real de España, mostrando que en 2022 el presupuesto del que informa el gobierno es de 11.709, el 0,98% del PIB, cuando en realidad es de 22.949 millones, y el 1,8% del PIB, muy cerca del 2% que el gobierno pretende alcanzar en menos de una década, aludiendo a un compromiso no vinculante en la reunión de la OTAN de 2014. De tal modo que el gobierno español tiene la intención de inyectar unos 12 mil millones de euros a gastos militares. La trampa está servida, la cifra que se use de referencia inicial marcará el camino a recorrer y el incremento del gasto militar en el país, que con toda probabilidad tendrá efectos negativos en la economía y la seguridad de nuestro país.  Veamos cuáles son.

Para desarrollar el principal argumento crítico con los aumentos del presupuesto militar utilizaremos el concepto de coste de oportunidad introducido por Paul Samuelson en virtud del cual afirma que existe una necesidad ineludible de elección en la decisión de a qué destinar el gasto público, por definición limitado y escaso, con la disyuntiva cañones o mantequilla. Con ella mostraba que la decisión de dedicar la inversión pública a una u otra cuestión no es baladí y tiene unos efectos no solo a corto plazo sino también a medio y largo plazo, tanto en la economía del país como en sus efectos sociales. Así, dedicar 12 mil millones a cañones (armas y equipamientos militares) hará obviamente imposible que sean dedicados a mantequilla (sanidad, educación, transición ecológica o servicios sociales). Habrá quien dirá que este aumento, de 12 mil millones, no afectará al resto de partidas, que será generado con incrementos en la recaudación impositiva o con la creación de deuda pública. De ser así debe ser explicado con claridad a toda la ciudadanía que van a pagar más impuestos ahora para comprar aviones o buques de guerra, o que lo van a hacer dentro de unos años con los intereses de la deuda generada para tal gasto extraordinario. La primera conclusión es que aumentar el gasto militar detrae recursos para otras políticas e incrementa el endeudamiento de la economía.

De la anterior argumentación se deduce que es cuestión de prioridades. La línea política de un gobierno determinado, las necesidades del país y las demandas sociales determinarán a qué se destinan los recursos que, como bien sabemos los economistas, son escasos. Es repetido hasta la saciedad por ministros de defensa de diferente color que sin seguridad no hay nada más. Es cierto, sin seguridad no hay economía, sanidad o educación que valga, cuando hay una guerra en territorio nacional, todo pasa a un segundo plano. Pero ¿de qué seguridad estamos hablando? Como en toda ciencia, existen visiones diferentes o contrapuestas en las definiciones básicas, en seguridad también ocurre.  Así, encontramos la visión belicista y militar de la seguridad, que se centra en el mantenimiento de los pilares básicos de un estado, integridad territorial y defensa de agresiones externas. Todo ello bajo una cultura hegemónica belicista, en virtud de la cual el uso de la fuerza armada es el mejor método para conseguir los objetivos en materia de seguridad. De ahí que aparezcan en los documentos de seguridad y defensa que justifican las necesidades de un país y que marcan los presupuestos públicos para seguridad y defensa, las amenazas a la seguridad de un país. El problema no es tanto el análisis de riesgos y amenazas de estos documentos, ya que dibujan un panorama que en un alto porcentaje es compartido por cualquiera, sino la asunción de que quien debe gestionarlo es el departamento de defensa, copado obviamente por militares y que proponen como solución incrementar el número de sus efectivos y renovar sus armas y equipamientos militares.

Una de las consecuencias más evidentes de la fallida gestión militarizada de un aspecto securitario la encontramos en que realidades de carácter exclusivamente humanitario y social, como la inmigración irregular, es considerado una amenaza a la seguridad que aparece en la doctrina de seguridad y defensa nacional. Las víctimas de esta gestión militarizada de la seguridad se cuentan por miles en el fondo del Mar Mediterráneo. El suspenso de la seguridad militarizada en el Mediterráneo es apabullante. Este fenómeno es lo que la Escuela de Copenhague, que desarrolla uno de los principales conceptos críticos de seguridad, denomina securitización, dejar en manos de los agentes que tradicionalmente se han hecho cargo de la seguridad y la defensa, los militares, aspectos que no les son propios. Ni las armas, ni las misiones militares en las fronteras, ni los muros de vigilancia y control fronterizo pararán los flujos migratorios de millones de personas que huyen, precisamente, de la inseguridad, de la guerra, la pobreza, la represión y el crimen de países, habitualmente fuertemente militarizados.

Naciones Unidas desarrolló en 1994 un concepto ampliado de seguridad, destinado a ayudar a superar la miopía securitaria de la mayoría de los gobiernos. Con el que propone que se incluya en la seguridad aspectos no únicamente relacionados con la prevención y gestión de agresiones violentas y armadas, que cubre con la seguridad personal por la que se evita la violencia física, sino que se incluyan en la ecuación de la seguridad aspectos de seguridad comunitaria, sanitaria, alimentaria, económica, medioambiental y política. Con esta propuesta se sugiere que la seguridad de un país no debe estar en manos de sus ministerios de defensa, sino que debe ser algo compartido por todas las áreas del gobierno. Los estudios críticos en seguridad no acaban aquí, cabría tener en cuenta los que incorporan la crítica neocolonial, los feministas o los de la investigación por la paz. Todos ellos proponen cambiar el sujeto y el objeto de la seguridad para conseguir mayores cotas de paz y seguridad.

En definitiva, la decisión de aumentar los presupuestos militares es una decisión política, de modelo de sociedad. Las inversiones públicas de hoy construyen la sociedad de mañana. Aunque suene a perogrullo, hay que repetirlo, invertir en seguridad militar, militariza la seguridad y legitima y promueve las respuestas belicistas a los desafíos de un país, entrando en una espiral en la que hasta un problema de salud es gestionado manu militari.   

Por otra parte, cabe añadir que este planteamiento no es ni nuevo ni desconocido. Sin embargo, en España es habitual que al poco de llegar al poder los y las ministras de Defensa justifiquen las inversiones militares no por necesidades relacionadas con la seguridad del país, sino para generar empleo. Los 12 mil millones € que el gobierno quiere inyectar en Defensa los próximos años resulta que son para luchar contra el paro, cuando no hay ninguna prueba, ni la habrá, de que las inversiones en la producción de armamento generen más y mejor empleo que en otros sectores. Sirva de ejemplo el caso de los 4.250 millones € que se van a gastar del erario para construir cinco nuevas fragatas para la Armada Española en Ferrol hasta 2031. Este enorme gasto militar es justificado no porque estas fragatas sean esenciales para la seguridad de España, porque no lo son. No aparece en ninguna doctrina de seguridad y defensa que sin estas fragatas seremos invadidos por la costa por Portugal, Francia, Italia o Marruecos. Las fragatas, según afirma la ministra de Defensa, se construyen para dar empleo a unos 8.000 trabajadores durante 9 años. Si el único objetivo es ayudar unos trabajadores determinados en un sector en crisis permanente cuya supervivencia depende de la inyección de dinero por parte de los presupuestos del Estado, bien podría dedicarse este dinero a un subsidio de 2.000€ mensuales de media acompañado de formación que lleve a la reconversión del sector y la recolocación de estos trabajadores en sectores económicos solventes durante, pongamos por ejemplo 4 años y nos sobrarían 3.482 millones.

Es quizá por esto que la falta de transparencia en los gastos militares es tan evidente. El secretismo, la ocultación y el escaso control democrático hacen de los gastos militares uno de los ejemplos más claros de la ineficiente gestión del dinero público en nuestro país y, lo que es incluso más grave, de una ineficaz política de seguridad, corresponsable de miles de muertes evitables cada año y que dibuja un futuro de miedo y mayor inseguridad a las generaciones futuras.

¿Sabías que…

(sección coordinada por Aurelia Mañé Estrada, Universitat de Barcelona)

… Ludwig von Mises tiene un libro titulado Política Económica?

(Por Fernando G. Jaén Coll, Profesor Titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Vic-UCC)

En este libro se recogen las seis conferencias que pronunció en el salón de conferencias de la Universidad de Buenos Aires, y que halló su esposa, Margrit von Mises, ya muerto su marido. Habían sido dictadas en inglés y traducidas al español en simultáneo, grabadas y transcritas más tarde por una secretaria hispano hablante, como nos indica Margrit von Mises en el prefacio que escribió para la edición inglesa de 1959. La edición original se debe a A. Benegas Lynch y su Centro de Estudios sobre la Libertad. La primera edición en Unión Editorial fue en 1981 en coedición con el Instituto de Economía de Mercado. La actual que manejamos es la de diciembre de 2008: Política Económica [Seis lecciones sobre el capitalismo] (para más detalles, véase la Nota del editor, de enero de 2009).

Se podría pensar que los economistas liberales, y la escuela Austríaca en particular, no tienen por qué ocuparse de la política económica, como no fuere para exigir su desaparición. En particular, Ludwig von Mises, y su esfuerzo por despojar a la ciencia económica  de contenidos o considerandos extra científicos, por separarla de la influencia del poder (que es lo que otorga relevancia a la política económica. Véase mi artículo en Noticias de Política Económica, n.º 35: Jaén, F. G. (2022). “El exceso de política, un peligro para la política económica, para las empresas y para los ciudadanos”. https://newspoleco.blogs.uv.es/2022/03/30/numero-35-7/). En otro libro, Teoría e historia (Unión editorial, 2016), Mises nos brinda, en síntesis, inmejorable, la finalidad de la política económica: “La política económica se orienta hacia el logro de determinados fines. Al ocuparse de estos fines, la economía no pone en duda el valor que a los mismos asignan las personas que actúan. Simplemente investiga dos asuntos: primero, si la política en cuestión es adecuada para alcanzar los fines que quienes la recomiendan desean alcanzar; segundo, si esa política produce o no efectos que –desde el punto de vista de quienes recomiendan los fines—son indeseables.” (p. 79)

Entre la amplísima obra de Mises, figuran estas seis conferencias reunidas en el libro Política Económica, cuyos capítulos son: 1. El Capitalismo. 2. Socialismo. 3. Intervencionismo. 4. Inflación. 5. Inversiones extranjeras. Y 6. Políticas e ideas.

En el capítulo 2 podemos leer lo que es la «economía libre» (expresión que Mises utiliza en español en el texto original, según nos indica la correspondiente nota del traductor), en respuesta a la pregunta ¿qué es? (y a la de “¿Qué significa este sistema de libertad económica?”): “Es el sistema según el cuál la cooperación de los individuos en la división del trabajo en sociedad es obtenida por el mercado. Este mercado no es un lugar, sino un proceso: la manera como, comprando y vendiendo, produciendo y consumiendo, los individuos contribuyen al funcionamiento de la sociedad.” (p. 35) Esto, que podría inducir a pensar en la prescindencia de toda acción pública, no es óbice para que se reconozca, en el capítulo 3, un ámbito de actuación de los poderes públicos, primero en su fórmula más general: “El gobierno debería hacer todas las cosas para las que se le necesita y para las que ha sido establecido.” (lo cual deja un amplio abanico de posibilidades), y concretando a continuación la encomienda: “El gobierno debería proteger a los habitantes de su respectivo país contra los violentos e ilegales ataques delos bandidos y defenderlos contra los enemigos foráneos.”; si bien, ya específicamente en el sistema de la economía de mercado, la principal tarea del gobierno sería “proteger el ágil funcionamiento de la economía de mercado contra el fraude y la violencia, ya provenga de dentro o de fuera del país.”

Con referente nacional, que es el lógico en los años en que dice esto Mises (en un mundo que no está globalizado y en que el mercado nacional tiene preponderancia, con el aditamento del comercio internacional), y con un papel restringido de la acción pública, que remacha en respuesta a la retórica pregunta ¿qué es el intervencionismo? “Intervencionismo significa que el gobierno no restringe su actividad a la preservación del orden”, poniendo como ejemplo que “desea interferir en el mercado” (p. 57). No podemos evitar preguntarnos si es lícito hablar de política económica sin interferir en el mercado, Mises no puede sino reconocer que “En las condiciones actuales tenemos algo llamado «economía mixta», en la que el Gobierno gestiona empresas como las del teléfono, ferrocarriles, etc., pero, nos dice “está sujeto a la supremacía del mercado, lo que significa que está sujeto a la supremacía de los consumidores.” (p. 56) E incluso, yendo más lejos, ¿qué hacer si los ciudadanos –atención al distingo entre consumidor y ciudadano[1]— de un país prefieren libremente mayor intervención del Estado?, ¿no entra en contradicción la prescripción de la libertad de mercado y el deseo de los ciudadanos libres de elegir lo que consideran mejor para ellos?

Sostiene Mises, en el último párrafo del capítulo 4, que “La inflación es una política. Y una política puede ser cambiada” (p. 91) y ello ha sido argumentado desde el principio del capítulo, con ejemplos históricos y con razonamientos basados en la cantidad de dinero en circulación: al igual que antaño con la afluencia de oro y plata (siglo XVI), “También hoy, cuando un gobierno incrementa la cantidad de papel moneda, el resultado es que el poder de compra de la unidad de moneda comienza a caer, mientras los precios empiezan a subir. Esto se llama inflación.” (p. 73) El ejemplo de la elección de Jacques Necker como ministro de finanzas de la realeza antes de la Revolución Francesa, además de ilustrarnos con la anécdota histórica, señala que la financiación pública (en este caso la ayuda a los colonos norteamericanos en su guerra de independencia de Inglaterra), se hizo sin aumentar los impuestos, y esto le permite subrayar que “no es la manera como el dinero es utilizado sino la forma como es obtenido, lo que provoca esas consecuencias que llamamos inflación.” (p. 75)

Critica el uso de la expresión metafórica «nivel de precios», por lo inapropiado de considerar que exista un nivel dado de precios, cuando se trata de un proceso que altera asimétricamente la estructura de precios, que no cambian todos ni en el mismo momento ni con igual amplitud (p. 76), y con consecuencias diferentes entre la población, pues la emisión de billetes no llega a todos por igual al mismo tiempo: a quienes les llega primero, pueden adquirir bienes a precios fijados en el período anterior (p. 78). En el largo plazo, hemos de esperar que la inflación acabe por destruir la moneda (p. 81), como sucedió a Alemania tras la I GM. Defiende el patrón oro, por su independencia de los políticos, criticando a J. M. Keynes (p. 83, 87 y 88) y a los sindicatos, señalando que el objetivo del «pleno empleo» debe lograrse en un mercado libre y sin trabas ni manipulaciones, ni de éstos ni de los gobiernos (p. 88).

Su quinta conferencia versaba sobre el papel de las inversiones extranjeras, los diferentes niveles de nivel de vida de los países, siendo más bajos en los llamados «países en desarrollo», “porque la utilidad promedio proveniente del mismo tipo de trabajo es más baja.” (p. 94) La clave explicativa está en el capital (es muy sugerente, en esta línea, la lectura del libro El misterio del capital: ¿Por qué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo?, del economista liberal Hernando de Soto). Para Mises, la diferencia no estriba en la inferioridad personal o la ignorancia, sino en la dotación de capital per cápita. El avance inicial de los británicos vendría dado por el ahorro precoz frente al de otras naciones, calificando de gran evento la inversión extranjera, que permite el desarrollo de unos países gracias al capital de otros, que se realiza con la expectativa de que no será expropiado de forma directa o indirecta, en este caso a través de los controles de cambio o de impuestos discriminatorios. En ausencia de libertad total para emigrar, la migración del capital puede hacer de sustitutivo (p. 107).

El capítulo 6 nos presenta la relación entre políticas e ideas, con una afirmación rotunda: “Los acontecimientos políticos son la consecuencia inevitable del cambio en las políticas económicas.” (p.112), que nos mueve a meditar si no será esta afirmación un reconocimiento de la tesis marxista de la explicación económica de la historia, de la dependencia de la superestructura política de la economía, por más que de esta visión marxista se discuta el alcance de la dependencia y su concreción. Ni que así fuera, Mises se sitúa en las antípodas de Marx.

Distingue entre partidos, en el sentido antiguo y clásico, y grupos de presión, que es en lo que se han convertido éstos, señalando que “Un grupo de presión es un grupo de gente que desea obtener un privilegio especial a expensas del resto de ciudadanos.” (p.114) La nación como un todo no cuenta y sus intereses colectivos se han desvanecido.

Su fe en las ideas cierra el capítulo: “Todo lo que ocurre  en el mundo social de nuestros días es resultado de ideas […] Las ideas, y solamente las ideas, pueden llevar la luz a la oscuridad.” No abandonamos el capítulo sin destacar la mención que hace del libro La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, “Un famoso autor español”.

[1] Véase mi reseña, en SYN@PSIS N. º 29, del libro de Robert Rochefort, Le bon consommateur et le mauvais citoyen (Odile Jacob. París, marzo de 2007).

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Homenaje a Luis Rodríguez Sáiz, Maestro y Amigo

(por José Alberto Parejo Gámir y Antonio Calvo Bernardino, Catedráticos de Política Económica)

Parece que fue ayer cuando el 4 de diciembre de 2012, con la presencia de una gran cantidad de amigos y compañeros, tanto de la Guardia Civil como de la Universidad, rendíamos un merecido homenaje por su jubilación al Catedrático de Política Económica, Luis Rodríguez Sáiz. Ante el Aula Magna del Colegio Mayor de San Pablo repleta de público, vivimos todos la emoción del reconocimiento por sus muchos años de trabajo, de docencia y de investigación, así como por el apoyo otorgado a tantos que nos consideramos sus discípulos,  directos o indirectos, y en cuyo Acto le hicimos entrega de un libro que, como él ya manifestó en muchas ocasiones posteriormente, constituía el mejor homenaje que hubiera soñado: más de un centenar de cartas de amigos y compañeros en las que cada uno manifestaba su cariño y su relación con Luis.

“Ayer” nos abandonaba Luis. Concretamente, tras una larga enfermedad, que se inició de forma repentina unos meses antes de declararse la pandemia del coronavirus, con intervalos de salud mejores y peores, se iba con el Padre, el sábado 26 de marzo de 2022. Una muestra más de ese cariño expresado anteriormente de tantos para con Luis lo pudimos comprobar los que asistimos a su funeral, el viernes 1 de abril, en la Capilla del Colegio Mayor San Pablo, la cual, como para su jubilación, se encontraba a rebosar, y en el que pudimos mostrar el cariño que se profesaba a este magnífico profesor y mejor persona.

Amigo de sus amigos, en su vida cuidó al máximo de sus tres grandes pasiones: su familia, con su esposa Marisol, sus cuatro hijos (tres de ellos brillantes economistas) y once nietos, y sus amigos; la Guardia Civil, a la que accedió tras su paso por la Academia General Militar de Zaragoza, y, en la que como no podía ser menos, trabajó como docente en su Academia de Oficiales; y la enseñanza universitaria, recorriendo las diferentes categorías de profesor, y demostrando su valía como “maestro”, como se pone de manifiesto en su docencia, por un lado, a través de las opiniones tan favorables de tantas generaciones de estudiantes, tanto verbales como a través de las encuestas que, desde hace ya muchos años, se les realizan periódicamente sobre sus profesores, y en su labor investigadora por otra parte, con publicaciones de gran impacto para las generaciones docentes siguientes y para el mundo profesional.

Esta sobresaliente trayectoria de Luis fue siempre acompañada por su humildad. Somos conscientes y testigos de su renuncia a determinados cargos universitarios y no universitarios en beneficio de sus amigos y compañeros, y nunca aceptó ninguno de ellos si eso pudiera suponer un perjuicio a los que éramos y somos sus amigos.

Su vocación universitaria tan arraigada le llevó a combinar adecuadamente sus tareas docentes e investigadoras, así como las de gestión en el seno de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, a la que estuvo vinculado prácticamente desde sus inicios académicos.

La magnífica entrevista realizada por el Coordinador de estas Noticias de Política Económica, Antonio Sánchez Andrés, publicada en el número 20 de junio de 2018, resume algunos aspectos fundamentales de su trayectoria docente e investigadora, y permitió sumar al grupo de personas que mantuvieron una gran relación con él al propio “Tono”, y a éste con Luis, como han manifestado ambos en distintas ocasiones. Valgan, en este sentido, las palabras que nos remite Tono cuando es informado de la muerte de Luis: “me ha sorprendido y me ha entristecido la noticia del fallecimiento de Luis. Sí, le tenía gran aprecio no sólo por la conversación [referida a la publicación anterior], sino por las conversaciones telefónicas que tuvimos y las cartas que intercambiamos”.

Luis Rodríguez Sáiz obtuvo el grado de licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona en febrero de 1969 (lugar donde estaba destinado en sus primeros años en la Guardia Civil); también alcanzó la diplomatura en Estadística Superior en su rama de Investigación Operativa.

Esta formación le permitió incorporarse a tareas docentes en 1968, como profesor de Prácticas de Teoría Económica en el antiguo Centro de Estudios Universitarios CEU, con el profesor Benito Martínez Echevarría y más tarde con el profesor Gonzalo Arnáiz, como docente de Estadística Económica, en la Escuela Oficial de Turismo y en el propio CEU, en 1970, accediendo en éste al puesto de Ayudante de Política Económica, e inmediatamente, en un puesto similar, en el Departamento de Política Económica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.

En su pertenencia, ya hasta su jubilación, a esta Facultad, Luis realizó su tesis doctoral dirigida por el profesor Emilio de Figueroa, como también estaba dirigiendo la de la profesora, Catedrática en la Universidad de Valladolid posteriormente, Josefa Eugenia Fernández Arufe, dedicada a la política de transportes en España, que defendió, con la máxima calificación, en el año 1973. Ya, desde estos primeros años setenta, Luis entró en contacto con Andrés Fernández Díaz que, como él mismo ha señalado en muchas ocasiones, se convirtió en su mentor y en su maestro a partir de entonces.

Desde esta perspectiva docente, además de sus clases en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en el Colegio Universitario San Pablo-CEU, desarrolló su actividad académica en el CUNEF, como también durante muchos años en el CUNEF, Centro Adscrito también a la Universidad Complutense de Madrid.

En el ámbito de la investigación, la trayectoria de Luis Rodríguez Sáiz se centró en varias líneas: en primer lugar, ligada a su tesis doctoral, la política de transportes, de la que escribió varios artículos y, sobre todo, colaboró en las diversas ediciones publicadas del libro coordinado por Luis Gámir, “Política Económica de España”. En el ámbito de la investigación, la trayectoria de Luis Rodríguez Sáiz se centró en varias líneas: en primer lugar, ligada a su tesis doctoral, a la política de transportes, de la que escribió varios artículos y, sobre todo, colaboró en las diversas ediciones publicadas del libro coordinado por Luis Gámir, “Política Económica de España”.

En segundo lugar, tras obtener su plaza de Profesor Adjunto en 1975, inició una nueva línea, que mantuvo durante el resto de su vida, sobre el sistema financiero español, en la que desarrolló varios trabajos de investigación, como “La distribución provincial del crédito en España”, realizado junto a los profesores Martín Pliego, Parejo Gámir y López Díaz; (Premio Rumasa de investigación) y, sobre todo, el “Manual del Sistema Financiero Español”, con 27 ediciones, que se convirtió desde un primer momento en una referencia para el mundo académico, para la preparación de oposiciones a diferentes cuerpos y para el mundo profesional.

Con la obtención de la plaza de Profesor Agregado en 1981, tras una brillante oposición, algunas de sus publicaciones se dirigieron al ámbito de la metodología de la Política Económica, cuyo estudio y conocimientos, le han llevado a criticar en múltiples ocasiones la integración de nuestra área en el ámbito de la economía aplicada y la injerencia por parte de otras en el terreno propio de la Política Económica. De esta línea de trabajo destaca, sin duda, la publicación de la segunda edición del libro “Introducción y Metodología de la Política Económica”, realizado junto con su maestro, el profesor Fernández Díaz, así como otros manuales en los que, junto con su maestro y algunos de sus discípulos, pone de manifiesto su defensa de la Política Económica como disciplina autónoma dentro de la ciencia económica. Entre esos trabajos destacan sin duda el Curso de Política Económica en 1989, o su versión más actualizada a través del Manual de “Política Económica”, publicado, en cuatro ediciones, la última de 2011, junto a los profesores Fernández Díaz y Parejo Gámir; también destaca el libro de “Teoría y Política Monetaria”, publicado en 1991, junto, además de aquellos, con los profesores Calvo y Galindo, y que fue ampliado, la última vez en 2011, con el título de “Política Monetaria. Su eficacia y enfoques alternativos”. Además de estos libros, en esta línea de trabajo, el profesor Rodríguez Sáiz, publicó varios artículos, entre los que destacaríamos: “Inflación, cuantitativismo y política monetaria (1983) y “Déficit público, crisis económica y política monetaria” (1984).

Finalmente, también dedicó una línea de investigación a la política regional, que se inició con la publicación ya reseñada sobre la distribución provincial del crédito en España, pero que tuvo como obra referencial, además de diversos artículos publicados junto al profesor Parejo, el libro “Política económica regional”.

Aunque sus libros y artículos publicados, a lo largo de su trayectoria académica, han sido muchos, al final de este trabajo recogemos unas pinceladas de los que pueden resultar más significativos, así como del conjunto de su currículo, en el que podremos observar de nuevo su brillante trayectoria como docente, como gestor universitario y como investigador.

Además, en los últimos años, previos a su jubilación, a través de diversas publicaciones dejó ver, con mayor énfasis si cabe que en los trabajos anteriores, su preocupación por los problemas éticos en la economía, con una defensa de una economía normativa, en la que se entronca la política económica, y resaltando el importante papel de los gobernantes en la toma de decisiones, que deben tener siempre en cuenta las cuestiones éticas.

Nada mejor para ello que recoger algunas citas de sus principales trabajos para enfatizar esta preocupación de Luis sobre los problemas éticos de la economía y el desafío que tienen los gobiernos para esa toma de decisiones.

“Desde una perspectiva macroeconómica las actuaciones de las autoridades para hacer frente a los problemas económicos (paro, inflación, recesión, etc.) pertenecen al campo de la política económica y en este terreno la dimensión ética debe manifestarse en el logro del bien común, esto es en la prioridad del interés colectivo frente a los intereses particulares”.

“…. el papel relevante que corresponde a las instituciones de enseñanza, que deben incorporar en sus programas la necesaria educación en valores, como complemento de las habilidades científicas, culturales y técnicas …”

(“Ética y economía: algunas reflexiones sobre la crisis financiera”, en XI Congreso Católicos y Vida Pública, noviembre de 2009, CEU Ediciones, Madrid, 2010).

“En definitiva, el sistema financiero debe estar pues al servicio de la actividad real y a favor del bienestar conjunto y no sólo del individual … En el primer caso, el sistema financiero debe contribuir a generar el suficiente volumen de ahorro para su destino a la inversión productiva…; en el segundo, el fin de sus operaciones debe ser el bienestar conjunto, y aunque provea el bienestar individual, no debe ser a costa de algunos o muchos perjudicados”.

(“Manual de sistema financiero español, con J.A. Parejo, A. Calvo, E. Alcalde y Á. Cuervo, ed. Ariel, Barcelona, 27 edición, 2019)

“… los gobiernos no deben intervenir directamente en la asignación de los recursos o en la producción y distribución de bienes que no tangan las características de servicios públicos. En su lugar, sus responsabilidades son de tres tipos fundamentales: el establecimiento de un entorno macroeconómico estable y la adopción oportuna de los esfuerzos de ajuste que sean necesarios; la existencia de un marco legal, social y fiscal apropiado, así como el mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras de la economía; y la creación de un ambiente adecuado para el funcionamiento de los mercados…”.

(“Política Económica”, con A. Fernández Díaz y J.A. Parejo, ed. Mc Graw Hill, 4ª edición actualizada y revisada, Madrid, 2011)

“Desgraciadamente fenómenos tales como el empleo de información privilegiada en las operaciones financieras, la especulación egoísta en los mercados financieros, el blanqueo de dinero procedente de operaciones ilegales, la financiación ilegal de los partidos políticos, cuando no la corrupción político-financiera, forman parte de nuestra realidad cotidiana y ponen de manifiesto la necesidad de contar en la actualidad con un conjunto de normas que regulen satisfactoriamente estas situaciones, que las prevengan y sancionen, recogiendo las grandes líneas de la ética en materia económica o empresarial, y financiera en particular”.

(“Política monetaria. Fundamentos y estrategias”, con A. Fernández Díaz, J.A. Parejo, A. Calvo y M.A. Galindo, ed. Paraninfo, Madrid, 2011).

En definitiva, pues, en lo profesional creemos que ha destacado en Luis Rodríguez Sáiz su gran labor académica (sin olvidar su muy brillante trayectoria militar), con varias décadas de profesor universitario brillante, volcado, claro y sistemático, muy buen pedagogo, al día en sus conocimientos, estudioso, con unas clases muy bien preparadas siempre, con dominio de las técnicas cuantitativas aplicadas a la Economía, volcado y ejemplar con sus alumnos, muy querido y admirado por ellos; ser investigador ilusionado; coautor de varios libros de texto muy relevantes en diversos ámbitos de la política económica; miembro de una importante escuela universitaria, en la que siempre defendió el trabajo en equipo, el afán investigador, la importancia de la tarea docente bien hecha y el cariño a los maestros y el apoyo a los discípulos; y sus muchos años de gestor eficaz de centros de enseñanza superior, en diversos cometidos …

En lo personal, sin duda lo más destacable de Luis, en nuestra opinión, ha sido su carácter entrañable, su bonhomía, su espíritu militar, su gran capacidad de hacer amigos, su atención prioritaria a la familia, …Era Luis pues un hombre íntegro, trabajador, honesto, competente, que no conocía la envidia, abierto a todos, que se alegraba con los éxitos ajenos…y una persona de Fe, un católico ejemplar, miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, con gran confianza en Dios, que le tendrá seguro ya con Él en el Paraíso. Para nosotros, un gran amigo, “un amigo del alma”.

Este extraordinario del Noticias de Política Económica pretende ser nada más que un mínimo reconocimiento a la persona y al universitario Luis Rodríguez Sáiz, con la contribución de algunos amigos, discípulos y colaboradores, próximos a él, y muy queridos, y con la mala sensación por parte de los coordinadores de que podían y querían haber sido más los que hubieran participado, pero la extensión del número no lo hubiera permitido. Por tanto, nuestras disculpas a todos ellos y nuestro agradecimiento a los que se han puesto delante del papel a trasladar el trabajo y su relación con nuestro querido amigo Luis.

Pinceladas del currículum vitae de Luis Rodríguez Sáiz

Formación académica:

• Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.
• Diplomado en Estadística Superior-Investigación Operativa.
• Catedrático de Política Económica por la Universidad Complutense de Madrid desde 1981.

Actividad docente y profesional:

• Profesor del Área de Política Económica del Colegio Universitario San Pablo-CEU (desde el curso académico 1980-81 hasta el 2011-12).
• Director del Colegio Universitario Luis Vives-CEU (1985-1988).
• Inspector General de Servicios Docentes de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
• Director del Instituto de Estudios Superiores de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
• Director Económico-Financiero de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
• Patrono de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU y de la Fundación Abat Oliba, así como de sus Universidades (2011-2019).

Publicaciones más relevantes:

Libros

• Manual del Sistema Financiero Español (2019), con los profesores A. Calvo, J. A. Parejo, E. Alcalde y Á. Cuervo (27 ediciones desde su aparición en enero de 1987). Ed. Ariel, Barcelona.
• Política Económica (2011), con los profesores A. Fernández Díaz y J.A. Parejo, 4 ediciones, Ed. Mac Graw Hill, Madrid.
• Política Monetaria. Fundamentos y estrategias (2011), con los profesores A. Fernández Díaz, J.A. Parejo, A. Calvo y M.A. Galindo. Ed. Paraninfo.

Artículos

• “Ética y economía: transparencia en los mercados financieros y política económica” (2009), en la obra colectiva Pensar como un economista: homenaje al profesor Fernández Díaz, Ed. Delta.
• “El papel de la política económica a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia” (2003), con el profesor J. Sotelo, Actas del IV Congreso Católicos y Vida Pública. Ed. CEU.
• “Explicaciones macroeconómica del desempleo” (1999), con el profesor J. Paúl. Revista del Instituto de Estudios Económicos, nº 1 y 2.
• “El sistema financiero español ante su futuro en el marco de la UEME” (1996), con el profesor J.A. Parejo (en la obra colectiva España frente a la Unión Económica y Monetaria), Ed. Civitas.
• “Inflación, cuantitativismo y política monetaria” (1983), Revista de Hacienda Pública Española, nº 81.
• “Un análisis formal de los problemas de aplicación de la política de estabilización” (1982). Revista de Economía Política, nº 92.

Proyectos de Investigación

• “Política regional, paro e inflación” (1988), junto con los profesores F.J. Martín Pliego y J.A. Parejo (financiado por el Instituto de Estudios Fiscales).
• “Técnicas de evaluación de los efectos de la política regional: una aplicación al caso de España” (1985), junto con los profesores J.A. Martín Pliego y J.A. Parejo (financiado por el Instituto de Estudios Fiscales).
• “Progreso tecnológico y agricultura” (1982), junto con los profesores A. Fernández Díaz y J.A. Parejo (financiado por el Banco de Crédito Agrícola).
• “Análisis económico del sector de la construcción” (1982), junto con los profesores A. Fernández Díaz y A. Alcalde.

Luis Rodríguez Sáiz: otra presencia

(por Andrés Fernández Díaz, Catedrático de Política Económica de la Universidad Complutense y Ancien Professeur de L´Université-Paris-Sorbonne)

Finalizaba la década de los sesenta, y tras haberme doctorado en la Universidad de Roma (1964) y en la Universidad Complutense (1967), de la que ya era Profesor Adjunto de Política Económica, me incorporé al Centro de Estudios Universitarios (CEU), entonces Colegio Universitario adscrito a la Complutense, y en el que se estudiaban los tres primeros cursos de la carrera de Ciencias Económicas. Había llegado en los mejores tiempos de la institución regida por la ACdP, con excelentes profesores, como Ricardo Calle Sáinz o Antonio Fernández Galiano, relevantes Catedráticos de la UCM, y con un alumnado ilusionado y estimulante de los que saldrían con el paso del tiempo brillantes y destacados profesionales, como los profesores José Alberto Parejo Gámir y Javier Martín Pliego, ambos prestigiosos y entrañables amigos. Y allí, en ese privilegiado escenario, me encontraría con nuestro querido Luis, que se estrenaba impartiendo clases prácticas de Economía y de Estadística. No tardé tiempo alguno en darme cuenta de la calidad humana y de los muchos valores que portaba el nuevo profesor, así como de la sólida formación que poseía debido, en gran parte, a su paso por la Academia General Militar de Zaragoza de la que saldría como Oficial con el número Uno de su promoción, algo excepcionalmente difícil de conseguir y digno de admiración. Ello suponía rigor en el trabajo, autodisciplina en el esfuerzo, disponibilidad sin discontinuidades y legítima satisfacción por la obra bien hecha.

A partir de ese afortunado encuentro en el CEU iniciamos una andadura en común, tanto en el plano profesional como en el personal, que no se interrumpiría a lo largo de los años y que daría lugar a frutos y resultados verdaderamente satisfactorios. En el año 1986, aparecía la 4ª edición del libro Introducción y Metodología de la Política Económica que venía publicando desde 1976, y que constituía el manual utilizado de forma generalizada. En ella, con prólogo de Carlo Pace, reconocido Catedrático de La Sapienza, se incorporaba como coautor al profesor Luis Rodríguez Sáiz, iniciándose así una permanente colaboración entre ambos en libros y artículos sobre la materia y otras áreas con ella relacionadas. Su buena preparación matemática sintonizaba muy bien con el enfoque que yo le daba a la asignatura y a los textos que se adecuaban a la misma. En el camino que íbamos recorriendo dábamos conferencias o presentábamos los trabajos realizados conjuntamente en conocidas universidades de Canadá, Estados Unidos, Francia e Italia, por citar los más importantes.

Podría continuar considerando otras muchas actividades y vías de fructífera colaboración, pero, cambiando de rumbo y desde otras dimensiones debo y deseo hablar de Luis incluso dirigiéndome directamente a él de forma más íntima y profunda porque, siguiendo a Heidegger, se “es” aunque se deje de “estar en”, pensamiento que nos remite al siempre genial Pessoa cuando afirma en uno de sus poemas que “morir es doblar la curva del camino y no ser visto”. No se está o se está de otra forma, pero se “sigue siendo”.

Parafraseando a San Agustín, en mi confesión calla la palabra y clama el afecto, y podríamos decir con él que tus años son un día, y tu día no es cada día, sino un hoy, porque tu hoy no cede el paso al mañana, ni sucede al día de ayer. Tu hoy es la eternidad. Sí, querido Luis, es el momento de hablar de ti, y ello requiere hablar del tiempo, del tiempo como instante instantáneo, como átomo de silencio, como instante fecundo, del tiempo de Proust, incorporado y reencontrado en la sensación, un tiempo que se toca, casi sensual. Y hablar del tiempo nos lleva a considerar la dualidad cuerpo y alma, lo cual, a su turno, me permite el atrevimiento de definirte partiendo de una sorprendente afirmación que hiciera en 1473 Marsilio Ficino, fundador de la famosa Academia platónica florentina y maestro de los filósofos renacentistas italianos: “Ciertamente el alma es el hombre mismo y el cuerpo no es sino su sombra”. No encuentro una frase más adecuada, por polémica y desafiante que pueda resultar, para hacer un boceto de cuanto eres y significas para mí: un hombre íntegro, un hombre de honor, inteligente, estudioso y trabajador infatigable, amigo leal e incondicional, verdadero “compagnon”, con todo lo que guarda y quiere decir este apelativo en la lengua de Molière, un hombre que hace buenas las palabras de Ficino, pues en todo momento de este deambular compartido el alma y el hombre eran la misma cosa. Tu sonrisa permanente, tu entrega continua, tu gesto siempre amable, tu palabra acertada y oportuna en cualquier circunstancia que estuviésemos viviendo, no eran sino el fluir y la expresión de tu espíritu, de la palpabilidad de tu alma. Gracias, querido Luis, por la lección magistral que con tu vida nos has dado.

Madrid, domingo de Ramos del 2022

Luis Rodríguez Sáiz y la docencia de Política Económica

(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia)

Este trabajo pretende ser un homenaje a Luis Rodríguez Sáiz en el que se abordará un ámbito al que se le suele dirigir poco la atención: la docencia. Este tipo de aspectos a menudo se olvidan o quedan relegados a un segundo término, pero constituyen una dimensión esencial de un profesor universitario. A veces, esta actividad queda plasmada en las explicaciones ofrecidas, pero otras, menos frecuentes, se reflejan en la edición de manuales. Este último tipo de trabajo no se encuentra bien valorada porque suele alejarse de significar aportaciones que pretenden colocarse en los alrededores de las fronteras del conocimiento de una disciplina, aunque resulta esencial por el esfuerzo de sistematización de contenidos existentes y su organización para la transmisión a los estudiantes. En este sentido, constituyen unas herramientas muy importantes en la formación de los estudiantes y en la transferencia del conocimiento a la sociedad.

En este trabajo se incidirá en la contribución de Luis Rodríguez a la aparición-desarrollo de manuales de Política Económica. Cabe señalar que un rasgo característico del profesor Rodríguez ha sido el de participar, integrar y promocionar grupos de trabajo en términos docente. Prueba de este hecho es que todos los manuales en los que participó fueron, finalmente, el trabajo de un grupo profesores.

Una de las primeras iniciativas de participar en un manual fue en colaboración con el profesor Andrés Fernández Díaz. Este último había mostrado tradicionalmente una sensibilidad especial en cuanto a las reflexiones metodológicas sobre Política Económica y, también, sobre intervenciones estatales agregadas (políticas coyunturales) y sobre áreas de actuación económicas específicas (planificación indicativa). Respecto al ámbito que nos atañe, cabe señalar que el profesor Andrés Fernández Díaz escribió el libro Introducción y metodología de la Política Económica, con una primera edición de 1976 y una segunda de 1979. A partir de la tercera edición (1982) este manual disfrutó de la coautoría de Andrés Fernández Díaz y de Luis Rodríguez Sáiz, colaboración que se extendió en una ulterior edición de ese libro con el mismo título en 1986. Esta colaboración inauguró un trabajo conjunto muy fructífero que se extendería hasta la segunda década del siglo XXI.

La edición conjunta, además de sistematizar más cuidadosamente los contenidos sobre metodología de la Política Económica, extendió las explicaciones sobre las aportaciones del pensamiento económico a la teoría de la Política Económica y, en particular, se prestó una atención especial a las tendencias más recientes, en particular las corrientes estructuralistas. También se apuntaron, de manera más detenida, aspectos relacionados con la economía del bienestar, al tiempo que se subrayaron reflexiones más extensas sobre la cuantificación en economía y su utilidad para la Política Económica en términos de planificación y teoría del control. Cabe señalar que parte de estos últimos aspectos provenían originariamente de reflexiones realizadas por Andrés Fernández Díaz en unos libros de texto anteriores que versaban sobre planificación económica, pero que con la relación y discusión con el profesor Rodríguez Sáiz, adquirieron una nueva dimensión analítica.

Por otra parte, debe apuntarse que el profesor Fernández Díaz tuvo un especial interés en las políticas de gestión del ciclo económico y, en este sentido, editó el libro Política económica coyuntural, cuya primera edición vio la luz en 1979 y la tercera y última en 1987. Como una especie de síntesis de este libro y del anterior manual comentado más arriba, surgió en 1989 el manual Curso de Política Económica escrito colegiadamente por los profesores Luis Rodríguez Sáiz, Andrés Fernández Díaz y José Alberto Parejo Gámir. A partir de ese momento, este manual ha sido una obra de referencia obligatoria en la formación de los economistas españoles. Cabe señalar que de este manual apareció una nueva edición en 1993 en la misma editorial, AC, pero, a partir de 1995, se volvió a publicar en forma de una nueva versión más abreviada, más estandarizada en términos docentes y en la editorial McGraw Hill. Esta nueva versión se editó en total 5 veces, la última en 2011. En conclusión, la apuesta del profesor Rodríguez Sáiz por la sistematización de contenidos metodológicos de Política Económica con objetivos docentes ocupó un lugar de primer orden en su vida académica.

Otro gran trabajo que promocionó directamente el profesor Rodríguez Sáiz fue el Manual de sistema financiero español, que vio la luz por primera vez en 1987 y cuya relevancia queda patente en que ha ido apareciendo continuamente hasta 2018, año en que se registró su edición número 27 (amén de las continuas reediciones que fueron apareciendo en varios años). Así pues, durante 30 años han ido publicándose sucesivas ediciones renovadas y actualizadas, constituyendo un libro de referencia en la formación de toda una generación (sociológica) de estudiantes de economía.

Formalmente, este manual se tituló en sus dos primeras ediciones Manual de sistema financiero, pero ya en la tercera se le añadió el calificativo español. El cambio en el título significó prestar una atención especial al caso español para acercar más el conocimiento de la realidad circundante a los estudiantes. Un segundo cambio relevante en el manual se refiere a la autoría. Las primeras ediciones fueron lideradas por el profesor Rodríguez Sáiz y apoyadas como coautores por otros dos conocidos profesores, a saber, José Alberto Parejo Gámir y Álvaro Cuervo García. El equipo de autores se completó en la sexta edición (1993), cuando se incorporó al grupo el profesor Antonio Calvo Bernardino. Debe señalarse que más posteriormente, en la edición 26 (2016), se añadió al grupo de autores Eduardo Alcalde.

Dada la longevidad del manual y el esfuerzo de actualización del grupo de profesores que lo escribieron, sus contenidos han ido cambiando y adaptándose. Así pues, acontecimientos como la integración en la Unión Europea o el impacto de la crisis de 2008 han supuesto un cambio en la fisionomía y gestión del sistema financiero, todos ellos recogidos en el manual. En este sentido, mientras que, en los primeros manuales, se abundaba con detalle en ciertas funciones del banco central, progresivamente los contenidos de este capítulo han ido cambiando, adaptándose al nuevo contexto de su independencia respecto al gobierno. Del mismo modo, explicaciones detallistas aparecían respecto al papel de la banca pública, que se han ido extinguiendo conforme se pasaba a ediciones ulteriores. En la misma situación se encuentran los aspectos referentes a las cajas de ahorro.

En estrecha relación con este último manual acabado de comentar se encuentra el de Teoría y política monetaria. En este caso, también la autoría supuso la coordinación de varios profesores, en concreto, de cinco: Luis Rodríguez Sáiz, Andrés Fernández Díaz, José Alberto Parejo Gámir, Antonio Calvo Bernardino y Miguel Ángel Galindo Martín. Este manual tuvo también gran impacto docente tal como queda probado en las múltiples ediciones de que fue objeto. La primera edición data de 1991 y se publicó una tercera en 1996. Cabe señalar que, a partir de ese último año se introdujo una reconsideración en la estructura del libro y salió editado en dos volúmenes en 1999, llegando también a tres ediciones esta versión, datando la última de 2011. Así pues, vuelve a quedar patente el impacto docente de este manual, publicado regularmente durante veinte años, que constituye una prueba irrefutable del interés del profesor Rodríguez Sáiz por la docencia de la Política Económica y por apoyar grupos interesados en desarrollar este tipo de actividades académicas.

Finalmente, vale la pena poner de relieve otra iniciativa docente del profesor Rodríguez Sáiz que, con frecuencia, queda eclipsada por la aparición de los anteriores manuales. Se trata de la edición del manual Política económica regional. Este manual apareció en 1986 y, aunque tuvo una trayectoria relativamente corta pues sólo tuvo una edición, gozó de una cierta trascendencia por la sistematización de contenidos que ofrecía. Del mismo modo que en los otros manuales, en torno al profesor Rodríguez Sáiz se vertebró un grupo de colaboradores, como fueron en este caso Javier Martín Pliego, José Alberto Parejo Gámir y Ángel Almoguera Gómez. En este libro se ofrecía una visión de la política económica desde el punto de vista regional, desde el diseño a su evaluación, pero también incidiendo en su ejecución prestando una gran atención al caso español.

En definitiva, en este trabajo se ha subrayado la aportación de Luis Rodríguez Sáiz a la didáctica de la Política Económica, concentrando la atención en la publicación de manuales. En particular, se han destacado sus esfuerzos relacionados con la metodología de esta disciplina, al tiempo que con ofrecer una visión global de ella. No obstante, debe destacarse también su trabajo académico en los ámbitos específicos de la política monetaria y el sistema financiero, no debiéndose olvidar su contribución a la política regional. Adicionalmente, hay que resaltar su espíritu de trabajo en grupo, tratando de estimular la formación de equipos que abordasen las distintas facetas de la Política Económica.

Luis Rodríguez Sáiz: maestro referente impulsor de carreras docentes

(por José Andrés Fernández Cornejo y Lorenzo Escot, Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política, Universidad Complutense de Madrid)

Hasta donde sabemos, el ser humano es el único ser que tiene consciencia y autoconsciencia. La persona es consciente de la existencia de los otros, de sí misma y de todo lo que está fuera de ella. Es consciente de que es consciente, habita el pasado y el futuro, es probablemente la única abertura por la que la naturaleza se ve así misma… Este despertar de la subjetividad produce vértigo, que hay quienes intentan tranquilizar con la magia o la religión, con el consumismo, con la amistad, con el arte, o de tantas otras maneras. La experiencia de “ser” se puede transitar de una manera más auténtica o de una forma más impropia. Depende, entre otras cosas, de con quién te ha tocado interactuar, de quiénes habitaban el mundo en el que fuiste arrojado…

Tenemos la impresión de que Luis Rodríguez Sáiz es una de esas personas que ha generado luz en el recorrido de muchas otras. En términos de la red de relaciones que habitó, fue un nodo de comunicaciones que emitía limpieza, nobleza y autenticidad. Nosotros dos también, durante algunos tramos de nuestro camino, recibimos su influencia, como maestro, padrino y compañero. En nuestros ajetreados primeros pasos docentes e investigadores en el antiguo Departamento de Economía Aplicada III (Política Económica) de la Universidad Complutense de Madrid, en el antiguo Centro de Estudios Universitarios (CEU) de la ACdP, en la Universidad San Pablo CEU, en el Instituto CEU Luis Vives y en el CUNEF, siempre teníamos la sensación de que, por ahí arriba, contábamos con el apoyo y con la protección de Luis.

El profesor Luis Rodríguez Sáiz fue responsable directo de que muchos nos dediquemos hoy a la docencia universitaria y la investigación. Tuvimos la suerte de conocer al profesor como estudiantes en sus clases del doctorado de Política Económica de la Complutense. En nuestro caso, aquellos primeros contactos coincidían con los momentos de la recuperación económica de la crisis del 92 (¡¡cuánto tiempo ya, qué vértigo!!). Todavía recordamos aquellas clases de doctorado en el seminario 203 del Pabellón de Quinto Curso de la Facultad de Económicas (seminario que a la postre se reconvertiría en su despacho ya en los finales de su carrera en la Complutense). En ellas, los doctorandos nos sentábamos alrededor de una gran mesa de reuniones a escuchar atentamente las lecciones del profesor Rodríguez Sáiz.

Recordamos, por ejemplo, su visión crítica respecto a las peculiaridades de la economía española que, ante una crisis como aquella de ámbito mundial, y que en aquel entonces para nosotros constituía la “gran crisis”, hacían que nuestra economía retrocediese más que las economías del resto de los países de nuestro entorno (y que también en situaciones de recuperación creciésemos más que el resto de nuestros socios europeos). Y concluía el profesor que era una cuestión estructural de nuestra economía, y que para evitar esa mayor intensidad de nuestro ciclo económico debían implementarse políticas de reforma de nuestro sistema productivo.

Más de treinta años han pasado ya y tres grandes crisis (la financiera del 2008, la originada por la pandemia del Covid-19, y la reciente estanflación originada por los efectos de la guerra de Ucrania del 2022). Aquellas enseñanzas, que todavía hoy mantenemos en nuestro recuerdo como parte de nuestro acervo de conocimientos económicos, siguen siendo plenamente actuales. Y nos atrevemos a asegurar que aquellas clases de doctorado perduran en nuestra memoria porque el profesor conseguía generar en ellas una especie de magia generadora de vocaciones docentes.

Para los, por aquel entonces recién licenciados, doctorandos muy nóveles que estábamos acostumbrados a la clase de pupitre y tarima, aquel cambio de formato, en el que maestro y discípulos (entre unos 15 o 20) nos sentábamos alrededor de una misma mesa, nos hacía sentir que, efectivamente, aquello del doctorado era algo diferente y que estábamos inmersos en algo importante, mucho más trascendente para nosotros que una simple nueva asignatura de la carrera.

El profesor Luis Rodríguez Sáiz presidía y orquestaba aquellas clases, pero mostrando siempre cercanía con sus doctorandos. Se mostraba interesado en conocer nuestra opinión con esa generosidad, bondad y nobleza que le impedía ridiculizarnos. Éramos atrevidos, pero también ingenuos, inexpertos y con escaso conocimiento de la materia, y ciertamente nuestras intervenciones hubiesen sido merecedoras de algún que otro reproche. Lejos de ello, el profesor Rodríguez Sáiz conseguía crear un ambiente en sus clases que nos despertaba a todos el interés no sólo por la política económica sino por propia vida académica. El profesor convertía sus clases de doctorado en una auténtica academia hacedora de profesores universitarios. Y algunos de nosotros, como ya hemos comentado, comenzamos a impartir nuestras primeras clases de política económica gracias a la intervención directa del profesor, siguiendo sus recomendaciones y aferrándonos al apoyo y el ánimo que nos inculcaba a todos los que emprendíamos la carrera docente.

Años más tarde, ya como miembros del Departamento de Política Económica, continuamos recibiendo su influencia, amparo y apoyo. Luis Rodríguez Sáiz estuvo al frente, junto al profesor Andrés Fernández Díaz, de una de las escuelas referentes de política económica de Madrid, escuela que nos dio acogida y en la que hemos tenido el privilegio y la fortuna de poder ir creciendo en nuestra carrera académica.

La génesis de esta escuela se encuentra en aquel primer manual de “Introducción y Metodología de Política Económica” de 1976 (Ediciones ICE) al que el profesor Rodríguez Sáiz se incorporó como coautor a partir de su tercera edición de 1982. Ya en el título del manual se recogía la seña identitaria y distintiva de este enfoque, a saber, el compromiso con el estudio de la metodología de la formación de la política económica. Este manual fue desarrollándose, ampliándose y completándose con otros temas hasta convertirse en el “Curso de Política Económica” de la editorial AC, al que ya se había incorporado como tercer coautor el profesor José Alberto Parejo Gámir, y que contó con dos ediciones (1989 y 1993). La última evolución del manual tomó el nombre de “Política Económica”, editado por McGraw-Hill en 1995 en su primera edición, y con hasta cuatro ediciones (la última revisión es de 2011).

Este manual de política económica mantenía un primer bloque dedicado a la metodología de la política económica, en donde se profundizaba en la propia formación y formulación de la política económica y donde se insistía en la importancia del uso de modelos para fundamentar cualquier diseño y propuesta de política económica. Después de este bloque metodológico, continuaban otros dos bloques dedicados al análisis de los objetivos e instrumentos de la Política Económica. Este manual conserva lo que podríamos considerar su segunda señal de identidad, que no es más que su continua actualización, evolución y adaptación a los últimos avances en cuanto a objetivos e instrumentos de la política económica, incluyendo los nuevos aspectos de la política económica nacional e internacional que iban surgiendo con el transcurso del tiempo. Como consecuencia de este afán de actualización, los que suscriben tuvimos el gran honor y privilegio de participar en el manual a partir de su tercera edición con sendos capítulos dedicados a la política distributiva y a la política del crecimiento económico.

Este manual de Política Económica ha constituido el nodo en torno al que nos aglutinábamos buena parte de los profesores de Política Económica tanto del departamento de la Complutense, como de otros centros hermanos como el CUNEF, el CES Cardenal Cisneros, el CES Luis Vives, el Real CU Escorial María Cristina o la propia Universidad San Pablo CEU, entre otros muchos, en los que el profesor Luis Rodríguez Sáiz tenía una clara influencia y liderazgo. Para muchos, este manual fue nuestra referencia básica tanto como estudiantes de licenciatura (y grado) primero, como posteriormente como docentes de la materia, y estamos convencidos de que se ha convertido en un clásico imprescindible de la biblioteca de cualquier interesado en el ámbito de la política económica.

Luis Rodríguez Sáiz participó también en la elaboración de otros manuales vinculados a diferentes asignaturas del departamento en la Complutense. Así además de otros manuales como el de “Política Económica Regional” (Alianza Universidad Textos, 1986), o el manual de “Teoría y Política Monetaria” (Editorial AC, 1996, que posteriormente, a partir de 2003 pasó editarse en forma de dos tomos por la editorial Thomson, y finalmente en 2011 por la editorial Paraninfo bajo el título de “Política Monetaria”), podemos destacar su participación en el “Manual de Sistema Financiero Español” (Editorial Arial, primera edición de 1987). Este manual va ya por la 27ª edición (actualizada en 2018), y ha servido para preparar la asignatura con el mismo nombre a más de 40 promociones de estudiantes de ADE y Economía de la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Luis Rodríguez Sáiz era el coordinador responsable de la docencia en la Complutense de esta asignatura, que llegó a contar con más de 8 grupos entre las diferentes titulaciones de ADE y Economía. Coordinación que se mantenía con disciplina férrea, con un programa y contenido únicos para todos los profesores que impartíamos la asignatura y que giraba en torno al manual, y con unos exámenes de cátedra que recuerdo multitudinarios, y que requerían ocupar la práctica totalidad de aulas de la facultad y del apoyo de todos los profesores del departamento (y de otros colaboradores externos que tenían a bien venir a echar una mano) en la organización y vigilancia del aluvión de alumnos que tenían que examinarse de esta asignatura, al menos durante todos los años en los que permaneció como asignatura obligatoria en los programas de ADE. El buen hacer del profesor Rodríguez Sáiz al frente de esta asignatura quedó reflejada en el hecho de que año tras año, era valorada como la “mejor asignatura de la carrera” por los estudiantes de ADE.

En fin, querido y respetado Luis, los que tuvimos la oportunidad de conocerte e interactuar contigo nos sentimos privilegiados. Es mucho lo que nos enseñaste, en lo académico y en lo personal. Algo de lo que somos tiene que ver contigo. Esa huella y esa luz tuyas permanecerán siempre en nosotros.

Luis Rodríguez Sáiz. Con mi cariño y sincero agradecimiento

(por José-María Montero Lorenzo, Catedrático de Economía Aplicada, Universidad de Castilla-La Mancha)

Mi homenaje, o mejor, estas líneas de despedida y agradecimiento, a mi querido y admirado maestro, el profesor D. Luis Rodriguez Sáiz, debería empezar por el principio, relatando la suerte que tuve de conocer a tan ilustre profesor y mejor persona. Sin embargo, empezaré por el final. Luis, con esto de la pandemia, hace ya tanto tiempo que no nos veíamos, que probablemente no supieses que en la actualidad soy el presidente de la Asociación Internacional de Economía Aplicada-ASEPELT y que llevaba ya un par de años pensando en la idea de que la asociación rindiese un homenaje a nuestros referentes, los profesores de economía españoles que ya tienen cierta edad. Bien, pues este año, junto con mi amigo y colega, el profesor Lorenzo Escot, decidí iniciar tales homenajes aprovechando la celebración del XXXV Congreso Anual de la asociación en la Península Ibérica, que tendrá lugar entre el 29 de junio y 2 de julio del presente, precisamente en la Universidad Complutense de Madrid, y en un lugar que te hubiera encantado: la antigua Universidad Central o Universidad de Madrid, la Docta. No te extrañará lo más mínimo lo que te voy a decir: entre los profesores que iban a ser homenajeados este año estabas tú. Recibí la desdichada noticia de tu fallecimiento precisamente mientras organizábamos tal homenaje. Te echaremos mucho de menos ese día, pero seguro, segurísimo, que estarás presente.

Dicho lo anterior, empecemos por el principio. Como me imagino que serán innumerables los testimonios sobre tu impresionante carrera como docente e investigador universitario, me voy a centrar en un aspecto que para mí es muy importante: tu ayuda sin límite a los jóvenes, jovencísimos diría yo, estudiantes que hemos tenido la suerte de tenerte como maestro de una u otra manera. Y no me refiero únicamente a tu ayuda como meros estudiantes, sino a tu preocupación por su futuro y a las múltiples oportunidades que ofreciste a muchísimos de ellos. Si algunos estamos en el mundo universitario hoy en día, en parte es gracias a ti. Si algunos hemos conseguido algunos logros en nuestra carrera universitaria, sin duda estamos en permanente deuda contigo.

En mi caso particular, tuve la enorme fortuna de que tu inseparable amigo el profesor Parejo me involucrase, junto con mis compañeros Jesús Paúl y Antonio Calvo, en el Departamento de Política Económica cuando estábamos en quinto de carrera. Recuerdo perfectamente el día en que te conocí. Fue en el Camino de las Moreras, en el CEU Luis Vives. Estábamos en el despacho del profesor Parejo y apareciste tú: sonriente, bonachón, cercano… pero a mí me imponías un montón. La seguridad que desprendía tu presencia me tranquilizaba y me atenazaba a la vez. ¡Vaya pareja! El profesor Parejo Gámir y el profesor Rodríguez Sáiz. Difícil de igualar. Nunca dos big names de la política económica pudieron complementarse tan bien. Desde luego, a mí me tocó el premio gordo pudiendo estar bajo vuestra tutela tantos años. Nunca podré agradecéroslo suficientemente.   

Luis, gracias por darme la oportunidad de iniciarme en la docencia y la investigación y por enseñarme lo importante que es el rigor y la seriedad en ambas labores universitarias. Soy plenamente consciente de lo afortunado que fui al tener la oportunidad de participar en trabajos tan relevantes como los textos “Aspectos Económicos de la Meteorología”, “La Financiación del Turismo en España”, “Los Efectos de la Meteorología sobre la Economía Nacional”; o de colaborar en las primeras ediciones del “Manual del Sistema Financiero Español” ¡que va ya por la vigésimo séptima edición! Gracias, Luis, por confiar en chicos de apenas 22 años que no teníamos otro activo que las ganas de trabajar. ¡Qué nervios, Luis! ¡Qué responsabilidad! ¡Y qué ilusión! Recuerdo como si fuera ayer mismo el verano de 1985, en la aldea de mis padres, trabajado en los “Aspectos Económicos de la Meteorología”. No creo que yo pudiera aportar nada científicamente, y si algo bueno hubo en mi trabajo fue porque seguí estrictamente tus directrices; sin embargo, dos personas que yo tenía en un altar, tú y el profesor Parejo, habían confiado en mí y en mis compañeros para echar una mano en un texto que iba a tener, y tuvo, una importante relevancia social y que, hoy en día, más que nunca, deberían leer muchos agentes socio-económicos. Esa confianza sí que es importante, Luis. Como dicen los jóvenes ahora, es un chute de autoestima que a mí me dura todavía y me durará toda mi carrera académica. Y eso, Luis, es muy importante para un jovencito inexperto, y no hay dinero ni detalles suficientes con que pagarlo. Además, esas semillas que tú y el profesor Parejo plantaseis tanto en mí como en mis compañeros fueron esenciales para el desarrollo de nuestras carreras profesionales. ¡Qué suerte tener un modelo a seguir como vosotros!

Gracias también por las horas que seguro tuviste que dedicar, junto con mi admirado profesor Parejo, a señalarnos el camino, guiarnos durante el mismo y corregir los innumerables errores y faltas de precisión normales en esas edades. Eres un ejemplo que yo, en la medida de mis posibilidades, y sin tratar nunca de igualarte, porque eso es prácticamente imposible, he tratado de seguir.

Gracias por haber confiado en mí para impartir docencia en tantos y tan destacados lugares. Allí donde estabas tú estaba tu equipo. Tanta y tan variada experiencia docente, guiada por tan prestigiosos profesores, es una garantía de éxito, y creo que todos nosotros lo supimos aprovechar y que estas orgulloso de nosotros, que en definitiva es estar orgulloso del trabajo que hiciste con nosotros. Y gracias por permitirme estar en aquel equipazo investigador liderado por los profesores Andrés Fernández Díaz, Álvaro Cuervo, Luis Rodríguez Sáiz, José Alberto Parejo Gámir, Javier Martín Pliego y Luis Ruiz-Maya Pérez, que jugaba Champions League y la ganaba todos los años. Te voy a contar un secreto: cuando cuento esto en una comida, o en una clase, o simplemente, cuando aparecen vuestros nombres junto al mío en mi curriculum vitae, mis compañeros me dicen con envidia sana: “¡Qué suerte has tenido! ¡Así, cualquiera! Y yo contesto con un SÍ rotundo. La verdad es que presumo mucho de vosotros y seguiré presumiendo allá donde se me presente la oportunidad.

Podría extenderme, de forma ilimitada, en innumerables aspectos y ocasiones específicas que dan fe de las cualidades de tan excelso profesor y persona, pero el espacio que nos han concedido a cada uno de nosotros es limitado porque somos legión los discípulos tuyos que queremos agradecerte todo lo que has hecho por nosotros y mostrarte nuestro respeto y admiración. Lo dicho Luis, te echaremos de menos físicamente en la cena de gala del XXXV Congreso Anual de la Asociación Internacional de Economía Aplicada-ASEPELT. Pero no dudes de que estarás entre nosotros, de que te tendremos presente y de que recibirás tu merecido homenaje, aunque sea, desgraciadamente, a título póstumo. Querido maestro, querido padre académico: siento enormemente tu pérdida, aunque nos queda tu impresionante legado, que es un regalo impagable para esta y las futuras generaciones de economistas. La verdad es que me cuesta escribir la línea final. Nada de lo que escribo me parece suficientemente bueno para ti. Por eso simplemente te diré: gracias, gracias, muchas gracias. Toda la vida te estaré agradecido. 

Luis Rodríguez Sáiz. Un referente científico en materia de Sistema Financiero

Catedrático de Política Económica. Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política, Universidad Complutense de Madrid

Siempre resulta difícil escribir de la obra científica de algún profesor cuando el componente necrológico prima sobre cualquier otra consideración. En cualquier caso, merece la pena el esfuerzo para resaltar la gran trayectoria docente e investigadora del profesor Rodriguez Sáiz.

El profesor Rodríguez tiene un amplio bagaje docente e investigador que desarrolla en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en el Centro de Estudios Universitarios (CEU) y en el CUNEF.

En su dilatada trayectoria se ha desenvuelto con holgura en las tareas de investigación, docencia y gestión en relación con el mundo universitario.

Especialmente relevante es su aportación al conocimiento del sistema financiero en España. El libro Manual del sistema financiero español constituye un indiscutible referente en la materia. Cerca de 30 ediciones del mismo certifican su indiscutible éxito entre los alumnos, profesores y profesionales interesados en el funcionamiento del mismo.

Escrito por los profesores Antonio Calvo, José Alberto Parejo, Luis Rodríguez y Álvaro Cuervo (con algunas colaboraciones e incorporaciones discontinuas) permite acceder al conocimiento de las grandes cuestiones financieras relevantes en nuestro país.

El libro señalado se centra en el análisis de los tres elementos nodales del funcionamiento de cualquier sistema financiero: sus intermediarios financieros, sus mercados, tanto monetarios como de capitales, y sus medios.

La continua actualización del material utilizado le ha permitido mantenerse en el mercado desde 1987 hasta los tiempos actuales. Son más de treinta años de vigencia de las teorías y postulados expuestos en el libro. También ha sido capaz de sobreponerse a la marea de nuevos soportes tecnológicos para la difusión de conocimientos que han cernido su negra sombra sobre los soportes en papel de los libros.

Lucas Mallada señalaba, mojando su pluma en ácido sulfúrico, que “desde que oyeron decir que un país gobernado por sabios sería una nación desdichada, los políticos españoles se decidieron a cerrar los libros”. Mutatis mutandis, la devastación actual del pensamiento ilustrado y de la educación puede vincularse, al menos parcialmente, con este cierre de los libros. En este contexto una obra como la señalada, epítome de los esfuerzos de un notable número de profesores españoles, merece ser reconocida.

En definitiva, en momentos tristes y dolorosos por la pérdida de un relevante profesor universitario parece conveniente resaltar las importantes semillas intelectuales que sembró en el ámbito de la política económica y el sistema financiero. DEP.

“La flecha del tiempo” (en homenaje a Luis Rodríguez Sáiz)

(por Justo Sotelo Navalpotro, Catedrático de Política Económica y escritor)

La política económica del último medio siglo ha estado y sigue estando sometida a un importante debate. Desde los albores de la crisis de los setenta del pasado siglo se han sucedido una serie de ataques, procedentes de diversos frentes, a la política económica activa que, derivando de presupuestos keynesianos, había centrado su objetivo fundamental en la consecución y mantenimiento del pleno empleo, por considerarla la causa principal de la inestabilidad generadora de la inflación desencadenada al final de los setenta.

Estas palabras resumen el inicio del prólogo que el catedrático de Política Económica de la Universidad Complutense Luis Rodríguez Sáiz escribió para el primer libro que publiqué de Economía, en 1995, editado por la Fundación Mapfre Estudios, con el título de “Economía Española. Los marcos sectorial y social”. Ya sabemos que en los años 80 y 90 triunfaron las tesis neoliberales en torno a la política económica, siguiendo la idea neoclásica de equilibrio continuo de los mercados, pleno empleo, ultrarracionalidad, etc., que dejaron casi fuera el pensamiento keynesiano a la hora de aplicar políticas económicas activas, lo que llevó a afirmar a algunos que “Keynes había muerto”. Ya no tenía sentido plantear un escenario económico con desempleo sin inflación y empezaron a triunfar ideas como la Curva de Laffer y las políticas de oferta o microeconómicas, y las llamadas “ciones”:  desregulación, privatización, liberalización. Con la crisis de las hipotecas sub-prime del 2008 de nuevo volvieron a cobrar sentido ciertas ideas keynesianas, y “Keynes resucitó”, ya que volvía a darse un desempleo de demanda y una baja inflación (incluso deflación en algunas de las zonas más desarrolladas del planeta). En unos casos y otros se seguía poniendo en duda la subsistencia del llamado “Welfare State” con sus políticas sociales para paliar el desempleo y mantener una sanidad y una educación públicas necesarias y de calidad. Este era otro aspecto esencial que abordó Luis en su prólogo a mi libro. ¿Es la crisis económica la que origina la crisis del Estado de Bienestar o es a la inversa? Con respecto al origen del Estado de Bienestar al parecer se encuentra en la propuesta formulada por Lord Beveridge en 1942 en Gran Bretaña, con el fin de que el gobierno tomase la iniciativa en la provisión de muchos bienes y servicios que, hasta entonces, o eran ofrecidos por el sector privado con un coste para los usuarios, o bien los ofrecía el propio sector público, pero en una proporción menor. El soporte conceptual desde el punto de vista teórico de esta mayor presencia del sector público se encontraba a su vez, de una parte, en la Economía de Bienestar de Pigou, que con su obra “The Economics of Welfare” (1920) justificaba la acción del estado en la economía resumiendo los objetivos de la política económica en dos: el incremento de la renta nacional y la mejora en la distribución de la renta; y, de otra parte, en la obra de Keynes “The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), donde formulaba el principio que suponía la ruptura del dogma neoclásico del equilibrio presupuestario.

La entropía es la ley por la que se rigen procesos que consideramos irreversibles, pero no porque exista una fuerza física que obligue a las partículas a comportarse de esa manera; sino porque es lo más probable que suceda. A finales del mes de marzo de este año 2022 despedimos a mi maestro en el mundo de la Economía, Luis Rodríguez Sáiz. Tenía 79 años, aunque es verdad que en los últimos años no lo pasó bien. En esos tristes momentos estuve con su mujer, con sus hijos y nietos. Una de sus nietas, María, era alumna mía en esos momentos en la Facultad. Mientras me tomo el primer café del día y redacto estas líneas emocionadas pienso en esta forma curiosa que tiene la Naturaleza de comportarse, como si se tratara de un círculo que se realimentara siempre a sí mismo. Luis me dio clase en el CUNEF en 5º de Carrera, después me dirigió la tesis doctoral «El venture capital como instrumento de financiación en España», y escribimos muchos artículos juntos. En parte debo la Cátedra a sus enseñanzas, a la rigurosidad con la que lo trataba todo. También me enseñó a ser riguroso con mis libros de literatura. Siempre me decía que había que buscar la excelencia, tanto en lo intelectual como en el comportamiento con los demás. Luis me abrió muchas puertas, tanto afectivas como profesionales, y siempre se lo agradecí. Él sabía que podía contar conmigo en cualquier momento, con mi ayuda, con mi trabajo y sobre todo con mi amistad. Otra cosa que aprendí de Luis es que hay que ser agradecido y vestirse por los pies, algo que también aprendí de mis padres. Tanto Luis como yo nos hemos preocupado siempre por las cuestiones de índole social, que se encuentran íntimamente relacionadas con las cuestiones económicas. Ambos hemos entendido que el economista no debe saber solo de economía, sino de todo aquello que ayude a hacer la vida más llevadera, más justa con todos, como leímos en Keynes, un economista e intelectual referente de su época, tanto en el mundo de la economía como en el arte y la literatura.

La entropía permite establecer la «flecha del tiempo». El universo evoluciona siempre a ese estado de menor información o de destrucción de la información. De alguna manera es más sencillo destruir que construir, y separar el pasado del futuro. Seguiré enseñando mi particular forma de ver el mundo a María, la nieta de Luis, de construir el mundo. Lo aprendí de su abuelo, mi maestro.

Luis Rodríguez Sáiz: recuerdos de un maestro

(por Luis Santiago Moreno Gallego, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid)

Comenzaba mis primeros días de universitario en la famosa y acreditada Universidad CEU San Pablo de Madrid. Una nueva etapa en mi vida. Lleno de sueños y con pocas ganas de estudiar, que si de aprender.

De entre aquellos docentes que entonces tuve oportunidad de conocer enseguida, destacó un joven profesor, que con su materia de estadística nos hacía entender aquellos términos de “moda”, “mediana” “desviación típica” y alguno más, que me llenaban de curiosidad y despertaban preguntas sobre la utilidad de estos.

Pero aparte de esas anécdotas, me llamó la atención de este profesor de nombre Luis Rodríguez Sáiz. Su simpatía en la enseñanza de algo tan poco interesante, para mí por lo menos, como es la estadística. Su cercanía con los alumnos hacía que sus clases tuvieran incluso atractivo.

Después los comentarios de la calidad y la sabiduría del profesor Rodríguez. Que si pertenecía a la Benemérita, que si es el militar más brillante de su promoción, que si sería el general más joven de la Guardia Civil. Ya sabemos lo que se curiosea en estos primeros años entre los alumnos.

Tras los tres años del CEU, me traslado a la Universidad. Aquello cambio mi percepción de la enseñanza superior. Curiosamente elijo la especialidad de Política Económica. Cuyo Departamento universitarios era una referencia, en la Dirección y organización de la Facultad. Profesores como Fernández Diaz, Decano, y vuelvo a encontrarme con el Profesor Rodríguez Sáiz, esta vez como secretario de la Facultad y posteriormente de Vicedecano.

Nuestros destinos vuelven a encontrarse. El cómo Profesor de las asignaturas del Departamento y miembro del equipo Decanal de la Facultad. Mi amistad con otro profesor, el Profesor Bote, gran amigo y colaborador del profesor Rodríguez, me vuelve a comentar vivencias del citado Profesor.

Pasados unos diez años de aquella etapa de formación, vuelvo a la Facultad pues me gustaría acabar el doctorado, y en esos giros inesperados que da la vida, me convierto en algo absolutamente impensable para mí, era profesor de Política Económica, sustituyendo a una profesora del Departamento que estaría de baja maternal unos meses. Terminada la cual, me ofrecen la posibilidad de volver al CEU como profesor.

A mi nueva experiencia, de la que ni siquiera en ningún momento se me paso por la imaginación, se une el que soy colaborador del Profesor Rodríguez Sáiz, tanto en el CEU, como en la Facultad, en donde me nombran Profesor Ayudante del Departamento.

Durante varias décadas la colaboración entre el Profesor Rodríguez, y yo, fueron patentes, Y puedo decir sin equivocarme de las enormes experiencias que aprendí de él, tanto en los aspectos docentes como de responsabilidad institucional en los diferentes centros universitarios que he trabajado.

Yo destacaría una faceta que me encantaba, la seguridad con la que te ofrecía nuevos puestos de responsabilidad. Él tenía más confianza en mí, que yo mismo. Lo hacía en el convencimiento, y así lo entendí, que yo era un profesional, en el que se podía confiar.

A todo esto, mi recuerdo es que siempre al Profesor Rodríguez, nunca le vi de mal talante, ni mucho menos deprimido. Los asuntos relacionados con el trabajo eran siempre fáciles para él, además siempre estaba dispuesto a ayudarte en tus dudas.

Nunca le vi que alardease de su impresionante curriculum, sino que te escuchaba con dedicación y tenía el consejo siempre certero. Y lo que él te invitaba a tener ese ánimo, siempre positivo para afrontar situaciones cuales fueran.

Por todo ello, fuiste un maestro dentro de la enseñanza y fuera de ella, y sea esta una manera de testimoniar el recuerdo el afecto y el cariño y admiración, que te tuve y te sigo teniendo en el recuerdo de tu obra humana y profesional.

Muchas gracias por todo maestro y hasta siempre en el recuerdo.

Unas breves reflexiones sobre la política económica en un mundo en desorden

(por Jesús Paúl Gutiérrez, Universidad CEU-San Pablo)

Recientemente se ha producido el fallecimiento de Luis Rodríguez Sáiz, uno de mis maestros, con el que compartí docencia, investigación y gestión y en los tres ámbitos fue para mí un importante referente de honestidad, esfuerzo y eficiencia.

Al inicio de mi carrera académica (finales de los ochenta y principios de los noventa) tuve el privilegio de publicar con el profesor Rodríguez Sáiz una serie de artículos en los que abordamos diferentes ámbitos de la política económica española. Eran momentos de importantes retos e incertidumbres para la economía española y para sus autoridades. Nuestro país se acababa de incorporar al Sistema Monetario Europeo y daba sus primeros pasos para alcanzar la estabilidad nominal que le permitiera incorporarse a la futura Unión Económica y Monetaria Europea.

Sin embargo, si aquellos eran momentos de importantes cambios para la economía española, europea y mundial, aún más disruptivo puede que sea el momento presente, abriéndose importantes incertidumbres sobre su devenir futuro.

A continuación, se recogen unas modestas reflexiones sobre la política económica y que pretendo que sirvan como homenaje póstumo y agradecimiento a Luis Rodríguez Sáiz.

Cualquier economista que no esté henchido de soberbia, creo que debería reconocer que la economía, en gran medida, sigue siendo una especie de caja negra. De tal forma que a pesar del gran número de personas inteligentes que a lo largo de varios siglos han tratado de sentar las bases de cómo funciona, nuestro nivel de comprensión al respecto dista mucho de ser ni siquiera medianamente completo. 

Dadas estas deficiencias en la comprensión del funcionamiento de la economía es lógico que sea prácticamente imposible que exista un consenso generalizado entre los académicos, los políticos y las autoridades económicas de distintos países, sobre las actuaciones de política económica a adoptar en cada momento. Así, partiendo de la concepción de Tinbergen de la política económica, según la cual ésta consiste en la manipulación deliberada por parte de las autoridades económicas de cierto número de instrumentos con objeto de alcanzar determinados objetivos económicos, es comprensible que, cuando no existe un conocimiento elevado de las relaciones existentes entre instrumentos y objetivos  de política económica, se planteen controversias en relación a las medidas a adoptar en cada momento, o incluso que surjan  desacuerdos  respecto a cuáles deben ser los objetivos a alcanzar.

Si ya de por sí resulta complejo para las autoridades económicas tomar decisiones partiendo de una teoría económica con deficiencias para explicar el funcionamiento de la economía, esta dificultad se acentúa cuando tenemos en cuenta que sus decisiones se han de adoptar en un entorno, no sólo económico, sino también político y geoestratégico, en continuo cambio. Por tanto, las decisiones de los bancos centrales y el resto de “policy-makers”, los objetivos a alcanzar y la forma de alcanzarlos, difícilmente van a ser los mismos cuando se enfrentan a entornos muy diferentes.

Si los cambios son parte consustancial de la historia, las disrupciones acontecidas en la última década y media probablemente sean algo que vaya mucho más allá del habitual dinamismo del devenir histórico. Así, en el período transcurrido desde 2007 hasta la actualidad, el mundo se ha enfrentado no solo a perturbaciones de índole económico-financiera (crisis financiera global de 2008 y la posterior crisis de la deuda soberana europea de 2012), sino también sanitarias (pandemia de la Covid-19) y geopolíticas (Guerra de Ucrania). Cada uno de estos eventos, en gran medida imprevisibles y con enormes consecuencias macroeconómicas, no sólo ha hecho que las autoridades económicas actúen tratando de paliar los impactos negativos de los mismos, sino que también ha hecho que múltiples ámbitos de la política económica o bien hayan sido revisados o se enfrenten a importantes incertidumbres en cuanto a la forma en que deben ser considerados en el futuro.

A mediados de la primera década del presente nuevo milenio se describía la situación económica global, en especial, la referida a Estados Unidos, con el término “Gran Moderación”, en referencia a la importante reducción en la volatilidad de las principales variables macroeconómicas que se había producido desde mediados de los años ochenta. Eran momentos en los que existía una cierta creencia entre economistas y autoridades económicas de que prácticamente se sabía todo acerca de la mejor forma de gestionar la política económica, y una prueba de ello era la creciente estabilidad macroeconómica alcanzada en las décadas anteriores.

Por otro lado, si pensamos más allá de lo estrictamente económico, hace menos de dos décadas todavía estaba en buena medida presente la idea planteada por Fukuyama de “el Fin de la Historia”, interpretada como la desaparición de las guerras y las revoluciones sangrientas consecuencia del triunfo de las democracias liberales tras la disolución del bloque comunista. Las democracias liberales, sustentadas en la economía de libre mercado, con gobiernos representativos y defensoras de los derechos jurídicos de sus ciudadanos, eran consideradas como el único sistema político capaz de asegurar el desarrollo económico y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

Vistos desde el momento presente, los términos “Gran Moderación” o “Fin de la Historia” resultan casi tan lejanos como puede parecernos la revolución francesa. Por un lado, la volatilidad de la economía ha alcanzado niveles desconocidos. Así, si nos centramos en la economía española, las caídas en la producción registradas en 2002, 2012 y en 2020, como consecuencia de la crisis financiera global, crisis de la deuda soberana y de la pandemia de la Covid-19, respectivamente, la reciente escalada de la inflación hasta aproximarse a los dos dígitos o la existencia de una deuda pública en el entorno del 120% del PIB, poco se corresponden con la situación económica que caracterizaba la “Gran Moderación”, hasta el punto que se han retomado conceptos previos a la misma y hasta hace poco casi considerados de la historia de la política económica como “inflación con estancamiento” o “política de rentas”.

Por otro lado, desde el ámbito político, la situación presente no puede ser nada más antagónica que la prevista por Fukuyama en su “Fin de la Historia”. Por desgracia, estamos comprobando que las guerras no son algo superado, y lo que es aún más preocupante para nuestra egoísta postura occidental, sino que también pueden acontecer en nuestro propio continente y no solo en lejanos países pobres. Asimismo, tampoco resulta tan evidente el triunfo de las democracias liberales como forma óptima de organización de la sociedad. La pandemia de la Covid-19 y la Guerra de Ucrania han puesto en evidencia la vulnerabilidad de las economías de las democracias occidentales ante países gobernados por autocracias totalitarias. La dependencia que los países occidentales tienen de la energía rusa o de la multitud de productos importados de China no sólo pueden estrangular sus economías, sino que al poner en riesgo su prosperidad económica también pueden erosionar sus valores democráticos, al facilitar la aparición de aparentes soluciones populistas procedentes de los dos polos ideológicos.

Hace apenas año y medio, en plena pandemia, los analistas del Deutsche Bank publicaron un informe cuyo título, “La era del desorden”, define muy bien el marco en el que se encuentra el mundo en la actualidad y en el que las autoridades económicas tienen que adoptar sus decisiones de política económica. La principal idea defendida en este informe es que 2020 constituyó el fin de la segunda era de globalización económica que comenzó a principios de los años ochenta y el inicio de un período económico caracterizado por el caos y el retroceso en el proceso de globalización. La pandemia Covid-19 habría acelerado un proceso que de forma paulatina se había iniciado en años anteriores y que habría conducido al inicio de una “nueva era” económica, caracterizada por el caos, y en la que destacan los siguientes temas claves:

• El deterioro de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el retroceso de la globalización sin restricciones.
• El inicio de un período clave para la consolidación o el retroceso de la Unión Europea tras el Brexit.
• El elevado nivel de la deuda pública a nivel mundial y la generalización de la denominada teoría monetaria moderna.
• El fin del período de estabilidad de precios y las dudas ante un período de deflación o de inflación.
• El empeoramiento de la desigualdad, incluso dentro de los países desarrollados.
• La brecha intergeneracional que provoca una confrontación de intereses entre jóvenes y las generaciones de mayor edad.
• El debate sobre el cambio climático y la mayor o menor prioridad hacia un modelo económico sostenible con el medio ambiente.
• El impacto de la revolución tecnológica que ya está provocando cambios importantes en las sociedades y las economías.

Aunque las transformaciones que ha experimentado la política económica son resultado de un proceso continuado, han sido los períodos de fuertes crisis los que han propiciado cambios más acusados y acelerados. Al igual que las crisis del petróleo de los años setenta tuvo un fuerte impacto en distintos ámbitos de la política económica –sustitución del paradigma keynesiano por el monetarista, creciente peso de las políticas de oferta frente a las políticas de demanda, o la relevancia del control de la inflación como objetivo de la política económica, …-, la crisis financiera global surgida en 2008 tuvo también importantes implicaciones en el marco de la política económica, tanto en lo que se refiere al papel asignado a los diferentes objetivos, como a la relevancia de sus instrumentos tradicionales. Lo que hasta el inicio de la crisis constituía un consenso bastante generalizado en cuanto a la forma en que las autoridades económicas debían conducir la política económica, posteriormente, en buena medida, ese consenso se vio claramente erosionado, abriéndose un importante debate en cuanto a qué políticas debían implementar las autoridades con el fin de evitar los errores cometidos en el pasado, y de esa forma, preservar el logro de sus objetivos. Asimismo, la crisis sanitaria de la Covid-19 y la actual Guerra de Ucrania han supuesto nuevos desafíos para las autoridades económicas y políticas, que se han visto obligadas a adoptar decisiones en un marco prácticamente impredecible hasta la fecha.

Si una de las críticas habituales a la economía es su tendencia a responder “depende” ante la mayor parte de las preguntas que se le formulan, el momento actual, “esta era del desorden”, quizá sea el menos adecuado para que nuestra profesión y, por extensión, las autoridades económicas, no puedan dar respuestas acertadas a muchos de los problemas que se plantean.

Entre algunos de los múltiples temas relevantes y que en el momento presente no tienen una respuesta fácil, y sin tratar de ser exhaustivos ni establecer una taxonomía atendiendo a su carácter coyuntural o estructural, merece la pena destacar algunos interrogantes:

• ¿Cómo explicamos el crecimiento registrado por la inflación en el último año?, ¿son las tensiones inflacionistas el resultado de las políticas monetarias fuertemente expansionistas adoptadas por los bancos centrales de los principales países tras la crisis financiera global o responden a las interrupciones en la cadena de suministro derivada de la Covid-19 y la posterior subida de los precios de la energía agravada por la guerra de Ucrania?, ¿tiene el repunte inflacionista un carácter temporal o va a ser un fenómeno que perdure en los próximos años?
• ¿Qué papel deben jugar los bancos centrales en la lucha contra la inflación?, ¿el endurecimiento de la política monetaria es la vía adecuada para evitar los efectos inflacionistas de la subida de los precios de las materias primas y de la energía?, ¿es útil la política de rentas para evitar una situación de inflación con estancamiento?
• ¿Qué papel debe seguir jugando la política fiscal en el contexto actual?, ¿es posible mantener los actuales niveles de deuda pública, ante una más que previsible subida de tipos de interés o, por el contrario, es necesario diseñar de forma inmediata programas ambiciosos de consolidación fiscal?, ¿deben los bancos centrales mantener sus programas de compra de deuda pública con el fin de asegurar la estabilidad financiera, especialmente de los países más endeudados?
• ¿Es necesaria una reforma en profundidad de la gobernanza en el seno de la Unión Económica y Monetaria Europea, en especial en lo referido a las reglas fiscales?
• ¿Qué lecciones deben extraer las autoridades económicas ante las vulnerabilidades que han mostrado las economías occidentales consecuencia del proceso de globalización económica?, ¿se debe dejar exclusivamente al mercado el devenir del proceso de globalización económica, aunque de ello se derive una creciente dependencia exterior no exenta de importantes riesgos?
• ¿Se puede seguir apostando por un crecimiento económico sin tener en cuenta su impacto medioambiental?

El filósofo Bertrand Russell indicó que la principal aportación que la filosofía puede hacer para el que la estudia es enseñarle “a vivir sin certeza y, sin embargo, sin ser paralizado por la duda”. De igual manera las autoridades económicas, con un conocimiento limitado de cómo funciona la economía, deberán seguir tomando decisiones. Las controversias de política económica no son algo del pasado, sino que van a seguir estando más presentes que nunca, dado el entorno tan complejo en el que se han de tomar decisiones. A pesar de todas las dificultades, es necesario que las autoridades económicas tengan una hoja de ruta muy precisa y acertada, dada la transcendencia que tendrán sus acciones, y no sólo desde el punto de vista económico, sino también porque pueden estar en juego los propios valores democráticos occidentales.

La unión bancaria: situación actual y perspectivas

Adjunto de Economía Aplicada, Universidad San Pablo CEU)

Es un honor para mí poder colaborar en este merecido homenaje a mi querido Luis Rodríguez Sáiz, al que conocí allá por el año 1984 cuando comenzaba mi tercer curso de la Licenciatura en la Universidad Complutense y me enfrentaba por primera vez a una asignatura denominada Política Económica. Desde entonces él fue primero mi profesor, después uno de mis maestros y, finalmente un gran amigo al que echaré mucho en falta.

Para esta colaboración he elegido un tema que a él le hubiese gustado estudiar como experto en sistema financiero: la Unión Bancaria.

Haciendo un breve repaso histórico podemos afirmar que la situación económica experimentada en la Unión Europea en el siglo XXI y, sobre todo, en el último quindenio, está caracterizada por un elevado grado de incertidumbre como consecuencia de diversos acontecimientos que han marcado su evolución: crisis financiera del 2008 y la posterior recesión económica, la crisis del euro del 2010,  el desarrollo de los “populismos” en diversos países, la salida de la UE del Reino Unido en 2020 y, más recientemente, la pandemia del COVID-19 y la invasión de Ucrania por Rusia del presente año. Todo ello dio lugar a la adopción de medidas de calado por parte de las autoridades comunitarias para poder resolver los distintos problemas que se planteaban, una de las cuales fue, como analizaremos, la Unión Bancaria.

Efectivamente, la crisis financiera del 2008 demostró que una estructura supervisora en los sistemas financieros basada en el control por parte de la autoridad nacional correspondiente (aunque se realizase en colaboración con la autoridad nacional del país de acogida), mostraba importantes lagunas en unos mercados financieros altamente integrados como los europeos (Calvo, A. y Alcalde, E., 2015).

Por ello, a finales de 2010, se abordó una reforma en profundidad del sistema que culminó con una nueva arquitectura financiera para la UE con la creación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (encargada de la supervisión macroprudencial) y del Sistema Europeo de Supervisores Financieros (SESF, compuesto por las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) y las autoridades nacionales), encargado de la supervisión microprudencial.

Esta reforma de la estructura de supervisión europea, junto a la ampliación de la cobertura de los sistemas de garantía de depósitos (hasta los 100.000 €) y las mayores exigencias de capital consiguieron resolver los problemas planteados en los sistemas financieros inicialmente, pero no eliminaron completamente las amenazas que se cernían sobre la UEM, derivadas, fundamentalmente, de la crisis de la deuda soberana de distintos países, con el aumento de sus primas de riesgo, y del fuerte vínculo existente entre dicho riesgo soberano y el riesgo bancario que actuaba como canal de transmisión e intensificación de la crisis. Las dudas a nivel internacional sobre la viabilidad de la moneda única eran patentes.

Ante esa situación, los líderes europeos, quizá por primera vez desde la creación del euro, adoptaron con rapidez una serie de medidas que culminaron, en el Consejo Europeo de diciembre de 2012, en la Unión Bancaria[1] cuyo desarrollo legislativo se prolongó hasta 2014, y que se sustentaba en un Mecanismo Único de Supervisión (MUS), un Mecanismo Único de Resolución (MUR), un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS en sus siglas en inglés), que constituían los tres pilares, y un Código Normativo Único (Single Rule Book) que aseguraba la consistencia normativa de todo el esquema (Parejo, J. A.. y Alcalde, E., 2017)

A continuación, vamos a analizar, de una forma sintética como corresponde a un trabajo de estas características, el desarrollo de cada uno de estos tres pilares hasta la actualidad, destacando los avances, así como los retos a los que se enfrenta la Unión Bancaria.

En ese sentido hay que tener en cuenta que, en los últimos años, la intensidad de las intenciones tanto políticas como económicas para avanzar en la Unión Bancaria fueron disminuyendo paulatinamente lo que, como veremos, ha afectado de forma más intensa al tercer pilar (EDIS). Ello se vio agravado por la pandemia del COVID 19 que cambió drásticamente la agenda de la UE ya que los esfuerzos se han centrado desde entonces en la gestión de la crisis económica asociada y a la recuperación de los niveles de crecimiento, sustituyendo al desarrollo de la Unión Bancaria que había sido el objetivo principal en la última década de dicha agenda (Carrión, M. 2020).

1. El Mecanismo Único de Supervisión: MUS

Aunque la nueva arquitectura financiera antes mencionada supuso un avance considerable en materia de supervisión, las peculiaridades de la Eurozona exigían un planteamiento particular en este ámbito en el que una única institución fuese la responsable de la supervisión prudencial de las entidades de crédito de los países de la UEM.

Por ello se consideró que el primer pilar de una unión bancaria sólida fuese establecer un Mecanismo Único de Supervisión (MUS) consistente en un sistema en el que el BCE fuese ese supervisor único, en colaboración con las Autoridades Nacionales Competentes (ANC), con responsabilidades que abarcaban desde la autorización y concesión de licencias hasta el control del cumplimiento de los requisitos mínimos de capital, pasando por la supervisión en base consolidada.

El BCE ejerce dichas funciones desde el 4 de noviembre de 2014 en el marco del SESF y, por tanto, colaborando con las tres AES sin menoscabo de sus competencias.

Si observamos la trayectoria del MUS hasta la actualidad cabe decir que una transición tan compleja desde el sistema anterior (descentralizado) al actual (centralizado), se puede dar hoy por concluida siendo, quizás, uno de los mayores éxitos de la UE y un estímulo para seguir con la integración financiera europea.

Efectivamente, el MUS presenta en la actualidad una gran madurez con un modelo de supervisión que incorpora un alto grado de exigencia centrado, principalmente, en el análisis de riesgos, en el modelo de negocio y de la gobernanza de las entidades ampliamente asumido por estas como algo necesario en el desarrollo de su actividad y en el que juega un papel fundamental la comunicación continua y permanente entre el MUS y las propias entidades.

A pesar de lo anterior, no es menos cierto que aparecen dificultades en el futuro del sistema que se constituyen en retos que abordar inevitablemente como pueden ser (Sánchez, R., 2020): la necesidad de simplificar los procedimientos de supervisión, mejorar la eficiencia de las medidas de intervención temprana para detectar situaciones de vulnerabilidad de las entidades (poco utilizadas por los supervisores, como destaca la Autoridad Bancaria Europea (ABE, 2020) o también mejorar en su gobernanza para llegar a funcionar como un órgano de decisión europeo y no como un comité de autoridades nacionales.

Sin embargo, quizá el mayor riesgo en el futuro se encuentre en una Unión Bancaria incompleta por la ausencia de un acuerdo, fundamentalmente político, para la conclusión de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, como analizaremos posteriormente, que condiciona la supervisión única y, por tanto, el pleno desarrollo del MUS.

2. El Mecanismo Único de Resolución (MUR)

La Unión Bancaria descansa en un segundo pilar fundamental que es el Mecanismo Único de Resolución (MUR). Su objetivo fue resolver los efectos negativos provocados por las diferentes formas en las que los países habían rescatado a sus entidades bancarias durante los años de la crisis (Parejo, J. A. y Alcalde, E., 2017).

El MUR se plantea como un sistema integrado de “autoridades nacionales de resolución” (ANR), liderado por la Junta Única de Resolución (JUR)[2] como autoridad responsable de la aplicación uniforme de las normas comunes de resolución de la UE recogidas en la Directiva de Resolución y Reestructuración Bancaria (BRRD). Así mismo, se crea el Fondo Único de Resolución (FUR) dotado con aportaciones de las instituciones bancarias hasta alcanzar en 2024 el 1% del importe de los depósitos objeto de cobertura de todas las entidades de crédito sujetas el MUR[3].

Por otro lado, y en previsión de que todo lo anterior no fuese suficiente, en junio de 2014 el Eurogrupo acordó la posibilidad de que el MEDE pudiese servir como instrumento de recapitalización directa de las entidades de relevancia sistémica con una dotación de 60.000 millones de euros.

El MUR durante su desarrollo se ha enfrentado a importantes dificultades (Sánchez, R., 2020). En primer lugar, al hecho de que no existía una cultura de autoridades nacionales de resolución (cosa que si existía en el ámbito de la supervisión) por lo que las ANR o habían sido creadas como reacción a la crisis de 2008 o debían ser creadas desde ese momento teniendo en cuenta, además, que la modificación de la Directiva de resolución (BRRD2) no ha sido traspuesta a las legislaciones nacionales hasta el año 2020, lo que implicaba un cierto carácter de transitoriedad a la normativa aplicable.

En segundo lugar, la existencia de un período transitorio para dotar completamente el FUR hacía que existiese un riesgo para proporcionar la financiación requerida en casos de crisis. Por ello en diciembre de 2015 los países participantes acordaron un mecanismo de financiación puente según el cual, a partir de 2016, cada Estado Miembro proporciona una línea de crédito individual para respaldar su propio compartimento nacional dentro del FUR utilizable solo una vez agotadas todas las fuentes de financiación previstas (y que serían posteriormente reembolsables por los sistemas bancarios de cada país).

En tercer lugar, y a pesar de todas las medidas cautelares anteriores, las autoridades comunitarias consideraban que no se podía eliminar completamente el riesgo de tener que recurrir a la financiación pública para aumentar la capacidad de los fondos de resolución por lo que entendían que era necesario dotarse, durante ese período transitorio, de un mecanismo común efectivo de protección presupuestaria, que se utilizaría solo en última instancia (common backstop).

En esa línea, en el Eurogrupo de diciembre de 2018 se alcanzó el acuerdo político de reformar el Tratado del MEDE, firmándose dicha reforma por los países miembros el 27 de enero de 2021. En ella se recoge que el MEDE se convertirá en el respaldo del FUR, pudiendo otorgarle préstamos hasta una cantidad igual a su tamaño objetivo (con un tope de 68.000 millones de euros) para financiar una resolución bancaria y que solo se utilizará como último recurso. Dichos fondos, en caso de ser utilizados, se reembolsarán con aportes bancarios.

Por último, cabe decir que el MUR se enfrenta en el futuro a distintos retos que deberá abordar con eficacia, entre los que podemos destacar (Sánchez, R, 2020): a) profundizar en la aplicación del bail-in, con los riesgos que supone para la confianza en el sistema bancario si en algún momento se plantea aplicárselo a los depósitos de los clientes no cubiertos por los fondos de garantía de depósitos; b) armonizar las leyes de insolvencia nacionales, actualmente muy dispares; c) el hecho de que la utilización del MEDE como common backstop acordado en 2021 puede no ser suficiente en la resolución de entidades. Para ello se plantea la intervención del BCE para dotar de liquidez a las entidades afectadas por una resolución (al menos en los primeros momentos); por último, d) mejorar la coordinación entre la JUR, el BCE y las ANR.

3. El Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS)

El tercer pilar de una Unión Bancaria plena, que permitiría eliminar algunos de los riesgos para la misma citados en los epígrafes anteriores, estaría constituido por la existencia de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD).

La crisis de 2008 demostró que un sistema de garantía de depósitos fragmentado por países no conseguía la confianza de los depositantes y generaba una importante inestabilidad financiera, lo que obligó a elevar el nivel de cobertura mínimo fijado por la normativa comunitaria desde los 20.000 € hasta los 100.000 €.

Sin embargo, está medida claramente transitoria, no podía servir de base para reducir la incertidumbre por lo que, para reforzar la armonización de los distintos países en esta materia, vio la luz la Directiva 2014/49/UE que incluía importantes medidas de coordinación y estructurales en los SGD nacionales.

A pesar de dichos avances, la inexistencia de un sistema común de garantía de depósitos para la Unión Bancaria implicaba que los depositantes seguían siendo vulnerables a posibles perturbaciones locales, por lo que se consideraba que el desarrollo de un sistema de carácter europeo aumentaría la resistencia de la Unión Bancaria frente a futuras crisis financieras, reduciendo la citada vulnerabilidad de los SGD nacionales y debilitando aún más el vínculo existente entre el riesgo soberano y el riesgo bancario al no depender la cobertura de los depósitos del lugar en que se encuentre la entidad afectada.

El año 2015 presento diversas iniciativas en el sentido de la intensificación y profundización en la UEM que fueron desde el denominado Informe de los cinco presidentes (Comisión Europea, 2015) hasta la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea en noviembre de ese año con la finalidad de establecer un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos como tercer pilar de la Unión Bancaria.

En líneas generales, el SEGD propuesto establecía tres etapas (reaseguro, coaseguro y seguro pleno, con el horizonte temporal de julio de 2024) en las que la administración sería competencia de la JUR junto con los SGD participantes, creándose además el Fondo de Garantía de Depósitos que se dotaría con aportaciones de los bancos.

Los debates posteriores en el seno de la UE sobre esta propuesta provocaron sustanciales modificaciones del proyecto inicial de  tal manera que en noviembre de 2017 se acordaron diversas medidas, mucho menos ambiciosas, que podemos resumir en la aparición de un debate entre aquellos Estados que desean avanzar en la mutualización de los riesgos (risk sharing) y aquellos otros que prefiere primero reducir los riesgos de que las entidades tengan activos dañados (risk reduction) para poder avanzar en el SEGD:

En cualquier caso, y dado que se sigue considerando necesario completar la Unión Bancaria, en la reunión del Eurogrupo de 2018 se dio luz verde a la creación de un grupo de expertos para desarrollar el SEGD (High-Level Working Group (HLWG) on EDIS) que en diciembre de 2019 planteó una hoja de ruta para las discusiones políticas (HLWG, 2019), sin fechas concretas, que en la materia que nos ocupa ahora proponía un SEGD planteado como un modelo híbrido en el que los fondos de garantía nacionales serían complementados por un fondo comunitario que ejercería, primero, funciones de provisión de liquidez (el denominado reaseguro) y, más adelante, dependiendo del desarrollo del debate, pudiera servir para absorber pérdidas (risk sharing), siempre que se llevase a cabo un análisis previo de la calidad de los activos en los balances de las entidades (risk reduction).

En esa línea, el Presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, ha presentado en la última reunión del 3 de mayo un plan a los ministros de la eurozona (Eurogrupo, 2022) para poder avanzar en un futuro próximo sobre la puesta en marcha definitiva del SEGD-EDIS, retomando así los trabajos en esta materia, con un planteamiento muy similar a la propuesta realizada en 2019.

Efectivamente, en él se plantea una primera etapa (que comenzaría en 2025) consistente en un mecanismo de garantía europeo que funcionaría solo como apoyo a los fondos de garantía nacionales[4] concediéndoles préstamos cuando no pudiesen hacer frente a sus compromisos ante una quiebra bancaria y una segunda etapa que consistiría en ir avanzando gradualmente a un sistema mutualizado en el que el SEGD se haga cargo de proteger los depósitos y absorber posibles pérdidas en cualquier estado con el horizonte de 2028.

 Por tanto, como se puede observar, los avances para configurar el tercer pilar, imprescindible para completar la Unión Bancaria, siguen en proceso de discusión, el cual, como ya mencionábamos con anterioridad, se ha visto muy afectado por el cambio de agenda de la UE provocado por la pandemia y por la invasión de Ucrania por Rusia que son las que en los últimos años han estado en primer plano.

4. Conclusión

La Unión Bancaria, y la velocidad con la que se construyó para responder a la crisis del euro del 2010 ha supuesto uno de los grandes hitos de la UE en las últimas décadas.

Sin embargo, la evolución de sus distintos pilares no ha sido homogénea. Mientras el MUS se ha desarrollado de una manera rápida y eficaz a las diferentes situaciones surgidas en la supervisión de las entidades de crédito, y el MUR, con sus limitaciones por su juventud, también ha avanzado de forma significativa en sus funciones, el tercer pilar, el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos no solo no se ha desarrollado en línea con los anteriores si no que, muy al contrario, sigue estancado en una discusión, fundamentalmente política, entre aquellas países que está dispuestos a construir “más Europa” y aquellos otros que todavía piensan en clave nacional y que no están dispuestos a avanzar más si no hay un mayor control de los riesgos asumidos por las entidades de crédito en los distintos países.

La conclusión es que, mientras no se termine de desarrollar un sistema de garantía de depósitos común, a nivel europeo, la Unión Bancaria no estará completa y, por tanto, seguirán vigentes los distintos riesgos a los que hemos hecho referencia con anterioridad, tanto para el MUS como para el MUR y, por tanto, para toda la Eurozona en su conjunto.

Referencias bibliográficas

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Parejo, J. A. y Alcalde, E.(2017) : “La nueva arquitectura financiera europea: hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria”, en MANCHA NAVARRO, T. (Dir.) “Política Económica Regional y Servicios”, Ed. Civitas- Thomson Reuters, Navarra (España).

Sánchez Barrios, R. (2020): ¿Qué fue de la Unión bancaria? La Unión Europea tras la pandemia. Revista de Economía ICE, septiembre-octubre 2020.

Swinkels, M. y VAN Esch, F. (2022): “Deciding upon the Banking Union: how a joint belief shift instigated Deep institutional change in Eurozone governance”, European Policy Analysis, febrero. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/epa2.1137

[1] Estos cambios, que supusieron un profundo cambio institucional en la gobernanza de la eurozona, tuvieron diversas causas tanto económicas como políticas que no se habían planteado antes en el desarrollo de la UE (Swinkels, M. y van Esch, F., 2022).

[2] Comenzó su actividad el 1 de enero de 2015.

[3] El FUR tenía como objetivo completarse en el período 2016-2023 con un valor estimado de 65.000 millones de euros. En junio de 2021 alcanzaba ya el valor de 52.000 millones de euros). Este instrumento actuará como respaldo financiero cuando la resolución requiera más fondos que aquellos que puedan asumir los accionistas y acreedores de la entidad (el denominado bail-in).

[4] En el cual la contribución de cada estado se determinaría en función del riesgo de su banca, incluida su exposición a la deuda soberana.

Estanflación o conflicto social: una lucha que ya se ha instalado en la economía española

(por Ana Cristina Mingorance Arnáiz, Profesora de la Universidad CEU-San Pablo)

A Luis debo mi amor por la economía y la política económica. Fue la persona que me acercó al mundo de la economía, pues cuando aún contaba 18 años, y me debatía, como todos los jóvenes de la época, entre estudiar Economía General o Economía de la Empresa, me dejó claro, a través de mi padre, Guardia Civil como él, que la empresa no funciona sin la economía. Entender cómo se relacionan las variables económicas, qué hechos afectan a su evolución, cómo se puede actuar sobre ellas… es fundamental para un buen desempeño empresarial. No se trata de predecir, solo de entender qué está ocurriendo en la economía y por qué, pues solo así es posible tomar decisiones que animen al consumo y la inversión privada, favoreciendo de este modo la prosperidad económica. 

1.- Introducción

Hace apenas un año, la economía española vivía inmersa en un proceso deflacionista similar al experimentado durante la Gran Recesión del 2008. La demanda se hundió por la crisis sanitaria de la Covid-19, y con ella la producción y los precios. En el segundo semestre de 2020, la caída interanual del PIB superó el 21%, alcanzando niveles que no se habían observado desde la Guerra Civil.

Lejos parecen haber quedado esos tiempos en los que luchar contra la caída de precios se convertía en el objetivo esencial de las autoridades fiscales y monetarias. Desde marzo de 2021 se ha producido un repunte notable de la inflación, al alcanzar, en marzo de 2022, el 9,8%. Si bien, el problema no es exclusivo de España. En marzo de 2022 la inflación de Estados Unidos se situaba en el 8,5%, la de la Zona euro en el 7,5%, y la de la OCDE en el 7,7% en el mes de febrero. De hecho, algunos países europeos, como la República Checa, Estonia, Letonia y Lituania, mostraron cifras que superaron los dos dígitos.

En esta ocasión, y a diferencia de lo que ha ocurrido en otros periodos, los factores de oferta y de demanda se han combinado para empujar los precios al alza. El aumento que experimentaron los precios a lo largo del 2021 se explicaría, esencialmente, por perturbaciones positivas de demanda. Los shocks negativos de oferta quedaron relegados a un segundo plano, al contribuir de forma gradual, y en menor medida, al crecimiento de la inflación. En 2022 la situación cambia, los shocks de oferta resultan fundamentales en el comportamiento de los precios.

2.- Porque preocupan tanto las altas tasas de inflación

La recuperación de los precios era necesaria, por eso las alarmas no saltaron hasta septiembre de 2021, cuando empezaron a observarse crecimientos pronunciados en la inflación subyacente (véase gráfico 1)[1]. Es entonces cuando los primeros analistas empiezan a temer que la inflación no sea un problema temporal.

En agosto de 2021, el 24% de los componentes de la cesta del consumo experimentaban crecimientos superiores al 2%. De este 24% casi la mitad eran productos energéticos y alimentos, todos ellos bienes que escapan al cálculo de la inflación subyacente. La situación cambia drásticamente al mirar los datos de marzo de 2022, cuando el 70% de los productos incluidos en la cesta del consumo alcanza tasas de inflación superiores al 2%, y casi el 30% se sitúa por encima del 5%.

Estos datos muestran que el actual problema de inflación se ha instalado en la cesta de la compra, y lo ha hecho con cierta velocidad. Se trata de un problema permanente que fácilmente llegará a alcanzar los dos dígitos, algo que no se veía desde mediados de los años 80, cuando la crisis energética de finales de los 70 daba sus últimos coletazos.

Comprender los motivos que han empujado al alza el crecimiento de los precios es un primer paso para conocer, por un lado, el nivel de anclaje de la inflación, y por otro, las medidas que podrán aplicarse para evitar que siga acelerándose y, en la medida de lo posible, corregirla.

3.- Factores determinantes de la elevada inflación

La elevada tasa de inflación que se observa en la mayoría de los países nos lleva a buscar las causas, no solo dentro de nuestras fronteras, sino también en el exterior. Así, entre los factores determinantes de este aumento de los precios encontramos: a) la fuerte recuperación de la demanda a partir de la segunda mitad del 2020, una vez que las medidas de contención del virus dieron los primeros frutos, b) el aumento en el precio de los productos energéticos, como el gas, el petróleo o la electricidad, c) el crecimiento de los precios de ciertas materias primas, como los metales, los semiconductores y los productos agrícolas, entre otros, y d) la disrupción en las cadenas de suministro globales, lo que ha afectado a los precios y disponibilidad de determinados bienes intermedios.

Durante la crisis financiera del 2008 las autoridades europeas se vieron obligadas a aplicar políticas monetarias y fiscales expansivas. El BCE acudió para ello a instrumentos convencionales y no convencionales, tales como, comunicaciones respecto a las actuaciones futuras sobre el tipo de interés, o medidas de relajación cuantitativa que se trasladan a su balance[2]. Durante la crisis de la Covid se aumentó la expansión monetaria con programas de compras de activos (PEPP), relajación en las condiciones de acceso a las operaciones de financiación a más largo plazo (LTRO III), y acceso a un nuevo programa de operaciones de financiación a más largo plazo (PELTRO). El objetivo era inundar de liquidez el mercado para facilitar el acceso a la financiación de gobiernos y empresas. Por su parte, los gobiernos nacionales se vieron en la necesidad de aumentar su déficit y deuda, con programas de gasto sobre el mercado de trabajo y en materia sanitaria.

En definitiva, las circunstancias de los últimos diez años generaron un exceso de liquidez en el mercado, y cuando la recuperación económica y sanitaria se produjo, la demanda se disparó. Encontramos en el crecimiento de la demanda un primer detonante para la escalada de los precios.

Frente al aumento de la demanda encontramos los problemas de oferta. Las medidas de choque que se adoptaron para paliar los efectos de la Covid-19 frenaron no solo la demanda, sino también la producción, especialmente la de determinados sectores[3]. Superados los grandes escollos de la pandemia, la demanda se recuperó, pero la oferta no fue capaz de hacerlo al mismo ritmo. Los desajustes entre la oferta y la demanda generaron cuellos de botella que han incidido con fuerza en algunos sectores como el de fabricación de vehículos de motor, el caucho, el plástico, el papel, el material de equipo electrónico, la informática, la electrónica y los productos metálicos. La preocupación respecto a la disrupción en las cadenas globales de suministro es doble. En primer lugar, la capacidad de las empresas para responder a la demanda se habría visto limitada, lo que provocó un aumento de los precios de los bienes manufacturados. En segundo lugar, la producción disminuye, generando cierto temor a la entrada en una nueva fase de recesión. Fernández Cerezo et al (2021) estimaron que las disrupciones en las cadenas globales de suministro podrían reducir el crecimiento del PIB entre un 0,7 y 1,2 p.p. a lo largo de 2021 y 2022. En esta caída juegan un papel esencial los efectos arrastre nacionales e internacionales.

Estos problemas de oferta se han visto agravados por el encarecimiento del gas, el petróleo y ciertas materias primas (metales, semiconductores, productos agrarios, etc.), lo que ha provocado un aumento de los costes de producción y suministro de todos los bienes. La producción oligopolística de muchas de estas materias ata de manos a los productores nacionales, a los que no les queda más remedio que asumirlos, y siempre que sea posible, trasladarlos a los consumidores finales.

En relación con el petróleo, no debe pasarse por alto que el consumo de las familias en productos derivados del petróleo es significativo y, que es además un factor empleado en la producción de otros bienes y servicios. El precio del barril de petróleo ha experimentado incrementos sin precedentes en el último año. Así, como se muestra en el Gráfico 2, el crecimiento medio del último año alcanza el 92%, superándose el 200% en abril del 2021. Este aumento medio se sitúa por encima del incremento del 82% de enero de 2017.

Las variaciones del precio del petróleo no son un problema si se consideran de manera aislada, pues sus subidas suelen acompañarse de fuertes caídas en otros momentos del tiempo. En este sentido, el mayor problema del aumento del precio del petróleo se encuentra, como mencionan Álvarez et al. (2017), en que sus variaciones se trasladan con rapidez a la inflación general, mucho más difícil de corregir. Al subir el precio del petróleo se incrementa el precio de los carburantes, lo que eleva los costes de transporte y consecuentemente los de distribución. Cuando esto ocurre, se produce un aumento de los costes de producción que las empresas terminan por trasladar a los precios de venta del resto de productos. Es entonces cuando la inflación se instala en la economía.

Respecto al gas, el incremento de su precio se vincula tanto, a las distorsiones de la oferta, como a la mayor demanda procedente de Asia, pero también, a la intensa reactivación de la actividad económica mundial (véase Pacce y Sánchez (2021) y Alonso y Suárez-Varela (2021)). Los países productores están afrontando elevados costes para mantener sus infraestructuras ante la reducción en la inversión de los últimos años, al tiempo que se han generado ciertas tensiones geopolíticas. El resultado ha sido una escalada en el precio del gas que ha arrastrado consigo a la electricidad y al resto de productos[4]. El Gráfico 3 muestra la relevancia que los carburantes y combustibles tienen en la variación del IPC de la economía española, y deja claro que la subida de los precios de la energía suele ser un factor explicativo de la inflación.

Entra dentro de las previsiones que los precios del gas sigan subiendo. Las sanciones impuestas por Occidente a Rusia como consecuencia de la invasión de Ucrania, aunque imprescindibles, no ayudan a rebajar las tensiones[5]. A ello se une, en el caso de España, el más que probable recorte en el suministro de gas por parte de Argelia. La decisión del Presidente del Gobierno de apoyar la propuesta de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, solo ha avivado las tensiones. De hecho, y pese a los elevados costes de transporte, España se ha visto obligada a incrementar sus importaciones de gas procedente de Estados Unidos.

La subida del precio del petróleo, el gas y la electricidad, ha terminado por afectar a consumidores y productores. Recientemente hemos vivido una huelga de camioneros, incapaces de afrontar los costes de llenar el depósito de sus camiones. No dejamos de oír que los pequeños empresarios, ahogados por los altos precios de la electricidad y la subida de sus costes de producción, se ven abocados al cierre. Y las familias destinan cada vez una mayor parte de sus rentas al pago directo de gasolina, gas y electricidad. A ello habría que añadir el aumento en el precio de ciertas materias primas, como el litio o el níquel, cuyas reservas se encuentran mayoritariamente en Rusia y Ucrania, y de muchos productos agrarios que son bienes básicos en la cesta del consumo[6]. Todo ello se ha convertido en una tormenta perfecta que ha ayudado a que la inflación se haya instalado en nuestra economía.

4.- Principales efectos de la persistencia de la inflación y algunas medidas necesarias

La elevada inflación que estamos soportando afectará a distintos aspectos de la economía. En primer lugar, ya se están viendo redistribuciones de renta entre países, pero también dentro del país. Por un lado, es de esperar que, como consecuencia del aumento del precio de la energía, se produzcan redistribuciones de renta desde los países importadores de dichas materias primas hacia los exportadores de las mismas. Por otro lado, las desigualdades sociales, ya dañadas por la pandemia, se acrecentarán. La subida de precios no afecta por igual a todos los hogares. Como menciona Sánchez Soliva (2022) la fuerte subida de los precios de los bienes de primera necesidad (alimentos, vivienda y productos energéticos) impacta en mayor medida en los hogares con menor renta. El diferencial del impacto de la citada inflación se cifra en 0,8 p.p. en beneficio de las rentas altas.

En segundo lugar, las elevadas tasas de inflación están retrasando la recuperación del poder adquisitivo de las familias. La Covid-19 mermó la renta disponible en más de un 3% a lo largo de 2020, y no logró recuperarse en 2021. Si tenemos en cuenta que fueron las rentas bajas las que soportaron las mayores pérdidas de renta, y también las que más están sufriendo la subida de los precios, es razonable pensar que las desigualdades sociales se acrecienten.

También se observan redistribuciones de renta entre las empresas en función de su tamaño y el sector productivo al que pertenezcan. Las pequeñas empresas, con menor poder negociador en los mercados, y con menos instrumentos para adaptarse a la nueva coyuntura, se encuentran en una posición más vulnerable que las grandes para sortear la inflación. En cuanto a los sectores productivos, manufacturas y turismo son los más susceptibles de perder cuota de mercado. El motivo se encuentra en el aumento del precio de la electricidad y del petróleo, que está afectando negativamente a su nivel de competitividad.

En cuarto lugar, entra dentro de lo probable que las incertidumbres respecto a la duración y virulencia del conflicto bélico en Ucrania incremente las expectativas de inflación de consumidores y empresas, lo que se traducirá en presiones al alza en los costes laborales. Los efectos de segunda ronda son más probables cuando la inflación se extiende al conjunto de bienes y se alarga en el tiempo. Aunque ha logrado contenerse la espiral inflacionista, en parte por el grado de holgura que existe en el mercado de trabajo, lo cierto es que los incrementos salariales que se recogen en los convenios colectivos firmados en marzo de 2022 (2,7% de media) ya muestran un ligero ascenso frente a los negociados en 2021 (1,5%)[7]. Aumentar los salarios al ritmo que lo hace la inflación es pernicioso para la economía a largo plazo, pero no hacerlo producirá efectos negativos sobre la capacidad de ahorro de las familias, y a la larga perjudicará el crecimiento económico y aumentará el endeudamiento y las desigualdades sociales.

Cuando la inflación surge por una combinación de causas, como está ocurriendo ahora mismo, no se puede esperar una solución a corto plazo, pero sí se pueden adoptar algunas medidas que ni España ni Europa quieren plantearse. El Banco Central se ha obstinado en mantener el programa de compras de activos y los tipos de interés de financiación nulos. En lugar de actuar para controlar el aumento de los precios y cumplir así con su mandato, ha optado por evitar el colapso de la economía y de los gobiernos nacionales, permitiéndoles refinanciar su deuda a coste cero[8]. El BCE no tiene intención de concluir con la compra de deuda hasta el tercer trimestre de 2022, y todavía no ha hablado de subir los tipos de interés. Retrasar una medida que ya otros Bancos Centrales han adoptado solo hará que, cuando la restricción monetaria se lleve a cabo, los efectos negativos sean aún más intensos.

Por su parte, el Gobierno español ha preferido mirar a otro lado. Culpar a otros del aumento de precios es lo fácil, pero pensar que todo se debe a la política monetaria del BCE y al conflicto de Ucrania, es no querer asumir responsabilidades. Dejando de lado los pasos erróneos que se han dado en las relaciones diplomáticas, el Gobierno se ha empeñado en mantener los niveles de demanda subiendo el gasto público. A la extensión de los ERTES se une la subida de las pensiones en función del IPC, dando marcha atrás a la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy con la que se pretendía contener el gasto de la Seguridad Social[9]. Se aprobó el ingreso mínimo vital y se han otorgado subvenciones a la gasolina y la electricidad. Afrontar la inflación generando déficit público no es más que un parche que dificultará su solución futura. En lugar de incrementar el gasto público se debería haber optado por relajar las tensiones inflacionistas reduciendo el gasto público y apoyando la iniciativa privada mediante una reducción de impuestos a empresas y ciudadanos.

Aunque las autoridades monetarias y fiscales pueden adoptar medidas para corregir la inflación, sus efectos no serán inmediatos. Se hace necesario alcanzar un pacto de rentas amplio que logre distribuir de la manera más equitativa posible los costes de la inflación, y que evite los efectos de segunda ronda, y el impacto negativo sobre el empleo y la inversión. Además, y a más largo plazo, se recomienda invertir en energía nuclear, lo que ayudaría a contener, como en el caso de Francia, futuras tensiones inflacionistas que tengan su origen en el aumento del precio de la energía.

Bibliografía

Alonso, I. y Suárez-Varela, M. (2021), “Un análisis del impacto económico global del reciente encarecimiento de las materias primas energéticas”, Boletín Económico del Banco de España, 4/2021, pp. 27-30

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Fernández Cerezo, A., Montero, J. M. y Prades, E. (2021), “El impacto potencial de los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro sobre la economía española en los próximos trimestres”, Boletín Económico del Banco de España, 4/2021, pp. 39-41.

Izquierdo, M. y Soler, I. (2022), “Un primer análisis acerca del impacto de la inflación sobre la negociación colectiva en 2022”, Boletín Económico del Banco de España, 1/2022, pp. 42-44.

Sánchez Soliva, R. (2022), “La inflación sí entiende de clases”, Informe mensual del Servicio de Estudios de la Caixa, nº IM03, pp. 15-16.

Pacce, M. y Sánchez, I. (2021), “Los factores detrás del reciente incremento de la inflación en España”, Boletín Económico del Banco de España, 3/2021, pp. 46-48.

[1] Siguiendo a Álvarez y Sánchez (2018), hemos tomado como inflación subyacente la tasa de inflación excluidos los alimentos, tanto elaborados como sin elaborar, y la energía, en lugar del tradicional IPSEBENE. El aumento de este último indicador de precios ha sido incluso mayor que el del indicador utilizado.

[2] En octubre del 2008 el BCE actuó sobre los instrumentos convencionales. Comienza a reducir el tipo de interés de las operaciones principales de financiación, hasta situarlo, en menos de un año, en el 1%. Al mismo tiempo actúa sobre las subastas de dinero, tanto de las operaciones principales de financiación (MROs) como de las operaciones de financiación a más largo plazo (LTROs). Ambas pasan a realizarse a tipo fijo, a plazos más largos, al tiempo que se amplía la lista de activos que son admitidos como garantía en los préstamos solicitados, y se adjudican todas las cantidades demandadas. En relación con los instrumentos no convencionales el Banco Central se dotó de una serie de instrumentos con los que pretendía conceder préstamos directos a los bancos, inicialmente ampliando las líneas swaps con otros Bancos Centrales, para recurrir en mayo de 2009 a un programa de compra de bonos garantizados (CBPP).

[3] En concreto, la hostelería perdió el 50% de la actividad en el 2020, las actividades de ocio casi el 25%, y las de transporte y almacenamiento el 26%, al igual que el comercio al por mayor y el minorista.

[4] El precio del gas muestra crecimientos más moderados que el del petróleo, si bien, su crecimiento medio mensual en el último año se sitúa en el 20,5%.

[5] Finlandia y Suecia acaban de solicitar su incorporación a la OTAN, incrementando aún más las tensiones. De hecho, Rusia ha amenazado con desplegar armas nucleares en el mar Báltico en el caso de que la adhesión se lleve a cabo, lo que podría aumentar la virulencia de la guerra y por ende sus consecuencias sociales, políticas y económicas.

[6] La exposición directa de España al conflicto de Ucrania es reducida, si bien, la exposición indirecta es mayor. España apenas depende del petróleo y el gas ruso, y la dependencia del maíz, el trigo y el aceite de girasol ucranianos solo tiene un impacto microeconómico, pero sí dependemos del turismo ruso. Además, un elevado número de empresas españolas tienen intereses en Rusia y sin duda nos veremos afectados por la escalada de los precios de la energía en los mercados internacionales, la inflación que soporten otros países y que absorberemos vía importaciones, y las medidas que sobre el tipo de interés y la compra de deuda adopte el BCE.

[7] Como señalan Izquierdo y Soler (2022), el riesgo de una espiral inflacionista no reside en el incremento salarial pactado, sino en la inclusión de cláusulas de salvaguarda salarial, cuya presencia ha aumentado este año.

[8] El balance del BCE ha seguido creciendo pese a la inflación. Así, desde agosto de 2021 el aumento del activo, y consecuentemente del pasivo, del BCE, ha superado el 8%.

[9] Revalorizar las pensiones con el IPC no solo supone un gasto adicional este año, sino también genera un gasto acumulativo que da lugar a mayores incrementos del gasto futuro.

La reciente inflación y los impuestos en España

(por Begoña Barruso Castillo, Profesora titular de Economía Aplicada (Hacienda Pública), Universidad San Pablo-CEU)

Mi relación con Luis Rodríguez Sáiz empezó en el año 1990, cuando fue mi profesor de Política Económica. De Luis aprendí, más allá de los conocimientos de la asignatura (que fueron buenos y muchos), las cualidades de un buen docente: rigor, exigencia, al tiempo que cercanía, preocupación porque sus alumnos aprendiesen y por hacer sus clases atractivas, disponibilidad, paciencia, entrega a su tarea docente. Se percibía claramente que tenía vocación por la docencia y que disfrutaba con ella. Posteriormente, durante mi etapa como profesora becaria en el CEU Luis Vives tuve la oportunidad de seguir conociéndole; siempre atento, preocupado por cómo íbamos con nuestras Tesis doctorales los profesores jóvenes… Sin duda todo un lujo conocerle y aprender de él. Luis era un auténtico maestro y un modelo por seguir como docente y como persona.

1. ¿Se está viendo afectada la recaudación impositiva por la inflación en España?

El impacto de la inflación en los sistemas impositivos es un fenómeno que se trata en todos los manuales de Hacienda Pública, pues puede provocar un aumento de la carga tributaria soportada por los contribuyentes, sin que ésta tenga su origen en un incremento de su capacidad económica, pudiendo generarse incluso aunque ésta se haya reducido. Es lo que se conoce como progresividad en frío o rémora fiscal. En este sentido, debe destacarse que el artículo 31.1 de la Constitución Española de 1978 establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Este efecto es más marcado, si cabe, en aquellos impuestos que aplican una tarifa por tramos, como es el caso, en España, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF), del Impuesto sobre el Patrimonio o del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Para evitar este aumento no deseado del impuesto a abonar, que no responde a un incremento real de la capacidad económica del contribuyente, pueden adoptarse dos estrategias. Por un lado, introducir en el sistema impositivo mecanismos automáticos de indiciación, que corrijan automáticamente los efectos de la inflación. Y, por otro, dejar que sean los gobiernos los que adopten medidas de ajuste discrecionales. En este último caso, pueden producirse retrasos, intencionados o no, en la aprobación de las medidas, lo que puede reducir su efectividad. Un sistema de indiciación automática permitiría la exacta e inmediata corrección de los efectos negativos que la inflación tiene sobre la carga tributaria, pero introduciría importantes dosis de complejidad, lo que chocaría en la actualidad con el principio de simplicidad impositiva, muy presente en las reformas fiscales de los países desarrollados. Por ello, los gobiernos se decantan más por la adopción discrecional de medidas compensatorias. Como señala Sanz Sanz (2022,9) “En la actual coyuntura, indexar los sistemas fiscales a la evolución de los precios es una recomendación defendible por razones de eficiencia, equidad y estabilización económica”.

Aun cuando no se trata de un debate nuevo, sí ha ganado protagonismo en los últimos meses por el repentino aumento de la tasa de inflación, derivada del incremento en el precio de los productos energéticos y en general de las materias primas, la ralentización de los procesos productivos por la pandemia, las tensiones geopolíticas y el incremento de la demanda, entre otros factores.

Si bien la inflación afecta a todos los impuestos, analizaremos de forma más detallada cómo influye ésta al IRPF, por ser el impuesto con mayor importancia recaudatoria (aporta el 45% del total de ingresos impositivos), abonándolo un elevado número de contribuyentes (en el último ejercicio se presentaron más de 20 millones de declaraciones), y resultar especialmente afectado por la inflación en sus diferentes elementos.

2. La inflación y el IRPF

Aunque habitualmente se focalizan los problemas en la tarifa del impuesto, no hay que olvidar otros elementos que también sufren esos efectos de la inflación, tal y como se pondrá de manifiesto a continuación.

En la medida en que se aplica una tarifa por tramos, un aumento de la renta nominal en la misma proporción que el incremento experimentado en los precios, puede provocar un salto de tramo, sometiendo la renta a un tipo marginal superior y obligando al contribuyente a pagar más, aun cuando su renta en términos reales no se ha modificado. Este fenómeno puede producirse incluso cuando el incremento en la renta es inferior a la inflación, situación en la que el contribuyente, además de pagar más impuestos, pierde poder adquisitivo. Tal y como demuestra Domínguez (2012) aunque no se produzca el salto a un tramo superior de la tarifa, la renta disponible del contribuyente después de impuestos puede verse reducida (en términos reales), al aumentar su tipo medio, pues hay una mayor proporción de la renta gravada al tipo marginal.

Supongamos un contribuyente madrileño con una base liquidable de 35.150€, procedente de rendimientos del trabajo. Con la tarifa actual del IRPF abonaría 8.483,02€, por lo que le quedaría una renta disponible de 26.666,98€. Su tipo medio de gravamen ascendería al 24,13%. Si en respuesta a la inflación existente en España se le sube el salario un 2,36%[1] (el incremento experimentado por los salarios pactados en convenios hasta el mes de marzo de 2022), pasaría a percibir un ingreso de 35.979,54€, al que correspondería abonar 8.783,22€ en concepto de IRPF, quedándole una renta disponible de 27.196,32€. Su tipo medio se situaría en el 24,41%. Aunque su renta disponible se ha incrementado, lo ha hecho sólo en un 1,98%, por debajo del 2,36% que subió su renta nominal. El contribuyente pierde poder adquisitivo debido, por un lado, a la inflación no compensada con un incremento salarial, y por otro, al aumento del tipo impositivo medio. La inflación, por lo tanto, puede alterar la progresividad real del impuesto.

Debe destacarse, además, que en España no se deflacta la tarifa del IRPF desde el año 2008, siendo la inflación acumulada desde entonces hasta enero de 2022, según datos del INE, del 22,4%.

Junto a la tarifa, otros elementos del IRPF se ven afectados por la inflación. En este sentido cabe destacar, en primer lugar, todos aquellos que son importes fijos, como exenciones, reducciones, deducciones, bonificaciones, mínimos exentos… Cuando su cuantía no aumenta en la misma proporción que la inflación, se reduce su valor en términos reales, afectando en mayor medida a los ciudadanos con menor renta. En la Cuadro 1 se recogen esos elementos a indexar.

En segundo lugar, es necesario actualizar los valores de adquisición de los elementos transmitidos de cara a calcular la correspondiente ganancia o pérdida patrimonial. Si no se actualizan, el contribuyente se verá obligado a declarar por el beneficio nominal, en vez de por el real. La normativa del IRPF en España contemplaba esta situación, mediante la aplicación al valor de adquisición de unos coeficientes de actualización, que variaban en función del año de compra del bien transmitido. Si bien su uso se limitó a la venta de inmuebles, la Ley 26/2014 eliminó la aplicación de estos coeficientes de corrección monetaria a partir de enero de 2015.

Por otro lado, el desfase temporal que existe en el IRPF entre el momento en que se obtienen las rentas y el momento de la liquidación y pago del impuesto, en contextos de elevada inflación, también puede generar distorsiones en la carga fiscal soportada por los contribuyentes.

Se hace necesario por lo tanto, ajustar la estructura del IRPF a la inflación en todos sus elementos, no exclusivamente en lo que a la tarifa se refiere, para que la carga del impuesto se distribuya de forma equitativa entre los contribuyentes, evitando así pérdidas de equidad vertical (por el aumento del tipo medio) y horizontal (dando un tratamiento fiscal similar a contribuyentes con la misma capacidad económica, independientemente del origen de sus rentas), y permitiendo además, ajustar adecuadamente la carga tributaria a las circunstancias personales y familiares de los contribuyentes[2].

3.- Efectos de la inflación en la recaudación tributaria

La recaudación impositiva ha alcanzado un máximo histórico en 2021, situándose en 221.396 millones de euros, un 15,1% más que en el año 2020, por encima incluso de los niveles del año 2007 (previo a la gran recesión de 2008). Ahora bien, dado que el año 2020 fue muy negativo en términos recaudatorios, por la crisis sanitaria de la COVID19, la comparación con el año 2019 se considera más adecuada pues permite obtener una visión más realista de cómo han evolucionado los ingresos impositivos. Pues bien, la recaudación también aumentó, un 5,1%, respecto a la del año 2019. A continuación, se analiza por separado el comportamiento de la recaudación en lo que se refiere a los impuestos directos e indirectos.

Efectos de la inflación en el IRPF

Si se analiza el comportamiento de las principales figuras, puede concluirse que los impuestos directos son los que más aportan al crecimiento de los ingresos públicos. Así, la recaudación del IRPF se incrementó en 7.654 millones de euros respecto al año 2019 y en 6.574 millones en relación al año 2020. Este incremento tuvo su origen en el comportamiento de las rentas de carácter público (salarios de las Administraciones Públicas y pensiones) y a las políticas de sostenimiento de rentas (prestaciones de desempleo y trasferencias ligadas a los ERTES y a las ayudas a autónomos) [3].

Varios son los estudios elaborados recientemente para cuantificar el aumento recaudatorio en el IRPF del 2021, debido a la inflación. Así, el profesor José Félix Sanz (Sanz, 2022) estima el importe de la rémora fiscal en 4.110 millones de euros, de los que 1.693 millones tienen su origen en la no indexación de las tarifas de gravamen (estatal y autonómica) y 2.417 millones se deben a la ausencia de ajustes en los otros elementos del impuesto. Esto supone un sobreimpuesto medio por declaración de 199€. En otro informe elaborado por este profesor para el diario Cinco Días, se desagrega dicho aumento recaudatorio en el IPRF por tramos de renta, llegando a la conclusión de que el efecto derivado de la no indexación del IRPF afecta más a los contribuyentes con rentas más bajas. Tal y como se desprende de la Cuadro 3, el 65,1% del sobreimpuesto (2.671 millones de euros) se corresponde con los niveles de renta por debajo de los 36.000€, alcanzando el 80,29% si se amplía el umbral de renta hasta los 48.000€ (3.300 millones de euros). Para los contribuyentes con bases liquidables superiores a 60.000€ el sobrecoste es de 549,1 millones de euros (un 13,35% de la sobreimposición total).

En la misma línea el profesor Jorge Onrubia (investigador de FEDEA) ha estimado que la inflación ha generado un aumento en la recaudación del IRPF de 2021 entre 3.700 y 4.400 millones de euros. El Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF, 2022) concluyó que los contribuyentes podrían ahorrar hasta 477 euros en su factura del IRPF si, ante una subida salarial del 3%, se deflactase la tarifa del impuesto un 3% y un 6,5% otros componentes del impuesto (como los mínimos personales o los gastos de trabajo). El motivo de diferenciar el porcentaje de deflactación aplicable a la tarifa y al resto de elementos del impuesto radica en que el efecto real de la tarifa deriva de la subida de los salarios, y no de la inflación en sí, por lo que su ajuste debería realizarse conforme al incremento retributivo de los contribuyentes y no del IPC.

Debe destacarse, además, que la recaudación del IRPF en los dos primeros meses de 2022 se ha incrementado un 9,4% respecto al mismo periodo de 2021. Detrás de este aumento se encuentran, entre otros factores, el abono a los pensionistas de la paga compensatoria ligada a la revalorización de las pensiones y al incremento en los salarios producida para compensar la subida de la inflación.

Efectos de la inflación en los impuestos indirectos

La recaudación procedente de los impuestos indirectos muestra, sin embargo, un comportamiento distinto al señalado en el caso del IRPF, fruto de los cambios normativos introducidos para intentar controlar la fuerte subida de los precios de los productos energéticos[4]. Así, los ingresos procedentes del Impuesto sobre el Valor Añadido aumentaron un 14,5% respecto a 2020, que fue un año bastante negativo para la recaudación del IVA por las restricciones de movilidad y de actividad derivados de la pandemia y la caída del precio del petróleo, y sólo un 1,4% respecto a 2019.

La rebaja del tipo impositivo del IVA aplicado al consumo doméstico de electricidad (que pasó del 21% al 10% a partir del mes de junio), restó al impuesto 509 millones de euros[5]. Ahora bien, tal y como señala la propia Agencia Tributaria (2022b) a partir del mes de agosto de 2021, el valor de las ventas diarias se situó por encima de las del año 2019, debido en parte a la subida de precios, que se fueron acentuando a medida que avanzaba el año. Debe tenerse en cuenta además que los precios de los productos energéticos experimentaron aumentos intensos a partir del mes de marzo de 2021, lo que también tiene un impacto positivo en la recaudación del IVA.

En esta misma línea Cristina Herrero (Presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal – AIReF), en una conferencia organizada por el Colegio de Economistas, el 15 de marzo de 2022, cuantificó un aumento en la recaudación del IVA en 2021 entre 3.000 y 3.500 millones de euros adicionales gracias al efecto de la inflación.

Por otro lado, a medida que este aumento de los precios energéticos se va trasladando al resto de la economía, se produce un claro efecto en los ingresos impositivos. Así, en los dos primeros meses de 2022, la recaudación por IVA ha aumentado un 20,50% respecto al mismo periodo del año 2021, aportando un 44,32% del crecimiento recaudatorio global en este periodo.

Peor comportamiento ha mostrado los Impuestos Especiales, que, si bien aumentaron su participación respecto al 2020 en un 5%, lo hicieron en un porcentaje inferior al presupuestado, sin llegar a alcanzar los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, en los dos primeros meses del año 2022, esta recaudación se ha incrementado un 8,5% respecto al mismo periodo de 2021. Dentro de los Impuestos Especiales debe destacarse el Impuesto sobre la Electricidad, que hubiese superado la recaudación del año 2019 si no se hubiese reducido su tipo impositivo, desde mediados de septiembre, del 5,11% al 0,5%, para frenar los efectos de la subida de precios (según estimaciones de la AEAT esto supuso una reducción de 336 millones en su recaudación). En los dos primeros meses del año 2022, en los que se mantiene dicha reducción del tipo impositivo, los ingresos procedentes de este impuesto se han reducido en 189 millones de euros respecto al mismo periodo de 2021.

Es de esperar, sin embargo, que se incremente la aportación a los ingresos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos, debido al aumento del precio de los productos que grava. En este sentido, este impuesto ha elevado su recaudación en 20,2 puntos, aportando el 60,61%[6] de los ingresos por Impuestos Especiales, compensando además la bajada, antes señalada, experimentada por el Impuesto de la Electricidad, que es además la única figura impositiva de este bloque que ve reducida su recaudación.

La recaudación impositiva en España se encuentra, por lo tanto, en una senda de claro crecimiento, que tiene su origen, como se ha puesto de manifiesto, no solo en el paulatino proceso de recuperación económica, sino también en la fuerte subida del nivel de precios que, en ausencia de mecanismos de indexación tributaria, genera ingresos adicionales a las arcas públicas, que son cuestionables pues no se corresponden con incrementos en la capacidad económica real de los contribuyentes y que además pueden afectar negativamente a los futuros niveles de crecimiento de la economía española. Y en este contexto adquiere gran relevancia el destino que se dé a este incremento de los ingresos públicos, que lejos de dedicarse a un aumento del gasto público improductivo, debería emplearse para disminuir el déficit y la deuda públicas, ante el anuncio de las autoridades europeas de volver a la disciplina presupuestaria, y cuando además es previsible que la financiación de la deuda pública se encarezca por el aumento de la inflación y las necesarias políticas restrictivas que se espera ponga en marcha el Banco Central Europeo. 

Referencias bibliográficas

Agencia Tributaria (2022a):  Informe Mensual de Recaudación Tributaria. Febrero de 2022.

• (2022b): Informe Mensual de Recaudación Tributaria. Diciembre de 2021.

Albi Ibáñez, E. y González-Páramo, J.M. (2017): Economía Pública I, Editorial Ariel Economía, 4ª edición renovada, Barcelona.

Domínguez Martínez, J.M. (2012): “¿Es necesario deslizarse a un escalón superior de renta para verse afectado por la progresividad en frío?”, eXtoikos, nº 7, pp. 111-112.

Ministerio de Hacienda (2021): Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021. Libro amarillo. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

REAF (2022): Encuentros REAF sobre la Reforma Fiscal. Resumen. Conclusiones. Propuestas; Consejo General de Economistas, Febrero.

Sanz, J. F. (2022): ¿Cuánto pagarán de más los contribuyentes españoles en el IRPF por la inflación durante 2021?, IX Informe Fundación Disenso, Febrero.

[1] Dato extraído de la Estadística de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

[2] Debe destacarse, sin embargo, que las Haciendas Forales Vascas y Navarra sí han mantenido medidas de indexación del impuesto, no solo sobre la tarifa, sino también en lo que a la aplicación de los coeficientes de actualización para el cálculo de las ganancias patrimoniales se refiere. Así, en su última Ley de Presupuestos Navarra ha indexado un 2% la tarifa, ha incrementado un 5% el importe de los mínimos personales y familiares, con un complemento adicional de 100€ más para las rentas inferiores a 30.000€ (lo que se estima supondrá una reducción de la recaudación por valor de 53 millones de euros). Por su parte las tres Haciendas Forales vascas mantienen los coeficientes de corrección monetaria para este año 2022 y han deflactado las tarifas un 1,5%.

[3] La caída de los ingresos de los impuestos ambientales tiene claramente su origen en la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica en los dos últimos trimestres del año 2021.

[4] Debe destacarse, sin embargo, que la reducción de ingresos que conllevaron la aplicación de estas medidas se vio compensada con el incremento de recursos fruto de la subida del tipo impositivo del Impuesto sobre Primas de Seguros, del 6% al 8% (476 millones de euros), así como la creación de dos nuevos impuestos: el Impuesto sobre Transacciones Financieras (296 millones) y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (166 millones) y ello pese a que la recaudación aportada por ambos fue claramente inferior a la inicialmente presupuestada (1.818 millones). Ver Ministerio de Hacienda (2021).

[5] De no haberse tomado esta medida, la recaudación del IVA se habría incrementado un 2% respecto a la del 2019. Debe destacarse, además, que la reducción impositiva derivada de esta bajada del tipo se vio parcialmente compensada por el aumento en la recaudación del IVA originado por la subida del tipo impositivo aplicado a las bebidas azucaradas (del 10% al 21%), que supuso un ingreso adicional a las arcas públicas de 314 millones de euros.

[6] En estos datos no se recoge la reducción de 20 céntimos por litro de carburante que el Gobierno de España introdujo, de manera temporal (durante tres meses), a partir del 1 de abril.

La política comercial multilateral a debate. El papel de la política comercial comunitaria

(por Inmaculada Hurtado Ocaña; María Jesús Arroyo Fernández y Begoña Blasco Torrejón, Universidad CEU San Pablo)

Dedicado a nuestro muy querido profesor D. Luis Rodríguez Sáiz, en agradecimiento por los años compartidos con él y las enseñanzas que nos transmitió, no sólo en el campo de nuestro trabajo en la Universidad, sino especialmente porque en él se cumplían las palabras de Antonio Machado, “y más que un hombre que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno”.

Desde hace casi cuatro décadas, tras la Ronda Uruguay del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y la constitución de la Organización Mundial de Comercio (OMC) el 1 de enero de 1995, hemos vivido un periodo de clara liberalización del comercio mundial. De hecho, según datos de la OMC, desde entonces se han reducido los aranceles sobre productos industriales un 40 por ciento y tanto países desarrollados, como países en desarrollo y en transición se han comprometido a reducir el número de derechos consolidados, de forma multilateral, acogiéndose al principio de nación más favorecida.

Los factores que han estado detrás, en gran parte han venido determinados por el proceso de globalización en el que se han implicado la mayor parte de los países. Aunque también, por el papel que ha jugado la OMC en la vigilancia de las políticas comerciales de sus Estados miembros. Así, ha impedido que llevaran a cabo acciones que pudieran perjudicar el impulso del comercio, y ha actuado en la intervención y mediación en los conflictos comerciales que iban surgiendo a lo largo de los años, a través del Mecanismo de Solución de Diferencias.

La consecuencia de todo ello ha sido un crecimiento en promedio del comercio (6%) muy superior al del PIB real (2,9%), como se puede observar en el gráfico 1, con un claro carácter procíclico, pero que viene explicado, entre otras razones, por el aumento de las cadenas de valor globales que han ido proliferando desde finales del siglo XX, pero muy especialmente en los últimos veinte años.

Con el paso de los años, el aumento de países que conformaban la OMC y la complejidad de los temas que se trataban en cada una de sus Conferencias Ministeriales – desde los temas agrícolas, los derechos de propiedad intelectual o el comercio de servicios, entre otros – han ido frenando ese proceso de desarme en las barreras al comercio internacional, y la operatividad de la OMC se ha ido poniendo en entredicho.

Ya entrado el siglo XXI, el comportamiento del comercio comenzó siendo vigoroso hasta el año 2008 (con un crecimiento promedio del 12,5% frente al 3,5% del PIB real), pero los efectos de la Gran Recesión afectaron no sólo a las tasas negativas de variación del PIB real y con ello al desplome de las mercancías intercambiadas, sino al comienzo de una progresiva tendencia al proteccionismo entre los principales actores internacionales.

En este sentido, también han sido determinantes los cambios que se han ido produciendo en esta nueva centuria de los principales exportadores mundiales de manufacturas (Gráfico 2). Resaltando el papel protagonista que ha tomado China en las exportaciones mundiales (15,1%), que incluso ha adelantado a los hegemónicos Estados Unidos (7,9%) y al comercio extracomunitario (11,6%). Este hecho no es una circunstancia baladí, porque esta distribución del comercio está condicionando el poder de mercado que están jugando estos tres socios, pudiendo llegar a generar un grave problema de suministro – como así sucedió entre 2018 y 2019, durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China; o actualmente en 2022 con la guerra entre Rusia y Ucrania – especialmente por la concentración geográfica de las exportaciones de determinados productos, tanto intermedios como finales, en el comercio del resto de los países, y los eslabonamientos que posteriormente se generan en las cadenas globales de valor[1].

Es importante, además, comprender el papel que juegan los distintos inputs de producción comerciados por la menor elasticidad de sustitución que tienen en unos casos[2], y por la mayor proporción de inputs importados en las exportaciones[3], en otros. En otras palabras, muchos países dependen de determinados productos importados que son de difícil sustitución en el corto y medio plazo, y que, por tanto, actuaciones proteccionistas o tratados comerciales podrían poner en peligro el buen funcionamiento del comercio internacional.

No sólo por esa vía se puede llegar a esa complicada situación, sino que, además, en la medida que los países vayan sustituyendo producción nacional (o intrarregional) que anteriormente era importada, para incorporarla en los productos exportados, se estará mermando el crecimiento del comercio. Estos hechos han sido claramente evidenciados desde la crisis del COVID-19 y que se están acelerando durante la guerra de Rusia en Ucrania.

Frente a este escenario convulso e incierto, la Organización Mundial de Comercio se ha ocultado en la sombra, sin dar señales de actuación en unos años tan complicados. Desde la Gran Recesión, el crecimiento del comercio no ha sido el motor del crecimiento mundial. Al contrario, como se veía en el gráfico 1, entre 2012 y 2016 las tensiones nacionales y las amenazas de guerras comerciales entre los principales socios internacionales, rezagaron el ritmo de crecimiento del comercio (-2,5%) mientras la economía mundial seguía manteniendo signos claros de recuperación económica (2,9%).

Tampoco ha favorecido el ingreso de China en la Organización, en 2001, porque su intención de compartir la estrategia de liberalización del comercio, en un marco de transparencia en las políticas comerciales y permitiendo el correcto funcionamiento de las empresas tecnológicas transnacionales instaladas dentro de su país no está dando sus frutos. Como afirma Steinberg (2022) no es fácil el encaje de la economía china en los acuerdos multilaterales y las consecuencias de tal afirmación ha sido el enfrentamiento con la Unión Europea y la guerra comercial con Estados Unidos[4].

El Mecanismo de Solución de Diferencias ha visto dar la vuelta a la senda que se había iniciado a principios de siglo, que se pasó de las 37 alegaciones formuladas a su amparo a las 8 de 2011. Sin embargo, a partir de entonces fueron incrementándose hasta las 38 de 2018 y las 20 de 2019[5]. Y los principales temas que han ocupado dichas disputas fueron sobre todo las relativas a aranceles (GATT-94), medidas antidumping, subsidios y agricultura. Esta vuelta a los inicios del funcionamiento de la OMC en materia de solución de diferencias está permitiendo que los Estados miembros busquen salidas en paralelo para la liberalización del comercio, principalmente a través de la firma de acuerdos comerciales bilaterales. ¿Se convierte entonces el bilateralismo en la alternativa al impulso del comercio mundial obviando las normas del multilateralismo?

Podemos hablar, por tanto, de una crisis en el modelo diseñado en la década de los noventa para corregir los obstáculos que se plantearon al buen funcionamiento de las transacciones internacionales. Como señala la Comisión Europea (2021), la crisis no sólo afecta al Mecanismo de Solución de Diferencias, sino que es consecuencia también de las graves relaciones mantenidas por dos de los tres grandes socios de la OMC – Estados Unidos y China – y porque este último no ha conseguido actuar como una economía de mercado en materia comercial frente al resto de socios de la Organización, falseando la competencia, ante lo cual la OMC tampoco ha sido capaz de negociar nuevas normas que den respuesta a tal comportamiento. Por otro lado, de los 164 países que integran la OMC, casi el 65% son declarados como países en desarrollo o países menos adelantados, lo que se traduce en un trato preferencial en las negociaciones. Este hecho se convierte en un verdadero obstáculo cuando se tratan temas sensibles como los productos agrícolas o la liberalización del comercio de servicios o propiedad intelectual, en los que se enconan las posiciones y es difícil avanzar.

Por último, se señala la gravedad de la falta de transparencia sobre la legislación y la puesta en práctica de normativas en materia, por ejemplo, medioambiental, el cambio climático o las normas internacionales sobre el trabajo, en donde la función de vigilancia y deliberación se está mostrando inoperante.

Por todo ello, lo que se está evidenciando es la necesidad de modernizar la OMC a las nuevas exigencias que tiene el comercial mundial y a la complejidad de los Estados que la componen. Y, ante esta situación, cuál es el papel que quiere adoptar la Política Comercial Comunitaria, el tercer gran actor en el escenario del comercio internacional.

La actuación de la Unión Europea en las negociaciones multilaterales se quiere orientar hacia los grandes retos que deben afrontar los países en esta nueva era de la globalización, donde los aspectos medioambientales, los riesgos del cambio climático y la digitalización y transformación tecnológica son ahora una prioridad para todos los países.

Todo ello supone que las nuevas normas en las que se base el comercio internacional deben tener interiorizadas estas cuestiones para que el comercio de bienes y servicios y todas las inversiones directas internacionales no sean capaces de minusvalorarlas. Se debe, asimismo, tender hacia la neutralidad competitiva, sin que la intervención de los Estados pueda afectar al funcionamiento del comercio (incluidos los temas sobre agricultura, que tantas discrepancias suponen entre países). De esta forma, podrían integrarse los acuerdos plurilaterales – fuera del mecanismo multilateral de nación más favorecida – en la normativa de efecto para todos los países miembros.

Para llevar a cabo todo ello, la Unión Europea ha diseñado su “autonomía estratégica abierta” [6]como mecanismo de liderazgo para la reforma de la OMC. El fin último debe ser la consecución de un comercio libre y equitativo con las cadenas globales de valor. Con esta vía geoestratégica se propone una cooperación transnacional en la que la UE pueda trasladar sus valores y normativas para la fijación de unos estándares multilaterales[7].

Este liderazgo de la Política Comercial Comunitaria (PCC) ante la debilidad de la OMC quiere tener como líneas de actuación prioritarias las presentadas en el Cuadro 1, de forma que algunas de ellas se puedan transponer o servir de vía de reforma de las normas en desuso de la Organización.

Como conclusión de todo lo anterior, creemos que las buenas prácticas ya demostradas por la política comercial comunitaria y el poder de comercio, tanto a nivel intracomunitario como extracomunitario, pueden hacer factible la puesta en marcha de la “autonomía estratégica abierta” como modelo de reforma de las normas multilaterales en descrédito de la Organización Mundial de Comercio.

La puesta en primer plano de todos los aspectos relacionados con el reto climático y digital que están viviendo todas las economías, así como la prioridad de una actuación cooperativa transatlántica en materia de una regulación normativa clara y homogénea podría dar solución a esta severa situación, que está restando capacidad de respuesta ante un escenario de consecutivas crisis que pueden llegar a ser sistémicas en un plazo no muy largo.

Bibliografía

Casella, b.; Bolwijn, r.; Moran, d. y Kanemoto, K. (2019): “Improving the analysis of global value chains: the UNCTAD-Eora Database”. Transnational Corporations vol. 26, num. 3, pp. 115-142.

Comisión Europea (2021): Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Revisión de la Política Comercial – Una política comercial abierta, sostenible y firme. COM (2021) 66 final, Bruselas 18.2.2021 y Anexo.

FEÁS, E. (2021): “La estrategia de política comercial de la UE y sus implicaciones para España”. Análisis del Real Instituto Elcano 79/2021, 23 de septiembre.

Serdaroglu, S. (2020): “Who likes cooperation? A long-term analysis of the trade war between US, the EU and China”, Uluslararasi Iliskiler, Journal of International Relations, 31 July.

Steinberg, F. (2022): “El imposible encaje de China en la Organización Mundial de Comercio”. Comentario Elcano 1/2022, 20 de enero.

[1] El crecimiento del comercio internacional hoy se debe en gran medida al papel de las cadenas globales de valor y en las vinculaciones internacionales e intraempresa que están moviendo gran volumen de transacciones en todo el mundo, como así lo afirman Casella, B.; Bolwijn, R.; Moran, D. y Kanemoto, K. (2019).

[2] Una baja elasticidad de sustitución en los procesos productivos dificulta el cambio de unos factores por otros, sin que la producción obtenida resulte afectada. Esto se debe a que, por el estado de la tecnología empleada, se están utilizando proporciones relativamente fijas de los factores en los procesos, que los hace casi complementarios más que sustitutivos, lo que dificulta esa flexibilidad.

[3] Estamos hablando de la mayor elasticidad de importación de las exportaciones porque el incremento porcentual de las importaciones es cada vez mayor por cada variación porcentual de las exportaciones que se produzca, de lo que se deduce la creciente dependencia que presentan las exportaciones de los productos o factores importados. Esto es así dada la mayor necesidad que se está generando por parte de las empresas, que han dividido sus procesos de producción en otros países y aumenta la demanda de bienes intermedios o servicios de otros países para incorporarlos a su producción. En cada caso, la sensibilidad de la penetración de las importaciones por unidad de exportación es diferente, pero en los últimos años ha aumentado en la mayoría de los países y se considera un indicador de la creciente complejidad de las cadenas globales valor a través de la sucesiva transformación de bienes intermedios importados que son luego exportados.

[4] Quedando claramente evidenciado en Serdaroglu (2020).

[5] La situación de 2020 no se tiene en cuenta por el efecto de la pandemia sobre el comercio internacional y por el bloqueo de nombramientos del Órgano de Apelación del Mecanismo de Solución de Diferencias, producido en 2019 por Estados Unidos.

[6] Véase Comisión Europea (2021), pp.4-10.

[7] Es lo que Feás (2021) afirma que ya se conoce como el “Efecto Bruselas”.

Soberanía monetaria y criptoactivos

(por Ricardo Javier Palomo Zurdo, Catedrático de Economía Financiera, Decano de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo)

Escribo estas líneas con el recuerdo del profesor y catedrático Luis Rodriguez Sáiz, gran persona, querido y respetado por todos. Acreedor de esa óptima combinación de profesionalidad y honradez, de cercanía y de criterio. Tuve el placer de conocer a Luis en el CEU en mis últimos años de licenciatura, que fueron seguidos de encuentros constantes y acertadas recomendaciones. Recuerdo, particularmente, su puntualidad y formas castrenses, y por ello, la casi diaria coincidencia en el patio de la Facultad a las dos de la tarde (en punto) durante los años que se ocupaba de dirección financiera de la Fundación San Pablo CEU. En los últimos años coincidíamos en las actividades de la ACdP, siempre con un efusivo abrazo. ¡Mi más sincero homenaje y recuerdo a tu persona, amigo Luis!, recogiendo seguidamente unas breves líneas de reflexión sobre materias de tu entorno de investigación, de las que hemos hablado en muchas ocasiones.

Mientras las entidades financieras estaban ocupadas en solventar su fuerte crisis financiera y reputacional entre 2008 y 2014, centrando su estrategia en la mera supervivencia y en los irremediables procesos de fusiones, absorciones, liquidaciones, reestructuraciones o intervenciones públicas, la tecnología Blockchain de base distribuida iniciaba un proceso de deconstrucción del sistema financiero-monetario en su concepción tradicional.

Actualmente se asiste a un proceso creativo o de innovación abierta que reformula los cimientos de las teorías y prácticas monetarias y que implica, para este sector financiero, un salto desde la economía financiera tradicional a la economía financiera digital, en su máxima expresión, consagrando a la tecnología como elemento clave en la actividad financiera.

La idea de que las transformaciones radicales requieren reiniciar procesos o plantearlos de nuevo en su integridad, empieza a cobrar sentido en muchas actividades del sector financiero, pero, donde más se acusa su impacto es en sus conceptos monetarios. Tener un medio de pago en moneda que no sea de curso legal, bajo la diferencia de opiniones o la controversia que supone afirmar o desmentir que sea, realmente, una moneda, una divisa o un activo intercambiable, abona el terreno para la tendencia a legislar este fenómeno.

Regulación que tiene motivaciones no siempre justificadas; pues la ampulosa argumentación en favor de la protección del inversor enmascara, a menudo, los recelos de las autoridades monetarias ante la existencia de un elemento distorsionador de las claras y tradicionales reglas del juego monetario internacional.

La pérdida de soberanía monetaria, el juego geopolítico de las grandes divisas internacionales o la preocupación por la dificultad -o casi imposibilidad- de aplicar un control impositivo a las transacciones en una supuesta moneda -que no lo es, pero que funciona como si lo fuese-, complican mucho la objetividad en la regulación.

El descubrimiento y exponencial expansión de la tokenización de activos físicos y digitales añade fuerza a un fenómeno que se revela imparable y cada vez más popular, que gana adeptos día tras día. A esto se añade el éxito de los tokens no fungibles (NFT o Non Fungible Tokens) en relación con la venta de obras de arte digitales en la blockchain de Ethereum y que se ha convertido en un nuevo canal de transacciones financieras y de diversificación de inversiones.

El rápido avance de la tecnología blockchain y de sus aplicaciones financieras, a pesar de las trabas legales que encuentra en su camino, parece ser que podría redefinir la intermediación financiera y eliminar actores muy asentados como las cámaras de compensación, los sistemas de liquidación, la gestión centralizada de órdenes y transacciones, los sistemas de transferencias, e incluso, la propia configuración de la moneda y el rol de la banca.

Su sistema de registro distribuido e inmutable y la reducción o eliminación de intermediarios la hace idónea para muy diversas operativas con activos financieros y valores, para sistemas de compensación y liquidación, para las operaciones de financiación y refinanciación o para la gestión de transferencias internacionales. Además, mediante el uso de los llamados Smart contracts, puede automatizar gestiones y la ejecución de cláusulas contractuales, como podría ser un pago de dividendos de acciones o del cupón de unos bonos. Así, el 12 de septiembre de 2019, Banco Santander hizo público que había realizado la primera emisión de bonos mediante la blockchain de Ethereum, por un importe cercano a los 20 millones de dólares.

En el ámbito económico ya es bastante común en muchas áreas el concepto de “tokenomics” o “tokenización de la economía”, pues permite hablar de la virtualización o digitalización de todo tipo de activos, e incluso de la subdivisión o creación de activos subyacentes sobre los tokens que representan un activo real o físico; o bien, un activo o un derecho virtualizado, como podrían ser unas acciones, un préstamo o un activo hipotecario, por lo que se pueden ver muchas aplicaciones en el ámbito financiero.

Blockchain cambia el paradigma de la necesidad de elementos centralizadores como depositarios tradicionales y acreditados de la confianza y, por ello, altera el rol de los intermediarios y de la tradicional necesidad de compilar registros en un mismo lugar -físico, como un registro de documentos, o virtual, como un servidor de internet-.

El planteamiento es que, si muchos servicios financieros son, simplemente, un servicio que puede prestar cualquier empresa tecnológicamente capacitada para ello, no se requiere de un banco/entidad financiera para su realización, lo cual implica una suerte de competencia externa no bancaria sobre determinados servicios financieros que requieren menor regulación.

En este agitado contexto de situación, aún nada clara de la regulación que procede aplicar a los servicios financieros descentralizados o distribuidos y a las entidades que los ofrecen por razón de la aplicación de las nuevas tecnologías, es donde se generan las principales controversias, pues se alega la excesiva regulación de la banca frente a la más laxa regulación de los nuevos actores financieros. De hecho, parece razonable exigir una regulación homogénea para todas las entidades que presten los mismo servicios y, particularmente, la protección del inversor; pero ello choca con algunos modelos de negocio innovadores que no pueden entenderse desde la regulación tradicional o existente, lo que ha llevado, en diversos países a la creación de los sandbox con una regulación financiera laxa, pero con una supervisión que trate de entender las nuevas actividades para su posterior ordenamiento legal.

En este sentido, la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero regula un entorno controlado de pruebas que permita llevar a la práctica proyectos tecnológicos de innovación en el sistema financiero con pleno acomodo en el marco legal y supervisor, respetando en todo caso el principio de no discriminación.

Por lo que respecta a la futura regulación europea conocida como MiCA (Markets in Crypto Assets) se trata de un marco legal para los activos, mercados y proveedores de servicios que, actualmente, no están regulados a nivel de la UE, por lo que hace posible la prestación de servicios con licencia en toda la UE y también afectará a cualquier empresa que quiera hacer negocios en su territorio. Es, por tanto, una propuesta sobre criptoactivos para ayudar a la regulación de las DLT y los activos virtuales con el objetivo de proteger a los usuarios e inversores; y se aplicará directamente a todos los Estados miembros, supuestamente mediante su adoptación formal como norma legal en 2024.

MiCA tiene buenos propósitos, como futura regulación que pretende establecer reglas uniformes en relación a: requisitos de transparencia y divulgación en relación con la emisión y admisión a negociación de criptoactivos; autorización y supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos, emisores de tokens respaldados por activos y emisores de tokens de dinero electrónico, funcionamiento, organización y gobernanza de los emisores de tokens respaldados por activos, los emisores de tokens de dinero electrónico y los proveedores de servicios de criptoactivos; normas de protección del consumidor en relación con la emisión, negociación, intercambio y custodia de criptoactivos; así como medidas destinadas a prevenir el abuso de mercado para garantizar la integridad de los mercados de criptoactivos.

Ahora bien, todo esto nos puede traer a la memoria expresiones como “EEUU inventa, China copia y Europa regula». Regular con el objetivo de proteger al inversor puede ser aconsejable, pero es un ejemplo más del instinto protector, más que habitual en una Europa que ha acostumbrado a sus ciudadanos a confiar en un modelo de Estado más que asistencial y que puede llevarle a una pérdida de competitividad financiera de base tecnológica frente a las dos superpotencias: EEUU y China.

Bibliografía

Financial Stability Board (2019): Fintech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications, http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P140219.pdf

Fischer, M. (2021): Fintech Business Models, De Gruyter.

Gurrea, A.; Remolina, N.; Bijkerk, W.; Palomo, R. (2019), Fintech, Regtech y Legaltech: fundamentos y desafíos regulatorios. Tirant lo Blanch, Valencia.

Palomo, R. (2021): “Transformación digital y revolución fintech”, en: BELANDO, B.; Marimon, R.: Retos del mercado financiero digital, Aranzadi.

Palomo, R. (2018): “La disrupción monetaria de las de las criptomonedas”, en Blockchain: la cuarta revolución industrial, Editorial Lefebvre-El Derecho, pp 48-51.

Pilkington, M. (2016): “Blockchain Technology: Principles and Applications”, en Olleros, X.; Zhegu, M.; Elgar, E., (Coord.), Research Handbook on Digital Transformations, 2016, SSRN: https://ssrn.com/abstract=2662660.

Tapscott, D. (1996): The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, New York.

Workie, H. y Jain, K. (2018): “Distributed ledger technology: implications of blockchain for the securities industry”, Journal of Securities Operations & Custody, V. 9, N. 4, 2017, pp. 437-355”, en Blockchain: la cuarta revolución industrial, Editorial Lefebvre-El Derecho, pp 48-51.

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V Taller Internacional de Política Económica “Los agentes de la política económica en momentos críticos”. Valladolid, 27 de Mayo de 2022 (programa provisional)

Organiza: Unidad Docente de Política Económica. Departamento de Economía Aplicada.

Universidad de Valladolid

Lugar: Presencial (por concretar) y online

Programa provisional

09:30 – 10:00 horas: PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA

10:15 – 11:00 horas: CONFERENCIA DE APERTURA: Antón Costas Comesaña. Presidente del Consejo Económico y Social de España. Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.

«El papel del diálogo y la concertación social en la formación de la política económica en situaciones de incertidumbre»

11:15 – 12:15 horas. Mesa 1. Mercado de trabajo y diálogo social

12:30- 13:45 horas. Mesa 2. Desigualdad económica y social

16:30- 17:30 horas. Mesa 3. Proyección de influencias y ámbitos de decisión

17:30- 18:45 horas. Mesa 4. Agentes de política económica: Perspectiva internacional

19:00 – 19:45 horas: CONFERENCIA DE CLAUSURA: Antonio Sánchez Andrés. Profesor Titular de Política Económica de la Universidad de Valencia. Director del equipo editorial de la Revista Internacional de Política Económica.

«Una propuesta de política económica para el siglo XXI»

19:45 – 20:00 horas: CLAUSURA

• Inscripciones para asistir al taller e información:

http://eventos.uva.es/go/VTIPE

• Correos de contacto provisional:
  • belen@eco.uva.es
  • moyano@eco.uva.es

XXXV Congreso Internacional ASEPELT, Madrid, 29 de junio- 2 de julio de 2022

Organización: Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política y Facultad de Estudios Estadísticos (Universidad Complutense de Madrid).

Además de sus tradicionales aspectos de interés académico, como economía internacional, sectorial, etc. En esta edición se presta una atención especial a la Política Económica. De hecho, su línea temática E4 se denomina: Economía del Sector Público, Política Económica, Administración y Gobernanza.

Adicionalmente, se confirma que el jueves 30 de junio 2022 se impartirá la conferencia Economic Policy and the Growth of Nations por el profesor Finn Kydlan (Premio Nobel de Economía en 2004. Profesor en la Universidad de California).

Fechas relevantes (ampliación de presentación de participaciones):
• Plazo de envío de resúmenes: hasta el 10 de abril de 2022
• Notificación de aceptación: hasta 30 de abril de 2022

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente
Lorenzo Escot (U. Complutense de Madrid)
Vicepresidente
José Andrés Fernández Cornejo (U. Complutense de Madrid)
Secretaria
María Ángeles Medina Sánchez (U. Complutense Madrid)
Vocales
Alicia Pérez Alonso (U. Complutense de Madrid)
Ana Martínez Cañete (U. Complutense de Madrid)
Cristina Castellanos Serrano (UNED)
Elena Márquez de la Cruz (U. Complutense de Madrid)
Eva del Pozo (U. Complutense de Madrid)
Inmaculada Gutiérrez García-Pardo (U. Complutense de Madrid)
Julio Emilio Sandubete Galán (U. San Pablo CEU)
María Isabel Riomoros Callejo (U. Complutense de Madrid)
Pedro Durá Juéz (U. Complutense de Madrid)
Víctor J. Martín Cerdeño (U. Complutense de Madrid)

Más información: https://www.congresoasepelt.com/ 
info@congresoasepelt.com

XLVII Reunión de Estudios Regionales y XIII Congreso de la AACR <Desafíos, políticas y gobernanza de los territorios en la era post-covid>, Granada, días 19, 20 y 21 de octubre de 2022 (presencial y on-line).

Organiza: Instituto Universitario de Investigación de Desarrollo Regional (IDR) de la Universidad de Granada y el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea. Las Asociaciones Española y Andaluza de Ciencia Regional (AECR y AACR, respectivamente), tienen el placer de invitaros a participar en la XLVII Reunión de Estudios Regionales y en el XIII Congreso de la AACR.

Para esta XLVII edición hemos elegido el lema: “Desafíos, políticas y gobernanza de los territorios en la era post-covid”. Con este lema, pretendemos poner el foco en el análisis de los grandes desafíos territoriales que debemos enfrentar tras esta pandemia, así como en las acciones y la necesidad de coordinación de los actores que instrumentan las políticas. Esta pandemia ha puesto de manifiesto problemas que afectan a los territorios de forma desigual, aumentando las asimetrías en las dotaciones factoriales; aumentando la destrucción de empleo y del tejido productivo, especialmente en los ámbitos más periféricos; generando una mayor presión migratoria; fortaleciendo los procesos de concentración urbana; así como una serie de problemas que han afectado a los ámbitos: ambiental, social y económico.

Desde la instrumentación de las políticas territoriales, la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas para el desarrollo de acciones estratégicas como la implementación de los Fondos Next-Generation-EU, es un reto importante y que, desde la perspectiva académica, exige una evaluación de dicho proceso de implantación. De forma complementaria, la necesidad de dotar a los territorios de oportunidades de desarrollo, conlleva reducir el gap regional y visualizar el papel de las instituciones en la implementación de esta estrategia, donde las políticas del lugar deben de erigirse como piedra angular, garantizando al mismo tiempo los elementos diferenciales de unas y otras, que permitan aprovechar las potencialidades de cada territorio. Para ello, la XLVII Reunión de Estudios Regionales se marca como objetivo aportar un debate amplio, sensato y constructivo sobre los distintos temas que forman parte del ámbito regional y local.

 Fechas importantes:

• Llamada a los resúmenes: 15 de marzo.
• Presentación de resúmenes ampliados: 15 de junio.
• Aceptación de resúmenes ampliados-comunicaciones: 30 de junio.
• Pago ordinario: finaliza el 10 de julio.
• Fechas del congreso: 19-21 de octubre.

Más información: https://reunionesdeestudiosregionales.org/granada2022/

Manual de Política Económica: Políticas económicas estructurales

Sánchez Andrés, Antonio (coord.) (2022): Política económicas estructurales. Tirant lo Blanch, Valencia, pp.339 (ISBN: 978-84-1113-714-0

Desde principios del siglo XXI, parte del grupo de profesores de la Unidad Docente de Política Económica de la Universidad de Valencia comenzaron a editar un manual sobre políticas estructurales, que pretendía cubrir la laguna editorial existente al respecto. El presente libro constituye una continuación de ese esfuerzo, que se plasmó en la publicación de los siguientes manuales:

• García, Andrés (coord.) (2003): Política económica sectorial y estructural. Tirant lo Blanch, Valencia.
• García, Andrés y Sánchez, Antonio (coords.) (2010): Política económica estructural y de competitividad. Tirant lo Blanch, Valencia.
• García, Andrés y Sánchez, Antonio (coords.) (2016): Políticas económicas estructurales y de competitividad. Tirant lo Blanch, Valencia.

Con este proyecto se pretendía sistematizar un grupo de políticas económicas que, tradicionalmente, se habían presentado de manera muy dispersa. Por este motivo, uno de los objetivos de estos manuales y, por tanto, del actual era presentar agrupada y organizadamente las políticas estructurales más relevantes. Esto resultaba más perentorio en la medida en que cada vez se insistía más en la importancia especial que iban adquiriendo las políticas estructurales en condiciones del cambio productivo que estaba aconteciendo, en particular, en las denominadas economías desarrolladas.

Los contenidos de este manual son:

• Tema 1. Políticas estructurales: una introducción (Antonio Sánchez Andrés)
• Tema 2. Política industrial (Pedro Durá)
• Tema 3. La política económica para los servicios (José Antonio Camacho Ballesta y Mercedes Rodríguez Molina)
• Tema 4. La política de servicios: los casos del comercio interior y el turismo (Evangelina Aranda García y Enrique San Martín González)
• Tema 5. Políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) (Belén Miranda Escolar, Guillermo Aleixandre Mendizábal y Jesús María Gómez García)
• Tema 6- Las políticas de empleo (Josep Banyuls Llopis y Josep V. Pitxer i Campos)
• Tema 7. La política financiera en perspectiva microprudencial (Antonio Calvo Bernardino)
• Tema 8. Políticas de reordenación del sector público (Antonio Sánchez Andrés)
• Tema 9. Políticas de regulación económica (Miguel Cuerdo Mir)
• Tema 10. Política económica de competencia (Pablo Castellanos García y José Manuel Sánchez Santos)
• Tema 11. Política económica de infraestructuras (María Jesús Santa María Beneyto)
• Tema 12. La política medioambiental (José Mª March Poquet)

En cuanto a los contenidos, por un lado, no se han considerado algunas políticas económicas estructurales porque la pretensión del libro es que sirva de apoyo a un curso semestral. Por otro lado, como el destinatario corresponde esencialmente a los estudiantes del grado de Economía, se han excluido los temas correspondientes a políticas estructurales de corte más social, que deberían aparecer en un manual que tuviese como objetivo las políticas estructurales sociolaborales.

Respecto a los capítulos, además de actualizar, renovar y ampliar aquellos que se incluyeron en la anterior edición, en este manual, se ha introducido un tema introductorio que analiza el concepto de políticas estructurales. También como innovación cabe señalar que se ha renovado el grupo de profesorado implicado. En este último sentido, se ha contado con la participación de 19 profesores adscritos a 10 universidades españolas distintas.

Finalmente, cabe señalar que con este manual se completa el esfuerzo docente editorial realizado por parte del grupo de profesores de Política Económica de la Universidad de Valencia orientado a dotar de manuales a las asignaturas que constituyen la troncalidad de la Política Económica en los estudios de grado de Economía en la Universidad de Valencia. Así pues, el conjunto de los tres manuales sería:

• Sánchez, Antonio (2021): Introducción a la Política Económica. Concepto, estructura y formación. Tirant lo Blanch, Valencia, pp.197
• Ochando Claramunt, Carlos (coord.) (2021): Políticas económicas coyunturales. Objetivos e instrumentos. Tirant lo Blanch, Valencia, pp.290
• Sánchez Andrés, Antonio (coord.) (2022): Política económicas estructurales. Tirant lo Blanch, Valencia, pp.339

Noticias internacionales: Revista Finanzas y Política Económica

La Revista Finanzas y Política Económica, de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Colombia, constituye un espacio científico de discusión de aspectos relacionados con Política Económica. Tiene una categoría de Q4 en Scopus. Más información:

https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/

Contenidos de número reciente

vol.14, nº.1, enero-junio, 2022

Editorial

• Desigualdad económica en el Siglo XXI (Joan Miguel Tejedor Estupiñán)

Artículos de Investigación

• Instrumentos financieros claves para la inclusión financiera en América Latina (Lisana B. Martínez, María Belen Guercio, Sofía Orazi, Hernán Pedro Vigier)
• Una propuesta de modelo con base en NIIF pymes para el mejoramiento de la gestión económica y financiera en pequeñas empresas guayaquileñas (Vicente René Encalada Encarnación)
• Shocks de precios y términos de intercambio para commodities: el caso de Ecuador (Ricardo Andrés Troncoso Sepúlveda)
• Teoría del Pecking Order para el análisis de la estructura de capital: aplicación en tres sectores de la economía colombiana (Guillermo Alejandro Arévalo Lizarazo, Sandra Milena Zambrano Vargas, Angel Wilhelm Vázquez García)
• Análisis de redes complejas: un estudio de la inflación en Uruguay (Juan Gabriel Brida Árbol académico, Emiliano Alvarez, Mickaela Martínez, Pablo Mones)
• El impacto de las crisis en el desempeño del sector agropecuario del Ecuador (Diego Marcelo Lara Haro, Luis Anderson Argothy Almeida, Juan Pablo Martínez Mesías, Marcelo Agustín Mejía Chávez)
• Impact Of Risk Governance, Associated Practices and Tools on Enterprise Risk Management: Some Evidence from Colombia (María Antonia Nuñez, Eduart Villanueva, Izaias Martins)
• Tributación y Dinámica Económica Regional en Colombia (Henry Antonio Mendoza Tolosa, Jacobo Campo Robledo, Pedro Hugo Clavijo Cortes)

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.

Una parte importante de los trabajos distribuidos se han relacionado con los problemas generados a raíz del COVID. Algunos artículos se refieren a las ayudas concedidas (sobre aspectos concretos de estas vale la pena destacar el artículo de Rajan). También se mencionan otras distorsiones, como los problemas comerciales (informe específico del FMI o, también de esta misma organización, sus perspectivas sobre la economía mundial), pero también se subraya el papel de la nueva inflación (trabajo publicado por Bruegel, artículo de Rodrik y, en cierta medida, el de James Galbraith). También se mencionan aspectos sobre problemas relacionados con el desacoplamiento entre política y economía, con alusión a la UE, así como unas recomendaciones de política económica de la UE. Finalmente, vale la pena poner de relieve el artículo de Beatriz Benítez sobre reflexiones acerca de los manuales de Política Económica.

Fundamentos de la Política Económica

El exceso de política, un peligro para la política económica, para las empresas y para los ciudadanos

(por el Dr. Fernando G. Jaén Coll. Profesor titular del Departamento de Economía y Empresa de la UVIC-UCC)

Entre estudiosos de la política económica es sabido que la expresión alude al contenido y que lo sustantivo es la política, adjetivada con la economía; así lo estudiamos en su día. No debiera sorprendernos, pues, el dominio del primero sobre el segundo y así sucede normalmente en la realidad.

La arquitectura política de los Estados se fundamenta en el ejercicio del poder por algunos sobre el resto. Imponer sus decisiones sobre la mayor parte de la población utilizando alguno de los instrumentos principales que J. K. Galbraith señaló en su libro La anatomía del poder (Plaza & Janés Ed. Primera edición: Octubre, 1984): el poder condigno, el compensatorio y el condicionado. “El poder condigno obtiene la sumisión infligiendo o amenazando consecuencias apropiadamente adversas. El poder compensatorio, por el contrario, obtiene la sumisión mediante el ofrecimiento de una recompensa afirmativa, mediante el otorgamiento de algo valioso para el individuo que se somete. […] El poder condicionado, por el contrario, se ejercita modificando la creencia.” (p. 23). Castigar, recompensar y condicionar, han sido utilizados secuencialmente en la historia a la vez que simultáneamente, acumulativamente en una proporción que varía según el momento histórico.

En el presente, en tiempos recientes, si se quiere, refiriéndonos a Occidente (podemos circunscribirlo a los países enriquecidos), los tres instrumentos están presentes, si bien bajo un manto al que llamamos democracia, aludiendo ésta más al acto electoral que al cumplimiento de unos supuestos que varían en el tiempo, cual pudiera considerarse la separación de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial, presentes también en las dictaduras. El busilis está en la manera de materializarlos en el seno de una sociedad dada.

Lo que se considera generalmente como beneficioso socialmente de la acción política y su entramado político-institucional y la acción política misma es que ensanche el bienestar y la seguridad, o al menos lo mantenga para la mayor parte de la población o para una parte suficientemente amplia de esta, esto legitima y hace que se reconozca a quien se aúpa al poder (por vía dictatorial o por medio de representación partidista) como beneficioso socialmente. Por el contrario, si su acción conlleva la reducción del bienestar y/o de la seguridad del colectivo que conforma una mayoría, en términos absolutos o relativos, el juicio le será negativo a quien se ha aupado al poder sin hacerse esperar, aunque no disponga del poder necesario para cambiarlo.

Es la economía una parte principal del bienestar colectivo y, además de su pasado histórico, que se concreta en su configuración actual como formación económico-social, la política incide en ella, mirando desde el presente inmediato hacia el futuro. El colectivo social es un poliedro de muchas caras: a la vez ciudadanos, empresas, consumidores, etc., con intereses particulares individuales y la resultante de las interacciones de sus grupos de interés. La política económica que se realice, la que finalmente se imponga desde el poder, afectará de manera distinta a cada grupo y, a fortiori, a cada individuo. Esa será la intervención del poder sobre el quehacer económico libre de los individuos en un momento dado (podríamos entrecomillar la palabra libre, pues se ejercita esa libertad en el marco legal y condiciones establecidas). Dos vías principales de intervención son las que atañen ampliamente a la política económica: la ordenación económica y los presupuestos de las Administraciones Públicas, tanto por la vía de los ingresos como de los gastos y su resultante.

Esta es la manera de presentar el asunto del poder visto con predominancia política; si bien hay que extenderlo al poder alcanzado por parte de grupos sociales organizados, indispensables al poder político mismo, cual lo son las grandes empresas de lo que J. K. Galbraith llamó “subsistema de planificación” (frente al subsistema de mercado), en clara simbiosis con estamentos del poder y del que hoy tenemos manifiesta presencia en diversos sectores de la economía, principalmente en el dominio digital, en los suministros básicos como energía y agua, y en las finanzas, con mercados que son oligopolios cuando no monopolios por concesión pública. Lo más visible popularmente de la simbiosis del poder político y del subsistema de planificación lo tenemos en las denominadas “puertas giratorias” (o sea, la contratación por empresas privadas de políticos y altos funcionarios públicos que han servido al poder político). Menos visible es la recíproca, cuando altos directivos de empresas privadas se introducen en cargos públicos, sirviendo intereses privados con toda naturalidad.

Puesto que las grandes empresas necesitan un entorno externo estable para evitar malograr sus cuantiosas inversiones, lógicamente tienen interés en que la política económica sea lo más acomodada posible a sus intereses, por lo que hacen valer su fuerza económica para inculcar la conveniencia de sus propuestas a la sociedad (mediante el poder influyente en los medios de comunicación de masas, redes sociales incluidas) en tanto procuran condicionar las decisiones del poder político acomodando a sus líderes, subvirtiendo su supuesta entereza moral o supeditando su financiación. Tenemos ejemplos bastantes de los años 1980 hasta el presente.

No tienen los ciudadanos la fuerza y la influencia de las grandes empresas, reduciéndose al ejercicio del voto entre partidos, que acaban igualmente sometidos a los intereses de las grandes empresas, y, en situaciones graves, a manifestarse públicamente contra medidas de política económica que aprueba el gobierno debidamente condicionado. Lo que otrora se consideró (por J. K. Galbraith en su libro El capitalismo americano. Ariel, Barcelona, 1972) el poder compensador (especialmente los sindicatos, a los que hoy ya no se puede considerar que ejerzan tal poder).

Cabría la esperanza de que la política incidiera en menor medida en la organización y acción económica y lo hiciera compensatoriamente. En cualquier caso, a la acción de las Administraciones públicas le es hoy en día exigible que bogue en favor de una economía que favorezca a la más amplia porción de población sin abandonar a los menesterosos que antaño acudían a la caridad. En el juego de intereses entre partidos políticos, grandes empresas y ciudadanía, la política económica no debe estar dominada por intereses mayormente políticos, vale decir de los partidos políticos y de las altas burocracias del poder, repercutiendo negativamente en las empresas y en los ciudadanos; por el contrario, la acción política debiera comprender la manera de actuar económicamente de una sociedad compleja y no desbaratar los planes que los sujetos económicos se forjan para actuar.

La seguridad jurídica, tal vez el bien más preciado de la ordenación económica, se ve amenazada por la proliferación de normativas, por su defectuosa redacción y abuso de terminología innecesariamente abstrusa, por su ubicación en marcos legales generales, por la variedad de centros emisores de legislación sobre un mismo asunto. Afecta a empresas y a ciudadanos, pero estos últimos están en desventaja y los medios compensatorios que pone a su alcance el poder político son escasos e inadecuados para que surtan eficacia.

Siguiendo a von Mises, en su idea de la incapacidad del sector público de sustituir las decisiones individuales que se manifiestan en el mercado, podemos señalar que intervenir sobre la legislación de sectores enteros (en última instancia por mero interés electoralista o por beneficiar a unos inversores frente a otros), creyendo que funcionarios públicos, aunque tengan un elevado nivel de formación y experiencia ministerial van a ser capaces de comprender mejor que los actores económicos el funcionamiento del mercado en cuestión, así como las decisiones adaptativas al entorno, es exceso de soberbia que concede el estar en el poder.

La intervención pública mediante subvenciones a sectores o a empresas en particular, es otra manera de desbaratar los planes de inversión y adquisición de bienes. Una cosa es que, producido un daño generalizado, imposible de atender individualmente, la Administración acuda en pronto socorro, y muy otra es convertirse en intérprete del futuro económico a gusto y manera del político o de su partido y decidir que se apoya a este y no a otro sector o empresa. ¿Puede acaso el poder político ver con anticipación lo que conviene a los individuos de una formación económica y social? ¿Puede acaso hacer el cálculo económico de la resultante mejor que los individuos involucrados? Esto se plantea hoy crudamente en asuntos como la política energética (a título de ejemplo: la Comisión europea no ha tenido empacho en aplazar objetivos, que planteó años ha y que eran inalcanzables. El Gobierno francés, interviniendo con su mayoría accionarial en la empresa EDF, ha causado el desastre de ésta, al a que habrá de salvar mediante el aumento en la participación de su capital. Los ejemplos recientes del gobierno PSOE con Podemos y apoyos concretos de otros partidos, muestran igualmente el inadecuado uso de dinero público). El político adopta las medidas por su efecto propagandístico y electoral más que por sus consecuencias económicas, que desconoce, por más asesores que pague.

Inundar de regulaciones técnicas todos los sectores, escudándose en atender seguridades marginales, normalmente suscitadas por el miedo estimulado por intereses particulares, es otra vía de intervención pública que enrarece lo económico. Quien tras la crisis de las “subprimes” se crea que la parafernalia regulatoria a que se ha sometido a los bancos beneficia a los ciudadanos, se equivoca de medio a medio. Encarecimiento de los servicios bancarios, restricciones contractuales, reducción de la flexibilidad necesaria para acomodar los intereses ciudadanos con los de la banca, todo en nombre de supuestas mejoras que en última instancia ocultan la pésima gestión de los bancos centrales, provocadores de la crisis (“incendiarios”, según el gran coyunturalista y profesor francés, Patrick Artus, Les incendiaires: les banques centrales dépassées par la globalisation, Ed. Perrin, Francia, 2007, del que puede verse mi reseña en Foment del Treball Nacional, N.º 2025, 2009/02, pp. 46 a 49), peor aún, incapaces de ver venir la crisis (ya es caso extremo el del gobernador del Banco de España, el socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que reconoció no haberse enterado), por lo que toda la política económica anterior no parece que fuera acertada, particularmente la de tipos de interés.

Otro ejemplo de exceso de política en la política económica, es el de forjar expectativas de inflación, (entendida ésta por su repercusión en los precios de los bienes de consumo). Mantenerla bajo control es un objetivo de quienes llevan a cabo la política económica, en este caso con la particular encomienda a los Bancos centrales, y puede inducir a un error en la toma de decisiones empresariales y también de los ciudadanos.

¿Qué orientación pueden deducir los actores económicos de las opiniones manifestadas desde el Banco de España? En particular de las manifestadas por Óscar Arce, director general de economía y estadística del Banco de España, que aludía, en 2019, al deterioro de las expectativas de inflación como uno de los dos argumentos a la acomodación de la política monetaria (La economía española tras un lustro de crecimiento ininterrumpido: Perspectivas y retos. Intervención en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, 25 de junio de 2019), sin que fuera objeto de su intervención un año y medio después en el Foro Económico de Castilla (La economía española ante la crisis del COVID: situación, perspectivas y retos. Madrid, 12 de noviembre de 2020), mencionándola en la presentación de las Proyecciones macroeconómicas de España 2021-2023 (Madrid, 23 de marzo de 2021 en los términos siguientes: “El alza de la inflación en 2021 se prevé que sea temporal, condicionado por el ascenso de los precios de las materias primas, que no implican modificaciones significativas del escenario de inflación a medio plazo.” (p. 4), que viene a ser una manera de forjar expectativas tranquilizadoras en los actores económicos.

A parecidas expectativas calmas nos conduce una más completa explicación de las causas, expuestas en un artículo publicado por el Banco de España (Los factores detrás del reciente incremento de la inflación en España, por Matías Pacce e Isabel Sánchez. (Banco de España. Boletín Económico 3/2021. Informe trimestral de la Economía Española. Recuadro 7): los precios de la electricidad, los precios de la energía no eléctrica y la incidencia en hostelería y ocio, todos ellos afectados por un efecto base como consecuencia de la desaceleración que tuvieron previamente en el año 2020. Consideradas alzas transitorias, si bien se admite que pudieran tener efectos indirectos y de segunda vuelta. Todo ello conduce a pensar en un paréntesis del que no hay que preocuparse mucho; sin embargo, entrados ya en 2022 y vistas las actuaciones de la Fed en materia monetaria y sus consecuencias en los precios de las acciones en las Bolsas, cabe dudar del acierto de los que elaboran la política económica española y de si no son los actores económicos más capaces de anticipar el devenir económico y de si no confunde más que ayuda la pretensión política de señalar la transitoriedad de la inflación, creando con ello confusión.

Para la zona euro, véase el gráfico siguiente, publicado por el servicio de estudios del banco francés BNP el 6 de octubre de 2021, del que su autora, Hélène Baudchon, que, desde finales de 2020, la inflación en la zona euro remonta de manera casi vertical y que un año antes era ligeramente negativa (puede verse en https://economic-research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublication.aspx?type=document&IdPdf=44545, última consulta, 21-1-2021):

Por otra parte, no debe olvidarse al hablar de inflación, que los precios de los activos de inversión se elevaron como consecuencia de la disponibilidad de liquidez a escaso coste o nulo, intentando forzar la máquina económica a la vez que se erosionaba progresivamente el ahorro ciudadano en los depósitos bancarios a plazo.

El sobrepeso de la política en la política económica pudo ser más tolerable en épocas anteriores, pero se alza como amenaza en el presente y futuro inmediato en que las sociedades se han segmentado y la pluralidad de intereses chocan entre sí y con las intenciones sentimentales que manejan los políticos, más allá de lo que pueda convenir a la economía.

Políticas económicas estructurales

(sección coordinada por Evangelina Aranda García, Departamento de Economía Política, Hacienda Pública, Estadística Económica y Empresarial y Política Económica, Universidad de Castilla-La Mancha y Víctor J Martín Cerdeño, Departamento Economía Aplicada, Pública y Política, Universidad Complutense de Madrid)

Claroscuros de las ayudas Covid-19 al tejido empresarial. Análisis y valoración desde una visión empresarial

(por Ricardo Miralles Mayor, Director de Economía y Análisis de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana –CEV-)

El severo impacto económico de la epidemia Covid-19 sobre el tejido productivo -sin precedentes en España en tiempos de paz- justificaría por sí sólo, en términos cuantitativos, la implementación de medidas de política económica en apoyo a empresas y autónomos. Sin embargo, en términos cualitativos, si tenemos en cuenta que una parte muy significativa de este impacto ha sido originado directamente por los distintos shocks de oferta y demanda a partir de las restricciones y limitaciones a la actividad y la libre circulación que fueron decretadas por las autoridades, y que estas medidas restrictivas, a su vez, han provocado efectos contractivos de forma indirecta e inducida sobre la actividad empresarial, la implementación de medidas de política económica en compensación de las pérdidas causadas no sólo está justificada, sino que se torna en obligación moral para el sector público.

Con la perspectiva que nos permite el paso del tiempo, así como los datos actualizados, podemos afirmar que la crisis ha sido -y sigue siendo- más profunda y más larga de lo inicialmente previsto. Por sectores, el impacto ha sido mayor en las ramas en las que la interacción social es más relevante, pero, salvo excepciones muy concretas, ninguna ha esquivado desplomes de dos dígitos en su actividad. Los altos grados de especialización de nuestra economía, su vinculación sectorial y la propia dinámica de las cadenas de valor globales han provocado que la mayoría de ramas hayan sufrido pérdidas significativas en sus volúmenes de facturación. Por tamaño, el impacto de la crisis ha afectado sobre todo a microempresas, autónomos y a pequeñas empresas (el 98,95 % del tejido productivo español en marzo 2020).

La profundidad de la crisis, su duración y la conjunción de los elementos sectoriales y de tamaño característicos de la empresa española provocaron que los problemas de liquidez mutaran en problemas de solvencia para un gran número de empresas. De la estadística experimental sobre la coyuntura demográfica de empresas del INE se puede inferir que en los primeros seis meses de la crisis se dieron de baja más de 207.000 empresas y más de 323.000 autónomos.

En este contexto, la implementación de las medidas de estabilización, su cuantía, calendario y gestión resultan de máxima y vital importancia, tanto a nivel micro como a nivel macro. Desde el punto de vista microeconómico, las medidas de ámbito laboral y financiero, así como las de compensación de las pérdidas provocadas por razones ajenas a la voluntad y gestión empresarial, deben apoyar la supervivencia y la viabilidad futura de la empresa individual. Desde el punto de vista macroeconómico, las medidas de estabilización deben evitar las quiebras en cascada, los impagos y el contagio de la crisis a las entidades financieras y al conjunto de la economía, con la consiguiente pérdida masiva de tejido productivo y su empleo asociado. Desde el punto de vista nacional, el diseño, el monto, los tiempos y plazos, y la propia gestión de las ayudas de ámbito estatal activan ventajas o desventajas competitivas para el conjunto de la economía frente a otros enclaves económicos del resto del mundo. Y desde el punto de vista regional, las medidas deben ir adecuadas a la estructura y la idiosincrasia propias y diferenciales de cada Comunidad Autónoma y facilitar su implementación. En términos dinámicos y en comparativa internacional, toda disfunción en la implementación y ejecución de las medidas tendrá efectos adversos sobre la coyuntura y, en el peor de los casos, incluso sobre la estructura económica, al lastrar y retrasar la recuperación económica y, en los casos de cierre empresarial, provocar una pérdida de tejido productivo, empleo, actividad e ingresos públicos.

A continuación, se analizan y valoran -por orden cronológico de su implementación- las principales medidas de política económica en apoyo al tejido productivo que han emanado desde el Gobierno central. En el caso de las ayudas directas, al haberse descentralizado su gestión, también se realiza una breve referencia regional.

1. Ámbito laboral – ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo)[1]

El ERTE, como mecanismo de flexibilidad interna laboral, es un procedimiento de consulta con la representación de los trabajadores e información a la Autoridad Laboral, desarrollado dentro de los plazos y en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores y en el RD 1483/2012, cuyo objetivo principal es proteger la continuidad del empleo mediante la suspensión de los contratados laborales. Para la empresa, el ERTE activa la exoneración en la cuota empresarial a la Seguridad Social en una horquilla del 65 % al 85 %, según tamaño de empresa y mes. Para el trabajador acogido al ERTE, las prestaciones por desempleo no activan el cómputo de consumo de sus derechos adquiridos.

Pese a que este mecanismo es más ágil que el del despido colectivo, a la vista de la cantidad de suspensiones de contratos de trabajo que iban a producirse a partir de la suspensión y limitación de actividad derivadas de la pandemia sanitaria y de las medidas gubernamentales, el Gobierno central modificó con urgencia la regulación de los ERTEs derivados de los efectos del Covid-19. La medida (1) agilizó el inicio del ERTE por fuerza mayor; (2) facilitó la interlocución de los ERTEs por causas objetivas en empresas sin representación unitaria; (3) redujo plazos; (4) obvió ciertos mecanismos de control; y (5) agilizó la tramitación y abono de las prestaciones por desempleo de los trabajadores, convirtiendo a la empresa en responsable de la solicitud de las prestaciones por desempleo.

Si el 11 de marzo de 2020, tres días antes de decretarse el estado de alarma, apenas había 5.000 personas sujetas a ERTE, el 30 de abril el número de trabajadores acogidos a ERTE había escalado hasta las 3.386.785 personas. Desde entonces la cifra ha ido descendiendo, salvo en el intervalo entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, a causa de la virulencia de la segunda ola. La extensión de la crisis ha obligado a decretar hasta seis prórrogas, adaptándolas a la realidad sanitaria, económica y sectorial. La última prórroga ha estado vigente hasta el 28 de febrero de 2022. A la vista de que a finales de febrero de 2022 todavía había 115.311 personas sujetas a ERTEs, se ha activado el mes de marzo como mes de transición para poder adaptar los expedientes a la regulación contenida en la última reforma laboral. A partir del 1 de abril entrará en vigor una nueva modalidad de ERTE, el denominado Mecanismo Red, que permitirá ajustes cíclicos y sectoriales, y, en base a este segundo subtipo, se pondrá en marcha un ERTE sectorial para las agencias de viajes.

La valoración empresarial de esta medida de flexibilidad laboral es positiva y probablemente se la considere como la más eficaz y equitativa de las que se han adoptado durante la crisis. Gracias al diálogo social, los ERTEs han dotado a las empresas de la flexibilidad necesaria para poder reorganizar en el muy corto plazo sus niveles de actividad, protegiendo a empresas y trabajadores que, o bien han tenido impedida su actividad por causa directa o indirecta de la crisis sanitaria, o bien la han tenido limitada por resoluciones administrativas restrictivas de aforos, horarios y cierres perimetrales.

En términos económicos, la medida ha supuesto un alivio importante para las empresas, pero debe recordarse que no ha cubierto el total de los costes laborales totales de la actividad no realizada y perdida a causa de la crisis. Por otra parte, el hecho de haber descargado en las empresas la gestión de la solicitud de las prestaciones por desempleo, así como su responsabilidad, ha causado cuellos de botella importantes y un aumento de costes para estas.

Además, en la normativa española se han arbitrado una serie de condicionantes que suponen una limitación o prohibición para las empresas españolas y, al no tener parangón en ningún otro país de la Unión Europea, suponen una desventaja competitiva. En concreto, desde las organizaciones empresariales se destacan las siguientes:

1. La prohibición de repartir dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en el que apliquen los ERTEs, salvo que se abonen previamente los importes de las exoneraciones aplicadas a las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Esta prohibición debería haberse limitado y matizado, ya que existen muchas empresas familiares a cuyos propietarios, tras inyectar sus ahorros privados en la empresa durante lo más agudo de la crisis, tan sólo les queda el recurso de los dividendos para garantizar su supervivencia.
2. El compromiso de mantenimiento del empleo por seis meses tras el ERTE. A la vista de lo profunda y larga que está siendo la crisis, esta obligación quedó pronto desfasada. Los balances y las perspectivas de muchas empresas no permiten mantener los niveles de empleo previos a la crisis.
3. Por los mismos motivos, la prohibición de despedir por fuerza mayor o por causas objetivas también quedó desfasada.
4. Ámbito financiero

2.1. Medidas de Liquidez – Líneas de Avales ICO COVID-19

La línea de avales del Estado para autónomos y empresas también fue aprobada por el RD-ley 8/2020, de 17 de marzo, pero su implementación a través de la concesión de créditos otorgados por la banca comercial tuvo un retraso -comprensible, por su complejidad- de varias semanas. El objetivo de la línea de avales fue facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria, facilitando el acceso al crédito y la liquidez a empresas y autónomos. La línea, presupuestada con un monto de 100.000 millones de euros, es gestionada por el ICO a través de las entidades financieras.

Los avales ICO garantizan como máximo el 80 % de la operación principal en el caso de autónomos y pymes y el 70 % en el resto de los casos (grandes empresas). Las operaciones inicialmente tenían un plazo máximo de cinco años, con un año máximo de carencia. Posteriormente, a la vista de la extensión y la profundidad de la crisis y tras la insistencia de las organizaciones empresariales, se ampliaron los plazos.

En su conjunto, hasta el 31 de diciembre de 2021, han sido avaladas un total de 1.020.022 operaciones correspondientes a más de 619.118 empresas, por un importe de 92.582 millones de euros, que han movilizado una financiación de 121.929,2 millones de euros. Según el propio ICO, el 90 % de las empresas con operaciones formalizadas pertenecen a los segmentos de microempresas y autónomos.

A nivel agregado, esta medida de liquidez tuvo una acogida generalizada por parte del tejido productivo y la valoración empresarial sobre estas líneas ha sido positiva, aunque con matices.

El primer inconveniente se manifestó en forma de cuello de botella. En su inicio, las líneas ICO se liberaron por tramos cortos (4 tramos de 20.000 millones de euros y un último de 15.000 millones de euros), mediando varias semanas entre la liberación de uno y el siguiente. Además, las asignaciones a las entidades bancarias en cada uno de los tramos se realizaron por importes máximos no transferibles entre ellas. El retraso en la reasignación de importes sobrantes de unas entidades bancarias a otras dentro de un mismo tramo antes de que se liberara el siguiente, unido a excesos de demanda en ciertas entidades, generó cuellos de botella temporales y cierta tensión en algunas sucursales bancarias.

El segundo inconveniente se manifestó en forma de estrés financiero y surgió cuando quedó patente que la recesión iba a ser más profunda y más larga de lo inicialmente previsto. Desde verano de 2020 las organizaciones empresariales advirtieron del riesgo de que la mayoría de las empresas no habría generado suficientes ingresos y liquidez para poder atender a las cuotas de amortización a partir de los meses de marzo y abril de 2021. Por ello solicitaron la ampliación del periodo de carencia a dos años, así como la extensión de los avales y los créditos hasta un total de siete u ocho años. En noviembre de 2020, mediante Acuerdo de Consejo de Ministro, se amplió el plazo de amortización de uno a dos años y el plazo de los avales aún no liberados se extendió de los cinco hasta los ocho años.

Más conflictivo resultó el tercer inconveniente relacionado con el régimen de minimis[2]. La Resolución por la que se aprobaron las características del primer tramo de la línea de avales estipuló, grosso modo, que a los avales ICO hasta el importe de 1,5 millones de euros les sería de aplicación el Reglamento para ayudas minimis. A las ayudas por encima de 1,5 millones de euros les sería de aplicación el Marco Temporal de Ayudas del Estado. Esta diferenciación, junto al hecho de que el ICO aplicara a efectos de minimis una fórmula que estimó la ayuda equivalente en el 13,3 % del monto del aval, llevó a una realidad en la que algunas pymes, tras acceder a una línea ICO y computársele en dicho ejercicio el 13,3 % como ayuda equivalente, vieran obstaculizado su acceso a convocatorias de otras ayudas estructurales sujetas a minimis. Incluso se dieron casos en los que esta dinámica llegó a provocar que algunas administraciones se vieran obligadas a denegar, revocar o minorar ayudas, porque las pymes habían cubierto o superado sus topes minimis con los préstamos liquidez ICO-COVID-19.

Desde las organizaciones empresariales se advirtió a todas las instancias pertinentes sobre las disfunciones y perjuicios que estaba provocando esta dinámica. Tras una larga travesía de reuniones y con mucho retraso, desde junio/julio de 2021, aunque sin efecto retroactivo, algunas empresas pudieron solicitar la extensión del plazo [3] de sus préstamos avalados por el ICO y, gracias a esta extensión, desvincular los citados préstamos del entorno minimis.

El cuarto inconveniente surgió cuando la prolongación de la crisis evidenció que para muchas empresas la problemática de liquidez, lejos de solventarse, estaba mutando hacia una problemática de solvencia, con sus efectos y riesgos para las entidades bancarias. El RD-ley 5/2021 abordó esta nueva realidad. A grandes rasgos, (1) se posibilitó la ampliación del plazo de vencimiento de las operaciones firmadas con una extensión adicional de dos a cinco años, siempre que la operación total no superara los ocho o diez años, según los importes; (2) se facilitó su conversión préstamos participativos no convertibles en capital; y, como medida de último recurso, (3) se abrió la posibilidad de realizar transferencias directas a autónomos y empresas para la reducción de la financiación avalada, siempre que se cumplieran unas condiciones de elegibilidad.

Pese a los inconvenientes descritos, la valoración conjunta del tejido empresarial de esta medida es positiva. Las líneas han ido adaptándose gradualmente a la realidad mutante, y a pesar de los desajustes iniciales, los cuellos de botella y los retrasos en las tramitaciones, el apoyo a la liquidez ha resultado eficaz para miles de empresas.

No obstante, debe subrayarse que esta medida ha estado dirigida a facilitar el acceso a la liquidez empresarial y evitar rupturas en la cadena de pagos en el conjunto de la economía. Sin embargo, esta medida no ha compensado las pérdidas causadas por el desplome de la actividad empresarial. Las empresas que han accedido a las líneas están asumiendo los gastos financieros y, a falta de conocer los datos correspondientes a las conversiones en préstamos participativos y las transferencias directas, devolverán con intereses la totalidad de los importes prestados.

2.2. Líneas de Avales Inversión y Actividad ICO COVID-19

La línea de avales del Estado para la financiación de capital y gastos corrientes relacionados con las nuevas inversiones o con el proceso productivo fue aprobada mediante el RD-ley 25/2020, de 3 de julio, con una dotación de 40.000 millones de euros.

A fecha 31 de diciembre de 2021 el ICO había avalado un total de 128.165 operaciones correspondientes a 102.755 empresas. Según la propia institución de crédito oficial, el importe avalado ascendió hasta ese momento a 10.449,5 millones de euros, activando una financiación de 13.453,6 millones de euros. En esta línea el porcentaje de empresas con operaciones formalizadas pertenecientes a los segmentos de microempresas y autónomos es del 79 %.

En términos generales, el sector empresarial ha valorado la instrumentación de esta línea, pero, como se puede apreciar por el grado de ejecución, el ciclo económico y la incertidumbre imperante no han favorecido la acogida en la misma medida que la línea liquidez.

3. Ámbito Fiscal – Medidas de liquidez

En el ámbito fiscal las medidas de liquidez instrumentadas desde el Gobierno central[4] consistieron en aprobar aplazamientos de impuestos e ingresos a la Seguridad Social. El RD-ley 7/2020, de 12 de marzo, posibilitó el aplazamiento de las deudas tributarias resultantes de las declaraciones-liquidaciones de impuestos (IRPF, IS, IVA e II.EE.) por un periodo de seis meses, estando los tres primeros meses libres de intereses de demora. Para los ingresos de cuotas a la Seguridad Social se estableció una moratoria en los devengos de seis meses, sin intereses, y la posibilidad de aplazamiento de deuda de los meses de abril a junio de 2020 al 0,5 %.

La medida estuvo principalmente destinada a autónomos y pymes. Se estableció un límite de 30.000 euros de aplazamiento de deuda conjunta por todas las cuotas tributarias, incluidos los aplazamientos previamente concedidos a la unidad empresarial. La gran empresa pudo acceder también a los aplazamientos de tributos, pero a través del procedimiento ordinario y asumiendo los costes asociados. Las condiciones de moratoria y aplazamientos de deuda de las cuotas a la Seguridad Social para la gran empresa sí fueron las mismas que para autónomos y pymes.

Las organizaciones empresariales, conscientes del estrés de tesorería y de las dificultades para hacer frente al calendario de pagos de los tributos a partir de la paralización y limitación decretadas de la actividad, valoraron positivamente estas medidas de aplazamiento, que también se implementaron a nivel autonómico y a nivel local. Sin embargo, la prolongación del estado de alarma y de la crisis en su conjunto pronto revelaron que esta medida iba a resultar insuficiente para multitud de empresas. Por ello se reivindicó que se extendieran los plazos y se ampliara o suprimiera el límite de la deuda aplazada, fijado en 30.000 euros. En paralelo, a la vista del estrangulamiento generalizado que se podría producir en la cadena de pagos, las organizaciones empresariales propusieron una serie de medidas fiscales adicionales que, de haberse implementado, habrían permitido generar más liquidez. Dentro de una cincuentena de propuestas, que no prosperaron, destacaban las siguientes: (1) permitir mayores aplazamientos y fraccionamientos de pagos en varios plazos sin interés; (2) eliminar las restricciones cuantitativas de bases negativas en el IS; (3) establecer la posibilidad de monetizar los créditos fiscales en el IS; (4) activar la posibilidad de compensación de bases negativas hacia atrás en el IS, como media excepcional; (5) ampliar la libertad de amortización a todas las empresas y por todos los activos nuevos; (6) establecer la reducción de plazos para devoluciones por parte de la Agencia Tributaria, sobre todo en el IVA de empresas exportadoras y (7) posibilitar la compensación de devoluciones por IVA con otras deudas tributarias.

Obsérvese que estas medidas, al igual que las de aplazamiento, no suponían una reducción de la carga tributaria, ni por tanto una merma en la recaudación de las arcas públicas por la vía del beneficio fiscal, sino una optimización de saldos a favor de las empresas que hubiera permitido la generación de liquidez en el momento que más lo necesitaban.

Hubo otras propuestas, como la de establecer y permitir deducciones para gastos vinculados a los efectos de la pandemia, o la exención del IAE, a nivel estatal, para los ejercicios 2020 y 2021[5], que tampoco se implementaron.

Por ello, pese a que desde las organizaciones empresariales se valoraron este tipo de medidas en favor de la liquidez, lo cierto es que, al limitarse a aplazamientos (en algunos casos, incluso con costes financieros), al delimitarse el alcance temporal por debajo del periodo de la crisis y al mantenerse la limitación cuantitativa, su eficacia fue corta en el tiempo y escasa en volumen.

4. Ámbito patrimonial – Medias de solvencia – Ayudas Directas

Las tan esperadas ayudas directas a empresas, que en Alemania se iniciaron en noviembre de 2020, fueron anunciadas por el presidente del Gobierno de España el 24 de febrero de 2021, subrayando el carácter urgente de las mismas para apoyar a empresas y autónomos. La medida vio la primera luz con el Decreto 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, la complejidad de la norma estatal junto con la delegación la gestión en las CC.AA. provocaron un desfase adicional en su implementación. En la Comunitat Valenciana la Orden de Bases se publicó el 14 de mayo de 2021 y el primer plazo para la presentación de solicitudes se inició el 31 de mayo. A nivel estatal los 7.000 millones de euros para empresas y autónomos estaban destinados a “satisfacer deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos por ejemplo, relativos al suministro de energía y al coste de cambio de potencia, incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público, siempre y cuando estas deudas se hayan devengado a partir de 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor” del propio RDL. El plazo de ejecución finalizaba el 31 de diciembre de 2021.

Desde el principio, las organizaciones empresariales advirtieron de que el monto inicial era insuficiente para resarcir al tejido productivo de las mermas ocasionadas por la crisis. Además, (1) los requisitos impuestos por el RDL estatal, (2) la no inclusión de un número elevado de CNAEs como ramas beneficiarias; (3) los importes mínimos y máximos de subvención establecidos por tipologías de beneficiarios y (4) la excesiva burocracia en su tramitación, iban a encorsetar sobremanera el acceso y la ejecución de las ayudas.

Pese a que las CC.AA. pudieron ampliar el número de CNAEs, adaptándolo a la realidad sectorial de sus economías, y que algunas CC.AA. instrumentaran hasta noviembre dos convocatorias de ayudas, el grado de ejecución medio a finales de dicho mes se situaba entre el 30 y el 40 % [6].

A la vista de estos bajísimos grados de ejecución y de que la Comisión Europea había ampliado el plazo del Marco Temporal hasta el 30 de junio de 2022, en la segunda quincena de noviembre de 2021 las organizaciones empresariales solicitaron a la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital que se ampliara el plazo de ejecución en la misma medida que el Marco Temporal y que se modificaran las condiciones de acceso a la subvención para empresas y autónomos. En concreto, tras analizar los principales elementos que estaban provocando los bajos niveles de ejecución, se solicitó (1) reducir el suelo de la cuantía mínima (establecido en 4.000 €); (2) ampliar el techo de la cuantía máxima (200.000 €); (3) reducir el porcentaje de caída de facturación por debajo del establecido (30 %) y (4) establecer el límite de ayuda por empresa, no por grupo. Esta última medida resultaba especialmente importante para el sector hotelero, uno de los más afectados por la pandemia.

Desde el Ministerio, ni se dio contestación a los escritos, ni se amplió el plazo, ni se relajaron las condiciones de acceso. Algunas CC.AA., como la Comunitat Valenciana, lanzaron en diciembre una tercera y última convocatoria, incorporando novedades derivadas del RD-ley 17/2021, de 14 de septiembre -que incorporaba la cobertura de ciertos costes fijos-, así como otros matices derivados de la interpretación de consultas realizadas por las CC.AA. al Ministerio. A 31 de diciembre, salvo Canarias y Baleares, que por su mayor peso en el sector turístico lograron ejecutar un alto porcentaje de las ayudas asignadas, en el resto de las CC.AA. el grado de ejecución se situó entre el 47 y el 65 % [7]. Las cantidades no ejecutadas tuvieron que reintegrarse desde las consejerías de hacienda al Ministerio de Asuntos Económicos.

En opinión de las organizaciones empresariales los principales motivos que han excluido o limitado a muchas empresas y autónomos el acceso a estas ayudas directas son los siguientes: (1) los restrictivos criterios y requisitos generales regulados por la normativa estatal, que encorsetan las posibilidades en las ordenes de bases y las convocatorias autonómicas; (2) la delegación de la implementación, gestión y responsabilidad en las CC.AA., con el consiguiente retraso y despliegue no homogéneo de las convocatorias; (3) el complejo y farragoso mecanismo de control, involucrando a la Agencia Tributaria; (4) la excesiva burocracia y las ineficiencias de las AA.PP.; (5) el hecho de excluir el pago de deudas pendientes con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y resto de AA.PP.; y (6) el escaso monto de 7.000 millones de euros, que probablemente esté correlacionado con las disfunciones en el diseño del RDL.

Evidentemente, la valoración empresarial a esta medida que, según la exposición de motivos de la propia norma, se aprobó “para evitar un impacto negativo estructural que lastre la recuperación de la economía” y “establecer con urgencia y determinación un marco de actuación ágil, que se anticipe a la aparición de los problemas para minimizar el coste público y privado de una acción reactiva”, sólo puede ser negativa; no sólo por su forma, como se comentaba anteriormente, sino también por su fondo.

Desde el principio, una de las grandes quejas empresariales fue que esta medida, más que abordar la problemática de la solvencia, volvía a incidir en la problemática de la liquidez. Además, lo hacía de forma no equitativa. La medida no resolvía el problema de la solvencia, porque no abordaba el gran objetivo pendiente: resarcir a las empresas del desplome de ingresos motivado por los cierres y las limitaciones de actividad decretados por la crisis. Según CEOE, sólo en 2020 las empresas dejaron de facturar 287.000 millones de euros. ¿Cómo se iba a abordar semejante desplome de facturación con 7.000 millones de euros con ayudas para saldar las facturas pendientes de pago? La medida, además, no era equitativa porque, al delimitar el destino de la ayuda a satisfacer deuda y realizar pagos, discriminaba a aquellas empresas y autónomos que con gran esfuerzo habían destinado recursos propios para, precisamente, estar al corriente de sus obligaciones de pago y mantener la operatividad con sus proveedores. En otros países, como en Alemania, las ayudas directas a empresas han ido destinadas desde el principio a cubrir un porcentaje de los costes, independientemente de la situación de pago de las facturas asociadas a dichos costes.

5. Conclusión

Por todo ello, como conclusión final se puede destacar que la valoración de las ayudas Covid-19 al tejido empresarial está llena de claroscuros. Resultaron positivas, por su agilidad y adaptación a las circunstancias cambiantes, las medidas relativas al mercado laboral, los ERTE. También resultaron positivas, por su monto y eficacia, las medidas de liquidez relacionadas con los avales ICO, y fueron puntualmente útiles los aplazamientos en el ámbito fiscal. Pero debe subrayarse que, salvo los aplazamientos cortos de deudas tributarias, estas medidas han sido onerosas para las empresas y que ninguna de ellas las ha resarcido del destrozo que los cierres y limitaciones a la actividad decretados les ha causado sobre sus cuentas y estados financieros y patrimoniales. Las ayudas directas, conforme se han implementado, tampoco lo han hecho. Su resultado ha sido insuficiente e insatisfactorio. El escaso apoyo directo a las empresas, que apenas ha mitigado la merma de recursos propios del tejido productivo, supone una desventaja competitiva a nivel micro y macroeconómico, que allana y retrasa la recuperación del conjunto de la economía y nos coloca en una posición de inferioridad comparativa para enfrentarnos a la siguiente crisis, que lamentablemente ya está en ciernes.

[1] En paralelo, el RD-ley 8/2020, de 17 de marzo, y sus posteriores modificaciones, regularon la Prestación Extraordinaria por Cese de Actividad para el colectivo de autónomos afectados por el estado de alarma.

[2] Minimis limita las ayudas a empresas compatibles con el Reglamento UE a un máximo de 200.000 euros en los últimos tres años.

[3] El RD-ley 34/2020, de 17 de noviembre, extendió el plazo, hasta ocho años, así como del periodo de carencia, hasta un año adicional.

[4] En los ámbitos autonómicos y local también se implementaron aplazamientos de tributos, pero su análisis excede del objetivo de este artículo.

[5] Al respecto debe recordarse que el IAE -tributo obsoleto en el marco de una fiscalidad moderna- grava de forma objetiva, no ajustada a la realidad empresarial, actividades económicas que ya vienen gravadas de forma ajustada por otros impuestos. Se grava la capacidad productiva, no la actividad económica efectivamente realizada, que para muchas empresas fue suspendida o limitada durante el estado de alarma y los periodos posteriores.

[6] En la Comunitat Valenciana el grado de ejecución en noviembre de 2021 fue del 33,99 %.

[7] En la Comunitat Valenciana el grado de ejecución en diciembre de 2021 fue del 47,62 %.

Políticas económicas estructurales

Política de infraestructuras portuarias: priorización de inversiones y preferencias de los usuarios

(por Julián Martínez Moya, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia)

Tradicionalmente, la inversión en infraestructuras de transporte ha sido uno de los grandes pilares de las políticas económicas estructurales implementadas en los países alrededor del mundo, posicionándola en el centro de sus agendas para mejorar el crecimiento y la competitividad de sus economías. En este sentido, en las últimas décadas, con unos patrones de comercio internacional dominados por el transporte marítimo, los puertos se han convertido en nodos clave de la competitividad de países y empresas, facilitando los intercambios comerciales y la fragmentación de las cadenas de valor globales. Así, el papel jugado por los puertos ha ido evolucionando a medida que los tráficos marítimos ganaban relevancia y peso en la economía mundial, de tal forma que, de ser considerados meras infraestructuras de intercambio de modos de transporte entre carretera y marítimo, han pasado a ser un elemento esencial plenamente integrado en las cadenas globales de suministro.

En el entorno dinámico en que operan los puertos, caracterizado por múltiples factores de incertidumbre, estos deben estar en continua alerta para detectar los retos y oportunidades que se les presentan y continuar generando valor para sus usuarios y clientes. Para ello, deben ser capaces de identificar, de entre todas las inversiones y actuaciones posibles, aquellas que les permitan maximizar la eficiencia total de las cadenas de suministro a las que dan servicio. A la inherente complejidad asociada a este tipo de decisiones, hay que añadir la presión que se deriva de disponer de unos recursos económicos cada vez más limitados.

Desafortunadamente, en algunas de las ocasiones, las decisiones tomadas por los decisores en materia de política económica, lejos de estar basadas en criterios técnicos y económicos y ajustarse a las necesidades que dicta el mercado, responden a criterios meramente políticos, lo que reduce su efectividad e impide alcanzar los resultados esperados (Castillo-Manzano y Fageda, 2014). Así, tras analizar la rentabilidad de las inversiones realizadas entre 2000 y 2013 en 37 puertos europeos, el Tribunal de Cuentas Europeo (2016) concluyó que la financiación de infraestructuras y superestructuras portuarias similares en puertos vecinos había dado lugar a inversiones ineficaces e insostenibles, estimándose que uno de cada tres euros se gastó de hecho en inversiones que duplicaban las existentes en instalaciones cercanas y que la mitad de dichas inversiones se destinó a infraestructuras que, transcurridos tres años desde su puesta en funcionamiento, habían quedado en desuso o estaban considerablemente infrautilizadas.

En este sentido, España no es una excepción. Una parte de las inversiones recibidas para la mejora o el desarrollo de infraestructuras portuarias se destinaron no solo a ampliar la capacidad de algunos puertos que no la necesitaban, sino también a desarrollar nuevas terminales de contenedores en puertos muy cercanos entre sí, donde ya existían dichas infraestructuras (Castillo-Manzano y Asencio-Flores, 2012). Como consecuencia, algunas de estas inversiones provocaron la duplicación de las infraestructuras portuarias de contenedores en el sistema portuario español, lo que ha dado lugar a un sistema con una elevada sobrecapacidad que dificulta su competitividad (Esparza, Cerbán and Piniella, 2017). Por tanto, a pesar del esfuerzo inversor realizado, en algunos casos, no se consiguió el objetivo de captación de carga ni de uso requerido para la sostenibilidad de dichas infraestructuras y, desafortunadamente, quedaron infrautilizadas. En este contexto, la correcta identificación de los factores determinantes de la elección portuaria -y con ello del nivel de competitividad relativa del puerto- resulta crítica de cara a poder definir la estrategia de optimización de las decisiones de inversión en infraestructuras más adecuada.

Con este propósito, una de las herramientas de utilidad para los decisores en política económica son los modelos de elección portuaria. De este modo, se aproxima la elección mediante modelos de comportamiento basados en las elecciones realizadas por sus usuarios, centrándose en las decisiones tomadas por las empresas importadoras y exportadoras y, por otro lado, en las compañías navieras que seleccionan el puerto de escala para ofertar sus servicios marítimos. Así, se identifican las necesidades y preferencias de cada usuario en relación con las infraestructuras de transporte y los niveles de servicio ofertados, permitiendo los resultados obtenidos establecer una guía de priorización de inversiones por parte de los decisores en política de infraestructuras.

Sin embargo, esto no es siempre una tarea sencilla, ya que las preferencias dependerán de las características de los productos y las necesidades logísticas de cada industria y cada usuario. En general, las empresas importadoras y exportadoras valoran la eficiencia operativa del puerto, la disponibilidad y calidad de infraestructuras terrestres, la conectividad marítima y los costes de transporte y portuarios cuando seleccionan un puerto frente a un conjunto de alternativas. No obstante, por ejemplo, el peso otorgado a cada uno de estos factores por parte de la industria agrícola puede ser bien distinto del que otorga la industria cerámica (Martínez-Moya et al., 2022).

Es por ello que, ante la posible heterogeneidad de los resultados, uno de los temas más debatidos en esta área de investigación sigue siendo la definición del papel que juegan las políticas económicas en la mejora de la competitividad de las infraestructuras portuarias. En este sentido, hay dos corrientes bien diferenciadas. Por un lado, aquellos que defienden que las inversiones realizadas sí tienen el efecto deseado para mejorar la competitividad de los puertos y, en consecuencia, son percibidas por sus usuarios (por ejemplo, inversiones en infraestructuras ferroviarias que conecten el puerto con los principales centros de producción y consumo o también el uso de las tasas portuarias para ganar competitividad). En cambio, otros investigadores defienden que el margen que tienen dichas inversiones es muy limitado, quedando la competitividad del puerto condicionada meramente a su ubicación espacial en el mapa. Es decir, esta corriente otorga un mayor peso a los factores geográficos frente a las políticas concretas que puedan implementarse, demostrando que las empresas seleccionaran de entre las alternativas disponibles el puerto más cercano a sus instalaciones (si con ello aprovechan la ventaja de la reducción del coste de transporte terrestre y/o el tiempo de tránsito que otorga la mayor proximidad geográfica).

Pese a que tradicionalmente la evidencia empírica ha concedido mayor peso a los factores geográficos, lo cierto es que en los últimos años esta tendencia ha ido cambiando y los organismos públicos juegan ya un papel central (Martínez Moya et al., 2017). Por ello, en este nuevo contexto, un análisis detallado del peso de dichos factores sobre la elección portuaria y el papel que juegan las instituciones públicas en la definición de políticas que incidan significativamente sobre la competitividad de los puertos resulta de especial interés.

Por lo tanto, esto presenta importantes implicaciones para los gestores portuarios y los responsables de política económica. Si en una primera etapa se identifican los criterios de elección de los usuarios del puerto, estos servirán como hoja de ruta para diseñar políticas eficaces que con mayor probabilidad ayuden a conseguir los objetivos perseguidos. Además, cabe destacar que, una vez identificada dicha inversión, en una segunda etapa es necesaria la realización de un análisis coste beneficio (ACB) para evaluar su viabilidad financiera, económica, social y medioambiental. De lo contrario, corren el riesgo de aplicar medidas cuyos beneficios no sean percibidos por los usuarios del puerto y que terminen dando como resultado un uso ineficiente de los recursos económicos públicos.

Referencias

Castillo-Manzano, J. I., & Asencio-Flores, J. P. (2012). Competition between new port governance models on the Iberian Peninsula. Transport Reviews, 32(4), 519-537.

Castillo-Manzano, J. I., & Fageda, X. (2014). How are investments allocated in a publicly owned port system? Political factors versus economic criteria. Regional Studies, 48(7), 1279-1294.

Esparza, A., Cerbán, M. D. M., & Piniella, F. (2017). State-owned Spanish Port System oversizing: an analysis of maximum operational capacity. Maritime Policy & Management, 44(8), 995-1011.

Martínez Moya, J., & Feo Valero, M. (2017). Port choice in container market: a literature review. Transport Reviews, 37(3), 300-321.

Martínez-Moya, J., & Feo-Valero, M. (2022). Do shippers’ characteristics influence port choice criteria? Capturing heterogeneity by using latent class models. Transport Policy, 116, 96-105.

Tribunal de Cuentas Europeo, 2016. El transporte marítimo en la UE se mueve en aguas turbulentas: mucha inversión ineficaz y sostenible (23). Luxemburgo, 2016

Política económica y género

(sección coordinada por Lorenzo Escot Mangas y José Andrés Fernández Cornejo, profesores del Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política, Universidad Complutense de Madrid)

La penalización por hijo en España^[1]

Alicia De Quinto (Universidad Autónoma de Madrid)

Tras el conocido trabajo de investigación llevado a cabo por Kleven, Landais y Søgaard en 2019, en el que se identificaba la maternidad como principal causante de la brecha salarial de género en Dinamarca, muchos autores han querido replicar el estudio para medir la penalización en los ingresos por hijos en otros países y comparar los resultados. De hecho, poco después se repitió el estudio para otros cinco países (Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Austria y Suecia), más tarde también para Finlandia y Holanda y, además, se realizaron análisis similares con Francia, Chile o Uruguay, entre otros.

En España, podemos encontrar un análisis preliminar de esta cuestión en mayo de 2019, que se complementa con nuestro artículo (The child penalty: evidence from Spain) publicado en SERIEs el pasado mes de julio. Este estudio, conjunto con dos investigadores del Banco de España (Laura Hospido y Carlos Sanz) cuantifica la penalización por hijos y trata de identificar mecanismos subyacentes tales como el nivel educativo de los trabajadores o las características del sector de actividad en que se encuadran y su contrato laboral.

La siguiente tabla recoge las estimaciones de la penalización en los ingresos laborales tras la maternidad para distintos países. En el contexto internacional, España sale mejor parada que Estados Unidos y se sitúa cerca de los distintos países nórdicos, con un alto grado de igualdad de género. Este fenómeno no es sorprendente dada la rápida extensión de los valores feministas observada en los últimos años.[2]

Nuestro artículo se nutre de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) para los años 2005 a 2018, la cual permite reconstruir la historia laboral de los trabajadores con datos mensuales de sus ingresos desde el año 1980. Siguiendo otros estudios similares, realizamos un seguimiento de cada trabajador durante 15 años (de 5 años antes hasta 10 años después del nacimiento de su primer hijo) considerando aquellos que permanecen afiliados a la Seguridad Social durante todo el periodo. La medida de ingresos laborales se calcula a partir de las bases de cotización mensuales, para las que disponemos de datos históricos completos desde los años noventa. También exploramos la opción de utilizar los registros tributarios, con resultados similares. Así, nuestro análisis se construye a partir de una muestra de aproximadamente 264.000 madres y 279.000 padres para el periodo 1990-2018, lo que supone casi 95 millones de observaciones mensuales.

Para facilitar la comparativa internacional, seguimos la misma metodología que en el resto de estudios anteriormente mencionados: cotejamos los ingresos laborales (además de otras variables) de madres y padres alrededor del evento del nacimiento de su primer hijo -en concreto, de 5 años antes a 10 años después de dar a luz-.

La siguiente figura ilustra el resultado principal del estudio: En el año consecutivo al nacimiento de su primer hijo, las madres afrontan una pérdida en sus ingresos brutos del 11,2% -respecto al nivel de ingresos inmediatamente anterior al nacimiento-, mientras que los ingresos brutos de los padres apenas varían. Durante el segundo año, los ingresos brutos de las mujeres continúan disminuyendo hasta un 19,5%, siendo este el preámbulo de una tendencia divergente en los ingresos de padres y madres que continúa hasta 10 años después del nacimiento de su primer hijo. Precisamente en ese punto, los ingresos de las madres se estabilizan alrededor del 33% de pérdida, mientras que los de los padres disminuyen un 5%. Por lo tanto, estimamos que la penalización por hijos en el largo plazo es del 28%.

Además, contemplamos algunos mecanismos que podrían explicar esta brecha de género: las diferencias en el número de días trabajados y en la probabilidad de trabajar a tiempo parcial o con un contrato temporal. Se observa que, aun siguiendo hombres y mujeres una tendencia similar antes de convertirse en padres y madres, el número de días trabajados durante el año disminuye drásticamente para las mujeres después de dar a luz, mientras que el de los hombres se mantiene mucho más estable.

Asimismo, encontramos una amplia diferencia en la probabilidad de trabajar a tiempo parcial, que aumenta considerablemente para las madres y disminuye para los padres, resultando en una brecha del 43% tras 10 años.

Por último, las madres tienen mayor probabilidad de trabajar con un contrato temporal -un 29% después de 10 años-, mientras que la de los padres es un 6% menor.

Por completitud, también consideramos dos mecanismos complementarios: la probabilidad de trabajar en sectores flexibles y en sectores conocidos por demandar horas extra a sus trabajadores[3]. Concluimos que la probabilidad de trabajar en sectores que demandan horas extra disminuye para las mujeres en el año inmediatamente posterior al nacimiento de su primer hijo, y no alcanza los niveles previos al parto hasta 6 o incluso 10 años después, dependiendo del número de horas semanales considerado. Por el contrario, en el caso de los padres, la probabilidad de trabajar en dichos sectores aumenta continuamente a lo largo de los años, dejando una brecha notable entre hombres y mujeres. Las madres tienen, sin embargo, una mayor probabilidad de trabajar en sectores flexibles y, aunque esta probabilidad apenas cambia para los padres, la brecha se estrecha rápidamente e incluso desaparece 3 años después del nacimiento de su primer hijo.

El estudio también encuentra diferencias por nivel educativo. La penalización en el nivel de ingresos y en el número de días trabajados en el año es significativamente mayor para las mujeres no universitarias que para las universitarias. Sin embargo, las madres universitarias tienen más probabilidad de trabajar a tiempo parcial, aunque este efecto tiende a desaparecer con el tiempo. Por último, las mujeres no universitarias tienen más probabilidad de trabajar con un contrato temporal. En este caso, excepcionalmente, también se observan diferencias para los hombres: la probabilidad de tener un trabajo temporal disminuye significativamente para los hombres universitarios después de ser padres, mientras que esta probabilidad apenas cambia para los hombres no universitarios.

[1] Este artículo también se ha publicado recientemente en 5centims.cat, un blog de laSocietat Catalana d’Economia

[2] Véase Evans, A. (2021). “Spain’s feminist secret: the backlash against religious authoritarianism and the Almodóvar effect”. Una versión en español está disponible.

[3] Definimos un sector como flexible si está por encima de la mediana en la proporción de trabajadores que pueden ajustar su horario laboral o días de permiso por motivos familiares; asimismo, los sectores conocidos por demandar horas extra son aquellos que están por encima de la mediana en la proporción de trabajadores que invierten 40 (y, alternativamente, 50) horas semanales en el trabajo.

Pro et contra

La última reforma laboral (Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de Diciembre)

(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

Pro…

Una reforma orientada a la reconquista de derechos frente a la precariedad, incrementada, especialmente, con la reforma de 2012

(por Fernando Fita Ortega, Profesor Titular Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad de Valencia)

1.- Las notas caracterizadoras de la reforma laboral de 2021

De la reforma laboral introducida por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, cabe destacar tres características: se trata de una reforma fruto del diálogo social; (1) viene condicionada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado formalmente por las instituciones europeas (a través del Consejo ECOFIN) el 13 de julio de 2021 (2); y se enmarca dentro del proceso de reformas dirigidas a corregir la orientación del modelo de relaciones laborales diseñado en la normativa laboral (3).

1) Una de las constantes que pueden apreciarse en las reformas acaecidas en la normativa laboral ha consistido, con alguna puntual excepción, en la falta de participación de los agentes sociales en su elaboración. Basta referirse al proceso de reformas llevado a cabo con ocasión de la crisis económica de 2008 para confirmar esta conclusión, periodo en el que las reformas se tramitaron mediante Reales Decretos-ley, “cocinados” por el Gobierno y ratificados en el Congreso de los Diputados sin apenas debate parlamentario, aprovechando la mayoría absoluta del partido del Gobierno en la Cámara.

La reforma laboral de 2021, en línea con lo que ha venido sucediendo con las normas laborales aprobadas en la presente legislatura, se enmarca en una lógica distinta, al ser fruto del diálogo entre los agentes sociales y el Gobierno, cumpliéndose con el compromiso expresado en el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por España a la Unión Europea con el objetivo de recabar fondos para impulsar la recuperación económica tras la pandemia. En dicho Componente se plantea la necesidad de llevar a cabo las reformas necesarias a través del diálogo social. Fruto de este carácter consensuado resulta que el resultado obtenido, como sucede en todo proceso de negociación, no coincida con aquellas pretensiones que se plantearon por parte del Gobierno al inicio de las negociaciones, como tampoco ha colmado las aspiraciones de patronal y sindicatos.

2) Por otra parte, el Componente 23 del El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, se marca como objetivo la promoción de reformas laborales que permitan reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, reduzcan la temporalidad y corrijan la dualidad del mercado laboral, aumenten la inversión en capital humano, modernicen los instrumentos de negociación colectiva y aumenten la eficacia y eficiencia de las políticas públicas de empleo. Habiendo aprobado el ECOFIN, en julio de 2021 -previo informe favorable de la Comisión el mes anterior- el Plan de Recuperación del Reino de España, la obtención de fondos europeos para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia quedaba condicionada a su cumplimiento. En él se determinan once proyectos reformadores: R1 Regulación del trabajo a distancia; R2 Medidas para eliminar la brecha de género; R3 Regulación del trabajo de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales; R4 Simplificación de contratos: Generalización del contrato indefinido, causalidad de la contratación temporal y adecuada regulación del contrato de formación; R5 Modernización de políticas activas de empleo; R6 Establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna, estabilidad en el empleo y recualificación de trabajadores en transición; R7 Revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral; R8 Modernización de la negociación colectiva; R9 Modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales; R10 Simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo; R11 Digitalización del SEPE para su modernización y eficiencia

3) El tercero de los factores a considerar para valorar la reforma es el relativo a la situación del mercado laboral español, que se caracteriza por la elevada tasa de temporalidad y de desempleo. Así, según datos extraídos de Eurostat, la tasa de temporalidad en 2020 en España fue del 20,4%, siendo la segunda más alta dentro de los países de la Unión Europea, por detrás de Países Bajos. Por lo que se refiere a la tasa de desempleo, en 2020 ésta fue del 15,5% en España, solamente por detrás de Grecia, con una tasa del 17.6%, según datos de Eurostat (situación que se viene repitiendo desde 2013).

Estos dos factores, y las negativas consecuencias, derivadas de la dualidad y la rotación de los trabajadores en el mercado de trabajo, que acarrean para la economía, el funcionamiento de las empresas, las personas trabajadoras y el sistema de protección social (ley 63/1997, de 26 de diciembre), han constituido, al menos de palabra, en un leiv motif reiterado machaconamente en las diferentes reformas laborales adoptadas en España desde las introducidas, a mediados de la década de los años 80 del siglo pasado, en virtud de la ley 32/1984, de 2 de agosto.

Lo cierto es que las diversas reformas laborales no respondieron, por lo general, al espíritu señalado, pues siguieron favoreciendo la temporalidad y la precariedad, siendo que, como se dijo con ocasión de la reforma de 1997 y resulta igualmente predicable de las posteriores reformas, es en esta materia donde se “manifiesta de manera más descarada esa contradicción entre lo que había constituido el planteamiento del Gobierno en la discusión sobre las medidas de la reforma de trabajo a adoptar y las que luego habría de poner en práctica” (BAYLOS GRAU, A., “Modalidades de contratación y reforma del mercado”, La reforma del mercado de trabajo y de la seguridad y salud laboral : XII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales -coord. MONEREO PÉREZ, J.L.)

2.- Los objetivos de la reforma incorporada por el Real Decreto-ley 32/2021.

Las modificaciones introducidas con el Real Decreto-ley 32/2021 no constituyen un punto final, sino que se enmarcan en un proyecto reformador, que se inicia antes de esta disposición, y que tiene la pretensión de seguir desarrollándose con objeto de alcanzar, como se dice en el Plan de Resiliencia, un Estatuto del Trabajo del siglo XXI, que responda a las nuevas necesidades y realidades del mercado laboral. La falta de adecuación de la normativa laboral al actual contexto productivo ha sido denunciada reiteradamente, y la pandemia de la Covid-19 lo puso en evidencia cuando, ante la proliferación del trabajo a distancia y del teletrabajo, surgió la necesidad de ajustar la regulación de esta forma de prestación de la actividad productiva para abordar los problemas jurídicos que suscita.

La reforma persigue, pues, avanzar en esa adecuación de la norma asumiendo el reto de superar las deficiencias del mercado laboral español, y con el deseo de favorecer el marco normativo que satisfaga el deseo de conseguir unos mercados de trabajo más justos. Se enmarca, pues, en el objetivo establecido en la Agenda 2030 de Naciones Unidas de alcanzar un nuevo contrato social que permita hacer compatible la estabilidad en el empleo con las necesidades de una economía en plena evolución marcada por las transiciones ecológica y digital. Ahora bien, esta reforma no aspira a formalizar dicho contrato, sino únicamente a asentar las bases del mismo. Como se señala en el preámbulo del Real Decreto-ley, éste solamente afecta al proceso de reformas enunciados en los apartados 4 (simplificación de los contratos); 6 (establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad y estabilización del empleo); 8 (la modernización de la negociación colectiva) y 9 (modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales). Resulta, pues, que con el Real Decreto-ley se ha perseguido contribuir a la formulación de ese nuevo contrato social, inspirado en la idea del trabajo decente y justo.

3.- Una valoración de la reforma

Conviene señalar, en primer término, que tanto el objetivo marcado como el mecanismo para lograrlo, haciendo partícipes a los agentes sociales, resultan bien ambiciosos, lo cual podría favorecer una apreciación injusta del resultado obtenido. Desde hace décadas se viene hablando de la necesidad de modificar el modelo productivo del país y atajar el problema de la temporalidad y precariedad del mercado de trabajo español para superar sus problemas de productividad y eficiencia. El diagnóstico de las debilidades de estos factores ha conducido a conclusiones prácticamente unánimes, sin embargo, las actuaciones del legislador han sido, por lo general, poco honestas con aquellas. De este modo, se ha empleado la filosofía de la flexiguridad y del emprendedurismo como acicates para favorecer un modelo de relaciones laborales caracterizado por un fortalecimiento de los poderes directivos empresariales y, a la par, impulsar un arrinconamiento del derecho del trabajo frente al pretendido derecho del empleo, con medidas que han conducido a un empobrecimiento de la clase media, fruto de la focalización en el abaratamiento de costes laborales para mantener la competitividad, dando lugar con ello a un notable aumento de las desigualdades sociales.

La reforma laboral introducida con el Real Decreto-ley 32/2021 es ambiciosa en sus objetivos y coherente con las medidas formuladas, pues plantea medidas dirigidas a conseguir aquello que se propone. Ciertamente, podría apuntarse que en algunos aspectos se queda corta, que debería haber sido más firme en alguna de las soluciones presentadas. Sin embargo, ello requería un nivel de consenso en las medidas adoptadas que no se dio en el proceso de negociación, fruto, desde mi punto de vista, de posturas excesivamente asentadas en la cultura de la precariedad que se ha ido consolidando desde las reformas laborales introducida con la Ley 32/1984, de 2 de agosto, para lograr la adaptación del marco institucional que regula el mercado de trabajo a las circunstancias de la economía española tras la crisis de la década de los 70 del siglo pasado.

Ahora bien, hay dos aspectos esenciales en los que se ha dado una respuesta decidida a la hora de conseguir un cambio en el modelo productivo y de relaciones laborales: el combate contra la excesiva temporalidad, y el refuerzo de la formación de los trabajadores. Estos dos aspectos han ido estrechamente vinculados en nuestro modelo de relaciones laborales, mucho más de lo que la lógica y un correcto diseño de las modalidades de contratación laboral justificarían. De una parte, tal y como ya apuntase la Comisión en su documento Hacia los principios comunes de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la seguridad COM(2007) 359 final, existe una correlación entre contratación temporal y déficit de inversión en formación, pues ni las empresas estarán interesadas en invertir en mano de obra que permanecerá poco tiempo en ellas, ni esta situación contribuye a estimular a los trabajadores poco cualificados en su formación, dada la previsible rotación y cambio de sector a la que se verán sometidos. De otra, por cuanto las modalidades de contratos formativos han visto muy frecuentemente relegada su finalidad formativa a cambio de su potenciación como instrumentos de creación de empleo.

Por este motivo, el preámbulo del Real Decreto-ley 32/2021, recoge el objetivo de regular eficazmente los contratos formativos, de modo que se proporcione un marco idóneo para la incorporación de las personas jóvenes al mercado laboral, marcando un cambio de modelo de estos contratos, reforzando su componente formativo.

Solamente la formación puede contribuir a favorecer el éxito de las transiciones (hacia el mercado de trabajo, para acceder a él, o dentro del mismo, mejorando el empleo que se viene ocupando) en torno a la que gira la idea de la flexiguridad. Y es ese componente el que se pretende reforzar, no solamente con el nuevo modelo propuesto de contratos formativos, sino, además, mediante el fomento de las acciones formativas en los expediente de regulación temporal de empleo, ya se trate de reducciones de jornada de trabajo o de suspensiones de contratos de trabajo (incentivadas, por otra parte, mediante el sistema de exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social sobe la aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta); así como a la hora de regular la extinción del contrato indefinido por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción.

En cuanto a la lucha contra el abuso de la temporalidad, cabe destacar que en los últimos años estaba encontrando como aliado a los tribunales laborales españoles, en los que cabe apreciar un marcado cambio de actitud, impulsado por las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en aplicación de la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio de 1999, sobre el trabajo de duración determinada. A ello se suma ahora, en virtud de la reforma laboral de 2021, la iniciativa del legislador decidida a reducir la tasa de temporalidad existente en el mercado laboral español mediante la recuperación de la causalidad en los contratos temporales, en un intento de lograr que el contrato indefinido sea la regla general. La presunción, incorporada en el artículo 15 .1del Estatuto de los Trabajadores, de que el contrato de trabajo está concertado por tiempo indefinido, es una clara declaración de intenciones. Como también lo es que se exija que en el contrato se especifique, con precisión, no solamente la causa habilitante de la contratación temporal, sino, además, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista, requisitos mucho más precisos y estrictos que el contenido en la normativa relativa a los contratos temporales hasta ahora, que solamente exigía que el contrato especificase e identificase suficientemente, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituya su objeto, la causa o la circunstancia que lo justifique, o identificase al trabajador sustituido y la causa de la sustitución (arts. 2.2, 3.2 y 4.2 del RD 2728/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada).

Por otra parte, la eliminación del contrato de obra o servicio, que es, junto con la modalidad del contrato eventual por circunstancias de la producción, la que se ha venido utilizando de forma mayoritaria, puede suponer un punto de inflexión en este panorama. E igualmente puede contribuir a reducir la tasa de temporalidad el encarecimiento, con alguna excepción, de los costes laborales de los contratos temporales de corta duración (de menos de 30 días) o la potenciación de la labor de la Inspección de Trabajo en la lucha contra el fraude en la contratación temporal, así como el reconocimiento -sin admisión de prueba en contrario- de la condición de fijos de las personas contratadas incumpliendo lo previsto en el artículo 15 del ET, o, finalmente, el incremento de la cuantía de las sanciones a imponer en caso de transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los previstos legal, reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando dichos extremos puedan ser determinados por la negociación colectiva, al considerarse una infracción por cada una de las personas trabajadoras afectadas.

Por último, cabría destacar el intento de revertir la situación derivada de las reformas de 2011 y 2012 en materia de negociación colectiva, cuestión ésta muy controvertida y que iría en contra de las políticas marcadas en el seno de la Unión Europea en torno a la centralidad del convenio de empresa. Si bien en este punto no cabe apreciar una vuelta al modelo existente antes de las reformas introducidas como consecuencia de la crisis económica de 2008, es destacable el intento que realiza para, como se dice en el preámbulo del Real Decreto-ley 32/2021, garantizar que la descentralización de los convenios colectivos no provoque un efecto devaluador de costes retributivos o desventajas injustificadas entre las empresas, y aporte flexibilidad en la medida adecuada, procurando, como se indica en el apartado octavo de las reformas recogidas en el Plan de Resiliencia, que la adaptación de las condiciones de trabajo a las características del sector o de la empresa posibilite una competencia entre las empresas que gravite fundamentalmente en la calidad y no en los costes laborales.

En definitiva, la reforma laboral de 2021 marca un cambio de tendencia, una redefinición de los paradigmas que regulan el mercado de trabajo, que deberá ir consolidándose en futuras acciones legislativas que avancen en la modernización del modelo de relaciones laborales existente en España, favoreciendo un cambio de cultura en la gestión de la mano de obra.

…Et contra

¿Contrarreforma laboral?

(por Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid)

Como es público y notorio, tras años de incesante polémica, de muchos dimes y diretes, de anuncios y desmentidos, el pasado 28 de diciembre, el Gobierno aprobó, una vez más por Real Decreto Ley – en este caso, el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo- la que considera su reforma laboral. Pese a las cincuenta y cuatro páginas de BOE, que serían muchas menos si el legislador, en buena técnica, se hubiera limitado a reflejar en el diario oficial lo que en la Ley cambia, su lectura sosegada obliga concluir que lo más relevante y significativo de esta reforma, archipublicitada eso sí, es lo que no es. No es, desde luego, una derogación de la reforma laboral de 2012, por más que llevamos años oyendo declaraciones demonizadoras de la misma y promesas de su inmediata derogación por su carácter “lesivo” para los trabajadores. Tampoco es, como dice faltando a la verdad la ditirámbica exposición de motivos de la norma, “la primera reforma laboral de gran calado de la Democracia que cuenta con el respaldo del diálogo social”, pues ni es la primera reforma pactada ni tiene tamaño calado. Más bien estamos ante una modificación parcial y relativamente incisiva de algunos aspectos del marco normativo de las relaciones laborales que la reforma de 2012 definió y que ésta ha venido a consolidar.

No seré yo quien lo lamente. Creo que el Gobierno tenía ante sí dos formas de afrontar la reforma. La que cabría denominar “ideológica”, que hubiera consistido en trasladar a la letra de la Ley todas las críticas acerbas vertidas contra la reforma de 2012, modificándola sustancialmente, y otra, que denominaría “pragmática”, que pasaba por hacer una valoración cabal y desprejuiciada de la reforma de 2012 y de sus efectos, transcurridos casi diez años desde su entrada en vigor, para detectar aquellos extremos en los que la reforma no ha tenido el impacto deseado y/o se han producido disfunciones, para corregirlos. El ruido ambiental parecía presagiar lo peor, pero, por fortuna, la acertada decisión de que la reforma se pactara en la mesa del diálogo social – garantía casi siempre de prudencia y sensatez- ha hecho que se imponga la segunda.

Yo creo que, bien mirada, la reforma ahora instrumentada podría leerse como un desarrollo de la reforma de 2012, a la que en buena medida vendría a cerrar. Varias razones, a mi entender, así lo acreditan.

En primer lugar, el hecho de que algunas reformas básicamente consistan en desarrollos de la regulación previa, tal es el caso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES), que son objeto de un interesante desarrollo a la luz de la experiencia durante la pandemia en la que, dicho sea de paso, la regulación ahora completada se mostró utilísima, y de los contratos formativos, respecto de los cuales se introducen modificaciones menores. En segundo lugar, el que otras modificaciones supongan rectificaciones puntuales de algunas instituciones introducidas en 2012, como es el caso de la prioridad aplicativa del convenio de empresa, de la que ahora se excluye la materia salarial, sobre la que sin embargo sigue abierta la posibilidad del llamado “descuelgue”. En tercer lugar, el que otros cambios, conseguidos los objetivos de renovación de anquilosadas estructuras negociales, vengan a incorporar a la Ley la que ha sido una previsión extendida en la contratación colectiva posterior a la reforma: la ultraactividad sin límites del convenio colectivo decaído en su vigencia y denunciado. En cuarto lugar, el que el RDL aborde la modernización de una institución, la de las contratas y subcontratas, que hace diez años no se tocó y que además lo haga en el sentido adecuado de garantizar a los trabajadores de la contratista la aplicación del convenio colectivo del sector de la actividad que ejecutan en la contrata. En quinto lugar, en fin, el hecho de que el más relevante de los cambios operados, la reforma de la contratación temporal y de las modalidades de contratación, venga, creo, a cerrar y dar coherencia a la reforma de 2012.

Me explico. En la economía de la reforma del 2012, que vino a incrementar de forma significativa la flexibilidad interna en la empresa, es decir, las posibilidades de gestión sin trabas de la mano de obra en su seno, y la flexibilidad externa de salida, esto es, las posibilidades de suspensión y extinción del contrato de trabajo, había implícita, creo, una reforma de las modalidades contractuales y señaladamente de la contratación temporal, de la flexibilidad de entrada en la relación de trabajo, en sentido restrictivo. Por razones de equilibrio en la regulación de la relación de trabajo, el aumento de la flexibilidad laboral interna y externa de salida debiera haberse compensado con una restricción significativa de la flexibilidad de entrada, sobre la que venía en exceso pivotando en nuestro país la adaptabilidad de las empresas a las fluctuaciones del mercado. El legislador de 2012 no se atrevió a hacerlo porque la situación de empleo con la que se encontró era pavorosa y el contexto económico tan desfavorable que su objetivo inmediato no fue el de la calidad del empleo, aunque alguna medida introdujo con tal propósito, sino el de la cantidad del empleo, que debía generarse a toda costa.

El contexto económico en el que se produce la actual reforma tampoco es que sea boyante, pero, ahora, auspiciado por las instituciones europeas, se ha tenido el coraje político necesario para enfrentar el problema, de lo que hay que felicitarse. La desmesurada temporalidad española, considerablemente más alta que la media europea, no solo ha tenido y tiene efectos sociales deletéreos, sino también efectos desestabilizadores del sistema de protección social, del sistema económico y, me atrevería a decir, del propio sistema político. Es bueno que, por fin, se haya abordado un problema que viene de lejos- desde la década de los ochenta – y que ha sido largamente demorado.

La terapia propuesta, la drástica restricción de las posibilidades de contratación temporal y la apuesta por el contrato fijo discontinuo, es sin duda, una apuesta arriesgada, pues, al margen del contexto económico poco propicio, los cambios culturales – y eso es lo que entre nosotros se requiere- no se consiguen por decreto. De otra parte, la formulación técnica de la reforma deja mucho que desear, es manifiestamente mejorable en términos de seguridad jurídica, por lo que la conflictividad judicial está servida. Pero que los agentes sociales hayan decidido meterle mano a este grave problema y hayan acordado de consuno explorar una solución es ya de por sí una buena noticia.

Reseñas de libros

(sección coordinada por Maja Barac. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

• (2022): Lo que nos debemos unos a otros. Un nuevo contrato social. Paidós, Barcelona.

(por Carlos Ochando Claramunt, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia)

La publicación de este libro ha generado enormes expectativas entre los lectores. No sólo por el interés del tema que aborda, sino por la extraordinaria experiencia política y académica de su autora. Nemat (Minouche) Shafik es, en la actualidad, directora de la London School of Economics and Political Science. Además, ha sido vicepresidenta del Banco Mundial, subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional y vicegobernadora del Banco de Inglaterra. Un currículum de esas características despertaría el interés por la lectura del libro hasta del lector más perezoso y remolón. El libro es el resultado del programa de investigación “Beveridge 2.0” enmarcado en la LSE y destinado a replantear las bases del nuevo Estado del bienestar del siglo XXI.

Sin duda, el tema que aborda el libro es de gran importancia. Comparto con la autora un profundo interés por el nuevo diseño del Estado del bienestar en el actual siglo. Una consecuencia de la pandemia de la COVID-19 ha sido la necesidad de replantear y repensar las bases de nuestro Estado del bienestar. Y de ahí la aparición de libros que tienen como principal preocupación el diseño de un nuevo contrato social (véase la reseña en el número anterior del NPE nº 34 de diciembre de 2021 del libro de Costas, A. y Arias, X.C. El laberinto de la prosperidad). Incluso antes de la crisis pandémica otros autores, como Carlos Mulas-Granados, Joseba Zalakain y Borja Barragué en España y Gosta Esping Andersen, Bruno Palier y Nicholas Barr –entre muchos otros- fuera de nuestras fronteras, planteaban la necesidad de diseñar una nueva arquitectura del Estado del bienestar para afrontar los nuevos riesgos sociales que nos venían encima con el comienzo del siglo XXI. Por tanto, el tema –aunque ahora de moda y encima de la agenda social y política- no es nuevo.

Creo que el libro tiene luces y sombras. Empecemos por las luces. El libro tiene tres grandes virtudes: la claridad, la ambición y la extraordinaria recopilación bibliográfica. En primer lugar, sorprende (muy agradablemente) la sencillez y claridad con que está escrito, considerando que está escrito por una persona de una larga trayectoria académica y política. Esta característica lo hace accesible y ameno tanto para los expertos en el tema como para los lectores profanos (pero preocupados e interesados) por el tema del Estado del bienestar. En segundo lugar, es ambicioso porque aborda todos los pilares del Estado del bienestar (o del nuevo contrato social en terminología de la autora). Por sus páginas se analizan las políticas de la infancia, educación, salud, trabajo, vejez y transferencias intergeracionales. Por tanto, es encomiable el enfoque holístico que desarrolla la autora en el libro. Prácticamente, ningún pilar esencial del Estado del bienestar queda fuera de su análisis. Y, por último, otro aspecto positivo del libro es la abundantísima recopilación bibliográfica. Por sí mismo, esto lo convierte en un valioso material de recopilación de información sobre los temas centrales del Estado del bienestar. Y hasta ahí, lo que nos parecen las “luces” del libro. Vayamos ahora con las “sombras”.

Una de los problemas del libro es que, al intentar abarcar tantos temas, le falta profundidad en el tratamiento de los mismos. Sin duda, es difícil no estar a favor del contrato social que propone el libro cuando buena parte de las propuestas son declaraciones de principios y buenas intenciones y deseos. Un ejemplo de ello lo encontramos casi al final del libro cuando la autora resume lo que entiende por nuevo contrato social para el siglo XXI: “un contrato social más generoso e inclusivo reconocería nuestras interdependencias, proporcionaría unas mínimas protecciones fundamentales para todos, haría que compartiéramos colectivamente ciertos riesgos y demandaría de todos los ciudadanos que contribuyeran cuando pudieran durante el máximo tiempo que pudieran. No se trata de aumentar el tamaño del Estado del bienestar, sino de invertir en las personas y de construir un nuevo sistema para compartir los riesgos a fin de incrementar el bienestar general” (p. 240). Imposible estar en desacuerdo con ese deseo.

Para diseñar el nuevo contrato social la autora propone tres principios que subyacen a sus argumentos (p. 211):

1. seguridad para todos (garantía de un nivel de vida mínimo digno);
2. máxima inversión en capacidades (invertir lo máximo en la creación de oportunidades para que los ciudadanos sean productivos y contribuyan al bien común todo el tiempo que puedan) y
3. reparto eficiente y equitativo de los riesgos (entre individuos, familias, empresas y Estado).

Casi imposible estar en desacuerdo con esta declaración de principios.

Para construir ese nuevo contrato social, la autora establece tres estrategias claves: el incremento de la productividad, el replanteamiento de la política fiscal y un nuevo contrato con las empresas (p. 215). De nuevo, casi imposible no estar de acuerdo con esas estrategias.

Con todo lo expuesto hasta aquí, ¿a dónde queremos ir a parar? Pues que desde mi humilde opinión al libro le falta la necesaria profundidad en las propuestas concretas para diseñar la nueva arquitectura del nuevo Estado de bienestar. Y creo que es la parte más complicada de tratar. Existe un consenso sobre la necesidad de establecer un nuevo contrato social o un nuevo diseño del Estado de bienestar, pero ¿cómo?, ¿a través de qué instrumentos y medidas?, ¿qué nuevas herramientas de innovación social debemos diseñar para afrontar los nuevos riesgos sociales del siglo XXI? Las respuestas a estas preguntas no tienen el consenso necesario. Además, desde una perspectiva teórica y aplicada, son preguntas muy difíciles de responder. Y creo que más allá de las grandes líneas estratégicas, el libro no aborda –con profundidad y valentía- las nuevas herramientas que deben fundamentar las políticas sociales del siglo XXI. No hay concreción en las medidas, vuelve a ver un diagnóstico -sabido y estudiado por todos los expertos del tema- de los riesgos y retos de la vieja arquitectura del Estado del bienestar y de sus límites para cubrir (de manera eficiente y equitativa) los nuevos riesgos sociales del siglo XXI. Además, el libro no aborda dos cuestiones centrales en el debate:

• los principios del nuevo contrato social, ¿tienen validez universal o cada país debe transitar por su camino para alcanzar un contrato social que reúna el mayor consenso social posible?, ¿cuánto de peso tienen las propias instituciones políticas, sociales y económicas en la construcción del contrato social? y
• ¿en qué contexto político se puede alcanzar el consenso propuesto?, ¿es posible en el actual contexto de polarización?, ¿es posible refundar el Estado del bienestar en el actual contexto político de consolidación y crecimiento de los partidos populistas de extrema derecha?, ¿qué actores impulsarán las bases del nuevo contrato social?

Creo que esos son las grandes carencias del libro o, por lo menos, las razones de la fustración y/o decepción que uno siente con la lectura del mismo. Se sabe -sabemos todos- que las sociedades se enfrentan a transcendentales transformaciones económicas, sociales y políticas como la globalización de las economías, el progreso y cambio tecnológico, los cambios demográficos (envejecimiento), las transformaciones estructurales del mercado de trabajo, los cambios en el modelo de familia y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la desigualdad creciente y la nueva polarización social y el cambio climático. Dichas transformaciones son el embrión de nuevos riesgos sociales que el Estado del bienestar tiene que afrontar. Pero, ¿cómo?, ¿por quién?, ¿en qué contexto político? Preguntas que no responde el libro. De diagnósticos andamos sobrados. De respuestas y propuestas rigurosas muy escasos. Y de actores valientes más todavía.

• Velasco, Roberto (2021): Amenazas Sociales de la Revolución Digital. Serinfor, Bilbao (disponible en www.robertovelasco.es)

(por Felipe Serrano, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, UPV/EHU)

El profesor Roberto Velasco acaba de publicar un nuevo libro titulado “Amenazas Sociales de la Revolución Digital”. En las páginas de este trabajo pueden encontrarse definiciones claras y precisas de conceptos tales como: “robotización”, “inteligencia artificial”, “big data”, “Industria 4.0” o “ciberdelincuencia” y “ciberseguridad”. Los fenómenos a los que se refieren estos conceptos han pasado a formar parte de nuestra cotidianeidad, sin que tengamos claro en muchas ocasiones cómo están contribuyendo a transformar nuestra vida. Algunos dirán, y con razón, que nos la están haciendo más difícil, aunque no podemos ignorar aspectos tan positivos como las mejoras en los tratamientos médicos que han facilitado o la disminución en los costes de información que han auspiciado.

Pero lo más relevante de este nuevo trabajo del profesor Velasco se encuentra en la advertencia sobre la que se construye la obra: los retos sociales a los que nos enfrenta la revolución digital.

Para los economistas el cambio técnico es, junto con las instituciones, el motor principal del crecimiento económico. Las transformaciones tecnológicas que está induciendo la revolución digital todavía no han alcanzado su plenitud, pero ya hemos visto lo suficiente para percatarnos de los retos a los que debemos enfrentarnos. En el libro el profesor Velasco explica el potencial impacto que estos cambios pueden tener en el empleo, tanto en la “cantidad” como en la “composición” y la “calidad”. Pero esto no es mas que una introducción al verdadero objetivo del trabajo. El interés del profesor Velasco se encuentra en mostrarnos que la naturaleza disruptiva de esta revolución tecnológica transciende el ámbito de la economía, y que es nuestra “forma de vida” la que está siendo amenazada por la anarquía con la que estas nuevas tecnologías están entrando en nuestras vidas.

La información personal que volcamos en la red cuando realizamos compras a través de internet, o cuando utilizamos los buscadores para comparar ofertas, o cuando consultamos la prensa, es utilizada para identificar patrones de comportamiento o inclinaciones ideológicas y políticas que luego se venden para orientar campañas electorales. La privacidad se transforma de esta forma en un bien comercializable sobre el que los “agregadores” de preferencias se asignan unos derechos de propiedad con un dudoso respaldo legal. Y esto cuando no utilizan la información que obtienen por su labor de intermediación entre el vendedor y el comprador final para orientar la venta de sus propios productos, expulsando así del mercado a los competidores que usan sus servicios de intermediación.

Pero los peligros no vienen solamente de las empresas que monopolizan (o parasitan) estas nuevas herramientas tecnológicas. Es en la propia naturaleza de estas tecnologías en donde se contiene el germen de los problemas. La Inteligencia Artificial, insiste el profesor Velasco, es un producto hecho por los hombres. Por tanto, nuestras imperfecciones, nuestra ética o nuestros prejuicios terminan transmitiéndose a los algoritmos que diseñamos para procesar la información. Los programas informáticos que organizarán (y organizan ya) nuestras vidas no son asépticos y neutrales, tal como se trata de presentarlos, sino que expresan unas determinadas reglas de juego. Las convenciones y las normas sociales, así como las reglas formales que organizan nuestras relaciones sociales pueden ser sustituidas por las convenciones y las normas de quienes tienen la capacidad para diseñar los algoritmos o para encargar su diseño. Pocas veces es posible observar con tanta crudeza la aseveración del profesor Douglas North sobre la íntima relación que existe entre el diseño de las reglas de juego sociales y los intereses de quienes tienen el poder de negociación para imponerlas.

No cabe derivar de lo dicho, sin embargo, que el profesor Velasco proyecte una imagen deprimente del futuro que nos aguarda. Precisamente porque defiende la tesis de que la revolución digital no es una revolución que se impone a los mortales de manera inexorable, como si de la ley de la gravedad se tratase, muestra al final de libro algunos de los retos que deberíamos afrontar para que la convivencia con estas nuevas tecnologías sea positiva. Pero para que estos retos puedan ser abordados es necesario que la sociedad tome conciencia de los peligros a los que nos enfrentamos, entre otros, a la pervivencia de nuestra propia libertad para orientar los cambios a la voluntad de la mayoría, y no a la voluntad de un grupo de privilegiados que tienen el poder para imponer sus reglas. No deja de ser contradictorio que en un momento histórico tan trascedente como el actual, en el que la recuperación de los valores éticos que han permitido a los hombres vivir en sociedad de una manera civilizada, se prive a las generaciones futuras de una formación filosófica. Tal vez sea esta la primera batalla perdida contra los sacerdotes de la nueva religión tecnológica.

• Pampillón Olmedo, Rafael (2022): Cuando los votantes pierden la paciencia. Casos radicales de política económica. McGraw Hill, Madrid.

(Por el Dr. Fernando G. Jaén Coll. Profesor del Departamento de Economía y Empresa de la UVIC-UCC.)

Con prólogo de Juan R. Cuadrado Roura, prestigioso catedrático de política económica y no pocos reconocimientos a su favor, nos adentramos en el reciente libro Casos radicales de política económica (McGraw Hill, 2022), del profesor Rafael Pampillón, con una carrera académica consolidada. Libro de doble condición: es ensayo (lo que Ortega calificara de ciencia sin prueba) y es didascálico, de exposición a alumnos, aunque no los tengamos en lista ni sepamos qué han cursado antes. No espere el lector demostración, sino, al uso de von Mises, comprensión. No estamos ante teoría, sino ante historia, pero aún esto merece el deslinde disciplinar para situarnos correctamente en su lectura, pues, si bien el objeto principal se incardina en la política económica, en tanto que disciplina, se alimenta con la teoría y con la historia. Ardua tarea es sujetarse los machos y no derivar en esa perspectiva histórica que es la guerra económica, que tan sutilmente hubiera podido vincularse en este libro, pero, que, desde el punto de vista disciplinar, el profesor Pampillón manifiesta que su dominio de estudio será la política económica, estudiando sus cambios pendulares en diversos países, normalmente con el trasfondo de una crisis económica que induciría “un deterioro del bienestar de los ciudadanos, que exigen un cambio de gobierno.” (digamos, de paso, que “ciudadanos” sería la palabra adecuada en el título, en lugar de “votantes”)

El libro se estructura en forma como si de casos se tratara, pero he de confesar que no acaba de gustarme esta denominación en el sentido habitual de “estudios de casos” (que valdría para el estudio profundizando por países, por ejemplo), y menos aún que se les califique de “radicales”, cuya radicalidad debiera explicarse en la introducción de éste ya que no es evidente. Se entiende claramente que son acontecimientos singulares y sobresalientes de la historia económica desde el mercantilismo hasta el presente, a los que se asocia una predominancia de una u otra doctrina económica.

No hay duda de que el autor arriesga mucho al encabezar el capítulo con el nombre de una doctrina, como en el caso del mercantilismo, pues sitúa al lector en el dominio de la historia de las doctrinas económicas, y ahí la complejidad es grande, como basta comprobar en el capítulo correspondiente de cualquier buen manual al uso, citemos, a modo de ejemplo el del profesor Alessandro Roncaglia, La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico (puede verse mi reseña del libro en SYN@PSIS, N.º 30. Sep-Oct. 2007), en el que se señala que “ahora se reconoce que el término mercantilismo debe aplicarse con mucha cautela (p. 71).

En el capítulo 3 menciona a Adam Smith (“padre del librecambismo”, p.11) y su “mano invisible” del mercado, por más que dicha manida expresión diste de destacar en el texto de Adam Smith, según señala el profesor Roncaglia, que le dedicó un libro: El mito de la mano invisible (puede verse mi reseña del libro en SYN@PIS N.º 55 Nov-Dic. 2011). Librecambismo que abarca desde 1860 hasta 1933, centrando el capítulo en la evolución de EE. UU. entre 1860 y 1929 (y nos preguntaremos ¿Por qué no hasta 1933? Visto lo afirmado unas líneas antes, o, viceversa, acortar el período librecambista hasta 1929).

El capítulo 4 tiene dos asuntos destacados: las causas de la Gran Depresión y la hiperinflación alemana consiguiente a los acuerdos de paz tras la I GM y sus consecuencias. Aunque cada autor elige las fuentes que le parecen bien (y ya nos cuesta aceptar que use como fuentes trabajos de final de grado de estudiantes), no deja de sorprender que no estén presentes ni John Kenneth Galbraith (recordemos su magnífico libro El Crac del 29) ni Charles Kindleberger y su libro La crisis económica 1929-1939. De entre las seis causas que menciona de la crisis de 1929, encontramos a faltar mención a la burbuja inmobiliaria que precedió a la primera de las causas que menciona, la quiebra de la bolsa de Nueva York. Con todo, este capítulo es más una apretada síntesis histórica que no de la política económica, especialmente en la sección de la hiperinflación.

El capítulo 5 nos adentra en el keynesianismo, tras la llegada de Hitler al poder en Alemania, que aplicó políticas keynesianas (p. 29, pero no se olvide que Suecia las aplicaba antes de formularse como tales), al igual que hiciera Roosevelt en EE. UU., cuyo tratamiento corresponde a la segunda sección del capítulo, seguida de una valoración conjunta de cómo el hartazgo de sendos pueblos los aupó al poder para aplicar una política económica alternativa, que se alargó, ya vencido Hitler, durante los Treinta Gloriosos. La elección entre cañones y mantequilla y una extensa nota al pie sobre la guerra de Vietnam cierran este capítulo.

El capítulo 6 lo destina a tratar la crisis del petróleo y la estanflación, si bien sería mejor utilizar el plural pues las del petróleo fueron dos o, si se quiere, una doble, lo cual no empecé lo que el autor deduce, pues ambas fueron en el mismo sentido. Ejemplifica con las acciones políticas y de política económica adoptadas en EE. UU., que, si Nixon y Ford no lograron doblegar la inflación, tampoco Jimmy Carter, que la alimentó aplicando ideas keynesianas. La sección segunda la destina a la decadencia de Gran Bretaña, y la tercera al fracaso del Partido Laborista, con Callaghan al frente, que abrió la puerta a Margaret Thatcher en 1979, antesala del próximo capítulo.

El capítulo 7, más extenso que los anteriores, es el tercer cambio pendular, con la aparición de las denominadas políticas de oferta, que arranca con el ejemplo de Reagan y sigue con una relativamente extensa sección dedicada a explicar la curva de Laffer, para añadir otra sección (curioso vaivén histórico, que resulta chocante y podía incluirse en la anterior a modo de ejemplo, o bien subsumir aquella en el ejemplo), en la cual sitúa al español Laureano Figuerola como “el Laffer español” por su defensa de bajar los aranceles en España, provocando mayores ingresos aduaneros para el Estado español con la reforma arancelaria de 1869, podríamos decir que se trata de una licencia que se toma nuestro autor.

La Dama de Hierro corresponde a la sección siguiente, con su política de desregular los mercados, privatizar empresas de servicios públicos, reducir el poder de los sindicatos, etc., que dio un giro copernicano a lo que era la política económica anterior a ella, empeorando la distribución de la renta, aunque con tasas de crecimiento de la economía muy notables en los 18 años de mandato, incluyendo los de Major, que la sustituyó hasta que, en 1997, ganara las elecciones un laborista, Tony Blair, del que no nos apunta nada y no estamos seguros de que fuera un “movimiento pendular”, pues Blair parecía más un liberal que un socialista o socialdemócrata (y así se puede colegir más adelante, en la p. 62). Claro está el cambio pendular en la sección siguiente, dedicada a Francia y el viraje que dio el Presidente francés, el socialista François Miterrand, del que señala, que, conjuntamente con su Primer ministro, Pierre Mauroy “adoptaron, en parte, las tesis de Thatcher y Reagan.” (p.53).

En esta misma sección aprovecha para alabar la política seguida en EE. UU., con Alan Greenspan en la Reserva Federal, si bien finalmente su política de tipos de interés acabó desembocando en la crisis de las subprimes (también denominada después “Gran Recesión”). Dos epígrafes destacados en la sección: “7.7.1. La política monetaria estricta”, donde acoge a tres economistas de renombre: Milton Friedman, Robert Lucas y Friedrich Hayek, incurriendo en el desliz de calificarlos “premios Nobel de Economía”, cuando dicho premio no existe, por más que los periodistas así lo mencionen, pues es el premio que otorga el Banco de Suecia, no la fundación Nobel. No entraremos aquí a objetar las ideas de cualquiera de ellos, señaladas en breve espacio y que corresponde a un enfoque peculiar de la economía, contrapuesto al de muchos otros prestigiosos economistas. Anotemos que sólo desarrolla aspectos monetarios de Lucas y Friedman y no de Hayek. En el epígrafe “7.7.2. Menos Estado”, sí se sirve del libro de Hayek, Camino de servidumbre y critica a Thomas Piketty.

El capítulo 8 es el del cambio pendular de la economía china. Aquí tenemos la prueba de que el título del libro no es adecuado, pues no hay votantes que pierdan la paciencia, salvo que así se consideren a los miembros del Partido Comunista chino. Dedica tan sólo cinco páginas sin ir más allá de poner en perspectiva evolutiva informaciones de carácter periodístico. Mao, Deng Xiaoping y Xi Jimping, son los protagonistas de los cambios de dirección o de énfasis en la economía china.

El Capítulo 9, sobre los cambios en los países del Este, desentona del resto anterior por su estilo literario, comprensible por tratarse de unas notas bibliográficas sobre un libro de Kristina Sapohr. Resulta una interpretación muy subjetiva del desmembramiento de la URSS.

El capítulo 10 “Cuarto cambio pendular (2001-2021): la vuelta al keynesianismo y la Gran Recesión”, afianza la impresión, conforme avanzamos en la lectura, de que el autor antepone sus convicciones políticas y económicas, si bien presenta algunos asuntos importantes como la crítica a los mercados eficientes, aunque de manera que niegue la crítica. La sección 10.6. El declive de la economía alemana: el caso de Ingolstadt”, se nos antoja poco representativo. De lo que no hay duda es que él se ha interesado por los EE. UU. y su economía y se ha procurado una visión de conjunto de su evolución reciente dentro de los cánones ortodoxos, sin caer en el maniqueísmo de la defensa a ultranza del Partido Republicano frente al Partido Demócrata. Su defensa es la de los objetivos que se suelen asignar a la política económica como si esta fuera una desiderata por encima de las opciones políticas.

A la “La pandemia y el gran confinamiento”, capítulo 11, dedica 3 páginas. En él hallamos la afirmación de que la tendencia a la desglobalización es anterior a la pandemia, que bien hubiera podido ser útil en el capítulo anterior, permitiéndole organizarlo con este eje.

En el capítulo 12 “Las políticas keynesianas de Joe Biden”, prosigue con su visión de la economía de los EE. UU. y el juego entre la Presidencia y su Partido, concluyendo que fue su “agenda energética […] la que empezó a dañar las buenas relaciones que mantenían ambos con los mercados, los empresarios y la opinión pública estadounidense.” (p. 108)

Cuesta aceptar el capítulo 13. “El diagnóstico de los expertos” de tan sólo dos páginas y sin que haya otro “experto” que el propio autor, que ya nos ha dado su opinión en sucesivas ocasiones y que aún retomará en el 15. “¿Qué podemos aprender?”, y que bien pudieran haberse refundido en uno, después del 14, dedicado a los movimientos populistas como cambio pendular del siglo XXI.

A lo largo del libro, los argumentos no deslindan suficientemente el papel que juega la inversión de capital, para el desarrollo, ni el papel de la revolución tecnológica como fundamento de los cambios, inductores de transformaciones de las empresas, ni se menciona el hecho de los cambios de los mercados más que de los países. La política económica tiene su fundamento político en la economía de las naciones, pero lo que ha sucedido en los últimos decenios ha inducido enorme poder a las grandes empresas multinacionales. Ahí radica el problema de perspectiva que subyace en una determinada visión de la economía que intenta existir al margen del poder, cuando es este el que está en el centro neurálgico de la vida económica y no es sólo el poder de la política y de las Administraciones públicas, sino de otros agentes y contrapoderes.

El profesor Pampillón nos ha llevado de la mano en un recorrido por hitos de la historia económica, por más que la selección sea personal y corresponda a la manera que él ha incorporado su síntesis al acervo de su conocimiento económico. No hay duda del esfuerzo que supone saber de los diferentes episodios de la historia en su vertiente política y económica y ello le confiere, a no dudarlo, mérito. El plantear como eje de su exposición el carácter pendular de la política económica, puede abundar en favor de una idea muy socorrida, quién sabe si verdadera, y es la oscilación por mera moda, que viene a decir que los ciudadanos no juzgan con criterios sofisticados, dicotomizando la elección y, por ende, la substitución de unas por otras; también cabe identificar ese movimiento pendular con el piloto automático de navegación, que mueve un poco a la derecha y corrige moviendo a la izquierda.

Desde el punto de vista práctico, de destinatarios que pueden aprovechar sus enseñanzas, y a mi modesto entender, creo que este libro tiene utilidad en lo que pueden ser unas prácticas o ejercicios de política económica a modo de un guion para profundización y crítica subsiguientes tema a tema. Ahí radica, creo yo, la utilidad académica, sin excluir su interés para el lector curioso, gustoso de practicar lo que podríamos calificar como “turismo” por episodios de la historia económica, y conste que el paseo es muy agradable, aunque la visita haya sido rápida y no hayamos podido conocer todas las ciudades.

Nota Necrológica: Luis Rodríguez Sáiz

El pasado 26 de marzo falleció Luis Rodríguez Sáiz. Nació en Cuenca en 1942. Inicialmente su camino profesional fue ajeno a la vida universitaria, puesto que ingresó la Guardia Civil. Sin embargo, sus aspiraciones intelectuales le condujeron al desarrollo de estudios universitarios, en concreto, en Economía. En este sentido, en 1973 defendió su tesis doctoral relacionada con la política de transportes. A partir de mediados de los años 70 se adentró en la política financiera a la que ha estado ligado hasta sus últimos trabajos, destacando el manual “Sistema financiero español”, editado por primera vez en1987 y apareciendo su edición número 27 en 2018.

En 1981 obtuvo la plaza de Agregado en Política Económica, oposición que le resultó un revulsivo para analizar aspectos de metodología de la Política Económica. Estos análisis acercaron su colaboración con el profesor Andrés Fernández Díaz, fruto de la que editó un manual de Política Económica, primero en la editorial AC y después en McGrawn Hill, que ha sido una referencia docente esencial desde los años 80 hasta la actualidad (en 2006 vio la luz cuarta edición en McGrawn Hill).

Además de sus relaciones con la Universidad Complutense de Madrid, realizó una apuesta académica por el Centro de Estudios Universitarios (CEU), con el que ha tenido una constate y estrecha relación. Esto supuso un mayor acrecentamiento de su interés por las políticas sociales.

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V Taller Internacional de Política Económica “Los agentes de la política económica en momentos críticos”. Valladolid, 27 de Mayo de 2022 (solicitud de trabajos)

Organiza: Unidad Docente de Política Económica. Departamento de Economía Aplicada.

Universidad de Valladolid

Lugar: Presencial (por concretar) y online

Presentación

• Cómo participar:

El V Taller Internacional de Política Económica se celebrará en un doble formato: presencial y online.

• Plazos y entregas:

El Taller contará con un grupo de ponencias invitadas que constituirán la estructura vertebral de la discusión. A estas se añadirán las comunicaciones (no será necesario enviar el texto completo) que sean ofertadas por iniciativa propia de investigadores y aceptadas por la organización. Se precisará el envío de un abstract de 1.500 palabras como máximo, con las especificaciones formales que se establezcan al efecto, antes del 28 de febrero de 2022. Su aceptación se comunicará antes del 30 de marzo de 2022, así como las áreas de trabajo y las mesas para su presentación y debate. Aquellas comunicaciones que hayan sido aceptadas enviarán una presentación PowerPoint en fichero pdf, antes del 15 de mayo de 2022, por el medio que establezca la organización.

• Inscripciones para asistir al taller e información:

http://eventos.uva.es/go/VTIPE

• Correos de contacto provisional: belen@eco.uva.es

moyano@eco.uva.es

VI Encuentro de Política Económica Internacional: “Política Económica en el ámbito internacional y estudios de caso por países”. Valencia, 18 de Noviembre de 2021 (resumen de resultados)

Este año y ya desde el año pasado, la responsabilidad de la organización de este Encuentro ha sido acometida por Maja Barac y Margarita Rohr, ambas profesoras de Política Económica pertenecientes al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Tal como estaba previsto el VI Encuentro de Política Económica tuvo lugar según el programa previamente establecido. El objetivo del Encuentro era realizar un análisis comparado de las políticas económicas que se están aplicando en distintos países. Estos eran de diversos tipos para que quedasen más claras las diferencias entre las distintas intervenciones gubernamentales. Además, dados los tiempos en que vivimos, en los análisis presentados ocuparon un lugar destacado las políticas relacionadas con la crisis económica provocada por el COVID-19.

El evento se organizó en tres sesiones que se compusieron de tres intervenciones. Después de la presentación del evento y la congratulación de haberse organizado ya 6 ediciones de este tipo de Encuentro relacionado con política económica internacional, se pasó a la primera área de trabajo. Aquí se presentaron los casos de las políticas económicas diseñadas y ejecutadas en China, Corea y EE.UU. En la segunda sesión se abordaron los ejemplos de Botsuana, Suráfrica y Colombia. En la tercera se acometió la presentación de estudios sobre Brasil, Ecuador y México. En todos, los casos, y siguiendo los criterios del comité evaluador de los trabajos, se exigió que ésos y sus presentaciones siguieran un esquema fijado previamente para conseguir visualizar mejor la comparación entre políticas económicas. Por este motivo, todos los trabajos tuvieron tres partes esenciales. En concreto, problemas relevantes considerados por los correspondientes gobiernos, diseño de las políticas económicas (establecimiento de objetivos y especificación de medidas) y ejecución-resultados de las intervenciones estatales. Los resultados del Encuentro han resultado muy fructíferos y han supuesto la generación de un material original para avanzar en el estudio de la política económica internacional comparada. Algunos de estos trabajos serán publicados, en sus versiones actualizadas y reformadas siguiendo al menos los comentarios vertidos en el Encuentro, como parte de la futura edición del Anuario de Política Económica, que se encuentra en fase de edición.

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.

Entre los artículos difundidos recientemente cabe destacar los relacionados con la inflación. Con cierta relación con este tipo de temas se encuentra el trabajo denominado el final del dinero gratis. Quizá uno de los trabajos más interesantes es el realizado por el Banco de España, sobre una política económica a largo plazo. También tienen relevancia por su actualidad el que se refiere a los alquileres en España o el relacionado con desempleo juvenil. Sobre cuestiones internacionales, destaca el análisis específico sobre la ruptura en las cadenas internacionales de valor y el que incluye una reflexión de largo alcance de Mazzucato acerca de un nuevo consenso mundial. En términos más teóricos se encuentra el trabajo de Skidelskiy sobre la crisis de la macroeconomía y otro que analiza las oportunidades en inteligencia artificial.

Políticas económicas estructurales

(sección coordinada por Evangelina Aranda García, Departamento de Economía Política, Hacienda Pública, Estadística Económica y Empresarial y Política Económica, Universidad de Castilla-La Mancha y Víctor J Martín Cerdeño, Departamento Economía Aplicada, Pública y Política, Universidad Complutense de Madrid)

La economía circular y la política económica.

(por Luz Dary Ramírez Franco, Departamento de Economía Aplicada –Política Económica-, Universidad de Valencia)

La economía circular surge como una alternativa al modelo económico lineal, promoviendo un sistema de producción y consumo sostenible y fundamentado en la reducción del consumo de recursos naturales como materias primas. El modelo propone extender al máximo la vida útil de los productos, empleando los residuos de estos una vez se dejan de utilizar, es decir, propone que el producto, una vez cumpla su ciclo vital, se recicle como materia prima o sea reparado y reutilizado para otros usos. En otras palabras, convertir los residuos de nuevo en recursos, a la vez que minimizar el volumen de desechos. El gráfico adjunto aparece una representación de lo que expresa el modelo.

Como se observa en el gráfico, el modelo de economía circular propone emular el funcionamiento y mantenimiento de la naturaleza, es decir, producir bajo un sistema regenerativo.

El término economía circular aparece por primera vez en el libro de Pearce y Turner (1989) sobre Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. De hecho, el capítulo 2 del libro lleva por título «La economía circular», y, aunque hay trabajos previos relacionados con el análisis conocido como de la cuna a la cuna, el término como tal ha sido sociabilizado y globalizado por la Fundación Ellen McArthur y por la ONU a partir del año 2000. Por otro lado, a nivel empírico o de aplicación, la Comisión Europea aprobó en 2015 un plan de acción para impulsar la transición de Europa hacia la economía circular; en diciembre de 2019 se presentó el Pacto Verde Europeo y en marzo de 2020 se aprobó el nuevo plan de acción para la economía circular. Con ello, Europa toma las riendas de la aplicación del modelo, y no solo en su propia región, sino extendiéndolo a los países socios y beneficiarios de sus ayudas y apoyos.

La economía circular afecta tanto a los factores de producción como al papel de los agentes económicos, y, finalmente, a los bienes y servicios, incluyendo también su proceso de distribución. Por ello, es necesario que los analistas de política económica empecemos a preguntarnos cuáles han sido las medidas de política económica relacionadas y aplicadas desde 2015 hasta la actualidad con el objetivo de desarrollar el modelo. Es decir, es importante comenzar ya a explorar, recopilar y revisar las medidas de intervención que los Estados europeos han puesto en marcha con el fin de alcanzar los objetivos propuestos por el nuevo modelo económico. La revisión de la política económica facilitará el entendimiento del modelo para poder contribuir a la extensión de este.

La política económica es clave para el funcionamiento de la economía circular, en efecto, el modelo ha sido impulsado a través de la política fiscal pues los estados subsidian proyectos de producción verde y las nuevas tecnologías limpias. Además, los países líderes en la aplicación del modelo como por ejemplo los europeos propenden porque los Estados aumenten el gasto en proyectos I+D+i enfocados en nuevas metodologías de producción y consumo verde, tales como el ecodiseño y la reducción y reutilización de los recursos.

Finalmente, han sido los Estados los que han dictaminado las políticas que han conducido y facilitado la transición desde el modelo marrón hacia la economía circular. De hecho, en el Plan de Acción de la Unión Europea se hace énfasis en la necesidad de una supervisión de los avances de la transición de las economías en este sentido; la recopilación y el análisis de la política económica propuesta y aplicada para ello será parte determinante para el conocimiento y la evaluación del impacto y el avance del nuevo modelo. 

Política económica y género

(sección coordinada por Lorenzo Escot Mangas y José Andrés Fernández Cornejo, profesores del Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política, Universidad Complutense de Madrid)

¿Podemos celebrar la igualdad en los cuidados? Una evaluación de políticas públicas

(Por Cristina Castellanos Serrano, Departamento de Economía Aplicada, Facultad de Ciencias económicas y Empresariales, UNED, ccastellanos@cee.uned.es. Investigadora colaboradora del Grupo de investigación UCM: Análisis de datos en estudios sociales, de género y políticas de igualdad)

Deberíamos estar celebrando que España es el primer país del mundo que ha conseguido permisos iguales para padres y madres, intransferibles y pagados al 100% en el mundo. Esto parece indicar que padres y madres van a poder cuidar de sus bebés por igual, ¿no es así? Esto parece indicar que padres y madres se van a ausentar de sus puestos de trabajo cuando nazca un bebé por el mismo tiempo o muy similar ¿no es así? Esto parece indicar que la penalización por maternidad que lleva tantos años como punta del iceberg de la discriminación laboral que sufren las mujeres tendería a desaparecer, ¿no es así?

Pues siento escribir que no es así. Señoras y señores, damas y caballeros, les damos la bienvenida a un espectáculo de magia en el que las cosas no son lo que parecen. Y esta es la segunda, por no decir la tercera parte, de la misma saga: la reforma de permisos parentales con igualdad formal pero no real.  ¿Es brujería o adivinanza hacer esta afirmación? No, se llama simple y llanamente evaluación de políticas públicas.

Hace nada menos que casi medio siglo, en un país en plena transformación social y legal, se apostó por individualizar todos los derechos y formas de relación del individuo con el Estado. Sin embargo, por primera vez en la historia de los estados de bienestar, se hizo transferible un derecho contributivo de la seguridad social. Sí, lo han adivinado: el permiso parental. Con solo decidirlo, el padre podía transmitir todo su permiso a la madre. Y pensaban que así iba a ocurrir. Y así ocurrió. 20 años después, decidieron que los padres deberían cuidar más tiempo a sus hijos. Y añadieron un mes al permiso, si los hombres no lo usaban, lo perdían. Y se empezó a usar de forma masiva. Curioso, que fuera novedoso que un derecho con prestación económica contributiva tuviera que ser disfrutado por la persona que genera dicho derecho. Este país era Suecia. Hoy los padres tienen 3 meses intransferibles, les llaman los meses del papá, porque el resto de forma mayoritaria se lo toman las madres.

¿A alguien le parece novedoso que no puedas ceder tu prestación por desempleo o tu baja por enfermedad? ¿Se consideraría innovador que el permiso por el fallecimiento de un padre o una madre se diera justo en el día que fallece el familiar y siguientes para poder ir al entierro y funeral? Pues esto es lo que querrán señalar como novedoso en un tiempo. Que cambien la ley actual y de pronto, los padres puedan coger el permiso de nacimiento y cuidado, o parte de él, cuando se necesita cuidar a un bebé. Es decir, en el tiempo que no está cubierto por el cuidado del otro progenitor.

Porque, damas y caballeros, en el espectáculo de magia que ha empezado el día 1 de enero del 2021, nos dicen que la reforma de los permisos es para conseguir la igualdad efectiva y, sin previo aviso, quitan el derecho a tomarse el permiso en las fechas que la persona trabajadora lo necesita para cuidar. Obligan al padre durante 6 semanas a tomarse el permiso a tiempo completo y a la vez que la madre nada más nacer el bebé, cuando puede que sea necesario o no. Pero una vez que la madre se reincorpora al trabajo después de su permiso, al menos supuestamente, se le quita el derecho al padre a que se tome su permiso a tiempo completo. Ahora, justo cuando los hombres se incorporan al cuidado de forma masiva, la legislación concede a la empresa el derecho de decidir si el permiso se tomará a tiempo completo o parcial y, por tanto, con esta fuerza, puede presionar a los padres a no usar el permiso en las fechas que necesitarían para el cuidado. ¿Cómo vas a cuidar a un bebé de 5 meses solo la mitad de la jornada? Ante esta posible situación, muchos hombres prefieren evitar esa negociación, y usar el permiso a la vez que la madre. Acaba de llegar un bebé a la familia y parece mucho más placentero estar dos personas cuidando que una, ¿no es así?  Se ahorran una posible negociación, e incluso enfrentamiento, con la empresa y visibilizar que cuando tienen que cuidar a su bebé, su rol de trabajador puede pasar a un segundo plano. Al fin y al cabo, en un mundo laboral altamente volátil y precarizado, ¿a quién le interesa que su empresa pueda imaginarse que son recursos totalmente prescindibles o sustituibles durante tres meses? ¿Reduce eso su valor? Sin embargo, si ese permiso lo toman a la vez que la madre, en muchas profesiones, esos padres podrán mantener el contacto con la empresa de alguna manera, y todos lo saben. Dos personas cuidando un bebé permiten algunos ratos, una sola no. Pues dadas las inercias actuales, los roles de género y la legislación que quita o dificulta el derecho al trabajador para una parte del permiso y para otra parte amplia obliga a estar ambos progenitores a la vez, lo más probable es que la mayoría social no extienda el cuidado con la equiparación de los permisos. Habrá una minoría que lo consiga, pero la gran parte de los hombres cuidarán a la vez que las madres y se reforzará el rol de “padre ayudante” en vez de padre corresponsable. Esto es lo que lleva denunciando la PPIINA desde marzo del 2019 (1) cuando se incluyeron estas trampas en la legislación y, desde antes cuando otras propuestas legislativas estaban encima de la mesa (2), y es lo que efectivamente ha ocurrido. Más del 75% de los padres han tomado todo su permiso por nacimiento a la vez que las madres, desde que entró en vigor la ley, según los datos proporcionados por la Seguridad Social (3).

Por cierto, a las madres también se les ha quitado o dificultado ese derecho, pero como prácticamente todas las mujeres usan el permiso seguido nada más nacer su bebé, y hasta la fecha tenían ese derecho, la inercia hace que esto, al menos por ahora, no se cuestione por las empresas. 

Pero, las madres ¿por qué no dicen nada? ¿Por qué las madres no presionan para que los padres usen las semanas de permiso que pueden después que ellas y no a la vez para alargar el tiempo de cuidado y poder volver a sus trabajos mientras sus bebés son cuidados por sus padres? Porque ellas también son conscientes de todo esto y viven en la misma cultura y con la misma legislación en la que resulta inconcebible que los hombres prioricen el cuidado al trabajo remunerado, incluso sin perder esta remuneración. Además, al fin y al cabo, ¿no es mejor que esté el padre que estar solas? Han mejorado, piensan muchas mujeres, ¿de qué podrían quejarse? Pues muchas de ellas, lo harán, con el tiempo. Porque sus parejas seguirán sin corresponsabilizarse de los cuidados, porque seguirán discriminadas en el mercado laboral, porque parece que sí en lo formal, pero lo sustancial y sistémico no ha cambiado.

En Suecia se limita el uso simultáneo del permiso por parte de padre y de madre a un mes, cuando disponen de seis meses y medio bien remunerados cada progenitor (2). En España se obliga a un uso simultáneo de mes y medio, la parte obligatoria del permiso, de los 4 meses. En Suecia se tiene derecho al uso a tiempo completo del permiso parental, como se tenía en España hasta marzo del 2019. En España hoy, ese derecho se difumina y no queda claro en la legislación. Se conocen bien las trampas para que los padres no se responsabilicen del cuidado por igual que las madres: que los permisos sean transferibles, que se fomente que ambos progenitores estén presentes, que se difumine la responsabilidad y el propósito del permiso… Quienes evaluamos políticas, llevamos muchos años analizándolo y explicándoselo a quienes hacen las leyes, los políticos.

Muchas personas dirán, poco a poco, se necesita tiempo para los cambios. Pero si estos cambios no los permite la ley o los dificulta para la gran mayoría, no se podrán dar de forma masiva, por mucho tiempo que pase. Siempre habrá casos que sí, empresas en las que no se coaccione a sus trabajadores, hombres que quieran cuidar y hagan todo lo posible por usar el tiempo para alargar el cuidado lo máximo posible, pero seguirán siendo una minoría, porque la ley ejemplariza. Algunas mujeres estudiaban cuando se les prohibía, pero obviamente no eran la mayoría. Algunas mujeres llegaban al Congreso a principios del siglo XX, pero eran la minoría. Los impedimentos legales, económicos y sociales entrelazados son muy complicados de subvertir de forma individual. Se necesitan muchos incentivos para compensar los enormes costes individuales del cambio. Sin embargo, los cambios colectivos suponen menos costes individuales y estos se hacen asumibles.  La misma idea aplica al cuidado y a los hombres. Y de ahí la importancia de la legislación, porque refleja lo socialmente aceptado y aceptable, lo sencillo, lo que no va a suponer muchos más costes que los normales en cada situación.

En Suecia, casi 50 años después de que se igualaran por ley los permisos parentales, menos del 20% de las parejas usan los permisos de tal forma que cada progenitor haya usado entre el 40 y 60% del tiempo de permiso parental en los dos primeros años. Todavía hay una parte importante de los permisos transferible y modificar esa ley está costando mucho aunque se considera uno de los tres puntos clave para acabar con la brecha salarial. Esto ocurre en uno de los países líderes en todos los rankings de igualdad de género (2).

España ha abierto la puerta a algo insólito, que un permiso para el cuidado no se pueda usar en las fechas y el modo que es necesario para el cuidado de un bebé, a tiempo completo y cuando no tiene otro progenitor cuidándolo. ¿Alguien pensaría en una baja de enfermedad cuando no estás enfermo, digamos, un mes después porque es cuando conviene, para no dejar cuestiones laborales prioritarias pospuestas? Además, el nacimiento de un hijo es algo que, dentro de unos márgenes, se prevé con tiempo y permite la organización con mayor facilidad que otros permisos.

Damas y caballeros, cuando dentro de algún tiempo nos digan que hay una novedad para conseguir la igualdad de género, que es una maravilla la reforma que permite tomarse una parte relativamente pequeña del permiso cuando el bebé lo necesita, es decir, según indique la persona trabajadora dentro de su primer año de vida, permítanme que no me entusiasme ni me sorprenda. Ese truco ya lo usaron hace muchos años. Que algo cambie, para que todo siga muy parecido. Un paso de hormiga en vez de un paso de gigante. ¿Por qué nos quejamos? Estamos avanzando. Dentro de dos o tres siglos, si no hay pasos atrás, quizá nuestras tataranietas solo cobren un 10% menos que los tataranietos, cuiden solo 2 horas más al día y las mujeres de su generación ocupen ya el 30% de los puestos de responsabilidad. ¿Qué más podrían querer? ¿Especulaciones de alguien poco positiva y optimista? No, damas y caballeros, son conclusiones bien fundamentadas de la evaluación de políticas públicas, eso que no están haciendo ni quienes administran nuestro presente y futuro desde el gobierno, ni quienes deberían ejercer de contrapoderes, llámense oposición, sindicatos, patronal o quienes quieran que sean los contrapoderes de un sistema que reproduce la desigualdad de género y no termina de incorporar a los hombres al cuidado en igualdad (4)(5).

Referencias

• PPIINA (2021) ¿Por qué esta ampliación del permiso de paternidad impide que los bebés reciban más cuidados? https://igualeseintransferibles.org/blog/por-que-esta-ampliacion-del-permiso-de-paternidad-impide-que-los-bebes-reciban-mas-cuidados/
• Castellanos Serrano, C. (2019) Una reforma del sistema de permisos parentales liderada por mujeres, en Calderón Patier, C. y Mateos de Cabo, R. (coord.) “Barreras e impulsores del desarrollo profesional de las mujeres Tiempo de soluciones”. Tirant lo Blanch: Valencia , https://bit.ly/3yp3Yrd
• PPIINA (2021) Gráfico: Carrera de obstáculos hacia la corresponsabilidad

https://igualeseintransferibles.org/blog/grafico-carrera-de-obstaculos-hacia-la-corresponsabilidad/ 

• Castellanos Serrano, C. (2021) ¿Los permisos iguales se usan de forma igualitaria?, Público,2/2/2021 https://blogs.publico.es/otrasmiradas/44819/los-permisos-iguales-se-usan-de-forma-igualitaria/
• Fernández-Cornejo, J.A., Escot, L., Del-Pozo, E. & Castellanos-Serrano, C. (2016) Do Fathers Who Took Childbirth Leave Become More Involved in Their Children’s Care? The case of Spain. Journal of Comparative Family Studies, XLVII(2), pp. 169-191.

(*) (Una versión de este artículo se publicó previamente en Público, en 2 de mayo 2021).