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11. Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE) |
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Organiza: Departamento de Economía Aplicada III, Universidad de Sevilla
El Dr. Juan Carlos Morán Álvarez profesor titular de Política Económica del departamento de Economía Aplicada III de la Universidad de Sevilla tiene el encargo de Organizar en Sevilla, los días 29 y 30 de mayo de 2025 las XVII Jornadas Internacionales de Política Económica. La intención es dar a estas Jornadas un objetivo complejo y único hasta el momento, pues pretende presentar los resultados de investigadores de las universidades participantes en la construcción de un nuevo paradigma de política económica centrado en el siglo XXI. Desde julio de 2024 se presenta la apertura de un Congreso Internacional Permanente Nueva Escuela de Política Económica, con miras a presentar en las XVII Jornadas los resultados del mismo. La intención es sumar investigadores nacionales e internacionales a la construcción de dicha escuela basada, no en la escasez y la utilidad, sino en el Movimiento-dinamismo), el Esfuerzo y la Confianza (Modelo ECS-MEC). El Congreso tiene una duración inicial de un año que se cierra tras las XVII jornadas presenciales los días 29 y 30 de mayo de 2025 para concluir toda la labor desarrollada durante el año. Durante dicho periodo se van a desarrollar actividades de promoción y producción científica en el ámbito de la ciencia de Política Económica. Entre estas actividades novedosas se incorporan las siguientes:
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Organiza: Cátedra Institucional de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana
Lugar:
Con motivo de la presentación de la nueva Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana se celebra el Encuentro de Política Económica sobre nuevas tendencias de política económica valenciana que pretende aglutinar tanto a los miembros y colectivos de la comunidad universitaria como a los principales agentes sociales y políticos. Esto contribuirá a presentar la cátedra como institución de dinamización social del conocimiento y del fomento e investigación de políticas económicas y sociales para contribuir en la correcta toma de decisiones y acciones políticas en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Se invita, con ello, a la participación social, mediática y académica en el evento.
Programa
9:00 – 9:15: Presentación de la Cátedra
9:15 – 10:00: Mesa redonda: Hacia una nueva política agraria
10:00- 10:30: Descanso
10:30 – 11:30: Mesa redonda agentes sociales: Tendencias de la política económica en la Comunidad Valenciana
11:30: Clausura
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Organiza: Salvador Pérez Moreno, Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, Universidad de Málaga, (sperezmoreno@uma.es) e Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá
Tras el éxito del primer Ciclo de Seminarios de la Red de Investigadores de Política Económica, celebrado a lo largo del año pasado, se abre un nuevo ciclo de seminarios para el curso 2024-2025. En los últimos años se está produciendo una importante renovación del profesorado de Política Económica en muchos departamentos y unidades docentes de la universidad española, y son muchos los profesores/as jóvenes que se están incorporando como docentes e investigadores de Política Económica. En ese sentido, y con la intención de la Política Económica siga ocupando un lugar destacado en los planes de estudio y que se continúe fortaleciendo la docencia de nuestra disciplina, desde hace algún tiempo, desde REDIPE, se viene valorando la idea de poner en marcha seminarios telemáticos deformación en Política Económica, con objeto de promover la reflexión e intercambio de ideas y opiniones para la formación de docentes e investigadores de la Política Económica, con especial interés en la formación del profesorado más joven. Anunciamos, por tanto, el II Ciclo de Seminarios sobre Política Económica que se ha reeditado para el curso 2024/2025, y seguirá profundizando en algunas cuestiones centrales de la Política Económica, así como de sus nuevos retos. Se han planificado los siguientes: ·
Primera sesión: Jueves 24 octubre 2024, 17:00 horas
Ponente: Francisco Pérez García (Universidad de Valencia)
Título: “Perfiles del problema de la productividad en España”Moderador: Juan Ramón Cuadrado Roura (UCJC) ·
Segunda sesión:
Miércoles 26 febrero 2025, 17:00 horas
Ponente: Xóse Carlos Arias Moreira (Universidad de Vigo)
Título: “Calidad institucional y economía: el caso español”Moderador: Tomás Mancha Navarro (UAH) ·
Tercera sesión:
Miércoles 7 mayo 2025, 17:00 horas
Ponente: José María Marín Quemada (UNED)
Título: “Competencia y regulación”Moderadora: Evangelina Aranda García (UCLM)
Los seminarios serán transmitidos de forma sincrónica por Internet gracias a la colaboración del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, y serán grabados para su posterior puesta a disposición en repositorios de libre acceso. Para poder conectarse y participar en los seminarios será necesario una inscripción previa (y gratuita), siguiendo las indicaciones que se facilitan con unas dos semanas de antelación a cada uno de los seminarios por esta misma vía.
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Organiza: Departamento de Economía Aplicada – UPDE, Universidad de Valencia (España)
Lugar:
La Universidad de Valencia se complace en anunciar la celebración del IX Encuentro de Política Económica Internacional, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre de 2024 en la Facultad de Economía. Este evento reunirá a destacados académicos y profesionales para discutir y analizar la política económica en diversos contextos internacionales, ofreciendo una visión comparativa y profunda de las medidas implementadas en diferentes países.
Este año, el encuentro se enfocará en dos temas principales: el análisis de la política económica de países como Rusia, Japón, Turquía, Marruecos, Colombia, España y Kazajistán, y la política económica en el ámbito de la educación, ofreciendo un panorama detallado y crítico de las estrategias empleadas en cada contexto.
La coordinación del evento está a cargo de la Profesora Luz Dary Ramírez Franco, quien será el punto de contacto para cualquier información adicional o consultas sobre el encuentro. Los interesados pueden comunicarse con ella a través del correo electrónico: luz.ramirez@uv.es.
Invitamos a los miembros de la comunidad académica y profesionales interesados en la política económica a participar en este encuentro.
Los trabajos que se incluirán en el anuario 2024, ya están siendo elaborados por profesores de diversas universidades nacionales e internacionales.
¡Esperamos contar con su participación en este espacio de intercambio académico y profesional!
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Organizan: Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) y la Unidad de Política Económica. Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá
Objetivo: Proporcionar un espacio para el diálogo y la reflexión entre el profesorado universitario que imparte materias de la disciplina de Política Económica en las titulaciones oficiales, analizando los desafíos contemporáneos y las oportunidades inherentes a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se busca promover la reflexión sobre la práctica docente y evaluar los resultados derivados de la implementación de metodologías innovadoras.
Áreas temáticas de interés: Se mencionan algunas áreas temáticas que se abordarán, aunque se aceptan propuestas sobre otros tópicos afines al objetivo del evento:
Este encuentro permitirá no solo el intercambio de experiencias y prácticas docentes, sino también la exploración de nuevas perspectivas en la enseñanza de la Política Económica
Inscripciones: El encuentro será gratuito, pero tendrá plazas limitadas. Más detalles en próximas comunicaciones. Para participar activamente, contactar al correo iaes@uah.es
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Organiza: Departamento de Economía Aplicada – Castilla-La Mancha
La creciente preocupación por los problemas ambientales y sociales ha puesto de relieve la importancia del desarrollo sostenible. El emprendimiento juega un papel crucial en este contexto, ya que los emprendedores contribuyen al desarrollo de nuevos productos, la exploración de nuevos mercados y la introducción de innovaciones, buscando nuevas soluciones a los retos actuales. Es fundamental identificar las variables que influyen en el emprendimiento para diseñar medidas efectivas que promuevan actividades emprendedoras y el desarrollo sostenible.
En este sentido, los fondos Next Generation EU y la política regional pueden diversificar la especialización del tejido empresarial y fomentar la innovación. Sin embargo, la Comisión Europea ha señalado que, en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, existe un conocimiento limitado sobre las oportunidades de financiación que ofrecen los Fondos Estructurales. Por lo tanto, es esencial estudiar cómo la especialización productiva y el tipo de emprendimiento pueden influir en la capacidad de las regiones para aprovechar estos fondos.
En definitiva, con la realización de este seminario se pretende alcanzar los siguientes objetivos: en primer lugar, identificar y analizar las variables que influyen en el emprendimiento, con el fin de diseñar medidas de política económica que diversifiquen la especialización del tejido empresarial y fomenten la creación de nuevos productos y mercados, contribuyendo así al desarrollo económico y social sostenible; y en segundo lugar, debatir y proponer políticas económicas, fiscales, comerciales, de acceso al crédito, de I+D+i, y de formación y capacitación que promuevan la actividad emprendedora, facilitando un entorno favorable para el crecimiento de nuevas empresas y la generación de desarrollo sostenible.
Contacto:
María Soledad Castaño Martínez (mariasoledad.castano@uclm.es)
Inmaculada Carrasco Monteagudo (inmaculada.carrasco@uclm.es)
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Organiza: Departamento de Economía Internacional y de España. Universidad de Granada. Asociación Andaluza de Ciencia Regional.
Los días 13 y 14 del pasado mes de junio tuvo lugar el VI Taller de Política Económica en la Universidad de Granada que versó sobre “Instituciones, políticas y territorio”.
El evento se inició con la bienvenida de la organización realizada por José Antonio Camacho Ballesta. Como conferencia de apertura se contó con la presencia del profesor de la Universidad de Oviedo Fernando Rubiera Morollón que también es presidente de la Asociación Española de Ciencia Regional (AECR), Director de la Cátedra para el análisis de la innovación en Asturias e investigador de REGIOlab. En concreto, la conferencia llevó el título “Desigualdades espaciales y voto antisistema en Reino Unido, Francia y España”.
Seguidamente, se sucedió una mesa redonda dividida en dos partes, pero encargada del “Marco institucional: política y gobernanza territorial”. En la primera parte, se presentaron tres trabajos por parte de Antonio Sánchez, Luz Dary, Ángel Soler y Margarita Rohr. Estas investigaciones se ocuparon respectivamente de la efectividad gubernamental y la política económica en 38 países de la OCDE entre 1992 y 2022, de la política económica y la economía de guerra rusas y del papel de la democracia en la lucha contra la desigualdad. La mesa que fue moderada por José Luís Navarro Espigares.
En cuanto a la segunda parte de esta primera mesa, siendo moderada por Manuel Hernández Peinado, se habló en la primera ponencia de las causas del reto demográfico y las posibilidades de actuación de los gobiernos provinciales con el ejemplo de Jaén (Juan Carlos Rodríguez, José Domingo y Antonio Garrido). La segunda ponencia trató sobre la digitalización para combatir el abandono poblacional en España a través del Plan de Recuperación y Resiliencia (Marcin Roman Czubala Ostapiuk y Monica Puente Regidor). Para culminar la mesa, se expuso el caso de Guadalajara sobre política de vivienda en entornos despoblados (Rubén Garrido Yserte y Maria Teresa Gallo Rivera).
Para la mañana del 14 de junio, se prepararon las tres mesas restantes del taller, seguidas de la conferencia de clausura. La segunda mesa del taller, por tanto, se refirió en general hacia las políticas de cohesión social y del mercado de trabajo. Esta misma abarcó: la política educativa (Ángel Soler Guillén), la desigualdad de género en la capacidad de compra de las familias en la Comunidad de Madrid (Isabel López Rodriguez y Maja Barac), las políticas de pobreza ante la discapacidad (Elena Bárcena Martin, Fernando Morlla Garcla y Salvador Pérez Moreno), las evaluaciones del Plan de Impulso de la Economía Social (Antonio González-Rojas) y también del Plan de Cohesión europeo (Antonella D’Agostino, Nina Drejerska, Eduardo Jiménez-Fernández, Marla Rulz-Martos y Angeles Sánchez). Además, respecto al mercado de trabajo se presentaron una evaluación sobre las políticas públicas emprendidas hacia las mujeres con estudios universitarios (Angélica Beatriz Contreras Cueva, Noé Rene Luna Plascencla, Pamela Maclas Alvarez y Nancy Maricela González Robles) y un análisis del trabajo autónomo y sus políticas (Luis Franco Sala).
A continuación, moderada por José A. Camacho Ballesta, la tercera mesa del taller insistió en la sostenibilidad y el sistema productivo, tratando temas como la política europea (Ramón Bonell Colmenero), el fomento del desarrollo sostenible (Antoni Seguí-Alcaraz), la distribución regional de inversión pública (Henry Aray y Jorge Martinez- Veguez), la política turística (Oscar Montes Pineda y Beatriz Fernández-Olit) y la de vivienda (Lorenzo Chinchilla-Mira y Rosa Mateu-Garcia).
Una cuarta mesa sirvió de clausura del taller con dos ponencias sobre los efectos de la Inteligencia Artificial sobre el trabajo (Iñaki Aliende) y sobre las políticas económicas (Ramón Bonell Colmenero).
Por último, en la misma línea temática de la última mesa redonda, la conferencia de clausura corrió a cargo de Mercedes Rodríguez Molina, Catedrática de la Universidad de Granada. Directora del Instituto Universitario de Investigación de Desarrollo Regional, hablando sobre las amenazas y oportunidades de la Inteligencia Artificial en relación con la Política Económica.
Cabe señalar que las entidades que colaboraron en la organización y desarrollo de este VI Taller de Política Económica no solo comprendieron la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Departamento de Economía Internacional y de España de la Universidad de Granada, sino que contaron con la participación de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional y del Instituto de Desarrollo Regional.
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(Organizados por la Universidad de Valencia para el curso 2023-2024 hasta octubre de 2024)
Cabe reseñar que el final del curso 2023-2024 y el inicio del 2024-2025 ha estado marcado por la puesta en marcha de la Cátedra de Política Económica y Social. La nueva cátedra es subvencionada por la Generalitat Valenciana (Consejería de Presidencia) y se ha coordinado con el Máster en Política Económica y Economía Pública y la Unidad Docente de Política Económica para la organización de eventos en el Departamento de Economía Aplicada).
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Organiza: ECO-SOS Research Center on Economics and Sustainability (Universitat Rovira i Virgili)
El Centro de Investigación en Economía y Sostenibilidad (ECO-SOS) es un centro de investigación creado en 2010 como CREIP (Centro de Investigación en Economía Industrial y Pública), que recientemente se ha volcado en temas de sostenibilidad, en línea con los intereses de investigación de sus miembros. En concreto, ECO-SOS estudia la conexión entre la sostenibilidad y las siguientes áreas de interés: economía medioambiental y climática, economía de la salud, economía regional y urbana, educación y mercado laboral, negocios e innovación, energía y recursos naturales, organización industrial, política económica, teoría de juegos y conflictos medioambientales, y transporte y turismo.
Philip McCann se erige como orador principal del Workshop. Como actividad profesional principal es profesor de Economía urbana y regional en la University of Sheffield Management School. También ha sido brindado asesoramiento a dos Comisarios europeos de Política Regional y Urbana, a cuatro direcciones diferentes de la OCDE y paralelamente a organismos gubernamentales y de investigación en varios países.
Los trabajos completos deberán enviarse electrónicamente en formato PDF a eco-sos@urv.cat antes del 27 de noviembre de 2024. La primera página del documento deberá incluir el título, los autores, las afiliaciones, los datos de contacto y un breve resumen. La fecha límite para la notificación de los trabajos aceptados es el 19 de diciembre de 2024.
Más información sobre localización y alojamiento: https://www.eco-sos.urv.cat/ca/
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Este año se ha cumplido la décima edición del máster oficial en Política Económica y Economía Pública de la Universidad de Valencia. Su primera edición fue en el curso 2014-2015. Complicado es resumir las experiencias, relaciones académicas, debates, trabajos de investigación y buenos momentos que nos ha proporcionado el máster a todos los profesores que, desde el comienzo, nos comprometimos e implicamos en su docencia. Un máster, todo hay que decirlo, que costó sacarlo adelante y que, finalmente, venció las resistencias mostradas por algunos miembros de la comunidad académica de nuestra Facultad que se autoproclamaban “celosos guardianes” de la ortodoxia económica. Ahora, creo que tanto los estudiantes que han pasado por él, como los profesores de la casa, como los profesores externos invitados e, incluso, la propia Facultad, como institución pública, se alegran, diez años después, de su existencia.
Recordemos que es el único máster que existe en el Estado español de estas características. El máster nació con la voluntad de satisfacer la demanda de profesionales cualificados en el ámbito de la intervención pública y que es requerida por diversas entidades como organismos internacionales, instituciones europeas, administración central y autonómica, ayuntamientos y diputaciones, organismos autónomos, centros de investigación, consultoras, servicios de estudios de grandes empresas y bancos, organizaciones sociales, sindicales y empresariales, ONGs, etc. Trata de ofrecer, por tanto, un programa avanzado para la formación de especialistas de alto nivel en política económica y economía pública capaces de interpretar las posibilidades y consecuencias de la intervención del Estado en la economía en un mundo globalizado y complejo como el actual. A la vista de las trayectorias laborales de muchos de nuestros egresados, creo que el objetivo se ha cumplido durante estos diez años. En mi opinión, el máster atesora cuatro rasgos valiosos:
El máster ha cumplido también un objetivo colateral, pero no menos importante, que ha sido la dinamización académica del Departamento de Economía Aplicada. Gracias a las conferencias y seminarios organizados por el máster, el Departamento ha gozado de una envidiable y fructífera fuente de intercambio de conocimientos y de debate que lo mantiene vivo, con ilusiones y energías renovadas. Aprovecho esta ocasión que brinda la revista NPE para expresar públicamente nuestro agradecimiento a todos los profesores y profesoras invitadas que generosamente se han comprometido con la calidad académica del máster. Por supuesto, también al decanato de la Facultad que siempre lo ha apoyado y defendido.
De justicia es reconocer la extraordinaria labor que hicieron los anteriores directores del máster. El primero, Raúl de Arriba, promotor, impulsor e incansable luchador para que el máster viese la luz. Solo él sabe lo que costó sacarlo adelante. Gracias, Raúl, por tu perseverancia, valentía y tenacidad. La segunda, Ángeles Tortosa, quien con su generosa dedicación y buena gestión propició su consolidación. Gracias Ángeles por tu compromiso, tu buena disposición a ayudar a los estudiantes y tu buena gestión. Creo, sinceramente, que el máster ha resultado ser un proyecto académico exitoso. Y no solo por su excelencia académica y su defensa del pluralismo metodológico en Economía, sino por las relaciones personales que ha propiciado y facilitado. Los profesores que, desde el principio, nos implicamos en el máster siempre lo hemos considerado como la principal oportunidad (quizás la única) para crear una comunidad no solo académica, sino de amigos/as y compañeros/as que comparten ilusiones, ideales y proyectos comunes. Una comunidad de amistad. Y así lo han entendido los profesores de otras Universidades que han impartido docencia en nuestro máster.
Muchas gracias a todos ellos por entender que el proyecto del máster iba mucho más lejos que impartir unas horas de clase en una Universidad periférica del Estado español. Por todo lo dicho, creo que en la Unidad Docente de Política Económica de la Universidad de Valencia estamos satisfechos con los resultados obtenidos.
Tenemos motivos de celebración. Diez años de una experiencia docente e investigadora que nos recuerda todos los días que no hay una sola ciencia económica y que, por supuesto, no hay una sola política económica posible. Larga vida, pues, al máster.
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La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés tanto para la Política Económica como para su difusión a través de la Red.
A pesar de que quizás pasó desapercibido, en octubre de 2021 el Banco de España publicó un informe sobre la evolución de la posición del FMI en torno a temas de equidad, analizando sus propuestas y recomendaciones en los últimos cincuenta años. Suscita, en este sentido, un interés imperativo a la hora de comprender cómo la composición de la institución su gerencia y sus cambios internos han modelado las políticas llevadas a cabo por sus estados miembros. A grandes rasgos, estas han comprendido primero la pobreza hasta abarcar las desigualdades económicas y sociales en la actualidad.
En clave estructural, encontramos cuatro documentos más recientes. Contando con la prestigiosa participación de Jonathan D. Ostry, quien ocupó durante unos años puestos en la alta dirección del FMI, el informe del pasado mayo del think-tank “Bruegel”, presenta una visión general sobre los efectos e implicaciones de las políticas de liberalización en Estados Unidos. Según los autores, el proceso de liberalización se ha desacelerado, debiéndose a causa políticas vinculadas a los cambios de gobierno, los efectos del ciclo electoralista y los tipos de reformas estructurales aplicadas.
En referencia al modelo económico europeo se publicó un texto del Real Instituto Elcano, cuya autoría asumen un grupo de economistas vinculados al mismo. Este informe, que ocupa el número 33, ofrece para este 2024 un panorama actualizado tanto de la situación de la Unión Europea a nivel internacional e interno como de las vulnerabilidades estructurales que enfrenta como actor político. Además, culmina con el establecimiento de distintas líneas a seguir para tomar medidas abarcando la política industrial, la presupuestaria y la tecnológica desde un paradigma de solidaridad entre estados y a través de instrumentos como la colaboración público-privada.
Otro informe, en este caso del Instituto McKinsey, atiende a la situación heterogénea entre distintas economías y también al estancamiento de la productividad en las economías avanzadas en su contribución al crecimiento económico. El estudio, además de contar con multitud de aparato empírico-estadístico, se enfoca en la acción política a través de la inversión en la línea de las actuales economías de vía rápida, es decir, China, India, partes de Europa central y oriental y Asia emergente.
Finalmente, una perspectiva estructural aplicada de forma local corresponde a la entrada del blog del Banco de España que se ocupa de los efectos del cambio climático, por la vía de la degradación ambiental en el área del Mar Menor y en las viviendas. El artículo expone los costes en términos de pérdidas inmobiliarias y aumentos de los precios de la vivienda; instando a la toma de medidas y aumento de la inversión en protección del medio ambiente.
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(por Carlos Ochando Claramunt -carlos.ochando@uv.es-, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia)
1. Introducción
Tradicionalmente, se ha aceptado que el sistema de pensiones de jubilación -profesional y contributivo- no es un instrumento óptimo para realizar la función redistributiva asignada al Estado. Algunos de los argumentos en defensa de esta tesis son los siguientes: a) el sistema de pensiones profesional no considera los recursos totales del individuo, sino únicamente su renta salarial, e ignora, por ejemplo, las rentas de capital o la riqueza; b) un sistema de pensiones de jubilación profesional y contributivo no determina sus prestaciones en función de la necesidad del individuo, sino en función de sus contribuciones pasadas y c) el sistema de pensiones redistribuye renta desde la perspectiva temporal del ciclo vital de los trabajadores y no sobre las bases de renta anual (Blanco, 1999 : 104).
Aunque es evidente que el objetivo nuclear de la Seguridad Social es la protección frente a determinados riesgos (esperados o no), igual de evidente es que su financiación y las prestaciones otorgadas a sus beneficiarios tienen claros efectos redistributivos. Tiene efectos redistributivos inmediatos (por ejemplo, sobre la renta disponible de las familias debido a las prestaciones y cotizaciones) y efectos diferidos o aplazados (debido a la adaptación de los propios agentes económicos) [1]. La potencia de estos efectos dependerá de la forma de gestión, la naturaleza de los ingresos (cotizaciones vs. aportaciones estatales) y el carácter de las prestaciones otorgadas, entre otros factores.
Barr y Diamond (2012) señalan que, a la hora de diseñar las prestaciones y el reparto de riesgos, se pueden producir multitud de efectos redistributivos. Estos efectos dependerán del diseño que realicemos en relación con cuestiones como: a) la indexación de las pensiones (los mecanismos de revalorización) según los precios, los salarios o una media ponderada de ambos y b) los ajustes de los sistemas de pensiones en el tiempo debidos a la mayor esperanza de vida, a los cambios en la fuerza de trabajo y a los cambios en los riesgos sociales [2].
2. El diseño
El diseño de los sistemas públicos de pensiones suele incorporar mecanismos redistributivos para hacerlo más progresivo, lo que acaba distorsionando el criterio de justicia individual contributiva. Ningún sistema púbico adopta un criterio estrictamente contributivo. En el caso español, sin duda, también es así. El Cuadro 1 muestra cuatro instrumentos normativos que tienen efectos redistributivos: los límites a la contributividad, la ampliación de los beneficios sociales, la revalorización de las pensiones y la reducción de la brecha de género.
3. Los resultados.
Existe ya bastante evidencia empírica sobre los efectos redistributivos del sistema público de pensiones, tanto intergeneracionales como intrageneracionales. Comenzando por los primeros, el sistema público español proporciona importantes transferencias intergeneracionales a favor de las primeras generaciones participantes y, en general, a favor de las generaciones pasivas de jubilados en detrimento de las poblaciones más jóvenes (Monasterio y Suárez, 1992). Este efecto es proporcionalmente mayor en las pensiones más bajas que en las más altas (Bandrés y Cuenca, 1999).
Como apuntan Devesa y Domench, (2023: 208), “la evidencia para España y para otras economías avanzadas es que la redistribución intra e intergeneracional (que financia un abultado desequilibrio actuarial) ha reducido la tasa de riesgo de pobreza y la desigualdad en la renta entre la población de 65 años o más a lo largo de la última década, desplazando el riesgo de pobreza de las personas mayores a los jóvenes”.
En relación con los efectos redistributivos intrageneracionales, los anteriores autores señalan que existen cuatro factores que afectan este tipo de redistribución en nuestro sistema (Devesa y Domench, 2023):
Respecto a esta última dimensión, existe bastante evidencia para el caso español. El diseño del sistema de pensiones es redistributivo en función del régimen de afiliación, beneficiando los regímenes especiales en detrimento del régimen general (Monasterio y Suárez, 1992; Monasterio, Sánchez y Blanco, 1996; Blanco, 1999; Bandrés y Cuenca, 1999). Los distintos tipos de cotización en función del régimen, la fórmula no proporcional utilizada en el cálculo de la pensión inicial y la existencia de pensiones mínimas, implica que las cotizaciones no sean proporcionales a las bases de cotización, teniendo como consecuencia unas importantes diferencias entre las tasas de retorno obtenidas para cada régimen de pensiones (Durán, 1995). Es decir, el sistema suele favorecer los regímenes con periodos medios de cotización más cortos. En esa misma línea argumental, Jimeno (2003) demostró que el sistema español de pensiones contributivas produce un mayor grado de desigualdad que otros sistemas basados en la contribución definida o en relación con otros sistemas que consideran un periodo de cálculo laboral más extenso para el cálculo de las pensiones.
En general, existe prácticamente unanimidad, de que en el caso español las trasferencias monetarias tienen un impacto más redistributivo que las prestaciones en especie (Calero, 2001) y que las pensiones contributivas tienen importantes efectos redistributivos (Pazos y Salas,1996; Vicente y Martínez, 2009, Martínez, 2009) [4] . Ese efecto redistributivo es mayor que el que se alcanza con otras prestaciones sociales y en especie y, por supuesto, mucho mayor que el que se obtiene con los impuestos (Bandrés, 2012, Bandrés, 2023). Según Goerlich (2016), las pensiones son las transferencias monetarias con un mayor impacto redistributivo, con una reducción de la desigualdad del 21,1%, mientras que el seguro de desempleo y otras transferencias monetarias la reducen en menor proporción (8,8%).
A nivel territorial, las pensiones contributivas, en parte, reproducen la desigualdad existente entre las comunidades autónoma en sus factores diferenciales económicos y demográficos. Es decir, las desigualdades existentes entre las diferentes comunidades autónomas, explican los niveles de desigualdad existentes en el sistema de pensiones contributivo (De las Heras, 2015: 171; Montes y Onrubia, 2020).
Finalmente, parece claro que las pensiones no contributivas tienen un importante efecto redistributivo a favor de las familias de bajos ingresos debido a que su reconocimiento no está condicionado a ningún requisito de aseguramiento y contribución previa, a que su importe de cuantía uniforme para todos los beneficiarios y a que su fuente de financiación son los impuestos.
Referencias:
Bandrés, E, y Cuenca, A. (1999): Transfers in Spanish state retirement pensions. Fiscal Studies, 20 (2), pp: 205-219.
Bandrés, E. (2012): “La aritmética del Estado de bienestar en España” Ekonomiaz nº 81, pp: 38-61.
Bandrés, E. (2023): “Políticas sociales y reducción de la desigualdad en el tramo inferior de la distribución de la renta” Boletín Económico de ICE n. 3165, pp: 19-28.
Barr, N. y Diamond, P. (2012): La reforma necesaria. El futuro de las pensiones. Ed. El Hombre del Tres. Madrid.
Blanco, A. F. (1999): Redistribucón y equidad en el sistema español de pensiones de jubilación. CES. Colección Estudios Nº 69. Madrid.
Calero, J. (2001): “La incidencia distributive del gasto público social. Análisis general y tratamiento específico de la incidencia distributive entre grupos sociales y entre grupos de edad” Documento de Trabajo P.T.N. 20/01, Instituto de Estudios Fiscales.
Coronado, J.L., Fullerton, D. y Glass, T. (2000): The Progressivity of Social Security NBER Working Paper 7520.
De las Heras, A. (2015): “La desigualdad en el sistema de pensiones contributivas de la Seguridad Social. Un análisis de la pensión media por regiones” Revista de Trabajo y Seguridad Social n. 382, pp: 131-176.
Devesa, E. y Domenech, R. (2023): “Demografía y pensiones: análisis de los efectos redistributivos” Cuadernos Económicos de ICE nº 105, pp: 197-219.
Durán, A. (1995): “Rentabilidad de lo cotizado para pensiones” Economistas nº 68.
Gil, J. y López-Casasnovas, G. (1999): Redistribution in the Spanish pension system: an approach to its life time effects, FEDEA, Working Paper nº 99.
Goerlich, F.J. (2016): Distribución de la renta, crisis económica y políticas redistributivas. Fundación BBVA, Bilbao.
Grammenos, S., Lefèbvre, M., Perelman, S. y Pestieau, P. (2006): Literature review on the redistributive effects of pension systems. Centre for European Social and Economic Policy. Final Report nº SI2.419231.
Jimeno, J. F. (2003): “La equidad intrageneracional de los sistemas de pensiones” Revista de Economía Aplicada nº 33, pp: 5-48.
Leventi, Ch., Papini, A. y Sutherland, H. (2021): “Assessing the anti-poverty effects of social
transfers: net or gross? And does it really matter?” en Guio, A-C, Marlier, E. y Nolan, B.: Improving the understanding of poverty and social exclusión in Europe. Statistical Working Paper. Eurostat.
Martínez, R. (2009): “Sector público y redistribución” Temas Actuales de Economía nº 4, pp: 412-439.
Monasterio, C. y Suárez, J. (1992): “Gasto social en pensiones” Hacienda Pública Española 120-121.
Monasterio, C., Sánchez, I. y Blanco, F. (1996): Equidad y estabilidad del sistema de pensiones español, Fundación BBV. Bilbao.
Montes, A. y Onrubia, J. (2020): “Las prestaciones monetarias y la equidad: análisis desde una perspectiva territorial” 4º Informe sobre la desigualdad en España. Fundación Alternativas.
Pazos, M. y Salas, R. (1996): “Progresividad y redistribución de las transferencias públicas” en VVAA: Las políticas redistributivas (II Simposio sobre Igualdad y distribución de la renta y la riqueza). Fundación Argentaria. Visor Ed. Madrid.
Vicente, A. y Martínez, J. (2009): “Efectos redistributivos de la política de pensiones del sistema de Seguridad Social en España” en Bote, V., Escot, L. y Fernández, J.A. (Eds.): Pensar como un economista. Homenaje al profesor Andrés Fernández Díaz. Delta Publicaciones, Madrid.
[1] Los efectos redistributivos del sistema de pensiones son múltiples y variados (distribución funcional, espacial sectorial, personal, etc.). Un buen repaso de la literatura comparada de los efectos redistributivos del sistema público de pensiones puede encontrarse en Grammenos, Lefèbvre, Perelman y Pestieau, (2006) y Leventi, Papini y Sutherland (2021).
[2] Coronado, Fullerton y Glass (2000) plantearon que el grado de progresividad de un sistema de Seguridad Social depende de cinco elementos: la renta utilizada, la existencia o no de bases máximas de cotización, el tratamiento de la unidad familiar, las diferencias entre las tasas de mortalidad por niveles de renta y la tasa de descuento temporal utilizada.
[3] Existen circunstancias ajenas al sistema que provocan efectos redistributivos como la generación al que se pertenece o la edad de fallecimiento. Las diferencias en la esperanza de vida suelen beneficiar a las mujeres y a los trabajadores de rentas más altas. También pueden producirse efectos redistributivos entre las personas casadas y solteras, en favor de las primeras o entre parejas en las que ambos cónyuges obtienen ingresos hacia parejas en las que solo uno de los cónyuges obtiene ingresos. Según algunos estudios estos efectos pueden resultar regresivos (Gil y López-Casasnovas, 1999, Blanco, 1999).
[4] No obstante, algunos trabajos contradicen esa afirmación. Por ejemplo, Blanco (1999: 144) concluye que el sistema contributivo de pensiones de jubilación no puede considerarse como redistributivo sobre la base de la renta.
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Medir el techo de cristal: Índice Regional de Techo de Cristal (IRTC)[1]
(por Lidia de Castro Romero – lidia.decastro@urjc.es – Víctor Martín Barroso – y Rosa Santero Sánchez Universidad Rey Juan Carlos)
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública es una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, s.f.). En este contexto, una de las principales dificultades que enfrentan las mujeres en su empoderamiento y acceso a puestos de decisión es el fenómeno conocido como “techo de cristal”. Esta metáfora se refiere a las barreras invisibles que impiden a las mujeres avanzar dentro de las jerarquías corporativas y alcanzar las posiciones más altas en un orden social (Morrison et al., 1987)
La existencia del techo de cristal tiene su origen en la cultura estereotipada de género vigente en nuestra sociedad, que otorga distintos roles a hombres y mujeres, y tiende a considerar a las mujeres como poco capaces para ejercer el poder. Además, sabemos que es un fenómeno multifactorial dado que su existencia no se debe únicamente a la ausencia de mujeres en puestos de poder, sino que está relacionado con otros factores, como el desarrollo de capacidades de liderazgo a través de la educación o la experiencia, entre otros.
Romper el techo de cristal, al igual que con cualquier otro tipo de discriminación de género, requiere reconocimiento de su existencia y conocimiento de sus causas y consecuencias. Solo así se pueden diseñar acciones y políticas adecuadas para erradicar este fenómeno. Con ese objetivo, existen numerosos índices de (des)igualdad de género tanto a nivel internacional como nacional. Estos índices miden la (des)igualdad desde distintas aproximaciones, pero siempre con un enfoque global, incluyendo distintas dimensiones entre las que se encuentra la relativa al poder o empoderamiento (de Castro-Romero et al., 2024a).
La desigualdad en el poder (o techo de cristal) puede analizarse más detallada y profundamente, y así obtener información sobre cómo opera esta concreta forma de discriminación de género. The Economist entendió esta necesidad y, en 2014 creó el Glass Ceiling Index para medir el techo de cristal en más de veinte países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este índice, España ha superado la media de la OCDE cada año desde 2017, como puede observarse en el Gráfico 1. Además, se ha observado un descenso en el índice promedio de los países de la OCDE analizados, atribuible a (i) la disminución del porcentaje de mujeres en puestos de dirección entre 2016 y 2018, que pasó del 37,1% al 31,8%, impulsado por los países que lideran el ranking, y (ii) la disminución del porcentaje de mujeres en los consejos de administración en el mismo período, que descendió del 31,9% al 22,9%, como consecuencia de la disminución de mujeres en los países con posiciones centrales en el ranking (The Economist, 2023).
Sin embargo, aunque el Glass Ceiling Index de The Economist es una buena referencia, incluye algunas variables que no se adecúan a la sociedad española (como la realización de un examen GMAT[2]) y, por el contrario, omite otras que podrían ser relevantes en nuestra sociedad, como la conciliación laboral y familiar (de Miguel, 2015). Por esta razón, aunque consideramos muy relevante la iniciativa de medir el techo de cristal, cuestionamos la forma de construir ese índice y la representatividad de las variables asociadas a España. Además, la descentralización de políticas en España y la delegación de competencias a las comunidades autónomas generan diferencias regionales que deben ser consideradas para comprender el techo de cristal, sus causas específicas y las posibles acciones que permitan mejorar la presencia de mujeres en puestos de decisión.
En consecuencia, hemos creado un Índice Regional de Techo de Cristal (IRTC) (de Castro Romero et al., 2024), un indicador sintético a nivel regional en España (NUTS2), siguiendo el manual elaborado por la OCDE (Organization for Economic Cooperation and Development, 2008) y las recomendaciones de expertos en la construcción de indicadores sintéticos. Este índice, calculado para el periodo 2008-2018 pero susceptible de ser calculado anualmente, recoge diversos aspectos o indicadores que se han identificado como relevantes en la revisión de la literatura. Los datos se han recogido de fuentes oficiales de reconocido rigor, con periodicidad anual y disponibles para todas las comunidades autónomas, como los que ponen a disposición distintos ministerios o el Instituto Nacional de Estadística. Por último, el indicador se ha construido mediante una agregación lineal de las variables seleccionadas, cuyas ponderaciones (pesos) se han estimado utilizando la técnica de Análisis de Componentes Principales. Esta técnica agrupa las variables según su variabilidad, aunque, en nuestro caso, no se ha utilizado para reducir la dimensión de la información sino para calcular el peso que cada variable original tendría en el IRTC. En el Cuadro 1 se muestran las ponderaciones de cada variable y su agrupación en los dominios que forman el índice.
Bibliografía:
Naciones Unidas. (s.f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
Morrison, Ann M.; White, Randall P.; Van Velsor, Ellen. (1987). Breaking The Glass Ceiling: Can Women Reach the Top of America’s Largest Corporations? Basic Books.
De Castro-Romero, Lidia; Martín-Barroso, Víctor; Santero-Sánchez, Rosa. (2024a). Empoderamiento y Brecha Salarial a través de Indicadores Internacionales de Género. Revista de Economía Mundial, 66, 43-65. https://doi.org/10.33776/rem.vi66.7800
The Economist (2023). The Economist’s glass-ceiling index. https://www.economist.com/graphicdetail/glass-ceiling-index
de Miguel, Jesús M. (2015). Informes: «The glass-ceiling index. The best -and worst- places to be a working woman» The Economist, 410 (8.877): 58 (8-14 marzo). Revista Española De Sociología (RES), 23, 173-203. https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/65380
Organization for Economic Cooperation and Development (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264043466- en de Castro Romero, Lidia; Martín Barroso, Víctor; Santero Sánchez, Rosa. (2024). Mujeres y techo de cristal: diferencias regionales en España a través de un indicador sintético. Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research, 59, 55-80. https://doi.org/10.38191/iirr-jorr.24.011
[1] Esta es una versión reducida del paper que las autoras han publicado en 2024 en Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research https://doi.org/10.38191/iirr-jorr.24.011.
[2] Siglas de “Graduate Management Admission”, un examen que mide la aptitud para cursar másters tipo MBA (Master of Business Administration).
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(por Isadora Sánchez Torné, Departamento de Administración de Empresas y Marketing, Universidad de Sevilla)
Juan Carlos Morán es doctor y profesor titular de política económica en la Universidad de Sevilla desde hace 33 años, y siempre ha tenido una disposición al análisis taxonómico de la realidad de la política económica. El propio autor muestra en su contraportada la intención de esta obra, demostrar que es falso que las crisis económicas sean necesarias e inevitables. Pero la realidad es más ambiciosa, dado que muestra los elementos básicos para la construcción de un nuevo paradigma de política económica. Con ello, da respuesta a la reiterada demanda de los diferentes organismos monetarios nacionales e internacionales a los que se incorporó una petición pública por parte de Nadia Calviño, por entonces Vicepresidenta Económica del Gobierno de España, cuando vino a decir que desde la crisis financiera se habían roto todos los paradigmas económicos que dirigían las decisiones políticas hasta entonces y que, sin embargo, no han aparecido nuevos que lo reemplazaran, de ahí que se estuviera navegando a la deriva.
El autor presenta un nuevo modelo, ECS-MEC, que parte de una nueva concepción del dinero y presenta una política combinada monetaria y fiscal-presupuestaria, que contribuye a regular la liquidez del sistema en términos de efectos positivos, teniendo en todo momento presente las tensiones inflacionistas o desinflacionistas de demanda. El modelo actual de crecimiento económico está basado en una presión agresiva del sistema financiero y del Banco Central hacia el endeudamiento creciente, causante de las recesiones económicas sin opciones de contención. El nuevo modelo muestra un mecanismo que pretende el control del endeudamiento desde una perspectiva diferente, en el que los bancos centrales mantienen parte de sus competencias, de regulador financiero y del mercado interbancario, así como el de inyección de liquidez en el sistema de forma necesaria y suficiente, pero de forma estable; mientras que el ministerio de finanzas será el encargado de controlar las tensiones inflacionistas o desinflacionistas de demanda a través de un control del gasto público y la presión fiscal en torno al nivel de crecimiento económico sostenido, garantizando su nivel.
El libro pretende ser clarificador tanto para el público académico y especializado, como a los hacedores de política económica con objeto de servir de apoyo para su labor. Así mismo, es un recurso de gran utilidad para los especialistas en la comunicación y difusión de las actuaciones de política económica puesto que juegan un papel esencial en su efectividad, como para todas las personas sobre las que se interviene.
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Organiza: Departamento de Economía Aplicada III, Universidad de Sevilla
El Dr. Juan Carlos Morán Álvarez profesor titular de Política Económica del departamento de Economía Aplicada III de la Universidad de Sevilla tiene el encargo de Organizar en Sevilla, los días 29 y 30 de mayo de 2025 las XVII Jornadas Internacionales de Política Económica.
La intención es dar a estas Jornadas un objetivo complejo y único hasta el momento, pues pretende presentar los resultados de investigadores de las universidades participantes en la construcción de un nuevo paradigma de política económica centrado en el siglo XXI.
Desde julio de 2024 se presenta la apertura de un Congreso Internacional Permanente Nueva Escuela de Política Económica, con miras a presentar en las XVII Jornadas los resultados del mismo. La intención es sumar investigadores nacionales e internacionales a la construcción de dicha escuela basada, no en la escasez y la utilidad, sino en el Movimiento-dinamismo), el Esfuerzo y la Confianza (Modelo ECS-MEC). El Congreso tiene una duración inicial de un año que se cierra tras las XVII jornadas presenciales los días 29 y 30 de mayo de 2025 para concluir toda la labor desarrollada durante el año.
Durante dicho periodo se van a desarrollar actividades de promoción y producción científica en el ámbito de la ciencia de Política Económica. Entre estas actividades novedosas se incorporan las siguientes:
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Organiza: Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga e Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá
El pasado 24 de enero se celebró la segunda sesión del I Ciclo de Seminarios sobre Política Económica que organiza REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, que, como la anterior, se retransmitió de forma sincrónica gracias a la colaboración del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá. En esta ocasión, con el título «Doctrinas económicas y Política Económica», el seminario fue impartido por el profesor José J. Benítez Rochel (UMA) y moderado por el profesor Miguel Cuerdo Mir (URJC).
El ponente partió de la idea de que el estudio de la Economía está intrínsecamente relacionado con la solución de problemas prácticos. Argumentó que sus esfuerzos analíticos están orientados, en última instancia, a procurar el bienestar material de las personas y, especialmente, de las más desfavorecidas, poniendo a disposición de la sociedad los instrumentos para el logro de sus objetivos económicos. Sobre esa base, se afirmó que se estudia Economía para hacer política económica y expuso, tomando como referencia citas de las obras de los principales autores de nuestra disciplina, las propuestas de política económica que, a lo largo de la historia, han ido planteando las distintas doctrinas económicas, tanto las pertenecientes a la corriente principal como las que se han denominado heterodoxas.
Concluyó que el atractivo de encontrar las soluciones a los grandes problemas y la ilusión de que surja una obra con un impacto similar a la Teoría General de Keynes, quizás ha hecho olvidar a algunos que también se pueden hacer propuestas de política económica para solucionar problemas aparentemente menores, pero que, en entornos determinados, tienen un impacto tremendo. De esta manera, la orientación de la política económica hacia la solución de problemas concretos supondría, en cierta forma, retornar a la esencia de la Economía y avanzar en el perfeccionamiento de la política económica para, como dejó escrito Marshall, “poner a la humanidad a las riendas de su destino”.
Posteriormente, se registraron diversas intervenciones sobre cuestiones que despertaron el interés de los participantes y que permitieron al ponente profundizar en algunos aspectos de su exposición.
El contenido completo del seminario está disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=O4zLPz3GSu8
El siguiente seminario tendrá lugar el próximo miércoles 24 de abril de 2024, bajo el título «Ciencia Política y Política Económica», y será impartido por el profesor Víctor Lapuente (Universidad de Gotemburgo), y moderado por el profesor Tomás Mancha (UAH).
El pasado 24 de abril se celebró la tercera sesión del I Ciclo de Seminarios sobre Política Económica que organiza REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, retrasmitida de forma sincrónica gracias a la colaboración del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá. En esta ocasión, con el título «Ciencia Política y Política Económica: la calidad de la democracia y la calidad del gobierno», el seminario fue impartido por el profesor Víctor Lapuente, Catedrático de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), y moderado por el profesor Tomás Mancha, de la Universidad de Alcalá.
La importancia de la calidad de la democracia (como input del sistema político) y la calidad del gobierno (como output del sistema político) fueron los dos principales focos de atención de la presentación del Profesor Lapuente. La democracia tiene la limitación de no garantizar el desarrollo económico; en tanto que la calidad el gobierno sí juega a favor del mismo, correlacionándose positivamente con más crecimiento, menos desempleo y desigualdad desde la perspectiva económica; más protección social desde la visión de la sociedad; menor deterioro del medio ambiente y más esperanza de vida, más salud, e incluso más felicidad subjetiva desde la perspectiva climática y de salud y bienestar.
De acuerdo con el Profesor Lapuente, la pregunta clave entonces es si es posible mejorar la calidad de gobierno. La respuesta es afirmativa y los principales medios son: la meritocracia; la desburocratización de recursos humanos y procedimientos; la transparencia y las colaboraciones entre el sector público y el privado.
El contenido completo del seminario está disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Arqg7M5si3U
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Por acuerdo entre la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana ha adoptado la decisión de crear en colaboración con la Universitat de València la Cátedra Institucional de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana (PESCV). Se ha puesto en funcionamiento desde 2024 y su director será Antonio Sánchez Andrés, profesor del Departamento de Economía Aplicada –Política Económica- de la Universidad de Valencia.
La creación de la Cátedra PESCV constituye un reconocimiento a la importancia del área académica de Política Económica. En este sentido, la creación de la Cátedra PESCV es una apuesta por llevar la Economía más allá del ámbito de la contemplación de la realidad y conducirla al campo de la acción. Tomar consciencia de esta alteración en esta percepción es mucho más relevante en la medida en que se tiene presente la situación de cambio (crisis) en la que nos encontramos inmersos. Esta circunstancia es observada con especial atención por aquellos que toman decisiones, en este caso, por el gobierno valenciano. Así pues, esta discusión no solo posee una dimensión teórica, sino una gran relevancia práctica. Cualquier dirección política no puede limitarse a contemplar la realidad, sino que se le exige acción. Por tanto, para los gobiernos todo pasa por la política económica.
En este contexto, la creación de la Cátedra PESCV aspira a concentrar, elaborar y transmitir propuestas de política económica que puedan difundir en la sociedad y que contribuyan al cambio económico y social. Entre las actividades concretas que se contemplan se encuentran, entre otras, la organización de seminarios y encuentros académicos, pero en los que intervengan también los agentes sociales, la edición de publicaciones, el fomento de los estudios e investigaciones en Política Económica, el diseño de estudios sobre gobernación o la constitución de un Observatorio de Política Económica.
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Morán Álvarez, Juan Carlos (2024): El diseño de la política económica en la actualidad. Economía con sentido. Pirámide, Madrid. pp.222.
Morán Álvarez, Juan Carlos (2024): Prácticas para el diseño de la política económica en la actualidad. Pirámide, Madrid. pp.134.
El diseño de la política económica en la actualidad consiste en un nuevo manual que acaba de ver la luz, promocionado desde la Universidad de Sevilla. El libro está constituido por 6 capítulos. En el primero “el sentido de la economía y la política económica” muestra las relaciones entre economía y política económica y subraya los aspectos de la política económica del desarrollo. En el segundo capítulo, “la elaboración de la política económica” se presta atención al papel del sector público, incidiendo en los aspectos territoriales. A continuación, destaca las fases de la elaboración de la política económica. Después muestra los agentes implicados en el diseño de la política económica. En el tercer capítulo, “objetivos de la política económica”, se explican los objetivos a largo plazo (crecimiento y redistribución de la renta) y se continúa con los relevantes a corto plazo (equilibrio externo, desempleo e inflación). En el cuarto capítulo se explican los instrumentos de la política económica. De manera introductoria, se apuntan los instrumentos monetarios, los relacionados con el control del tipo de cambio, los fiscales y presupuestarios, para acabar con las intervenciones directas (como controles de rentas, de precios, de comercio exterior, …). Este capítulo se complementa con los dos siguientes. Uno relacionado con políticas coyunturales, concretando formas de inyección/detracción de liquidez, combinándolo con acciones diversas de política presupuestaria. El otro capítulo y último, versa sobre políticas estructurales. Estas las organiza el autor como horizontales y verticales. Las primeras las asocia al estímulo del crecimiento, la redistribución de la renta, el ajuste externo, el mercado de trabajo y la inflación, mientras que las segundas las relaciona con intervenciones en el tejido productivo, variaciones en la fisionomía del sector público o de corte social.
Una primera visión de libro pone de manifiesto que se trata de una reedición del libro del mismo autor que publicó en 2014 titulado Claves del diseño de la política económica en la actualidad (editorial Pirámide). Entre las primeras diferencias destaca la reordenación de parte de los contenidos de los capítulos, en particular los primeros. Cabe señalar la novedosa introducción de cuadros de texto en los que actualiza los contenidos acercando el texto a la realidad y tratando de generar interés en los estudiantes.
Sin embargo, la mayor innovación respecto a la edición del libro de hace 10 años consiste en la aparición de un anexo que adopta la forma de libro aparte: Prácticas para el diseño de la política económica en la actualidad. Este libro está formado por 5 capítulos, que abordan aspectos más teóricos, pero también perfilan las políticas coyunturales y estructurales. Todos los capítulos están organizados de la misma manera: ejercicios resueltos y ejercicios propuestos. Con mucha frecuencia utiliza supuestos de país.
Así pues, se trata de un manual que ofrece una introducción a la política económica a estudiantes de Economía, pero también de otros grados, explicable en un semestre. Además, la parte de prácticas puede ser utilizable directamente por profesores de otras Universidades, al tiempo que, en su caso, pueden ser fuente de inspiración para formular otras distintas. Es decir, que se trata de un manual que tiene un valor añadido destacable para la docencia de la Política Económica.
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International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista académica que concentra su atención en la Política Económica. La revista es editada en Valencia (España) por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia (irep.uv.es)
IREP acepta contribuciones de todos los enfoques económicos (ortodoxos y heterodoxos), así como procedentes de otras disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales. Desde esta perspectiva, IREP acepta trabajos de carácter tanto teóricos como aplicados, al tiempo que son bienvenidas tanto las aportaciones sustentadas en análisis cuantitativos como cualitativos, destacando su contenido realista. En concreto, IREP acepta trabajos procedentes de orígenes diversos como la economía, la economía política, el desarrollo y la planificación, la historia o las ciencias sociales en general. IREP publica artículos sobre todo tipo de temáticas relacionadas con la Política Económica.
International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista internacional que publica manuscritos en inglés y en español. Todos los artículos son sometidos a un estricto sistema de evaluación anónima por pares, ofreciendo un medio académico de comunicación y de diseminación de ideas de elevada calidad científica
Contenidos de
Vol.6, Núm. 1 (2024)
Los contenidos e información se pueden consultar en línea en la web:
irep.uv.es
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La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.
En primer lugar, se pueden destacar tres artículos publicados en ‘Finances and Development’, en los cuales se plantea la necesidad de ‘repensar’ la Economía’, su papel y los cambios que se han producido y que parecen obligar a cuestionarse algunos planteamientos convencionales. Los textos son de dos profesoras, una norteamericana (J. Ghosh, de la U. de Massachusetts) y otra del Reino Unido (D. Coyle, Universidad de Cambridge), más el prof. A. Deaton, que recibió el Premio Nobel en 2015, por sus aportaciones al análisis del consumo, el bienestar social, los pobres y los comportamientos de los individuos
Se envió también un trabajo de D. Kahmeman, fallecido recientemente a la edad de 90 años, autor que contribuyó a la ciencia económica, junto a Amos Tversky, con la denominada «teoría de las perspectivas», así como con la «teoría del conductivismo’ aplicadas al comportamiento de los individuos.
Otro trabajo es del actual gobernador del Banco de España, donde se subrayan los retos más destacados que tiene enfrente la economía española actual y cómo habría que afrontarlos. Este artículo se complementa con otro que versa sobre la mala evolución de la productividad de la economía española texto, elaborado por BBVA Research. También destaca el texto de Andrés Velasco, que fue primer ministro en Chile y Decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, sobre las paradojas de la inflación en Argentina. Asimismo, se envió un texto que recoge las respuestas a una pregunta (¿Qué vendrá o puede venir después del neoliberalismo?) que planteó ‘Project Syndicate’ como ‘big question’ a un pequeño grupo de economistas relevantes a escala internacional. Las respuestas, no coincidentes como era de esperar, corresponden a: A.O. Krueger, M. Mazzucato, D. Rodrik, J. Stiglitz, R. Strain y M. Barandiaran. Otro documento es el de M. Díaz y C. Marin, ambos de la red de FEDEA, que han dedicado un importante esfuerzo a recopilar y presentar los datos sobre los ingresos y gastos de las CCAA en el período 2015-2022. Las cifras no habían sido recogidas y analizadas anteriormente. También destaca un informe reciente del Real Instituto Elcano, ‘El modelo económico europeo ante el retorno de la geopolítica. Diagnóstico y propuestas de reforma’.
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(por Lluís Franco Sala, Profesor Titular de Economía Aplicada, Universidad de Barcelona)
Se resalta de manera continua, especialmente desde los poderes públicos, que los trabajadores autónomos tienen una gran importancia económica, social y laboral. Se indica con razón que son uno de los motores económicos del país y una pieza esencial de la economía. Además, favorecen la cohesión social, impulsan la innovación, representan el espíritu emprendedor, etc.
En las siguientes líneas, se expone la evolución de los trabajadores autónomos en España entre los años 2013 y 2023, según la Encuesta de Población Activa (EPA) y los registros de afiliados por cuenta propia (se incluye el régimen especial de trabajadores autónomos, RETA, y los afiliados por cuenta propia del régimen especial de trabajadores del mar), así como se analiza la política de fomento y consolidación del trabajo autónomo desarrollada desde el ámbito estatal.
El trabajo autónomo genera y representa muchos puestos de trabajo en la economía española. Los trabajadores por cuenta propia, tanto en la EPA como en los registros de afiliación de la Seguridad Social, siempre superaron los tres millones durante el período 2013-2023.
Según la EPA, como se observa en el gráfico G1, el número de trabajadores por cuenta propia aumentó de 3.060.700 en el 2013 a 3.212.200 en el 2023. Si bien su número disminuyó levemente en el 2014, subió ligeramente en el 2015, más o menos se mantuvo hasta el 2020 y desde el 2021 tiene incrementos.
Atendiendo a los registros de la Seguridad Social, el total de afiliados por cuenta propia aumentó de 3.040.900 en el 2013 a 3.342.800 en el 2023. Este incremento es continuo a excepción del 2020 donde se produjo una pequeña reducción (gráfico G1).
Si se compara la evolución del número de trabajadores por cuenta propia con la del total de ocupados en el período 2013-2023, según la EPA, se observa que proporcionalmente la subida de trabajadores por cuenta propia (4,95%) fue inferior a la del total de ocupados (23,59%). Los trabajadores por cuenta propia se mantienen con pocas variaciones entre el 2013 y el 2020, para aumentar del 2021 al 2023. En cambio, el total de ocupados aumenta todos los años, excepto en el 2020.
Al comparar la evolución del total de afiliados por cuenta propia con la del total de trabajadores afiliados en el período considerado, se aprecia que proporcionalmente el aumento de afiliados por cuenta propia (9,93%) es inferior a la del total trabajadores afiliados (26,62%). En ambos casos, en todos los años hay aumentos, excepto una breve reducción en el 2020.
En términos de EPA, al tener un incremento mayor el total de ocupados que el de trabajadores por cuenta propia, supuso una pérdida del peso relativo de los trabajadores por cuenta propia en relación con el conjunto de la población ocupada. En concreto, pasó del 17,86% (2013) al 15,16% (2023). Y según los registros de afiliación de la Seguridad Social, las evoluciones del total de trabajadores afiliados y de los afiliados por cuenta propia significó que, entre el 2013 y el 2023, su peso relativo se redujera del 18,74% al 16,27% (gráfico G2).
Las cifras expuestas muestran que los trabajadores por cuenta propia tienen un peso muy notable dentro del total de ocupados de la EPA o del total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Se situaron entre el 15,16% y el 18,85% del total de ocupados o afiliados (según fuente y ejercicio) en los años 2013-2023. Sin embargo, su peso relativo fue disminuyendo de manera progresiva en -2,70 puntos porcentuales en términos EPA y en -2,47 puntos porcentuales en los registros de la Seguridad Social.
El análisis de las características de los trabajadores por cuenta propia de este apartado se centra en los denominados trabajadores autónomos, personas físicas. También considerados como “trabajadores autónomos propiamente dichos”. Comprende a los afiliados a la Seguridad Social del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) y los del régimen especial del mar por cuenta propia; excluyendo de los mismos a los que están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas o cualquier otra forma societaria, los que constan como colaboradores familiares y los registrados en algún colectivo especial de trabajadores. Los trabajadores autónomos, personas físicas, representaban más del 60% de los trabajadores autónomos en el período considerado como se observa en el cuadro C1.
Los trabajadores autónomos, personas físicas, afiliados en el RETA (2.006.774) y en el régimen especial de trabajadores del mar por cuenta propia (9.544) eran en total 2.016.318 a 31 de diciembre del 2023. El cuadro C2 muestra las características de estos trabajadores autónomos y como han variado entre el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2023.
Las características de los trabajadores autónomos, personas físicas, a 31 de diciembre de 2023, y su evolución en el período 2013-2023 son:
De conformidad con los datos expuestos en los párrafos anteriores, los perfiles predominantes de los trabajadores autónomos, personas físicas, en España durante los años 2013-2023 eran: varones, de entre 40 y 54 años, de nacionalidad española, del sector servicios, con más de 5 años de alta en la Seguridad Social, sin pluriactividad y sin asalariados a su cargo.
La política de fomento del trabajo autónomo tiene como objetivo potenciar el inicio y posterior desarrollo de actividades económicas y profesionales por cuenta propia. Para ello se utilizan diversos instrumentos. Esta política, y las medidas en las que se concreta, se encuentran recogidas en una pluralidad de normas, entre las que destaca la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (LETA), que precisamente dedica su Título V al “fomento y promoción del trabajo autónomo”. Así como en los Planes anuales de política de empleo (dentro de su eje 5, “emprendimiento”) y, en la actualidad, en la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo 2022-2027 (ENDITA).
Los principales instrumentos y medidas que se aplican para el impulso y la promoción del trabajo autónomo desde el ámbito estatal son:
a ) Las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Son muy utilizadas y hay una gran variedad atendiendo al alta de la actividad, a ciertos colectivos, a determinadas zonas, a determinadas situaciones personales o familiares, a la conciliación de la vida laboral y familiar, al alta de familiares colaboradores del trabajador autónomo, a la contratación de familiares, o a la contratación de trabajadores.
b) La capitalización de las prestaciones por desempleo. Esta medida consiste en que los beneficiarios de prestaciones por desempleo de carácter contributivo puedan capitalizar su prestación con el objetivo de realizar una actividad por cuenta propia.
c) La compatibilización o la suspensión de la prestación por desempleo con el inicio del trabajo por cuenta propia. Consiste en que los beneficiarios de la prestación por desempleo de carácter contributivo puedan mantener el cobro de esta con el inicio del trabajo por cuenta propia. O bien puedan suspender la prestación por desempleo para iniciar una actividad por cuenta propia, y si ésta no prospera dentro de un determinado período de tiempo, reanudar la percepción de esta prestación.
d) El apoyo financiero. Entre las ayudas económicas en este ámbito cabe distinguir: subvenciones para establecerse como trabajador autónomo; subvenciones financieras (cubren algunos puntos del tipo de interés de los créditos); ayudas para asistencia técnica; y subvenciones para formación. La gráfica G3 representa el número y los importes de las ayudas a la promoción de empleo autónomo concedidas entre los años 2013 y 2022, correspondientes a las actuaciones establecidas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Estas ayudas económicas no fueron ni numerosas ni cuantiosas en comparación con el número de trabajadores por cuenta propia, si bien se incrementaron en el conjunto del período analizado. Asimismo, se dedicaron fundamentalmente a las subvenciones por establecimiento (83,11% de las ayudas y 72,45% de los importes) y, en menor medida, a las subvenciones financieras (15,60% de las ayudas y 24,07% de los importes).
e) La formación. Existen numerosas acciones formativas que llevan a término tanto entidades públicas como privadas para mejorar la capacitación de los trabajadores por cuenta propia.
f) La información y el asesoramiento técnico. La aplicación de estos instrumentos pretende informar al trabajador autónomo, por un lado, entre otras cuestiones, sobre el conjunto de ayudas e incentivos existentes al emprendimiento en general y al autoempleo en particular. Y, por otro, facilitar la asistencia técnica a este colectivo.
g) Otros instrumentos y medidas. Entre los mismos se encuentran las medidas fiscales o la compatibilización del trabajo por cuenta propia con la percepción parcial de la pensión de jubilación.
Durante la pandemia de Covid-19, se establecieron numerosas medidas de urgencia dada la situación, las cuales progresivamente han ido desapareciendo junto con la mejora de la situación que las originó.
Finalmente, hay que señalar que la política estatal de fomento del trabajo autónomo, entre el 2013 y el 2023, aplicó una pluralidad de instrumentos y de medidas de conformidad con lo que establecen la normativa y los Planes anuales de política de empleo, siendo muy repetitiva todos los años (a excepción de las medidas de urgencia relacionadas con la pandemia de Covid-19). Por otro lado, los recursos económicos que se dedicaron fueron más bien escasos, si se considera el número de trabajadores por cuenta propia existentes y la importancia económica, social y laboral que tiene el trabajo autónomo.
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(por Saby Giannina Romero Medina, Departamento de Economía Aplicada I -área de Política Económica- Talavera-, Universidad de Castilla-La Mancha)
El análisis del estado de bienestar se debe a que este es uno de los principales objetivos de las diversas economías de la Unión Europea. El debate sobre los regímenes de bienestar radica en el papel que el Estado debe desempeñar, surgiendo dos corrientes. La primera, de origen europeo, señala que el Estado desempeña el papel central, sobre el que recae la responsabilidad de garantizar un nivel de protección social mínimo. Los defensores de la segunda corriente de origen anglosajona, en cambio, señalan que el mercado es el que desempeña el papel central a la hora de configurar un estado de bienestar mínimo para los miembros de una sociedad. Estas corrientes han cobrado mayor importancia frente a los diversos desafíos a los que se enfrentan las economías de la Unión Europea-15 en la actualidad, entre los que destacan las débiles tasas de crecimiento económico, el incremento persistente del gasto social, los elevados niveles de desempleo en algunos países, el cambio en la estructura familiar, entre otros (Arellano-Esparza, 2023; Coote, 2022). En consecuencia, y frente a estos desafíos se requieren de nuevas alternativas que equilibren los esfuerzos públicos y privados en la garantía del bienestar, siendo una de estas alternativas, el emprendimiento.
El objetivo principal de esta investigación consiste en determinar el efecto del emprendimiento sobre el bienestar, concretamente sobre el crecimiento económico, la pobreza y las desigualdades, en las quince economías de la Unión Europea, las que se unieron antes de su ampliación en 2004 y, a continuación, plantear acciones concretas en materia de política económica. Esta investigación, tras este planteamiento introductorio, consta de 3 epígrafes: el primero muestra los aspectos relacionados con el estado de bienestar; el segundo, trata sobre el emprendimiento; el tercero sobre las implicaciones de política económica y, finalmente, el cuarto, sobre las conclusiones.
1. El estado de bienestar en la Unión Europea
La literatura coincide en señalar que el origen del estado de bienestar se produjo en la Alemania de Bismark hace más de 140 años. Este sistema de protección involucraba la aportación de tres agentes de la economía: los obreros, los patronos y el Estado, con el objetivo de garantizar el bienestar de la población y salvaguardar la economía de la influencia socialista radical de aquella época (OIT, 2009). Ahora bien, cuando se habla de bienestar surgen algunos cuestionamientos respecto a qué tipo de bienestar se refiere y, dado que el término abarca diversas interpretaciones, entre las que se incluyen el bienestar físico, psíquico, familiar, social o la conjunción de todos estos términos, una forma de aproximarse a dicho concepto es a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que, en su artículo 25, establece:
Con el establecimiento de estos derechos se pretende alcanzar el objetivo de proteger a los ciudadanos ante situaciones de incertidumbre y de indefensión, que pueden aparecer a lo largo de la vida de una persona y que escapan de su voluntad. Por lo tanto, un Estado puede ser calificado como de bienestar cuando está comprometido en asegurar al menos una cantidad mínima de esos derechos, por medio de políticas económicas, de las actuaciones de instituciones públicas concretas o a través de ciertas reformas (Béland et al., 2023; León, 2023).
La consolidación del estado de bienestar se produce después de la Segunda Guerra Mundial en un contexto de altas tasas de crecimiento económico, lo que permitió que el gasto social vinculado a la protección social se incrementara, dando lugar a la generalización del bienestar en los países de Europa occidental (Robertshaw et al., 2022; Rodríguez y Puga, 2022). Frente a la consolidación y expansión del estado de bienestar, llega un momento que, con la crisis del petróleo de 1973, se empiezan a replantear las políticas keynesianas que habían funcionado hasta entonces. Dentro de los principales acontecimientos y reformas en la Unión Europea- 15 se encuentran: Primero, la postura en contra del intervencionismo estatal volvía a cobrar fuerza a partir de 1980, en Reino Unido, por ejemplo, durante el gobierno de Thatcher se implementaron una serie de medidas destinadas a contraer el gasto social. Más adelante, en la década de los noventa, surge la tercera vía como una nueva alternativa, no obstante, la tendencia hacia la reducción del gasto se mantuvo en los próximos años. Así, durante la crisis financiera de 2008, las recomendaciones a nivel de la UE se dirigían hacia su reducción, situación que cambió con la llegada de la crisis sanitaria de 2019 (Olsen y Jensen, 2022; Pérez, 2023).
En segundo lugar, las débiles tasas de crecimiento, en las quince economías, a partir de los últimos años del siglo XX, situación que se ha mantenido hasta la actualidad. Además, la recaudación de ingresos fiscales para hacer frente a las necesidades sociales se vio agravada por el incumplimiento de las obligaciones tributarias, así como por el peligro que experimentan los gobiernos si toman la decisión de incrementar la presión tributaria (Huber et al., 2022).
Tercero, los cambios sociodemográficos, entre los que se encuentran el envejecimiento de la población, las bajas tasas de fecundidad, el incremento de la esperanza de vida y la tasa de dependencia. En el interior de la familia también se ha producido una transformación, principalmente en el rol de la mujer, que se ha incorporado al mercado de trabajo.
Cuarto, la economía postindustrial ha sufrido una transformación a raíz de los avances tecnológicos, esta situación ha provocado un descenso de la mano de obra industrial fordista. La mano de obra en el estado de bienestar contemporáneo se caracteriza por ser menos estandarizada y más diferenciada (Koch, 2022).
Quinto, el incremento de la cantidad de trabajos temporales o a tiempo parcial, las altas tasas de desempleo juvenil, los bajos niveles salariales en algunos empleos femeninos de baja cualificación, entre otros aspectos, han supuesto la reconfiguración del mercado laboral, con los consiguientes recortes en la protección social (Koch, 2022).
Ahora bien, diversos estudios han tratado de concretar cuál es el mejor estado de bienestar; no obstante, en este análisis se presenta la dificultad de encontrar un indicador que mida ese bienestar. En este sentido, la literatura ha venido considerando que el PIB per cápita es el mejor indicador, dado que un mayor crecimiento económico proporciona mayores niveles de empleo y menores niveles de pobreza (De Beer et al., 2001; Romero, 2023) y desigualdad (Anand y Kanbur, 1993; Barnajee y Duflo, 2003). Todos estos retos hacen que se planteen nuevas alternativas de financiación, como la creación de nuevas empresas, las que permitirán hacer frente a los elevados gastos de protección social de la Unión Europea, pero que, al mismo tiempo, contribuyen a la consecución de los objetivos sociales y económicos.
2. El emprendimiento
El emprendimiento se conceptualiza como el proceso por el que se ponen en marcha acciones encaminadas a detectar oportunidades y/o generar nuevas actividades, sean estas empresas, productos, procesos, formas de comercialización o formas de gestión, pudiendo asumir riesgos en condiciones de incertidumbre (Audretsch y Keilbach, 2004; Castaño-Martínez, 2020; Ebner, 2000; Galindo-Martín et al., 2023). Además, el emprendimiento contribuye a transformar y mejorar el bienestar de la sociedad; esto se debe a la capacidad que tienen los emprendedores para enfrentar desafíos globales, como las crisis económicas y los cambios en el ámbito social, cultural e institucional (Boudreaux et al., 2022; Dicuonzo et al., 2022; GEM, 2002).
2.1. El Emprendimiento y su relación con el crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad
Existen numerosos estudios que evidencian la relación positiva entre emprendimiento y crecimiento económico (Aeeni et al., 2019; Audretsch, 2005; Castaño et al., 2016; Doran et al., 2018; Galindo-Martín, 2008; Galindo-Martín, 2009; Méndez-Picazo et al., 2012; Stoica et al., 2020). En efecto, la iniciativa empresarial a través de la creación y desarrollo de nuevos productos, la búsqueda de nuevos mercados y la innovación tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico. Tal impacto significativo del emprendimiento en el crecimiento económico se deriva de la creación de empleo, del cambio tecnológico generado por la intensificación de la competencia y el aumento de la productividad (Acs, 2006) o de la innovación (Audretsch et al., 2006).
Por otra parte, cuando se analiza el efecto del emprendimiento sobre la pobreza, el World Business Council for Sustainable Development WBCSD (2014) señala que, ha sido el sector privado empresarial y no el gobierno, el que ha permitido el desarrollo de las economías de occidente. Los gobiernos, por su parte, tienen la responsabilidad de crear las condiciones que motivan o dificultan ese desarrollo; pero es el sector privado el que emprende, crea nuevos puestos de trabajo y genera riqueza. La creación de nuevos negocios, además de mejorar la productividad y de ampliar la oferta de productos y servicios, favorece la competitividad y reduce la pobreza a través de la inclusión de un mayor número de personas en las actividades económicas.
Por su parte, Amorós y Cristi (2011), Gulyani y Talukdar (2010), Morris et al. (2020), Reynolds et al. (2005) y Yaqub (2012) señalan que el emprendimiento, a través de la generación de actividades productivas, permite a las familias de los nuevos empresarios y de los trabajadores contratados por estos obtener los ingresos necesarios para mantener un nivel de vida digno y, en todo caso, sacarlos o mantenerlos alejados de la línea de pobreza y exclusión social.
La preocupación por la desigualdad económica ha aumentado rápidamente en los últimos años, tanto entre los académicos como en el conjunto de la sociedad, lo que ha llevado a profundizar en su análisis. Para distintos autores, el emprendimiento tendría un efecto negativo o positivo en la reducción de la desigualdad en función del contexto en el que se origina y en función de la formación y cualificación de los emprendedores. Así, para Cagetti y De Nardi (2006) y Lewellyn (2018) el emprendimiento tiene un efecto adverso en la reducción de las desigualdades; es decir, el incremento en la iniciativa empresarial da lugar a mayores niveles de desigualdad en contextos donde la formación de los emprendedores es casi nula y la creación de empresas no responde al estudio de las oportunidades del mercado, sino que esta se convierte en una alternativa para salir del desempleo. Sin embargo, la situación cambia cuando la iniciativa empresarial se da en economías con una mayor formación del capital humano y un entorno favorable para la iniciación empresarial. En estos casos, el emprendimiento tendría un efecto favorable en la disminución de las desigualdades en los niveles de la renta.
2.2. Factores que influyen en la actividad emprendedora: el entorno del emprendedor
Castaño et al. (2016), Galindo y Méndez (2014), Méndez-Picazo et al. (2021), Portuguez-Castro et al. (2019), señalan que la actividad emprendedora se ve influenciada por el entorno. Dentro de los factores culturales e institucionales se encuentran la gobernanza y el capital humano, que pueden favorecer o perjudicar a la actividad emprendedora. La gobernanza, a través de las instituciones y la garantía del Estado de derecho que rigen la actividad económica, impacta en el emprendimiento y en los objetivos de política económica. Del mismo modo, la obtención de un mayor nivel educativo entre los individuos favorecería la introducción y el desarrollo de nuevos productos y servicios. Por otro lado, dentro de los factores económicos se encuentran la política fiscal, vía gasto público e impuestos, y la regulación del mercado de trabajo, elementos claves en la creación y consolidación de las empresas.
3. Implicaciones de política económica
Los resultados de la investigación evidencian un efecto positivo del emprendimiento sobre el bienestar, concretamente sobre el crecimiento económico, la pobreza y las desigualdades. En consecuencia, las acciones de política económica se han de centrar en la consecución de los objetivos del bienestar teniendo en consideración tres fases de la economía:
En primer lugar, una etapa pre-pandemia, en la que las principales economías de la Unión Europea estuvieron expuestas a un periodo de inflación persistentemente baja, lo que llevó al Banco Central Europeo (BCE) a mantener sus tipos de interés cercanos a cero, o incluso, en algunos casos, negativos. En la medida en que el margen para bajadas adicionales de tipos de interés se fue acortando, el BCE comenzó a utilizar diversos instrumentos no convencionales, con el fin de conseguir un mayor nivel de expansión monetaria. Estas medidas fueron acompañadas de políticas fiscales también expansivas y mayores niveles de endeudamiento destinados a financiar los desequilibrios en los presupuestos anuales y hacer frente a los elevados niveles de gasto público, así como la implementación de programas de estímulo a la inversión privada y la creación de nuevas empresas (Aguilar et al., 2020).
En segundo lugar, la pandemia de la COVID-19 ha generado grandes incertidumbres, afectando de forma negativa las expectativas de los agentes económicos, reduciendo las inversiones, la creación de empresas, el empleo y el crecimiento económico. La reacción ante esta crisis ha dado lugar a la introducción de cambios significativos en la forma de realizar las actividades en diversos sectores de la economía, entre los que destacan la introducción del teletrabajo, los horarios flexibles y escalonados, las transacciones comerciales on-line, etc. (FMI, 2020).
En consecuencia, es importante señalar que, a diferencia de la crisis financiera de 2008, marcada por la austeridad y la disciplina fiscal, la crisis de la COVID-19 se ha caracterizado por la aplicación de políticas monetarias y fiscales expansivas. Particularmente, la política monetaria expansiva que se aplicó tenía como objetivo financiar el endeudamiento de las empresas, que se habían visto fuertemente afectadas por la inactividad económica y que podían cerrar, con las consecuencias que esto significaría en términos de empleo y crecimiento económico (BCE, 2023). Por otra parte, los gobiernos respondieron implementando un conjunto de medidas de gastos, impuestos y de liquidez para apoyar a las familias y a las empresas (FMI, 2020).
En tercer lugar, la etapa de recuperación después de la pandemia evidenciaba el incremento de la inflación, el déficit público y la relación deuda-PIB como resultado de los políticas monetarias y fiscales ultra expansivas que se habían venido aplicando, incluso, antes de la COVID-19. Además, esta situación se ha visto agravada por las guerras en Ucrania y Oriente Medio, que han hecho subir los precios de la energía y las materias primas para la alimentación (Aguilar et al., 2020).
Así, en 2022, y luego de más de una década, el BCE comenzaba a subir los tipos de interés de la eurozona hasta alcanzar los 4,5 puntos en diciembre de 2023. Con respecto a las previsiones, el Consejo de Gobierno del BCE espera que la inflación descienda escalonadamente en 2024, también se espera un crecimiento de 0,6% en 2024 y de 1,5 % en 2025 y 2026 (BCE, 2023).
A partir de lo expuesto, los gobiernos han de aplicar una política fiscal responsable, eficaz y oportuna, que garantice la compatibilidad entre eficiencia y bienestar, teniendo en cuenta el emprendimiento como factor determinante en el logro de los objetivos de política económica.
Con relación al gasto en pensiones, este ha de garantizar un nivel de vida adecuado a las personas de la tercera edad, lo que requiere de políticas activas en el mercado de trabajo. Con el fin de asegurar su sostenibilidad financiera, se han planteado una serie de medidas, como el retraso en la edad de jubilación, la implementación de planes complementarios y la inserción en el mercado de trabajo de las personas mayores de 55 años. Por su parte, el sistema sanitario se enfrenta a tres desafíos puntuales: reforzar la eficacia, optimizar la accesibilidad y mejorar la adaptabilidad, lo que requiere de mayores inversiones en tecnología, infraestructura y formación. Del mismo modo, la inversión en educación es una prioridad para los Estados miembros de la Unión Europea.
Por su parte, mejorar la empleabilidad es un objetivo de política económica que requiere de políticas activas en el mercado de trabajo, que impulsen la demanda y la oferta de mano de obra. Se ha de mejorar la eficacia del dialogo social, promover la igualdad de oportunidad y reducir la pobreza y la exclusión social. Al respecto, y a pesar de los numerosos esfuerzos, la Unión Europea no ha logrado el objetivo de sacar de la pobreza a 20 millones de personas. Dentro de las acciones concretas para hacer frente a este problema, se plantean la formación y la educación, unos regímenes de renta mínima, el acceso a una vivienda y a servicios esenciales de calidad, y la inserción de las personas más desfavorecidas al mercado laboral.
Respecto a las políticas dirigidas a reducir las desigualdades de ingresos, fomentar un mayor nivel de cualificación entre los ciudadanos es una prioridad. Por otra parte, el efecto del gasto social en la reducción de las desigualdades depende de su diseño. Así, el mantenimiento de las prestaciones para los que vuelven a trabajar y la reducción de la carga fiscal a los perceptores de rentas bajas son políticas importantes que garantizan que las personas desempleadas e inactivas tengan siempre un incentivo económico positivo para desarrollar sus actividades económicas como asalariados o como independientes.
Por otro lado, las políticas de fomento de la actividad emprendedora no deben enfocarse únicamente en aumentar la tasa de creación de empresas, sino que los esfuerzos se han de centrar en empresas con potencial de crecimiento, para lo que es necesario la existencia de un entorno institucional y un clima social favorable para su desarrollo y consolidación. Respecto a la política fiscal, el gasto se ha de enfocar en la formación y cualificación de los nuevos empresarios y en programas que garanticen su expansión y crecimiento. Del mismo modo, una reducción de los impuestos podría generar un efecto beneficioso.
Todas estas medidas se han de implementar en el marco de la buena gobernanza económica. Es decir, se han de reforzar las competencias de los decisores políticos, se ha de modernizar el sistema de la administración pública y se ha establecer una mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno a nivel nacional, en cada país, y a nivel de la Unión Europea.
4. Conclusiones
El estado de bienestar es un objetivo prioritario de las quince economías de la Unión Europea. En la actualidad se enfrenta a una serie desafíos, entre los que destacan las débiles tasas de crecimiento, los elevados niveles de desempleo, el incremento persistente del gasto social, el cambio en la estructura familiar, el envejecimiento de la población y las elevadas tasas de dependencia. Por otra parte, diversos autores señalan que los esfuerzos en protección social se han de medir en función de los resultados en el bienestar, medido este a través del crecimiento, la reducción de la pobreza y las desigualdades.
Los resultados de la investigación evidencian un claro efecto macroeconómico causal del emprendimiento sobre las medidas del bienestar socioeconómico en las quince economías de la Unión Europea. Por lo tanto, se ha concluido que no se trata de una mera actividad económica, sino que éste constituye un fenómeno social que ha de ser impulsado por un conjunto de medidas y actuaciones.
En consecuencia, las acciones de política económica, concretamente, la política fiscal ha de ser eficaz, responsable y oportuna. Por otra parte, se ha de fomentar la creación de empresas que garanticen el crecimiento económico sostenido, la reducción de la pobreza y las desigualdades, lo que requiere de un entorno institucional y económico favorable, en el que se garantice la gobernanza, el Estado de derecho y la adquisición de competencias clave en todos y cada uno de los ciudadanos de la Unión Europea.
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(por Ivet María del Sol Alonso y Sergio M. Afcha Chávez, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia)
En la actualidad, existe un amplio consenso amplio consenso respecto a la concepción de la innovación como motor del crecimiento económico y la competitividad. Desde la conceptualización de Joseph Schumpeter, quien definió la innovación como el proceso de destrucción creativa, por el cual nuevas innovaciones reemplazan a tecnologías y métodos obsoletos, se ha reconocido su papel fundamental en la transformación de los sectores productivos y los mercados (Schumpeter, 1983). En el contexto actual, caracterizado por una rápida evolución tecnológica y una intensa presión competitiva, la intervención estatal desempeña un papel crucial a la hora de fomentar y sostener la innovación.
La promoción del sector público, mediante la financiación directa de la investigación y desarrollo (I+D), incentivos fiscales y otros mecanismos de apoyo financiero y técnico, se justifica no solo para corregir fallos de mercado, como la dificultad de apropiabilidad, la incertidumbre y asimetrías de información, sino también para resolver fallos de carácter sistémicos y promover así, una mayor participación de las empresas y el resto de los agentes del sistema de innovación, en actividades innovadoras (Díaz, Cruz, & Jessenia, 2021; Bayona-Velásquez, Erazo-Ortiz, & Martínez-González, 2018). Estas políticas no solo buscan incentivar la creación de nuevas tecnologías y procesos, sino también su difusión y adopción en el mercado facilitando, en última instancia, el crecimiento económico.
En este artículo, se analiza el impacto de las políticas públicas en la innovación, con un enfoque particular en los subsidios a la I+D. Se discuten tanto los efectos directos como indirectos de estas políticas, incluyendo la adicionalidad de las inversiones y los cambios en el comportamiento empresarial inducidos por el apoyo estatal. A través de una revisión de la literatura reciente, se examinan las diversas estrategias implementadas por los gobiernos para fomentar la innovación y se discute sobre su efectividad en términos de resultados económicos y sociales.
Al proporcionar un análisis detallado, fundamentado en evidencia reciente, este artículo contribuye a una mejor comprensión de cómo las políticas públicas de promoción de la ciencia y la tecnología pueden ser diseñadas e implementadas para maximizar su impacto positivo en la innovación y, por ende, en la productividad y el crecimiento económico.
A pesar de que la innovación nació con la libertad individual y la seguridad jurídica de protección a las invenciones efectuada en Gran Bretaña en el siglo XVIII, el desarrollo de su conceptualización se le atribuye a Joseph Schumpeter, quien la asocia a experimentos de mercado dirigidos a causar una profunda reestructuración de los sectores productivos y el mercado. Schumpeter consideraba que ciertos agentes, denominados innovadores, rompían el equilibrio del sistema económico. Estos innovadores se diferenciaban de los inventores, ya que su papel implicaba la implementación de nuevas combinaciones de recursos y métodos productivos (OECD & Eurostat, 2007).
Autores posteriores sostienen la diferenciación entre invención e innovación establecida en un primer momento por Schumpeter. Se sustenta que la invención se corresponde con el descubrimiento que pertenece al saber científico o técnico, siendo así un acto de creatividad intelectual, sin importancia para el análisis económico. Por su parte, la innovación consiste en la introducción de nuevas combinaciones de los factores productivos. Se trata de una ruptura intencional del equilibrio productivo, en función de nuevas técnicas que permiten dar un salto y colocar a la empresa en mejor situación de competencia. Por lo tanto, la innovación es una decisión económica: una organización/individuo aplicando una invención (Albornoz, 2009).
En el Manual de Oslo según OECD & Eurostat (2007) se plasma un concepto de innovación ampliamente aceptado, definiéndola como la “introducción de un producto (bien o servicio), nuevo, o significativamente mejorado, de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (p. 56). Esto convierte a las empresas en actores fundamentales en la generación de innovaciones, que no actúan de manera aislada, sino que involucran a otros actores y recursos de su entorno.
Por su parte, como plantea Moyeda & Arteaga (2016) el Departamento de Comercio de lo Estados Unidos de América define a la innovación como “el diseño, desarrollo e implementación de productos, servicios, procesos, estructuras organizacionales y modelos de negocios, nuevos o mejorados, que crean valor para el cliente y rentabilidad financiera a la empresa” (p. 40).
La innovación es un proceso colectivo, incierto y acumulativo, dirigido a la generación y aplicación de nuevos conocimientos. Por consiguiente, innovar implica combinar diferentes tipos de conocimiento, competencias, capacidades y recursos, con el objetivo de generar una ventaja competitiva, sea por disminución en los costes de producción, por el desarrollo de nuevos productos o por cambios en los ya existentes. Además, esta acción no se produce aleatoriamente, sino que implica la realización de esfuerzos explícitos tendientes a mejorar o crear competencias y capacidades tecnológicas (Díaz et al., 2021; Lugones, 2010).
En investigaciones iniciales, se consideraba que la innovación era el resultado de un proceso lineal de flujo de conocimiento que comienza en la investigación científica básica siguiendo por el desarrollo experimental hasta la fabricación y comercialización de nuevo producto o servicio, identificándose esta visión como la teoría del “impulso creado por la ciencia”, según la cual, el desarrollo de la ciencia genera innovaciones que acaban siendo admitidas por el mercado. En estudios posteriores, surge el enfoque de la “atracción ejercida por la demanda”, que implica que la demanda de un producto por los consumidores impulsa la actividad creativa e innovadora de la empresa (Tomás, 2015).
A pesar de que estas teorías identifiquen que el detonante de la innovación se encuentra en actores económicos contrapuestos, en la práctica ambas teorías convergen ya que los progresos científicos pueden crear oportunidades que, posteriormente, se emplean como respuesta a las necesidades del mercado. Por lo tanto, los procesos que dan lugar a la innovación se corresponden más con un modelo interactivo, multidimensional y multidepartamental, con lo que se debe prestar atención, tanto a la aplicación de la ciencia y el conocimiento, como al posicionamiento y recepción del producto en el mercado (Freeman, 1982; Tomás, 2015).
A raíz de las investigaciones conducidas en el campo de la economía de la innovación, se han efectuado varias clasificaciones de acuerdo a diversos enfoques, así como respecto al objeto de la innovación. En la Cuadro 1, se tiene un resumen de las clasificaciones presentadas por algunos autores.
En Schumpeter (1976) y Schumpeter (1983), se encuentra la clasificación efectuada por este autor, quien distingue hasta cinco tipos de innovación: introducción de nuevos productos, introducción de nuevos métodos de producción, apertura de nuevos mercados, desarrollo de nuevas fuentes de suministro de materias primas u otros insumos, y creación de nuevas estructuras de mercado en un sector de actividad.
En Brugué et al. (2014) introduce una distinción entre dos enfoques: instrumentales y sustantivos. El enfoque instrumental, se refiere a la innovación como un conjunto de ideas que permiten mejorar la eficiencia de determinadas actuaciones, con lo que no se modifica lo que se hace, sino la manera de hacerlo. Por su parte, el enfoque sustantivo, considera que la innovación implica una forma sustancialmente diferente de entender, abordar y transformar la realidad, por lo que no se limita a incidir en los procesos, sino que busca replantear la propia naturaleza de los problemas (p. 10).
Moyeda & Arteaga (2016), por su parte, presentan varias tipologías bajo las que se pueden clasificar las innovaciones, donde, de acuerdo a su grado de novedad puede ser radical, incremental y adaptativa, y de acuerdo con su impacto económico, básica y aplicada. Además, estas pueden ser clasificadas como horizontales cuando se incrementa la variedad de productos o nuevos bienes intermedios que aumentan la especialización, pero conviven con los bienes antiguos, y verticales, cuando la integración de nuevo conocimiento científico genera cambios en ingeniería o propiedades de un bien intermedio (p. 42).
A partir de la clasificación propuesta por Schumpeter, y adaptándose a un contexto más actualizado, el Manual de Oslo distingue cuatro tipos de innovación: innovaciones de producto, innovaciones de proceso, las innovaciones de mercadotecnia y las innovaciones organizacionales (OECD & Eurostat, 2007).
En OECD & Eurostat (2007) se definen a las innovaciones de producto, como la introducción de un bien o de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina. Esto incluye la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y los materiales, de la informática integrada y de la facilidad de uso u otras características funcionales. En el caso de los servicios, este tipo de innovaciones pueden incluir mejoras significativas en la manera en que estos se prestan, la adición de nuevas funciones o características a servicios existentes, o la introducción de servicios enteramente nuevos (p. 58).
Las innovaciones de proceso, por su parte, son consideradas como la introducción de un proceso de producción o de distribución nuevo, o significativamente mejorado. Ello implica cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos. En los métodos de producción incluyen las técnicas, equipos y programas informáticos utilizados para producir bienes o servicios, mientras que, los métodos de distribución están vinculados a la logística de la empresa y engloban equipos, programas informáticos y técnicas para el abastecimiento de insumos, la asignación de suministros en el seno de la empresa o la distribución de productos finales (OECD & Eurostat, 2007).
Una innovación de mercadotecnia, según la OECD & Eurostat (2007) es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación. Con esto, se tratan de satisfacer mejor las necesidades de los consumidores, de abrir nuevos mercados o de posicionar en el mercado de una nueva manera un producto de la empresa con el fin de aumentar las ventas. Este tipo de innovación, se distingue de otros cambios en los instrumentos de comercialización de una empresa, ya que implica la introducción de un método de comercialización que esta empresa no utilizaba antes (p. 60).
Finalmente, la innovación de organización se refiere a la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa. Las innovaciones de organización pueden tener por objeto mejorar los resultados de una empresa reduciendo los costes administrativos o de transacción, mejorando el nivel de satisfacción en el trabajo, lo que aumenta la productividad, y facilitando el acceso a bienes no comercializados o reduciendo los costes de los suministros (OECD & Eurostat, 2007).
Otra de las cuestiones sobre las que se ha puesto énfasis en los estudios sobre la innovación es en el efecto que generan en el crecimiento económico, el desarrollo, el empleo y la competitividad, que le atribuyen importancia a la introducción de actividades de innovación y, por ende, generan interés tanto en el sector público, como en el privado. Schumpeter llamó al impacto de la innovación en el desarrollo económico “destrucción creativa” ya que mediante un proceso dinámico en el cual nuevas tecnologías sustituyen a las antiguas, la innovación es capaz de generar desarrollo económico. Según el autor, las innovaciones “radicales” originan los grandes cambios del mundo mientras que las innovaciones “incrementales” alimentan de manera continua el proceso de cambio (Martínez Román et al., 2012).
Dentro del sistema empresarial, la innovación se reconoce como un elemento que fomenta el desarrollo de nuevas actividades económicas, eleva los niveles de productividad y contribuye a la generación de empleos. Se ha determinado que aquellas empresas que dedican esfuerzos a realizar actividades de innovación muestran mejores indicadores en términos de ventas, exportaciones, productividad y empleo, lo cual no solo se traduce en tendencias positivas más pronunciadas, sino también en tendencias más estables (Díaz et al., 2021; Lugones, 2010).
Las ventajas competitivas obtenidas por la empresa debido a la introducción de innovaciones, no solo se producen en el mercado doméstico, sino también en mercados internacionales, ofreciendo así, a la empresa innovadora, mayor posibilidad de participación en el mercado externo, con lo que puede competir con éxito frente a productos fabricados en otros países, destinados a satisfacer los mismos requerimientos o a abastecer la misma demanda. Esto trae consigo el aumento de la participación de ese sector en la economía, pudiendo llegar a una especialización productiva y comercial, fortaleciendo con ello el sector externo de la economía, teniendo un impacto sobre el bienestar de la sociedad en su conjunto (Lugones, 2010).
A pesar de sus beneficios, la innovación implica retos y dificultades significativos. Requiere recursos financieros y humanos, a veces a gran escala, dependiendo del sector y la actividad económica. Existe una amplia incertidumbre sobre su impacto, ya que es difícil anticipar la recepción del producto en el mercado, el tiempo y los recursos necesarios para implementar el cambio, así como su nivel de éxito. Además, se desconoce si, cuando se obtengan los resultados de la innovación, existirán nuevos conocimientos y tecnologías, o si habrá variado la demanda de los productos y su utilización. Esto implica el riesgo de que la innovación quede obsoleta justo antes de comenzar, o que no se logren los resultados estimados inicialmente. (OECD & Eurostat, 2007).
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la innovación está sujeta a externalidades positivas, como los llamados efectos de desbordamiento tecnológico (spillovers). Esto implica que, raramente, las ventajas de la innovación creativa son completamente apropiadas por la empresa innovadora, ya que los costes de imitación son sustancialmente menores que los costes de desarrollo, lo cual es aprovechado por los competidores (OECD & Eurostat, 2007).
Los anteriores son algunos de los motivos por los que las empresas suelen mostrarse reticentes a invertir en solitario en innovación, compartiendo así los riesgos derivados de este tipo de actividad (OECD & Eurostat, 2007).
Cuando las empresas se trazan el propósito de llevar a cabo actividades innovadoras, en dependencia de su situación y características pueden optar por financiar estas actividades con financiamiento propio, colaborar con socios externos o pueden adoptar innovaciones desarrolladas por otras empresas o instituciones en el marco de un proceso de difusión. La creación y la adopción de innovaciones puede ir acompañado de un aprendizaje intensivo y de interacciones con otros agentes o no implicar más que un mínimo de vínculos con el exterior (OECD & Eurostat, 2007).
Centrando la atención en el financiamiento de la innovación, la empresa cuenta con tres posibles fuentes de financiación: i) fondos propios; ii) fondos públicos, lo cuales comprenden subvenciones, créditos blandos y u compras públicas; y iii) otros fondos, estando dentro de estos últimos los créditos bancarios, inversores externos, entre otros. Se puede optar por una única fuente de financiamiento, o por la combinación de estas (Mate & Molero, 2020).
Los fondos propios que una empresa dedica a la innovación dependen de factores como el tamaño y el sector al que pertenece, aunque existen otros como la propia visión de la empresa, oportunidades de nuevos mercados o incluso su localización. Debido a las características de la innovación, muchas empresas no se muestran tan dispuestas a invertir con fondos propios en innovación, sobre todo aquellas para las que destinar fondos bajo altos niveles de incertidumbre, les supone un gran esfuerzo.
En este sentido, las políticas públicas desempeñan un papel crucial en la promoción y el fortalecimiento de la innovación en diversas economías. Como ya se ha comentado, estas políticas no solo buscan corregir fallos de mercado, sino también incentivar la creación y difusión de nuevas tecnologías, productos y procesos.
La literatura coincide en señalar la existencia de ciertos fallos en el mercado que dificultan la implementación de actividades de innovación por parte de la empresa, financiadas con sus propios recursos. Entre los más frecuentes, se encuentran los problemas de apropiabilidad de los resultados de la innovación, la incertidumbre, asimetrías de información y riesgo moral y la no propiedad sobre los recursos humanos dedicados a la realización de actividades innovadoras, entre otros.
En cuanto a la apropiabilidad de los resultados, se encuentra que la innovación es un bien no rival. Esto significa que los resultados asociados a los procesos de innovación pueden ser utilizados por múltiples empresas sin que su uso rivalice con el de las demás. Esto implica que las empresas tendrán dificultades para apropiarse de los resultados de su esfuerzo innovador, especialmente en el caso del conocimiento, el cual tiene características de bien público, además de ser indivisible. Así, cuando el empresario innovador coloca un nuevo producto en el mercado, este puede ser reproducido sin costes significativos, lo que hace que el empresario pierda el poder de monopolio sobre el producto. Por ende, las empresas no pueden incorporar totalmente el rendimiento de sus inversiones en innovación, lo que crea un problema de externalidades positivas, donde la sociedad obtiene un beneficio marginal social superior al beneficio marginal individual del empresario. Esta situación conduce a una disminución del incentivo para que los empresarios realicen inversiones, y, por lo tanto, la economía produciría menos innovaciones de las necesarias para un correcto desarrollo de la sociedad. (Aboal & Garda, 2015; Bayona-Velásquez et al., 2018; Callejón & García, 2002; Pereiras & Huergo, 2006; Torrado, 2011).
La incertidumbre, por su parte, es algo intrínsecamente ligado a la actividad innovadora. Aunque puedan tomarse ciertas precauciones, el riesgo siempre está presente en las actividades de innovación. Puede suceder que la actividad innovadora simplemente falle, que no se alcancen los resultados esperados, o incluso si se alcanzan, puede ser que la implementación del nuevo proceso o la producción del nuevo producto suponga unos costes demasiado elevados. Existe también el riesgo de que el nuevo producto no pueda ser introducido en el mercado debido a requerimientos regulatorios, o que durante la implementación del nuevo producto o proceso aparezca una nueva innovación que lo desplace (Pereiras & Huergo, 2006; Torrado, 2011).
No obstante, no es solo la incertidumbre la que deriva en riesgos, ya que en ocasiones este riesgo se compensa con las altas rentabilidades que generan las empresas innovadoras, sino que se encuentran elevados riesgos por problemas de asimetrías de información y de riesgo moral. Dado que el empresario tiene una mejor información acerca de la probabilidad de éxito de un proyecto que los inversores, en ocasiones las mejores ideas pueden ser expulsadas del mercado debido a la imposibilidad de reconocerlas por parte de los financiadores (Pereiras & Huergo, 2006).
Uno de los principales componentes del gasto en I+D es el capital humano, el cual no es completamente transferible a la empresa, lo que constituye un riesgo adicional para dicha inversión. La empresa enfrenta el riesgo de perder su inversión si los trabajadores en quienes ha invertido deciden abandonar la organización. Esta situación puede ocurrir por factores que están fuera del control de la empresa, tales como la muerte, la renuncia o el despido (Torrado, 2011).
Otras de las cuestiones que frenan las inversiones por parte de las empresas en innovación son la elevada proporción de activos intangibles como el conocimiento y la reputación, o activos altamente especializados con un escaso valor de liquidación, los elevados costes fijos que en algunos casos son necesarios para poner en marcha determinados proyectos innovadores, lo que supone una barrera de entrada para muchas empresas y la existencia de imperfecciones en el mercado de trabajo, dado que para la introducción de innovaciones se hacen necesarios recursos humanos altamente cualificados, no siempre disponibles en un territorio (Pereiras & Huergo, 2006).
Además de la existencia de estos fallos de mercado, se producen fallos sistémicos, los cuales están relacionados con limitaciones en la comunicación, interacción y cooperación entre los actores del sistema de innovación, y en problemas para conseguir flujos adecuados de información y conocimiento por parte de los diferentes agentes que intervienen en los procesos innovadores (REDEL, 2023).
Estos fallos en los mercados de bienes, capitales y trabajo, así como los fallos sistémicos, justifican la intervención de un organismo que, como beneficiario, realice esfuerzos para alcanzar niveles deseados de innovación. En este contexto, el Estado, como garante del bienestar social y del crecimiento económico de la nación, debe intervenir mediante políticas públicas para la innovación, de modo que el nivel de inversión sea el requerido para alcanzar el óptimo social.
Las políticas de estímulo a la innovación han sido incorporadas gradualmente en la mayoría de economías del mundo. En un comienzo su alcance se limitaba, principalmente, a la reconversión industrial, pero con el redescubrimiento de las teorías de Schumpeter, se fueron incorporando las políticas de ciencia y tecnología y las políticas de educación superior (Albornoz, 2009).
Como plantea Díaz et al. (2021, p. 257) “el foco de la intervención del Estado, en este contexto, sería facilitar la maximización del retorno de la Propiedad Intelectual, a fin de lograr un mejor conocimiento, flujo de información y acceso a mecanismos financieros, que incentiven la creación de nuevas ideas e impulse la actividad innovadora, que mejora el crecimiento económico”. Para ello, se requiere un entorno institucional y macroeconómico que estimule la generación y difusión de las innovaciones, con base en políticas macroeconómicas que abarquen la fiscalidad, el acceso a la financiación y la regulación, entre otros (Botella & Suárez, 2012).
Por lo tanto, como define REDEL (2023, p. 100) “la política de innovación engloba tanto las actuaciones públicas que pretenden favorecer la asignación de recursos para la generación de innovaciones, como las acciones dirigidas a incentivar directamente la innovación empresarial y a mejorar el entorno institucional en el que se desarrollan estas actividades innovadoras”. Esta se justifica, de manera creciente, en una orientación proactiva para acelerar y viabilizar ciertos desarrollos que se consideran socialmente deseables (Jung & Karsaclian, 2017).
Más allá de que lo beneficiosa que puede resultar la intervención estatal para incrementar los resultados en innovación, aún no existe consenso sobre las políticas más acertadas para lograr este objetivo. Por una parte se tiene el criterio de que la intervención pública debe limitarse, únicamente, a corregir los fallos del mercado a través de instrumentos de corte transversal como lo es la protección de la propiedad privada, exención de impuestos por adquisición de equipos tecnológicos y la cooperación empresarial, que eliminan en alguna medida los impedimentos que poseen las empresas para absorber tecnologías externas y la dificultad de los empresarios para captar el beneficio de sus propias innovaciones. Del otro lado, se encuentran criterios donde se encuentra provechoso un papel más activo del estado, a través de la financiación con fondos públicos (Bayona-Velásquez et al., 2018).
En cualquier caso, la acción pública debe desempeñar funciones específicas para fomentar la innovación. Esto incluye facilitar la articulación e implementación de iniciativas innovadoras, brindar apoyo técnico y financiero a los innovadores, y reducir los obstáculos a la innovación mediante la creación de un marco regulatorio y legal adecuado. Además, es crucial financiar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como formar una población creativa y receptiva a la innovación. (REDEL, 2023).
El diseño óptimo de las políticas depende, como se plantea en Herrera & Heijs (2003) de la estructura de mercado, de los patrones de innovación, del tipo de investigación y desarrollo, los cuales tienden a ser distintos según sector o área tecnológica además de ser cambiantes en el tiempo (p. 5).
En Loray (2017) encontramos que las políticas para el fomento de la innovación puede ser clasificada en tres tipologías: las horizontales, las verticales y las focalizadas, las cuales no son opuestas, sino que pueden ser complementarias entre sí (p. 3).
Las políticas horizontales incluyen medidas para apoyar la formación de capital humano, apoyo a las actividades de producción e incentivos para la infraestructura y el sector empresarial. Las políticas sectoriales involucran sectores o áreas de interés específico, aplicando instrumentos como la atracción selectiva de inversión extranjera directa, los incentivos y subsidios para sectores o para la producción específica de actividades y programas de apoyo a la competitividad de las actividades industriales, hasta la producción directa de las empresas estatales y la implementación de contratos públicos. Finalmente, las políticas de frontera tienen por objeto la creación de capacidades en áreas tecnológicas y científicas estratégicas (Loray, 2017).
Teniendo en cuenta lo anterior, los principales objetivos del sector público al formular políticas para impulsar la innovación serían superar fallos del mercado, apoyar a los «Campeones Nacionales» (grandes empresas en sectores estratégicos de alta o media-alta intensidad tecnológica con gran potencial de crecimiento y un elevado efecto de arrastre sobre la economía nacional), y brindar apoyo a regiones especialmente desfavorecidas por motivos de equidad, así como a sectores en procesos de reconversión o a industrias en crisis. (Pereiras & Huergo, 2006).
Para llevar a cabo las políticas públicas de innovación el Estado emplea instrumentos de políticas públicas, los cuales han sido definidos y clasificados por varios investigadores. REDEL (2023) los clasifica en tradicionales, emergentes y experimentales, Pereiras & Huergo (2006) los clasifica en financieros y no financieros, mientras que en Torrado (2011) se encuentra una clasificación a partir de los objetivos de la política económica. A pesar de que puedan existir más clasificaciones en la literatura, se procederá a explicar someramente en qué consisten las clasificaciones anteriormente mencionadas (Cuadro 2).
Cuadro 2: Instrumentos de las Políticas Públicas de Innovación
Comenzando con la clasificación de REDEL (2023) se tiene que los instrumentos tradicionales, tienden a diferenciar entre generación, difusión y explotación del conocimiento, ofreciendo distinto apoyo para cada una de las anteriores etapas. Dentro de estos instrumentos encontramos las subvenciones, la financiación bonificada y las desgravaciones fiscales, los cuales pueden destinarse a distintas modalidades de apoyo: proyectos de investigación, desarrollo de prototipos, creación de plantas piloto, equipamiento de centros de I+D, contratación de investigadores, formación, ubicación en centros científico-tecnológicos, etc.
Los instrumentos emergentes incluyen incentivos integrados para la generación, difusión y explotación de conocimiento, así como nuevas acciones dirigidas a cada una de las fases por separado. Estas intervenciones pueden actuar como un generador y catalizador de la demanda de servicios de innovación por parte de las empresas, especialmente las de menor dimensión (REDEL, 2023).
Los instrumentos experimentales son aquellas medidas públicas orientadas a fomentar la demanda de innovaciones, aprovechando la compra de bienes o servicios por el gobierno, y a mejorar las condiciones para que las innovaciones tengan mejor acogida en el mercado. En lugar de poner el acento en el principio de la cadena de innovación este instrumento se centra en el final de la misma, o sea, el mercado (REDEL, 2023).
Según la clasificación de Pereiras & Huergo (2006), las políticas para el impulso de la innovación pueden dividirse en financieras y no financieras. Las ayudas no financieras incluyen aquellas dirigidas a la difusión de tecnología, el fomento de la cooperación en investigación y desarrollo entre empresas, y entre estas y los centros públicos de investigación y universidades. Además, las patentes, cuyo objetivo principal es proteger a los empresarios frente a los problemas de apropiabilidad de los resultados de sus innovaciones, también se consideran ayudas no financieras. Estas políticas incluyen otras medidas regulatorias, principalmente relacionadas con políticas de competencia y los requisitos legales para la constitución de empresas o el lanzamiento de nuevos productos.
A pesar del esfuerzo que debe realizar el sector público para ofrecer ayudas no financieras, el mayor esfuerzo presupuestario se destina a las ayudas financieras a la innovación. Estas ayudas consisten principalmente en incentivos fiscales, subvenciones o créditos blandos para la inversión en proyectos de I+D+i, y compras públicas y podrían clasificarse en directas (subvenciones, créditos blandos y compras públicas) e indirectas (incentivos fiscales).
La principal diferencia entre las ayudas directas e indirectas radica en el acceso que tienen las empresas a ellas. Para acceder a las ayudas directas, las empresas se someten a un proeso competitivo, en el cual deben presentar sus proyectos ante una agencia pública, que evalúa y decide sobre su concesión según determinados criterios. En cambio, las ayudas indirectas son horizontales, ya que no existe intervención pública en la selección de los proyectos, lo que permite que cualquier empresa pueda beneficiarse de estos incentivos.(Pereiras & Huergo, 2006).
De acuerdo a los objetivos de la política pública, en Torrado (2011) encontramos cuatro grupos de políticas. El primero comprende las políticas enfocadas hacia la oferta de nueva tecnología, dentro de las cuales clasifica los subsidios horizontales, la financiación temática, las estrategias de señalización, las medidas proteccionistas y las medidas financieras. El segundo se refiere a las políticas que buscan aumentar la oferta de factores complementarios a la innovación como lo son el capital humano y las licencias tecnológicas. El tercero incluye las políticas que buscan incentivar la demanda de tecnología y, el cuarto, se compone de políticas encaminadas a realizar cambios institucionales.
A continuación, se describirán los incentivos fiscales, créditos blandos y subvenciones como instrumentos de las políticas públicas para la innovación. Los incentivos fiscales son deducciones tributarias, generalmente expresados como un porcentaje, de las que pueden beneficiarse las firmas cuando hacen el tipo de gasto o inversión que se desee incentivar. Estos son deducidos o reembolsados a las empresas del pago de sus impuestos corporativos (Antolín-López et al., 2016; Torrado, 2011).
Como mecanismos más comunes dentro de los incentivos fiscales se encuentran las deducciones en la base imponible del impuesto (se deducen los gastos destinados a I+D de los beneficios empresariales, de modo que el tipo impositivo se aplica sobre una cantidad menor); deducciones en la cuota del impuesto (donde la deducción se aplica a la deuda fiscal); y mecanismos de amortización acelerada (que en definitiva lo que suponen es un retraso en el pago del impuesto, permitiendo que los pagos sean menores los primeros años) (Pereiras & Huergo, 2006).
La principal ventaja con la que se relaciona a los incentivos fiscales es que deja en manos de la empresa el tipo de innovación que prefieren, siendo estas y no el gobierno, las que tienen mejor conocimiento y criterio al respecto. Por otro lado, debido a que no son ayudas focalizadas, si el esquema está bien diseñado, permite que las empresas se autoseleccionen y sólo participen las que harán buen provecho del incentivo (Torrado, 2011).
Como desventajas se tiene la pérdida de información en la que se incurre, que podría ayudar a un mejor direccionamiento de las políticas públicas. Además, dada su horizontalidad, se deja abierta la posibilidad de invertir en proyectos que no son deseables para la sociedad. Por otro lado, este instrumento deja espacio para que surjan problemas de riesgo moral, como, por ejemplo, las empresas pueden “renombrar” actividades nuevas o ya existentes para que cumplan con los requisitos exigidos y pasen como inversiones en innovación (Torrado, 2011).
Otros de los instrumentos son los préstamos para financiar los proyectos de innovación, también conocidos como créditos blandos, los cuales consisten en proporcionar a las empresas financiación con condiciones más favorables que las del mercado. Con esto, las empresas tienen acceso a recursos financieros al principio del proceso de desarrollo de la innovación, y de una forma más barata que en circunstancias normales. Estos no tienen un carácter horizontal, sino que se destinan a aquellos proyectos que, a juicio de la agencia encargada de su concesión, son mejores teniendo en cuenta cuestiones científico-tecnológicas o criterios de bienestar social (Antolín-López et al., 2016; Pereiras & Huergo, 2006).
Las subvenciones son una de las herramientas más comúnmente empleadas en las políticas públicas para la innovación. Estas consisten en la entrega de una cantidad de dinero sin obligación de reembolso para que se realice la actividad subvencionada. Para su obtención, normalmente debe mediar la solicitud y elaboración de un proyecto de investigación, el cumplimiento de requisitos contables, superar revisiones científico-técnicas y la justificación económica de los gastos (Antolín-López et al., 2016).
Subvencionar la innovación, puede eliminar en algún grado algunas barreras que presentan algunas empresas para innovar, como puede ser su tamaño, actividad económica, acceso al financiamiento privado y edad, aunque a su vez las reglas de selección de proyectos pueden ser, en la práctica, bastante heterogéneas, lo que pude dejar fuera a algunas empresas cuyas características supongan una barrera de entrada (Ayelén, 2018; Bayona-Velásquez et al., 2018).
Las subvenciones son especialmente apropiadas para estimular el desarrollo de proyectos en los que existe un gran diferencial entre la rentabilidad social y la privada. Por otra parte, las subvenciones son convenientes para áreas con elevados costes iniciales, como los sectores de alta tecnología, donde la incertidumbre sobre los resultados de la inversión hace que el gasto privado en este tipo de actividades sea muy reducido. A pesar de sus virtudes, los gobiernos deben ser cuidadosos al diseñar subvenciones, ya que, además de los posibles efectos de crowding-out (sustitución de dinero privado por dinero público), que se explicarán a continuación, es importante evitar que este financiamiento introduzca distorsiones en los mercados y genere problemas de competencia. (Pereiras & Huergo, 2006).
Las políticas públicas se implementan para corregir varios fallos de mercado que impiden que las empresas inviertan en innovación. Como ya se comentó anteriormente, estos fallos incluyen problemas de apropiabilidad, incertidumbre, asimetrías de información y riesgo moral. La intervención estatal, a través de las políticas de apoyo directo e indirecto, puede ayudar a mitigar estos problemas, facilitando que las empresas realicen inversiones que de otro modo considerarían demasiado riesgosas o costosas (Díaz, Cruz, & Jessenia, 2021; Loray, 2017).
En general, el apoyo gubernamental a través de la financiación de proyectos de I+D ha mostrado ser efectivo para aumentar la capacidad innovadora de las empresas. Estudios recientes indican que las subvenciones y créditos blandos no solo incrementan el gasto en I+D, sino que también fomentan la colaboración entre empresas y centros de investigación, ampliando el alcance y el impacto de las actividades innovadoras, así como la amplitud de la colaboración de las firmas subvencionadas (Botella & Suárez, 2012; Chapman et al 2018; Jung & Karsaclian, 2017).
Los incentivos fiscales, como deducciones tributarias y amortización acelerada, permiten a las empresas reducir su carga fiscal al invertir en actividades de innovación. Estos incentivos son especialmente útiles para que las empresas pequeñas y medianas superen barreras de entrada y compitan en igualdad de condiciones con empresas de mayor dimensión (Antolín-López, Martínez-del-Río, & Céspedes-Lorente, 2016; Torrado, 2011). No obstante, es crucial diseñar estos incentivos de manera que minimicen el riesgo moral y aseguren que los recursos se utilicen efectivamente para actividades innovadoras (Afcha, 2011; Bayona-Velásquez et al., 2018).
El entorno regulatorio y las políticas macroeconómicas que promueven la innovación también juegan un papel fundamental. Un marco regulatorio favorable, que incluya protección a la propiedad intelectual y facilidades para la comercialización de nuevas tecnologías, es esencial para que las innovaciones se traduzcan en ventajas competitivas (Freeman, 1982; Navarro et al., 2011). Además, la creación de clústeres y la promoción de la colaboración público-privada son estrategias clave para fortalecer los ecosistemas de innovación (Botella & Suárez, 2012; Lugones, 2010).
La evaluación de las políticas públicas es crucial para medir su efectividad y hacer ajustes necesarios. Indicadores como el número de patentes, el gasto en I+D, y la colaboración entre entidades son utilizados para evaluar el impacto de estas políticas. Estudios recientes sugieren que las metodologías de evaluación deben considerar el efecto de la política sobre los inputs y los outputs de la innovación, además de los cambios cualitativos en el comportamiento de las empresas (Jung & Karsaclian, 2017; Vega Jurado, Gutiérrez Gracia, & Fernández de Lucio, 2005).
Cuando se intenta medir la efectividad de las políticas públicas para la innovación, especialmente de las subvenciones, se suelen identificar dos posibles efectos que estas pueden provocar en la inversión de la empresa en innovación. Por un lado, algunos estudios han obtenido como resultado que se produce un efecto de crowding-out, mientras que otros manifiestan que se produce una adicionalidad en la inversión. Estas conclusiones pueden deberse a múltiples factores y criterios que se hayan asumido en cada investigación.
El efecto de crowding-out o sustitución, implica que la subvención que la administración concede es utilizada para cubrir los costes de inversiones que se hubieran realizado de sin necesidad de financiación, directa o indirecta, de la administración pública, lo que significa que no se ha incrementado la inversión en innovación, sino que se ha sustituido una fuente de financiamiento por otra (Ayelén, 2018). Además, como se plantea en Jung & Karsaclian (2017), pueden generarse incentivos para la captura de rentas, por parte de las empresas, lo que puede llevar a una mala asignación de los recursos disponibles por parte de las agencias responsables de las políticas.
El concepto de adicionalidad es fundamental para la evaluación de la política de innovación. Según Mate y Molero (2020), este criterio se basa en la idea de que las subvenciones y ayudas públicas incrementan las inversiones en innovación por parte de las empresas. Herrera y Heijs (2003) describen la adicionalidad como un efecto que se obtiene gracias a la intervención pública, un efecto que no existiría sin dicha intervención y que responde básicamente al incentivo proporcionado por la política pública.
La adicionalidad se manifiesta de varias formas, incluyendo tanto la adicionalidad de input, como el aumento en el gasto en I+D, como la adicionalidad de output, evidenciada en el incremento de patentes y nuevos productos en el mercado (Ayelén, 2018; Pereiras y Huergo, 2006). Además, las políticas públicas tienen el potencial de cambiar el comportamiento de las empresas, alentándolas a asumir proyectos más ambiciosos y a explorar nuevos mercados (Herrera y Heijs, 2003; Pastor Pérez et al., 2017).
Con la adicionalidad de input se pretende determinar si la empresa hubiese invertido la misma cantidad de recursos tanto al obtener la subvención, como en ausencia de esta. Si se observase que las empresas receptoras hacen el mismo esfuerzo privado que sin las ayudas, se podría concluir que estos instrumentos no son efectivos. Si, además, el esfuerzo privado fuese menor, se estaría produciendo un efecto de sustitución plena de financiación privada por financiación pública (Afcha, 2011; Busom Piquer et al., 2010).
La adicionalidad de resultados, intenta medir la proporción de outputs que no hubiesen tenido lugar en ausencia de la ayuda pública, por lo que se determina con ello la efectividad de la empresa para obtener innovaciones. La dificultad de este enfoque radica en determinar cómo medir los resultados de la innovación. Algunas aproximaciones en la literatura, toman el registro de nuevas patentes, artículos o prototipos o bien outputs de carácter más general como indicadores del desempeño de la empresa, el nivel de ventas, la productividad de los trabajadores, la generación de beneficios y otros indicadores generales del funcionamiento de la organización (Afcha, 2011; Busom Piquer et al., 2010).
Finalmente, la adicionalidad de comportamiento se refiere a los posibles cambios que estas ayudas pueden inducir en aspectos cualitativos del comportamiento empresarial, tal como, cambios en la gestión, en las características de los proyectos que se abordan, o en la localización de las actividades de innovación de la empresa. Por lo tanto, la adicionalidad de comportamiento existe cuando la corporación beneficiada se comporta de una manera diferente a consecuencia de la ayuda. Algunos estudios analizados por Pastor Pérez et al. (2017) sugieren que el subsidio acelera la ejecución de los proyectos, expande su escala y alcance y motiva a las compañías a llevar a cabo investigación más desafiante. También se pueden producir modificaciones en la estrategia empresarial, y alentar a las empresas a entrar en mercados nuevos, mejorar las habilidades gerenciales, la capacidad de aprendizaje o la colaboración con otros actores (Busom Piquer et al., 2010).
Para que las políticas públicas de innovación tengan los resultados más deseables, deben garantizarse algunos elementos que posibiliten el éxito de las colaboraciones público-privadas. Algunos de estos factores son:
– Selección competitiva de proyectos y participantes: Los proyectos y los participantes deben ser seleccionados a través de procesos competitivos y transparentes para asegurar la calidad y la viabilidad de las iniciativas.
– Financiamiento óptimo: Es necesario proporcionar un financiamiento adecuado y oportuno que cubra las necesidades del proyecto sin generar dependencia excesiva de fondos públicos.
– Evaluación rigurosa: Establecer un sistema de evaluación riguroso para monitorear el progreso y los resultados de los proyectos, asegurando que cumplan con los objetivos establecidos y ofreciendo retroalimentación para mejorar futuras iniciativas.
Estos elementos son fundamentales para crear un entorno donde las colaboraciones público-privadas puedan florecer y generar los resultados deseables en términos de innovación y desarrollo económico. (Botella & Suárez, 2012).
Las políticas públicas de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación, han demostrado ser un instrumento esencial para impulsar la capacidad innovadora de las empresas y, por ende, para fomentar el crecimiento económico. La intervención estatal, mediante la provisión de incentivos financieros y no financieros, ha logrado mitigar varios de los fallos de mercado que impiden la inversión en actividades innovadoras, tales como problemas de apropiabilidad, incertidumbre y asimetrías de información.
Como se ha revisado en este trabajo, la literatura empírica aporta evidencia respecto a cómo los subsidios a la I+D incrementan no solo el gasto en actividades innovadoras (adicionalidad de input), sino que también promueven la colaboración entre empresas y centros de investigación, ampliando así el alcance y el impacto de las innovaciones (Howell, 2017; Czarnitzki & Lopes-Bento, 2018). Estas colaboraciones no solo potencian los recursos y capacidades de las empresas individuales, sino que también contribuyen a la creación de redes de conocimiento y al fortalecimiento de los ecosistemas de innovación regionales.
Asimismo, los incentivos fiscales han permitido a las pequeñas y medianas empresas superar barreras de entrada y competir de manera más igualada con empresas de mayor dimensión, facilitando así un entorno más dinámico y competitivo (Appelt et al., 2016). No obstante, es fundamental que estos incentivos sean diseñados de manera que minimicen el riesgo moral y aseguren que los recursos se utilicen efectivamente para actividades innovadoras.
Las políticas públicas también han generado efectos de adicionalidad, incentivando inversiones en innovación que no se habrían realizado sin el apoyo estatal. Este efecto se observa tanto en términos de inputs, como el aumento del gasto en I+D, como en outputs, evidenciados en el incremento de patentes y nuevos productos en el mercado (Zúñiga-Vicente et al., 2014; Dechezleprêtre et al., 2016). Además, las políticas públicas pueden inducir cambios cualitativos en el comportamiento de las empresas, alentándolas a asumir proyectos más ambiciosos y a explorar nuevos mercados (Dimos & Pugh, 2016).
Sin embargo, la efectividad de las políticas de innovación depende en gran medida de su diseño e implementación. Es crucial que los gobiernos continúen evaluando y ajustando sus estrategias para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que las políticas de innovación contribuyan efectivamente al desarrollo económico y social sostenible.
En conclusión, las políticas públicas de innovación, particularmente los subsidios a la I+D, juegan un papel vital en el fortalecimiento de la capacidad innovadora de las empresas y en el impulso del crecimiento económico. La correcta implementación y evaluación de estas políticas son esenciales para maximizar su efectividad y asegurar que las inversiones públicas generen los beneficios esperados en términos de competitividad y desarrollo económico.
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La supervisión y regulación de precios
(por Ferran Elias Moreno, Profesor Visitante Departamento de Economía, Universidad de Girona, ferran.elias@udg.edu)
El saber convencional en economía considera que es mejor no regular los precios. En general, se otorga a las empresas el poder de decidir sus precios confiando en que el ejercicio de la competencia es suficiente para garantizar un sistema de producción eficiente y evitar abusos de poder por parte de los vendedores.
Sin embargo, hay motivos para regular los precios, sin que esto signifique renunciar a las ventajas que tiene el mercado como institución de coordinación descentralizada. En esta nota presentamos primero cuatro argumentos a favor de la regulación de precios. A continuación, detallamos una propuesta sobre cómo institucionalizarla. Finalmente, consideramos el papel que el control de precios puede tener en una espiral inflacionaria.
Argumentos a favor de la regulación de precios
En primer lugar, la alta concentración de muchos sectores económicos indica que no podemos confiar en que la competencia sea suficiente para garantizar unos precios que reflejen los costos marginales. Más bien, la alta concentración nos señala que hay una distancia creciente entre precios y costos marginales (De Loecker et al., 2020). Es más, la elevada concentración empresarial es característica de los tres sectores donde se concentra casi el 50% del gasto de los hogares: vivienda, energía y alimentos. El mercado de la energía es un oligopolio donde unas pocas empresas dominan el sector. En el sector de alimentos, la distribución también está mayoritariamente controlada por unas pocas cadenas de supermercados. En el caso del mercado de alquileres de vivienda, los datos públicos disponibles sobre la propiedad de inmuebles de alquiler son escasos. Sin embargo, hay evidencia de que desde la Gran Recesión muchos fondos de inversión han comprado apartamentos para lucrarse con el negocio del alquiler.
En segundo lugar, y a pesar del saber convencional que demoniza la regulación de precios, vivimos rodeados de precios administrados, sin que se cumplan los presagios tremendistas de los detractores del control de precios. Algunos ejemplos son el salario mínimo, los precios de los medicamentos o las mascarillas, o el tope al gas.
El salario mínimo es un caso interesante. Por un lado, porque ha tenido y tiene muchos detractores que, de forma similar a los que se oponen a la regulación de precios, argumentan que los efectos perniciosos que tiene sobre la ocupación son mayores que las ganancias salariales que provoca. Por otro lado, porque existe una abundante evidencia empírica que, desde hace más de tres décadas muestra abrumadoramente que el salario mínimo aumento los ingresos de los trabajadores más vulnerables sin casi efectos negativos sobre el empleo (Cengiz et al, 2019; Dube, 2019; Dube et al., 2010). ¿Cómo es posible? La literatura señala el poder de mercado de los empresarios a la hora de contratar como el responsible de que se paguen salarios muy bajos y que, por tanto, el salario mínimo no destruya puestos de trabajo, sino que ayude a compensar la asimetría de poder entre empresarios y trabajadores.
En tercer lugar, la evolución de las economías de Rusia y China desde su paulatina incorporación al capitalismo es muy reveladora (Weber, 2021). En Rusia, los precios se liberalizaron de un día para otro, lo que produjo un hundimiento de la economía y una hiperinflación. En cambio, en China se adoptó un enfoque de liberalización de precios gradual: se mantuvo el control sobre precios de bienes básicos mientras se liberalizaban el resto. ¿Cuál fue el resultado? Una gran expansión del PIB de China durante las décadas siguientes y una inflación bajo control.
En cuarto lugar, la regulación de precios implica dotar al estado de un instrumento más para regular la economía. Volviendo a la comparación entre China y Rusia. La regulación de precios se puede usar para crear mercados de forma paulatina, el caso de China, y la falta de regulación puede desorganizar los sistemas de producción de un país, el caso de Rusia. Asimismo, en un contexto inflacionario como el vivido recientemente en 2022, con fuertes sospechas de inflación provocada por aumento de márgenes empresariales, la regulación de precios también se puede usar para evitar que empresas con poder de mercado abusen de su posición de dominio, y proteger de esta forma a los consumidores y a la sociedad.
En resumen, la alta concentración de muchos sectores, la evidencia empírica de algunos precios administrados y la evidencia histórica son argumentos para regular los precios. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿cómo se regulan los precios?
La institucionalización de la supervisión y regulación de precios
En esta sección, pensamos cómo implementar una política de regulación de precios. Para ello, primero defendemos la necesidad de mejores datos sobre precios y costos de producción. En segundo lugar, recurrimos a las lecciones aprendidas de la intervención de precios implementada en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que pueden servir como principios para guiar la regulación de precios hoy en día.
El primer paso para una política de ingresos que pueda regular los precios es tener información detallada sobre los precios. De hecho, las administraciones públicas ya tienen estos datos, ya que el IVA se aplica a todas las transacciones comerciales, y por lo tanto, el Estado tiene conocimiento de los precios y los costos de producción no laborales a lo largo de la cadena de producción. Esta información puede complementarse con estadísticas de la Seguridad Social sobre los costos de producción laboral. De hecho, la reciente creación del Observatorio de Márgenes Empresariales es un buen paso en esta dirección.
Con estos datos disponibles, ¿cómo pueden ser utilizados? ¿Cuándo debería regularse un precio? ¿Y cómo? Para ayudar a responder a la última pregunta, el libro de Galbraith (1952) ofrece algunos conocimientos muy útiles. Durante la Segunda Guerra Mundial, Galbraith trabajó en la Oficina de Administración de Precios (OPA) de EE.UU., que se encargaba de limitar la inflación para que no interfiriera con el objetivo de ganar la guerra. Galbraith extrae dos lecciones muy prácticas de este período. La primera es cómo decidir el precio adecuado. Según él, la forma más segura y efectiva de intervención es establecer un precio máximo equivalente a los últimos precios observados en el mercado. De esta manera, por un lado, se asegura la rentabilidad de las empresas porque pueden seguir vendiendo a precios que consideraban rentables. Por otro lado, las empresas son libres de reducir los precios si pueden, aumentando así sus beneficios a través de más ventas. La segunda lección es en qué parte de la cadena de producción y distribución es mejor limitar los precios. La conclusión es que es más fácil regular un precio en las partes de la cadena donde hay menos empresas. Galbraith presenta dos argumentos para defender esta posición. En primer lugar, en mercados donde hay menos empresas, los precios ya son de hecho administrados por la junta directiva de las empresas. En otras palabras, las empresas ya son formadoras de precios y no tomadoras de precios. Según Galbraith, es más fácil regular cuando las empresas ya están acostumbradas a gobernar sus precios. En segundo lugar, el autor considera que el monitoreo del cumplimiento del precio máximo es mucho más fácil en un segmento con menos empresas, ya que hay menos información que recopilar y procesar.
Una vez discutidas las necesidades de datos y los principios rectores de la política de ingresos respecto a los precios, ¿cuál debería ser el próximo paso? Para que se convierta en una fuente de información creíble y estable y para que la tarea se lleve a cabo con éxito, una institución pública necesita supervisar el proceso. Se podría crear por tanto una Oficina de Supervisión y Regulación de Precios (OSRP). Galbraith (1952) explica en su libro que durante la Segunda Guerra Mundial solo se necesitó alrededor de 1,000 trabajadores en la OPA de EE.UU. para monitorear los precios y controlar la inflación en un país que, en ese momento, tenía una población de 140 millones. Con las tecnologías de la información actuales, es probable que el mismo trabajo pueda hacerse con mayor detalle y con incluso menos personal. En resumen, vemos a la OSRP con dos tareas principales. La primera sería el desarrollo de estadísticas sobre precios, beneficios y márgenes empresariales para informar al Estado y a los ciudadanos sobre la distribución de ingresos entre los principales agentes económicos y asesorar sobre el diseño de la política de ingresos. La segunda sería la implementación de topes de precios para prevenir episodios inflacionarios o limitar los márgenes empresariales que se derivan del poder de mercado.
Supervisión y regulación de precios en períodos inflacionarios
Después de presentar argumentos a favor de la regulación de precios y hacer propuestas para su institucionalización, ahora consideramos si el control de precios debería ser cualitativamente diferente en una espiral inflacionaria. Para hacer esto, utilizamos el concepto de «inflación inducida por vendedores» (Lerner, 1958). En general, las empresas aumentan los precios por dos razones: quieren mantener beneficios, o quieren aumentarlos. Esto contrasta con la espiral precios-salarios, que culpa a los trabajadores de generar inflación al pedir aumentos salariales. Una consideración alternativa es el concepto de sectores significativamente sistémicos (Weber et al., 2024). Examinamos más de cerca estas ideas a continuación.
En un artículo reciente, Weber y Wasner (2023) desarrollan el concepto de Lerner. En su contribución presentan al menos tres argumentos que pueden ayudar, por un lado, a entender la situación desencadenada en 2022 y, por otro lado, a considerar el papel de la supervisión de precios como una política dinámica que puede diferir dependiendo de la fuerza del mercado empresarial en cualquier momento dado. Basándose en una revisión de la literatura sobre precios estratégicos, estos autores llegan a varias conclusiones: en primer lugar, las empresas no tienen la costumbre de reducir precios y, por lo tanto, los aumentos de precios suelen ser irreversibles; en segundo lugar, los aumentos de costos a nivel sectorial pueden servir como un mecanismo de coordinación en toda la industria, ya que todas las empresas involucradas quieren proteger sus márgenes y saben que las otras empresas comparten este objetivo; en tercer lugar, si la demanda excede sustancialmente la oferta, las empresas aumentan su poder de mercado o monopolio potencial, aunque sea temporalmente, lo que puede permitirles aumentar los precios para expandir sus márgenes de beneficio.
Por lo tanto, la supervisión y control de precios debería ser más vigilante cuando hay inflación de costos, especialmente si hay un exceso de demanda que confiere un poder de mercado extraordinario a los vendedores. La acción también necesita ser preventiva en lugar de reactiva porque el mismo poder de mercado dificulta que los precios vuelvan a bajar después del período inflacionario. En tal contexto, similar al de eventos recientes y contemporáneos, la OSRP debería monitorear cualquier aumento inusual en los márgenes empresariales. En otras palabras, puede ser razonable que los precios aumenten para mantener el mismo nivel de beneficios, pero no para aprovechar una situación inflacionaria.
Como argumento alternativo, Weber et al. (2024) identifican sectores en la economía de EE.UU. que llaman significativamente sistémicos. En otras palabras, son industrias en las que, si los precios aumentan, el riesgo de contagio a toda la economía es mucho mayor y podría generar una inflación generalizada. Por lo tanto, la OSRP debería tener los datos y los métodos estadísticos necesarios para identificar aquellos sectores que representan los mayores riesgos para la estabilidad monetaria y someterlos a una vigilancia más estricta.
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…Et contra
Sobre el control de precios para reducir la inflación: una visión escéptica
(por Carlos Legna Verna, Profesor emérito, Universidad de La Laguna, clegna@ull.edu.es)
La finalidad de este artículo es analizar los resultados de las políticas de control de precios para contener la inflación, ya sea ésta, general o de los precios de un sector, como es el caso de los de la vivienda, cuestión importante actualmente en España. En otros términos, y para ser más precisos, se trata en este documento del control de precios máximos y no de mínimos, como puede ser el de los salarios o de productos agrícolas. Partiremos de la revisión de la política de control de precios realizada en Argentina durante el gobierno del señor Alberto Fernández, precedente al actual (que hemos estudiado en Legna Verna, 2023 y Legna Verna, 2023b); y luego, a partir de ella, trataremos de deducir algunas conclusiones más generales.
1. El control de precios aplicado en Argentina y sus resultados
El período considerado para este análisis de la inflación argentina y del control de precios comprende desde el inicio de 2020 (el gobierno del Sr. Fernández asumió a fin de diciembre de 2019) hasta agosto de 2023, durante el cual se implementó una política de control de precios. Describiremos brevemente el desarrollo del proceso con la finalidad de deducir algunas conclusiones.
Al inicio del coronavirus en Argentina, marzo de 2020, el gobierno nacional dispuso establecer, “la fiscalización y el control” de los precios de 2.300 productos de alimentos y de limpieza con la intención de que los comercios cumplan con la exigencia de retrotraerlos a los vigentes al 6 de marzo (días previos al inicio de la pandemia); y, simultáneamente, instituyó sanciones a quienes no cumplieran con las normas de control de precios, tales como clausuras del negocio, multas y decomiso de la mercadería. Se había producido una combinación no ciertamente deseable: una tasa de inflación próxima al 40% y una caída de la actividad económica (consecuencia de la pandemia), con su secuela sobre el paro y los ingresos de la población. La intención del gobierno era paliar los efectos de esa conjunción de hechos, como es prácticamente la norma en casi todos los regímenes de control de precios.
El método de control predominante fue el siguiente: en primer lugar, los inspectores, verifican los precios de cada negocio y, si hay subas, se labra un acta y se los compromete a bajarlos a los fijados en la página de precios máximos; en la segunda visita, si no se adecúan los valores de los productos, se clausura el comercio o se impone una multa.
La inflación continuó, y en ascenso (ver tabla 1), lo que significa que el control de precios fracasó como política para reducirla; pero, además, produjo varios efectos negativos (Reinhold & Lafuente, 2023; Legna Verna, 2023a: Legna Verna, 2023b):
La consecuencia de todo esto fue una gran distorsión de los precios relativos de los bienes y también una elevada incertidumbre, acompañados por una caída del salario real y un aumento de la pobreza, cuya mejora del primero y una reducción de la segunda era uno de los objetivos a cuyo logro contribuiría el control de los precios.
Es oportuno mencionar que, en Argentina, y en el mundo, hay una larga tradición de aplicación de controles de precios; y es interesante mencionar un ejemplo, entre los tantos, de sus efectos: en 2008 comenzaron a aplicarse controles de los precios de la carne: se perdieron casi 10 millones de cabezas de ganado en sólo 3 años, porque los productores desviaron la producción hacia otros rubros agrícolas o ganaderos más rentables.
2. Por qué fracasan los controles de precios
La respuesta a la cuestión que plantea el título de esta sección es sencilla: los controles de precios, como medida permanente, fracasan porque ellos no resuelven el problema. Pueden (subrayamos el condicional) ser un paliativo de corto plazo; pero a la larga acentúan el problema, porque tienden a reducir la oferta y a aumentar la demanda.
Los dos tipos de fenómenos inflacionarios corrientemente estudiados en la literatura económica son el de demanda (estimulada por un aumento de la oferta monetaria o por otros factores, como es el caso de los alquileres en varias ciudades de España) y el de costes (como los de algunos bienes, debido a la guerra de Ucrania). A los que en el caso de Argentina les agregamos lo que se podría denominar una tercera clase: la inflación motorizada por el comportamiento de los agentes económicos, que se deriva del aprendizaje que ellos han realizado como consecuencia de la larga historia de inflaciones que ha experimentado el país. Y a ninguna de ellos los soluciona el control de precios.
Los problemas y efectos del control de precios mencionados en el caso de Argentina no difieren de los aplicados en otros países (Neely, 2022;Schuettinger & Butler, 1979); si bien este instrumento de política puede desempeñar un rol limitado durante algunos episodios, como en EEUU durante la segunda guerra mundial (Rockoff, 2002;Rockoff, 1981; Galbraith, 1952).
Bibliografía
Álvarez, F., Beraja, M., González-Rosada, M. G., & Neumeyer, P. A. (2019). From hyperinflation to stable prices: Argentinas evidence on menu cost models. The Quarterly Journal of Economics, 134(1), 451–505.
Galbraith, J. K. (1952). A Theory of Price Control. Cambridge, MA & London: Harvard University Press.
Legna Verna, C. (2023a). Hiperinflación argentina durante el gobierno actual (2019-2023): por qué fracasa la regulación de precios y lecciones de política económica. XVI Jornadas Internacionales de Política Económica (25 y 26 de Mayo). La Laguna, Islas Canarias, España.
Legna Verna, C. (2023b). Una interpretación no monetaria de la inflación argentina durante el período 2019-2023 (No. 10/2023). Alcalá de henares.
Neely, C. J. (2022). Why Price Controls Should Stay in the History Books. Retrieved May 30, 2024, from Federal Reserve Bank of St. Louis, March 24 website: https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/2022/mar/…
Olivera, J. H. G. (1960). La teoría no monetaria de la inflación. El Trimestre Económico, 27(108), 616–628.
Reinhold, M., & Lafuente, E. (2023, November 6). Inflación bajo la alfombra: los efectos y los riesgos del retraso de unos precios frente a otros. Diario La Nación. Retrieved from https://www.lanacion.com.ar/economia/inflacion-bajo-la-alfombra-los-efectos-y-los-riesgos-del-retraso-de-unos-precios-frente-a-otros-nid05112023/
Rockoff, H. (1981). The Response of the Giant Corporations to Wage and Price Control in World War II. The Journal of Economic History, 41(1), 123–128.
Rockoff, H. (2002). Drastic Measures: A History of Wage and Price Controls in the United States. https://doi.org/DOI: 10.2307/2597032
Schuettinger, R., & Butler, E. (1979). Forty Centuries of Wage and Price Controls: How Not to Fight Inflation. Thornwood, New York: Caroline House, Publishers, Inc.
[1] En Argentina se designa “arbolitos” a los compradores y vendedores de dólares que están en la calle, de pie, por lo que se los nombra así.
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(por Isidro Antuñano Maruri, profesor de la Universidad de Valencia -jubilado- Isidro.Antunano@uv.es)
Bajo el título Miseria de la economía. Anatomía filosófica de una racionalidad vacía (editorial Trea Ensayos, enero de 2023), el profesor Manuel Sanchis i Marco aporta una reflexión metodológica profunda, documentada y muy crítica con el statu quo hegemónico en la ciencia social que llamamos Economía. Su reflexión se articula en dos partes, la primera de las cuales analiza y se posiciona sobre la relación entre la economía y la filosofía de la ciencia, mientras que la segunda explora los vínculos entre la economía y la filosofía de la justicia, o sea, entre las bases más materiales de la actividad humana y los valores no materiales en los que la actividad económica se encuentra inmersa.
La primera parte del libro es a la que más apropiadamente se aplica el riguroso título de Miseria de la economía, que en realidad podría decir, en mi opinión, Miseria de los economistas conservadores, autosatisfechos y regoldones. Y es que miseria, dice la Real Academia de la Lengua, RAE, en la primera de sus varias acepciones, es la estrechez o pobreza extrema, y esto es en definitiva de lo que el autor acusa a la ortodoxia económica de corte formalista: de ver la actividad económica exclusivamente desde las estrechas atalayas del individualismo, el egoísmo y el corto plazo, construyendo con ello una ciencia económica extremadamente alicorta y autista, que expulsa lo mucho que no entiende hacia los que considera sospechosos terrenos de la sociología, la antropología, la psicología y (vade retro) de la política, a la que la economía ortodoxa vitupera con saña. Como decía despectivamente el tan ortodoxo Milton Friedman acerca de la vasta obra de John Kenneth Galbraith: “après moi, la sociologie!”
Tras haberse despachado a gusto contra el formalismo, en especial el de ropaje matemático, la segunda parte del libro de Sanchis devuelve la economía a los amplios continentes de la filosofía de la justicia, a los que la actividad económica se debe en última instancia y de los que nunca debió ser cercenada. Para la citada RAE, la justicia es (entre otras cosas…) el principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente, entendiendo por honesto lo que es decente o decoroso. Lo que nos deja (¡ay!) con la inquietud de saber quiénes y cómo definen la decencia y el decoro, pero con la certeza de que no han sido Donald Trump, Elon Musk, o Bernard Madoff.
Sanchis analiza las teorías de la justicia desde Adam Smith a John Rawls y a Amartya Sen, con algunas excursiones gourmet sobre Thomas Hobbes, David Hume, Immanuel Kant y Jean-Jacques Rousseau. El hilo conductor de este análisis es nítido: de un lado, el rechazo a la pretensión por parte de la economía neoclásica de una eficiencia apolítica y exenta de valores morales; de otro, la presentación de las distintas vestimentas o ropajes con que las ideas abstractas de la justicia se presentan según los diferentes autores que han reflexionado sobre el tema: justicia conmutativa, justicia distributiva, igualdad de oportunidades, ampliación de las capacidades humanas, etc.
Se vislumbra así una economía muy alejada de lo que en su momento se denominó la era de los barones del robo, tan típica del siglo XIX pero que está plenamente vigente en algunos predios especulativos en este primer cuarto del siglo XXI. Una economía social, inclusiva, solidaria, arraigada en el territorio, que no echa del templo de la economía oficial a las personas con discapacidad, a los desempleados de larga duración, a las personas discriminadas por razón de género, a los habitantes de las comarcas alejadas de los grandes centros urbanos, o a las personas que identifican las nuevas necesidades sociales y las cubren a través de empresas sociales como los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cooperativas sin fines de lucro, etc.
Una concepción económica que no es un brindis al sol, sino seguramente la única que puede reconciliarnos como sociedad y con la naturaleza. Pero, claro, hay tanto negacionista…
(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia)
Este libro constituye una reflexión sobre los problemas de la administración del Estado en España en la actualidad. En una sociedad de corte democrático, la población elige a unos representantes en el Parlamento o a un Presidente, siendo estas instituciones quienes determinan la composición del gobierno. Todas estas estructuras son las que dirigen la sociedad, en parte, a través de la política económica. Para que este tipo de dirección social sea posible se requiere la existencia de un cuerpo administrativo estatal. Entre sus funciones más relevantes aparece la recopilación y sistematización de información para poder tomar decisiones, y la aplicación de las medidas adoptadas por la gobernación del país. Así pues, la administración del Estado constituye un elemento esencial dentro de la política económica. En este contexto, adquieren un especial interés las consideraciones expuestas en este libro.
Este trabajo pone de manifiesto anomalías que presenta la administración pública en España, que se han acentuado a partir de la crisis del COVID. El libro se organiza en 6 capítulos. En el primero, se apuntan unos problemas que han contribuida a generar problemas funcionales en la administración pública. Los servicios se están transformando cada vez en más complejos, al tiempo que se han de ir considerando en su diseño y aplicación multitud de nuevas restricciones, como una multitud de identidades sociales y empoderamientos, consideraciones de género, cuestiones vinculadas a la incorporación de nuevas tecnologías, como la digitalización, la apertura de nuevas fuentes de transmisión informativas (redes sociales) o el envejecimiento de los trabajadores del Estado. Sin embargo, una limitación a la actividad del Estado que subraya el autor consiste en los problemas que acaecen con la dirección de la administración pública. En parte, estas dificultades se encuentran asociadas a su “soledad”, problemas de coordinación o la apatía en la estructura administrativa, cuando no su animadversión, a veces, ligada al empoderamiento de grupos ubicados en su interior. Desde este punto de vista, la administrativa estatal se encuentra inmersa en una falta de consideración del largo plazo, la falta de capacitación de los empleados en unas condiciones de cambio económico y tecnológico rápidos, la ausencia de compromiso de los empleados con la organización o, incluso, la adopción de malas decisiones por parte de algunos de estos últimos.
Como consecuencia de estos problemas se deriva una falta de capacidad de adaptación de la administración pública al entorno (incluso a su interior) cambiante. Estos son los aspectos que se abordan en el capítulo 2. En esta parte se destacan los problemas que generan la digitalización, la caída en la autoridad de la dirección de la administración estatal y la obsolescencia en la tareas y personal de la estructura administrativa.
En el capítulo 3 se explica otro tipo de problemas referentes a las relaciones entre el ámbito político y el administrativo. Por un lado, se constata el bajo nivel técnico de muchos políticos, por otra parte, se apuntan las intromisiones políticas en aspectos técnicos (siendo un caso extremo la aparición de casos de corrupción que se abordan al final de este capítulo) o la renuncia a introducir cambios sustanciales en el aparato administrativo del Estado.
El capítulo 4 se adentra en la gestión del personal de la administración pública. Aquí se subraya, en primer lugar, el problema del envejecimiento de la plantilla funcionarial y la necesidad de su rejuvenecimiento. En este contexto, se pone encima de la mesa la discusión sobre la estructura psicosociológica de la nueva generación. En segundo lugar, se subraya la necesidad de cambiar las formas organizativas internas de la administración pública. En tercer lugar, se apuntan los incentivos de los trabajadores del Estado, que se vinculan a la necesidad de establecer nuevos mecanismos de adhesión. En este momento de la discusión, el autor cuestiona el sistema de vacaciones, los días de asuntos propios o el teletrabajo, apuntando hacia medidas de reformas más imaginativas. Así pues, los cambios en las formas de selección de personal, la reordenación de los incentivos a los trabajadores y la recuperación de la autoridad de la dirección de la administración pública pasan a un primer término. Sobre este último aspecto se incide especialmente en el capítulo 5, en el que se platea una reforma en las funciones de los directivos de la administración estatal.
El capítulo 6 es una especie de conclusión en el que se plantean de manera sintética algunas propuestas de reforma de la administración pública. Parte de ellas se derivan de la exposición realizada en el libro, pero realizada de forma más sistemática, como ocurre con los nuevos derechos y obligaciones de los trabajadores del Estado.
En conclusión, se trata de un libro interesante y actual, que puede utilizarse en cursos introductorios de Política Económica. En particular, en aquellos que aluden a los límites institucionales de la política económica.
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Organiza: Departamento de Economía Internacional y de España (Universidad de Granada) y Asociación Andaluza de Ciencia Regional El VI Taller Internacional de Política Económica se celebrará en formato presencial.
Programa provisional:
Jueves 13 de junio:
Viernes 14 de junio:
Plazos y entregas:
El Taller contará con un grupo de ponencias invitadas que constituirán la estructura vertebral de la discusión. A estas se añadirán las comunicaciones (no será necesario enviar el texto completo) que sean ofertadas por iniciativa propia de investigadores y aceptadas por la organización. Se precisará el envío de un resumen de 1.500 palabras como máximo, con las especificaciones formales que se establezcan al efecto, antes del 30 de abril de 2024. Su aceptación se comunicará antes del 8 de mayo de 2024, así como las áreas de trabajo y las mesas para su presentación y debate. Aquellas comunicaciones que hayan sido aceptadas enviarán una presentación PowerPoint en fichero pdf, antes del 4 de junio de 2024, por el medio que establezca la organización.
Inscripciones:
60 euros (incluye cafés y cena)
El Taller dispondrá de una web en la que se publicará información adicional.
Más información:
José A. Camacho Ballesta <jcamacho@ugr.es>
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Organiza: Centro de Estudios Ibéricos del Instituto de Latinoamérica (ACR), Universidad de Valencia (Unidad Docente de Política Económica. Departamento de Economía Aplicada) (España)
Presentación
El tema propuesto para el simposio refleja una característica clave de la situación geoeconómica y geopolítica actual y es sumamente relevante tanto para Rusia como para España – ambos países están enfrentando serios desafíos internos y externos.
En el ámbito económico, estamos hablando de una desaceleración del crecimiento de la mayoría de los países del mundo, la persistencia de una inflación relativamente alta, una reducción del comercio internacional, un crecimiento de los costos de transporte y un aumento de la carga de la deuda. El problema de garantizar la seguridad energética persiste. El rumbo hacia una economía verde y energías alternativas requiere inversiones colosales y, por lo tanto, consume recursos y frena aún más el crecimiento económico.
En el campo político, hay una exacerbación de muchos “viejos” conflictos y el surgimiento de nuevos puntos de tensión. El uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales, o al menos la amenaza de la fuerza, es cada vez más común.
En este contexto, en Rusia y España se están desarrollando procesos políticos internos complejos y contradictorios, cuyo resultado final es difícil de predecir. Todo ello plantea nuevas tareas de investigación para los científicos rusos y españoles.
Son bienvenidos los trabajos de análisis económicos, políticos, sociales, de política económica (nacional e internacional) y medioambientales. El simposio pretende tener un carácter interdisciplinar y dar posibles pistas para mirar al futuro próximo con optimismo.
Idioma del Simposio: español
Plazos y procedimientos:
Fecha límite de presentación de las propuestas (200-250 palabras): 28 de abril
Fecha límite de textos completos (max.30 mil caracteres) (para su posible publicación): 15 de julio
Para aplicarse al simposio, por favor rellene el formulario:
https://forms.gle/vvTNHrMkVyknej1e6
Más información: ilacentroiberico@gmail.com
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Sánchez, Antonio (2024): Introducción a la Política Económica. Concepto, estructura y formación. Tirant lo Blanch, Valencia (2ª edición) (ISBN: 978-84-1056-322-3), pp.195.
Este libro constituye la segunda edición de un manual editado hace unos pocos años orientado a explicar el concepto y la formación de la política económica en un semestre. No obstante, no se trata de una reimpresión de la primera edición, sino que se han introducido cambios sustanciales. Los más destacados afectan al tema relacionado con el diseño de la política económica, pero afecta especialmente a los dos últimos temas, cuyos contenidos actuales no tienen nada que ver con los que aparecieron en la anterior edición y se refieren a dos aspectos originales, a saber, cómo se adoptan las decisiones de política económica en la realidad y cuáles son sus efectos reales.
Este manual se organiza en tres bloques. En primer lugar, el concepto y estructuración de la Política Económica. En el primer capítulo se explica el concepto y la relevancia de la Política Económica. En los dos siguientes se indica su estructuración por fases. En el primero de ellos se aborda la configuración de la agenda, es decir, cómo los problemas relevantes socioeconómicos pasan a ser considerados por el gobierno como dignos de actuar sobre ellos y, por este motivo, les asocia unos indicadores, que son los objetivos. En la segunda parte de ese tema, se explica cómo se trata de dar solución a estos problemas. En este capítulo, juega un papel didáctico relevante el esquema fines-medios. El tercer capítulo de libro presta atención a la aplicación de la política económica y a su evaluación. Estos son aspectos a los que, desde la disciplina, se les ha prestado tradicionalmente poca atención. La aplicación presenta una especial relevancia porque es el momento en que la política económica se hace realidad. Sin ella, el diseño de la política económica constituye simplemente papel mojado.
La segunda parte del libro agrupa los diversos aspectos de la formación de la política económica. Es decir, cómo llegan a tomarse las decisiones de política económica en un contexto institucional y con agentes concretos. En el tema cuarto, se explica la estructura del estado, en el tema quinto, se abordan los aspectos relacionados con los agentes y proceso formales en la toma de decisiones estatales y, en el tema sexto, se apunta el papel de agentes externos al estado, es decir, los grupos de presión internos y los externos (estos últimos adoptando la forma de fenómenos globalizadores).
La parte tercera del libro alude a la dinámica de la política económica. Una vez establecidas las restricciones a las tomas de decisiones en política económica falta por concretar, cómo se adoptan estas, es decir, cuál es su motor, aspectos que se explican en el tema séptimo. Finalmente, en el último capítulo se pone de manifiesto que, a pesar de la aparente volatilidad en la toma de decisiones, los resultados de las políticas económicas guardan bastante estabilidad. Estos dos temas, como se ha comentado más arriba, son novedosos respecto a la primera edición de este libro.
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(por Antoni Seguí Alcaraz, Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)
En este libro se valora la intervención pública en la actividad económica y, por tanto, también en la actividad turística. Se estructura en tres partes. La primera parte es una introducción a la política turística. La intervención pública ha sido justificada tradicionalmente por la existencia de fallos de mercado que han dado lugar a algunos de los problemas a los que se enfrenta la actividad turística. Entre los fallos de mercado se puede encontrar la presencia de estructuras de mercado con competencia imperfecta, donde se utilizan bienes públicos o en las que aparecen externalidades. La complejidad de la actividad turística hace necesaria las fórmulas de gestión que propicien la resolución de conflictos y el establecimiento de estrategias y objetivos que conduzcan al crecimiento de esta actividad de manera sostenible. La participación de diferentes actores en la gestión de la actividad turística, las nuevas tecnologías, la existencia de diversos intereses, entre otras cuestiones, nos llevan a una nueva forma de intervención que permita una actuación coordinada y conjunta de los diferentes actores privados, públicos y la sociedad civil. De ahí la relevancia de la segunda parte, en la que nos da una visión de la política turística desde un enfoque teórico, donde se tratan:
La política turística es considerada como un eslabón más de la política económica, ya que tiene que ayudar a mejorar el bienestar de los ciudadanos de un territorio a través de la creación de riqueza, mejorando el saldo exterior, etc. De esta manera, la comprensión de la realidad socioeconómica de un país y de su política económica, en un momento dado, son elementos necesarios para comprender la política turística que se ha venido implementando. El turismo es una industria más de la actividad económica de un país, si bien la importancia de ésta en la economía varía de unos países a otros, dependiendo del volumen de turistas que sea capaz de atraer y del volumen de ingresos que este negocio genere. De ahí que, la política turística tiene que formar parte de la estrategia adoptada por un país, una región o un área local, en relación con su política económica, ya que el turismo también contribuye a la generación de riqueza en un territorio, de tal manera que los objetivos de ambas políticas, económica y turística, tienen que ser coincidentes. La administración local es la más cercana a los ciudadanos del territorio, y por tanto, también a los turistas que lo visitan, aunque la hegemonía la tienen las Comunidades Autónomas, después de la Constitución de 1978. La tercera parte se centra en diferentes niveles de implementación de la política turística, para ello analiza:
La Unión Europea es el destino más visitado del mundo. Es una actividad económica de gran importancia en toda Europa, incidiendo notablemente en la generación de empleo y en el PIB. El estado español en 2022, fue el tercer destino mundial por volumen de flujos turísticos (recibiendo unos ingresos de 159 mil millones de euros y más de 71,5 millones de turistas internacionales), la industria turística emplea a 2,8 millones de personas y general el 14% del PIB, de ahí que la actividad turística sea clave para garantizar la competitividad de esta actividad económica. A pesar de tratarse de un fenómeno transversal, multidisciplinar y multisectorial, el turismo se ha considerado tradicionalmente desde una perspectiva sectorial, olvidando su dependencia de otras actividades y procesos y, sobre todo, su capacidad de influencia en los mismos. Además, el turismo ha sido una actividad gravada desde sus inicios para conseguir determinados objetivos vinculados con la política económica de los gobiernos, tales como compensar costes derivados de la provisión de bienes y servicios de carácter público, corregir fallos de mercado o aumentar los ingresos, sin menoscabo de ser utilizada para conseguir otros fines como el fomento del desarrollo económico o la protección del medio ambiente, entre otros. Por los elementos comentados, resulta relevante la cuarta parte del libro que habla de los aspectos clave de la gestión pública del turismo, estudiando para ello:
Se asume que la sostenibilidad es un paradigma fundamental en los procesos de gestión de los destinos turísticos y de planificación. Existe un consenso generalizado en el hecho de que es la Administración Pública la que tiene que generar las condiciones necesarias para garantizar que todos los agentes implicados en el desarrollo turístico de un territorio puedan tomar las mejores decisiones en sus respectivos ámbitos competenciales para avanzar en materia de sostenibilidad. Por otra parte, el análisis de la demanda de transporte turístico es fundamental para que los operadores de infraestructuras y transporte puedan planificar la comercialización y gestión de los servicios de transporte. De ahí que, la planificación del turismo ha de establecer estrategias que permitan aprovechar las fortalezas existentes, contrarrestando las amenazas de su crecimiento y capitalizando las oportunidades de este. También resulta relevante el abordaje de los principios de inteligencia turística y el papel del big data en su evolución imparable, dedicando un mayor interés a la fase de análisis, como pieza clave de este proceso. Desde una perspectiva instrumental, se citan las herramientas más habituales en la implementación de soluciones big data en general, y en algunas de las soluciones implementadas con éxito en el sector.
Este manual es interesante para la asignatura de Política Económica del Turismo del grado de Turismo. Su lectura permite obtener una visión general sobre la actual realidad de la política turística, especialmente en España
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International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista académica que concentra su atención en la Política Económica. La revista es editada en Valencia (España) por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia (irep.uv.es)
IREP acepta contribuciones de todos los enfoques económicos (ortodoxos y heterodoxos), así como procedentes de otras disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales. Desde esta perspectiva, IREP acepta trabajos de carácter tanto teóricos como aplicados, al tiempo que son bienvenidas tanto las aportaciones sustentadas en análisis cuantitativos como cualitativos, destacando su contenido realista. En concreto, IREP acepta trabajos procedentes de orígenes diversos como la economía, la economía política, el desarrollo y la planificación, la historia o las ciencias sociales en general. IREP publica artículos sobre todo tipo de temáticas relacionadas con la Política Económica.
International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista internacional que publica manuscritos en inglés y en español. Todos los artículos son sometidos a un estricto sistema de evaluación anónima por pares, ofreciendo un medio académico de comunicación y de diseminación de ideas de elevada calidad científica
Contenidos de
Vol.5, Núm. 2 (2023)
Los contenidos e información se pueden consultar en línea en la web:
irep.uv.es
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La Revista Finanzas y Política Económica, de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Colombia, constituye un espacio científico de discusión de aspectos relacionados con Política Económica. Tiene una categoría de Q4 en Scopus. Más información:
https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/
Contenidos de número reciente
vol.16, nº.1, enero-junio, 2024
Editorial
Artículos de investigación
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Autor: Iñaki Aliende Povedano.
Directores: Dr. Lorenzo Escot (UCM) y Dr. Tom Webb (University of Coventry).
Departamento: Economía Aplicada, Pública y Política Económica.
Programa de Doctorado: Análisis de Datos (Data Science).
Universidad: Universidad Complutense de Madrid.
Resumen: El arbitraje en el fútbol se haya en crisis debido a una escasez de árbitros adecuadamente formados para dar respuesta a una demanda de árbitros creciente y que está desembocando en la imposibilidad de continuar algunas ligas amateur en distintos países. Esta tesis, emplea la ciencia de datos para conocer cuáles son las claves que hace que un árbitro decida continuar su carrera o abandonarla. Gracias a la colaboración del Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid, el autor identifica cuáles son esas variables, lo que permite formular recomendaciones para mejorar las diferentes políticas de gestión del talento por parte de las federaciones de fútbol. En síntesis, se trata de un trabajo que combina la ciencia de datos, la gestión de carreras profesionales en un mercado laboral concreto, y el enfoque de la economía del comportamiento que modela las decisiones de los árbitros.
En las conclusiones de la tesis sobre la carrera del árbitro de fútbol, se destacan varios aspectos clave que han surgido del análisis de las hipótesis de estudio. Algunas de las conclusiones más relevantes son:
En base a estas conclusiones, se derivan recomendaciones para mejorar la gestión del talento por parte de la RFFM:
Más información se puede obtener en : https://docta.ucm.es/entities/publication/9625c593-d0a5-40e2-9db2-d4956bde88b1
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Autora: Meng Zhan
Director: Dr. Raúl de Arriba Bueno
Departamento: Economía Aplicada (Política Económica)
Programa de Doctorado: Ciencias Sociales
Universidad: Universidad de Valencia
Resumen: La cooperación Sur-Sur se basa en la idea de que los países del sur son más conscientes de los problemas apremiantes a los que se enfrenta el mismo Sur. En principio, se trata de una cooperación horizontal, centrada en el beneficio mutuo. Sin embargo, cabe afirmar que solo recientemente se ha consolidado el embrión del modelo de la cooperación Sur-Sur y que hay un largo camino por delante en lo que se refiere a su estandarización y sistematización. Esta tesis analiza la cooperación china desde la perspectiva de la eficacia de la ayuda, de los problemas del mercado interior de China y de los conflictos en las relaciones internacionales. En particular, se investiga el caso particular de la política china de cooperación en América Latina. La eficacia de la cooperación china al desarrollo se ve obstaculizada debido a la parcialidad de sus motivaciones, a su desconocimiento de los países beneficiarios y sus intenciones egoístas. En esta nueva etapa de definición de estrategias en la política exterior china, lo que motiva la cooperación china es su necesidad de tener una voz política en el escenario internacional. A través de la cooperación, China busca crearse una buena reputación para mejorar su status internacional. Al mismo tiempo, dado que se requiere una gran cantidad de materias primas para satisfacer la creciente demanda de suministro del mercado interno chino, el abastecimiento desde el mercado exterior es también uno de los factores que empujan la cooperación.
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La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.
Durante el último periodo se han difundo por REDIPE varios trabajos relacionados con la crisis global, en particular, uno relacionado con el final de esta mencionada distorsión y otro firmado por Rogoff. También apareció un artículo que se refería a una dimensión especial de la crisis actual, en concreto, acerca de los problemas que pueden suponer la paralización del tráfico mercantil en el mar Rojo.
Sobre objetivos de política económica, se ha aludido en varios casos a aspectos relacionados con la inflación y la productividad (BBVA, junto con algunas recomendaciones de política económica). Algunas explicaciones de la inflación se apuntan en una reflexión sobre las cadenas alimentarias.
En cuanto a instrumentos de política, se pueden destacar dos trabajos, por un lado, uno editado por el Fondo Monetario Internacional relacionado con política industrial y, por otro lado, uno que explica aspectos de la reforma laboral. Asimismo, se puede destacar la aparición de un trabajo de Rodrik sobre las instituciones y el funcionamiento económico, y otro de Milanovic que se refiere a aspectos de equidad.
Para finalizar, se puede reseñar la difusión de dos trabajos: uno sobre Cantillón y el otro sobre los economistas y las políticas, este último firmado Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España
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(por Guadalupe Souto, Departament d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona y Ció Patxot, Departament d’Economia, Universitat de Barcelona)
El Estado de Bienestar comprende el conjunto de políticas y programas diseñados para proteger a las personas frente a diferentes situaciones de riesgo o vulnerabilidad que pueden afectar gravemente a su capacidad económica a lo largo de la vida y que, por ende, puedan derivar en consecuencias tan graves como la pobreza o la exclusión social. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reafirmó en 2012 el firme compromiso de las Naciones Unidas con el derecho a la protección social a lo largo del ciclo vital como un derecho fundamental de las personas (OIT, Recomendación 202, 2012), y así ha quedado recogido de manera explícita entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 aprobada en 2015 por la ONU.[1] En Europa, tradicionalmente considerada la cuna del estado de bienestar, la UE ha mostrado su compromiso en avanzar hacia mejores políticas sociales con la aprobación en 2017 del Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS) y su Plan de Acción en 2021.[2]
Actualmente, todos los países europeos disponen de un Estado de Bienestar consolidado y que goza de un amplio consenso social, articulado en torno a cuatro grandes pilares: las pensiones de jubilación, la sanidad, la educación y otros programas de protección social (incluyendo este último un conjunto de políticas diversas entre las que se encuentran por ejemplo la protección de los desempleados, los cuidados de larga duración o las políticas familiares, entre otros). Lógicamente, el peso relativo de los diferentes programas varía entre países, si bien es claramente detectable un rasgo común. Aunque pudiera ser el objetivo inicial, el papel principal del Estado de Bienestar no es el de redistribuir rentas de los que más a los que menos tienen, sino intergeneracionalmente, de las personas que están en edad activa hacia los niños (educación, políticas familiares) y, muy especialmente, hacia las personas mayores (pensiones de jubilación, sanidad, cuidados de larga duración). En prácticamente toda Europa, el Estado del Bienestar ha socializado una buena parte de las necesidades de consumo de la gente mayor, especialmente en aquellos países donde las pensiones de jubilación funcionan como un sistema de reparto. Es decir, toda la sociedad (pero muy especialmente los que trabajan) contribuyen con sus impuestos a sufragar las pensiones y los servicios sanitarios de las personas mayores. Sin embargo, no ha ocurrido algo similar con los niños, pues sus necesidades más allá de la educación siguen siendo mayoritariamente sufragadas por sus propios padres. Aún en aquellos países con importantes políticas familiares como las asignaciones universales por hijo a cargo (como por ejemplo Finlandia, Suecia, Alemania o Francia), los datos siguen mostrando que la mayor parte del gasto social se dirige a las necesidades de los mayores (pensiones y sanidad). No digamos en España y otros países mediterráneos, donde tales políticas familiares brillan por su ausencia. Al respecto, es interesante el trabajo de Solé et al. (2019), que analiza este desequilibrio del Estado de Bienestar, así como el desigual impacto de la Gran Recesión en España por grupos de edad. El fuerte incremento del desempleo y la bajada general de los salarios condujeron inevitablemente a un empobrecimiento de las familias, y en particular de los jóvenes, que apenas contaron con políticas sociales para compensar la fuerte caída de ingresos laborales. Por el contrario, las pensiones actuaron como una red de seguridad efectiva para proteger a las personas mayores. Los indicadores de pobreza reflejan claramente esa dura realidad: en 2008, la tasa de riesgo de pobreza de los menores de 18 años y de los mayores de 65 era prácticamente la misma (26%), pero en 2015 se había incrementado hasta casi el 30% para los niños, mientras que para los mayores se había reducido al 12%. En 2023, la brecha continúa: un 29% de los niños y un 18% de los mayores de 65 viven en riesgo de pobreza. [3]
Es conveniente tener en cuenta también que el Estado de Bienestar tal y como lo conocemos nació inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial (bastante más tarde en España), y se desarrolló y consolidó en un contexto social que ha sufrido cambios significativos en las últimas décadas, todos ellos interrelacionados. Por un lado, cabe destacar cambios demográficos tan sobresalientes como el importante incremento de la longevidad. En 1960, la esperanza de vida al nacer en España era apenas de 60 años, mientras que en 2022 superaba los 80 (siempre con una cierta diferencia a favor de las mujeres), situándose entre las más altas del mundo. Valga decir que, felizmente, las proyecciones futuras no vislumbran un cambio de tendencia, es decir, cada vez viviremos más. La reducción de la mortalidad se ha visto acompañada por un descenso de la natalidad. En este apartado, España también se sitúa entre los países destacados en el ranking, en este caso por tener las tasas más bajas. En 2022, la tasa de fecundidad media en la UE era de 1,46 hijos por mujer, siendo Francia el país con el valor más alto (1,86) y Malta (1,08) y España (1,16) los que registran los valores más bajos. La tendencia histórica en este caso ha sido claramente a la baja, y tampoco se atisban cambios significativos en las próximas décadas.
Las tendencias demográficas mencionadas, sobre todo en la natalidad, están fuertemente interrelacionados con otros cambios sociales que han tenido lugar paralelamente. En primer lugar, cabe mencionar la importante transición educativa iniciada en la segunda mitad del siglo XX (algo más tarde en España), con los jóvenes alargando su formación más allá de la etapa obligatoria, y muy particularmente las chicas. Del mismo modo, la participación femenina en el mercado laboral tampoco ha dejado de crecer en las últimas décadas. Como apunta Miret (2022), la tasa de actividad femenina en España se ha incrementado del 15% a finales de los años 80 hasta el 50% en 2021. No obstante, tal incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral ha sido especialmente importante en aquellas con un mayor nivel de formación y sin hijos, y es de esperar que siga aumentando en los próximos años al ir desapareciendo paulatinamente de las estadísticas las mujeres que tuvieron menor acceso a la educación. Aquí comienzan a divisarse las interrelaciones con otros cambios sociodemográficos ya mencionados anteriormente, la transición educativa y la reducción de la natalidad, y otros no menos importantes, como los nuevos modelos de familia. Las sociedades europeas parecen haber abandonado definitivamente el modelo tradicional del hombre que “trae el pan a casa” y el ama de casa que cuida de los hijos, para incorporar otras formas familiares alternativas. El divorcio y la monoparentalidad son dos buenos ejemplos de factores que han modificado las pautas familiares, pero también otros como la reducción de las familias extensas, con cada vez menos mayores conviviendo con sus descendientes. El tamaño medio de los hogares en España era de 4 miembros en los años 70, frente a tan sólo 2,5 en la actualidad. Dicha evolución se explica por el menor número de hijos y por el significativo incremento del número de personas que viven solas. Según las previsiones del INE, esta tendencia continuará, ya que para dentro de 15 años el número de hogares unipersonales alcanzará el 30%, frente al 27% en 2022.
Ahora bien, la entrada de las mujeres en el mercado laboral no se ha visto acompañada en la misma medida por una mayor participación de los hombres en las tareas domésticas. Según las estimaciones de Rentería et al. (2018), las mujeres españolas entre 21 y 65 años trabajan en promedio 1,1 horas más al día, teniendo en cuenta tanto su dedicación al trabajo remunerado como a la producción doméstica (básicamente, tareas del hogar y cuidados de hijos u otros familiares).[4] Las desigualdades existen también en otros países europeos, si bien son menores. Los cuidados son una variable muy importante en la compleja ecuación de la desigualdad, en la que no sólo el dinero es importante, sino también el tiempo. Las mujeres son quienes mayoritariamente se encargan de cuidar informalmente (es decir, sin remuneración a cambio). Ello les supone una doble carga, cuyo precio puede ser tan alto como ver penalizada (o anulada) su carrera laboral.
En sociedades como las actuales, donde la tasa de fecundidad lleva décadas por debajo de la tasa de reposición, es imprescindible comenzar a pensar cómo adaptar ciertas estructuras sociales a esta nueva realidad. En el caso concreto del Estado de Bienestar, los niños y niñas son imprescindibles para asegurar su sostenibilidad, pero se están convirtiendo en activos cada vez escasos. Las personas que tienen hijos y se encargan de su cuidado hasta su vida adulta (especialmente las madres), generan una externalidad positiva a aquellas otras que no son padres pero que, gracias a esos niños, podrán igualmente disfrutar de programas públicos como la sanidad o las pensiones cuando envejezcan (Bovenberg, 2007). Aplicando la teoría de las externalidades, la cantidad eficiente de niños y niñas sólo se conseguiría si el sector público subvenciona a los padres para que al tomar su decisión sobre el número de hijos consideren el beneficio externo para toda la sociedad. Es decir, si el sector público socializa el coste de tener y criar hijos, para que sea toda la sociedad la que sufrague sus costes igual que más tarde percibirá los beneficios.
En un reciente estudio, Spielauer et al. (2022) utilizaron un modelo de microsimulación para estimar las transferencias privadas y públicas en cuatro países europeos (Austria, Finlandia, España y Reino Unido) según tipos de familia y el nivel educativo. Sus resultados muestran que las familias con hijos se ven obligadas a hacer un importante esfuerzo para cubrir los costes de criarlos, sin que el sector público sea capaz de compensar dicho esfuerzo con mayores transferencias públicas. El desequilibrio es especialmente importante entre los individuos de mayor nivel educativo que son o no padres y en particular en España: en promedio, los padres y madres con nivel educativo alto pagan significativamente más impuestos netos (descontando posibles transferencias recibidas) que las personas sin hijos y con el mismo nivel educativo. ¿No tendrá esto algo que ver con la baja natalidad en nuestro país? Raramente existen explicaciones simples a problemas complejos, y el de la natalidad sin duda lo es. Las políticas públicas por sí solas no pueden explicar los cambios en las decisiones de las mujeres sobre tener hijos o no, cuántos y cuándo, pero sin duda tienen un papel. El trabajo Adsera y Lozano (2021) arroja más luz sobre el tema. Según sus estimaciones, España presenta la brecha más elevada de Europa entre la fecundidad deseada y la lograda, brecha que achacan a un cúmulo de factores entre los que están las razones económicas (alto desempleo y condiciones precarias de trabajo para muchos jóvenes), al inicio tardío de la convivencia en pareja (debido tanto a razones económicas como al cambio en el significado de las relaciones) y a la práctica ausencia de políticas públicas de apoyo a las familias y de conciliación laboral.
En definitiva, las sociedades actuales son muy diferentes a aquellas en las que nació y se desarrolló el Estado de Bienestar, lo que exige que las políticas sociales se adapten a las nuevas circunstancias y a las nuevas necesidades. Sin ánimo de exhaustividad, se proponen a continuación tres grandes áreas en las que deberían centrarse las reformas: la educación, las políticas de protección familiar y la jubilación. Como intentaremos demostrar, no se trata de tres áreas aisladas en las que el sector público puede intervenir para lograr un mayor bienestar personal y social con políticas sociales adecuadas, sino fuertemente interrelacionadas entre sí.
La educación es, sin duda, la gran clave de los cambios necesarios porque, al concentrarse al inicio de nuestro ciclo vital será determinante para resto de la vida. Curiosamente, uno de los factores que a la postre resultan clave en nuestro desarrollo como personas es completamente aleatorio y ajeno a nuestra voluntad: las características de la familia en la que nacemos y crecemos. Es bien sabido que la probabilidad de ser pobre durante la vida adulta es significativamente alta si se nace en una familia pobre, siendo la educación la variable intermedia más relevante: el nivel de estudios alcanzado está fuertemente correlacionado con el nivel socioeconómico de la familia y, a su vez, con el nivel de estudios de los padres (especialmente de la madre). En realidad, sería más apropiado hablar de la adquisición de capital humano que de educación. El capital humano tiene diferentes componentes, que van más allá de lo que entendemos habitualmente por la educación reglada. Entre ellos están habilidades no cognitivas como la capacidad de adaptación y la habilidad para aprender, que se adquieren principalmente durante la niñez, y dependen en buena parte del papel de la familia (Heckman, 2000, Cunha et al., 2006). De ahí que la sociedad deba volcar sus esfuerzos en áreas tan fundamentales como la educación escolar temprana y en la intervención en familias con necesidades socioeconómicas, para garantizar que ningún niño se quede atrás. Estas políticas determinarán en buena parte los resultados a lo largo de la vida: mejores condiciones laborales, mayores rentas, mejor salud, más esperanza de vida y más bienestar para esa persona y su familia. Y también mayores impuestos para contribuir a un mayor bienestar social, y para el mantenimiento de todos servicios públicos, incluido el Estado de Bienestar. En este sentido resulta interesante el trabajo de Abio et al (2016), que estima los perfiles por edad de renta laboral, consumo y transferencias según el nivel educativo en España, mostrando importantes diferencias. Y también los de Rentería et al. (2018 y 2024), en los que se utilizan dichos perfiles en diferentes países para mostrar el importante papel que puede jugar la educación para compensar los efectos negativos del envejecimiento de la población. Sin embargo, la miopía juega en contra de la toma de decisiones correctas a la hora de decidir las inversiones en el capital humano de los niños y niñas: los costes son inmediatos, mientras los beneficios son a largo plazo. De ahí que las políticas educativas sean de las primeras en sufrir las restricciones de gasto público. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo son catastróficas, porque implican la perpetuación de las desigualdades y de la pobreza, además de ser claramente ineficientes. Tenemos que asumir que los niños y niñas, independientemente de que sus familias sean pobres o ricas, nacionales o inmigrantes, son bienes absolutamente preciosos para las sociedades modernas. Y debemos cuidarlos como tal, porque invertir en ellos y garantizarles un futuro también es garantizar el de las generaciones anteriores y posteriores.
Por supuesto, las reformas necesarias en torno a la educación no se circunscriben estrictamente a la atención temprana. El sistema educativo durante la etapa obligatoria debe garantizar las oportunidades de todos los niños y niñas durante la educación obligatoria, poniendo los elementos necesarios para erradicar problemas tan graves en España como son el fracaso escolar y abandono temprano, fuertemente focalizados en las familias de bajo nivel socioeconómico. De ahí la necesaria interrelación entre las políticas de protección a la familia y las educativas.
Una vez culminada la educación media, en las etapas superiores de educación sería deseable que se fomentase la interrelación entre la formación y el trabajo. En esta línea, los programas de formación dual en la formación profesional, o la simultaneidad de prácticas laborales y docencia en los grados universitarios deberían ser la norma, y no la excepción. Con los estímulos públicos adecuados (que incluirían sin duda actuaciones en materia de vivienda), se fomentaría la independencia de los jóvenes y su emancipación. En este aspecto, España tiene mucho que aprender de la mayoría de nuestros vecinos europeos, donde la edad a la que los jóvenes abandonan el domicilio paterno es claramente más reducida. Por último, aunque no menos importante debemos desterrar definitivamente la idea de que la educación (o mejor dicho, la adquisición de capital humano), se circunscribe a nuestra niñez y juventud. En las sociedades del conocimiento en las que estamos inmersos, la rápida innovación implica una mayor obsolescencia de los conocimientos. Ello unido a la mayor longevidad, hace imprescindible que la formación continúe a lo largo de toda nuestra vida activa. Deben diseñarse políticas que fomenten la colaboración público-privada en la formación continua de los trabajadores, que serán, a la postre, las mejores políticas de protección contra el desempleo, al garantizar su empleabilidad.
El segundo gran eje sobre el que debe girar la reforma de los Estados de Bienestar en las sociedades modernas, es el de la protección de las familias, es decir, de los padres y muy especialmente las madres. En línea con lo ya comentado para el caso concreto de la educación, las sociedades deben volcarse en el cuidado de los niños y niñas para garantizar no solo la equidad, sino también la eficiencia (que todas las personas consigan el mayor bienestar personal posible y, por ende, para toda la sociedad). En lo que se refiere a los padres y madres, las bajas de maternidad/paternidad y los servicios de cuidados de menores son medidas necesarias, pero no suficientes para garantizar que las mujeres puedan tener el número de hijos deseados en sociedades con tasas de fecundidad muy por debajo de la tasa de reposición de la población. Sin duda, las líneas de actuación deben estar centradas en el mercado laboral, que debe flexibilizarse permitir a las mujeres reingresar después de un período de ausencia por cuidado de hijos sin que suponga un coste en su carrera. Para ello, será útil que las carreras laborales sean más largas y menos rígidas, con políticas públicas más focalizadas a promover interrupciones temporales a lo largo de la vida activa que permitan a las personas combinar el trabajo con otras actividades (cuidar, descansar y formarse).
Finalmente, y muy relacionado con lo anterior, la reforma del Estado de Bienestar exige también la necesidad de replantear la etapa de jubilación como un período estrictamente definido a partir de una determinada edad para toda la población. Debe redefinirse el concepto de vejez, sustituyendo los típicos límites absolutos (65 o 67 años) por un límite relativo: la esperanza de vida al nacer ha pasado de 65 a 82 años en los últimos sesenta años (ni más ni menos que un 35%), ¿tiene algún sentido que, en paralelo, la definición oficial de vejez, es decir, la edad de retiro, se haya incrementado únicamente de 65 a 67 (un 3%)? Como afirma Bovenberg (2007), la “edad social” y la edad biológica deben moverse en la misma dirección. Nuevas realidades sociales, como la incorporación más tardía al mercado laboral, el incremento de la esperanza de vida y la necesidad de integrar la formación a lo largo de toda la vida activa, así como otras actividades como cuidar a los hijos u otros familiares, justifican la necesidad de eliminar la existencia de una edad máxima en la vida activa. Las personas debemos tener la capacidad para decidir en qué momento nos parece adecuado abandonar el mercado de trabajo, y si queremos hacerlo de manera total o parcial. Para ello, es imprescindible que los sistemas de pensiones funcionen como cuentas de ahorro personal (o las imiten), proporcionándonos información correcta sobre los derechos acumulados y su equivalencia en forma de pensión de acuerdo con nuestra esperanza de vida restante. El sistema de cuentas nocionales de Suecia es sin duda, un ejemplo a seguir. Al contrario de lo que suele pensarse, esto no necesariamente significa un castigo para los trabajadores con profesiones físicamente más exigentes, típicamente desempeñadas por los menos cualificados, dado que sus carreras laborales suelen ser más largas (comienzan antes), y su esperanza de vida es algo más corta. Y, en todo caso, al tratarse de un sistema público el estado se reserva la capacidad de introducir elementos redistributivos cuando así se considere socialmente deseable.
Aceptar la necesidad de reformar el Estado de Bienestar es la única manera de reconocer y mantener su papel fundamental como instrumento de soporte para garantizar una vida digna a todas las personas y la equidad intergeneracional. Las políticas públicas deben adaptarse a las nuevas realidades sociales, para así garantizar tanto su efectividad como su sostenibilidad en el tiempo, entendida esta última no únicamente en términos financieros, sino también a seguir contando con un amplio apoyo social. Las generaciones pasadas asumieron la responsabilidad de crear el Estado de Bienestar, mientras que la nuestra debe asumir las reformas necesarias para garantizar que también las siguientes podrán seguir disfrutándolo.
Bibliografía
Abio, G., Patxot, C,, Rentería, E. and Souto, G. (2017). “Intergenerational Trasfers in Spain: The Role of Education”. Hacienda Pública Española/Review of Public Economics, 223 (4), p. 101-130. DOI: 10.7866/HPE-RPE.17.4.4
Adserá, A. y M. Lozano (2021). “¿Por qué las mujeres no tienen todos los hijos que dicen querer tener?”. El Observatorio Social, Dosier Estado del bienestar, ciclo vital y demografía, Noviembre 2021, Fundación La Caixa. Disponible en: https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/es/-/por-que-las-mujeres-no-tienen-todos-los-hijos-que-dicen-querer-tener
Bovenberg, A. (2007). «The Life-Course Perspective and Social Policies: An Overview of the Issues”, in OECD, Modernising Social Policy for the new Life-Course, Chapter 2, p. 23-74, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264041271-en
Heckmann, J.J. (2000). “Policies to Foster Human Capital”. Research in Economics, 54, p. 3-56. https://doi.org/10.1006/reec.1999.0225.
Cunha, F., J.J. Heckman, L. Lochner and D.V. Masterov (2006). “Interpreting the Evidence on Life Cycle Skill Formation”. In E. Hanushek and F. Welch (Eds) Handbook of the Economics of Education, Vol. 1, Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1574-0692(06)01012-9.
Miret, P. (2022). “Convergencia de género en la participación laboral: ¿solo para algunas? España, 1987-2021”. Sociología del Trabajo, 101, 285-299. https://doi.org/10.5209/stra.81225 (Original work published 2022)
Rentería, E., Souto, G., Mejía-Guevara, I., and Patxot, C. (2016). “The Effect of Education on the Demographic Dividend”. Population and Development Review, 42(4), 651–671. http://www.jstor.org/stable/44132228
Rentería, E., Scandurra, R., Souto G. y Patxot, C. (2017). “Mujeres y hombres, consumo y producción a lo largo de la vida. Una relación desigual”. Observatorio Social de La Caixa, septiembre 2017. Disponible en: https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/es/-/mujeres-y-hombres-consumo-y-produccion-a-lo-largo-de-la-vida-una-relacion-desigual
Rentería, E. Souto, G., Istenič, T. and Sambt, J. (2024). “Generational economic dependency in aging Europe: Contribution of education and population changes”. The Journal of the Economics of Ageing, 27, 100485. https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2023.100485
Solé, M., Souto, G., Rentería, E., Papadomichelakis, G. and Patxot, C. (2020) “Protecting the elderly and children in times of crisis: An analysis based on National Transfer Accounts”. The Journal of the Economics of Ageing, 15, Article 100208. https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2019.100208
Spielauer, M. Horvath, T., Fink, M. Abio, G., Souto, G., Patxot, C. and Istenič, T. (2022). “Measuring the lifecycle impact of welfare state policies in the face of ageing”. Economic Analysis and Policy,75, p.1-25. https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.05.002
[1] Ver https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
[2] Ver https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=es
[3] La tasa de riesgo de pobreza se define como el porcentaje de población con menos del 60% de la renta mediana del país. Los datos provienen de Eurostat, que los estima a partir de las Encuestas de Condiciones de Vida (EU-SILC): https://doi.org/10.2908/ILC_LI02
[4] Las estimaciones se refieren al año 2010, última ola disponible hasta el momento de la Encuesta de Empleo del Tiempo (EET) elaborada por el INE.
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(por Ruth Mateos de Cabo, Universidad CEU San Pablo)
En un mundo cada vez más interconectado, resulta curioso que la diversidad de género en las empresas aún se analice como una decisión aislada, sin considerar la influencia ejercida por otras empresas muy a menudo conectadas mediante «interlocking directorates», es decir, miembros comunes de sus consejos de administración. Estas personas crean una red de influencia e intercambio de información entre empresas, de manera similar a cómo funcionan las redes sociales en nuestras vidas personales. Esta interconexión tiene una influencia significativa en las decisiones de los consejos de administración, incluyendo aquellas relacionadas con la diversidad de género. Por lo tanto, es crucial reconsiderar la forma en que las redes sociales corporativas afectan a las políticas de diversidad de género, apuntando a que los consejos podrían ajustar su composición de género a la de otras empresas en su red. Como consecuencia, se podría producir un comportamiento grupal en las decisiones de los consejos con respecto a la representación de mujeres en los mismos.
Los resultados de nuestro estudio confirman esta tendencia, revelando una dinámica de imitación entre 18,000 empresas cotizadas en EE.UU. a lo largo de dos décadas. Así observamos que las empresas interconectadas tienden a imitar los niveles de diversidad de género de aquellas empresas con las que están directamente conectadas mediante la participación de miembros comunes en sus consejos de administración (interlocking directorates). Este comportamiento mimético parece estar motivado por una presión social que impulsa a las empresas a conformarse a las normas del grupo, buscando alinearse con las expectativas, y promover la homogeneidad social dentro de su red corporativa. Este descubrimiento aporta una dimensión novedosa sobre el comportamiento de las empresas en materia de diversidad de género, sugiriendo que las decisiones de los consejos sobre este aspecto no son tan independientes como podríamos pensar, sino que están significativamente influenciados por las redes corporativas en las que se integran, adaptándose a los estándares de diversidad de género observados en las empresas con las que están interrelacionadas. La figura muestra cómo una empresa con más mujeres en su consejo reduce su diversidad para igualarse a empresas vecinas con directivos/as en común que tienen menos mujeres en sus consejos.
En un escenario ideal, esta dinámica de difusión de la diversidad de género en los consejos llevaría a todas las empresas a niveles de diversidad similares al promedio en la proporción de mujeres consejeras en toda la red. Sin embargo, el proceso de imitación dentro de los consejos corporativos no resulta ser uniforme ni directo, enfrentándose a diversas peculiaridades y obstáculos.
Modelo de difusión asimétrica: Regresión sobre el cambio en la proporción de mujeres en el consejo de administración de las empresas
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(1) |
|
(2) |
|
|
C |
0.006 |
*** |
0.009 |
|
|
(.002) |
(.008) |
|||
|
Gap (Extremo negativo) |
-0.145 |
*** |
-0.090 |
** |
|
(.023) |
(.030) |
|||
|
Gap (normal) |
-0.498 |
*** |
-0.396 |
*** |
|
(.025) |
(.029) |
|||
|
Gap (Extremo positivo) |
-0.455 |
*** |
-0.297 |
*** |
|
|
(.017) |
|
(.022) |
|
|
Tamaño del consejo |
-0.002 |
|||
|
(.002) |
||||
|
Tamaño de la empresa |
0.001 |
|||
|
(.001) |
||||
|
Nivel de riesgo |
-0.005 |
|||
|
(.003) |
||||
|
Rentabilidad |
-0.000 |
|||
|
|
(.002) |
|||
|
Efectos fijos años |
Sí |
Sí |
||
|
Efectos fijos empresas |
Sí |
Sí |
||
|
Número de observaciones |
107,510 |
18,700 |
||
|
Número de empresas |
16,289 |
1,868 |
||
|
F-Stat |
3424.9 |
*** |
1064.3 |
*** |
Nuestro estudio revela una asimetría sorprendente: existe un número pequeño, pero significativo, de empresas que se quedan atrás en términos de diversidad en comparación con las empresas con las que están directamente conectadas. Este comportamiento contrasta notablemente con aquel de las empresas que, teniendo una mayor representación de mujeres que las empresas con las que están interconectadas, tienden a reducir sus niveles de diversidad para alinearse con su red social. Además, observamos una resistencia férrea de los consejos con escasa diversidad de género, caracterizados por tener una o ninguna mujer, mostrando una marcada reticencia a aumentar el número de consejeras, incluso estando rodeados por empresas con una mayor proporción de mujeres en sus consejos, las cuales representarían un pool accesible de potenciales consejeras. Esta resistencia al cambio, prefiriendo mantener su composición tradicional a pesar del panorama en evolución que los rodea, sugiere una postura defensiva de los directivos masculinos, probablemente debido a la percepción de que su estatus quo se ve amenazado. La imagen ilustra una empresa con escasa representación femenina en su consejo que progresa lentamente para incrementarla, simbolizado por dos flechas ascendentes, en contraste con la rápida adaptación hacia la baja visualizada en la figura del gap positivo anterior.
Las implicaciones de estos resultados son profundas. Las empresas con una proporción alta de mujeres en sus consejos tienden a reducir sus cifras a la baja rápidamente para alinearse a las normas de su entorno, en contraste con aquellas empresas reticentes a la paridad, que muestran una marcada resistencia a incrementar la proporción de mujeres en sus consejos. Esta resistencia persiste a pesar de la disponibilidad de candidatas cualificadas en las empresas que las rodean que podrían contratar. Este escenario desafía la visión optimista de que la progresión natural llevará inevitablemente a consejos equilibrados en términos de género. Por el contrario, revelamos una realidad donde la representación de mujeres en los consejos permanece endémicamente baja y estancada. Esto es así porque las empresas reacias a aumentar la participación de mujeres en sus consejos no solo se resisten a la influencia de su red, sino que también ejercen presión para que las empresas circundantes reduzcan la presencia de mujeres en sus consejos a través del efecto mimético identificado. Esta dinámica podría explicar la subrepresentación persistente de mujeres en los consejos, refutando el argumento de que un «crecimiento orgánico» eventualmente equilibrará la representación de género en los consejos sin medidas proactivas. En este contexto, la figura ilustra la tendencia de las empresas con baja representación femenina en sus consejos a no solo resistirse al cambio, sino también a ejercer una influencia significativa sobre sus redes corporativas, fomentando una rápida disminución en su diversidad de género, lo que perpetúa la infrarrepresentación de mujeres en los ámbitos decisivos de poder corporativo.
Bajo estas circunstancias, la imitación actúa como una espada de doble filo que obstaculiza el avance hacia la paridad en los consejos. Por un lado, parece que las empresas más avanzadas en igualdad de género pueden temer ser etiquetadas como empresas «woke» y rápidamente buscan alinearse en este aspecto con sus empresas vecinas. Por otro lado, los consejos reticentes a la paridad parecen priorizar la preservación de su estatus quo sobre el riesgo de críticas por falta de progreso, especialmente en un contexto donde el tema de la diversidad de género entre las élites económicas ha pasado a un segundo si no a un tercer plano de urgencia. En definitiva, la asimetría observada en las tendencias de adopción y reducción de la diversidad de género en los consejos sugiere un comportamiento acomodaticio a las normas del entorno corporativo predominantes.
Así, llegamos a una conclusión innovadora: el camino hacia la diversidad de género en los consejos debería manejar un equilibrio delicado entre promover el orgullo y confrontar el prejuicio. Para las empresas líderes en diversidad, se trataría de ensalzar el orgullo por sus logros en materia diversidad de género, posicionándolas como ejemplos inspiradores para otras. Reconocer a las empresas como referentes e íconos de buenas prácticas dentro de la comunidad empresarial, puede equilibrar la presión hacia la conformidad. Simultáneamente, es crucial que las empresas reticentes examinen críticamente las causas de su brecha de género, evaluando si se debe a consideraciones económicas legítimas o en prejuicios o sesgos inconscientes. Un proceso de autocrítica activa y reflexión sobre la escasa representación femenina puede motivar a estas empresas a evolucionar más allá del status quo, favoreciendo un alineamiento más rápido con sus empresas vecinas. Este acto de introspección y disposición a enfrentar prejuicios, pueden acelerar su transición hacia una mayor diversidad de género en sus consejos, transformando el reconocimiento en acción y progreso.
En este ingenioso juego de «Orgullo y Prejuicio», delineamos una estrategia dinámica para propulsar al mundo corporativo hacia un futuro más inclusivo en términos de género. Es una narrativa que celebra los éxitos de los líderes del cambio, al mismo tiempo que motiva a los rezagados a revisar y ajustar sus políticas, asegurando que el camino hacia la paridad de género en los consejos se caracterice tanto por la celebración de logros como por la introspección crítica.
Bibliografía
Mateos de Cabo, R., Gimeno, R., Gabaldón, P., & Grau, P. (2024). The board gender diversity imitation game: Uncovering the resistant boards that refuse to play. Corporate Governance: An International Review.
NOTA: Una versión anterior de este artículo fue publicado en el blog https://nadaesgratis.es/ (08-03-2024)
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(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)
Pro…
En defensa de la ampliación norte del puerto de Valencia
(por Julián Martínez Moya, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia; Julian.martinez-moya@uv.es.
En los últimos años, el proyecto de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia ha sido objeto de una gran polémica a nivel local, regional y nacional, siendo un objetivo claro del foco mediático y sobre el que se han escrito multitud de artículos de prensa. Tanto es así, que la sociedad valenciana y algunos partidos políticos se ha posicionado como defensores o detractores del proyecto como si de un partido de fútbol se tratase. Por suerte, a diferencia de un acontecimiento deportivo donde priman las emociones y sentimientos, los economistas disponemos de herramientas para poder realizar una evaluación ex ante rigurosa que permita guiar la toma de decisiones sobre la viabilidad de dicha infraestructura.
Cabe empezar diciendo que, como cualquier otra actividad económica, proyecto de inversión en infraestructuras o localización de una planta productiva en un nuevo emplazamiento, la ampliación del puerto generará un conjunto de spillover effects sociales, medioambientales y económicos que es necesario cuantificar. Y es aquí cuando entramos los economistas, con el objetivo de poder medir esos efectos positivos y negativos derivados de la inversión. La herramienta en cuestión para llevar a cabo dicho ejercicio es el Análisis Coste Beneficio (ACB)[1], que puede definirse como la cuantificación en términos monetarios de los cambios incrementales en el bienestar derivados de la ejecución de un proyecto con respecto a un contrafactual (la economía sin el proyecto), con el objetivo último de examinar si la sociedad está mejor después de la intervención[2]. Pese a que en el pasado reciente los ACB han sido utilizados para la evaluación de infraestructuras, son sonados los cálculos demasiado optimistas que dieron como resultado inversiones que se llevaron a cabo y que terminaron por no generar el bienestar esperado para la sociedad. Sin embargo, el mal uso de la herramienta no es excluyente de que, si se utiliza con rigor, sea útil y necesaria para la evaluación ex ante del proyecto.
En mi caso, daré algunos argumentos por los cuales creo que el proyecto de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia puede ser beneficioso para la sociedad valenciana.
Buena parte de la polémica ha estado protagonizada por la necesidad o no de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Mientras que una de las partes defendía la no vigencia de la DIA actual debido al cambio realizado en el diseño original de la terminal, la otra parte implicada contratacaba afirmando que se trataba de una modificación que no requería solicitar una nueva, apelando en este caso al retraso que supondría en la aprobación y ejecución del proyecto. Más allá de este debate jurídico-técnico[3], en mi opinión, la modificación del proyecto planteada es necesaria por motivos operativos de la terminal. Los grandes proyectos de infraestructuras se planifican para que sean duraderos a largo plazo y sigan generando utilidad a sus usuarios y a la sociedad muchas décadas después de haberse construido. Por ello, tal y como fue diseñado originalmente el proyecto y a la velocidad a la que el mercado y la tecnología han avanzado, la infraestructura hubiese quedado obsoleta para las necesidades de las empresas en unos pocos años. Y la principal razón es que, en las últimas décadas, el tamaño de los buques ha crecido de forma considerable[4], llegando a duplicarse en apenas 10 años, lo que ha ejercido presión sobre la disponibilidad de infraestructuras con suficiente capacidad y dimensiones para permitir la escala de estos megabuques. Bien, pues la modificación propuesta iba en esta dirección, cambiando el diseño de la terminal para que fuese una única línea de atraque que permitiese albergar la escala de los buques más grandes. Así que, la no modificación del proyecto hubiese reducido las posibilidades de éxito en el medio plazo.
Tras este apunte, empezaré exponiendo algunos de los argumentos económicos de mayor peso para defender la aprobación de la Ampliación Norte.
Inversión privada
En primer lugar, creo que es necesario destacar que parte de la inversión de la Ampliación será sufragada por la propia empresa privada concesionada (MSC/TiL), mientras que la inversión restante saldrá de las arcas públicas. La implicación del sector privado en este caso resulta fundamental en un proyecto de infraestructuras de esta magnitud. Cuando se planifica y lleva a cabo un proyecto que busca atender las necesidades futuras del mercado, uno de los riesgos implícitos que se asume es que la infraestructura pueda ser infrautilizada por los usuarios y no cumpla con las previsiones realizadas para garantizar su rentabilidad económico-financiera. Lo cierto es que en demasiadas ocasiones las decisiones sobre nuevas infraestructuras se toman sin tener en cuenta las necesidades de las empresas, y eso puede convertirse en un grave problema para su supervivencia. Prueba de ello es que en las últimas décadas hemos sido testigos de multitud de proyectos de infraestructuras de transporte que han quedado en desuso, con el enorme coste que ha supuesto para la sociedad. A todos nos viene a la cabeza nombres propios de puertos, aeropuertos y autopistas que encajan perfectamente en este grupo. En cambio, en el caso de la Ampliación Norte, la inversión realizada por la naviera en la terminal de contenedores reduce la probabilidad de que este problema ocurra. La empresa concesionada querrá rentabilizar la inversión realizada a través de la explotación de la infraestructura, compitiendo para que las empresas importadoras y exportadoras puedan desarrollar su actividad internacional a través de sus instalaciones. En este sentido, los responsables de este tipo de decisiones en infraestructuras deben realizar la ardua y compleja tarea de planificar las necesidades futuras del mercado, por lo que, si cuentan con la participación financiera e implicación de las empresas usuarias del proyecto, como en el caso de Valencia, la probabilidad de éxito será mayor.
Efectos sobre flujos comerciales
Otro de los puntos clave es el efecto que esta nueva terminal puede tener sobre la conectividad marítima del puerto y los flujos de importación y exportación de las empresas valencianas y españolas. A escala global, según los datos publicados en el informe anual de la UNCTAD, más del 75% del comercio mundial se transportó por vía marítima en 2021[5]. En este proceso, los puertos juegan un papel fundamental como facilitadores de dichos intercambios, siendo infraestructuras que permiten a países y empresas participar en las cadenas de valor globales e integrarse en las redes de transporte internacional. A nivel estatal, en la configuración del mapa de puertos de entrada y salida de mercancías en contenedor en España, los puertos de Valencia y Barcelona son los dos principales del país, por los que pasa más del 70% de las importaciones y exportaciones realizadas por las empresas españolas. Por lo tanto, el papel que juegan estos enclaves para la industria es de suma importancia, influyendo en el coste y tiempo de entrega de sus productos. La nueva terminal supondrá la apuesta de una de las principales compañías navieras del mundo por Valencia como puerto de referencia en el Mediterráneo. Por este motivo, se esperaría que su llegada se tradujese en un mayor número de conexiones marítimas que enlacen Valencia con más mercados internacionales y con mayor frecuencia de servicios. Esto aumentará las opciones de las empresas en la gestión de sus flujos de importación y exportación. Además, puede que aumente la competencia entre navieras para servir a algunos mercados, lo que puede traducirse en un menor coste del transporte marítimo a pagar por las empresas y una mejora en la calidad del servicio. Si a esto añadimos que la Ampliación Norte necesitará también de la inversión de un conjunto de infraestructuras auxiliares que mejoraran la eficiencia de los flujos de mercancías entre el origen y el puerto (nuevo acceso al puerto, mejora de la red ferroviaria, etc), puede tener efectos todavía más reductores sobre el coste y tiempo. En definitiva, la Ampliación Norte puede a través del incremento de la conectividad y aumento de la competencia mejorar la competitividad de las empresas en los mercados internacionales.
Perdida de actividad
Además, en este sentido, es importante ser conscientes de los efectos que podría tener para las empresas la paralización de proyecto. La compañía naviera MSC necesita de nuevas y más modernas instalaciones para atender su negocio en el Mediterráneo. Dicha naviera ya dispone de una terminal de contenedores en el Puerto de Valencia, siendo sus tráficos los más relevantes del enclave valenciano. Así que, si la empresa no puede mejorar sus instalaciones en Valencia, se esperaría que buscase otro puerto para llevar a cabo la inversión y, desde este, poder distribuir sus tráficos al resto del mundo. En efecto, esto supondría una reducción de parte de la actividad en su terminal de Valencia, especialmente la vinculada a transbordo. Presumiblemente, esto sería un fuerte revés para las empresas usuarias del puerto, ya que el transbordo permite que estas se aprovechen de menores costes de exportación en mercados en los que existe un fuerte desequilibrio comercial, como por ejemplo China. Por lo tanto, el escenario de no inversión no es inocuo y no dejaría al puerto tal y como está, sino que tendría efectos negativos para el propio puerto (pérdida de actividad) y para las empresas (pérdida de conectividad y mayores costes de transporte).
Impacto económico
Por último, es necesario destacar el impacto económico que puede generar la ampliación del puerto en términos de empleo, creación de empresas logísticas y ubicación de nuevas empresas manufactureras en el territorio valenciano. Según las estimaciones del informe realizado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia[6], en 2030, con la nueva terminal ya construida y a pleno funcionamiento, el impacto económico del puerto de Valencia se espera que represente en términos de valor añadido el 2,27 % del conjunto de la Comunidad Valenciana, con un empleo de 44.000 puestos de trabajo y cuyo salario medio estará en torno a los 32.000 euros anuales. Con la nueva Ampliación Norte, el puerto de Valencia representará el 2,2 % de todo el empleo de la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, no basta únicamente con incorporar los beneficios económicos, sino que también es necesario incorporar los costes y beneficios medioambientales para la evaluación del proyecto en su conjunto. Gracias a que parte de la sociedad ha interiorizado su preocupación por el cambio climático, se ha empezado a tomar acciones que tratan de protegerlo y preservarlo para las generaciones futuras. Sin duda, es este el principal motivo que ha originado el debate y provocado multitud de reflexiones acerca de la necesidad y sostenibilidad medioambiental de la Ampliación Norte. Las reticencias de la sociedad valenciana en esta cuestión ejemplifican ese cambio de mentalidad global en el que incorporar la dimensión “verde” va ser un eje fundamental para la aprobación y el respaldo de la sociedad a los proyectos futuros como este.
Externalidades medioambientales
Por ello, uno de los puntos más controvertidos son las externalidades medioambientales que puede generar la terminal a su entorno más inmediato, tanto en la fase de construcción como en su etapa de explotación. En este sentido, no se puede ni se debe negar el impacto sobre el medioambiente apelando a que será un proyecto ecológico. Las externalidades negativas se van a producir, pero, en mi opinión, la cuestión fundamental es si existen herramientas para que dichos efectos negativos se internalicen y si habrá disponibles tecnologías limpias para mitigarlos o minimizarlos. Es aquí donde empieza la tarea obligatoria de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), que debe tratar de tomar medidas para corregir dichos efectos.
Por un lado, tenemos las externalidades provocadas por su construcción. En este sentido, pese a que se ha repetido hasta la saciedad, creo que es necesario señalar de nuevo que el dique de abrigo de la Ampliación Norte ya está construido desde hace más de una década. Es decir, el problema de interrumpir la corriente del flujo natural de sedimentos al que apelan los detractores del proyecto es ya una realidad que se terminó de construir en el año 2012. Por lo tanto, en esta fase, si el proyecto no se aprobase, la cuestión sobre los sedimentes continuaría siendo un problema. ¿Cuál es la alternativa? ¿Destruir el dique? ¿Hay algún cálculo sobre el coste económico y medioambiental de dicha acción? Pese a que el proyecto tuvo la aprobación de la DIA en su momento, lo cierto es que es una lástima que la angustia sobre el cambio climático no formase parte de nuestras vidas cuando se aprobó el proyecto décadas atrás, ya que se hubiese generado un intenso debate al respecto. En cuanto al tema de los sedimentos, es necesario también destacar que la acción de las administraciones públicas competentes encargadas de la gestión de nuestras costas resultará fundamental para llevar a cabo las medidas oportunas que permitan reducir el efecto provocado por el menor depósito de sedimentos en las playas del sur de Valencia.
Por otro lado, encontramos las externalidades negativas derivadas del funcionamiento de la terminal en cuanto al incremento del número de buques, camiones y trenes, que, evidentemente, supondrán un aumento de emisiones contaminantes. Esto no se puede negar. Sin embargo, hay que tener en cuenta la disponibilidad de herramientas para tratar de generar los incentivos necesarios y las obligaciones legales a los usuarios (y a su vez generadores de emisiones del puerto) para que puedan ir avanzando hacia el uso de combustibles y tecnologías más sostenibles. En este sentido, creo que es de justicia destacar el esfuerzo que la APV viene realizando en las últimas décadas en materia de mejora de la sostenibilidad medioambiental de sus operaciones. Su participación en numerosos proyectos de innovación dirigidos a mejorar la eficiencia energética de la operativa de las terminales, mediante la introducción de nuevas tecnologías y también de combustibles más limpios han sido reconocidas y premiadas internacionalmente. Además, como ejercicio de transparencia, se puede consultar su Memoria Medioambiental en la que monitorizan su huella de carbono y se puede observar la paulatina reducción de las emisiones en los últimos años. Todo esto es una señal del compromiso de la APV en actividades que contribuyan a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad hasta alcanzar el puerto de cero emisiones en 2030[7]. Y así debe seguir siendo con la Ampliación Norte, en la que los dirigentes de la APV tienen la oportunidad de incorporar en el acuerdo de concesión los ambiciosos objetivos medioambientales que debe formalizar la empresa concesionada, vigilando y garantizando su cumplimiento. Esto es lo que podemos exigir a APV, que la nueva terminal del puerto de Valencia sea una de las más modernas y sostenibles del mundo y así consta en el proyecto: terminal autosuficiente energéticamente, 98% de la maquinaría será eléctrica (con origen de la energía eléctrica de fuentes renovables) y el 2% restante de hidrogeno y, finalmente, la posibilidad de conectar el buque a la red eléctrica durante su estancia en puerto. Esta es la responsabilidad de la APV y de la empresa concesionada con la sociedad valenciana, por lo que esas obligaciones para tratar de minimizar las externalidades negativas en el entorno más próximo al puerto deben cumplirse.
No obstante, las obligaciones medioambientales no dependerán únicamente de la voluntad de la APV, sino que la Comisión Europea ha definido un plan de actuación dotado con inversiones, medidas y regulaciones para conseguir la neutralidad climática a través de la implementación del paquete fit for 55, donde el transporte marítimo tiene un lugar destacado. Así, la legislación europea pretende reducir las emisiones contaminantes con medidas como la introducción del transporte marítimo en el EU Emissions Trading System (EU ETS) a partir de 2024. De este modo, las empresas navieras deberán pagar por el carbono emitido a la atmósfera a través del sistema de derechos de emisión, penalizando en este caso aquellas empresas emisoras y generando los incentivos para la transición progresiva hacia combustibles y tecnologías más limpias. Otra de las medidas propuestas por la Comisión es la inversión en proyectos de I+D+i vinculados al uso de nuevos combustibles para buques y maquinaria portuaria (por ejemplo, el hidrogeno o amoniaco). Por último, también exigirá que los puertos pongan a disposición de los buques la posibilidad de conectarse a su red eléctrica durante su estancia en puerto, en lugar de mantener encendidos los motores auxiliares y seguir emitiendo gases contaminantes como hasta ahora, reduciendo de este modo las emisiones generadas en el área portuaria. Por lo tanto, estas son tan solo algunas de las medidas que, desde las instituciones europeas, se están trabajando para conseguir que la actividad de transporte sea cada vez menos contaminante en su lucha contra el cambio climático.
En definitiva, esto son únicamente algunos de los argumentos a favor de la aprobación del proyecto. No cabe duda de que la preocupación por las externalidades medioambientales derivadas de dicha infraestructura es uno de los puntos clave para la aceptación del proyecto por parte de la sociedad. Por ello, la necesaria cuantificación en términos monetarios de las mismas permitiría ponerlas en la misma balanza que los beneficios económicos para determinar de qué lado se decanta. También es cierto que desde las administraciones públicas y la Comisión Europea existe el compromiso y se están tomando acciones dirigidas a minimizar dichos impactos en el medio plazo. Esperemos que lo cumplan.
…Et contra
La ampliación del puerto de València a debate: ¿Economía a cualquier precio?
(por Joan Olmos, Doctor Ingeniero de Caminos y profesor Titular de Universidad, Director General de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana entre 1983 y 1988)
Hace unas semanas publiqué un artículo dedicado al ministro de transportes Óscar Puente sobre la ampliación del puerto de Valencia. He utilizado, en parte, algunas ideas de ese escrito para confeccionar este otro, atendiendo a la petición formulada por el profesor Ochando, a quien agradezco la oportunidad que me ofrece para esta ocasión.
El mito del crecimiento
Tim Jackson, en su Libro Post Crecimiento (2022), le atribuye el carácter de mito porque según él, todas las culturas, todas las sociedades viven aferrados al mismo: “mientras la economía se continúe expandiendo, estamos convencidos y seguros de que la vida va a ir mejorando”.
Por su parte, Ramon Folch, en su libro La quimera del crecimiento (2011) señalaba que “las ideas económicas de los siglos XIX y XX consideraban que la matriz biofísica era ajena a los procesos económicos, hasta el punto de que algunos de sus componentes productivamente esenciales como el agua, el suelo, el clima, eran bienes libres, irrelevantes. Esta manera sesgada de mirar la realidad ha situado al sistema económico, supuestamente, al margen del entorno biofísico. No obstante, hoy más que nunca esos factores pretendidamente secundarios tienen un valor socioeconómico enorme”.
Este marco conceptual me parece el idóneo para centrar el debate: si nos importan o no los efectos que tienen determinadas intervenciones en el territorio, si consideramos que los llamados beneficios para la economía justifican ‘cualquier sacrificio’. Y si en algunos casos las estimaciones de los costes son tan onerosos que impiden seguir adelante con el proyecto.
Un apunte histórico
En 1950, tal como aparece en la memoria del Puerto de Valencia “Sobre su historia, progreso y desarrollo” (enero 1942- diciembre 1949), su director Luis Dicenta se refería a la “ímproba labor desarrollada por el Estado (…) para dotar a esta región de un tan preciado medio de comunicación, que da un valor a toda la agricultura y comercio de su ‘hinterland’ que justifica cualquier sacrificio que para mantenerlo y mejorarlo sea preciso (…) pues nadie, si es buen valenciano, debe ignorar ni olvidar el esfuerzo que representa crear y mantener un puerto completamente artificial, sin abrigo natural, y lo que su fracaso u (sic) abandono hubiera representado para la Economía Regional…” (El destacado en negrita es mío).
Se refería a unas condiciones geomorfológicas de la costa nada favorables para este tipo de instalaciones y que están en el origen de la mayor parte de los problemas que ha causado el puerto en su entorno.
Con la escasa pendiente de la plataforma costera, el puerto ha ido extendiendo sus diques mar adentro (1.500 metros adicionales en la ampliación actual) para conseguir calados suficientes, y ese proceso ha generado graves desequilibrios en la dinámica litoral, uno de los ejes básicos y más controvertidos de la oposición actual al proyecto.
La ampliación norte está bloqueada desde 2018 cuando ya estaban construidos los diques de abrigo, lo que podríamos llamar los cimientos de la nueva terminal marítima. La ampliación, por tanto, no está en absoluto realizada como afirman repetidamente desde instancias oficiales: falta el dragado para aumentar el calado, el relleno para cimentar los muelles, y toda la superestructura. Y, por tanto, a tiempo de rectificar.
El nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, sin embargo, zanjó de manera rotunda la posibilidad de seguir debatiendo, cuando el pasado 18 de diciembre de 2023, apenas estrenado en el cargo declaró: “La operación, desde el punto de vista ambiental, es impecable… Hay cierta sobreactuación medioambiental”.
Si hay un proyecto ahora mismo en el Estado que contraviene toda lógica ambiental frente al Cambio Climático y el derecho a la ciudad, ese es el de la ampliación norte del puerto de València. Los efectos de la última gran ampliación, bien contrastados, y que causaron daños materiales, ambientales y humanos irreparables, constituyen un banco de pruebas irrefutable. Esas pruebas, y la declaración de parque natural de la Albufera en el año 1986, debieran haber bastado para descartar cualquier nuevo proyecto de ampliación.
La experiencia y el conocimiento acumulados en los últimos años sobre los impactos del Puerto de València nos llevan a afirmar que la deuda social y ambiental acumulada, al menos en las últimas tres décadas, en absoluto justifica el triunfalismo que emiten continuamente los informes y las declaraciones de sus representantes. Se trata de evidencias bien documentadas sobre los enormes costes ocasionados a la ciudad y a su entorno. De haberse considerado de inicio esos factores, ni la ampliación sur de los años noventa ni la que ahora se pretende ejecutar, se deberían haber planteado.
El parque natural de la Albufera, joya de nuestros humedales, ha sido el principal afectado por ello, como ya lo indicaba el Gobierno en 2007 en la declaración de impacto ambiental (DIA); y ahora, los efectos permanecen por mucho que se intenten ocultar los informes científicos y académicos que no gustan.
Pero es el conjunto de la ciudad el que plantea un problema de primer orden para proteger la Salud Pública, empezando por los vecinos de su fachada marítima. Los barcos consumen el combustible más sucio del mundo y las emisiones de azufre de uno solo de esos buques tiene dimensiones estratosféricas, con lo que “las áreas portuarias son la vanguardia de la contaminación sigilosa que no tiene fronteras” Recomiendo el visionado del documental Freightened. El precio real del transporte marítimo.
La ampliación norte se sometió a examen ambiental con unos requisitos que ya entonces resultaban absolutamente insuficientes, si bien es cierto que la DIA de 2007 en absoluto daba carta blanca para actuar. Pero el paso de casi veinte años ha generado un nuevo marco económico y ambiental mucho más exigente con las pruebas de aptitud. Este ha sido uno de los temas del conflicto.
Un solo concursante (la naviera MSC) aspira desde 2019 a completar la ampliación con ayudas públicas para, a continuación, explotar la nueva terminal, duplicando la capacidad de atraque usando instalaciones y dineros públicos -600 millones para empezar- para una actividad difícilmente calificable como de interés general que exige a su vez unas obras complementarias nada desdeñables, como son la ampliación de los accesos terrestres. De hecho, ya se presentó en ese mismo año una descabellada propuesta para conectar el puerto con Sagunto a través de un túnel submanrino.
¿Economía a cualquier precio?
La defensa de la posición oficial ha ido virando desde posiciones económicas clásicas (PIB, empleo, “crear riqueza”) hasta reconocer (a regañadientes, añado yo) la dimensión ambiental del proyecto diciendo, sin embargo, que se tratará -nada menos- que de una “terminal medioambientalmente sostenible y neutra en términos de emisiones”.
En 2010, el profesor Juan Piqueras de la Universitat de València cuestionaba (diario Levante 9/10/2010) la supuesta incidencia positiva y reiteradamente proclamada del Puerto en la economía regional.
«A la vista de la composición del tráfico y de la modesta y estancada representación de la exportación valenciana, cabe preguntarse si están justificadas tanto las obras de ampliación del mismo, ya en ejecución, que aumentarán a casi el doble la capacidad del mismo, y el tan solicitado acceso norte (…) sin explicar a la opinión pública cuál pueda ser su repercusión sobre la economía regional ni de qué magnitud su tremendo impacto ambiental sobre las playas. De grandes obras deberíamos estar ya escarmentados (…) La cuestión es si esta demanda por parte de la Autoridad Portuaria responde realmente a las necesidades locales o si por el contrario el coste y el impacto de las obras tienen otro tipo de justificación puramente empresarial y privado».
Han pasado catorce años y esa cuestión sigue planeando en el debate.
En cuanto a la anunciada conciliación ambiental, (no solo expresada por el ministro Puente) resulta imposible en este caso: porque si hay ampliación se supone (las previsiones a largo plazo, en Economía, como dice Carl Sagan, pertenecen a la pseudociencia) que crecerá el trasiego de buques y camiones, y por tanto, habrá más impactos y nuevas exigencias para ampliar accesos terrestres sobre la Huerta, otro ecosistema tradicional en peligro. Por mucho que la Administración se proponga modernizar las instalaciones portuarias, no va a poder obligar a las grandes navieras a hacer lo mismo con sus navíos. Tampoco parece muy probable que las empresas de camiones acepten fácilmente ceder el paso al ferrocarril, que sería lo razonable.
Afirmar, por tanto, que el proyecto de ampliación generará una “terminal medioambientalmente sostenible y neutra en términos de emisiones” resulta lo más parecido al negacionismo ecológico.
Contra la ciudad
Nuestra ciudad y su entorno geográfico poseen extraordinarios valores que están siendo reconocidos incluso por instancias internacionales. Un proyecto como el que analizamos devalúa claramente este patrimonio, en un año en que València celebra la capitalidad verde europea. ¿En qué parte del proyecto se contabiliza esa devaluación, que podemos concretar, por ejemplo, en el patrimonio inmobiliario? ¿Y los costes que cargan a la comunidad en materia de salud de la población afectada?…
A la anomalía geográfica que hemos citado hay que añadir la de la gobernanza del puerto, según la cual este dispone de un estatus jurídico y administrativo especial. La anacrónica ley de Puertos concede a los espacios portuarios unas facultades que les libran de someterse a las autoridades municipales y a sus normas, no han de tener en cuenta el planeamiento municipal ni pedir licencia para sus obras.
Sabemos que el proyecto cuenta con el apoyo de los partidos mayoritarios en la Comunidad Valenciana; y por descontado, con el del mundo empresarial. Sin embargo, poseer la fuerza no necesariamente lleva a tener razón.
Aun así, se ha producido alguna grieta en ese robusto bloque promotor por la presión ejercida por los colectivos sociales agrupados en torno a la Comissió Ciutat- Port, forzando las exigencias de transparencia y participación, una obligación, por cierto, que debió asumir desde el principio la Administración Pública.
Una presión que ha conseguido que la ampliación esté en discusión ante los tribunales. Y solo por eso, el ministro Puente debió tomar un tiempo, escuchando a quienes califica, como en los viejos tiempos, de ambientalistas exagerados y alarmistas. En momentos en que tanto se apela al diálogo, hay que aceptar a quienes ya supones que te van a incomodar.
Son tantas las incertidumbres que planean sobre el futuro del transporte marítimo (cambios en las rutas interoceánicas, progresiva automatización de los trabajos portuarios, endurecimiento de la legislación contra las emisiones…) que resulta inaceptable justificar actuaciones a plazos tan largos (35 años para la nueva ampliación programada) con ese optimismo desbordante al que nos tienen acostumbrados tanto la APV como los sectores que le apoyan de manera incondicional.
Por otra parte, la credibilidad del Gobierno frente a los graves retos ambientales y sociales de nuestro tiempo se resiente gravemente con su posicionamiento en casos como el que analizamos. El ‘mito de las infraestructuras’ sigue dominando la acción de los gobiernos, ahora también con la pulsión de ampliar aeropuertos.
Apostar en Valencia por una progresiva contención de la actividad portuaria, en especial de aquella que sirve exclusivamente a los intereses de las compañías navieras, ofrecería la oportunidad para situar en ese espacio litoral tan cotizado, actividades económicas de inequívoca etiqueta social y ambiental. Un buen momento para orientar la inversión pública y privada, por citar unos casos, hacia la investigación científica, las infraestructuras sanitarias y de atención a los cuidados sociales, la reindustrialización, la rehabilitación urbana, la movilidad sostenible y la agricultura de proximidad, pues todas ellas son una base potentísima para la actividad económica, en la línea fijada por la UE en 2019. Recordemos que se trata de sectores que generan mucho más empleo y bienestar que los que venimos criticando.
No podemos dejarnos llevar por un discurso triunfalista que vincula de manera tan simplista la actividad portuaria y su futuro con la economía local. Se trata, por lo tanto, de parar y reflexionar.
Separar Economía y Medio Ambiente en el análisis de los proyectos resulta a estas alturas inaceptable. Recordemos que Economía y Ecología son dos términos que comparten idéntico origen etimológico: oikos, en griego, la casa.
[1] Aunque también existen otras herramientas como el Análisis Multicriterio o los Modelos de Equilibrio General, el ACB es el más utilizado.
[2] Para mayor detalle sobre el ACB, consultar de Rus, G., Socorro, M. P., Valido, J., & Campos, J. (2022). Cost-benefit analysis of transport projects: Theoretical framework and practical rules. Transport Policy, 123, 25-39.
[3] En el siguiente enlace se puede encontrar todos los informes técnicos y jurídicos sobre el proyecto: https://www.valenciaport.com/autoridad-portuaria/infraestructuras/en-proyecto/
[4] El buque de mayor capacidad del mercado era capaz de transportar 12.500 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit en sus siglas en inglés), mientras que en 2024 la capacidad supera los 24.000 TEU.
[5] Review of Maritime Transport publicado en el año 2021 por la UNCTAD.
[6] El informe se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.cev.es/wp-content/uploads/Puerto-de-Valencia-la-nueva-terminal-en-la-amplacion-norte-INTERACTIVO.pdf
[7] En el siguiente enlace se puede consultar la estrategia medioambiental de APV: https://www.valenciaport.com/wp-content/uploads/Presente-y-Futuro-sostenibilidad-APV-Junio-2021-copia.pdf
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Posted by tono
(por Juan Francisco Albert, Departamento de Economía aplicada, Universidad de Valencia)
Nicola Acocella en su nuevo libro realiza un análisis exhaustivo de lo que a su juicio son los cuatro principales problemas para la política económica que han surgido o se han agravado en los últimos años. Estos son los cambios producidos en las graves y recientes crisis económicas – Gran Recesión y la crisis de la Covid-19- , el estancamiento económico, las desigualdades y la globalización. De acuerdo con el libro, estos problemas no son nuevos y coexisten en las economías avanzadas durante mucho tiempo, pero se han agravado en las últimas décadas, lo que ha generado una serie de desafíos que requieren una acción pública efectiva. En este sentido, el libro pone el énfasis en cómo muchas herramientas tradicionalmente utilizadas en la acción pública se han vuelto ineficaces debido a los cambios producidos por diversas circunstancias.
En el primer capítulo se abordan las causas y consecuencias de las crisis recientes poniendo especial énfasis en el impacto sobre la Eurozona. Como es bien sabido, a partir del año 2008, muchas áreas del mundo y particularmente Europa, sufrieron una de las mayores crisis financieras de la historia con consecuencias devastadoras en los niveles promedio de ingresos y empleo. Acocella aborda esta cuestión explicando como el efecto de la explosión de la burbuja financiera en los Estados Unidos se transmitió rápidamente por la zona euro y muchos otros países desarrollados, pero las consecuencias fueron más largas y notables al otro lado del atlántico. El autor examina los determinantes y la evolución de la crisis financiera tanto en Estados Unidos como en Europa. Aunque la desregularización financiera era un denominador común en ambas áreas, el tipo de sistema financiero de la eurozona que carecía de control, supervisión e instrumentos de rescate comunes agravó la situación en las economías europeas. Otros factores señalados fueron los desequilibrios financieros que aparecieron en la zona euro como consecuencia de la formación de un área monetaria liderada por Alemania y su modelo exportador y la ausencia de políticas activas comunes para hacer frente a una crisis asimétrica. Las consecuencias de este evento también son sobradamente conocidas: desempleo, pobreza, desigualdades y ratios de déficit y deuda elevados. El libro se muestra crítico con la gestión de la política fiscal y el cumplimiento estricto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que, según la opinión del autor, solo hizo que agravar el problema y profundizar una crisis deflacionaria. En la segunda parte del capítulo se aborda la crisis de la pandemia. Esta quizá sea la parte menos interesante del libro dado que el libro fue escrito durante los meses duros de la pandemia y con anterioridad a la aparición de las vacunas. El autor hace un pronóstico nada halagüeño sobre la gravedad y duración de las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria que afortunadamente y con la claridad que nos da el paso del tiempo, podemos afirmar que no se han cumplido.
El capítulo 2 aborda el problema del estancamiento. Precisamente, uno de los fenómenos que se ha hecho más visible a partir de la crisis de 2008 ha sido el estancamiento secular, es decir, la tendencia de la tasa de crecimiento del PIB a disminuir a largo plazo. Acocella señala que la tasa de crecimiento de los países avanzados cayó en 1 punto porcentual en los treinta y cinco años después de 1971 y apunta algunas de las causas que se han debatido en la literatura económica en los últimos años. Aquí el autor señala dos hipótesis: (1) las lentas recuperaciones económicas que históricamente siguen a las crisis de carácter financiero y que podrían explicar las bajas tasas de crecimiento en los últimos 15 años; (2) la caída del tipo de interés natural que se ha producido por un menor apetito de inversión global y mayores deseos de ahorro. Sea como fuere, tal situación requiere de una batería de nuevas políticas y un replanteamiento de la política económica que van desde el fortalecimiento del presupuesto público, políticas monetarias no convencionales, coordinación de la política fiscal con la política monetaria, limitar el poder oligopólico de las grandes empresas o cambios en la edad de jubilación.
En el capítulo 3, el autor pone el énfasis en uno de los desafíos más recurrente de los últimos años: el aumento en los niveles de pobreza y desigualdad. En esta línea, se apuntan algunos potenciales responsables como las políticas de liberalización de los mercados de trabajo, bienes y capitales aplicadas desde 1980, la reducción de la presión fiscal sobre la renta y el patrimonio, la digitalización, el propio efecto de las crisis o el envejecimiento poblacional. Asimismo, se subrayan los efectos perniciosos que pueden tener las desigualdades sobre el crecimiento económico. Por un lado, la reducción en la propensión marginal a consumir global, que, entre otros efectos, puede intensificar el estancamiento secular. Por otro lado, una trampa perpetua de pobreza que reduzca los niveles de educación, la productividad y el crecimiento futuro.
La globalización se trata en el capítulo 4. Aquí se apunta que algunos aspectos de la globalización presentan ventajas, al fomentar una relación más estrecha entre las economías e incentivar el comercio internacional. Sin embargo, estos no están carentes de inconvenientes, como el aumento del grado de monopolización debido a la formación de oligopolios o monopolios internacionales, resultado de ciertos movimientos de capital. Por otro lado, los desplazamientos internacionales de personas ofrecen potenciales beneficios por diversas razones, como lo demuestra la experiencia histórica. No obstante, su concentración en el espacio y el tiempo puede generar problemas económicos, sociales y políticos significativos. Por último, el incremento en el intercambio global de bienes ha provocado en algunos casos la obsolescencia de antiguos oficios y profesiones, teniendo un impacto negativo en la distribución del ingreso. Estos efectos se atribuyen en gran medida a la falta de instituciones capaces de regular la globalización, ya que en el mundo real esta función recae casi exclusivamente en la libre operación de los mercados
En el capítulo 5 se exploran las interrelaciones entre los cuatro fenómenos económicos previamente analizados. El libro intenta abordar y debatir los nuevos instrumentos de política económica surgidos en respuesta a los desafíos actuales. Sin embargo, una de las principales limitaciones del libro es su rápida obsolescencia, a pesar de estar recientemente publicado. No aborda, por ejemplo, los riesgos geopolíticos ni el aumento de la inflación experimentado en los últimos años. También carece de suficientes referencias al cambio climático, sorprendiendo la ausencia de un capítulo dedicado íntegramente a este tema.
En resumen, se trata de una obra divulgativa que aborda algunos desafíos contemporáneos y puede servir como una introducción inicial a los temas tratados para estudiantes o el lector menos familiarizado con estas temáticas. Sin embargo, para los más versados, las discusiones muchas veces carecen de profundidad. Para aquellos familiarizados con la obra del autor, gran parte del libro reproduce y actualiza contribuciones previas realizadas por Acocella.
(por Carlos Ochando Claramun, Departamento de Economía aplicada, Universidad de Valencia)
Economistas frente a la crisis nació en septiembre de 2011 como una plataforma informal de economistas críticos preocupados, en ese momento, con el diagnóstico y principios con los que se estaba gestionando la crisis del 2008. Declaraban su clara oposición a las respuestas y soluciones que implicaban ajustes fiscales y sociales recetadas para combatir la crisis financiera. En septiembre del 2013 se constituyeron como asociación sin ánimo de lucro y han seguido defendiendo los mismos principios políticos y académicos originales. A día de hoy el presidente es Jorge Fabra Utray (economista y doctor en Derecho) y sus vicepresidentes Cecilia Castaño Collado (catedrática de Economía Apllicada de UCM) y Antonio González González (consejero del CES). En la página web https://economistasfrentealacrisis.com. se pueden consultar multitud de artículos de opinión y trabajos sobre los temas económicos de máxima actualidad. Pues bien, ese trabajo de divulgación y pensamiento crítico de la asociación ha adquirido la forma de un libro de reciente publicación. Economía, política y ciudadanía: reformas estructurales para una década de progreso es una recopilación de trabajos y estudios de los principales miembros de la asociación y pretende recoger un amplio abanico de temas (y de políticas) económicos que articulen una cierta arquitectura de programa económico progresista para la situación actual de la economía española. Esta ambición es su mayor virtud, pero también su principal debilidad. Como todo libro compuesto por la recopilación de trabajos heterogéneos y de diversos autores, el libro en cuestión se muestra un poco irregular en la profundidad con que los autores tratan los temas. La ventaja: que el lector encontrará en un mismo libro el tratamiento de las principales políticas económicas y sociales que articulan el debate actual sobre las reformas necesarias para nuestro país. Sería extenso repasar uno por uno los 14 capítulos en los que consta el libro. Enumeraré los 14 temas tratados en el libro, para, posteriormente, centrarme en algunos particularmente interesantes para los lectores interesados en el análisis de la política económica.
Los temas tratados en el libro, por orden, son los siguientes: el cambio de paradigma de la política económica (José Moisés Martín), la transformación del modelo productivo (Ignacio Muro), economía y ecología (Cristina Narbona), la economía de los cuidados (Cecilia Castaño, María Ángeles Sallé, Lina Gálvez y Ruth Rubio), la transición digital y la desigualdad territorial (Ignacio Muro), la demografía (Juan Antonio Fernández), la coordinación entre la política monetaria y la fiscal (Carles Manera), la fiscalidad (Juan Gimeno Ullastres), la regulación de la electricidad (Jorge Fabra), las relaciones laborales colectivas (Antonio González), la reforma empresarial para democratizar la economía (Mónica Melle), la vivienda (Julio Rodríguez), los presupuestos desde una perspectiva de género (Gloria Alarcón) y la sanidad pública tras la pandemia (Emili Ferrer). Como se puede observar, la amplitud de los temas es enorme. Como he apuntado con anterioridad ese rasgo concede al libro una gran virtud (se tratan casi todos los temas para un programa de política económica y social progresista), pero también una gran debilidad (la superficialidad y escasa profundización con que se tratan algunos de ellos. Voy a detenerme en los capítulos que me han parecido más interesantes, también desde la perspectiva de un lector interesado en el análisis de la política económica.
Sin duda uno de los capítulos más interesantes es el primero (“¿Un cambio de paradigma? La política económica en los últimos años”) realizado por José Moisés Martín Carretero. El autor resume en cuatro bloques los principales cambios que ha sufrido la política económica en los últimos años: 1) la limitación de la globalización (auge del concepto de “autonomía estratégica”); 2) el retorno de la política industrial; 3) la búsqueda de un nuevo pacto social y 4) la reformulación de la política de estabilización macroeconómica. Son significativas las preguntas con que el autor acaba su capítulo: “¿fin del neoliberalismo?” y “¿y ahora, qué?”, con lo cual parece dejar caer que no tiene claro que los pasos que se han dado en la academia para reformular una política económica diferente a las recetas tradicionales del “mainstream” se vayan a consolidar en el futuro.
En el capítulo 2, Ignacio Muro Benayas (“Una oportunidad única para transformar el modelo productivo”) plantea que “los países desarrollados, pugnan para conseguir ventajas comparativas en un nuevo escenario de reubicación de las cadenas de valor y de especialización productiva vinculadas a las transiciones ecológicas, digitales y demográficas” (p. 40). También España, que según el autor tiene una oportunidad única con la llegada de los fondos Next Generation europeos. Lo interesante del capítulo es que el autor muestra (y cuantifica) en qué cinco sectores nuestro país está concentrando los fondos: 1) sectores punteros como los chips de nueva generación en el campo de la microelectrónica e hidrógeno verde; 2) energías renovables, digitalización del ciclo del agua, economía circular y descarbonización; 3) sector industrial (vehículo eléctrico, naval, aeronaútico, agroalimentario); 4) nueva economía de la lengua, sistemas de salud de vanguardia, economía social y de cuidados e 5) infraestructuras asociadas al sector de la construcción.
Otro capítulo interesante, por la tesis que defiende, es el de Juan Antonio Fernández Cordón (“Algunos problemas sociales relacionados con la demografía”). El autor da la vuelta al argumento del declive demográfico, afirmando que no existe tal, sino un nuevo modelo demográfico que no tiene por qué suponer un gran problema social, económico y político. Especialmente, para las pensiones públicas, rebatiendo, de esta manera, la manida crisis financiera de las pensiones por la “bomba demográfica”. Para Fernández Cordón una de las soluciones es un flujo de llegadas de inmigrantes, eso sí, ordenado. Podríamos resumir su tesis en la siguiente cita: “puede afirmarse que España no tiene un problema demográfico siempre que puedan llegar inmigrantes. Lo cual no va a impedir un cierto envejecimiento de la población, esencialmente debido a la mayor longevidad, pero los vaticinios catastróficos de los recortadores del gasto público dejan de ser creíbles” (p. 92).
Sin duda, otro de los capítulos interesantes para los estudiosos de la política económica es el séptimo, realizado por Carles Manera y que lleva por título “Crecimiento, inflación, inversión. Por una necesaria coordinación entre política monetaria y política fiscal”. Podríamos resumir en los siguientes enunciados la propuesta de política económica del autor: 1) la importancia de la inversión pública; 2) la imprescindible coordinación entre la política fiscal y la monetaria (“porque política monetaria y política fiscal son dos caras de una misma moneda. Ambas se retroalimentan, se influyen, se comunican” (p.121); 3) una política fiscal más expansiva (“los proyectos económicos conocidos de Joe Biden marcan el camino: más gasto público en infraestructuras, en investigación, en políticas sociales y sanitarias, con elevación de la deuda y del déficit” (p.125) y 4) perder el “miedo a los mercados” en el sentido de abandonar la rigidez monetarista o la ortodoxia presupuestaria.
El trabajo de Juan Gimeno Ullastres (“Financiación pública. Fiscalidad suficiente”) también es interesante para los estudiosos de la política económica, especialmente, para los dedicados a la política fiscal y tributaria. En mi opinión, es excesivamente esquemático y adolece de una cierta profundidad en sus propuestas. Resumamos (todavía más) lo que plantea el autor: 1) mejorar la eficiencia del gasto y la lucha contra la evasión y el fraude;2) no subir o bajar impuestos, sino eliminar privilegios (de las rentas de capital financiero frente a las del trabajo; de las grandes empresas respecto a las PYMES; de las transacciones financieras frente al resto ;3) simplificar los tributos; 4) nuevos tributos y tareas (tasa sobre transacciones financieras, impuesto especial sobre beneficios de empresas con un control excesivo del mercado, mínimo de la tributación empresarial por encima del 15%, eliminación gradual del régimen de estimación objetiva de rendimientos empresariales e imposición verde).
Para finalizar, reseñaremos un último capítulo que nos ha parecido interesante. Se trata del capítulo 10 (“Reequilibrar el papel del trabajo en las relaciones laborales colectivas”), realizado por Antonio González. Es interesante tanto por la información empírica y estadística, como por sus propuestas. El autor comienza con un diagnóstico de la debilidad de las relaciones laborales en España, elemento estructural de los desequilibrios sociales y económicos. Este diagnóstico lo descompone en las siguientes evidencias: 1) la escasa participación de las rentas salariales en la distribución de la renta; 2) salarios reales estancados durante 25 años; 3) las rentas salariales han sido las más perjudicadas por la inflación; 4) persistente exceso de oferta de trabajo, causa de la máxima “holgura laboral”; 5) la polarización del empleo retroalimenta la debilidad del trabajo. Tras esas “evidencias”, el autor enumera algunos de los espacios de intervención para las reformas pendientes. Concretamente, 1) el bajo nivel de protección del empleo frente a los despidos; 2) la desproporcionada y unilateral capacidad del empresario en la determinación y rebaja de las condiciones de trabajo en la empresa; 3) la dificultad de los empresarios para asumir la defensa de los asalariados; 4) las limitaciones de contenidos en los convenios; 5) la representación sindical en las categorías cualificadas; 6) la carencia de un sistema general de participación colectiva real de los trabajadores en las decisiones que les afectan y 7) la ausencia de instituciones que apoyen a los negociadores de los convenios colectivos.
Hemos dejado de comentar algunos capítulos que, sin duda, pueden ser de gran interés para el estudioso de las políticas económicas y sociales. Razones de espacio nos obligan a ello. En resumen, pensamos que el libro puede resultar interesante en un doble sentido: a) armar la arquitectura de un nuevo programa de política económica más justo, equitativo y progresista y 2) desde el punto de vista didáctico, algunos capítulos pueden servir de bibliografía para los estudiantes de economía y sociología interesados en estos temas, ya que compila lecturas comprensibles y fáciles de leer, pero muy interesantes para estimular el debate en las aulas.
Una última reflexión: sería muy interesante contrastar las propuestas del libro con las realizadas por otros cuatro libros de reciente publicación y de muy similares características: a) Roldán, T., Galindo, J., Cortázar, L. y Raigada, T (Coords.) (2023): Un país posible. Manual de reformas políticamente viables. (Ed. Deusto); 2) Beneyto, J. M. y Pampillón, R. (Coord.) (2023): La alternativa. Desafíos políticos y económicos en el nuevo ciclo (Ed. Deusto); Buendía, L. (Ed.) (2023): El papel del Estado en la economía. Análisis y perespectivas para el siglo XXI (Ed. Fuhem-La Catarata) y Garrido-Yserte, R y Mancha, T. (Coords.)(2022): Repensar el futuro. Tendencias y desafíos de una economía pos-COVID. (Ed. Catarata). Queda pendiente la tarea para el futuro.
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El pasado 28 de diciembre falleció Pilar Tamborero Sanjuan a los 57 años de edad. Fue miembro de la Unidad Docente de Política Económica del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales (1984-89) en la Universidad de Valencia y se doctoró en 1999 con una tesis que analizaba aspectos de la política económica en Gran Bretaña durante el periodo Thatcher. Posteriormente fue realizando sus tareas investigadoras sobre políticas antiinflacionistas, equilibrio externo, política laboral y de rentas, política medioambiental y la respuesta de la UE ante la COVID-19. Dichos estudios fueron publicados en diversos artículos y capítulos de libros que contribuyeron significativamente al ámbito académico. Cabe destacar uno de sus últimas contribuciones publicada en la Revista Internacional de Política Económica – International Review of Economic Policy.
Posteriormente siguió su labor investigadora, pero progresivamente se interesó más por el ámbito de la docencia. Como docente impartió numerosas asignaturas de Política Económica, como Política de la Unión Europea en el grado de Economía y Economía de la Unión Europea e Instituciones Internacionales en los grados de ADE y doble grado de Turismo y ADE, donde fue pionera al impulsar la enseñanza en inglés. Asimismo, participó en diversos proyectos de innovación docente.
Como gestora, desempeñó un papel clave en la mejora continua de la calidad académica. Cabe destacar su implicación en la Oficina de Relaciones Internacionales en las Dobles Titulaciones Internacionales de la Facultad de Economía en el marco de los programas de Graduado en Economía Europea. Recientemente también desempeñó un papel fundamental en la elaboración del doble grado en Derecho y Economía, asumiendo la coordinación desde el momento de su implantación. También asumió, entre otras muchas responsabilidades, la de Coordinadora de la Unidad Docente de Política Económica desde septiembre de 2021 a febrero de 2022.
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Eventos e informaciones |
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1.- I Ciclo de Seminarios de Política Económica. Virtual, 25 de octubre de 2023(resultados) |
| 3.- VIII Encuentro de Política Económica. «Política Económica Internacional comparada», Valencia 30 de noviembre de 2023 (resultados) |
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4.- Seminarios de Política Económica (Universidad de Valencia) (resultados) |
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9.- Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE) |
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Artículos |
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· Contra la sostenibilidad (Escrivà, Andreu) · La venganza del campo (Pimentel, Manuel) |
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Organiza: Salvador Pérez Moreno, Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, Universidad de Málaga, (sperezmoreno@uma.es)
El pasado miércoles 25 de octubre de 2023 tuvo lugar el primer seminario del I Ciclo de Seminarios sobre Política Económica que organiza REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, bajo el título «La Política Económica: desentrañando su significado y relevancia». Dicho seminario, impartido por los profesores Juan R. Cuadrado Roura (UCJC y UAH) y Pilar Grau Carles (UCM) y moderado por el profesor Salvador Pérez Moreno (UMA), se retransmitió de forma sincrónica gracias a la colaboración del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá, que se encargó de los aspectos técnicos.
En la primera parte del seminario el profesor Cuadrado abordó la evolución y situación actual de la disciplina académica de Política Económica en España, y realizó algunas propuestas para recuperar el peso perdido en el contexto universitario español durante las últimas décadas. En su intervención, planteó diversas cuestiones, tanto en el ámbito docente como investigador, como la necesidad de recuperar y actualizar algunos temas centrales de nuestra disciplina –de las instituciones al análisis de políticas comparadas– y de tomar siempre la ‘realidad’ como referencia frente a supuestos y modelos que se alejan de la misma, o la importancia de desarrollar y potenciar posgrados sobre Política Económica y de publicar investigaciones de calidad sobre la materia en revistas internacionales especializadas.
Posteriormente, tomó la palabra la profesora Grau, quien profundizó en algunos aspectos anteriormente apuntados y planteó diversas contribuciones. Así, tras una serie de reflexiones sobre el cambiante pasaje de la Política Económica a lo largo del tiempo, valoró la situación actual y tendencias de la Política Económica en lo relativo a diferentes temáticas de estudio –desde la desigualdad hasta la sostenibilidad o la economía digital e innovación–, la conveniencia de potenciar los enfoques micro de políticas frente a los análisis exclusivamente macro, la necesidad de contar con una amplia variedad de instrumentos para abordar los múltiples objetivos presentes, o la importancia de la evaluación de políticas y las numerosas herramientas cuantitativas y cualitativas disponibles para ello.
El seminario terminó con un espacio final para el diálogo y el debate, en el que algunos de los numerosos participantes plantearon sus cuestiones a los ponentes y compartieron sus opiniones. El siguiente seminario tendrá lugar el próximo miércoles 24 de enero de 2024, bajo el título «Doctrinas económicas y Política Económica», y será impartido por el profesor José J. Benítez Rochel (UMA), y moderado por el profesor Miguel Cuerdo Mir (URJC.)
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El video del seminario REDIPE se encuentra disponible en Internet en: |
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Organiza: Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia)
Este Encuentro se celebró por el motivo del cumplimiento del 10º aniversario de la creación de la revista Noticias de Política Económica. De esta manera se dejaba constancia, de una manera especial, de la constitución de este medio académico que ya tiene una visible tradición en la Universidad española.
Así como hace cinco años se optó por conmemorar el 5º aniversario de la creación de Noticias de Política Económica a través de la edición de un número especial, en esta ocasión se ha optado por organizar una mesa redonda. El motivo de la discusión que se planteó fue “La misión de la Política Económica”.
Este Encuentro tuvo la importancia de que fue abierto oficialmente por un alto responsable del actual gobierno valenciano: el Honorable Sr. D. José Antonio Rovira Jover, Conseller de Educación, Universidades y Empleo. Asimismo, también participó en la apertura oficial el Decano de la Facultad de Economía, D. Francisco Muñoz Murgui.
Respecto a los contenidos académicos, se optó por reunir tres intervenciones. En primer lugar, tuvo lugar una en la que predominaba el componente teórico de la Política Económica, que fue realizada por Antonio Sánchez Andrés, profesor del Departamento de Economía Aplicada -Política Económica- de la Universidad de Valencia, con una ponencia titulada “Hacia una teoría de la Política Económica”. Otra intervención tuvo como pretensión ofrecer una visión más aplicada (académico) de la Política Económica, mediante el trabajo presentado por Rubén Garrido, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá, que llevó por título “Reforma en la política económica: instituciones y desigualdad”. Finalmente, la otra intervención pretendía mostrar las relaciones entre la teoría (Academia) y la práctica en el ámbito de la Política Económica, aspecto sobre el que inicio el debate José Antonio Martínez, profesor del Departamento de Economía Aplicada y Política Económica de la Universidad de Alicante, con una ponencia que versó sobre “Política económica y asesoramiento”
En acto tuvo una nutrida asistencia, pero contó, adicionalmente, con la posibilidad de realizar seguimiento a través de internet.
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Organiza: Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia Coordina: Luz Dary Ramírez (luz.ramirez@uv.es).
El 30 de noviembre se celebró en la Facultad de Economía, concretamente en el Departamento de Economía Aplicada, a través de la Unidad Docente de Política Económica, el VIII Encuentro de Política Económica (2023) bajo el título “Política Económica Internacional comparada”. En esta edición, las jornadas se dividieron en dos grandes apartados, el primero, como cada año y siguiendo los objetivos del encuentro, presentó el análisis de la política económica de un conjunto de países, Argentina, Sudáfrica, China, Costa Rica y Japón.
El análisis de cada país contextualizó a los participantes en el conjunto de problemas actuales, el diseño de la política económica y los resultados obtenidos a partir de la aplicación de dicha política económica. Del mismo modo, cada conferenciante planteó los retos a los que se enfrenta cada uno de estos cinco países. Con ello, se deja un material docente que ofrece a los profesores la oportunidad de analizar situaciones reales de política económica y que, por tanto, sirven de base a los y las estudiantes para que aprendan a relacionar la teórica económica con la evidencia empírica. Los análisis o comunicaciones presentadas en el encuentro se compilarán en el anuario de Política Económica, edición 2023, por lo que tanto docentes como demás personas interesadas en el material contarán con el anuario impreso por una editorial prestigiosa.
La segunda parte del programa del VIII Encuentro se concentró en el análisis de la política económica del nuevo modelo económico, la economía circular. Un tema vigente por el gran interés que suscita el cambio de modelo económico. La sociedad actual exige un cambio de modelo económico que permita hacer frente a la contaminación ambiental y el recalentamiento global. Por tanto, es responsabilidad de todos los analistas y las instituciones educativas incursionar en el tema. En este sentido, el anuario de Política Económica incluirá este año un análisis tanto local, Economía Circular de la Comarca del Berguedà, como internacional, México: Pasos hacia la Economía Circular, además, del trabajo Políticas para la Economía Circular en la Unión Europea. Este conjunto de trabajos da cuenta de la inserción de la economía mundial en ese nuevo modelo. Para dar mayor validez al análisis de política económica que abarca el encuentro, se presentó también un análisis crítico del modelo de economía circular, el cual pretende alertar sobre la necesidad de considerar no solo las ventajas del modelo, sino también los limitantes de este.
En resumen, puede decirse que el VIII Encuentro de Política Económica, condensado en la publicación del anuario de Política económica, con el pasar de los años, ha tomado relevancia dentro de la enseñanza de la política económica, pues, a través de este libro, se ha ido construyendo un historial de la política económica que aplican los países para hacer frente no solo a sus problemáticas coyunturales, sino también para relacionar los cambios sociales que van marcando las nuevas generaciones.
Se puede decir que este encuentro marca una pauta, a saber, continuar con el análisis país, pero dar continuidad y, también ofrecer un seguimiento a la política económica del nuevo modelo económico, la economía circular.
El próximo encuentro tiene el reto de ser no solo más interesante, sino más… Descúbrelo con tu participación. Te invitamos. Contacta con tono.sanchez@uv.es
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(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada –Política Económica-, Universitat de València)
Antes del verano, el Ministerio de Universidades dio difusión a un proyecto de Real Decreto Ley, que, finalmente, vio la luz el 18 de julio en forma del RD 678/2023, publicado en el BOE del 6 de septiembre de este año. A pesar de las críticas que se suscitaron y se transmitieron al Ministerio, la parte esencial del proyecto no ha sido cambiada en la versión final de esta legislación. Aunque existen varios puntos muy discutibles como, por ejemplo, las incompatibilidades de ciertos profesores para participar en las comisiones de acreditación o varias de indefiniciones sobre la documentación a presentar, en este caso concentraremos la atención en dos puntos esenciales. Las características de los profesores que pueden participar y el método de selección de los miembros, ambos relacionados de las comisiones de acreditación.
1.- Características de los profesores
En el artículo 7 (composición de las comisiones), se exige para poder ser miembro de las comisiones de acreditación 3 sexenios de investigación para Catedráticos y 2 para Titulares, debiendo haber sido reconocido el último de esos tramos en los últimos seis años. Este criterio subraya de manera unilateral e injustificable que se destaquen como únicamente válidas para poder pertenecer a estas comisiones unas de las facetas del profesorado, a saber, la investigadora, más aún, la de producción de investigación, puesto que se convocó de manera generalizada una única vez la dimensión de transferencia, obligando a disponer de los mencionados sexenios (de generación) de investigación. Debe señalarse a este respecto que tanto los Catedráticos como los Titulares son “personal docente e investigador” (además de administración) y, por tanto, el RD degrada las funciones no investigadoras de las mencionadas figuras administrativas, que son de obligatorio cumplimiento para quien las ocupa.
Por su parte, no hay ningún motivo académico que justifique la discriminación de que el último sexenio deba haberse obtenido en los últimos seis años, puesto que es insostenible que la capacidad de los catedráticos o titulares se haya degradado por no disponer de un tramo reconocido recientemente. Además, tal exigencia del RD introduce un criterio de discriminación en funciones que puede atentar contra la Ley de la Función Pública., entre otros motivos, porque hace prevalecer sobre los criterios de jerarquía y antigüedad, otros espurios (sexenios de investigación y su concesión reciente).
¿Existen alternativas a esta redacción de RD?. Sí. No exigir ningún requisito relacionados con sexenios, sino la simple condición de pertenecer al correspondiente nivel de funcionario
2.- El método de selección de los miembros de la comisión
Las comisiones de acreditación se nutrirán en su 50% de miembros propuestos por el Consejo de Universidades a partir de un sorteo público (entre el profesorado que reúna las características discutidas en el anterior apartado) y el 50% será seleccionado por la ANECA de manera unilateral. En el caso de que los miembros de las comisiones sean impares, entonces se reserva a la ANECA el privilegio de seleccionar al miembro del desempate, es decir, a la mayoría de los miembros (50%+1).
Así como el proceso de sorteo planteado resulta neutral y transparente, en contrapartida, la designación por parte de la ANECA de forma directa no solo del 50% de los miembros de las comisiones, sino incluso su potestad especial de designar la mayoría de los miembros cuando su número es impar es muy discutible. Más aún, esta última característica abre una dimensión de presión sobre las comisiones que genera unas posibilidades nada desdeñables de discrecionalidad y arbitrariedad, limitando la independencia de las comisiones y obscureciendo los criterios de selección.
¿Existen opciones a estas pretensiones?. Sí. El 100 por ciento de los miembros de las comisiones debería ser propuesto al Consejo de Universidades a partir de un sorteo público entre todo el personal en activo de los correspondientes cuerpos docentes, sin exigencia de un tramo de investigación reconocido en los últimos seis años. Es decir, simplemente, como se hacía ya hace años.
3.-Otras consideraciones
Derivado del mencionado RD, el 14 de noviembre de 2023 vio la luz una Resolución de la ANECA (BOE del 22 de noviembre de 2023), por la que se creaban las comisiones de acreditación. En particular, se establecía la constitución de 30 comisiones. Cabe señalar dos aspectos relevantes. En primer lugar, que la primera de ellas, la denominada como “Comisión 0”, tenía el título de “Interdisciplinar. Esto puede abrir cierto optimismo respecto a la resolución de ciertas irregularidades aparecidas en las acreditaciones de profesorados. En segundo lugar, la composición de áreas resulta muy asimétrica, en el sentido de que en ciertos campos aparece una descomposición muy prolija, siendo afectados un número de profesores muy pequeños, como, por ejemplo, en las filologías o en los derechos, que contrasta con, por ejemplo, “Ciencias Económicas” (Comisión 19). Ahí se contempla una descomposición de 5 áreas, siendo una de ellas “Economía Aplicada” (225). Este detalle atisba un horizonte nada halagüeño. Esto resulta más grave en la medida en que se tiene presente que el área de Economía Aplicada es una de los dos más grandes por volumen de profesorado, con una heterogeneidad muy acentuada.
Un problema aparte que debe abordarse se refiere a las “especialidades de conocimiento”. A este respecto, como se señaló en el número anterior de Noticias de Política Económica, un grupo del profesorado de Política Económica presentó una enmienda al proyecto de RD elaborado por el Ministerio, por la que se solicitaba la inclusión de “Política Económica” como “especialidad de conocimiento”. Finalmente, esta pretensión fue aceptada. Sin embargo, este tipo de criterios no está claro que sea contemplado por las comisiones de acreditación de la ANECA, subrayando los problemas mencionados en el párrafo anterior.
En este sentido, teniendo en cuenta que, según el RD analizado, en su artículo 29.2, se limita seriamente la capacidad de perfilar las plazas y las formas de acreditar al profesorado (comentados en este artículo) entonces la adaptación de los profesores a las necesidades docentes dejará bastante que desear con el consiguiente deterioro de la enseñanza, ámbito por el que el RD no presenta ninguna preocupación. En este sentido, desconecta a la Universidad pública de una de sus funciones sociales más importantes, la docencia, contribuyendo esta reforma universitaria en apoyar la tendencia a aumentar la cuota de mercado en grado y posgrados de las universidades privadas, que no solo es muy importante, sino que, además, en algunas Comunidades Autónomas, en breve pasará a ser mayoritario.
No obstante, para saber el alcance de la aceptación de las enmiendas propuestas al proyecto del RD y del significado académico de las “especialidades de conocimiento”, se habrá de esperar alrededor de un año. Este es el plazo que establece el RD en su disposición final tercera para que el Ministerio de Universidades emita una orden ministerial al respecto.
4.- Conclusión
Los comentarios apuntados en este trabajo señalan las partes más estructurales en el sistema de acreditación y selección del profesorado funcionario universitario en España. La falta de justificación técnica de las exigencias establecidas es digna de destacar. Por una parte, se continúan exigiendo unas condiciones de investigación a los miembros de las comisiones, sobredimensionando una faceta del profesorado (la investigación), que menosprecia sus actividades docentes, de transferencia y administrativas.
Por otro lado, la reserva a la ANECA del privilegio de designar, al menos, la mitad de los miembros de la comisión, de forma genérica y sin ningún criterio claro, dota al sistema de una ausencia de transparencia, que en un régimen de corte democrático no debería existir. En este sentido, el texto del RD, probablemente con asesoramiento de la ANECA, puede estimular las designaciones de los miembros de las comisiones (la parte que corresponde a la ANECA) por sugerencia de los propios miembros existentes, estableciendo y consolidando un sistema “hereditario” en el nombramiento de la mayoría de los miembros de las mencionadas comisiones, en beneficio de lobbies académicos específicos y en perjuicio de la institución de la Universidad.
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Un soplo de aire fresco llega procedente del campo…, del campo 0. Después de muchos años de despropósitos y desagravios, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), al fin, ha abierto los ojos. La Agencia acaba de aprobar la creación de un nuevo campo de conocimiento, tanto para la evaluación de los sexenios de investigación como para la acreditación a cuerpos docentes universitarios: el Campo 0, destinado a reconocer la investigación interdisciplinar. Han tenido que pasar más de 20 años desde su creación…pero parece que la ANECA ya está dispuesta a saldar su deuda con la ciencia.
Hasta hoy, muchos investigadores e investigadoras han visto mutiladas sus carreras profesionales por recibir, de forma reiterada, valoraciones parciales y sesgadas de su trayectoria académica por parte de los comités de evaluación de la ANECA (y la CNEAI). En concreto, quienes han trabajado con una perspectiva interdisciplinar, insuficientemente reconocida por la Agencia, y/o se han dedicado más a la transferencia del conocimiento que a las publicaciones científicas. Y, entre ellos, muchos colegas de Política Económica, que fieles a su ámbito de especialización, se han movido entre la Economía y la Política… o más allá.
Es cierto, la Política Económica no ha encajado bien en la ANECA por diversas razones. En primer lugar, por su naturaleza interdisciplinar, a mitad de camino entre la economía, las instituciones y la política. Esto se explica por su carácter ambivalente: puede formar parte del conjunto de políticas públicas, pues la intervención del Estado (categoría política) constituye su punto de partida; y también de la economía, pues es este su espacio de intervención. Finalmente, la Política Económica tiene vocación de ciencia de acción, muchas veces ocupada con el diseño de políticas, la evaluación y el asesoramiento, es decir, con la difusión de la investigación en forma de transferencia del conocimiento hacia la sociedad y los poderes públicos.
La investigación en Política Económica no se ha ajustado del todo bien ni al campo de la Economía ni al de Ciencias Políticas, tal como estas han estado delimitados por la ANECA hasta la fecha. No solo es un problema de la Política Económica, también los economistas alejados de la ortodoxia positivista, conectados en mayor o menor medida con la perspectiva más amplia de la economía política, han sido infravalorados en los campos de Economía y de Ciencias Políticas.
El problema de esta falta de reconocimiento no es solo el menosprecio y la obstaculización de las carreras académicas individuales de muchos investigadores e investigadoras interdisciplinares; muy frustrante, cierto. Sino también los daños colaterales con efecto multiplicador en términos de: (1) desánimo, incluso descuelgue, de muchos profesores y profesoras que reducen su actividad investigadora; (2) deformación del proceso y sentido de la investigación, sesgada por incentivos que premian escoger un tipo de carrera académica y dificultan otra; y (3) efectos sobre la configuración de unas elites académicas con sobrerrepresentación de perfiles premiados en los procesos de acreditación y de reconocimiento de sexenios.
Hasta la fecha la ANECA no ha hecho bien su trabajo. De hecho, ha estado incumpliendo el artículo 39.2 de la anterior Ley de Universidades de 2001 (vigente hasta la aparición de la LOSU en 2023), que decía explícitamente que “se reconoce y garantiza la libertad de investigación en el ámbito universitario”, y el artículo 41.2, que establecía que el fomento de la investigación científica tiene “la finalidad, entre otros objetivos, de asegurar […] el desarrollo de la investigación inter y multidisciplinar.” Es decir, los investigadores e investigadoras debíamos poder elegir los temas y métodos de investigación con total libertad, sin temor a ser penalizados en nuestra carrera profesional por esa decisión, mucho menos si hacíamos investigación interdisciplinar.
También ha incumplido la anterior Ley 14/2011 de Ciencia, vigente hasta la aprobación de la nueva ley en 2022. Entre los derechos reconocidos al personal investigador, el artículo 14 mencionaba expresamente el derecho “a la movilidad geográfica, intersectorial e interdisciplinaria, para reforzar los conocimientos científicos y el desarrollo profesional del personal investigador,”. Es decir, la ANECA estaba obligada a reconocer el valor de la investigación interdisciplinar, sin penalizar a quien la desarrollase.
Finalmente, la ANECA ha ido en contra también de la política española de investigación científica de los últimos años. Como no puede ser de otra manera, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ciencia, la administración pública, en el desarrollo de la política de I+D, también reconoce y fomenta la investigación inter y multidisciplinar. La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 dice que se “debe garantizar el funcionamiento de un modelo de actuación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación…que combine ciencia excelente e innovación, basado en la inter y multidisciplinariedad” (p.14).
Este reconocimiento, interés y fomento de la investigación interdisciplinar no es nuevo. En el anterior Plan Estatal Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 también está recogido. Efectivamente, el Plan recuerda que “la generación de conocimientos científico-técnicos y la difusión de los resultados de la investigación se encuentran en proceso de transformación reflejado en la expansión de las fronteras del conocimiento, fuera de los silos disciplinares y tecnológicos tradicionales,” (p. 31). Respecto a su Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, y refiriéndose a las Ciencias Sociales y Humanas, el Plan reconocía que “Sociología, economía, psicología, pedagogía, ciencia política, arte, historia, arqueología, filología, ciencias audiovisuales y de la comunicación, derecho, ética, y filosofía son, entre otros, ámbitos esenciales en la generación de conocimientos, el desarrollo de capacidades y la búsqueda de soluciones interdisciplinares necesarias para abordar la búsqueda de soluciones a la complejidad de los retos sociales planteados” (p.71). Finalmente, el Plan sostiene que “esta interdisciplinariedad proporciona a las actividades de I+D+i una riqueza cuyo reconocimiento es incuestionable hoy en día” (p.71).
En consecuencia, realizar investigación interdisciplinar no es una anomalía, un defecto o una mala práctica del investigador y no puede derivar en una degradación del mérito investigador. De hecho, la legislación y las instituciones académicas y de investigación han subrayado la relevancia y el valor de la investigación interdisciplinar y respaldado y animado a los investigadores a trabajar en esa línea. Todas las instituciones menos la ANECA.
Pero parece que esto va a cambiar. Al menos se han dado ya los primeros pasos. La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (integrada en la ANECA) acaba de aprobar, en Resolución de 5 de diciembre, los nuevos criterios de evaluación de la actividad investigadora para la convocatoria de sexenios de investigación de 2023. Se trata de la primera convocatoria desde la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) este mismo año.
De los cambios que incorpora esta convocatoria quiero resaltar dos que pueden significar una oportunidad para el reconocimiento del trabajo investigador en Política Económica: (1) la ampliación del tipo de aportaciones que los solicitantes pueden someter a evaluación, de forma que se reconozca una mayor diversidad de perfiles investigadores, y (2) el reconocimiento de la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad.
Respecto a la ampliación del tipo de aportaciones, la Resolución adopta una consideración más amplia de las aportaciones extraordinarias, que incluirán “informes, trabajos técnicos o artísticos, exposiciones, excavaciones arqueológicas, o aportaciones a congresos, entre otros”. Más adelante, añade que “las aportaciones solo serán valorables si contribuyen al progreso del conocimiento y presentan impacto científico o social, entendido este último como los beneficios evidenciables que aporta el conocimiento más allá del ámbito académico.” Por tanto, “se defenderá el impacto científico de la aportación” y/o “la contribución de dicha aportación a la generación de impacto social evidenciado, por ejemplo, a través de aportaciones al diseño e implementación de políticas públicas, contribución al desarrollo de soluciones a problemas sociales, o cualquier otro aspecto que se considere relevante”. Esto es una novedad muy interesante: informes, trabajos técnicos, aportaciones al diseño e implementación de políticas públicas y a la solución a problemas sociales… Es precisamente un tipo de méritos que la CNEAI nunca tuvo en cuenta y que es muy propio de la investigación en Política Económica orientada a la transferencia.
Respecto al reconocimiento de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, se crea un nuevo campo: el “Campo 0. Interdisciplinar y multidisciplinar”, destinado aquellas personas con una trayectoria investigadora de carácter interdisciplinar y a quienes consideren que su trayectoria tiene difícil encaje en el resto de los Campos por incluir aportaciones a diversas disciplinas (trayectoria multidisciplinar). No solo eso, todos los Campos restantes deberán valorar positivamente los resultados de investigaciones multidisciplinares e interdisciplinares. La CNEAI termina la definición del Campo 0 afirmando que “en este Campo se apuesta decididamente por reconocer y promover la diversidad de procesos y resultados de la investigación.”
Con las acreditaciones está pasando algo parecido. La aprobación del Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos marca el principio del cambio. Sobre los méritos evaluables, el artículo 21.4 señala explícitamente que “los criterios de evaluación de la actividad docente e investigadora y de la transferencia e intercambio del conocimiento deberán incorporar la interdisciplinariedad o multidisciplinariedad”. Es más, respecto a las Comisiones de acreditación, el artículo 8.4 señala que “al menos uno de los miembros propuestos deberá contar con contribuciones científicas, docentes o de transferencia e intercambio del conocimiento de carácter marcadamente interdisciplinar o multidisciplinar”. Este es un detalle no menos importante, pues es esencial que haya investigadores en las comisiones que entiendan las peculiaridades de esa forma de trabajar. Aunque sería conveniente garantizar que la mayoría de los miembros de las comisiones tuviesen perfil interdisciplinar, dada la relevancia que la Ley de Universidades y la Ley de Ciencia reconocen a la investigación interdisciplinar.
Como parte del desarrollo del Real Decreto, la Resolución de 14 de noviembre de 2023 de la ANECA ha creado las nuevas comisiones de acreditación que valorarán los méritos en el procedimiento de acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Entre ellas se incluye “una comisión de naturaleza interdisciplinar para dar cumplimiento al principio legal que favorece la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad en los procesos de acreditación (artículo 11 de la LOSU)”: la Comisión 0. Interdisciplinar.
En resumen, buenas noticias para la Política Económica: reconocimiento del trabajo en transferencia del conocimiento y reconocimiento del trabajo interdisciplinar, tanto para la obtención de sexenios como para las acreditaciones. No obstante, todavía no está todo hecho, queda por conocer los criterios específicos que tienen que aplicar las comisiones de evaluación de los sexenios y de acreditación (cuya publicación es inminente), quienes van a formar parte de las comisiones y, por supuesto, comprobar como éstas desarrollan su trabajo. Si se hace bien, es un primer paso para avanzar hacia una mejor ciencia, más útil para la sociedad y más plural.
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Posted by tono
Autora: Mary Elena Sánchez Gabarre
Directores: Dr. Pablo Castellanos García y Dr. José Manuel Sánchez Santos
Departamento: Economía Aplicada
Programa de Doctorado: Análisis Económico y Estrategia Empresarial
Universidad: Universidade da Coruña
Resumen: El objetivo de la presente tesis doctoral es triple. En primer lugar, se pretende profundizar en la naturaleza y alcance de los efectos de la incertidumbre en los mercados bursátiles. En segundo lugar, se trata de determinar si existen diferencias en el impacto de tres tipos distintos de incertidumbre (política económica, geopolítica y volatilidad de los mercados). En tercer lugar, se verifica si la influencia de la incertidumbre varía dependiendo del contexto de los distintos mercados bursátiles nacionales. En particular, se estudia la influencia de la incertidumbre sobre los índices bursátiles de una muestra representativa de países a nivel mundial, haciendo especial hincapié en el caso del IBEX 35. Esta relación se aborda mediante tres enfoques econométricos: análisis de cointegración (modelo autorregresivo de retardos distribuidos, ARDL), de datos de panel (modelos de efectos fijos y aleatorios) y de volatilidad condicional variable (modelo GARCH). A partir de los resultados obtenidos, se concluye que la incertidumbre de política económica y la volatilidad de los mercados desempeñarían un papel destacado como determinantes de las cotizaciones bursátiles españolas, mientras que los riesgos geopolíticos resultan relevantes cuando se extiende el análisis a una muestra de economías con características diversas.
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