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Nuevo perfil de LinkedIn de la Unidad Docente de Política Económica de la Universidad de Valencia

Enlace: https://www.linkedin.com/in/politicaeconomicauv/

Les invitamos a seguir el perfil de LinkedIn de la Unidad Docente de Política Económica de la UV, en el cual se comparten noticias, actividades y eventos relacionados con la Política Económica y la Economía Aplicada. Es un espacio para informar y contribuir a la comunidad, tratar temas económicos relevantes e impulsar un compromiso colectivo con el pensamiento crítico y el desarrollo del conocimiento.

Revista Internacional de Política Económica – International Review of Economic Policy: Volúmen 7 número 1

Recientemente se ha publicado un nuevo número de la Revista Internacional de Politica Económica – International Review of Economic Policy (IREP) (Vol. 7 Núm. 1, 2025). Se trata de un número monográfico sobre instituciones y política económica. Los contenidos son los siguientes:

• Teoría del Equilibrio, Economía Institucional y Política Económica por Felipe Serrano Pérez (pp.1-31)

• La esperanza como centro de un nuevo paradigma para la política económica, por Tomás Mancha Navarro y Rubén Garrido Yserte (pp.32-56)

• Pesca, derechos, mercado y gobernanza: entre la eficiencia y la equidad (por Ikerne Del Valle Erkiaga e Itxaso Lopetegui Bujan (pp.57-94)

• Towards sustainable redistributive outcomes: the role of institutional design por Bernadette Louise Halili y Carlos Rodriguez González (pp. 95-119)

• Public investment in infrastructure as a determinant of short-term economic growth in Brazil por Fabricio J. Missio y Victor Medeiros (pp.120-139)

Se pueden leer los artículos en versión íntegra en la dirección de la revista: https://turia.uv.es/index.php/IREP/issue/view/1892

XVII Jornadas Internacionales de Política Económica. Sevilla, 29-30 de mayo de 2025. (resultados)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada III, Universidad de Sevilla

Las XVII Jornadas Internacionales de Política Económica reúnen a más de un centenar de especialistas de España y América Latina en torno a los principales desafíos del presente y futuro económico.

Los días 29 y 30 de mayo de 2025, la Universidad de Sevilla acogió las XVII Jornadas Internacionales de Política Económica (JIPE 2025), consolidando este encuentro como una referencia esencial en la economía aplicada de los grandes desafíos que enfrenta la política económica contemporánea. Un foro atemporal y necesario del que se hizo eco también la prensa local (Diario de Sevilla, https://www.diariodesevilla.es/sevilla/martin-carretero-abre-xvii-jornadas_0_2004035984.html).

La sesión de apertura contó con la intervención de Dña. Melania Rivers Rodríguez, gerente de la Universidad de Sevilla, así como con la participación virtual de Dña. Nadia Calviño Santamaría, actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

La conferencia inaugural, a cargo de D. José Moisés Martín Carretero (director general del CDTI), llevó por título “Tecnologías para una Prosperidad Compartida: el papel de las Políticas Públicas”. En ella se abordaron los retos de las economías occidentales en un contexto marcado por la desaceleración de la productividad, las tensiones distributivas y las transiciones digital y ecológica. El ponente defendió la necesidad de fortalecer la inversión en activos intangibles, el liderazgo tecnológico europeo y una mayor integración económica.

Durante las dos jornadas se celebraron más de 20 sesiones paralelas, que permitieron el intercambio de trabajos e ideas sobre cuestiones clave: política sectorial y de tejido productivo, inclusión social y de género, mercado de trabajo, desarrollo sostenible, cohesión territorial y evaluación de políticas públicas.

Participación internacional y cooperación académica

La edición de 2025 destacó por su clara dimensión internacional, con una relevante participación de investigadoras e investigadores de universidades latinoamericanas. Esta cooperación transatlántica ha contribuido a enriquecer los debates con enfoques comparados y casos de estudio aplicados. Entre las universidades extranjeras participantes destacaron: Universidad de Cartagena (Colombia), Universidad Tecnológica de Bolívar (Cartagena de Indias, Colombia), Universidad Autónoma Metropolitana (México) y la Universidad de Guadalajara – CUCEA (México).

Sus aportaciones giraron en torno a temas como gobernanza migratoria, políticas de inclusión y cuidados, mercado laboral o los efectos sociales de las reformas estructurales en América Latina.

Divulgación, evaluación institucional y retos de futuro

El viernes 30 de mayo se celebró la mesa redonda “He venido a hablar de mi libro”, dedicada a la divulgación de la política económica desde el ámbito académico. Moderada por la Dra. Maja Barac, contó con la participación de especialistas de la Universitat de València, la UNED y la Universidad de Sevilla. El coloquio cerró con un tono distendido, donde se comparó con humor la evolución de la política económica con una imaginaria secuela entre El Padrino y Cantando bajo la lluvia, reivindicando el carácter narrativo, complejo y a la vez cotidiano de esta disciplina.

A continuación, la mesa redonda “La Política Económica desde las Instituciones: Evaluación” reunió a representantes de la Comisión Europea, el Joint Research Centre de Sevilla y el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, quienes reflexionaron sobre las capacidades institucionales actuales para diseñar y ejecutar políticas eficaces ante los retos europeos del siglo XXI.

Principales desafíos de la política económica española

A lo largo del encuentro se identificaron cinco grandes retos estructurales a los que se enfrenta la política económica española en el corto y medio plazo: El impulso a una gobernanza económica moderna, participativa, transparente y eficaz; La gestión de los procesos de despoblación y cohesión territorial; La necesidad de garantizar el acceso a la vivienda asequible y de mejorar la calidad del empleo; La persistencia de la desigualdad socioeconómica y de género; y La transición hacia una economía verde y digital basada en una reindustrialización sostenible.

Próxima edición en Madrid

La Dra. Lina Gálvez Muñoz, eurodiputada y profesora de la Universidad Pablo de Olavide, fue la encargada de clausurar JIPE 2025 con una intervención virtual en la que subrayó la importancia de la política económica como herramienta fundamental para garantizar la cohesión social, la equidad territorial y la estabilidad democrática en Europa, en un contexto marcado por las transiciones ecológica, digital y demográfica.

Como cierre del encuentro, el Dr. Antonio Sánchez Ándres y el Dr. Juan Carlos Morán Álvarez anunciaron que la próxima edición, el Congreso Internacional de Política Económica, se celebrará en 2027 en la Universidad Complutense de Madrid. El Dr. José Andrés Fernández Cornejo recogió el testigo organizativo, asumiendo el compromiso de dar continuidad a un foro académico que reafirma su vocación itinerante, plural, cooperativa e internacional, abierto al debate riguroso y a la cooperación entre universidades y grupos de investigación de España, Europa y América Latina.

Desde el Comité Organizador de Sevilla queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas asistentes, ponentes y colaboradoras que han hecho posible no solo el desarrollo académico, sino también el ambiente de cercanía y familiaridad que ha caracterizado estas XVII Jornadas Internacionales de Política Económica. Ha sido un verdadero honor acoger este espacio de reflexión colectiva y contribuir al debate compartido sobre los grandes retos económicos de nuestro tiempo.

4.- II Ciclo de Seminarios sobre Política Económica: tercer seminario “Competencia y regulación en un mundo cambiante” José María Marín Quemada (UNED)

Organiza: Universidad de Alcalá e Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES)l

El pasado miércoles 7 de mayo de 2025 tuvo lugar el tercer seminario del II Ciclo de Seminarios sobre Política Económica organizado por REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, bajo el título «Competencia y regulación en un mundo cambiante». Dicho seminario fue impartido por el profesor José María Marín Quemada (UNED) y moderado por la profesora Evangelina Aranda García (UCLM), contactado con la colaboración técnica del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá.

En su intervención, el profesor José María Marín Quemada abordó los fundamentos teóricos y prácticos de la política de competencia y regulación en el contexto de un entorno económico global caracterizado por profundos cambios y elevada incertidumbre. Subrayó que la evolución tecnológica, la digitalización y la globalización han alterado significativamente las dinámicas de los mercados, lo que requiere una revisión profunda de los marcos regulatorios existentes.

El profesor Marín Quemada enfatizó la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de la supervisión y regulación, asegurando su independencia y capacidad técnica para enfrentar prácticas anticompetitivas y promover la eficiencia económica. Asimismo, resaltó la necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades nacionales e internacionales para abordar los desafíos transfronterizos que plantea la economía digital.

Durante su exposición, también analizó el papel de la política económica en la promoción de un entorno competitivo que favorezca la innovación, el crecimiento sostenible y la equidad social. Concluyó señalando que una regulación eficaz y adaptativa es esencial para garantizar mercados justos y dinámicos en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Puede accederse a la grabación de este tercer seminario del II Ciclo en el siguiente enlace: Competencia y regulación en un mundo cambiante

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

Desde la Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) se apuesta por la divulgación. Periódicamente, REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés tanto para la Política Económica como para su difusión a través de la Red. 


Diversos textos de actualidad arrojan luz sobre temas como las políticas anti-inflacionistas seguidas entre 2021 y 2023, el impacto de los aranceles en las economías europeas, las políticas de Trump en su contexto internacional y la importancia de los “animal spirits” como condicionantes de los ciclos económicos. 


Desde 2021, la eurozona enfrentó shocks como el COVID-19 y la guerra en Ucrania que redundaron en la inflación de costes. El BCE respondió con subidas rápidas y persistentes de tipos de interés, contribuyendo a la moderación de la inflación. El informe de Pablo Hernández de Cos destaca la necesidad de mejorar la flexibilidad y la comunicación ante la alta incertidumbre y de evitar guías incondicionales para la política monetaria y fiscal. En este sentido, las decisiones deberían basarse en modelos de previsión y análisis de expectativas de inflación. Así pues, resulta esencial distinguir entre compras de activos por estabilidad financiera y por estímulo monetario, además de reforzar la coordinación entre la política fiscal y financiera. 


Como es bien sabido, la irrupción de los aranceles de Trump suponen un desafío al sistema comercial multilateral impactando también sobre los productos y mercados europeos. Sin embargo, como apuntan Madalena Barata da Rocha, Nicolas Boivin y Niclas Poitiers, tal impacto para la UE sería manejable, representando una posible caída del PIB de hasta 0,3% y con una afectación moderada al comercio. Por otra parte, el riesgo de desvío de exportaciones chinas hacia Europa existe, pero parece limitado y en algunos casos podría incluso tener un efecto deflacionario beneficioso. Como respuesta, se proponen políticas fiscales expansivas, acuerdos comerciales y reformas del mercado único. 


Otro texto que se ocupa del contexto actual arguye que el orden internacional liberal ha colapsado ante un mundo de hiperconectividad, donde los instrumentos de cooperación se usan como armas geopolíticas. La guerra en Ucrania ejemplifica esta nueva realidad, donde se mezclan conflictos tradicionales con sanciones, desinformación y control de recursos. Europa debe repensar su estrategia para sobrevivir en esta “era sin paz”, reforzando su seguridad, revisando su modelo económico y recuperando la confianza ciudadana mediante nuevas políticas inclusivas.


Finalmente, en la realidad los “espíritus animales” —emociones y narrativas colectivas— influyen en la economía al afectar las decisiones empresariales y los ciclos económicos, tal y como proponen Joel Flynn y Karthik Sastry. Usando inteligencia artificial para analizar el lenguaje de empresas, se demuestra que un tono optimista impulsa más contratación e inversión, aunque no siempre mayores beneficios. Estas narrativas se propagan entre empresas y pueden generar efectos persistentes en la actividad económica. Desde 1995, explican alrededor del 20% de las fluctuaciones cíclicas en EE. UU. Comprender y medir estos relatos es clave para anticipar cambios macroeconómicos y desplegar medidas al respecto.

Políticas Económicas Estructurales

Los trabajadores autónomos y la política de fomento en Cataluña

(Por Lluís Franco Sala, Universidad de Barcelona, Departamento de Economía Aplicada)

I. Las personas trabajadoras autónomas en Cataluña (2014-2024)

El trabajo autónomo representa una gran parte de los puestos de trabajo del mercado de trabajo en Cataluña, así como es un gran factor de creación de riqueza y crecimiento económico. Las personas trabajadoras autónomas han superado ampliamente el medio millón, tanto en términos de la encuesta de población activa (EPA) como en los registros de afiliación de la Seguridad Social, durante el período 2014-2024. Según la EPA, el número de trabajadores ocupados por cuenta propia aumentó de 519.900 en el 2014 a 556.800 en el 2023, si bien disminuyó a 519.900 en el 2024. Atendiendo a la afiliación a la Seguridad Social, el total de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) tuvo una tendencia creciente durante el período considerado. Y pasó de 532.740 el 31 de diciembre de 2014 a 567.235 el 31 de diciembre de 2024 (gráfico G1).

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (EPA); y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las personas trabajadoras autónomas representan un porcentaje muy significativo del total de trabajadores y trabajadoras de Cataluña. En términos de la EPA, las personas trabajadoras por cuenta propia sobre el total de ocupados se situaron entre el 13,58% (2024) y el 17,24% (2015) en el período considerado, si bien la tendencia de su peso relativo en el total de la población ocupada es decreciente. Desde la perspectiva de las afiliaciones a la Seguridad Social, el porcentaje de afiliados al RETA sobre el total de afiliados se situó entre el 15,07% (2024) y el 18,09% (2014), también con una tendencia descendente. 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (EPA); y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

II. Perfil de las personas trabajadoras autónomas

El perfil de las personas trabajadoras autónomas se describe respecto a los trabajadores autónomos personas físicas. En el mismo se ha incluido los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y los del Régimen Especial de Trabajadores del Mar por Cuenta Propia (RETMCP). Los trabajadores autónomos personas físicas representaban el 59,03% de los trabajadores autónomos el 31 de diciembre de 2024 (cuadro C1).

El perfil de los trabajadores autónomos personas físicas en Cataluña al finalizar el 2024 era [1]:

• Los hombres representaban el 62,82% y las mujeres el 37,18%.
• Por edades, la franja más numerosa era la de 26 a 45 años (39,94%), seguidas de la de 46 a 55 años (30,35%), la de 56 o más años (26,50%) y, finalmente, la de hasta 25 años (3,29%).
• El 79,97% eran de nacionalidad española y el 20,03% eran extranjeros.
• Por sectores, la mayoría se concentraba en el sector servicios (79,64%), seguidos de la construcción (11,66%), la industria (4,38%) y la agricultura (4,33%).
• Atendiendo al tiempo de alta en la Seguridad Social, la mayoría llevaba 5 o más años (55,80%), seguidos de los que llevaban de 1 a 3 años (17,84%), los 3 a 5 años (10,74%), los de menos de 6 meses (8,04%) y los de 6 a 12 meses (7,57%).
• El 90,49% trabajaban sin pluriactividad y el 9,51% cotizaban por un régimen por cuenta propia y también por algún régimen por cuenta de otro de la Seguridad Social.
• No tenían trabajadores asalariados el 82,59% y, en cambio, sí los tenían el 17,41%.

En síntesis, las características predominantes del perfil de los trabajadores autónomos, personas físicas, en Cataluña al finalizar el 2024 eran: varones, de entre 26 y 45 años, de nacionalidad española, del sector servicios, con más de 5 años de alta en la Seguridad Social, sin pluriactividad y sin personas trabajadoras asalariadas a su cargo.

III. La política de fomento del trabajo autónomo en Cataluña

El objetivo de la política de fomento del trabajo autónomo es potenciar el inicio y posterior desarrollo de actividades económicas y profesionales por cuenta propia. En Cataluña, esta política comprende tanto las actuaciones que realiza la Administración General del Estado como las que efectúa la Generalitat de Cataluña. Del ámbito estatal cabe señalar:

• Las diversas bonificaciones y reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social (relativas al alta de la actividad, a ciertos colectivos, a determinadas situaciones personales o familiares, al alta de familiares colaboradores del trabajador autónomo, a la contratación de trabajadores, etc.).
• Las medidas relacionadas con la prestación por desempleo de carácter contributivo. Estas medidas son, por un lado, la capitalización de las prestaciones por desempleo con la finalidad de llevar a término una actividad por cuenta propia. Y, por otro, la compatibilización del cobro de la prestación por desempleo con el inicio del trabajo por cuenta propia, o la suspensión de esta prestación al iniciar el trabajo autónomo. Durante el 2024, de las 139.226 personas beneficiarias de la prestación por desempleo contributiva, 10.789 (7,75%) la capitalizaron, 18.250 (13,11%) la compatibilizaron y 7.752 (5,42%) la suspendieron [2].

La Generalitat de Catalunya ha desarrollado varios programas propios para fomentar el trabajo autónomo[3]:

• Programa TU+1. La finalidad de este programa es fomentar que los autónomos, sin personas trabajadoras a su cargo, contraten de manera indefinida a personas paradas o que estén inscritas como demandantes de empleo no ocupados. En el 2024, se otorgaron 13.819.797 euros a 553 beneficiarios.
• Programa Garantia Juvenil-Autoocupació Joves. La finalidad de este programa es fomentar la autoocupación de los jóvenes entre 18 y 29 años, y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Durante el 2024, se otorgaron 12.988.156 euros a 909 beneficiarios.
• Programa Consolida’t. El objetivo de este programa es fomentar el desarrollo de proyectos de asesoramiento personalizado y de formación de personas trabajadoras autónomas en cuestiones relevantes de la gestión de su negocio, realizados por entidades y administraciones locales. En el 2024, se presupuestaron 3.480.000 euros.
• Programa de Avalis. La finalidad de este programa es facilitar avales a las pequeñas y medianas empresas y a las personas trabajadoras autónomas. En el 2023, se otorgaron 1.962.582 euros a personas físicas.
• Además de los programas señalados, la Generalitat de Catalunya también tiene diversos programas relacionados con la promoción del emprendimiento o de apoyo a las asociaciones de trabajo autónomo.

IV. Propuestas para el fomento del trabajo autónomo

Al objeto de mejorar el trabajo autónomo se exponen las siguientes propuestas:

• Los diferentes programas de fomento del trabajo autónomo aplicados han de ser debidamente evaluados para determinar su eficacia y eficiencia. Así sería posible mejorarlos o incorporar de nuevos. Para ello es necesario disponer de una amplia y detallada información estadística de acceso público.
• Hay que mejorar los recursos públicos que se dedican, los cuales son reducidos si se considera el gran número de personas trabajadoras por cuenta propia que hay, así como su relevancia en el mercado de trabajo y en la economía.
• Es preciso reforzar el apoyo financiero al trabajo autónomo. La financiación ha de poder aplicarse tanto al inicio de la actividad como en su consolidación; comprendiendo tanto la inversión en la actividad como el circulante. Además, debería de considerarse de manera especial determinados colectivos como son los jóvenes, los mayores de 45 años o las personas con dificultades de inserción en el mercado de trabajo.
• Hay que mejorar el contenido y el acceso a la información que se proporciona a las personas trabajadoras autónomas sobre todos los temas relacionados con su actividad (ayudas, financiación, gestiones administrativas, obligaciones fiscales, etc.). Junto con la información sería conveniente proporcionarles un amplio asesoramiento técnico.
• Facilitar que las personas trabajadoras autónomas puedan concurrir con carácter general a las convocatorias de las licitaciones públicas. En numerosas ocasiones, los requisitos exigidos (como la cifra de negocio para poder concurrir, por ejemplo) impiden esta posibilidad.
• Es necesario actualizar de manera continua la oferta formativa dirigida a este colectivo para adaptarla a sus necesidades específicas en cada momento.
• En el momento actual, destaca la formación en competencias digitales, tanto de carácter general como atendiendo a sus actividades concretas, evitando que se produzcan brechas digitales entre las personas trabajadoras autónomas o en relación con otros colectivos.

Finalmente, remarcar que una eficaz política de fomento del trabajo autónomo, además de beneficiar a este colectivo, revierte favorablemente en la economía, en el mercado de trabajo y en el conjunto de la sociedad.

[1] La fuente de las cifras expuestas es el Observatori del Mercat de Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya) a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

[2] La fuente de las cifras de capitalización, compatibilización y suspensión es el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

[3] La fuente de las cifras de los programas es el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya a partir de datos del Departament d’Empresa i Treball i de Avalis.

Evaluación de políticas económicas

La evaluación de políticas públicas en el Tribunal de Cuentas de España y los Órganos de Control Externo

(por Alfredo Campos Lacoba, subdirector técnico en la Presidencia de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, ROAC)

“Si deseamos que las evaluaciones crezcan dentro de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, debemos fomentar el aprovechamiento de los conocimientos y difundir las buenas prácticas”

INTOSAI (2010), Evaluación de Programas para las EFS. Un compendio

En las últimas décadas, la evaluación de políticas públicas ha dejado de ser una función exclusiva de los gobiernos, universidades o agencias especializadas para convertirse en un campo estratégico también para las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). A medida que crece la demanda ciudadana por un uso más eficiente, efectivo y transparente de los recursos públicos, las EFS han comenzado a incorporar enfoques evaluativos en sus fiscalizaciones, operativas, ampliando su función tradicional de control hacia la generación de valor público.

Este giro hacia la evaluación se corresponde con una evolución significativa de la auditoría pública, superando su enfoque tradicional centrado únicamente en la revisión financiera y formal, para adoptar una visión más amplia que busca evaluar los resultados e impactos concretos de las políticas, programas e intervenciones del sector público. Tradicionalmente, la auditoría se ha orientado a emitir juicios sobre la confiabilidad de los estados financieros (auditoría financiera), a verificar el cumplimiento de leyes y normativas (auditoría de cumplimiento) o a valorar la eficiencia en la gestión (auditoría operativa o de gestión). No obstante, aunque estos enfoques siguen siendo relevantes, resultan insuficientes ante las crecientes demandas ciudadanas, que ya no se conforman con saber cómo se administraron los recursos, sino que exigen conocer si estos lograron verdaderamente atender los problemas sociales que justificaron su uso.

Por tanto, lejos de limitarse a una función de vigilancia, este nuevo perfil evaluador de las EFS fortalece la rendición de cuentas, promueve una cultura de mejora continua en la gestión pública y abre nuevas oportunidades para una fiscalización más útil, estratégica y orientada a resultados, en un entorno internacional cada vez más complejo y exigente.

Este nuevo enfoque ha sido impulsado y acompañado por un creciente aprendizaje y cooperación internacional. En este contexto, entidades como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y su grupo de trabajo sobre la Evaluación de Políticas y Programas Públicos (WGEPPP) han jugado un rol clave en la sistematización de marcos conceptuales, metodologías y experiencias compartidas entre EFS de distintos países.

Fundado en 1992, el WGEPPP ha sido un actor clave en la promoción de la evaluación como herramienta complementaria a la auditoría de desempeño. En la actualidad, el grupo está presidido por el Tribunal de Cuentas de Suiza (desde marzo 2022) y se conforma por 30 EFS miembros y 10 EFS observadores. El Tribunal de Cuentas de España se incorporó como miembro en 2023, tras haber acudido a las reuniones como observador desde 2021. Su objetivo inicial fue: “Lograr que el acceso a la evaluación sea más sencillo para las EFS y precisar los conceptos, métodos y prácticas de evaluación”. En la actualidad, su objetivo fundamental es desarrollar la práctica de evaluación de programas y políticas públicas por parte de las EFS y proporcionar a las EFS interesadas información, herramientas metodológicas y ejemplos de buenas prácticas.

Para conseguirlo, en el seno del grupo se organizan tres tipos de eventos: Fórums cada tres años, en los que durante dos o tres días se abordan temas generales relevantes para las EFS, como metodologías, prácticas, experiencias y colaboración internacional; reuniones anuales enfocadas a temas relevantes para las EFS que llevan a cabo evaluaciones, auditorías operativas con enfoque evaluador y auditorias operativas (cuestiones organizativas, aportación y medición de valor, ámbitos objetivos susceptibles de auditar, entre otros); y reuniones flash trimestrales en formato online en las que un miembro del WGEPPP presenta una auditoría o evaluación que ha llevado a cabo y que considera interesante para compartir con los demás miembros del grupo.

A modo de ejemplo, los temas centrales tratados en las últimas reuniones han sido: “Entrevistas, documentos y análisis de datos: ¿qué más? Innovación@SAI” (2022); “¿Cómo valoramos el impacto de las evaluaciones y las auditorías de resultados?” (2023); “Elegir a los ganadores: Cómo seleccionan las EFS los temas «adecuados» para las evaluaciones y auditorías de rendimiento” (2024); y, el tema previsto para la próxima reunión en octubre de 2025 en Berna es “Marcar la diferencia mediante el análisis de datos”.

Las conclusiones derivadas de las sucesivas reuniones muestran las cuestiones sobre las que las EFS ponen el acento. Cabe citar: la importancia de la fase de preparación y planificación de las auditorías; la relevancia de integrar a las partes interesadas (stakeholders) en el proceso con el objetivo de obtener mejores resultados, alcanzar mayor legitimidad del informes y una mejor aplicación de las recomendaciones; el valor de la formación continua y la adquisición del conocimiento necesario para la aplicación de métodos cuantitativos cuasiexperimentales de análisis y de las innovaciones tecnológicas; y la necesidad de incorporación a las EFS de nuevos perfiles profesionales (matemáticos, sociólogos, politólogos, estadísticos, económetras, informáticos, expertos en tratamiento de datos, entre otros).

Asimismo, en los encuentros se ponen de manifiesto las inquietudes que afectan, en mayor o menor medida, a las EFS: determinación de la proporción entre el coste de los recursos empleado en la obtención y análisis de pruebas y los recursos disponibles; la dificultad para evaluar el impacto de una política pública y para poder determinar si el mismo se debe a la propia intervención o a factores exógenos; la importancia de que los datos a analizar sean fiables y robustos para poder obtener las evidencias necesarias que soporten las conclusiones alcanzadas.

En relación con las reuniones flash, se han presentado trabajos de auditoría muy interesantes. Caben destacar: “Evaluación de la política pública francesa de agricultura ecológica” (junio de 2023); Subvenciones a la creación de empresas para desempleados en Suecia: Efectos a largo plazo (marzo de 2024); “Medición del rendimiento de las EFS: Un enfoque sobre las recomendaciones de la GAO [1]” (mayo de 2024); “Procedimientos adoptados en el Tribunal Federal de Cuentas – Brasil: Un estudio de caso sobre la eficiencia hospitalaria (noviembre de 2024)”; “Datos frente a hechos: cómo mantener el entendimiento entre los especialistas en datos y los auditores” (abril de 2025).

El Tribunal de Cuentas de España participó explicando el “Informe de fiscalización operativa sobre las bonificaciones de cuotas por conversión en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la jubilación”, cuya planificación y ejecución de los trabajos de fiscalización se efectuaron empleando un enfoque evaluador, incluyendo, además de los principios de economía, eficacia y eficiencia, la evaluación de la pertinencia, coherencia externa e interna y del impacto de este tipo de bonificaciones de cuotas.

Los eventos se complementan con talleres prácticos de trabajos sobre materias de interés para las EFS. Cabe mencionar los siguientes: El fortalecimiento de la evaluación de las política públicas, objetivos y métodos; cómo combinarlas métodos analíticos e introducción de técnicas innovadoras de evaluación; habilidades metodológicas y gestión del conocimiento en una EFS; el proceso de planificación estratégica y la planificación de auditoría anual o plurianual; del análisis de riesgos a la selección y valoración de temas para auditar.

Una actividad muy relevante del WGEPPP es la emisión de documentos y guías sobre evaluación. Así, en 2010 se publicó Evaluación de programas para las EFS, que incluía una encuesta realizada entre las EFS sobre la evaluación de programas [2] y cuyo objetivo era presentar una definición de la evaluación y ofrecer recomendaciones generales para su planificación. En 2014 se aprobó la Guía metodológica sobre evaluación cuyo objetivo fue sentar una base sólida para mejorar las capacidades de las EFS y los auditores en este ámbito que les permitiera abordar las dificultades metodológicas. Un resultado importante de este grupo fue la aprobación en 2019 de las Directrices sobre la Evaluación de Políticas Públicas, que presentan como objetivo identificar las principales características y métodos de la evaluación. En ellas, se detallan aspectos como la definición, objetivos y límites de la evaluación de políticas públicas, los actores en la evaluación y el ámbito institucional, la elección del objeto y construcción de proyecto con las partes interesadas, la planificación de la evaluación, la exposición de los resultados y la difusión y utilización de estos. Recientemente, el grupo de trabajo ha puesto en marcha dos iniciativas que están teniendo una gran acogida por las EFS.

La primera es la creación del Primer Premio de Auditoría de Operativa y Evaluación de Programas y Políticas. Su objetivo es reconocer la labor destacada en las áreas de auditoría de desempeño y evaluación de programas y políticas públicas. De esta forma se pretende fomentar la colaboración, fortalecer el conocimiento metodológico en las EFS, proporcionar plataformas para el intercambio de información práctica y conocimientos, y aumentar la transparencia en las actividades del WGEPPP. Al premio se pueden presentar informes, artículos, estudios de caso, guías metodológicas, proyectos piloto, ejemplos de benchmarking, resúmenes ejecutivos y guías infográficas que demuestren excelencia metodológica, contribuyan a mejorar la gestión pública y el impacto social, y promuevan la transparencia de los resultados. La entrega del premio se producirá en el fórum a celebrar en octubre de 2025. El Tribunal de Cuentas de España participa como presidente del panel calificador de los trabajos.

La segunda iniciativa, en la que también participa el Tribunal de Cuentas, se refiere a la creación de un subgrupo de trabajo cuya misión es la elaboración de una guía sobre La valoración del impacto de las evaluaciones y las auditorías de desempeño efectuadas por las EFS. Para ello, se están diseñando indicadores de resultados y de impacto técnico, de participación de las partes interesadas, de impacto institucional y de cobertura en medios de comunicación y visibilidad pública.

Retos, desafíos y conclusión

Cabe preguntase por los retos y desafíos estratégicos a los que se enfrentan las EFS y en el papel que desempeña el WGEPPP. Sin duda, las EFS se encaminan hacia una fiscalización basada en resultados e impactos, es decir, en un enfoque centrado en el valor público donde los informes respondan a la pregunta: ¿La intervención pública ha logado su objetivo de satisfacer la necesidad social para la que se creó? Para ello, es fundamental trabajar en el desarrollo de las capacidades del personal de auditoría de las EFS, incorporando nuevos perfiles profesionales además de economistas y juristas, como son los expertos en sociología, politología, estadística descriptiva, econometría, informáticos, expertos en tratamiento de datos, entre otros, que puedan incorporar a los trabajos los métodos cuantitativos cuasiexperimentales, la evaluación de impacto y el diseño de contrafactuales y grupos de control, el enfoque de la teoría del cambio y el uso de indicadores de resultados e impacto.

No cabe ninguna duda de que uno de los elementos nucleares y que más tiempo consume en las reuniones del WGEPPP es la puesta en común de la utilización de las innovaciones tecnológicas en la realización de evaluaciones y de fiscalizaciones operativas con enfoque evaluador. El uso de herramientas de análisis de datos, inteligencia artificial y plataformas de monitoreo en tiempo real facilita el trabajo con mayor oportunidad, rigor y eficiencia.

Algunos ejemplos compartidos en las reuniones por EFS son los siguientes: La utilizaciones de la Inteligencia Artificial (IA) en análisis predictivo, detección de patrones, análisis de grandes volúmenes de datos, entre otras aplicaciones U.S. GAO); análisis de Big Data y minería de datos para el cruce masivo de base de datos y trabajar sin necesidad de diseñar muestras (Plataforma Big Data de la Contraloría General de la República del Perú); drones y sensores remotos para la captura de imágenes para verificar infraestructuras, áreas con problemas de sequía, inundaciones, etc. (Comptroller and Auditor General of India y National Audit Office of UK); Georreferenciación y Sistemas de Información Geográfica para conocer ubicaciones, comparar entre la ejecución presupuestaria y distribución territorial de resultados (Tribunal de Cuentasde la Unión de Brasil); Análisis de sentimiento con NLP (procesamiento del lenguaje natural) utilizado para captar percepciones de los ciudadanos sobre servicios públicos (National Audit Office UK); Imágenes satelitales para la supervisión de la desforestación, uso del suelo y de obras en infraestructura en zonas remotas (Contraloría General de la República de Colombia); plataforma en línea de participación ciudadana, que permite a los ciudadanos presentar propuestas de auditorías (Tribunal de Cuentas de Francia).

A modo de conclusión, la realización por las EFS de evaluación de políticas públicas o de auditorías operativas con enfoque evaluador ha dejado de ser una tendencia emergente para convertirse en una práctica estratégica en la fiscalización. Gracias al impulso del WGEPPP de INTOSAI, las EFS cuentan hoy con marcos metodológicos, casos de referencia y redes de colaboración que fortalecen su capacidad de generar evidencia útil para la toma de decisiones públicas. El desafío seguirá siendo preservar la independencia de las EFS y su enfoque técnico. Evaluar políticas públicas o realizar fiscalizaciones operativas con enfoque evaluador no implica valorar decisiones políticas, sino examinar si los resultados obtenidos justifican los recursos y esfuerzos invertidos.

Bibliografía

Garde Roca, J.A., Genaro Moya, D. y López Hérnández, A. (dir.) (2023): Guía metodológica para la aplicación del enfoque evaluador a la auditoría operativa, disponible en la web de Goberna Colombia https://goberna.org/wp-content/uploads/2023/11/LIBRO-DG-comprimido.pdf

Campos, Alfredo (2021), “Enfoque evaluador en las fiscalizaciones operativas efectuadas por el Tribunal de Cuentas: ejemplos prácticos”, Revista Española de Control Externo, vol. XXIII, nº 68, pp. 66-83.

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores-INTOSAI (2010): “Evaluación de Programas para las EFS. Un compendio”

Grupo de Trabajo de Evaluación de Políticas y Programas Públicas (WGEPPP) de INTOSAI, “Guía metodológica sobre evaluación” (2014)

INTOSAI GUID 9020 “Evaluación de las políticas públicas” (2019)

[1] U.S. Government Accountability Office. Es la EFS de USA.

[2] “Evaluación de programas” es la denominación utilizada en los primeros documentos de INTOSAI para referirse a la evaluación de políticas públicas.

Política Económica Internacional

El papel de la política comercial de Donald Trump dentro de su proyecto político

(por Ferran Moncho Gonzálbez – ferran.moncho@uv.es, Departamento de Economía Aplicada -Política Económica- Universitat de València)

1.Introducción

Quizás en el debate público resulte complejo encontrar una lógica política y unos objetivos claros a los aranceles. Sus posibles efectos negativos podrían suscitar confianza en el libre cambio como única vía de acceso al crecimiento económico. Sin embargo, los aranceles de Trump pueden presentar una lógica política que va más allá de suprimir el déficit comercial con las posibles ganancias derivadas, llegando incluso a ser esta su meta menos importante. Más bien se enfocarían a la conservación del poder del dólar como moneda de referencia y, a más largo plazo, a la reindustrialización del país. Con ello, resulta necesario analizar aquí el papel de la política comercial realizada por Trump en su contexto y su importancia en su programa político.

Con frecuencia sus medidas proteccionistas se han cuestionado generalmente junto a su ideología como un todo uniforme; sin una perspectiva más allá de asumir el libre comercio y la globalización como inevitables. A pesar de ello, tal y como afirma Sapir (2022:103 y 121), el proteccionismo es una tendencia que se ha revitalizado en las primeras dos décadas del siglo XXI y no solo ha caracterizado a las dos administraciones Trump. En concreto, ha estado muy presente en las administraciones anteriores, integrándose de nuevo en la práctica política habitual con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional. Los instrumentos más comúnmente utilizados han sido las Barreras No Arancelarias (BNA) en forma de regulaciones (Sapir, 2022:106). De ello encontramos ejemplos tanto bajo la administración Obama, como bajo la de Biden, que desde 2014 han desplegado sanciones y han intensificado la protección y regulación comercial con tres leyes fundamentales: Ley sobre prácticas corruptas en el extranjero (Foreing Corrupt Practices Act), Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras internacionales (Foreing Account Tax Compliance Act) y la Ley de Chips (Chips Act) más enfocada a la inversión tecnológica y digital. Otra vía de protección en la misma línea fueron las sanciones emprendidas junto a la Unión Europea dirigidas a Cuba, Rusia, China, Irán y Venezuela (Sapir, 2022:113 y 114). Con ello, la batería de aranceles de Trump se podría catalogar como una agudización y aceleración abrupta de esta tendencia que, aderezada con su estrategia y estilo de comunicación, ha desembocado en el Liberation Day.

2. La soberanía nacional como telón de fondo de las medidas arancelarias

Un ejemplo histórico para entender la inclinación proteccionista de Trump sería la semejanza que guarda con Thomas Robert Malthus (1766-1834), autor clásico del siglo XVIII. Aun siendo partidario de la no intervención del estado en la economía (liberalismo económico o laissez-faire), justificada en su principio de población (Malthus, 1798:95; Roncaglia y Sánchez Hormigo, 2011:81), Malthus defendía la protección de la producción nacional de trigo mediante la imposición de un arancel fijo a la importación de grano (Malthus, 1814:40).

En Trump se daría esta combinación aunque con matices reseñables, por lo que respecta a sus contextos históricos y a la implementación política de sus propuestas. Por una parte, su liberalismo económico orienta los recortes de gasto inspirados en una parte de la austeridad expansiva, aunque con reducciones impositivas al estilo del Consenso de Washington. Pero en ambos casos acoge como referencia a la administración Reagan (The Heritage Foundation, 2023: 535-542; Luzuriaga, 2020: 49). Este liberalismo económico se traduce en los recortes impositivos y del gasto sanitario (One Big Beautiful Bill Act) que se han impulsado desde su reelección este enero de 2025 (United State Congress, 2025; The Heritage Foundation, 2023: 884: Roncaglia, 2019: 287), aunque también estaban presentes en su anterior mandato. En cualquier caso, su proteccionismo resulta más generalista y acelerado que aquel propuesto por el economista del dieciocho.

Este trasfondo doble, liberal económico y proteccionista, ya figuraba en las más de novecientas páginas del plan Mandate for Leadership 2025: The Conservative Promise, que tenía como objetivo la reelección de Trump y la explicación de sus medidas. Con esta inspiración, los objetivos del proteccionismo trumpista son, en esencia, los mismos que los planeados por Ronald Reagan durante sus dos mandatos, a saber: reducir el déficit comercial, aumentar la competitividad y en última instancia la reindustrialización (Del Castillo, 1987:888). Sin embargo, las medidas desplegadas han sido más amplias que las de Reagan, y están más vinculadas al desarrollo de la política industrial. Se trataría de recuperar el sector de las manufacturas y generar efectos arrastre a través de la inversión en la industria de defensa y en alta tecnología (The Heritage Foundation, 2023:766). En contraste con el compromiso de Reagan con el libre comercio (Bouzas, 1982:159), la política comercial de Trump juega un papel más importante para la reindustrialización (The Heritage Foundation, 2023: 97 y 766). En este sentido, aunque el proteccionismo de Reagan se guiaba por los mismos objetivos que Trump (Bouzas, 1982:159), sus medidas fueron más selectivas y transitorias, instrumentadas a través de la protección a las TIC y sirviéndose de los acuerdos bilaterales y los derechos antidumping (Del Castillo, 1987:889 y 881; United State Congress, 1988).

En ambos casos, su telón de fondo es la conservación de la seguridad nacional como un ejercicio de recuperación de la soberanía nacional. En el caso del Mandate for leadership 2025 se parte de que con la globalización esta soberanía habría ido deteriorándose a la vez que la competitividad por el avance de los BRICS, y entre ellos China en particular (The Heritage Foundation, 2023:97). En este contexto, la política comercial de Trump es un ejemplo de cómo el accionar político está volviendo a basarse en el estado-nación como estructura política (Streek, 2020:21) en respuesta a las consecuencias de la “hiperglobalización” (Rodrik, 2011:201).

3. Proteccionismo y reindustrialización ante los problemas de la economía estadounidense

La política comercial estadounidense en las últimas décadas ha estado profundamente influida por el proceso de declive relativo del sector manufacturero nacional y del papel hegemónico del dólar en el sistema monetario internacional (Pallardó, 2025:22, Varoufakis, 2025). Este fenómeno forma parte de la dinámica iniciada en los años 80-90, más favorable al libre cambio, que derivó en la aplicación del Consenso de Washington, contribuyendo a la deslocalización y desindustrialización (Heras et al., 2019: 23; Palazuelos, 2010: 6-7).

Asimismo, a medida que la producción industrial de Estados Unidos ha perdido peso en la economía global, la demanda internacional de dólares como moneda de reserva ha crecido a un ritmo superior al de los ingresos reales de los norteamericanos. Adicionalmente, el proceso de globalización ha ido acompañado de crecientes desigualdades sociales en términos de polarización laboral y salarial (Rodrik, 2017: X, 19, 23); un factor que ha jugado a favor de Trump, tanto en términos de orientación del voto como de guía para sus políticas de reindustrialización (Rodrik, 2017:1 y 234). Pero, desde el individualismo metodológico y el liberalismo económico de Trump, la desigualdad se proyecta como problema que se resuelve a través de las ganancias que generará el crecimiento derivado de su política comercial e industrial. A esta situación se ha sumado la presencia de reservas en dólares en los balances de los bancos centrales extranjeros que, junto al declive del dólar como divisa internacional, mantienen el dólar apreciado (Arslanalp et al, 2024). Estos factores han ido debilitando la competitividad externa de los productos estadounidenses y han ampliado los desequilibrios dentro de la balanza de pagos, sobre todo, en aquello que se refiere a los bienes (Pallardó, 2025:22; Bureau of Economic Analysis, 2025).

Frente a este escenario, se tiene como objetivo recuperar la competitividad del dólar mediante su depreciación, con la esperanza de reducir el déficit comercial a través del aumento de exportaciones. Esta estrategia se sostiene sobre un equilibrio complejo: lograr un dólar más barato que, a su vez, no pierda su estatus como moneda de reserva internacional (Varoufakis, 2025).

Desde esta perspectiva la oleada arancelaria del Liberation Day presenta los aranceles como mecanismo de shock tanto para sacudir los mercados como para ejercer presión política y forzar negociaciones y ajustes en la política monetaria de otras economías. Esto se refleja en el nivel de generalidad de los aranceles impuestos para cada país, planteando dudas sobre el grado y procedimiento de evaluación económica ex-ante que se ha seguido para su establecimiento (Pallardó, 2025:3); por lo que el objetivo de generar el shock parece plausible.

En concreto, Trump busca reordenar la economía global debilitando el valor del dólar, pero sin que pierda su papel central como moneda de referencia mundial. Esto permitiría abaratar los préstamos a largo plazo en EE.UU. mediante tipos de interés más bajos. Como los mercados no pueden lograr esto por sí solos, debido a que muchos países intervienen para mantener sus monedas artificialmente débiles frente al dólar, es necesario que los bancos centrales de otros países dejen que sus monedas se aprecien (Varoufakis, 2025). Para forzarlos a hacerlo, recurre a medidas como los aranceles, que generan tensiones económicas y presionan a esos países a reaccionar de forma que favorezca sus objetivos. La depreciación que pretende conseguir haría que los productos estadounidenses fueran más baratos en el extrajero, lo que podría aumentar las exportaciones estadounidenses. Además, el encarecimiento de bienes extranjeros, podría fomentar el desvío de las importaciones hacia EE. UU.. Como parte de esta reacción también se espera que la intervención de los bancos centrales extranjeros consista en vender activos en sus balances que sostienen artificialmente el valor del dólar, puesto que estos mantienen amplias reservas en dicha moneda y financian deuda pública estadounidense (Varoufakis, 2025).

Los aranceles como shock cuadran con impulsar la renegociación de las condiciones comerciales bilaterales, y con ello su función no sería recaudatoria sino política. En Asia, por un lado, Trump podría exigir a algunos países la venta de activos denominados en dólares para generar una mayor depreciación del tipo de cambio estadounidense (Varoufakis, 2025). Por otro lado, para la Eurozona, Trump podría plantear en la negociación la relocalización de parte de la industria alemana en territorio estadounidense y la adquisición de armamento producido en Estados Unidos (Varoufakis, 2025). En esta línea va la exigencia a los países de la OTAN para que aumenten su gasto en defensa a un 5% del PIB. De este gasto una parte irá a la compra de armamento, producido en EEUU y el resto a armamento europeo con muchos componentes producidos en EEUU. Es decir, que la política de aumento de gasto en defensa es una política de aumento de demanda de producción norteamericana de armamento.

No obstante, estas estrategias enfrentan diversas limitaciones. En primer lugar, la depreciación del dólar podría no ser suficiente para compensar el impacto inflacionario de los aranceles sobre los precios internos. Y también la anticipación a la inflación podría desencadenar aumentos de tasas de interés en otros países, contrarrestando el efecto buscado, aunque a raíz del Liberation Day se haya producido la depreciación del dólar por la venta de activos en dólares (Hartley & Rebucci, 2025).

En segundo lugar, aunque se consiguieran las ganancias esperadas, a corto plazo dados los recortes de gasto social, resulta complicado amortiguar los efectos inflacionarios y redistributivos negativos sobre las clases medias. En tercer lugar, una caída del déficit comercial, si no es compensada con una entrada suficiente de inversión extranjera directa, podría debilitar los mercados financieros estadounidenses, afectando especialmente a Wall Street. Por último, en términos geopolíticos, otros actores como China y los BRICS podrían acelerar la creación de un sistema financiero internacional alternativo, debilitando aún más la posición del dólar como divisa dominante.

A pesar de estas limitaciones, una característica que diferencia la política comercial actual de la del primer mandato de Trump es la mayor complementariedad entre los aranceles y la política industrial (Elias, 2023:91). En esta línea se están movilizando cuantiosos recursos financieros en inteligencia artificial, semiconductores, energía, manufactura avanzada, defensa y logística a través de diversas órdenes ejecutivas. Un claro ejemplo sería el acuerdo comercial-industrial entre Estados Unidos y Arabia Saudí por un valor de 142.000 millones de dólares para suministrarles material de defensa (The White House, 2025a). En este caso, los aranceles propuestos por Trump forman parte de una estrategia de reindustrialización como parte fundamental de sus anunciadas medidas de política económica.

4. Conclusiones

Los aranceles de Trump pueden ser parte de la tendencia proteccionista de la política comercial del siglo XXI. En su caso, representan una aceleración abrupta de esta tendencia para cumplir sus objetivos de reindustrialización y reposicionamiento de la soberanía nacional estadounidense. En efecto, las medidas de Trump forman parte de la realidad actual de la política económica, cuyos impactos plantean distintas preguntas teniendo en cuenta las limitaciones reseñadas. El shock arancelario no solo ha acaparado la atención mediática internacional lo suficiente como para llevar al resto de países a posibles negociaciones. Este parece ser el punto de partida de cierta voluntad de activación de la política industrial estadounidense, con un carácter favorable al intervencionismo, sobre todo, en tecnologías avanzadas. Y, al mismo tiempo, la particularidad de este proteccionismo es su combinación con el liberalismo económico en términos de intervención pública agregada.

En este plano, se dibujan en el horizonte tres cuestiones principales. La primera es si este proteccionismo, que empieza como un shock político, puede ser el principio de un proteccionismo comercial selectivo, en forma de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), que juegue un papel central para el desarrollo económico como lo fue para países como, por ejemplo, Corea del Sur. En tal caso, para cumplir sus objetivos sería esperable una planificación integral para la política industrial, en la línea de los programas de inversión comentados; pero con un mayor detalle, alcance y variedad de instrumentos respecto de los actuales. En segundo lugar, ¿podrán los recursos movilizados hasta ahora generar, junto a las políticas arancelarias, el impulso necesario de la industria? Es decir, la capacidad necesaria para crear efectos arrastre y así reducir el déficit comercial, mantener el dólar como moneda de reserva y competir con el crecimiento económico de los países asiáticos. Por último, una cuestión más a considerar es si las posibles ganancias de esta reindustrialización, y de la protección comercial, derivarán en una reducción de la polarización laboral y la desigualdad, esto es: ¿terminarán por redistribuirse entre las clases medias estadounidenses, teniendo también en cuenta el impacto de las reformas institucionales emprendidas? ¿Tal redistribución se producirá sin acción estatal directa en este ámbito?

Sin duda, nos encontramos ante el momento que comentaba Keynes en 1933. Ese momento en el que las “esperanzas, temores y preocupaciones, junto con las de muchos o la mayoría de esta generación en todo el mundo, son diferentes de lo que eran” y “queda un largo camino para abandonar los hábitos mentales del mundo decimonónico de preguerra” (Keynes, 1933:I). En el mismo texto en el que el autor escribía estas líneas, se cuestionaba el libre comercio que se erigió como dogma del siglo XIX, dados los efectos de la división internacional del trabajo y las desigualdades urbanas creadas por este modelo. El mundo estaba cambiando hacia la “autonomía nacional” como garante de la seguridad, vislumbrando la política proteccionista como posibilidad. Porque el internacionalismo no consiguió evitar la guerra, pero el nacionalismo dogmático tampoco (Keynes, 1933:II). Esta perspectiva la recordaba también Skidelsky (2018), cuestionando la máxima según la cual, de forma atemporal y sin importar el contexto de aplicación, el libre comercio lleva a un cofre “lleno de oro”. La duda se cierne sobre la forma que tomará la política económica internacional en adelante, y si se dará en la combinación proteccionismo más liberalismo económico o de otra forma. En definitiva, tal y como resonaba en los escritos románticos: la historia no se repite, pero rima.

Bibliografía

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Pro et contra: La prórroga de la vida útil de las centrales nucleares en España

Pro

(Por Antonio González Jiménez, Director de Estudios y Apoyo Técnico Foro de la Industria Nuclear Española)

¿Podemos permitirnos el lujo de prescindir del parque nuclear?

El parque nuclear español está formado por siete reactores en cinco emplazamientos: dos unidades en las centrales de Almaraz (provincia de Cáceres) y de Ascó (Tarragona) y una unidad en las de Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona).

Por sus características técnicas de funcionamiento ─síncronas, firmes y con gran potencia inercial─, las centrales nucleares contribuyen a la estabilidad, regulación y equilibrio del sistema eléctrico y son las más adecuadas para la producción de la electricidad necesaria las veinticuatro horas todos los días del año, es decir, para cubrir la denominada demanda en base, ya que no dependen de condiciones meteorológicas externas.

De forma conjunta, los siete reactores producen alrededor de 55.000 GWh cada año, habiéndose convertido en los últimos trece en la única tecnología que ha generado el 20% de la electricidad consumida en nuestro país, a pesar de que su potencia instalada se mantiene constante, mientras que la de otras tecnologías no deja de incrementarse.

Por otra parte, una central nuclear produce energía eléctrica mediante un proceso físico, la fisión del átomo de uranio, lo que significa que en su operación no emite a la atmósfera gases de efecto invernadero ni otros productos de combustión. En este sentido, el parque nuclear español evita cada año la emisión de unos 20 millones de toneladas de CO2, habiendo representado en 2024 más del 26% de la electricidad generada sin emisiones.

Hay que tener en cuenta que las centrales nucleares españolas son económicamente competitivas si se atiende a sus costes intrínsecos, aunque se ven penalizadas y discriminadas, como veremos más adelante, por la carga tributaria a la que están sometidas.

Además, el conjunto de la industria nuclear española es un motor de riqueza y empleo, ya que cuenta con cerca de 30.000 trabajadores directos, indirectos e inducidos con altísima cualificación y gran experiencia acumulada. Muchos de ellos viven en los entornos rurales en los que se ubican las instalaciones nucleares, lo que ayuda a la fijación de la población.

El Protocolo de Intenciones y el PNIEC 2023-2030

A pesar de estas características positivas de la energía nuclear, el Gobierno de España formado en el año 2018 pretendía que las centrales españolas operasen hasta un máximo de 40 años, tal como venía proponiendo el PSOE en sus programas electorales de las distintas elecciones generales anteriores.

Sin embargo, y dado que los recursos acumulados hasta ese momento en el Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), el llamado Fondo Enresa, no serían suficientes para la gestión de los residuos radiactivos ─especialmente el combustible gastado─ y el desmantelamiento futuro de las instalaciones cuando alcanzasen el final de su vida operativa, en marzo del año 2019 se alcanzó un acuerdo y se firmó un Protocolo de Intenciones entre la empresa pública Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) y las empresas propietarias de las centrales nucleares españolas ─bajo el auspicio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)─ por el que se establecía la continuidad de la operación de los siete reactores que conforman el parque nuclear hasta una media de 46,5 años y un cierre progresivo de las mismas, comenzando por la unidad I de la central de Almaraz en noviembre de 2027 y terminando por la de Trillo en mayo de 2035.

Al mismo tiempo, en este Protocolo se acordó que, desde el 1 de enero de 2020, se incrementase la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario mediante la que se financia el servicio de Enresa a las centrales nucleares en explotación ─la llamada Tasa Enresa, aportada en su totalidad por las empresas propietarias de las mismas─ en un máximo del 20% respecto del valor que en ese momento tenía vigente, que es la que alimenta el Fondo Enresa para la gestión de los residuos y el desmantelamiento.

Por otra parte, el MITECO aprobó en marzo de 2021 una primera versión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). En el mismo se establecían una serie de objetivos para la transformación del modelo energético de España, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea recogidas en el paquete Fit for 55 en cuanto a descarbonización de los procesos productivos, garantía del suministro y disponibilidad de fuentes económicamente competitivas.

El PNIEC 2021-2030 establecía una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 de, al menos, un 23% respecto al año de referencia de 1990, y una participación de las tecnologías renovables en la generación de energía eléctrica del 74%.

Por la exigencia de la Unión Europea a todos los estados miembros de actualizar de forma ambiciosa los objetivos establecidos en los diferentes planes nacionales ─en el contexto geopolítico en el que busca conseguir soberanía energética─, en septiembre de 2024 el Gobierno de España aprobó una revisión del Plan (PNIEC 2023-2030), estableciendo una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 32% en el año 2030 respecto a los niveles del año 1990 y una participación de las fuentes renovables (especialmente eólica y solar fotovoltaica) de un 81% en la generación de energía eléctrica.

Adicionalmente, y como aspecto clave para la penetración masiva de las energías renovables en el sistema eléctrico, el Plan establece que habrán de estar operativos al menos 22.500 MW de potencia de almacenamiento eléctrico masivo ─baterías y centrales hidroeléctricas de bombeo─ en dicho horizonte temporal.

En el Plan se apuesta también por la utilización del gas en ciclos combinados como potencia de respaldo frente a la intermitencia de las fuentes renovables y se recoge lo acordado en el Protocolo de Intenciones de marzo de 2019, de tal manera que las siete unidades que conforman el parque nuclear seguirán en funcionamiento hasta finales de 2027 y que en 2030 la potencia nuclear pasa a ser menos de la mitad respecto a la que actualmente se encuentra en funcionamiento, cesando la actividad de las tres unidades restantes de forma progresiva hasta el año 2035.

A día de hoy, y a pesar del notable incremento ─aunque no en la cuantía de lo previsto─ de la potencia renovable, especialmente fotovoltaica, los objetivos de capacidad de almacenamiento están muy retrasados respecto a los fijados en el PNIEC, ya que la potencia instalada de turbinación de bombeo y baterías no llega a 3.500 MW. Sin embargo, el cese de actividad de las centrales nucleares se mantiene fijo de manera concreta con unas fechas determinadas.

La tributación ahoga al parque nuclear

En España, desde mediados del año 2023, se viene produciendo una gran volatilidad en los precios del mercado mayorista de la electricidad debido a la masiva entrada de fuentes renovables, especialmente solar fotovoltaica. Esto supone que en los momentos de producción de estas fuentes los precios caen fuertemente, incluso con valores cercanos a cero o negativos. Sin embargo, cuando estas fuentes no producen, los precios suben mucho por la necesidad de un mayor uso de fuentes térmicas y el carácter marginalista del mercado en la formación de los precios, y lo harían mucho más ─entre un 23% para familias y pymes y un 35% para consumidores industriales, según un reciente informe de PwC─ si no se dispusiese del 20% de electricidad que genera el parque nuclear.

En cualquier caso, y dada su característica de potencia base, la energía nuclear no presiona la formación de los precios en el mercado mayorista, al ofertar su producción a precio cero, por lo que sin su participación los precios serían mayores, ya que su producción tendría que ser cubierta por la de otra tecnología ─fundamentalmente ciclos combinados de gas─ cuyo precio se hubiese ofertado por encima del último de casación y, por tanto, habiendo quedado fuera de la misma.

Lo que sin duda se puede afirmar es que las centrales nucleares españolas son económicamente competitivas, si se atiende a sus costes intrínsecos: operación y mantenimiento, combustible, amortizaciones y gastos de personal. Sin embargo, están sometidas a una carga tributaria ─conjunto de impuestos y tasas de carácter nacional, autonómico y local─ excesiva e incluso en algunos casos redundante, que supone una cifra de entre 17 y 18 €/MWh producido y un monto total cercano a los 1.000 millones de euros anuales. Esta tributación no es homogénea ni comparable a la del resto de tecnologías que participan en el sistema eléctrico español, lo que penaliza su funcionamiento y gestión.

Ahondando en esta desproporcionalidad, en junio de 2024 el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 589/2024 por el que se modificaba el valor de la Tasa Enresa a partir del 1 de julio de 2024. Esta modificación, que representa un incremento de 2,38 euros por cada MWh producido respecto a la tasa que estaba vigente (7,98 €/MWh desde el 1 de enero de 2020), es absolutamente ajena a la operación de las centrales nucleares y se debe exclusivamente a los cambios adoptados en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno en diciembre de 2023.

El 7º PGRR supone un cambio sustancial en cuanto a la gestión del combustible irradiado respecto al anterior plan. Cancela el proyecto de construcción y puesta en marcha de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio conquense de Villar de Cañas y contempla la construcción y operación de siete Almacenamientos Temporales Descentralizados (ATDs) en cada uno de los emplazamientos de las centrales nucleares con combustible gastado (tanto en operación como en proceso de desmantelamiento) y la entrada en operación del Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) para su almacenamiento definitivo en el año 2073.

Todos estos cambios suponen un encarecimiento en la gestión de más de 2.200 millones de euros. Por tanto, y puesto que han sido adoptados por el Gobierno sin consenso con los agentes involucrados, los sobrecostes del nuevo Plan no deberían imputarse, en ningún caso, a los titulares de las centrales nucleares. Además, hay que recordar que el Protocolo de Intenciones de marzo de 2019 contemplaba un incremento máximo del 20% del valor de la tasa respecto al que en ese momento tenía (6,69 €/MWh) y hasta el límite de los 7,98 €/MWh vigente.

Este nuevo incremento del 30% aprobado unilateralmente por el Gobierno supone que la Tasa Enresa tenga un nuevo valor de 10,36 €/MWh y que las empresas propietarias de las centrales nucleares tengan que ingresar al Fondo Enresa, a partir del 1 de julio de 2024, unos 130 millones de euros anuales adicionales a los 450 millones de euros que el conjunto del parque nuclear español ya estaba aportando cada año desde enero de 2020.

Este hecho, junto con la desproporcionada, discriminatoria y asfixiante carga tributaria que soporta, pone en riesgo la viabilidad y la continuidad de la operación del parque nuclear español. En este sentido, los informes de PwC indican que el conjunto de la carga fiscal que soporta se ha incrementado más de un 70% en los últimos cinco ejercicios y que entre los años 2025 y 2035 supondrá más de un 40% de sus costes totales.

Conclusión

Ante los desafíos medioambientales y la necesidad de garantizar el suministro a precios competitivos, agravados por la actual situación geopolítica, la mayoría de los países están apostando por la operación a largo plazo de sus centrales nucleares, con autorizaciones para 60 e incluso 80 años, y/o la construcción de nuevas unidades. Sin embargo, y si no se modifica lo establecido en el PNIEC 2023-2030, en el caso de España los siete reactores que conforman nuestro parque nuclear solo podrán operar hasta una media de 46,5 años.

Por todo lo expuesto, no parece lógico que en España podamos permitirnos prescindir del parque nuclear, dada la seguridad de suministro que ofrece y que no emite CO2, entre otras ventajas mencionadas. No tiene sentido aferrarse a mantener un plan de cierre como el del Protocolo de Intenciones de marzo de 2019, ya que las condiciones energéticas, ambientales y geoestratégicas han variado sustancialmente desde entonces hasta el momento actual.

Es imprescindible alcanzar un acuerdo sobre el futuro del conjunto de la industria nuclear española y específicamente sobre la continuidad de la operación de nuestras centrales nucleares más allá de las fechas actualmente establecidas, asegurando que se racionalice la fiscalidad a la que están sometidas, ya que la energía nuclear ha de ser un elemento clave en la transición energética en España.

[1] https://raing.es/pdf/eventos/20230426_Jose_Casas_Real_Academia_Ingenieria_Nuclear.pdf

[2] https://gestoresderesiduos.org/noticias/espana-ha-pagado-795-000-millones-de-euros-por-la-gestion-de-residuos-nucleares-en-los-ultimos-30-anos?

[3] https://www.eldiario.es/extremadura/politica/expresidente-enresa-advierte-si-reduce-tasa-no-podran-gestionar-seguridad-residuos-radiactivos_1_12272314.html

[4] https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-taxonomia-verde-europea-que-es-y-por-que-es-importante-2022-01-25_es

Stiglitz, J. E. (2025): Camino de libertad. La economía y la buena sociedad. Ed. Taurus. Barcelona

(Por Carlos Ochando Claramunt, Departamento de Economía Aplicada-Política Económica-Universitat de València)

Reseñamos el último libro de un autor que no necesita presentación porque es de sobra conocido en el mundo académico de la Economía. Por si todavía hay alguien que no lo conoce, diremos que Joseph E. Stiglitz es profesor de la Universidad de Columbia y economista jefe del Instituto Roosevelt; fue presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Clinton y fue economista jefe del Banco Mundial. Stiglitz ha desarrollado, a lo largo de su larga trayectoria, un cierto espíritu crítico con el enfoque predominante en la ciencia económica convencional y también con los resultados (ineficientes e injustos) de la economía de libre mercado (especialmente, con la que él llama “economía de mercado desbocada” sin regulaciones ni contrapesos). Este enfoque crítico con la Economía mainstream lo ha ido desgranando en sus conocidos libros El malestar en la globalización, El precio de la desigualdad, Caída libre o Capitalismo progresista, entre muchos otros.

La segunda parte del libro se titula Libertad, creencias y preferencias, y la creación de la buena sociedad. El ella, Stiglitz vuelve a tratar temas que le parecen fundamentales para construir su “teoría” de la libertad. De nuevo analiza temas como la conformación social de las creencias y preferencias, la cohesión social, la libertad de información, la importancia de la verificación de la verdad en un sistema democrático, el rol que juegan las redes sociales, la información transparente, los límites de la tolerancia, etc.

Finalmente, en la tercera parte construye su propuesta alternativa. Se titula ¿Qué tipo de economía promueve una sociedad buena, justa y libre? A partir de la constatación de que el capitalismo neoliberal ha fracaso y es insostenible, Stiglitz aboga por un capitalismo progresista de corte socialdemócrata.

Tengo la impresión de que el libro recientemente publicado Camino de libertad. La economía y la buena sociedad es un compendio (no sabemos si final o no) de todo el pensamiento acumulado por Stiglitz en su larga trayectoria académica. Este estilo “compendio” contribuye a que el libro se torne, en ocasiones, repetitivo, confuso y desordenado. Y no solo, repetitivo con el resto de los libros anteriores del autor, sino repetitivo con el propio contenido del libro. Este repaso de los temas – sabidos y conocidos por otros libros anteriores del autor- no aporta una gran originalidad al libro, más allá de recoger en un solo volumen todas las claves fundamentales del pensamiento económico del autor. El libro tiene un hilo conductor que sí es coherente y, relativamente, original. Desde la creencia de que el Neoliberalismo ha fracasado y es claramente insostenible, el autor trata de fundamentar una idea de libertad diferente a la defendida por el pensamiento económico liberal. El concepto de libertad que defiende Stiglitz es considerar que la libertad de una persona equivale a la falta de libertad de otra. O dicho de otra manera, que la libertad de una persona se produce a menudo a costa de la libertad de otra. Es siempre un “trade-off”. Esa idea es interesante. Sin embargo, no es tan original porque, en el fondo, es la vieja idea defendida por los profesores de Política Económica de que cualquier decisión pública (y privada) implica siempre ganadores y perdedores. Es la misma idea, pero, en lugar de aplicarla a los resultados distributivos, Stiglitz la aplica a los diferentes grados de libertad que puede disfrutar un individuo. Y tampoco es tan original porque ya sabíamos, por muchos otros autores anteriores, que existen las libertades negativas (lo que perdemos cuando no podemos tomar decisiones ni desarrollar nuestro potencial como personas) y las libertades positivas (la libertad para desarrollar el propio potencial y aumentar nuestras oportunidades y capacidades). Estas últimas requieren el disfrute de una renta mínima y el acceso a la educación y sanidad, entre otros bienes básicos. Stiglitz defiende esta segunda versión de la libertad. Pero muchos otros autores -entre ellos, Amartya Sen y Rawls- lo habían hecho mucho antes. Por eso decimos que esa idea motriz del libro – aunque interesante- no es del todo original. Tampoco es original en la herramienta elegida para fundamentar su “buena idea de libertad” que es el “velo de la ignorancia”, una metodología ya utilizada por Rawls en su teoría de la justicia en 1971.

El libro acaba defendiendo que la solución a los conflictos y problemas económicos es lo que Stiglitz llama “capitalismo progresista”, que viene a ser como una “socialdemocracia revitalizada”. Este modelo social estaría centrado en la igualdad, la justicia social y la democracia. Tampoco parece muy original ni muy alternativa (en los tiempos que corren sí) la propuesta socialdemócrata. Más de un siglo de existencia tiene la socialdemocracia, construyendo un mundo mejor basado, entre otras cosas, en un modelo de Estado de bienestar amplio y universal. Pienso que otra de las debilidades del libro es la ingenuidad del autor cuando habla (o, más bien, no habla) de la implantación de su alternativa. Parece que solo con nombrarla se va a llevar a cabo. Pero es que el autor ni nos dice cómo llevar su alternativa progresista a la práxis (no hay medidas de política económica concretas) ni creo que tiene suficientemente en cuenta el actual contexto social y político liderado por las nuevas derechas, que día a día reman en contra de cualquier propuesta progresista -y parece que están ganando la batalla-.

Más allá de una propuesta filosóficamente aceptable (vaya por delante que, por supuesto, quién escribe esta reseña está de acuerdo con la alternativa progresista socialdemócrata defendida por el autor), no hay realismo político-económico ni propuestas concretas que auguren una buena viabilidad política en los tiempos derechizados que corren. Es como un brindis al sol. No obstante, y sin duda, un buen brindis para fundamentar, desde luego, una mejor economía y una mejor sociedad. Yo también hago mi brindis final: ¡ojalá los políticos, votantes, ciudadanos y organismos internacionales escuchasen más sus palabras y llevasen a la práctica las propuestas de Stiglitz! El mundo sería un poco mejor, más habitable, cohesionado y justo.

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XVII Jornadas Internacionales de Política Económica. Sevilla, 29-30 de mayo de 2025. (anuncio)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada III, Universidad de Sevilla

Nos complace anunciar la celebración de las XVII Jornadas Internacionales de Política Económica (JIPE), que tendrán lugar de forma presencial los días 29 y 30 de mayo de 2025 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla (Andalucía, España).

Estas jornadas están abiertas a cualquier persona investigadora interesada en la Economía Aplicada y la Política Económica, y se centrarán en los siguientes ejes temáticos:

1. Organización política, sujetos activos y limitaciones.
2. Política estabilizadora-coyuntural.
3. Política de desarrollo-estructural.
4. Políticas de inclusión, igualdad y diversidad como intervenciones transversales.
5. Efectos micro y macroeconómicos de una NO intervención.
6. Política para impulsar/frenar las relaciones internacionales.
7. Política económica bajo el modelo ECS-MEC: Objetivos e instrumentos.

Las jornadas se organizarán en sesiones de trabajo especializadas, donde se discutirán las comunicaciones científicas seleccionadas para cada área temática. Asimismo, se llevarán a cabo sesiones plenarias que reunirán a todas las personas participantes en torno a conferencias programadas.

Durante el evento, se realizará el lanzamiento de la iniciativa para construir una Nueva Escuela de Política Económica, vinculada al desarrollo del Congreso Internacional Permanente Nueva Escuela de Política Económica (CIPPE). Este congreso busca fortalecer la actual red de colaboración y encuentro entre investigadoras e investigadores de Política Económica.

El Comité Científico https://grupo.us.es/modeloecsmec/xvii-jornadas-internacionales-de-politica-economica/comites/ invita a presentar comunicaciones científicas en español o inglés, según las siguientes fechas clave:

• Envío de resumen (1500 – 1700 palabras): hasta el 01-febrero-2025.
• Inscripción anticipada: hasta el 27-marzo-2025. 240 euros o 260 euros (incluyendo la cena de gala).
• Inscripción estándar: desde el 28 de marzo hasta el 5-abril-2025. 340 euros o 360 euros (incluyendo la cena de gala).
• Estudiantes, becarios FPI-FPU o asemejados (requiere justificarlo): 160 euros (+ 20 euros de cena de gala en su caso).

Para más información consulte la web https://grupo.us.es/modeloecsmec/xvii-jornadas-internacionales-de-politica-economica/inicio/

o escriba al correo electrónico: cippe@us.es

¡Gracias por tu generosidad y esfuerzo por impulsar la Política Económica desde la ciencia!

XX Simposio hispano-ruso España y Rusia en un contexto internacional cambiante, Valencia (España), 3-4 de julio de 2025 (anuncio)

Organiza: Universidad de Valencia y Centro de Estudios Ibéricosdel Institutode Latinoamérica (ACR)

Presentación

Desde el inicio del siglo XXI se han sucedido una serie de crisis que están conduciendo a cambiar la fisionomía mundial de la centuria anterior. La crisis financiera de 2008 ha trastocado los motores de crecimiento económicos, la sanitaria de 2020 ha alterado los fundamentos sociales y el conflicto bélico en Europa iniciado en 2022 está cambiando el marco geopolítico internacional. Adicionalmente, la nueva administración norteamericana encabezada por D. Trump está dibujando un nuevo papel internacional para EE.UU. Como consecuencia de estos cambios parece que se está iniciando un periodo de transición caracterizado por un mundo multipolar. Este nuevo contexto internacional se presenta muy difuso. Muchas cuestiones aparecen abiertas, como se trata de las relaciones entre EE.UU. y la UE, de las vinculaciones dentro de Europa, del nuevo papel internacional de China o el comportamiento independiente de muchos países latinoamericanos, africanos o asiáticos. En este contexto, España y Rusia se enfrentan a ubicarse en un entorno cambiante. Este Simposio tiene como referencia iluminar aspectos relacionados con estos retos.

Dadas las grandes y plurales aspiraciones que se plantean, este Simposio pretende fomentar un debate interdisciplinar. Son bienvenidos los trabajos de análisis económico o políticos aplicados, pero también los que pretenden poner de relieve las intervenciones estatales en estas circunstancias cambiantes (política económica). No obstante, dados los cambios internacionales, también serían de interés aquellos que tengan un enfoque social o los de carácter medioambiental. Adicionalmente, podrían tener importancia para la discusión aquellos con un perfil más cultural o psicosocial.

Idioma del Simposio: Español

Plazos y procedimientos:

Fecha límite de presentación de las propuestas (200-250 palabras): 30 de abril 2025

Fecha límite de textos completos (max.30 mil caracteres) (para su publicación): 18 de julio 2025

Envío de textos finales completos a: ilacentroiberico@gmail.com

Envío de propuestas de participación: xxsimposio@uv.es

PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN EN EL SIMPOSIO

Renovación para el año 2025 de la Cátedra Institucional de “Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana”

En paralelo a la reciente aprobación de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para este año 2025, el Consell ha renovado la línea de financiación de la «Cátedra de Política Económica y Social de la CV». Estes trámite viene a reforzar la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024 (DOGV núm. 9756, de 30.12.2023) en la cual se preveía por primera vez la creación de esta institución.

En este sentido, los objetivos de la cátedra siguen su curso a través de las acciones iniciadas por Antonio Sánchez Andrés, su director, además del equipo de su equipo. Se pretende, por tanto, seguir extendiendo las acciones ya llevadas a cabo por el proyecto resumidas en la Memoria para el año 2024. En ella se describen ampliamente las actividades de transferencia desde el ámbito académico de los seminarios, encuentros y talleres de política económica hasta los medios de comunicación.

Como tareas directamente relacionadas con el objetivo de conexión social, académica y política encontramos la realización de múltiples publicaciones de diversa extensión sobre temas de actualidad, abarcando desde la prensa a artículos con estilo más científico.

En esta misma línea, destaca también la aprobación del programa de Máster Universitario en “Gobernación y Política Económica” con el objetivo primordial de servir al reciclaje institucional y a la actualización de la administración de la Generalitat. La extensión del programa de este máster se puede encontrar en el siguiente documento.

Otra de las prioridades de la cáteda para este nuevo ciclo, que se abre con la renovación de la línea de financiación, pasa por el desarrollo del Observatorio de Tecnopolítica. Este proyecto se concentrará específicamente en el análisis y elaboración de propuestas de política evonómica valenciana.

En este sentido, la Cátedra busca colaborar entre el ámbito académico, el social y el político, transformándose en un foco de transferencia y movilización social del conocimiento. En definitiva, estas actividades se han orientado, y se seguirán orientando, a mejorar la acción de Gobierno, mediante la contribución a la mejora en la toma de decisiones por parte de las instituciones de la Generalitat.

II Ciclo de Seminarios de Política Económica (virtual). Primer Seminario: “Calidad institucional y economía española” Xóse Carlos Arias Moreira (resultados)

El pasado miércoles 26 de febrero de 2025 tuvo lugar el segundo seminario del II Ciclo de Seminarios sobre Política Económica organizado por REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, bajo el título «Calidad institucional y economía española».

Dicho seminario fue impartido por el profesor Xóse Carlos Arias (Universidad de Vigo) y moderado por el profesor Tomás Mancha (UAH), con la colaboración técnica del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá. En su exposición, el profesor Arias analizó la visión institucional moderna de la economía y su utilidad para comprender y diseñar la política económica, con especial atención al caso de la economía española. Destacó que instituciones sólidas y eficientes son fundamentales para la prosperidad económica, ya que fomentan la confianza, reducen la incertidumbre y promueven la inversión, mientras que la debilidad institucional puede derivar en problemas como la corrupción y la mala gestión de recursos, afectando negativamente la competitividad del país.

Asimismo, presentó un conjunto de indicadores que reflejan distintos aspectos de la calidad institucional, realizando comparaciones internacionales y destacando su estrecha relación con el desempeño económico y variables clave como la productividad total de los factores. En este contexto, el profesor Arias también abordó el papel de las políticas públicas en la mejora de la calidad institucional, subrayando la necesidad de impulsar reformas en España dirigidas a optimizar la regulación, reducir las inercias burocráticas, fortalecer la independencia judicial, o la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de toma de decisiones.

El siguiente seminario tendrá lugar el miércoles 7 de mayo de 2025 a las 17:00 horas, bajo el título «Competencia y regulación», y será impartido por el profesor José María Marín Quemada (UNED), con la moderación de la profesora Evangelina Aranda García (UCLM).

Puede accederse a la grabación de este segundo seminario del II Ciclo en el siguiente enlace: Calidad institucional y economía.

Conferencia del profesor Sr. D. Antón Costas: “el rol de los nuevos economistas es buscar el consenso social para el diseño de políticas”

Organiza por: Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna

Con motivo de la presentación del libro «The conflict between tourism expansion and sustainability: the case of LDC», el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas impartió una conferencia el 14 de marzo de 2025 en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna. La obra, coordinada por la profesora Flora Mª Díaz, aborda la tensión entre el crecimiento turístico y la sostenibilidad medioambiental en países en desarrollo. Como ejemplos menciona Senegal, Nigeria y Angola, un tema relevante también para Canarias.

Durante su intervención, el académico destacó que el papel de los economistas ha evolucionado: si anteriormente asesoraban directamente a los gobiernos, hoy su función es ejercer como puente entre la sociedad y el poder político para diseñar políticas respaldadas por un amplio consenso ciudadano.

En adición, después de que al “keynesianismo” le haya sucedido el “neoliberalismo”, siguiendo a Dani Rodrik, el profesor ha señalado el paso al “productivismo”. Ello se debe a la existencia de una «economía de trade-off», que se refiere a la confluencia de diversos dilemas entre objetivos económicos, deseables pero conflictivos entre sí.

El ponente ha comentado hechos de la más reciente actualidad: el auge de China como potencia mundial, la victoria de Trump y los fenómenos de desindustralización y deslocalización, además de vislumbrar algunas posibles líneas de política económica.

De acuerdo con sus conclusiones, el denominado «productivismo» recibe este nombre porque debería orientarse a mejorar la productividad de las personas, esencialmente en términos de acceso a bienes materiales.

Encuentro de Política Económica: “Políticas de Fomento de la Actividad Emprendedora y Desarrollo Sostenible”, Albacete, 23 y 24 de enero de 2025 (resultados)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada – Castilla-La Mancha

El Encuentro de Política Económica en Albacete, celebrado los días 23 y 24 de enero de 2025, fue organizado por los profesores Inmaculada Carrasco y Soledad Castaño en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. Este evento reunió a expertos y académicos para discutir diversas temáticas relacionadas con el emprendimiento, la sostenibilidad y las políticas económicas.
El primer día del encuentro comenzó con una presentación sobre la relación entre emprendedores y política económica, destacando cómo las instituciones informales, las pasiones y las motivaciones emprendedoras influyen en el diseño de políticas económicas. A continuación, se discutieron las políticas duales y el emprendedurismo en la Comunidad Valenciana, enfocándose en el apoyo a grandes empresas y pymes mediante incentivos fiscales y formación. También se abordó el fomento del desarrollo sostenible desde la economía circular y la economía de los cuidados desde una perspectiva de género, destacando la importancia de la economía circular y social en la creación de empleo y cohesión económica. Posteriormente, se presentaron temas sobre políticas sociales, el colapso ecosocial de la globalización y experiencias comunitarias en Sudamérica, y la política agraria a través de grupos de discusión con ganaderos tradicionales.

El segundo día inició con una presentación sobre la capacidad institucional y el emprendimiento como catalizadores en la absorción de fondos europeos, destacando los desafíos en la gestión de fondos y la importancia de la capacidad administrativa y financiera.Se continuó con una discusión sobre la digitalización y la actividad emprendedora, subrayando cómo la digitalización ha revolucionado el ámbito emprendedor. También se exploró la integración de la economía circular y la economía social para avanzar en la sostenibilidad. Se discutieron políticas para incentivar emprendimientos socialmente responsables en el sector de la construcción, proponiendo funciones para el sector público y destacando la importancia de incentivos fiscales y formación.
 Se analizó cómo las instituciones informales, las pasiones y las motivaciones emprendedoras influyen en las políticas económicas, enfatizando la necesidad de considerar estos factores en el diseño de políticas para fomentar la actividad emprendedora. También se abordó la importancia de las competencias digitales y las redes sociales en el emprendimiento, destacando el papel de la digitalización en la identificación de oportunidades y el aumento de la competitividad. Se evaluaron las políticas de fomento del cooperativismo en la Comunidad Valenciana, identificando desafíos y proponiendo mejoras en accesibilidad y procesos burocráticos. Además, se discutió la relación entre los bonos verdes y sociales y el acceso al crédito corporativo en Europa, y se concluyó con una presentación sobre la productividad como factor previo para el crecimiento y desarrollo sostenible.

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

Desde la Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) se apuesta por la divulgación. Periódicamente, REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés tanto para la Política Económica como para su difusión a través de la Red.
Diversos textos de actualidad arrojan luz sobre temas como la incertidumbre en torno a la Inteligencia Artificial, la inmigración, la carga fiscal derivada de las inflación, el populismo, la política económica de Trump y la relación entre turismo y desigualdad.
Acemoglu, se ha centrado en la crisis de la democracia en el mundo industrializado, argumentando que, si esta no beneficia a los trabajadores, está destinada a desaparecer. A su parecer, el aumento de la desigualdad y la percepción de que los políticos priorizan los intereses financieros sobre los ciudadanos han erosionado la confianza en las instituciones democráticas. En concreto, se percibe la desconexión entre los líderes democráticos y las preocupaciones de la población, así como la desatención pública del impacto de la inmigración y la polarización en las redes sociales. Ante estos desafíos, a los que se suman la inteligencia artificial y el cambio climático, según el nobel, la democracia sigue siendo el mejor modelo, pero debe priorizar a los trabajadores y construir una economía justa para recuperar el apoyo público. En definitiva, estos retos proyectan un entorno en el que predomina la incertidumbre.

Para afrontarla se requiere una aproximación a su medición; este es el caso de Ghirelli y Azqueta-Gavaldón. Juntos definen la incertidumbre como la dificultad para predecir la evolución de las variables económicas, cosa que afecta negativamente a las decisiones económicas de familias y empresas.

En concreto, sintetizan métodos de medición a través del análisis de noticias de prensa para construir indicadores. Como resultado encontramos el Indicador de Incertidumbre sobre las Políticas Económicas (EPU), el cual puede potenciarse a través del uso de la Inteligencia Artificial. En suma, indicadores como este son fundamentales para valorar riesgos y estimar su impacto en la economía.

Aunque el turismo es una fuente importante de crecimiento y empleo, un estudio reciente revela que el aumento del turismo tiene efectos complejos y no siempre positivos. Esto ha quedado reflejado en el mercado laboral español. Pues si bien las actividades turísticas generan empleo, también provocan una disminución del empleo potencial en el sector manufacturero, acelerando la desindustrialización. Adicionalmente, un incremento del turismo tiende a reducir el salario medio y a aumentar la temporalidad laboral.

Lo cual redunda en un impacto desigual entre distintos grupos demográficos y regiones. Como conclusión, se muestra que una dependencia excesiva del turismo puede generar baja productividad e inseguridad laboral. Estos riesgos se pueden trasladar al largo plazo si una se sigue una estrategia de crecimiento exclusivamente basada en el turismo.

Con un énfasis más centrado en España encontramos dos textos. Por una parte, el primero de ellos versa sobre posibles efectos efectos económicos de la inmigración y las políticas a emprender. España recibe inmigración en niveles comparables a EE.UU. pese a su menor población, lo que requiere una gestión ordenada y un debate racional sobre su impacto en empleo y pensiones.

Un segundo texto, por otra parte, se encarga de forma específica del efecto de la inflación sobre la carga fiscal del IVA entre 2021 y 2024. En concreto, dado el contexto inflacionario la carga fiscal del IVA ha ascendido en unos 450 euros por hogar, afectando más aquellos de mayor tamaño, con lo que se sugiere priorizar ayudas a vulnerables en vez de rebajas generales.

Para el caso de Estados Unidos, encontramos tres textos sobre la política seguida por la nueva administración. Dani Rodrik apunta a la coalición de apoyo a Donald Trump como caracterizada por poseer intereses elitistas y agendas contradictorias. Rodrik prevé un conflicto interno dentro de esta coalición entre grupos con visiones opuestas del futuro, a saber entre los nacionalistas económicos y la tecno-derecha. La tragedia, según Rodrik, es que los votantes de clase trabajadora que apoyaron a Trump seguirán siendo los principales perjudicados, ya que ninguna de las dos facciones ofrece soluciones reales a sus problemas. En cuanto a la política comercial, Pinelopi Goldberg argumenta que, aunque el libre comercio ha tenido efectos sustanciales sobre los niveles de desigualdad, los aranceles de Trump podrían dañar a otros países más que beneficiar a EE.UU., al generarse posibles represalias del resto del mundo, a la vez que distorsionar mercados y afectar a los hogares de bajos ingresos. En este sentido, dado el contexto actual proclive a la inflación, en la economía americana existen indicadores, como la menor confianza del consumidor y caída del empleo, que sugieren una futura recesión cuya gravedad dependerá de factores como el impacto final de la política comercial y la geopolítica.

En conjunto, las fuentes que mencionamos ilustran desafíos sustanciales para las democracias y las economías mixtas occidentales, en especial para política económica. Sin embargo, cabe reseñar que dada la naturaleza de la política económica, vinculada intrínsecamente a la realidad, que es dinámica, cabrá determinar el grado de realización y los resultados finales de las medidas aplicadas. En el devenir de este proceso, la política económica sigue jugando un papel crucial en la reducción de la incertidumbre.

Evaluación de políticas económicas

La evaluación de políticas públicas en el Tribunal de Cuentas de España y los Órganos de Control Externo

(por María Dolores Genaro Moya, -dgenaro@ugr.es-, Presidenta de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas y Universidad de Granada)

“Las Entidades Fiscalizadoras Superiores son actores naturales en la evaluación de políticas públicas, pues disponen de la independencia requerida para ello, pueden desarrollar o acceder a la metodología adecuada para realizar la evaluación, y, sobre todo, poseen conocimientos fundamentales en materia de políticas públicas adquiridos a través de sus otras misiones realizadas”.

INTOSAI GUID 9020 Evaluación de las Políticas Públicas

En los últimos años, en España, se viene asistiendo a un resurgir de la evaluación de políticas públicas, de forma que, en la actualidad, conviven una disparidad de actores en la administración que, a nivel estatal, autonómico o local, promueven, encargan y/o participan en procesos de evaluación. Además, existen otras instituciones que realizan evaluación de políticas o programas públicas, tales como fundaciones o asociaciones privadas, institutos de evaluación universitarios, departamentos de inspección de servicios, órganos de control interno, el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

Todo ello sin que exista un consenso en aspectos metodológicos y de funcionamiento, ni un marco jurídico y administrativo común a nivel nacional que impulse una cultura pública de evaluación y que permita articular y coordinar la actuación de diferentes actores -públicos y privados- en el ámbito de la evaluación, mejorando el desarrollo eficiente de la evaluación de las actuaciones públicas.

Esta ausencia de institucionalización de la evaluación de políticas públicas ha sido puesta de manifiesto por expertos y organizaciones internacionales, como la OCDE, o por la propia Comisión Europea, tal y como consta en el preámbulo de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado [1], así como la necesidad de disponer de un marco regulador de su práctica, con el fin de contribuir a mejorar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos y dotar de una mayor transparencia al proceso de toma de decisiones. Sin embargo, la Ley se ha limitado a diseñar, regular y estructurar el sistema público de evaluación de políticas públicas exclusivamente en el ámbito de la Administración General del Estado, por lo que, al menos de momento, se ha perdido la oportunidad de diseñar un sistema que abarque al conjunto del sector público, incluidos los órganos de supervisión y control que realizan o podrían realizar evaluaciones. En este contexto, las Instituciones de Control Externo –ICEX- españolas (Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas –OCEX-) venimos desarrollando desde 2019 distintas iniciativas que, en el marco de nuestro mandato, nos permitan mejorar nuestras prácticas de auditoría incorporando, a la función de control de la actividad económico-financiera pública, la evaluación ex post de programas y políticas públicas, ampliando y complementando, así, la actividad que ya venimos realizando a través de las auditorías operativas o de gestión. Adicionalmente, la evaluación como herramienta nos facilita un mejor entendimiento de las políticas públicas, nos permite identificar sus objetivos, comprender su puesta en práctica y, en definitiva, explicar su éxito o fracaso. Además, a través de la incorporación de evaluaciones a nuestro trabajo de auditoría podremos contribuir de forma activa a la búsqueda de un consenso en aspectos metodológicos y de funcionamiento, y a la conformación de ese marco institucional que impulse una cultura pública de evaluación y que mejore el desarrollo eficiente de las actuaciones públicas y de sus evaluaciones.

En el caso del Tribunal de Cuentas de España, sus funciones vienen recogidas en el artículo 136 de la Constitución y desarrolladas en el artículo 2º de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, en el que se establece concretamente en su apartado a), que es función de la institución “La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público”. Asimismo, en el Artículo 27 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de “La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas tiene carácter externo permanente y consultivo y se referirá al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos”.

Por lo tanto, atendiendo a lo recogido en su propia normativa, el Tribunal de Cuentas podrá realizar evaluaciones dirigidas a determinar la eficiencia, la eficacia y la economía de una política pública, pero con ciertas limitaciones por ser la fiscalización una actuación de carácter consuntivo. Esto significa que el control de la gestión de los ingresos y gastos públicos es efectuado a posteriori o ex post, lo que no quiere decir que deba efectuarse necesariamente a ejercicio cerrado, sino sólo que lo sea una vez finalizada la acción generadora de ingresos o gastos sometida al propio control, o la producción del acto o del procedimiento administrativo generador de dichos ingresos o gastos.

En relación con los OCEX, las funciones que tienen asignadas en su normativa propia en lo que se refiere al control de los fondos públicos, poseen, por lo general, idéntica naturaleza que la que acaba de comentarse para el Tribunal de Cuentas. Así, cuentan también con la atribución, entre otras, de llevar a cabo el control de la legalidad, la eficacia, la economía y la eficiencia de los programas de gastos e ingresos públicos por delegación de sus respectivos Parlamentos. En algunos casos, adicionalmente tienen atribuida una función consultiva, con frecuencia, por parte del respectivo parlamento autonómico, e incluso por parte del sector público autonómico y local, como ocurre en algunos OCEX (por ejemplo, los de Galicia, Baleares, Aragón o Canarias).

Por ello y de acuerdo con la GUIA 9020 para la evaluación de políticas públicas de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, 2019a)[2] resulta evidente que la mejora de la gobernanza del sector público debe pivotar sobre el diseño y la ejecución de políticas y programas públicos eficaces y eficientes, que tengan un impacto positivo en la prestación de unos servicios públicos de calidad y que logren, en última instancia, una mejora en el nivel de vida de los ciudadanos. A través de una evaluación ex ante, realizada con carácter previo a la ejecución de un programa o política, se podrá determinar la pertinencia de estos, la correcta definición de los objetivos e instrumentos para llegar a conseguir los resultados perseguidos por el órgano decisor.

Por otra parte, la evaluación de las políticas y los programas públicos ex post se dirige a comprobar si, una vez han sido ejecutados, han resultado eficaces, eficientes y útiles, han contribuido a la sostenibilidad ambiental o a la igualdad de género –entre otros objetivos-, y han tenido el impacto esperado.

En todo caso, el carácter consuntivo recogido expresamente en la normativa del Tribunal de Cuentas e implícitamente en otras normativas de OCEX, impone algunas limitaciones en la realización de evaluaciones ex ante, esto es, por ejemplo, la determinación de la pertinencia y las condiciones para poner en marcha un programa o una política antes de que se generen los primeros gastos públicos.

Las evaluaciones ex ante se realizan con anterioridad al proceso de toma de decisiones y deben servir a dicho proceso. Por tanto, se deben analizar en detalle las estrategias y los objetivos de la política pública con anterioridad o, incluso, al mismo tiempo que se desarrolla –evaluación concomitante-, de tal forma que el responsable del programa o política evaluado pueda incorporar las recomendaciones del evaluador para mejorar, entre otros aspectos, la utilidad y/o el impacto de esta. Sin embargo, la intervención de una ICEX (ya sea Tribunal de Cuentas u OCEX) durante el proceso de diseño y/o ejecución de un programa público podría poner en entredicho el carácter independiente –inherente a la función fiscalizadora- de una eventual actuación posterior para fiscalizar y/o evaluar dicho programa por parte del mismo órgano de control [3]. Tampoco tendría un fácil encaje la realización de fiscalizaciones o evaluaciones concomitantes, por el propio carácter ex post de las actuaciones de la mayor parte de las ICEX. No obstante, sí tendría perfecta cabida el análisis a posteriori del diseño de una política o programa público y de los supuestos, motivaciones o predicciones sobre las que se sustentó cuando se puso en marcha.

Por tanto, partiendo de la coincidencia de aspectos importantes como es la posibilidad de confrontar los objetivos planteados en el diseño de una actuación o programa con los resultados finalmente obtenidos, para determinar su eficacia o los recursos públicos empleados en su ejecución frente a los resultados obtenidos, para determinar su eficiencia, podemos plantear qué otros criterios y aspectos metodológicos propios de la evaluación pueden tener cabida en la función de control externo que tienen asignada las ICEX.

En lo que respecta a la metodología, obviamente resulta esencial elegir la más adecuada para responder a los objetivos de la fiscalización, ya se trate de métodos cualitativos o cuantitativos (incluidos los econométricos), si bien deben estar basados en datos y en evidencias, nunca en hipótesis de imposible demostración con hechos.

En cuanto a las relaciones con las partes interesadas o stakeholders, otro de los pilares de la evaluación, su participación tiene perfecta cabida en el proceso de una fiscalización operativa, tal y como podemos comprobar en el principio 29 de la ISSAI 300 (INTOSAI, 2019b) que establece la necesidad de mantener una comunicación eficaz tanto con las partes auditadas como con las partes interesadas relevantes durante todo el proceso de la fiscalización.

Esta comunicación podría establecerse tanto al inicio de la fiscalización, para poder determinar los objetivos de esta, en el momento de su planificación, o durante el desarrollo de los trabajos de campo, de forma que pueda recabarse información adicional de las partes interesadas e, incluso, contrastar los resultados preliminares del trabajo realizado.

También es posible que, considerando la amplitud y la variedad de los temas a abordar y de los enfoques a adoptar, la participación o colaboración de expertos pudiera resultar oportuna y aconsejable en ciertas ocasiones (Genaro, 2016). Contar con investigadores y académicos experimentados, externos a la institución, es una posibilidad recogida en la propia normativa del Tribunal de Cuentas y, en determinadas fiscalizaciones, podría ser más que conveniente, teniendo en cuenta que los métodos y técnicas aplicados en la fiscalización proceden, en muchos casos, de las ciencias sociales. Asimismo, la mencionada colaboración resulta conveniente cuando sea necesario contar con conocimientos técnicos para ciertas fiscalizaciones (técnicos expertos en ciencias ambientales para una fiscalización en la que se incluyan objetivos relacionados con aspectos medioambientales, ingenieros para el examen de la eficiencia en la construcción de cierta infraestructura, etc.).

En relación con estas y otras cuestiones, una revisión de fiscalizaciones recientes del Tribunal de Cuentas y de los OCEx nos permite afirmar que, si bien con ciertas limitaciones, es posible introducir determinados elementos propios de la evaluación de políticas durante el diseño, la planificación y la ejecución de una fiscalización operativa o de gestión.

En el caso del Tribunal de Cuentas encontramos algunas fiscalizaciones operativas en las que se han evaluado programas concretos para llegar a determinar, empleando técnicas propias de la evaluación, no solo la eficacia y la eficiencia de estos, sino también su diseño o la coherencia interna y externa.

Así, por ejemplo, entre las fiscalizaciones aprobadas recientemente por el Pleno del Tribunal y publicadas en su página web:

Informe de fiscalización de la gestión por Renfe Viajeros, S.M.E., S.A., de las ayudas para el fomento del uso del transporte público ferroviario en el tercer cuatrimestre de 2022 y en 2023 [4]

En esta fiscalización se ha tratado de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo ha gestionado Renfe Viajeros la gratuidad del transporte público ferroviario en 2022 y en 2023?; ¿Cuánto ha costado y qué efectos ha tenido la medida? y ¿Cómo han funcionado los controles que se han establecido para su aplicación?

Metodológicamente, podemos resaltar la utilización de técnicas econométricas para analizar el impacto de la medida de gratuidad sobre el número de viajes en tren y sobre la intensidad del tráfico y la contaminación en el municipio de Madrid.

En concreto, en la fiscalización se ha aplicado la técnica de diferencias en diferencias (dif-in-dif) a partir de una base de datos con el número diario de viajes para los ejercicios 2023, 2022 y 2019, estableciendo fechas equivalentes a 2023 en los ejercicios 2022 y 2019 en función de los días hábiles y festivos de cada ejercicio para facilitar la comparación de los datos y la homogeneidad.

Entre las principales recomendaciones que se realizan a RENFE podemos destacar, respecto al control, la conveniencia de generalizar la incorporación de los títulos de viaje a soportes que permitan controlar su adecuada utilización y la efectiva realización de los viajes; y respecto a la gestión de las ayudas, que se proceda a calcular su coste, analizar su efecto sobre la calidad del servicio y facilitar el desarrollo de indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos y el impacto de las ayudas.

Informe de fiscalización operativa y con enfoque evaluador del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, ejercicio 2022 [5]

El objetivo de este Fondo es garantizar a los menores las pensiones de alimentos cuando no las pagan sus progenitores, a través del anticipo de las cantidades adeudadas.

En esta fiscalización se plantearon las siguientes preguntas respecto del Fondo analizado:

¿Tiene el Fondo un impacto positivo en la población afectada y en el problema social subyacente?, ¿Se ha formulado la política pública con una metodología de evaluación coherente?, ¿Se aplican los principios de buena gestión, de acuerdo con los criterios de economía, eficiencia y eficacia?

Las recomendaciones más destacables se refieren a la necesidad de impulsar un seguimiento estadístico del impago de las pensiones de alimentos y a modificar el Fondo, al menos para: ampliar el acceso a la cobertura (ingresos máximos, edad máxima, condiciones sociales); ampliar la cuantía y duración máximas de la protección y mantener los umbrales actualizados; eliminar la ejecución judicial previa y facilitar la solicitud y tramitación; y extender la protección del Estado más allá de la pensión de alimentos, en los casos de mayor necesidad.

También en el ámbito de los OCEX, encontramos diversos ejemplos de fiscalizaciones operativas que realizan un análisis de eficacia, eficiencia y/o economía de un programa o de una actuación concreta implementada por el gobierno autonómico en la que el enfoque es el propio de una evaluación de políticas o programas.

En definitiva, las ICEX están llevando a cabo fiscalizaciones operativas en las que se aplica un enfoque evaluador que introduce criterios, técnicas o métodos propios de la evaluación de políticas públicas, todo ello partiendo del hecho de que los dos enfoques –fiscalización operativa y evaluación- son complementarios y constituyen dos componentes decisivos para evaluar la utilidad de una política pública.

Para lograr esta evolución de la tradicional fiscalización operativa o de gestión hasta la evaluación de políticas públicas, el Tribunal de Cuentas junto a los Órganos de Control Externo, entendiendo que el primer reto era el de la formación y cualificación de sus profesionales en este ámbito, pusieron en marcha en 2019 junto al INAP y el IEF una formación amplia y especializada en evaluación de políticas públicas, que ya ha llegado a su sexta edición en 2025. En estos años, se han capacitado casi 200 profesionales de la auditoría en las catorce instituciones de control (13 OCEx y Tribunal de Cuentas) y se ha superado esa cifra en los programas de formación específicos sobre evaluación que se diseñan cada año en el Tribunal.

Además, desde 2023, contamos con una Guía metodológica para la aplicación del enfoque evaluador a la auditoría operativa, que nos ayuda a la utilización de los métodos de evaluación a nuestras tareas de auditoría.

Así, progresivamente, se está produciendo un cambio cultural en el seno de las ICEx que favorece la realización de auditorías operativas con enfoque evaluador. A ese cambio cultural, en relación con lo que implica la práctica de las evaluaciones en las EFS, se refería Didier Migaud al afirmar en INTOSAI (2010), que la evaluación requiere aplicar métodos rigurosos, escuchar a las partes interesadas y emplear con mayor frecuencia conocimientos multidisciplinares y esta práctica obliga a realizar ajustes en las organizaciones, en los métodos empleados y en la cultura de la institución.

Finalmente, hemos de señalar que, aunque este proceso de cambio no está exento de dificultades, merecerá la pena si contribuye a reforzar el papel de las ICEX como órganos que deben ser relevantes en la vida de los ciudadanos.

Bibliografía

Garde Roca, J.A., Genaro Moya, D. y López Hérnández, A. (dir.) (2023): Guía metodológica para la aplicación del enfoque evaluador a la auditoría operativa, disponible en la web de Goberna Colombia https://goberna.org/wp-content/uploads/2023/11/LIBRO-DG-comprimido.pdf

Genaro, Dolores (2016), “Consideraciones en torno a la fiscalización operativa o de gestión”, Revista Española de Control Externo, vol. XVIII, nº 53, pp. 11-37.

Genaro, Dolores y López, Antonio (2019), “La evaluación de programas y políticas públicas como reto de las instituciones de control externo españolas”, Auditoría Pública nº 74 (2019), pp. 15 – 32.

Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (1982), Jefatura del Estado «BOE» núm. 121, de 21 de mayo de 1982. Referencia: BOE-A-1982-11584 https://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-11584-consolidado.pdf

Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (1988), Jefatura del Estado «BOE» núm. 84, de 7 de abril de 1988 Referencia: BOE-A-1988-8678 https://www.boe.es/buscar/pdf/1988/BOE-A-1988-8678-consolidado.pdf

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores-INTOSAI (2010): “Evaluación de Programas para las EFS. Un compendio”, París. Disponible en http://program-evaluation.ccomptes.fr

—(2019a), INTOSAI GUID 9020 “Evaluación de las políticas públicas” Viena. https://www.issai.org/professional-pronouncements/

—(2019b), ISSAI 300 “Principios de Auditoría de Desempeño”, Viena https://www.issai.org/professional-pronouncements/

[1] La Ley se encuadra en el Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente en la Estrategia para reforzar el sistema público de evaluación en las administraciones públicas.

[2] La guía define la evaluación de políticas públicas como el examen que se realiza para determinar la utilidad de dicha política. Una evaluación analiza, de la manera más sistemática posible, los objetivos, la ejecución, los productos, los resultados y el impacto socioeconómico de una política y mide su rendimiento con el fin de evaluar finalmente su pertinencia o adecuación.

[3] La propia INTOSAI GUID 9020 (2019a) reconoce que raramente las EFS realizan evaluaciones ex ante.

[4] https://www.tcu.es/repositorio/95adba17-b517-491b-be52-3c7b7ce831bc/I1602.pdf

[5] https://www.tcu.es/repositorio/95adba17-b517-491b-be52-3c7b7ce831bc/I1602.pdf

Políticas Económicas Estructurales

Inmigración, mercado de trabajo y demografía: algunas reflexiones

(por Carlos Ochando Claramunt – carlos.ochando@uv.es-, Departamento de Economía Aplicada – Política Económica, Universidad de Valencia)

Según el Observatorio de las ocupaciones (2024 : 12), la población extranjera en España a fecha del 1 de enero de 2023 era de 6.089.620 millones de residentes (12,66% de la población total española que era de 48.085.361 habitantes). Entre 2014 y 2023 ha habido dos periodos: entre 2014 hasta 2017 se mantiene una tendencia a la baja de la población extranjera, mientras que a partir del 2018 hasta la actualidad ese porcentaje ha ido creciendo.
¿Qué sabemos de las consecuencias económicas de la inmigración en otros periodos de la historia económica de nuestro país? En España se produjo una fuerte ola de crecimiento de la inmigración entre 1995 y 2008 coincidiendo con un largo periodo de crecimiento económico de la economía española. ¿Contribuyó la inmigración a ese crecimiento económico? Según la Oficina Económica del Presidente (2006), el 30% del crecimiento del PIB español de la década 1995-2005 se debió a ese proceso de inmigración, elevándose al 50% en los últimos cinco años de ese periodo. O dicho de otra manera, la renta per cápita española hubiera disminuido un 0,64% anualmente entre 1995 y 2005 sin la inmigración. ¿Cuáles fueron las razones de este efecto positivo de la inmigración sobre el crecimiento económico? Básicamente, dos: 1) el efecto positivo sobre el empleo y 2) el efecto positivo sobre la demografía. Muy brevemente, vamos a desarrollar ambos factores a continuación.

A) Inmigración y mercado de trabajo

¿Qué efectos tiene la inmigración sobre el empleo?

Según FEDEA, de los casi 1,9 millones de empleos generados entre 2019 y 2024, 1,35 millones (71,4%) corresponden a trabajadores extranjeros o con doble nacionalidad. Es decir, 3 de 4 empleos creados. Los inmigrantes han aumentado del casi 16% de los ocupados al 20,7% en ese periodo (4,8 puntos en promedio nacional) (García y Pinto, 2025 : 5). Según la evidencia empírica, en las etapas de crecimiento económico, las oportunidades de empleo de los trabajadores nativos no se ven afectadas de forma significativa por la inmigración. Por tanto, podemos concluir que la inmigración no causa desempleo. Obviamente, el efecto sobre el empleo de los trabajadores nativos dependerá del grado de complementariedad o sustitución que exista entre las cualificaciones de ambos colectivos. Para el caso español y, sobre todo, en el caso de las mujeres, siempre ha existido un alto grado de complementariedad entre los trabajadores nativos y los trabajadores inmigrantes. Por tanto, los inmigrantes no “roban” los trabajos, sino contribuyen a crear nuevo empleo neto, debido a que cubren la falta de mano de obra en algunos sectores (vacantes).

Podríamos hacernos la pregunta contraria: ¿qué efectos tiene la inmigración sobre el desempleo de los países receptores? Según De Haas (2024 : 190), “aunque de hecho sí existe una correlación entre niveles de inmigración y niveles de desempleo, esta es negativa. Ello significa que la inmigración aumenta en épocas de fuerte crecimiento y bajo desempleo, y disminuye cuando el desempleo aumenta. Si los migrantes quitaran el trabajo a otros, la relación que cabría esperar sería positiva”.

Además, no hay que olvidar que la inmigración contribuye al impulso de la demanda de bienes y servicios y, por consiguiente, por este canal vuelve a contribuir al crecimiento económico y al empleo.

¿Tiene efectos la inmigración sobre las tasas de actividad?

La inmigración tiene un doble efecto positivo:

a) un efecto directo, ya que la tasa de actividad de los inmigrantes es mayor que la de los nativos (otra cuestión es si existe una tendencia de disminución en el largo plazo) y

b) un efecto indirecto, ya que la inmigración estimula la mayor participación de los nativos en el mercado laboral (especialmente, favorece el aumento de la tasa de actividad femenina nativa por el efecto de los empleados/as del hogar).

¿Afecta la inmigración a la dispersión y el nivel salarial?

Según Carrasco (2024 : 3), “los datos de la Encuesta de Estructura Salarial (EES) revelan que tanto el salario bruto anual como el salario por hora de los inmigrantes extracomunitarios son considerablemente inferiores a los de los trabajadores españoles, con una diferencia aproximada del 30%.

No obstante, es importante señalar que las características sociodemográficas y laborales de ambos grupos son distintas, lo que influye significativamente en esta brecha salarial”. No obstante, el 94% de las diferencias salariales entre inmigrantes y trabajadores nativos se deben a las características de cada grupo (edad, nivel educativo, tipo de contrato y tipo de empleo) y solo el 6% al “efecto discriminación”. (Carrasco, Ortega y Jimeno, 2008).

Algunos estudios empíricos han concluido que existe un efecto positivo mínimo, otros un efecto negativo mínimo y otros que el efecto no es significativo. Por tanto, podemos concluir que existe una relación muy débil (mínima) entre la inmigración y los salarios, hasta el punto de resultar casi irrelevantes (De Haas, 2024 : 195). En resumen, lo que se puede afirmar es que la inmigración no es la causante del estancamiento salarial. Sin embargo, la inmigración sí que puede tener un efecto de contención (moderación salarial), sobre todo, en los sectores económicos que más absorben la inmigración. También, puede afectar los salarios de los propios inmigrantes (porque entre los inmigrantes sí que hay competencia entre ellos).

¿Qué efectos tiene la inmigración sobre la movilidad geográfica y ocupacional?

La inmigración aumenta la movilidad geográfica y ocupacional, ya que los inmigrantes se dirigen hacia lugares y sectores con mayor desajuste entre la demanda y la oferta de trabajo y a regiones con mayores tasas de creación de empleo. Reduce, por tanto, el desajuste entre vacantes y oferta de trabajo, aumenta considerablemente la flexibilidad del mercado de trabajo y contribuye a la reducción del desempleo estructural. Según el INE, existen en España unos 140.000 puestos vacantes, la mayoría de ellos en servicios. Las causas pueden ser muy diversas: la alta cualificación que provoca estrangulamientos en algún sector, la existencia de profesiones muy específicas de difícil cobertura por falta de formación, profesiones en las cuáles se ha perdido la cadena de formación (a veces, son de baja cualificación) y puestos de trabajo muy precarios y de bajos salarios.

En definitiva, la realidad es que existen puestos de trabajo vacantes (y no solo en servicios, sino en sectores como la agricultura, construcción e industria) que requieren de flujos constantes de inmigración, ya que, por diferentes causas y razones, no son cubiertos por la población nativa.

¿Sabemos algo de la relación entre la inmigración y la productividad?

La relación entre inmigración y productividad no es clara ni concluyente. Existen efectos positivos y negativos en esta relación. A corto plazo, puede tener un efecto negativo sobre la productividad del trabajo al reducir la intensidad de capital. Sin embargo, a largo plazo, puede tener un impacto positivo sobre la productividad total de los factores porque puede aportar nuevas ideas y conocimiento, que favorecen la innovación y la productividad (De Haas, 2024 :200).

Hay que tener en cuenta que los inmigrantes ocupan los puestos de menor cualificación/ productividad por dos motivos:

a) por jubilación de la población nativa por el proceso de envejecimiento y

b) por el menor interés por este tipo de empleo por parte de los trabajadores nativos.

Es decir, muchas veces no es un problema de cualificación (muchos inmigrantes están sobrecualificados para el puesto de trabajo que desempeñan), sino de los puestos de trabajo que ocupan (bajos salarios, precariedad y baja cualificación) que son los que no quiere hacer la población nativa.

B) Inmigración y demografía

El proceso de envejecimiento demográfico experimentado en los países desarrollados, sin duda, tiene efectos sobre multitud de realidades económicas. Citemos algunas de ellas (Muñoz de Bustillo, 2019 : 210-214):

a) una reducción de la población potencialmente activa que puede provocar una reducción de la capacidad de crecimiento económico;

b) una menor productividad, sociedades menos dinámicas y emprendedoras (factor que contribuye al “estado estacionario”);

c) un aumento de la esperanza de vida supondrá un aumento de la tasa de dependencia demográfica y

d) una mayor demanda de prestaciones sociales y, por consiguiente, un aumento de las necesidades de financiación del Estado de bienestar (pensiones y gastos en salud), aunque, por otro lado, la reducción de la población más joven supondrá una reducción de las necesidades educativas.

La inmigración atenúa los efectos negativos de la caída de la natalidad y el proceso de envejecimiento de la población, reduciendo la tasa de dependencia demográfica. Por ejemplo, en España el saldo migratorio es positivo (alrededor de 250.000 personas) y compensa el saldo vegetativo negativo de la pirámide demográfica española. Y ello por varias razones:

a) aumenta la población total del país de destino,

b) tiene un impacto positivo sobre la población en edad de trabajar, ya que, como media, los inmigrantes son más jóvenes que los nativos (entre los 25 y 45 años) y

c) las mujeres inmigrantes presentan una tasa de fertilidad más alta que las mujeres nativas.

Los efectos de la inmigración sobre la demografía dependen, fundamentalmente, de tres factores (Dolado y Vázquez, 2007 : 15):

a) las diferencias de edad (los inmigrantes son más jóvenes que los nativos lo que implica una mayor tasa de empleo y una mayor capacidad de cotizar),

b) las diferencias de fertilidad (la tasa de fertilidad entre la población inmigrantes es mucho mayor que la población nacional) y

c) la tasa de retorno a los países de origen.

No obstante, los flujos migratorios sólo sirven para contrarrestar muy parcialmente el envejecimiento de las poblaciones cuya fecundidad se ha situado por debajo del nivel de reemplazo.

Es decir, la inmigración – aunque puede aliviar el envejecimiento de la población-, no puede invertir la tendencia hacia una mayor longevidad ni garantizar el reemplazo generacional. La razón es que se requerirían flujos migratorios mucho más cuantiosos en el futuro para compensar este descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población, lo cual parece improbable que se confirme en el futuro. Además, los inmigrantes a largo plazo, generalmente, adoptan los hábitos demográficos de la población nativa [1].

En conclusión, y lo que parece seguro, es que en el futuro necesitaremos aumentar los flujos migratorios -si queremos mantener el nivel de desarrollo y de vida alcanzado hasta ahora-, ya que persistirán los fenómenos de baja natalidad, envejecimiento de la población, aumento de la longevidad, las dificultades de formar familias, la precariedad en el mercado laboral, los cuellos de botella en algunos sectores productivos y los puestos vacantes en muchos otros. Esa será nuestra realidad futura, por mucho que los partidos de extrema derecha instrumentalicen la inmigración para ganar rédito electoral y criminalicen a los inmigrantes de todos los males económicos, sociales y políticos que amenazan nuestras vulnerables e inciertas sociedades desarrolladas.

Bibliografía

Carrasco, R. (2024): “Algunas reflexiones sobre el fenómeno de la inmigración en España: percepción social versus efectos reales” Apuntes FEDEA 2024/26, Octubre.

Carrasco, R., Ortega, C. y Jineno, J.F. (2008): “The Effect of Inmigration on the Labor Market Performance of Native-Born Workers: Some Evidence for Spain” Journal of Population Economics, 21 (3).

De Haas, H. (2024): Los mitos de la inmigración: 22 falsos mantras sobre el tema que más nos divide. Península. Barcelona.

Dolado, J.J. y Vázquez, P. (2007): “Los efectos económicos y las políticas de la inmigración: panorámica y reflexiones” en Ensayos sobre los efectos económicos de la inmigración en España, FEDEA.

García, M.A. y Pinto, F. (2025): “Evolución de la ocupación y población activa en España 2019-2024. Detalle por comunidades autónomas” Apuntes FEDEA 2025/14, Marzo 2025.

Muñoz de Bustillo, R. (2019): Mitos y realidades del Estado de bienestar. Alianza Editorial, Madrid.

Observatorio de las ocupaciones (2024): Informe del mercado de trabajo de los extranjeros estatal. Datos 2023. Ministerio de Trabajo y Economía social. SEPE. Madrid.

Oficina Económica del Presidente (2006): Inmigración y economía española: 1996-2006. Presidencia del Gobierno, Madrid.

[1] De ahí que, para muchos analistas, las políticas pronatalistas (facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, incentivar la implicación de los varones en la crianza de los hijos, desarrollar relaciones laborales más estables, aumentar la disponibilidad de guarderías públicas, etc.) continúan siendo una necesidad en países como España, en los que las tasas de fecundidad se sitúan sustancialmente por debajo de las de muchos otros países.

Política Económica y Género

Repensar la economía desde la perspectiva feminista. Guía de buenas prácticas en la investigación y la docencia de la economía (1)

(por Yanna G. Franco –ygfranco@ucm.es-, Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política Universidad Complutense de Madrid)

1.Introducción

El estudio de la economía ha sido históricamente un terreno dominado por hombres, tanto en términos de quienes han formulado las teorías como de quienes han sido considerados en los análisis. A pesar de ello, los economistas siempre han considerado que el análisis económico era un ámbito “neutral” donde los conflictos, los sesgos y las desigualdades de género no tenían cabida. Pero ser mujer o ser hombre sí determina, y mucho, cómo se participa en la economía.

El argumento central de la economía feminista es, precisamente, que ninguna teoría o política económica es neutral en cuanto al género[1]. En las últimas décadas, ha comenzado a reconocerse la necesidad de “generizar” la economía, es decir, replantear el análisis económico para que abarque la realidad económica de toda la población y no solamente la de determinados hombres.

Esta guía pretende proporcionar algunas claves para incorporar una mirada feminista en la docencia y la investigación en el campo de la economía, para no pasar por alto las dimensiones de género de la dinámica económica y su impacto sobre la vida de las mujeres en sus diversos contextos sociales.

2.Cuestiones clave

Marianne Ferber y Julie A. Nelson (1993), subrayan la necesidad de integrar las relaciones de género en la teoría económica, destacando que las categorías económicas tradicionales son insuficientes para explicar la desigualdad de género en el trabajo, el mercado laboral y la distribución de recursos. Nelson (1996), en particular, critica la supuesta objetividad de la economía, y propone un enfoque más realista en un mundo de dependencia, tradición y poder.

Las estructuras de poder basadas en el género, a través de las cuales hombres y mujeres tienen acceso a diferentes niveles de poder económico, social y político, determinan la división sexual del trabajo. De acuerdo con este esquema, los hombres desempeñan trabajos remunerados y las mujeres, trabajos peor retribuidos en el mercado laboral y, además, los trabajos domésticos, no remunerados. El trabajo de cuidados, a menudo invisibilizado en las estadísticas tradicionales, es indispensable para el crecimiento económico y el desarrollo social.

Como señala Nancy Folbre (2001), el trabajo no remunerado realizado en los hogares es esencial para el bienestar de la sociedad y debe ser reconocido y valorado en las mediciones económicas. Sin embargo, las teorías económicas dominantes ignoran sistemáticamente el cuidado de las personas, la limpieza, la preparación de alimentos, la gestión del hogar y todos estos trabajos habitualmente no retribuidos o mal retribuidos, que son indispensables para la reproducción social y el funcionamiento de la economía.

El impacto de género de las políticas macroeconómicas también es un tema clave en el análisis feminista de la economía. Tanto la macroeconomía ortodoxa como la heterodoxa (la escuela postkeynesiana, la marxista o la institucionalista), a pesar de sus diferencias metodológicas y enfoques, han mostrado una resistencia común a adoptar el género como herramienta analítica. Asumen erróneamente que la mayoría de los agregados económicos y las políticas macroeconómicas son neutrales en cuanto al género. En la mayoría de los análisis macroeconómicos existentes, el género no se reconoce como una parte integral de los procesos y políticas económicas, sino más bien como una variable marginal y externa al sistema económico. La macroeconomía feminista considera que el producto agregado y su distribución son una función de las elecciones sociales explícitas e implícitas, donde las relaciones de género desempeñan un papel extremadamente importante.

Las políticas de austeridad, los recortes en servicios públicos y las reformas fiscales suelen afectar de manera desproporcionada a las mujeres, quienes dependen más de los servicios públicos y suelen estar sobrerrepresentadas en sectores laborales precarios.

Como demuestra, entre otras, Diane Elson (2006), los presupuestos nacionales y las políticas económicas deben revisarse con una perspectiva de género, para asegurarse de que beneficien a toda la población, y no solo a una parte. La feminización de la pobreza es un fenómeno que ha sido analizado por feministas como Nancy Folbre y Lourdes Benería (2003), quienes destacan cómo los sistemas de protección social a menudo fallan en cubrir las necesidades de las mujeres.

Es preciso entender, además, que la variable género no opera de manera aislada, sino que interactúa con la clase, la racialización, el origen geográfico y otros factores que moldean la personalidad social y los resultados económicos de las personas. Kimberlé Crenshaw (1989) acuñó el término interseccionalidad, y demostró cómo las mujeres racializadas enfrentan múltiples capas superpuestas de discriminación, que afectan su posición en el mercado laboral y su acceso a los recursos económicos. Por otro lado, Heidi Hartmann (1981) ha destacado la relación entre el género, la clase y la familia en la economía, demostrando cómo las dinámicas de división del trabajo dentro de los hogares refuerzan las desigualdades económicas y políticas, lo cual afecta tanto a las mujeres como a los hombres, pero de manera desproporcionada a las mujeres.

La crisis climática es otro desafío económico que debe abordarse incorporando una perspectiva feminista. El ecofeminismo, junto con la economía ecológica, propone una reorientación del desarrollo económico hacia la sostenibilidad ambiental y la justicia social, priorizando el bienestar de las personas en el planeta. Autoras como Vandana Shiva (2016) han vinculado la explotación de los recursos naturales con la explotación de las mujeres, argumentando que ambas son producto de la lógica capitalista que valora la acumulación de capital por encima de la sostenibilidad de la vida.

La financiarización de la economía, impulsada por la lógica del mercado y la acumulación de capital, ha exacerbado las desigualdades de género y profundizado las crisis ecológicas. Esta dinámica ha intensificado la explotación de mujeres, comunidades indígenas y del mundo natural, como muestran las contribuciones de Maria Mies (1998). Al priorizar la rentabilidad financiera a corto plazo, la financiarización ha desvalorizado los trabajos de cuidado y reproducción social, históricamente feminizados, y ha acelerado la extracción de recursos naturales en el Sur global, perpetuando relaciones de poder coloniales. Naila Kabeer (1994), desde una perspectiva decolonial, ha subrayado cómo estas dinámicas económicas han restringido las opciones de vida de las mujeres y han limitado su capacidad para transformar sus propias realidades. Es imperativo que el Estado asuma un papel activo en la regulación de los mercados financieros y en la promoción de políticas que prioricen el cuidado, la sostenibilidad y la justicia social. La igualdad de género no es solamente una cuestión de justicia social, sino una condición necesaria para el desarrollo económico, como señala Amartya Sen (1999).

Sus estudios sobre el desarrollo humano ofrecen una herramienta valiosa para integrar el análisis feminista en las políticas públicas, midiendo el bienestar, el buen vivir, no solo por el crecimiento económico, sino por el acceso equitativo a oportunidades y recursos. El enfoque de la economía feminista interseccional critica la visión reduccionista del desarrollo económico, especialmente en el contexto del Sur Global. Silvia Federici (2004) ha demostrado cómo el capitalismo global se sustenta en la expropiación del trabajo reproductivo y de los recursos naturales del Sur. Las mujeres, particularmente en el Sur Global, son explotadas en las cadenas globales de valor, trabajando en condiciones precarias, tanto en sectores industriales como en el trabajo de cuidados transnacional.

Es necesario reorientar el análisis económico para centrarse en la sostenibilidad de la vida, en lugar del crecimiento económico ilimitado. Amaia Pérez-Orozco (2014) enfatiza el conflicto entre el capital y la vida, señalando que el bienestar y el cuidado de las personas y el medio ambiente deben ser priorizados sobre la producción y la acumulación.

3. Ejemplos de buenas prácticas en la docencia en economía

• Cuestionar desde un planteamiento crítico los supuestos subyacentes a los modelos económicos tradicionales. ¿Qué visiones de la realidad asumen? ¿Qué valores promueven?
• Incorporar diferentes perspectivas teóricas. Más allá de la síntesis neoclásica, explorar perspectivas alternativas como la economía ecológica y la economía feminista para obtener una visión más integral y crítica de los procesos económicos.
• Analizar críticamente los datos económicos cuestionando su representatividad y las categorías utilizadas.
• Visibilizar las aportaciones de las economistas feministas proporcionando lecturas de autoras feministas como material docente.
• Incorporar contenidos feministas en todas las asignaturas y en todos los temas, no limitar la perspectiva de género a cursos específicos, sino integrarla en todas las áreas y problemas de la economía.
• Promover el aprendizaje activo a través de metodologías participativas: fomentar debates, grupos de trabajo y proyectos de investigación que aborden temas relacionados con la incorporación de la perspectiva de género en la economía.
• Elaborar infografías, vídeos, artículos, manuales y otros materiales didácticos que tengan en consideración la perspectiva de género en los problemas económicos, y que recojan datos desagregados por género, estudios de caso y ejemplos reales que ilustren las desigualdades de género.
• Emplear criterios de evaluación que promuevan el pensamiento crítico y la reflexión sobre la perspectiva de género en la economía, fundamental para fomentar un aprendizaje significativo y transformador.

4. Ejemplos de buenas prácticas en la investigación en economía

• Incorporar la sostenibilidad de la vida como centro del análisis económico. Más allá del crecimiento económico, es fundamental analizar cómo las actividades económicas impactan en el medio ambiente y en las comunidades, priorizando el bienestar humano a largo plazo y la equidad intergeneracional.
• Visibilizar y valorar el trabajo no remunerado en las estadísticas económicas. Es necesario reconocer y cuantificar el trabajo de cuidados, doméstico y comunitario, históricamente realizado por mujeres, para comprender su contribución a la economía y diseñar políticas públicas más justas.
• Considerar y medir la persistente brecha salarial de género. Estudiar sus causas y sus efectos sobre la vida de las mujeres y evaluar el impacto de las políticas públicas redistributivas en su mitigación.
• Analizar el mercado laboral desde una perspectiva interseccional. Considerar cómo la clase social, la racialización y otras identidades confluyen con el género para generar múltiples formas de discriminación y desigualdad en el mercado laboral.
• Reevaluar el papel de los hogares en la economía. Reconocer el hogar como un espacio de producción y reproducción económicas, y analizar cómo las dinámicas de género dentro del hogar afectan las trayectorias laborales y las oportunidades de las mujeres.
• Criticar el enfoque del desarrollo desde una perspectiva feminista y del Sur Global. Descolonizar el conocimiento económico y cuestionar los modelos de desarrollo impuestos desde el Norte Global que han invisibilizado las experiencias y necesidades de las mujeres en el Sur.
• Incorporar el ecofeminismo en el análisis económico. Analizar las interconexiones entre la explotación de los recursos naturales, la opresión de las mujeres y las desigualdades sociales, y promover una economía más sostenible y equitativa.
• Medir la pobreza y la desigualdad desde una perspectiva feminista. Desarrollar indicadores que capturen las múltiples dimensiones de la pobreza y la desigualdad que afectan a las mujeres, como el acceso a servicios básicos, la seguridad alimentaria y la violencia de género.
• Incorporar a los marcos teóricos las obras de mujeres economistas que han realizado aportaciones significativas a la disciplina. Recuperar el legado de las economistas feministas y reconocer su papel en la construcción de un conocimiento económico más justo y equitativo.
• Combinar enfoques metodológicos cuantitativos y cualitativos para obtener una visión más completa de las realidades económicas de las mujeres, más allá de, simplemente, “añadir mujeres y remover”. Las metodologías deben capturar tanto las experiencias subjetivas de bienestar como las desigualdades estructurales basadas en género, racialización y clase.
• Promover redes de colaboración interdisciplinar. Constituir equipos de investigación integrados por economistas, sociólogas, juristas, politólogas y especialistas de otras disciplinas para abordar la complejidad de las desigualdades de género.
• Realizar debates, congresos, ponencias, mesas redondas, etc. con participación de mujeres, y no participar en equipos de investigación ni en actos de difusión de resultados en los que solamente hablen hombres.

Bibliografía:

Benería, Lourdes (2003). Gender, Development, and Globalization: Economics as if All People Mattered. London: Routledge.

Crenshaw, Kimberle W. (1989). “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Cri- tique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics”. University of Chicago Legal Forum: Vol. 1989: Iss. 1, Article 8

Elson, Diana (2006). Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW. New York: United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).

Federici, Silvia (2004). Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation.Autonomedia

Ferber, Marianne. A., & Nelson, Julie A. (Eds.). (1993). Beyond Economic Man: Feminist Theory and Economics. Chicago, Il: University of Chicago Press.

Folbre, Nancy (2001). The Invisible Heart: Economics and Family Values. New York: New York University Press.

Hartmann, Heidi (1981). “The Family as the Locus of Gender, Class, and Political Struggle: The Example of Housework”. Signs: Journal of Women in Culture and Society 6(3), 366-394

Kabeer, Naila (1994). Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought. Verso Books

Mies, Maria (1998). Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour. Palgrave McMillan.

Nelson, Julie A. (1996). Feminism, Objectivity, and Economics. London: Routledge.

Pérez Orozco, Amaia (2014). Subversión feminista de la economía: Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de sueños.

Sen, Amartya (1999). Development as Freedom. New York: Knopf.

Terkoğlu, Özge İzdeş; İlkkaracan, İpek; Memiş, Emel and Yücel, Yelda (2017). The UN Women Gender and Economics Training Manual. New York: UN Women.

[1] Elaborado para la Cátedra Extraordinaria de Valores Democráticos y Género, el Instituto de las Mujeres y el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid.

Pro et contra: El problema de la vivienda

Pro

El mercado financiero se come la vivienda [1]

(Por Nacho Álvarez -nacho.alvarez@uam.es- Departamento de Economía Aplicada Universidad Autónoma de Madrid Secretario de Estado de Derechos Sociales entre 2020 y 2023)

1. Introducción 

El precio medio de la vivienda en España supera ya —en términos nominales— los niveles de la burbuja de 2007, dificultando a millones de personas el acceso a este derecho constitucional y generando un fuerte malestar social. Dada la dimensión del problema, y para poder acertar con las soluciones, contar con un diagnóstico correcto es esencial y urgente.

Son muchos los analistas y servicios de estudio que sostienen que esta evolución de los precios —y, por extensión, de los alquileres— se explica, en gran medida, por un déficit de oferta de viviendas con relación al crecimiento demográfico, reforzado a su vez por una inseguridad jurídica que habría desincentivado la inversión en el sector.

Efectivamente, el crecimiento de los hogares ha aumentado notablemente tras la pandemia, debido a la intensa llegada de flujos migratorios a nuestro país. No obstante, la relación entre el parque total de vivienda y el número de hogares residentes se mantiene relativamente estabilizada (en torno a 1,4) desde hace más de una década.

Esto no niega la existencia de algunos déficits de oferta en las grandes urbes españolas, en zonas turísticas y en las áreas que experimentan un mayor crecimiento demográfico.

2. Desarrollo

En primer lugar, debemos ser conscientes de que la crisis de acceso a la vivienda no es un problema exclusivo de España. Muchas economías de la OCDE han seguido un patrón muy similar: en la última década el precio de la vivienda se ha incrementado un 95% en la OCDE —un 41% si descontamos la inflación—, mientras que los ingresos de las familias han crecido un 16%, elevándose así rápidamente el esfuerzo económico que los hogares han de hacer para acceder a una vivienda.

¿Acaso esta evolución de la vivienda en la OCDE también se explica por un déficit de oferta y por factores de inseguridad jurídica? El problema evidentemente es complejo, se superponen diversas causas y especificidades nacionales, pero no parece que la falta de oferta —en pleno invierno demográfico— sea el determinante fundamental de la crisis de vivienda que hoy tiene lugar en occidente.

Para entender esta crisis, resulta más importante atender al denominado proceso de financiarización de la vivienda. Es decir, a la transformación de esta en un activo de inversión, que se comporta cada vez más como un título financiero y no como un bien que cumple una función social.

La inversión inmobiliaria internacional alcanzó los 995.000 millones de dólares anuales en 2022, protagonizada por inversores privados y financieros. España es de hecho una de las principales economías receptoras de esos fondos, lo que ha llevado a que la compraventa de viviendas por extranjeros haya pasado del 7% en 2007 al 21% en el primer semestre de 2024.

Este apetito inversor se ha generalizado y hoy la compra de vivienda con fines de inversión crece más rápidamente que la adquisición de vivienda habitual en buena parte de los países de la OCDE.

En España, por ejemplo, la demanda de vivienda aumentaba con fuerza ya desde 2015, un lustro antes de que se iniciase el crecimiento demográfico al que muchos análisis responsabilizan de la subida de los precios. Desde entonces, esta demanda —medida como la compraventa total de vivienda— ha crecido un 83% y una de cada tres adquisiciones ha pasado a hacerse sin necesidad de hipoteca alguna. Esto evidencia que una parte importante y creciente de estas compraventas son operaciones de inversión mayorista, y operaciones llevadas a cabo por no residentes, que presionan al alza sobre los precios. Más que inseguridad jurídica, lo que hoy vemos es una demanda voraz con motivos de inversión.

¿Y qué explica esta fuerte demanda de inversión que hoy vemos tanto en España como en otros muchos países? En primer lugar, la política monetaria de los últimos 15 años —con fuertes inyecciones de liquidez y bajos tipos de interés— ha reducido la rentabilidad de algunos activos financieros tradicionalmente utilizados como refugio del ahorro (por ejemplo, la deuda pública), reorientando los flujos de capitales hacia el sector inmobiliario.

Nada comparable con la rentabilidad asociada a la compra de una vivienda, que en España ascendió al 9,7% en el primer semestre de 2024, según el Banco de España. Además, la demanda de inversión residencial también se ha visto fuertemente empujada por la dinámica del turismo internacional y sus recientes transformaciones.

Desde 2005 se ha duplicado el número mundial de movimientos turísticos internacionales —de 700 a casi 1.500 millones—, habiendo crecido particularmente el turismo urbano acomodado por las nuevas plataformas digitales como Airbnb.

Construir más viviendas puede aliviar algunas tensiones demográficas en algunos países, pero no tiene por qué reducir los precios si no se acompaña de otras medidas, como ya comprobamos en el ciclo de la burbuja inmobiliaria de 2000-2007. La solución tampoco pasa por mantener elevados tipos de interés, que dañarán el crecimiento económico y no necesariamente frenarán el apetito inversor en el sector, dadas las fuertes rentabilidades actuales.

A corto plazo se deben adoptar algunas medidas “de choque” como las que ya se están implementando en algunos países: regulaciones de los precios del alquiler, incentivos fiscales a pequeños propietarios, recargos en el IBI a viviendas vacías y una limitación de los pisos turísticos y los alquileres de temporada. La Ley de Vivienda permite a las Comunidades Autónomas —las verdaderamente competentes en la materia— aplicar estas medidas.

Y además pueden funcionar: tres investigadores del Institut d’Economia de Barcelona (IEB) mostraban recientemente cómo el control de precios introducido en Cataluña en 2020 contribuyó a reducir un 4%-6% el alquiler medio, sin que esto redujese la oferta de alquiler (J. Jofre, R. Martínez y M. Segú, Effectiveness and supply effects of high-coverage rent control policies). Los nuevos datos ofrecidos recientemente por la Generalitat para 2024 parecen confirmar que los controles pueden reducir los precios, pero también que es necesario regular el posible desvío de inmuebles hacia el alquiler turístico o de temporada, y evitar así reducciones en la oferta.

3. Conclusión

Ahora bien, más allá de parches a corto plazo, afrontar la actual emergencia habitacional —en España y en la OCDE— requiere un nuevo papel del Estado en materia de vivienda. Hacer depender un derecho constitucional exclusivamente de la lógica de los mercados sienta las bases para que dicho derecho quede sistemáticamente conculcado. Es necesario desarrollar una regulación que reconduzca la inversión inmobiliaria —en muchas ocasiones, un mero intercambio de activos que no crea nueva riqueza— hacia otras inversiones más productivas, evitando el rentismo. Y, aún más importante, es imprescindible que las administraciones desarrollen —de forma estable y sostenida, como se ha hecho por ejemplo en Viena— un amplio parque público de vivienda para el alquiler social que desfinanciarice los inmuebles y retire parcialmente del mercado un bien crucial para el bienestar social. Llevará su tiempo, así que cuanto antes empecemos mejor.

Et contra

Vivienda: ¿el peor fracaso de política pública de la coalición de gobierno? [2]

(Por Toni Roldán, Director del Centro de Políticas Económicas – EsadeEcPol y Profesor visitante: Instituto de Políticas Públicas de la London School of Economics)

1.Introducción

El diagnóstico equivocado sobre el problema de la vivienda en una parte de la izquierda parece haber capturado las políticas del Gobierno y está resultando en un enorme fiasco de política pública que va a seguir agravándose y que va a perjudicar, especialmente, a los más vulnerables.

El diagnóstico puede resumirse así: el problema es que hemos dejado la vivienda en manos del mercado y la especulación. Y puesto que se trata de un bien de primera necesidad, el Estado debe recuperar las riendas para evitar que ese derecho quede “sistemáticamente conculcado”, en palabras del economista Nacho Álvarez. Ese diagnóstico ha ido acompañado de la efectiva utilización de algunos cabezas de turco: los diabólicos grandes tenedores o “fondos buitre” y las plataformas. ¡Prohibamos la inversión extranjera y el alquiler turístico y el problema solucionado!

2. Desarrollo

El diagnóstico erróneo se ha traducido en una batería de regulaciones y propuestas que en el mejor de los casos han contribuido a desviar el foco de lo importante –que es la enorme escasez de oferta de vivienda– y en el peor han contribuido a agravar el problema.

Entre el grupo de propuestas más positivas están las que tratan de incrementar la oferta como los incentivos a poner (la muy escasa) vivienda vacía disponible en el mercado, los intentos (fallidos) de aumentar el suelo disponible para construir (la reforma de la Ley de Suelo está frenada por Sumar y Podemos, entre otros, en el Congreso) o las políticas para reducir la incidencia del alquiler turístico.

Es cierto que en algunos barrios de grandes ciudades o municipios de Girona o Málaga la incidencia de este tipo de alquiler es alta (por encima del 5%) y eso ejerce presión sobre los precios. Pero en el conjunto de España este tipo de viviendas ocupan solamente un 1,9% del parque residencial en 2023, (menos del 1% en las provincias como Barcelona o Madrid), según datos del INE, un porcentaje pequeño en relación con la magnitud del problema.

Por su parte, las medidas de estímulo de demanda, como los bonos al alquiler para jóvenes son políticamente biensonantes, pero suelen ser muy ineficientes y terminarán repercutiendo en mayores subidas de precios. Por ejemplo, en un estudio con datos de Francia se estima que, de cada 100 euros de alquiler subvencionado, 78 terminan en subidas de precios del alquiler.

El segundo grupo de medidas son las que parecen diseñadas para agravar el problema. Aquí entran los ataques a la inversión extranjera o los grandes tenedores. Como ha explicado José García Montalvo, con porcentajes muy bajos (7% de media, máximo 15% en zonas muy determinadas), los tenedores no tienen ningún poder monopolístico para condicionar los precios. El problema es el contrario: en un entorno en el que necesitas multiplicar la escala a la que estás construyendo quieres tener más grandes inversores y empresas con fuerte músculo financiero para superar la enorme incertidumbre regulatoria que hay en el sector.

En este segundo grupo, el caso más extremo es Cataluña. Si el problema es el mercado, que sea el gobierno el que decida directamente los precios. No hace falta haber leído a Paul Krugman, o los resúmenes de la abrumadora evidencia causal sobre este tema, para saber que los controles de precios reducen la oferta y tienen muchos efectos secundarios negativos. El estudio más riguroso publicado hasta la fecha para Barcelona muestra que efectivamente cayeron los precios un 5%, a cambio de un 10% de reducción en la oferta y de subidas de precio de las viviendas más baratas en esas mismas zonas (y en las limítrofes no reguladas) – que aprovecharon la regulación para pegarse al nuevo techo de referencia. Como ha explicado el Catedrático de la Pompeu Fabra, Jordi Galí, la medida “tendrá exactamente el efecto contrario al deseado” generando presiones a la aparición de “un mercado negro al margen de la ley” y un sistema dual donde los jóvenes que no vivan ya en zonas reguladas lo tendrán mucho más difícil para acceder. También en Barcelona entró en vigor la norma que obliga a reservar el 30% de las nuevas construcciones o rehabilitaciones de más de 600 metros cuadrados para vivienda social. ¿Saben cuál ha sido el efecto? Mientras que en las capitales del resto de España (incluida Madrid) los visados de obra nueva se han mantenido estables, en Barcelona se han desplomado a niveles mínimos históricos. Según datos de BBVA Research, en el año 2023, los visados sólo representaban el 23% de los aprobados en 2019. ¿Conocen algún caso de un efecto más opuesto al aparentemente deseado en una regulación?

Imaginen por un segundo que se dedican al negocio de la construcción. Necesitan un enorme capital que van a mantener bloqueado durante mínimo 10 años. Para el caso de suelos urbanizables o suelos urbanos no consolidados, 5 o 6 años la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana; 2 años el Plan Parcial o Plan de Mejora Urbana y el Proyecto de Urbanización; 2 años la urbanización y 2,5 años, de construcción contando con la petición de licencias. A eso añádanle la probabilidad (real en infinidad de proyectos) de que los movimientos vecinales (por supuesto, siempre con el apoyo de los partidos del ala más izquierdista del gobierno) bloqueen el proyecto de forma indefinida. ¡Queremos que bajen los precios y una vivienda digna! Pero no en mi patio trasero (Not in My Backyard). A eso súmenle el encarecimiento del coste de los insumos de la construcción de un 30% estimado desde la pandemia y los tipos de interés altos del último periodo. Y para la guinda, métanle otra reducción adicional de rentabilidad de un 30% de vivienda para ceder en alquiler.

¿Cuál es el resultado? Ni vivienda normal, ni vivienda social. Nadie construye.

Mientras que en los años de la burbuja estábamos construyendo más de 500.000 viviendas al año, en la última década hemos construido de media menos de 100.000. A principios de los 90, en los años previos a la burbuja se iniciaban al año 150.000 viviendas. En el año 2022 España ocupó el último puesto en la UE en viviendas iniciadas por cada 1000 habitantes mayores de 18 años. Según BBVA Research, entre 2008 y 2022 se iniciaron 1,53 millones de viviendas, mientras se crearon 2,40 millones de hogares. Y eso se está agravando en un contexto de fuerte presión demográfica y migratoria con un crecimiento de nuevos hogares de unos 300.000 al año – tres veces más que las viviendas -, según datos del INE. Siguiendo una regla de tres sencilla, y sin considerar el déficit acumulado de viviendas, solamente en los próximos cuatro años vamos a generar un déficit añadido de cerca de un millón de viviendas más. El esfuerzo para aumentar la construcción desde el sector público es loable (se necesita mucha más vivienda social para alquiler) pero se están haciendo de media menos de 10.000 viviendas públicas al año.

Si este fuera un mercado de plátanos, los productores de plátano se habrían puesto como locos a producir plátano. Pero en España las malas políticas y la incertidumbre regulatoria han roto la señal de mercado.

¿Existe solución? La única posible es pensar fuera de la caja, como dicen los americanos, con medidas mucho más agresivas de aceleración de procesos urbanísticos y de disponibilidad de suelo y simplificación regulatoria. No es cierto que no haya suelo disponible donde se necesita. Según el mismo informe de BBVA Research, el Sistema de Información Urbana (SIU), en España hay 6,8 millones de viviendas pendientes de desarrollar (un 25,6% del parque de viviendas existente). Tampoco es cierto que vayamos a entrar en dinámicas de burbuja inmobiliaria. Hoy las condiciones crediticias son mucho más restrictivas que en los 2000. Además, el porcentaje del PIB que representa el sector de la construcción se encuentra en mínimos históricos, en torno al 6%, muy por debajo de la media histórica del 9% desde 1980 (y que el 12% del pico de la burbuja).

En esta situación de emergencia no hay medida más progresista que construir. Por eso, la bandera principal del nuevo Gobierno laborista en el Reino Unido es “poner a Gran Bretaña a construir de nuevo” -la misma que lo fue para el gobierno Trudeau en Canadá– y el movimiento YIMBY (Yes In My Backyard) está adquiriendo un creciente peso en la izquierda anglosajona. Como explica The Economist, en Auckland, Nueva Zelanda, en 2016 se rezonificó el 75% de la ciudad para permitir edificios en lugar de casas para aumentar en altura, permitir viviendas de menor tamaño y crecer en densidad. Según un estudio de la Universidad de Auckland, ajustando por calidad y tamaño, los alquileres son hoy un 28% más bajos de lo que habrían sido sin las reformas. Otro estudio para Alemania muestra que por cada punto adicional de oferta, los alquileres caen un 2%, también en las áreas tensionadas.

3. Conclusión

Las malas políticas generan ganadores y perdedores. En este caso, en términos pikettyanos, la escasez de viviendas favorece a los propietarios del capital (los ganadores del statu quo) y perjudica a los nuevos entrantes en el mercado o los colectivos vulnerables a los que supuestamente debería estar defendiendo la izquierda.

[1] Publicado en El País el 11 octubre 2024.

[2] Publicado en El Confidencial 06/02/2025.

Emprender con calma(*)

(Por Noemí Alonso, Responsable de Contenidos en Santander X Explorer)

*Esta reseña ha sido publicada originalmente en Comunicación y género (ISSNe:2605-1982) https://dx.doi.org/10.5209/cgen.99741 y es reproducida aquí con permiso de la revista.

“Una propuesta feminista para montar tu negocio sin caer en las trampas de Silicon Valley”, reza la portada de “Emprender con calma”, el primer libro de Patricia Araque. Porque esta experta en emprendimiento no cree en el mito exportado por este rincón de California: el varón genial, que funda en un garaje un negocio revolucionario y lo vende por una millonada a una multinacional, tras haber cambiado el mundo y generado una infinita admiración. Hay que desmontar esta “farsa machista y turbocapitalista” y redefinir el concepto de éxito: “es almorzar todos los martes de primavera al sol con el amor de tu vida. Pero a ti te han contado siempre otra cosa. Y a mí. Y nos lo creímos” (p. 11).

Estas son las líneas iniciales de una introducción que da paso a un derribo brutal de los conceptos asociados al triunfo emprendedor. El primero de ellos, el dinero, claro: “El machismo, el racismo y el clasismo que rezuman los ecosistemas de emprendimiento al colocar el dinero en el centro desaparecerán si somos capaces de situar en ese eje central lo más importante: las personas” (pp. 34-35). Cuando esto ocurre, el dinero ya no es el objetivo que se debe perseguir a toda costa;no es la cosecha, sino el abono que sirve para generar riqueza de formas muy diversas.

Es aquí donde entra la vertiente social que ha de estar presente en todo emprendimiento con el fin de que sea creador, reparador. Para que te deje entender que cuidarse no es un signo de debilidad, sino de amor propio. Y que protegernos unos a otros trae ventajas, como demuestran las empresas cebra.

“Al contrario que los emprendimientos unicornio (una anomalía, como recuerda la autora), las compañías cebra son como los propios animales: organizaciones que se mueven entre el blanco y el negro, esto es, que buscan un beneficio económico, pero al mismo tiempo quieren mejorar la sociedad, sin sacrificar una cosa en detrimento de la otra” (p. 57).

Empatía vs. Ego, precisamente el título del capítulo en el que se explica cómo la prosperidad puede (y debe) ser sostenible. Cada uno de los apartados del libro se organiza en torno a esta estructura de conceptos duales: el tradicional, el que nos han vendido,queda aniquilado mediante argumentos que se despliegan de forma orgánica, natural, y ejemplos (muchos, algunos en primera persona, e insultantemente certeros) que los refrendan. Eso da paso al término antagónico que no te cuentan en los relatos tradicionales, pero existe. Es posible. Y deseable. “Hacer más con menos a costa del bienestar de fundadores y empleados no es productividad, es turboproductivismo” (p. 87). Con estas afirmaciones feroces, Araque te obliga a replantearte lo que creías que querías y cómo ibas a llegar hasta ello.

Gracias a su utilización del humor (“Cuentan quienes le conocen que cuando Elon Musk anda enfocadísimo en alguno de sus proyectos, duerme en el suelo de sus fábricas. Duerme en el suelo. En el suelo de una fábrica. ¿Esto es el éxito?” (p. 13)), la autora logra que no caigas en la desesperación si, como persona interesada en el emprendimiento, has estado durante años buscando algo de la forma equivocada. No provoca que te sientas mal; al contrario, te motiva a buscar lo que es correcto para ti, según tu definición. Porque ese humor no esconde que nos estamos jugando algo muy serio: nuestro bienestar. Nuestra calma.

Para llegar a ella no hay una sola vía. No basta con cumplir uno o un par de los preceptos desgranados a lo largo de los capítulos: empatía, reproducción, confianza. Mejor dicho, podemos cumplirlos, pero teniendo en cuenta algo indispensable: “No encontraremos futuro emprendedor en el individualismo porque cuidar y cuidarse dentro de la empresa, cambiar los ritmos de crecimiento y sus velocidades, elegir no competir y mantener la mirada anclada en el largo plazo debe hacerse en conexión con la comunidad y poniendo el bien común en un primerísimo plano. O asumimos que somos el resultado de la interconexión y el esfuerzo colectivo de los que nos precedieron, o estaremos construyendo el mismo tipo de empresa que nos está llevando de cabeza al precipicio” (p. 198). Cooperar o desaparecer, he ahí la cuestión (emprendedora). Esta bofetada de realidad es por si todavía creías en los cuentos de héroes triunfadores que llegan a la cima con su esfuerzo individual. Allí son felices y comen perdices… sin nadie con quien compartirlas.

Puede que esta sea la definición de éxito para esos “héroes”; si es así, están viviendo lo que querían y nadie puede reprochárselo. El peligro está en que otros hayan definido ese éxito por ellos. En que se hayan dejado embaucar por el relato hegemónico sin plantearse que hay alternativas y una de ellas (una muy común, por otra parte) es que la cosa no salga bien y sea necesario pivotar, en el mejor de los casos.

Las metamorfosis del trabajo y de la relación salarial. El caso español

(Por Josep Banyuls Unitat d’Investigació d’Economia del Treball i Política Laboral – ECOLAB Universitat de València)

Estoy convencido que Carlos Prieto es un autor desconocido para la gran mayoría de lectoras y lectores de esta publicación. La causa seguramente reside en la fragmentación del análisis de la realidad en la que estamos inmersos y en la que los campos del conocimiento no suelen entrecruzarse. Sociología y economía hace años que desgraciadamente se separaron. La sociología dejó a la economía como observadora única del mercado y la economía convencional cada vez más dominante se «desprendió» de la dinámica social y las instituciones para explicar los fenómenos económicos (Fernández 1998). El empeño por establecer una «economía positiva» y la construcción de modelos matemáticos imperó más que valorar si realmente esos modelos servían para algo. Desde la sociología esta separación se ha enmendado en los últimos años con la sociología económica o socioeconomía, a partir la cual se redefinen en términos sociológicos las cuestiones tradicionalmente tratadas por la economía y que, en muchos aspectos, se aproxima a la economía política.

Carlos Prieto es uno de los sociólogos de lectura obligada para cualquier persona que quiera estudiar con rigor el ámbito laboral de una economía, y especialmente de la economía española. Sus trabajos encuadran perfectamente en la reflexión que inicia esta reseña: estudiar hechos económicos, en su caso el mercado laboral, considerando que la realidad económica está inherentemente unida a la realidad social y política. En el caso que nos ocupa el objetivo es analizar cómo se ha transformado la norma social de empleo en España y cuáles han sido los vectores fuerza de los cambios. Para Prieto el empleo no es «actividad o trabajo remunerado sin más como suelen sostener los economistas, sino trabajo remunerado realizado en unas condiciones que se hallan exigidas socialmente».

Divide el análisis en distintos períodos y aborda con mucha profundidad qué ocurre en cada uno de ellos: cuáles son los cambios económicos, los actores sociales principales y sus estrategias, el contexto político, la intervención pública, los valores sociales dominantes que afectan al trabajo, etc. El estudio que lleva a cabo en cada período es muy detallado y con mucha información, llegando en algún momento a abrumar. Pero es precisamente en ese análisis tan minucioso donde está la riqueza del libro ya que permite entender los elementos no estrictamente económicos que están detrás de los cambios en la norma social de empleo.

Inicia el análisis en el período pre-moderno, donde el trabajo no existe tal y como lo concebimos hoy en día. Como describe Naredo (2006), es un momento en el cual no hay separación entre tiempo de trabajo-no trabajo, pero sí normas y valores sociales que estructuran la actividad productiva (el empleo). Posteriormente aborda dos períodos clave: cuando el trabajo pasa a ser un pilar de un nuevo orden social y cuando se generaliza la relación salarial. Estos dos períodos son la parte central del libro y el autor dedica tres capítulos a su análisis detallado abordando en el caso de España cómo se conforma la sociedad asalariada. A continuación, se examina la crisis del empleo standard en los años recientes en España y la nueva norma social de empleo que emerge y que él denomina flexible-empresarial. No voy a profundizar en los contenidos que se plantean en cada período. Eso queda para que el futuro lector o lectora lo descubra y disfrute. Sí que quería reseñar un par de reflexiones sobre las políticas de empleo en los años recientes y su interacción estrecha con los valores sociales como muestra de los debates que se plantean en el libro.

Uno de los períodos analizados es la expansión de la norma standard de empleo, con las peculiaridades que presentó en el caso de España. Esta es la norma que ha predominado en las sociedades occidentales en el siglo pasado hasta la década de los ochenta y en la que había un consenso generalizado sobre dos aspectos: a) trabajo es toda actividad productiva remunerada, y básicamente en forma de trabajo asalariado; b) el trabajo es la actividad fundamental alrededor de la cual las sociedades articulan su cohesión interna y otorga a las personas un lugar en la sociedad. Estos consensos implicaban que el empleo es la forma básica de integración social y de repartir los éxitos del crecimiento económico capitalista entre la ciudadanía a partir del empleo asalariado. Es por ello que la mayoría del empleo creado era standard (a tiempo completo, con contrato indefinido y con condiciones laborales reguladas) y que el objetivo de las políticas económicas era reducir al máximo el nivel de paro. Existe una «obligación moral» del Estado garantizando el bienestar de la sociedad con los logros del capitalismo. No es de extrañar que son precisamente estos los años en los que se establecen la mayoría de los sistemas de protección del empleo. El título del informe de Beveridge (1989) publicado en 1944 es bastante elocuente al respecto: Pleno empleo en una sociedad libre. El keynesianismo ya mostró la importancia el empleo estable y de calidad para el crecimiento económico.

Lo que nos muestra Prieto es su importancia para mantener el orden y la paz social, y cómo las políticas de empleo juegan ese papel. Pero eso tiene lugar en un contexto concreto en términos de organización económica, productiva, social y política que él analiza con detalle. Prieto muestra también la fractura de ese modelo a partir de la década de los ochenta del siglo pasado y cómo esto modifica las políticas de empleo, centrándose en dos vectores de cambio. Por una parte, la sustitución del «buen empleo» por cualquier empleo, frecuentemente (y en especial para determinados colectivos) flexible y precario. La crisis de los setenta y la necesidad de flexibilidad productiva hacen que se legitime como normal cualquier empleo, bien sea temporal, a tiempo parcial o autoempleo, en la misma categoría que el empleo por tiempo indefinido. La derivada de esto es que el empleo atípico y precario políticamente pasa a ser también un empleo justo, con un cuestionamiento institucional de la norma social de empleo previa. Las políticas públicas en ese contexto no tienen la «obligación moral» de garantizar el buen empleo, a veces ni siquiera el empleo, y por lo tanto este tampoco es ya un elemento de integración social. En gran medida se descarga la responsabilidad de tener o no un empleo en la persona, no en la política pública. La persona está parada porque tiene un salario de reserva alto, porque no sabe buscar, porque toma decisiones erróneas, porque no se ha formado lo suficiente… Incluso se plantea que los sistemas de protección son desincentivadores y «malos» para las políticas de empleo. El Estado pierde relevancia en la articulación social y como garante del bienestar a favor del mercado, del individuo y del empoderamiento empresarial.

La otra gran transformación es la feminización del empleo. Y no solo por la mayor presencia de mujeres en el mercado laboral sino por el replanteamiento de las relaciones sociales y la relación salarial. El cambio pone de manifiesto que el trabajo no es solo lo que se realiza en el ámbito del mercado, sino también, fuera de él, y que el mercado de trabajo no existiría sin la actividad que se lleva a cabo en la esfera reproductiva. Hay un proceso extractivo de trabajo que no se contabiliza pero que es necesario para la producción mercantil. Pero también pone de manifiesto que el espacio visible de las economías (el mercado) ha sido ocupado masivamente por los hombres y que las actividades invisibles y no remuneradas han sido ocupadas por las mujeres. El trabajo ya no es solo empleo sino un conjunto de actividades que articulan y permiten la reproducción social, pero en gran medida son invisibles.

Todos estos cambios hacen que el empleo ya no tenga el sentido ni la centralidad social que tenía en los años del consenso keynesiano fordista. Se ha puesto de manifiesto que el trabajo no remunerado también es trabajo, que el empleo no es garantía de integración social ni condiciones de vida dignas, que un mayor nivel de formación no necesariamente conlleva mejor puesto de trabajo en términos salariales y de estabilidad, la flexibilidad productiva y laboral también es flexibilidad vital y no siempre son compatibles. Todo esto ha cuestionado el papel de las políticas de empleo y sus objetivos. Obviamente las políticas de gestión de demanda agregada continúan aplicándose, pero Prieto incide en el hecho de que el empleo creado no es garantía de integración social. Es aquí donde el autor apunta algunas reflexiones sobre los debates futuros de las políticas de empleo. Para él un ejemplo claro de la nueva orientación son las propuestas que plantea la OIT del trabajo decente como objetivo (Trabajo decente | International Labour Organization), pero también los debates sobre la conciliación o la reducción del tiempo de trabajo. En definitiva, un libro a tener en cuenta para los debates futuros en materia de política de empleo.

Bibliografía

Beveridge, William Henry (1989): Pleno empleo en una sociedad libre, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Fernández, Mariano (1998): Economia y sociología. Para un análisis sociológico de la realidad económica, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.

Naredo, José Manuel (2006): Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas, Madrid, Editorial Siglo XXI (especialmente el capítulo 7: «Revisión de la mitología del trabajo y de la producción»).

Polanyi, Karl (1989): La Gran Transformación, Madrid, Ediciones La Piqueta.

El proteccionismo

(Por Fernando G. Jaén Coll Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña)

Queda atrás la crisis del COVID 19, con sus nefastas repercusiones económicas, especialmente en el año 2020, y sale a la luz pública un librito menudo, que no menor, del gran economista francés Jacques Sapir en la famosa colección Que sais-je?, de editorial francesa, en enero de 2022. Los que hemos podido disfrutar de esta colección de divulgación universitaria durante muchos años la tenemos en elevada estima. Mi amigo, el profesor Jordi Pascual Escutia, profesor de historia de las doctrinas económicas e historia económica, ya jubilado de la Universidad de Barcelona, la califica espontáneamente de “meritoria colección”, calificación que comparto, pues es colección que ofrece unas síntesis muy bien construidas y claras, realizadas por profesores expertos en cada una de las materias tratadas en sus respectivos libros.

Jacques Sapir, cuyas ideas sigo desde hace años, por lo independientes y sugerentes, sin someterse al saber convencional aupado en las universidades europeas plegadas a la conveniencia anglosajona. Reseñas de sus libros, he publicado en SYN@PSIS: N.º 40, mayo-junio de 2009, «Le Nouveau XXI siècle. Du cicle américaine au retour des nations». N.º 59, julio-agosto de 2012, «Faut-il sortir de l’euro?». N.º 60 sep.-oct de 2012, «La Démondialisation». Y en Noticias de Política Económica (Universidad de Valencia), N.º 40, julio 2023, «¿Vuelve la planificación como instrumento de la política económica?», basado en su libro, «Le Grand retour de la planification?» (publicado el año 2022). De ese mismo año 2022, es la publicación del libro, que, bajo el título «Le protectionnisme» (Que sais-je /Humensis, 2022), da lugar al presente comentario.

Cuando esto escribo, corre el año 2025, téngase en cuenta a la hora de valorar la última frase del libro “Le protectionnisme a incontestablement de beaux jours devant lui” (El proteccionismo tiene ante sí un hermoso futuro). Su visión de entonces no ha quedado defraudada por los hechos: el proteccionismo se ha ido abriendo paso, dejando atrás los alardes globalizadores de los últimos decenios, hasta llegar a convertir a Trump en presidente de los Estados Unidos y mostrar sus intenciones arrebatadamente proteccionistas (ya se verá su alcance real), pretendiendo someter al resto del mundo a los intereses estadounidenses, manifestándolo sin comedimiento alguno, amenazando por doquier con hacer uso de aranceles astronómicos a los productos de los países que no se sometan a su conveniencia. El libro de Sapir ya ofrecía a sus lectores” una visión fiel del despliegue del pensamiento proteccionista y de sus argumentos.” (p. 6), convencido de la evidencia del retorno del proteccionismo.

Acertadamente subraya el distingo entre autarquía, considerada como la supresión y estricta limitación de intercambios internacionales, del proteccionismo, entendido como una regulación de los intercambios. El fundamento del retorno del proteccionismo lo establece en dos vertientes:

1. por la negativa, su causa estaría en el aumento de la desigualdad que el librecambio ha provocado en su fase globalizadora (aquí podríamos matizar que esa desigualdad parece haberse acrecentado en el seno de los países; si bien, entre países, los empobrecidos han obtenido algo más de igualdad con respecto a los enriquecidos, dicho sea apoyándonos en François Bourguignon, La mondialisation de l’inégalité (Éditons du Seuil et La République des Idées, 2012), cuya tesis central sostiene que la mundialización económica ha dado lugar a una reducción de la desigualdad entre países en tanto la ha acrecentado en el seno de éstos (puede verse mi reseña en SYN@PSIS N. º 61 Noviembre-Diciembre de 2012).
2. por la positiva, el resurgir de la soberanía de los países. A fin de cuentas, en el siglo XVIII, señala Sapir, lo natural era el proteccionismo en todo el mundo, básicamente por razones fiscales.

La estructura del libro, de 122 páginas de texto, 4 páginas de bibliografía y un índice final, es clara: una breve introducción (pp. 3 a 6) para situar el asunto que va a tratar; un capítulo primero, “La bataille des idées” (pp. 7 a 42), el título del capítulo es muy apropiado, pues repasa críticamente las teorías que han configurado el debate entre proteccionismo y librecambismo, y nos guía en las ideas de Hume y Cantillon, primero; las de Smith, Ricardo y Torrens, a continuación; le sigue la crítica de la teoría de la ventaja comparativa; se abre al interesantísimo planteamiento de List, Carey y el nacimiento de la teoría proteccionista moderna; cerrando el capítulo con las tentativas de “salvar” la teoría de la ventaja comparativa. El capítulo segundo corresponde a la descripción y análisis de los hechos, bajo el título “Protectionnisme et libre-échange face à l’histoire”, desde 1860 hasta La Organización Mundial del Comercio (OMC), con etapas de 1860 a 1914, de 1920 a 1939, y la etapa final que avara desde el final de la II Guerra Mundial hasta la OMC, desde la Carta de la Habana, pasando por el GATT. El capítulo tercero y último lleva por título “Mort et résurrection du protectionnisme”, con las tendencias de finales del siglo XX y el contexto del retorno del proteccionismo, al que seguirá página y media de conclusiones.

Por tanto, reúne ideas, hechos y polémica del proteccionismo y librecambismo en un pequeño volumen, lo que es útil para profesores universitarios, para los alumnos y para el público que se interesa en el tema.

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XVII Jornadas Internacionales de Política Económica. Sevilla, 29-30 de mayo de 2025. (anuncio)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada III, Universidad de Sevilla

Nos complace anunciar la celebración de las XVII Jornadas Internacionales de Política Económica (JIPE), que tendrán lugar de forma presencial los días 29 y 30 de mayo de 2025 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla (Andalucía, España).

Estas jornadas están abiertas a cualquier persona investigadora interesada en la Economía Aplicada y la Política Económica, y se centrarán en los siguientes ejes temáticos:

1. Organización política, sujetos activos y limitaciones.
2. Política estabilizadora-coyuntural.
3. Política de desarrollo-estructural.
4. Políticas de inclusión, igualdad y diversidad como intervenciones transversales.
5. Efectos micro y macroeconómicos de una NO intervención.
6. Política para impulsar/frenar las relaciones internacionales.
7. Política económica bajo el modelo ECS-MEC: Objetivos e instrumentos.

Las jornadas se organizarán en sesiones de trabajo especializadas, donde se discutirán las comunicaciones científicas seleccionadas para cada área temática. Asimismo, se llevarán a cabo sesiones plenarias que reunirán a todas las personas participantes en torno a conferencias programadas.

Durante el evento, se realizará el lanzamiento de la iniciativa para construir una Nueva Escuela de Política Económica, vinculada al desarrollo del Congreso Internacional Permanente Nueva Escuela de Política Económica (CIPPE). Este congreso busca fortalecer la actual red de colaboración y encuentro entre investigadoras e investigadores de Política Económica.

El Comité Científico https://grupo.us.es/modeloecsmec/xvii-jornadas-internacionales-de-politica-economica/comites/ invita a presentar comunicaciones científicas en español o inglés, según las siguientes fechas clave:

• Envío de resumen (1500 – 1700 palabras): hasta el 01-febrero-2025.
• Inscripción anticipada: hasta el 27-marzo-2025. 240 euros o 260 euros (incluyendo la cena de gala).
• Inscripción estándar: desde el 28 de marzo hasta el 5-abril-2025. 340 euros o 360 euros (incluyendo la cena de gala).
• Estudiantes, becarios FPI-FPU o asemejados (requiere justificarlo): 160 euros (+ 20 euros de cena de gala en su caso).

Para más información consulte la web https://grupo.us.es/modeloecsmec/xvii-jornadas-internacionales-de-politica-economica/inicio/

o escriba al correo electrónico: cippe@us.es

¡Gracias por tu generosidad y esfuerzo por impulsar la Política Económica desde la ciencia!

Encuentro de Política Económica: “Políticas de Fomento de la Actividad Emprendedora y Desarrollo Sostenible”, Albacete, 23 y 24 de enero de 2025

Organiza: Departamento de Economía Aplicada – Castilla-La Mancha

La creciente preocupación por los problemas ambientales y sociales ha puesto de relieve la importancia del desarrollo sostenible. El emprendimiento juega un papel crucial en este contexto, ya que los emprendedores contribuyen al desarrollo de nuevos productos, la exploración de nuevos mercados y la introducción de innovaciones, buscando nuevas soluciones a los retos actuales. Es fundamental identificar las variables que influyen en el emprendimiento para diseñar medidas efectivas que promuevan actividades emprendedoras y el desarrollo sostenible.

En este sentido, los fondos Next Generation EU y la política regional pueden diversificar la especialización del tejido empresarial y fomentar la innovación. Sin embargo, la Comisión Europea ha señalado que, en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, existe un conocimiento limitado sobre las oportunidades de financiación que ofrecen los Fondos Estructurales. Por lo tanto, es esencial estudiar cómo la especialización productiva y el tipo de emprendimiento pueden influir en la capacidad de las regiones para aprovechar estos fondos.

En definitiva, con la realización de este seminario se pretende alcanzar  los siguientes objetivos: en primer lugar, identificar y analizar las variables que influyen en el emprendimiento, con el fin de diseñar medidas de política económica que diversifiquen la especialización del tejido empresarial y fomenten la creación de nuevos productos y mercados, contribuyendo así al desarrollo económico y social sostenible; y en segundo lugar, debatir y proponer políticas económicas, fiscales, comerciales, de acceso al crédito, de I+D+i, y de formación y capacitación que promuevan la actividad emprendedora, facilitando un entorno favorable para el crecimiento de nuevas empresas y la generación de desarrollo sostenible.

Contacto:

María Soledad Castaño Martínez (mariasoledad.castano@uclm.es)

Inmaculada Carrasco Monteagudo (inmaculada.carrasco@uclm.es)

II Ciclo de Seminarios de Política Económica (virtual). Primer Seminario: “Perfiles del problema de la productividad en España” Francisco Pérez García (Universidad de Valencia) (resultados)

Organiza: Salvador Pérez Moreno, Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, Universidad de Málaga, (sperezmoreno@uma.es) e Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá

El pasado jueves 24 de octubre de 2024 tuvo lugar el primer seminario del II Ciclo de Seminarios sobre Política Económica organizado por REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, bajo el título «Perfiles del problema de la productividad en España».  Dicho seminario, impartido por el profesor Francisco Pérez García (Universidad de Valencia) y moderado por el profesor Juan Ramón Cuadrado Roura (UCJC), con la colaboración técnica del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá. En su intervención, el profesor Francisco Pérez abordó en profundidad el problema de la productividad en España desde una perspectiva tanto histórica como comparada. Analizó los factores estructurales que explican los bajos niveles de productividad en la economía española, incluyendo la fragmentación empresarial, las limitaciones en la adopción tecnológica, y las carencias en formación y capital humano.  Asimismo, destacó la importancia de superar estas barreras mediante una estrategia coordinada que combine reformas políticas, una mayor colaboración entre el sector público y privado, y una apuesta decidida por la innovación y el desarrollo tecnológico. El siguiente seminario tendrá lugar el miércoles 26 de febrero de 2025 a las 17:00 horas, bajo el título «Calidad institucional y economía: el caso español», y será impartido por el profesor Xóse Carlos Arias Moreira (Universidad de Vigo), con la moderación del profesor Tomás Mancha Navarro (UAH). Puedes acceder a la grabación de este primer seminario del II Ciclo en el siguiente enlace: Perfiles del problema de la productividad en España. 

Presentación de la Cátedra Institucional “Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana”. Encuentro de Política Económica: Nuevas tendencias de la política económica valenciana. Valencia, 28 de octubre de 2024 (resultados)

Organiza: Cátedra Institucional de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana

El pasado 28 de octubre tuvo lugar el encuentro «Nuevas tendencias de la política económica valenciana». En el acto se presentó la CÁTEDRA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA y contó con la presencia del mundo político, social y académico.

Justo Herrera Gómez (Vicerrector de Economía e Infraestructuras, UV) resaltó la función de la cátedra «para hacer de la Comunidad Valenciana una región más competitiva y atractiva para la inversión, de forma que mejore la situación de los valencianos».

A continuación, Raúl de Arriba Bueno (profesor de Política Económica de la UV) moderó la mesa académica titulada “Hacia una nueva Política Agraria”. En ella Lourdes Viladomiu (UAB) destacó que «se necesitan instrumentos que comprendan desde las entidades de acompañamiento, pasando por los motores en I+D y la promoción del agroturismo, hasta las cooperativas multiservicios».
En la misma mesa se contó con la presencia de Belén Miranda Escobar (Universidad de Valladolid), quien indicó la necesidad de utilizar la imaginación para replantear la Política Agraria Comunitaria basándose en la evaluación y en las iniciativas locales.

 Además, otra mesa articuló el diálogo entre los agentes sociales. En concreto, tomaron la palabra Constantino Calero Vaquerizo (Secretario de Organización, Unión General de Trabajadores del País Valenciano), Ana García Alcolea, (Secretaria General de Comisiones Obreras del País Valenciano) y Eva Blasco García (Presidenta de CEV-Valencia). El objetivo de este diálogo fue destacar los retos y opciones de política económica para la Comunidad Valenciana. De entre estos retos se citaron la persistencia del desempleo, la baja productividad, la baja inversión en I+D, a pesar de las mejoras conseguidas en estos ámbitos. También reseñaron la fuerte dependencia del sector terciario, los problemas de infraestructuras, la infrafinanciación, el reducido tamaño de las empresas, la deuda acumulada y la excesiva burocracia administrativa. Todo ello, lastra al sector industrial-empresarial valenciano. Además, plantearon la existencia de brechas sociales relacionadas con la expansión de los beneficios empresariales y las desigualdades económicas, que se han agudizado por la subida de los precios de la vivienda y la inflación. Pasando a las soluciones de política económica, desde el consenso y el diálogo, han indicado la necesidad de una reforma fiscal integral y del modelo de financiación autonómico. Una transición verde adaptada a la productividad y plazos empresariales también se apuntó como necesaria. De igual manera, el cambio climático y la digitalización tendrán impactos sobre el comercio, el turismo y el mercado laboral, para los que serán necesarios formación y adaptación de las formas de trabajo.

El acto cerró a cargo del decano de la Facultad de Economía, Francisco Muñoz Murgui; la Honorable Consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública Ruth María Merino Peña; el Honorable Conseller d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació José Antonio Rovira Jover; y el director de la Cátedra Antonio Sánchez Andrés. El discurso del decano se orientó hacia la posibilidad de crear retroalimentación entre la cátedra y el Máster Universitario de Política Económica y Economía Pública de la UV, para la transferencia de conocimiento, la formación y la interdisciplinariedad. Ambos Consellers de la Generalitat mostraron el interés del Gobierno Valenciano por las actividades de la cátedra. Todo ello dirigido al fortalecimiento de las políticas públicas a través de la innovación social, la creación de estrategias de acción y la colaboración. Finalmente, Antonio Sánchez puso de relieve los resultados obtenidos por la cátedra. El interés de esta institución, bajo su dirección, estriba en pasar de una economía de la contemplación a una economía de la acción, para afrontar los problemas socioeconómicos desde una perspectiva tecnopolítica.

Grabación. Código de Acceso: H!5+79!V

Nota de prensa.

IX Encuentro de Política Económica Internacional: “Análisis de Política Económica en el ámbito internacional y estudios de caso por países”, Valencia, 19 de diciembre de 2024. (resultados)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada – UPDE, Universidad de Valencia (España)

El pasado 19 de diciembre se celebró el IX Encuentro de Política Económica Internacional, reuniendo una diversidad de perspectivas de Política Económica Internacional y Comparada.

El acto quedó inaugurado a través de las palabras del Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, Francisco Muñoz Murgui, del Director del Departamento de Economía Aplicada Juan Ramon Gallego Bono y de Luz Dary Ramírez, coordinadora del evento. Ambos alinearon sus discursos con el logro que supone la consolidación de este encuentro a través de sus nueve ediciones, resaltando el valor que posee crear este espacio de reflexión internacional con una gran madurez adquirida tanto en los trabajos presentados como en la estructura de estos.

Seguidamente, se dio paso a dos sesiones que se ocuparon sobre la Política Económica en Marruecos, Ecuador y Turquía, además de un tema que atañe directamente al desarrollo de los países como es la ética en el desarrollo, despliegue y uso de la inteligencia artificial. En concreto, en estas ponencias predominaron los académicos de la Universidad de Valencia.

Pasando a las dos últimas sesiones del encuentro para los casos de Colombia y México se contó con expertos de las universidades de estos países que realizaron sus exposiciones on-line. Por último, fueron dos profesores de la Universidad de Valencia quienes se encargaron de Japón y Kazajistán, además de un último para tratar el acoso escolar en España y la relación de este con el rendimiento académico y la salud mental. El acto se cerró con las palabras del Secretario de las Jornadas y del Anuario de Política Económica 2024 que se derivará del encuentro Antonio Sánchez Andrés, quien también participó en calidad de Director de la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana.

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés tanto para la Política Económica como para su difusión a través de la Red.

En los últimos meses se han sucedido diversas publicaciones versando sobre cambios en la política económica de la actualidad. A saber, tenemos tres grupos de publicaciones. Un primer grupo en clave europea; un segundo grupo sobre cuestiones de política económica de España y un último sobre temas como el crecimiento sostenible, la desigualdad y la democracia.

Primeramente, destaca el “Boletín económico del BCE, 6/2024” que ofrece un panorama general de datos macroeconómicos sobre evolución del sector exterior, la actividad económica, los precios y costes y los mercados financieros. El informe también posee dos apartados más con artículos variados sobre temas de actualidad, tratando desde la IA, el mercado de trabajo y los salarios hasta la política monetaria, la productividad o el impacto de la actividad económica sobre la naturaleza. En segundo lugar, cabe el trabajo realizado por Emmanuel Mourlon-Druol sobre integración financiera europea y debates sobre armonización social en Europa. En tercer lugar, otra aportación destacable es la de los autores Andrew Hodge, Roberto Piazza, Fuad Hasanov a través del documento “Política Industrial de la UE y el Mercado Único”, que resulta ser un IMF Working Papers.

Para el caso español resulta interesante revisar cuatro publicaciones del Banco de España. Una primera ofrece un panorama macroeconómico reciente de España titulada “Proyecciones macroeconómicas – Diciembre 2024”. Una segunda se llama “Rasgos evolutivos de la economía española y la UE desde la pandemia” y corre a cargo de José Luis Fernández, Enrique Moral-Benito, Alberto Urtasun. La tercera versa sobre el impacto diferencial de la inflación en los ciudadanos españoles según su edad e ingresos, bajo la visión de Clodomiro Ferreira y con título “La inflación no nos afecta a todos por igual”. Por acabar, la cuarta corre a cargo de Irina Balteanu, Alejandro Fernández Cerezo, Javier Quintana en clave más internacional titulada “Dependencia de España de productos básicos de China”. Por otro lado, desde FEDEA, Julio López Laborda ha abordado el tema regional que ocupa al gobierno central y Cataluña en “Reflexiones sobre el acuerdo de financiación singular para Cataluña».

Para terminar, encontramos varios textos sobre asuntos diversos, pero con una perspectiva global.  Daniel Susskind ha publicado recientemente un artículo sobre el crecimiento sostenible y redistributivo. Por su parte, Ramesh Chandra, publicando en la Journal of Post Keynesian Economics, analiza las visiones de Schumpeter y Young sobre el crecimiento capitalista. Joseph E. Stiglitz critica el fracaso del neoliberalismo y propone un modelo que priorice el bienestar colectivo, regulaciones robustas y un Estado activo que fomente una sociedad inclusiva y sostenible en su texto “El mundo a la sombra del neoliberalismo». En cuanto al recientemente galardonado con el Premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu se recomienda la lectura de su documento “Si la democracia no favorece a los trabajadores, morirá». Por último, con el mismo énfasis institucional se ha expresado Jeffrey Frankel a través de «¿Cuáles son las causas de la prosperidad?».

Políticas económicas estructurales

Una política económica fundamentada en la tecnología. Algunas ideas sobre el informe Draghi

(por Gumersindo Ruiz Bravo de Mansilla  -Euroval y Universidad de Málaga- y  Clara Ruiz Castañer – Universidad de Málaga-)

En la parte primera de esta nota destacamos las ideas de política del Informe Draghi para dar impulso a la competitividad europea. Y en la segunda vemos su interpretación dentro del conocido enfoque de objetivos-instrumentos de Política Económica, pues plantea objetivos a diferentes niveles, sociales y económicos, y unos instrumentos o políticas para conseguirlos. Sin embargo, argumentamos que, aunque el Informe es muy útil como análisis detallado del desarrollo tecnológico y como propuesta de política para la UE, no se establece una relación formalizada entre objetivos e instrumentos y entre políticas sectoriales y horizontales. Desde luego, este tipo de relación no está en el propósito del Informe, pero, en cualquier caso, al tratarse de una propuesta que se identifica claramente con políticas para alcanzar un liderazgo tecnológico, resulta de interés analizarla desde nuestra perspectiva de Política Económica.

Parte I. Informe Draghi: Ideas para una política

“If Europe cannot become more productive, we will be forced to choose among leadership, climate responsibility, independence on the world stage, or the social model. We will have to scale back some, if not all, of our ambitions. This is an existential challenge”. 

Mario Draghi

Entre la política industrial y la digital

El Informe no parte de una visión catastrofista, pues Europa tiene una buena educación, sanidad, estado de bienestar, y un sistema financiero y economía sólida, pero es indudable que cuando nos comparamos con Estados Unidos, China o Japón, en cuestiones tecnológicas concretas, aparecen debilidades que pueden llevar a una Europa anémica, haciendo difícil compaginar los objetivos de crecimiento, empleo y bienestar social, con una economía medioambientalmente sostenible.

Por ejemplo, el gasto público en investigación y desarrollo como porcentaje del producto es similar al de Estados Unidos, pero las empresas europeas invierten poco. Del total de investigación y desarrollo (I&D) es privado el 81% en Estados Unidos, 76% en China, y sólo el 67% en la UE. Además, las empresas no abordan tecnologías punta; las tres que más invierten en Europa son Volkswagen, Mercedes Benz y Bosch, el sector del automóvil sigue siendo el primero, igual que hace 20 años, mientras que en Estados Unidos la inversión ha cambiado a tecnológicas como Alphabet, Meta, y Microsoft. En esta disyuntiva, se trataría de vincular innovación industrial con nuevas tecnologías digitales  de las que dependemos, siendo quizás el mejor ejemplo el Internet de las cosas, que une digitalización y mecánica.

 Si trasladamos esta idea a España vemos que hay una correspondencia entre la relativamente baja inversión y la baja productividad, que se asocia al factor trabajo, con unos índices de inversión en investigación y desarrollo (I&D) y productividad, de 0,75 y 52,5 para España y 1,6 y 55 para la media de EU-27. Estados Unidos está en  2,75 y 75. Sin embargo, Dinamarca con menos inversión en I&D consigue la misma productividad que Estados Unidos, y es similar en Bélgica, Suecia, Austria, y Finlandia, lo que muestra que a determinado nivel, no se trata sólo de invertir más o menos, sino en qué y cómo se invierte, lo que también  abre posibilidades a políticas económicas específicas frente al determinismo de las tecnologías digitales. En el caso de España, aunque sea un lugar común, empresas significativas dedican sus fuertes excedentes financieros no a promover tecnologías punteras (todo lo más las compran), sino al inmobiliario, o a recompra de acciones, lo que sin duda es un sesgo negativo para la innovación.

Objetivos, políticas sectoriales y horizontales

El punto de partida donde se definen los objetivos básicos hace referencia a lo siguiente: Acelerar la innovación para aumentar la productividad, reducir los precios de la energía, continuando la descarbonización y el cambio hacia una economía circular. La estrategia industrial debe apoyarse en un mercado interno más eficiente. Preservar la inclusión social es un objetivo fundamental. Todo lo anterior exige una mejor gobernanza y coordinación en el ámbito europeo.

Con respecto a la gobernanza, que coloquialmente podría decirse que consiste en poner orden en la casa Europa, hay que considerar que en Estados Unidos, Japón, o China, las decisiones son federales o de partido, de gobiernos y parlamentos únicos, aunque haya conflictos espaciales. Pero el fortalecimiento de la gobernanza en la UE requiere un plan conjunto de descarbonización, energía y competitividad, compartiendo objetivos comunes de seguridad y reducción de dependencias.

Un aspecto fundamental de la gobernanza es revisar y controlar fondos y subsidios, y el escrutinio de la toma de decisiones en parlamentos nacionales y autonómicos, para lo que una memoria semestral sería adecuada, proporcionando información común, sistemática y comparable sobre proyectos aprobados, no aprobados, en curso, y gestión de fondos europeos.

El Informe menciona lo que podemos considerar como subobjetivos, que son: Maximizar las fuentes de recursos endógenos a bajo coste. Asegurar la capacidad competitiva y el potencial de diversificación con una normativa y financiación adecuada. Crear los incentivos apropiados para atraer o retener recursos financieros aplicados a los fines anteriores. Revisar la segmentación de nuestros mercados e ir a una estructura de precios que se acerquen a los costes. Armonizar el tratamiento de impuestos y ayudas, sobre todo para sectores expuestos a la competencia exterior.

El Informe utiliza un enfoque convencional de política económica, cruzando políticas sectoriales y horizontales. Las sectoriales son: Energía. Materias primas críticas. Digitalización y tecnologías avanzadas de comunicaciones y cálculo. Industrias intensivas en energía. Tecnologías limpias. Automóvil. Industria de defensa. Industria espacial. Industria farmacéutica. Transporte.

Se fijan objetivos para cada una y se hacen propuestas, cruzándolas con las horizontales que son: Innovación. Formación. Inversiones. Búsqueda de una gobernanza europea más integrada y eficiente.

En la figura vemos la descomposición del crecimiento de la productividad del trabajo, como diferencia entre la UE y Estados Unidos, para el total de la economía destacan dos datos; uno, el crecimiento anual medio de productividad entre los años que se toman es casi el doble en Estados Unidos (1,2 y 0,7). Y la diferencia del crecimiento anual de productividad es algo más de 0,5 puntos porcentuales. Vemos las diferencias entre sectores, y cómo sólo en cinco de ellos es superior en la UE a Estados Unidos.

Cómo posicionarse competitivamente en tecnología

Si nos preguntamos dónde puede un país, región, o ciudad posicionarse, tenemos dos variables a considerar: una, la complejidad de la tecnología; y otra, la ventaja por proximidad a tecnologías locales existentes. De las catorce tecnologías que se analizan, la más compleja es el Internet de las cosas, porque tiene software y mecánica, y aquí China es la primera; comparando China y USA con la UE, las dos nos aventajan excepto en computación quantum, y también somos líderes, junto con China, en energías limpias. Sacamos dos ideas: una, que la lista de tecnologías nos sirve para conocer cuáles son los niveles de complejidad, y ver con qué nos atrevemos. La otra, que hay que ser realistas y valorar si nuestro entorno es o no propicio.

La UE es la zona económica más abierta del mundo, por lo que es preciso defender a nuestras empresas frente a USA y China, que cambian las reglas con cualquier pretexto, y confiar en la unidad europea, aunque ocasionalmente un sector nacional pueda sentirse perjudicado. Una fiscalidad y normativa adecuadas a la fuerte competencia exterior es también algo razonable. Se reitera en el Informe la urgencia de articular una acción colectiva para crear en Europa las condiciones para retener y atraer empresas e investigación de nivel. No se trata de incentivos fiscales con los que ingenuamente se pretende fomentar la implantación de empresas, sino de que núcleos locales empresariales, financieros y de investigación, sean un imán para las tecnológicas. Habría que dedicar, pues, todos los recursos posibles a centros de investigación aplicada en tecnologías avanzadas.

Sin embargo, las subvenciones masivas son peligrosas, como ocurre con la energía solar, donde China ha creado una sobre producción mundial. La preocupación por la dependencia energética de Europa es una constante, pues tiene efectos en la cadena de suministros, precio, inflación, y política monetaria. Por eso es importante analizar el precio de la electricidad, que depende de factores identificables, cada uno con su peso, y también susceptible de mejora. En el Informe se aclara que, por ejemplo, el mayor precio de la electricidad para las empresas en la UE, argumento habitual de la menor competitividad, no es un problema de impuestos, y se debe en más de un 50% al peor funcionamiento de las compañías en generación, compra del fuel, mantenimiento y operaciones, inversiones, y contratos desventajosos para los clientes.

En la figura vemos la posición relativa de la UE en tecnologías que van de más a menos complejidad de arriba abajo del eje vertical; y en el eje horizontal se representa la facilidad de más a menor con que puede situarse cada uno en cada tecnología, dependiendo de su capacidad de vincular tecnologías. El tamaño de los círculos representa cómo cada uno se ha especializado en las tecnologías respectivas.

Una cuestión de sobrevivencia y el impulso público

En el Informe Draghi se sostiene que la innovación y desarrollo (I&D) es una fuente de bienestar que justifica la inversión pública que se propone; se trata de una cifra colosal, de 800.000 millones de euros, a financiar en buena medida con fondos europeos, pero todo es relativo, y en Estados Unidos el programa The Inflation Reduction Act  para medio ambiente, infraestructuras y tecnología, se mide en millones de millones, y consigue atraer compañías internacionales para las acciones que se licitan. De una forma quizás algo dramática se dice en el Informe Draghi que el liderazgo tecnológico es una cuestión de sobrevivencia para Europa, y de ahí la urgencia de implementar las políticas que se presentan, y con el alcance que se propone.

Las fortalezas europeas en investigación no se reflejan en los mercados de inversión. Las tecnológicas que valen más de mil millones, llamadas unicornios, están el 66% en USA, 26% e China, y 8% en la UE; pero claro, el capital aventurero en el mundo es 52% norteamericano, 40% Chino, y 5% de la UE, de manera que las tecnológicas que empiezan financiándose en Estados Unidos, acaban mudándose a ese país. En el Informe Draghi se proponen cambios en los mercados de capitales, bolsas de valores, emisión de bonos, y dotaciones por valoración por entidades financieras y compañías de seguros, para no penalizar inversiones en compañías innovadoras, que tardan en dar resultados. En efecto, las entidades financieras no tienen incentivos para financiar proyectos que la supervisión bancaria penaliza obligando a realizar provisiones que perjudican capital y reservas y la capacidad crediticia general de la entidad. Y lo mismo ocurre con sus reservas, en la inversión por compañías de seguros.

En el Informe Draghi se insiste en que la inversión pública en I&D es alta en la UE, pero  fragmentada y sin coordinación, y sin embargo tenemos el éxito del Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN), de 1954, con 23 países miembros. La UE es referencia en la partículas físicas de alta energía y aquí se descubrió la famosa partícula Higgs Boson, uno de los misterios de la materia; no hay en todo el mundo un aparato como el Large Hadron Collider, que ha dado beneficios sociales en el tratamiento del cáncer, resolución médica de imagen, o cables superconductores; ni debemos olvidar que la familiar World Wide Web  (la www) se inventó y aplicó en Europa. Pero, por el contrario, el multimillonario programa Horizonte Europa se disuelve por países, regiones y comunidades, y sus ministerios y consejerías; de los principales núcleos de innovación en ciencia y tecnología cinco están en Asia, y el sexto en San José-San Francisco, no hay ninguno en España, y aunque es muy importante el de aeronáutica de París, y otros industriales europeos, no tienen poder de atracción suficiente en tecnologías digitales.

Es peculiar que en el Informe aparezca una llamada, que podría considerarse fuera de contexto, a que los impuestos sobre la renta deben ser reducidos para clases bajas y medias, que son las que actualmente soportan el sistema fiscal en Europa. Pero ya que el Informe tiene como base una intervención pública de envergadura, tiene sentido que se recuerde este aspecto de quién paga, en definitiva, por la innovación.

Recogemos en la figura lo que representa respecto al PIB la inversión en R&D de empresas, gobiernos, y centros de investigación, así como (parte gris) lo que viene del resto del mundo.

Regulación e innovación

Entre las muchas ideas de interés del Informe Draghi están sus reflexiones sobre la innovación tecnológica. Como información adicional y específica al tema que tratamos  hay que referirse al Global Innovation Index, 2024 (GII WIPO), para 133 países, que matiza algunas ideas del Informe Draghi, y resulta interesante para valorar nuestra situación en innovación. En este estudio España ocupa el lugar 28, ponderando temas en los que estamos peor, como las instituciones y regulación, pero también la falta de producción creativa en bienes y servicios, y digital, escasa sofisticación financiera y en comercio, y poca ambición creativa de las empresas. Y hay otras donde estamos igual o mejor que nuestro ranking medio de 28, como el capital humano, conocimiento tecnológico, y sobre todo buena infraestructura. El primer lugar del mundo es para Suiza, seguida de Suecia y USA, China es el once. La idea que sacamos y que contraponemos al Informe Draghi es que son países muy distintos, y muestra que la innovación es algo más que desregulación y competencia.

La defensa que se hace en el Informe de la posición europea sobre el medioambiente se matiza con la posibilidad de que la regulación quite capacidad competitiva y de innovación. En Europa la regulación medioambiental ha transformado la producción, la dependencia energética  y sus precios, y con todas sus contradicciones ha transformado la producción de manera irreversible. Tampoco la regulación de contenidos y monopolio de las tecnológicas puede considerarse que vaya contra la innovación, y la salvaguarda de la democracia y el interés público siempre deben ponerse por delante.

Pero no puede ignorarse lo que figura en el Informe Draghi sobre el daño de los cambios frecuentes en la legislación europea y la diferente adaptación a normas nacionales, lo que afecta principalmente a empresas pequeñas y medianas, que no disponen de los medios para el cumplimiento de exigencias regulatorias.  Y propone una Vicepresidencia de valoración del coste del flujo regulatorio, y lleve a cabo una simplificación reguladora; la implementación de un software que procese toda la información y centralice los requisitos a las empresas con una interfaz multilingüe.

En España algunas autonomías tienen dificultades para invertir fondos como los Next Generation, lo que permitiría potenciar la innovación; sin embargo, esto más que a  regulación puede deberse a una ineficaz organización y procesos deficientes. Como parte de una política más eficaz, desde el Ministerio de Economía se sugiere que los gobiernos autonómicos cedan competencias y que la gestión se centralice; pero más fácil será que los países acuerden proyectos de innovación institucionales europeos, directamente financiados por fondos europeos. En este sentido, también desde España, se ha propuesto formar coaliciones de unos pocos países en la UE interesados en proyectos de innovación, que rompa la inercia burocrática que los lastra.

La innovación en el ámbito de la Unión Europea hay que entenderla en el respeto a derechos fundamentales como la información o la salud, protección del consumidor en precios y calidad, competencia justa, y seguridad nacional. Todo esto implica regulación, que puede verse como una restricción o impulsando la innovación sostenible y socialmente útil; pero no es cierto que pueda establecerse una relación lineal entre menos regulación y más innovación.

La Universidad y la tecnología

Destaca en el Informe que la situación europea en la competencia mundial exige mejorar muy significativamente la calidad de la investigación. Los problemas de la Universidad son conocidos: dispersión de medios, escasos centros de muy alto nivel, y una excesiva dedicación a la enseñanza, sin la atención adecuada a investigación de alto nivel.  Si esto se aplica a la diversidad de países que forman la Unión Europea, resulta difícil que se alcance la densidad y número de centros de calidad que serían necesarios.   

En el Informe se menciona la falta de atractivo de la Universidad para personas con talento, con posiciones precarias y mal remuneradas, carreras profesionales lentas, y con escaso desarrollo al final, carga administrativa y docente injustificables, y un ambiente de trabajo e infraestructuras de investigación inadecuadas. Las universidades son pobres, no tienen capacidad ni libertad de contratar, no tienen propiedades ni participan en proyectos y empresas que puedan tener una rentabilidad.

Los indicadores que se suelen tomar son las patentes y las publicaciones, pero ambos tienen defectos en cuanto a su efectiva relación con el desarrollo y aplicación del conocimiento a la producción pública y privada. Hay un hecho fundamental en el escaso desarrollo de tecnología por parte de compañías y el propio sector público en la Universidad.

Poner la investigación e innovación en el centro de las prioridades estratégicas de la UE implica lo siguiente: Enfocar la actividad hacia lo mejor, no la cantidad, a la excelencia en la educación, talento, infraestructura de investigación y presencia accionarial en empresas. Una organización apropiada a lo anterior. Enfocar la actividad en el valor que se añade a la producción. Una escala adecuada, lo que debería llevar a una integración de centros, y no a más dispersión. Apertura a una cooperación global, entendiendo que las posibilidades que se abren no son exclusivamente Estados Unidos y China.

En el Informe se explicita que la investigación debe ir junto con los valores europeos que son: Protección de derechos humanos (en las cadenas de valor). Proteger la norma de la ley y de la democracia (muy significativo en el ámbito de las tecnologías digitales). Integridad y ética en la investigación (como un compromiso entre la responsabilidad social de las compañías y la Universidad). Diversidad, inclusión, igualdad de género (prácticas que pueden considerarse extendidas). Acceso abierto a la ciencia, publicaciones científicas, datos (lo que plantea conflictos en algunos campos de la investigación cuando hay posiciones de oligopolio).

Por último, pero no menos importante, toda innovación relevante ha surgido siempre de investigación básica en el sector público o con su apoyo, y  otra cosa es el desarrollo comercial de la tecnología. En el Informe Draghi se explicita el carácter inclusivo de sus propuestas, sin ignorar el carácter social de la inversión pública, que de tantas maneras la hace posible. La innovación tiene sentido cuando proporciona una prosperidad compartida; se comparten y cubren los costes de transición entre industrias; los de la nueva formación necesaria; y se mira la cohesión geográfica. El modelo tecnológico-social de Suecia, que se menciona, va desde la investigación aplicada, protección social de los investigadores jóvenes, y provisión de vivienda.

Parte II. Los objetivos que se proponen y los instrumentos para alcanzarlos

“The central question of economic policy both qualitative and quantitative is the question of the effectiveness of its various instruments”,

 Jan Tinbergen (1952)

Toma de decisiones: de Jan Tinbergen a otros premios Nobel

Dentro de las limitaciones de esta breve nota podemos comentar el sentido de las propuestas del Informe Draghi y la forma de implementación. Es difícil discrepar del sentido que el Informe da a la mejora en la competitividad europea; los intereses diferentes entre países y sectores, protección sectorial y apertura exterior, independencia y seguridad en algunas producciones o confianza en los mercados internacionales, pueden encontrar acuerdos en el marco de una política común con un apoyo público efectivo, y alineamiento de intereses empresariales. Sin embargo, estando de acuerdo con el relato del Informe, no dejan de plantearse dudas sobre la forma en que se cuantificarían las medidas a tomar, y cuál sería su efecto probable sobre los objetivos que se proponen. Incluso podríamos considerar que las líneas de secuencia o aplicación simultánea de acciones, son válidas, aunque no se detalle.

La relación entre objetivos e instrumentos en Política Económica se establece por primera vez por Jan Tinbergen (1952), influido por Ragnar Frisch en la formalización de toma de decisiones; ambos economistas compartieron el primer premio Nobel de Economía, aunque el motivo por el que se les concedió era el desarrollo de modelos dinámicos para analizar los procesos económicos. Las ideas de Tinbergen fueron debatidas en su momento y cuestionadas por lo que implicaban de planificación de la economía frente a la tendencia dominante de regulación por el mercado. También se cuestionaba su planteamiento ajeno a la tendencia dominante de valorar las políticas por su efecto sobre el bienestar, en funciones que carecían de aplicación práctica y eran arbitrariamente establecidas para mostrar el carácter subóptimo y por tanto ineficiente de las políticas públicas. Puede verse sobre el particular Ruiz, G. (1976a, 1976 b,1975 y 1971).

Como puede observarse, se plantea por separado la posible congruencia de diferentes instrumentos con relación al objetivo, y de los distintos objetivos entre sí. Tinbergen trabaja, pues, con relaciones de un objetivo y un instrumento, seleccionando la relación que a priori pueda ser efectiva. Aunque un enfoque muy limitado, no deja de ser útil para conocer relaciones estructurales entre variables objetivos e instrumentos, y efectuar simulaciones.

La teoría de la política económica en este sentido puede verse en la obra de premios Nobel que se citan a continuación, entre los que no incluimos los análisis teóricos sobre equilibrios macroeconómicos. Así, Stigler, analiza los efectos no deseados de la regulación pública en industrias y mercados; Buchanan, las restricciones constitucionales a intervenciones de política económica; los efectos aceptables, no óptimos, de políticas, entre ellas la industrial, están en Stiglitz y Tirole; y políticas basadas en experimentos, evaluación de políticas públicas aislando el efecto de otras relaciones causales, en los trabajos de Banerjee, Duflo, y Kremer.  Ver Ruiz, G. (2024).

El precio de la electricidad, objetivo y políticas en el Informe Draghi

El precio comparativamente elevado de la energía en al UE, y su volatilidad, que impacta en sectores productivos, resta competitividad, y presiona la inflación y los tipos de interés, es un objetivo prioritario en el Informe.

Como políticas que podrían seguirse para abaratar la energía están las acciones sobre las causas que provocan el encarecimiento:

• Dependencia de la UE de las importaciones de gas y exposición a mercados especulativos. Se insinúan políticas comunes, mencionando que en países con dependencias similares como Corea o Japón, las compañías y organizaciones estatales controlan los precios de importación
• Impacto de precios marginales del gas y el carbón sobre la formación del precio de la electricidad. Esto se palió en España desvinculando los precios
• Diferentes redes y formas de generación entre países de la UE, lo que sugiere más interdependencia
• Deficientes soluciones contractuales que reducen la ventaja de las fuentes de energía, como ocurre con la diferencia entre lo que las compañías cobran y pagan a los clientes que generan energía
• Precios muy altos del carbón
• Alta volatilidad y mercados financieros no trasparentes para la energía
• Cuellos de botella físicos en la red que pueden aumentar en la transición energética
• Proceso lento e incierto para las nuevas instalaciones y redes
• Altos y heterogéneos subsidios e impuestos

Sobre todos estos puntos se proporciona información comparable para los países de la UE.

Desde la perspectiva del análisis tipo Tinbergen, y aunque se sofisticara el cálculo estadístico, el problema se definiría como una relación entre el objetivo y cada uno de estos puntos, intentando establecer qué efecto tendría, por ejemplo, una armonización de impuestos, en el precio de la electricidad de cada país. Esto sería un análisis tipo cross section, donde para cada país y un número de períodos se calcularía la relación entre una serie temporal del precio de la electricidad y el tipo del impuesto. A partir de aquí se determinaría el tipo impositivo eficiente para la reducción del precio. Es, sin duda, un análisis simplista, con las limitaciones del enfoque de un objetivo y un instrumento, y aunque se realizara el mismo análisis, uno a uno, para todos los instrumentos, no recogería necesariamente la dinámica futura del precio.

El estimador Arellano-Bond

Mucho más sofisticado es el conocido análisis que desarrolló en su día Manuel Arellano, Arellano, M. (2018). Los autores plantean una cuestión de relación causal de cómo una política tiene un efecto en un resultado. Pero las políticas varían en sus efectos sobre, por ejemplo, sectores, territorios, y en el tiempo, que recoge cambios en el ámbito sobre el que se aplican las políticas, y la relación causal  que se dio en el pasado puede diferir en el futuro. Es tentador hacer depender los efectos de una política de resultados anteriores, aunque sea independiente de resultados presentes y futuros, pero no puede establecerse sin más una relación causal, por lo que se propone lo siguiente:

• Tomar muestras de resultados y remover efectos que pueden considerarse fijos, independientes de la política, para aislar el efecto de la política sobre esos resultados
• Cada desviación de la política respecto al resultado esperado se proyecta en distintos momentos, período a período, en lo que podría considerarse la historia de la política
• Se controla por variaciones no observables, que pueden considerarse permanentes, y que confunden el verdadero impacto de la política
• Se estima el coeficiente de regresión (MCO) de la desviación en los resultados sobre las desviaciones predichas de la política

Puede sintetizarse así:

No es extraño el interés que ha despertado el estimador Arellano-Bond puesto que, con todas las dificultades que conlleva estimar el efecto de una política sobre un objetivo, un resultado, plantea ingeniosamente un análisis de la historia de la relación causal, y aprendemos de relaciones que se han dado. Las implicaciones son diversas, por ejemplo, cuando queremos ver el efecto de resultados de situaciones pasadas sobre las actuales, un posible carácter exógeno sólo puede ser analizado secuencialmente.

Si tomamos el caso de la electricidad, y quisiéramos analizar el efecto de los impuestos sobre el precio, que llevaría implícito un posible efecto de la demanda y del precio, además del efecto directo, la historia de estas relaciones para períodos relativamente recientes, y también para una muestra de países en la UE. Esta es una sugerencia a explorar por nuestros jóvenes investigadores, para establecer relaciones de causalidad cuantificadas entre alguno de los objetivos que se proponen en el Informe Draghi, como reducción del coste de la energía, y políticas para producir esos resultados.

Resumen de ideas

1. El Informe Draghi plantea una cuestión que considera existencial para la UE como es la compatibilidad de objetivos de liderazgo, independencia, modelo social, que sólo puede conseguirse mediante la tecnología y aumento de la productividad.
2. Hemos dejado sin tratar temas relevantes como la demografía, sobre lo que resulta difícil actuar en el corto plazo, pero se destacan cuestiones como las relaciones entre la política industrial y la digital; y la definición de objetivos básicos que van desde acelerar la innovación a una mayor coordinación y gobernanza en la UE.
3. Se analiza la posición competitiva en tecnología; el impulso público; la regulación y la innovación; y el papel de la Universidad en el avance tecnológico. Sobre estas cuestiones se proponen reflexiones y posibles discusiones.
4. El enfoque objetivos-instrumentos ha sido secularmente tratado en la teoría de la Política Económica, y aquí recordamos el enfoque clásico de Jan Tinbergen, que analiza individualmente objetivos e instrumentos; y el estimador Arellano-Bond, que enriquece el análisis viendo relaciones por etapas entre políticas y resultados, con aplicaciones diversas para establecer relaciones causales. Como ejemplo que podría formalizarse, ponemos el objetivo de reducción del coste de la energía, y las variables de que depende, que es un tema recurrente en el Informe Draghi.

Bibliografía

Arellano, M. (2018), What does the Arellano-Bond estimator do? Class Notes, September 20.

Draghi, M. (2024), The future of European competitiveness. Part A: A Competitive strategy for Europe. Part B: In-depth analysis and recommendations, September.

Ruiz, G. (2024), La enseñanza de la economía en la obra de los premios Nobel. Presentación en la Conferencia de Decanos de Facultades de Economía, Málaga, abril.

Ruiz, G. (1975), Posibilidad de fijar objetivos a través del análisis cross section, Cuadernos de Economía, 3.8.

Ruiz, G. (1976 a), En honor de Jan Tinbergen, Cuadernos de Economía, 4, 10.

Ruiz, G. (1976 b), Fundamentos de teoría de política económica cuantitativa, Instituto de Estudios Económicos.

Ruiz, G. (1971), Encaje de los modelos econométricos en el enfoque objetivos-instrumentos relativos de política económica, Fundación Juan March, Serie Universitaria.

Tinbergen, J. (1952), On the Theory of Economic Policy, North Holland.

Políticas económicas estructurales

Actividad emprendedora y crecimiento económico 

(por Miguel-Ángel Galindo-Martín , Rafael-Sergio Pérez-Pujol –Universidad de Castilla-La Mancha- María-Teresa Méndez-Picazo –Universidad Complutense de Madrid-)

1. Introducción

Los estudios relacionados con los factores que podrían potenciar el crecimiento económico en las sociedades no habían dado gran relevancia al papel que desempeñan los empresarios y, en especial, a sus motivaciones. Por ello, la mayor parte de los análisis se fueron enfocando en los factores del entorno, más que en las intenciones y motivaciones inherentes a estos empresarios y emprendedores (Shane et al., 2003). Estas motivaciones para emprender no eran consideradas en los análisis, bien porque la literatura referente al pensamiento económico no las contemplaba, salvo en contadas ocasiones, o bien porque no existía información estadística sobre ellas.

Conforme se han ido obteniendo datos sobre este campo, se han venido realizando aportaciones, tanto teóricas como empíricas, sobre los factores que favorecen la actividad empresarial en general (por ejemplo, McMullen et al., 2008), y sus motivaciones en particular (por ejemplo, Hessels et al., 2008). Gran parte de estos estudios se han llevado a cabo para el caso de la organización de las empresas y cómo estimular las actividades que éstas estaban desarrollando, o para crear otras nuevas. Pero, desde principios del presente siglo, junto a estos estudios referidos al crecimiento de las empresas, también se han elaborado trabajos sobre cómo afecta el emprendimiento al crecimiento económico.

Desde esta perspectiva, tres son los aspectos que vamos a considerar: las características del emprendimiento, actividad empresarial y política económica y futuras líneas de investigación.

2. Características del emprendimiento

No existe una única definición de emprendimiento. En términos generales, se suele hacer referencia a diferentes características relacionadas con su actividad. Así, por ejemplo, de las ideas expuestas por Hébert y Link (1989), Bull y Willard (1993) y Lumpkin y Dess (1996), se consideraría como la capacidad y deseo por parte de los individuos para generar nuevos productos, haciendo frente a la incertidumbre existente en los mercados. Una definición más amplia surge de los estudios y análisis de Schumpeter (1911, 1942), quien contempla al emprendedor como un responsable activo que introduce nuevos o transformados bienes, servicios, organizaciones y mercados, mediante unas capacidades propias, lo que da lugar a un cambio o mejora de las economías pasando de un estado estacionario a otro. En todo este proceso, se genera un proceso de destrucción creativa abandonando lo antiguo por lo nuevo (Reinert y Reinert, 2006).

Se trata, por tanto, de una actividad en la que se tiene en cuenta las características y circunstancias de la persona que la va a llevar a cabo, los obstáculos a los que se tiene que enfrentar y la necesidad de buscar información para conseguir que los procesos de producción sean lo más eficientes posibles (Galindo y Méndez, 2011, pp. 64–65).

Teniendo en cuenta estas características, desde una perspectiva moderna, se pueden distinguir cuatro formas de comportamiento de los emprendedores:

1. Los que aprovechan las oportunidades de beneficio, aprendiendo de los errores pasados para tratar de corregirlos (Kirzner, 1973). En este ámbito, las instituciones desempeñan un papel relevante, ya que favorecen la competitividad y generan los incentivos que necesitan los emprendedores.
2. Los que hacen hincapié en el papel que tiene la incertidumbre (Knight, 1921). En este caso, prestan especial atención al entorno económico.
3. Los empresarios que buscan los medios más adecuados para incrementar sus beneficios, poder y prestigio (Baumol, 1990).
4. El empresario innovador (Schumpeter, 1911, 1942), consistente en introducir nuevos productos y procesos de producción.

3. Actividad empresarial y crecimiento económico

En cuanto al análisis de la relación entre la actividad que realizan los empresarios y la política económica, los estudios realizados en este ámbito se pueden clasificar en cuatro grupos.

En primer lugar, el que estudia la relación entre empresarios y crecimiento. Tradicionalmente los modelos de crecimiento que se habían venido desarrollando a lo largo del pasado siglo no consideraban la relación directa que existía entre ambos. Va a ser a finales del pasado siglo y, especialmente en la primera década del presente siglo, cuando surge una gran cantidad de literatura en la que se muestra la relación positiva entre la actividad emprendedora y el crecimiento económico (Audretsch, 2006; Galindo y Méndez, 2014). En términos generales, se considera que los empresarios utilizan los recursos productivos de una forma adecuada, lo que aumenta la producción del país, a la vez que introducen innovaciones que les permiten ser más competitivos. Ello supone favorecer el empleo y aumentar el bienestar social del país (por ejemplo, Alpkan et al., 2010).

En segundo lugar, una vez establecida la relación directa entre ambas variables, los estudios que se centran en la necesidad de determinar los factores que podrían afectar positivamente al emprendimiento, lo que permitiría diseñar las medidas de política económica para estimularlo y, a través de él, favorecer el crecimiento económico.

En este ámbito, se ha analizado una gran cantidad de factores: algunos de ellos tradicionales, como la innovación y el capital humano, y otros más novedosos como los comportamientos socioculturales, el papel de las instituciones, la tecnología, especialmente la transformación digital y los dividendos digitales, la gobernanza, la distribución de la renta, el crédito (King y Levine, 1993), etc. También se ha considerado el papel que desempañaban las políticas públicas a la hora de favorecer esta actividad (Castaño et al., 2016).

En tercer lugar, los que consideran la necesidad de conocer el papel que desempeña el emprendimiento según la fase en la que se encontrara la economía. En este sentido, analizan si el emprendimiento podría tener un mayor efecto a la hora de favorecer el crecimiento en una etapa de crisis que en una fase expansiva o de recuperación (Martínez et al., 2020). Ello permitiría conocer en qué momento hay que fomentar más la actividad emprendedora y diseñar el tipo de medidas que habría que adoptar según la fase en la que nos encontremos. Las estimaciones realizadas muestran que el emprendimiento juega un papel más relevante en las fases previas a la crisis que durante la crisis y en el periodo de recuperación (Galindo-Martín et al., 2021a).

En este sentido, también se ha considerado la incidencia que puede tener un tercer factor a la hora de favorecer una relación a través de los llamados efectos de moderación y mediación (Fairchild y MacKinnon, 2009). Por ejemplo, considerando el estudio de Castaño et al. (2016), se encuentra un efecto mediación del emprendimiento en la relación entre capital humano y crecimiento económico, es decir, un mayor crecimiento económico se explica por un mejor capital humano y, a la vez, por la influencia que tiene el capital humano en la actividad emprendedora, y ésta en el crecimiento económico. Por otro lado, los efectos de moderación también resultan interesantes al mostrar cómo una tercera variable puede intensificar la relación de dos variables, o cambiar el sentido de dicha relación (Fairchild y MacKinnon, 2009). Este tipo de análisis adicionales permiten mejorar la comprensión sobre la secuencia de relaciones entre variables (Nitzl et al., 2016).

Finalmente, en los últimos años se ha considerado también el papel que juegan las motivaciones y los factores que pueden influir sobre ellas. No sólo se contemplan cuestiones relacionadas con el miedo al fracaso y las expectativas, sino también otras de carácter psicológico, como la pasión emprendedora, considerada como un estímulo para llevar a cabo una nueva actividad (Vallerand et al., 2003). Según sea dicha pasión, obsesiva (relacionada con la aceptación social) o armoniosa (referente a la importancia que tiene para el individuo), las medidas de política económica, especialmente las de carácter fiscal, podrían tener un menor efecto del esperado a la hora fomentar la actividad emprendedora (Galindo-Martín et al., 2023).

4. Cuestiones de política económica

Ante la relación existente entre la actividad emprendedora y el crecimiento económico, cabe plantearse el papel que desempeñaría la política económica a la hora de incentivar dicha actividad (Castaño et al., 2016; Galindo-Martín et al., 2021b). En este sentido, los trabajos realizados en este ámbito, han indicado los efectos producidos por las políticas monetarias y fiscales. Respecto a la primera se indica que las alteraciones que se produzcan en los tipos de interés afectarán a las decisiones respecto a la creación de un nuevo negocio o de la expansión del existente, ya que en el caso de que aumentasen supondría un encarecimiento de la inversión que se tenga que realizar. En este ámbito es importante también evitar las restricciones de crédito que, también dificultaría las decisiones de inversión.

En cuanto a la política fiscal, su papel es diverso. Por un lado, las medidas tendentes a favorecer la formación del capital humano y la introducción de nuevas tecnologías, tienen un efecto positivo. Pero, por otro lado, dicho efecto se ve compensado e incluso superado en ocasiones, por el mayor endeudamiento público que, afecta negativamente a las expectativas de los emprendedores.

5. Futuras investigaciones

La evolución que experimentan las economías y la mayor disponibilidad de datos ha llevado al desarrollo de nuevas investigaciones en este campo con el fin de conocer mejor qué factores son los que tienen mayor influencia en la actividad emprendedora, lo que permitirá diseñar medidas más adecuadas para favorecerla y, a través de ella, potenciar el crecimiento económico.

En este sentido, deben considerarse, en primer lugar, los estudios por grupos de países según sus características estructurales. En segundo lugar, habría que seguir profundizando en el análisis de la pasión emprendedora y contemplar también aspectos relacionados con las emociones. En tercer lugar, debe contemplarse la inclusión de los factores culturales y socioeconómicos, ya que tienen un papel relevante en el emprendimiento. La estructura social y cultural de un país es el entorno en el que el emprendedor va a desarrollar su actividad. El adecuado clima social junto con unas instituciones sólidas son elementos esenciales para incentivar la actividad emprendedora. En este sentido, la educación, el nivel de burocracia, las tensiones sociales, etc., son factores a tener en cuenta. Y, en cuarto lugar, debe considerarse el factor tecnológico, donde también se ha empezado a analizar el papel que desempeña la inteligencia artificial.

Finalmente, desde el punto de vista cuantitativo, se presentan diversas opciones para llevar a cabo el análisis de las interrelaciones entre diferentes variables, pudiéndose considerar los efectos feedback, cíclicos y de reciprocidad. Asimismo, aspectos como los análisis de suficiencia y necesidad pueden ser una opción interesante para mejorar el diseño de políticas y priorizar medidas. Los análisis de interrelación son cada vez más necesarios para comprender mejor los comportamientos conjuntos, y las metodologías empíricas son cada vez más amplias para entender cómo se generan estas relaciones.

Bibliografía

Alpkan, L., Bulut, C., Gunday, G., Ulusoy, G., y Kilic, K. (2010). Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance. Management Decision, 48(5), 732–755. https://doi.org/10.1108/00251741011043902

Audretsch, D. B. (2006). Entrepreneurship, innovation and economic growth. Edward Elgar.

Baumol, W. J. (1990). Entrepreneurship: productive, unproductive, and destructive. Journal of Business Venturing, 11(1), 3–22. https://doi.org/10.1016/0883-9026(94)00014-X

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Castaño, M. S., Méndez, M. T., y Galindo, M. A. (2016). The effect of public policies on entrepreneurial activity and economic growth. Journal of Business Research, 69(11), 5280–5285. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.125

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Galindo-Martín, M. A., Castaño-Martínez, M. S., y Méndez-Picazo, M. T. (2021a). The role of entrepreneurship in different economic phases. Journal of Business Research, 122, 171–179. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.050

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Pro et contra…

(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

Subida de los aranceles europeos a los productos chinos

Pro…

Subida de los aranceles europeos a los productos chinos

(por Ricardo Bustillo Mesanza, Universidad de País Vasco UPV/EHU)

Desde el final de la segunda guerra mundial, hace ya ochenta años, el enfoque predominante en política comercial en la mayor parte de los países ha consistido en favorecer los intercambios, en concreto en liberalizar la circulación de bienes. El proceso de globalización económica ha sido impulsado desde entonces, no solamente por la institucionalización del sistema multilateral de comercio (GATT-OMC), sino también por los sucesivos instrumentos de integración regional que trataron de emular el éxito de las Comunidades Europeas, como son por ejemplo Mercosur o NAFTA.

Esta tendencia en el ejercicio de la política exterior no ha sido en absoluto ajena a las principales escuelas de pensamiento económico. La recomendación de liberalizar el comercio entronca con las aportaciones seminales de la Fisiocracia o autores clásicos como Smith o Ricardo, siendo la denominada “teoría convencional” el paradigma dominante tras la reformulación del modelo Ricardiano por parte de Heckscher y Ohlin. No obstante, la praxis política ha estado así mismo parcialmente influida por la doctrina mercantilista, que pretendía favorecer la actividad manufacturera de cada país con la aplicación de barreras de entrada a las importaciones, como los aranceles. Esta práctica ha sido igualmente justificada por diversos autores, como List con el argumento de la industria naciente o más adelante los teóricos de la economía del desarrollo, quienes justificaban una estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones. Posteriormente, la nueva teoría del comercio subrayó el rol de las economías de escala y las empresas multinacionales en el patrón de especialización (caracterizado por el predominio de estructuras de mercado imperfectas), sugiriendo el desempeño de una política comercial estratégica destinada a retener el máximo posible de actividad productiva dentro del país, justificando por tanto la aplicación de medidas de “defensa comercial” o apoyo estatal a la industria si fuera necesario. Por tanto, la justificación a la aplicación de aranceles pertenecerá a esta segunda vertiente de pensamiento económico.

En esta nota detallamos en primer lugar cinco argumentos a favor de la subida de los aranceles europeos a los productos chinos. A continuación, discutimos sus probables consecuencias a corto y medio plazo, dando especial relevancia al caso particular de la subida del arancel de importación aplicable a los vehículos eléctricos (VE) chinos.

Argumentos a favor de la Subida de los aranceles europeos a los productos chinos

Protección de la industria local

El gravamen de elevados aranceles a la importación queda justificado cuando se pretende defender a la producción local del aluvión de productos foráneos importados, en especial tras constatarse la pérdida de cuota de mercado local de los productos nacionales. Sí es cierto que, en numerosas ocasiones, tal pérdida se debe a su reducida competitividad, la cual ha de ser compensada por el arancel. En consecuencia, lo ideal es que se proteja la producción nacional solo temporalmente hasta que ésta haya alcanzado los estándares de competitividad y calidad del producto foráneo. Esta motivación proteccionista guarda relación con el argumento de industria naciente de List, como prueba que se siga a menudo denominando “Nascent EV Sector” al automóvil eléctrico europeo (Spisak, 2024, p.4).

Este razonamiento resulta especialmente convincente en presencia de algún fallo de mercado, por ejemplo, en el mercado de trabajo del país importador. La persistencia de altas tasas de desempleo en un territorio justificaría la imposición de alguna medida proteccionista con el objeto de mantener puestos de trabajo dentro de un sector ineficiente.

En esas circunstancias, el bienestar social consecuencia del mantenimiento del empleo puede considerarse como superior a la pérdida de eficiencia económica provocada por la medida proteccionista (la pérdida irrecuperable de eficiencia causada por el arancel), por lo que convendría en estos casos recurrir a un arancel de importación u otro instrumento similar.

Teoría del arancel Óptimo

Será positiva la aplicación de un arancel de importación cuando el país importador tenga tal dimensión que disponga de poder de mercado, operando de manera similar a un monopsonio. Fue John Stuart Mill el primero que se refirió a esta argumentación en defensa de la protección, en concreto para justificar la aplicación de un arancel a la importación.

El incremento del precio del bien inducido por el arancel puede ser compensado por un descenso del precio de importación, ya que los suministradores se verían obligados a ello si quisieran mantener el volumen previo de ventas. La consecuencia es una mejora apreciable en la relación real de intercambio del país importador, la cual puede considerarse en términos de bienestar como superior a la eficiencia perdida (de nuevo la pérdida irrecuperable de eficiencia causada por el arancel) provocada por el derecho de importación. Uno de los inconvenientes más evidentes de esta clase de argumentaciones es que solamente son válidos para casos muy puntuales, cuando el país comprador es un gran demandante de bienes. Por tanto, resultará imposible aplicarlos a la gran mayoría de las naciones y mercados, aunque la dimensión del mercado europeo podría justificar su aplicación.

Prácticas comerciales desleales y «dumping»

China ha sido acusada repetidamente de practicar el «dumping», que implica vender productos a precios inferiores a los de producción en mercados extranjeros. Esto afecta negativamente a las empresas europeas que no pueden competir con los precios artificialmente bajos impuestos por empresas chinas subvencionadas. El uso de aranceles antidumping se ha justificado como una forma de contrarrestar este comportamiento y proteger las empresas locales.

Un informe seminal de Rotunno y Ruta (2024) ha descubierto que las subvenciones a la actividad industrial en China tienen efectos indirectos transfronterizos a través del comercio. En concreto, estos autores sugieren que la subvención de actividades industriales básicas permite que los productos acabados se puedan vender a precios más competitivos, favoreciendo el crecimiento de las exportaciones en sectores considerados como prioritarios por las autoridades chinas, como los productos metálicos, el mueble y los automóviles. En estas circunstancias, se podría justificar la protección ya que la subvención forma parte de una política industrial que pretende eliminar a aquellos competidores foráneos que no disfruten de un nivel suficiente de subvenciones de explotación. El reciente auge de la política industrial entre las grandes potencias prueba la vigencia de esta tendencia. Los “Inflation Reduction Act” (IRA) y el “Chips and Science Act” en Estados Unidos, “European Green Deal” y “Digital Europe program” en la Unión Europea y el programa “Made in China 2025” en China son una prueba fehaciente del ejercicio actual de la política industrial con el objeto de subvencionar las exportaciones.

Defensa de estándares laborales y ambientales

Europa ha adoptado un enfoque más proteccionista en relación con los estándares laborales y ambientales. Las empresas chinas disfrutan de costes reducidos de producción debido a una regulación laboral y ambiental menos estricta. Para evitar que estos estándares más bajos socaven las normas europeas, algunos aranceles se interpretan como una forma de proteger tanto los derechos laborales como el medio ambiente en la UE. La Unión Europea puede emplear el instrumento de las sanciones selectivas, como mecanismo dentro de la Política Exterior y de Seguridad Común, orientado a castigar infracciones por parte de empresas o países de los estándares laborales o medioambientales. Un ejemplo de esta actuación sería la revocación del tratamiento preferencial en frontera, restableciendo por tanto la aplicación de un arancel más elevado a la importación a empresas que infrinjan los derechos laborales de los trabajadores (Portela, 2024).

Otro ejemplo de la utilización de tarifas medioambientales es la aplicación definitiva a partir de 2026 del “Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono” (MAFC) en la UE, para gravar la importación de bienes cuya producción es muy contaminante. El objetivo es el fomento de una producción industrial más limpia fuera de la UE además de igualar el tratamiento dispensado a las empresas residentes.

Estrategia geopolítica y de seguridad comunitaria

La UE busca reducir el déficit comercial con China, ya que las importaciones chinas han superado las exportaciones europeas en las últimas décadas. La aplicación de aranceles puede ser vista como un intento de equilibrar la balanza comercial y mejorar la competitividad de los productos europeos en los mercados internacionales. En consecuencia, los aranceles pueden ser una herramienta estratégica para limitar la dependencia económica europea respecto a China.

La irrupción futura de China como potencia cuasi-hegemónica sugiere plantear escenarios de confrontación con el gigante asiático, en lugar del enfoque de cooperación vigente hasta el momento presente, por lo que el endurecimiento de la política comercial representaría un primer paso en esta revisión de la estrategia europea a medio y largo plazo. Por otro lado, los problemas sufridos tras la ruptura de las cadenas de suministro desde Asia aconsejan fomentar un grado más elevado de autosuficiencia europea, en especial en ramas industriales prioritarias o vulnerables a una repentina interrupción de suministros, como los semiconductores o en el futuro la fabricación de baterías destinadas a la industria de la automoción. Se trataría de favorecer en la medida de lo posible una sustitución de importaciones por producción interna, aunque también podría tener efectos negativos en los consumidores europeos debido a precios más altos.

En referencia a la reciente aplicación de aranceles más altos a los vehículos eléctricos (VE) llegados de China, como ejemplo de una iniciativa de la Comisión Europea que no ha precisado de la petición de las empresas del sector, se justifica por considerar la importación de productos chinos como una amenaza para sectores estratégicos europeos. Se ha de mencionar que los aranceles aplicados son selectivos, esto es, de diferente cuantía a los distintos suministradores de VE en China: desde el 7,8% a Tesla al 35,3% gravado a SAIC (MG). Por el contrario, Estados Unidos y Canadá decidieron restricciones a la entrada de VE chinos mucho más severas, como el arancel del 100% de EE.UU, similar por sus efectos a una prohibición de importación. En consecuencia, la enorme capacidad exportadora china necesariamente tendría como destino prioritario la UE tras la pérdida del mercado norteamericano. El VE chino ya alcanzó en 2023 una cuota de mercado en Europa del 26%, frente al 55% de la producción local y el 19% de la correspondiente al resto del mundo.

Según la UE, la industria china del VE ha logrado reducir de forma decisiva el precio del producto final gracias a las políticas de subvenciones o incentivos fiscales destinados a abaratar el suministro de baterías, como elemento fundamental que acumula entre el 30 y el 40% del precio del VE. La manufactura china del VE se beneficia por tanto de unos inputs (incluido el Litio) con precios irrisorios en comparación con los estándares internacionales, hecho que les proporciona una ventaja competitiva imbatible.

No obstante, persisten las dudas en torno a la efectividad de las medidas proteccionistas decididas por Bruselas: se puede cuestionar que la reserva parcial del mercado doméstico impulse la competitividad del VE europeo. En concreto, parece dudoso que el arancel como está diseñado pueda ahora eliminar la brecha entre el precio europeo y el chino, que asciende según diferentes estudios al 35%. Sin embargo, al igual que sucedió con el cierre del mercado europeo al automóvil japonés el siglo pasado, los obstáculos a la importación podrán estimular los proyectos de inversión directa china en la UE, si las compañías chinas se deciden por una estrategia de inversión directa sustitutiva de exportaciones.

Bibliografía:

Portela, Clara. (2018) “Enforcing respect for labour standards with targeted sanctions”. Friedrich-Ebert-Stiftung: Singapore, 2018.

Rotunno, Lorenzo, and Michele Ruta. (2024) “Trade Implications of China’s Subsidies”. IMF Working Papers No. 2024/180. International Monetary Fund.

Spisak, Anton (2024): “The EU’s drive on China: What EV tariffs mean for Europe”. Centre for European Reform Insight.

…Et contra

Aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos: una solución demasiado simple a un problema complejo

(por Jesús Paul Gutiérrez, Universidad CEU San Pablo)

El automóvil es un sector de máxima relevancia para la industria de la Unión Europea (UE). En 2023, generaba más de 13 millones de empleos (en torno, al 7% del total de la ocupación europea), su contribución al PIB era del 7% y sus gastos en I+D representaban alrededor del 30% del total.  No obstante, este pilar fundamental de la economía europea parece tambalearse, tal y como muestran las caídas en la producción, las ventas y los beneficios, así como los anuncios de despidos o cierres de factorías en el sector.

La situación actual del sector automovilístico europeo no puede entenderse sin considerar la doble encrucijada en la que se encuentra. Por un lado, la derivada de la descarbonización y transición al coche eléctrico; por otro lado, la que representa la aparición de un competidor de la fortaleza de la industria china del automóvil eléctrico.

La UE ha establecido unos objetivos de descarbonización a corto (2025) y medio plazo (2035) con un importante impacto para el sector del automóvil. En concreto, para 2025 las emisiones de CO₂ de los vehículos vendidos por cada marca no pueden superar los 93,6 gramos/Km por vehículo, lo que supone una reducción del 21% respecto a las emisiones de 2023. Este objetivo medioambiental será muy difícil de cumplir para algunas marcas dada la escasa cuota de los coches eléctricos sobre su total de ventas, lo que les obligaría a reducir la producción de los vehículos de combustión o exponerse a importantes multas. A su vez, para 2035 se ha establecido un objetivo de cero emisiones de CO₂ de los coches y vehículos ligeros nuevos, lo que supondrá la prohibición de vender nuevos coches de gasolina y combustión en la UE. En definitiva, de forma inmediata la industria del automóvil europea debe aumentar sus ventas de coches eléctricos hasta alcanzar el 100% de sus ventas en 2035.

Es evidente que la transición hacia el vehículo eléctrico se ha iniciado claramente en la UE, como demuestra el rápido aumento en su penetración en los últimos años, habiendo pasado de representar en 2019 el 1,9% del total de vehículos vendidos, al 15% en 2023. No obstante, a pesar de este rápido aumento en la penetración del vehículo eléctrico en la UE, todavía está muy lejos del objetivo del 100% establecido para 2035.

La UE consideraba que la transición hacia este tipo de vehículo, derivada de los objetivos medioambientales, no solo reportaría importantes beneficios a ciudadanos y consumidores, sino que también favorecería al propio sector automovilístico, ya que supondría una mayor innovación en tecnologías de emisión cero, una mayor competitividad y liderazgo tecnológico y más puestos de trabajo en el desarrollo y producción de nuevas tecnologías. Sin embargo, los resultados hasta la fecha no sólo están lejos de ser los esperados, como demuestra el hecho de que la producción sigue estando claramente por debajo del nivel de prepandemia, sino que de forma creciente se generan dudas sobre el futuro del sector.

En este marco, en el que en la UE el coche eléctrico debe ir creciendo en cuota de mercado, hasta alcanzar el 100% de las ventas en 2035, ha aparecido un importante competidor: la industria automotriz china. En 2023, China era el principal productor y exportador mundial de vehículos eléctricos (VE), penetrando de una manera muy intensa en el mercado europeo. Las exportaciones chinas de VE en 2023 representaron el 23% del total mundial, siendo su principal mercado la UE, alcanzando alrededor del 40% del total de exportaciones chinas de VE. El peso de las matriculaciones de VE en la UE fabricados en China ha pasado del 0,4% en 2019 al 19,5% de 2023.

La competencia del vehículo eléctrico chino

El claro dominio a nivel mundial de la industria china del VE y su rápida penetración en la UE ha encendido todas las alarmas de las autoridades comunitarias. Así, el 4 de octubre de 2023, la Comisión Europea puso en marcha una investigación para determinar si los VE importados de China se benefician de subvenciones ilegales y si estas pueden causar un perjuicio a las empresas automovilísticas de la UE. La investigación concluyó que los subsidios masivos a la industria del automóvil china suponían una competencia desleal que daña el mercado europeo.

Por ello, en julio de 2024, la Comisión Europea impuso aranceles (derechos compensatorios) provisionales sobre las importaciones de VE procedentes de China. Esta propuesta fue ratificada el 4 de octubre de 2024 por los gobiernos de los 27 Estados miembros, y entró en vigor el 31 de octubre tras su publicación en el Boletín Oficial de la UE, por lo que los aranceles serán definitivos por un periodo de cinco años, lo cual no ha impedido que continúen conversaciones con China para alcanzar un acuerdo.

El establecimiento en la UE de elevados aranceles a las importaciones de VE procedentes de China no goza de un amplio consenso entre los Estados miembros de la UE. Así, la propuesta de la Comisión se aprobó tan solo por mayoría simple. El saldo de la votación fue de 10 países a favor del establecimiento de aranceles (entre los que se encontraban Francia e Italia), 12 abstenciones (entre ellos España) y cinco en contra (entre ellos Alemania y Hungría).

Esta falta de consenso sobre la conveniencia del establecimiento de aranceles también se da entre las propias empresas automovilísticas europeas o incluso, aunque esto sea algo habitual, entre los economistas.

Con el fin de arrojar cierta luz en el debate vamos a tratar de dar respuesta a dos cuestiones relevantes:

1ª.- ¿La preponderancia de la industria china del automóvil eléctrico y su creciente penetración en la UE responde exclusivamente a una competencia desleal basada en las subvenciones concedidas por el gobierno chino?

2ª.- ¿Los efectos beneficiosos que se pueden derivar del establecimiento de aranceles a las importaciones de VE chinos superan a sus costes? y, por tanto, ¿los aranceles son la respuesta correcta a los problemas a los que se enfrentan los productores de automóviles europeos?

El éxito de la industria china del automóvil eléctrico y su creciente penetración en el mercado mundial y, especialmente, en el mercado europeo, se basa en una conjunción de factores[1]:

1. El VE ha sido un proyecto prioritario de la política industrial y de investigación científica del gobierno chino desde hace más de tres décadas, habiendo sido objeto de numerosos planes estratégicos. La apuesta china por la industria de los vehículos eléctricos y por la movilidad eléctrica se ha plasmado en un conjunto muy amplio de medidas entre las que destacan: la electrificación del transporte público desde la década de los 2000, las restricciones a la compra, producción e importación de vehículos de combustión, el desarrollo de una densa red de puntos de recarga, o los incentivos a la compra de vehículos eléctricos, pero limitada a los fabricados en China. Esta clara y prolongada apuesta por el VE no se ha dado en la UE.
2. El control integral de la cadena de suministros del automóvil y, en especial, en la de baterías. La industria del automóvil china utiliza componentes de fabricación nacional en una proporción muy superior a la europea y en algunos casos (por ejemplo, BYD) producidos por la propia empresa. El resultado de este control local en la cadena de suministros ha posibilitado que los productores chinos tengan una clara ventaja competitiva frente a los europeos, tanto en la producción de baterías, como en la de VE.
3. La aplicación de políticas de apoyo gubernamental, a distintos niveles de gobierno, en las diferentes etapas de la producción. Según la Comisión Europea (2024), la industria china del VE se ha beneficiado de muy distintas formas de apoyo gubernamental: desde la concesión de terrenos para la instalación de fábricas en condiciones ventajosas, de ayudas financieras directas por parte del Gobierno, o de otras medidas de apoyo más indirectas, como algunas distorsiones a la competencia o la aplicación arbitraria de las leyes de quiebra.

Estos factores han hecho que China se beneficie de economías de escala, mejoras tecnológicas y ventajas en costes que no han tenido la industria automovilística europea. El resultado de todo ello es que en 2023 los precios de venta de los automóviles eléctricos a los consumidores finales en China fueron casi un 50% inferiores a los de Europa.

Aranceles: ¿la respuesta correcta?

La respuesta de la UE ante la encrucijada en la que se encuentra el sector del automóvil europeo ha sido el establecimiento de aranceles como mecanismo para restablecer la competitividad ante la supuesta competencia desleal de los productores chinos. Ahora bien, esta medida, que en principio puede considerarse adecuada para la defensa de una industria tan importante para Europa, no está exenta de efectos colaterales no deseados. Sin pretender realizar una lista exhaustiva de ellos podemos destacar:

1º.- Los aranceles a los coches eléctricos chinos supondrán un aumento en el precio final a pagar por los consumidores europeos, con la consiguiente caída en su demanda, lo que supondrá una adopción más lenta del vehículo eléctrico en Europa. Asimismo, el efecto de estos mayores precios será especialmente perjudicial para los consumidores con menor nivel de renta que verían dificultada la adquisición de un nuevo automóvil (elevando la edad media de los vehículos en circulación).

2º.- La industria del automóvil europea, al menos a corto plazo, podría verse beneficiada por los mayores precios, con el consiguiente aumento en la producción y del empleo en Europa. No obstante, la implantación de aranceles no supondrá no estar sujeto a la competencia extranjera. De hecho, uno de los mayores riesgos para la industria automotriz europea va a venir de la creciente presencia de empresas automovilísticas chinas que producen en territorio europeo (planes de inversión de BYD en Hungría o la alianza de Ebro y Chery en Barcelona). Esta inversión china en territorio europeo podría ayudar a preservar empleos en el sector y trasladar el “know-how” chino a Europa, pero supone un nuevo reto para las empresas de capital europeo.

3º.- El riesgo de que los aranceles a los coches eléctricos chinos sean el detonante de una guerra comercial con China, que conduzca a una mayor fragmentación del comercio entre la UE y China, con efectos perjudiciales más allá del sector del automóvil. Un ejemplo de ello es el anuncio por parte de China del inicio de una investigación sobre las importaciones a los productos porcinos, lácteos o brandy procedentes de la UE. Una potencial escalada de las restricciones comerciales con China podría traer consigo efectos muy negativos para el comercio y la actividad económica en Europa, dada la elevada exposición que tienen las empresas europeas, y especialmente las españolas a la importación de insumos críticos comprados en China[2].

4º.- El establecimiento de barreras arancelarias muy probablemente no sea el mecanismo adecuado para reforzar la competitividad de la industria europea en la producción de vehículos eléctricos. Por el contrario, los aranceles reducirán las presiones competitivas de los fabricantes de vehículos eléctricos de la UE, reduciendo los incentivos para moderar coste y precios y, en última instancia, innovar. Tal y como, señalaba la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil (VDA), “la competitividad se crea a través de la competencia”.

5º.- Los aranceles a los vehículos eléctricos chinos podrían ralentizar el proceso de descarbonización del transporte y dificultar el logro de los objetivos climáticos de la UE.

Conclusiones

El problema al que se enfrenta el sector del automóvil europeo es complejo y no tiene fácil solución. No obstante, el establecimiento de aranceles a las importaciones de VE chinos no es la forma adecuada de actuar si se adopta una perspectiva a medio y largo plazo. China ha adquirido una ventaja competitiva en la producción de vehículos eléctricos que no puede justificarse aduciendo que responde exclusivamente a las subvenciones del gobierno chino.

El hecho de que los productores chinos ofrezcan vehículos eléctricos de calidad similar a los europeos a unos precios mucho más bajos sólo puede revertirse fomentando la inversión e innovación, en línea con las recomendaciones propuestas en el Informe Draghi.

En un momento como el actual, en el que existe un riesgo claro de fragmentación de la economía mundial que podría tener importantes efectos negativos en cuanto a comercio y bienestar, la búsqueda de una solución negociada con China debe seguir estando presente. Los resultados de esta estrategia no serán inmediatos, pero debería ser la línea de actuación.

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[1] Para un detallado análisis del auge de la industria del automóvil eléctrico chino y de su impacto en la Unión Europea, véase Bencivelli, L. et al (2024).

[2] Un 20% de las empresas manufactureras españolas (34% de las alemanas) importan insumos críticos de China. Véase Balteanu, I. et al. (2024).

• Roubini, N. (2023): Megamenazas. Las diez tendencias globales que ponen en peligro nuestro futuro y cómo sobrevivir a ellas. Ed. Deusto.

(Por Mª Cristina Calderón, alumna máster en Política Económica y Economía Pública, Universidad de Valencia)

La primera parte se centra en la crisis de deuda mundial, a la que el autor la describe como la “madre de todas las crisis de deuda”, la demografía y errores en políticas públicas.  Según Roubini, los niveles de endeudamiento, tanto en el sector público como en el privado, han alcanzado cifras récord, y esta situación se ha agravado aún más debido a las políticas de expansión monetaria y fiscal adoptadas tras la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19. Esta crisis de deuda global podría desencadenar una recesión aún peor que la del 2008. El autor utiliza varios ejemplos históricos para ilustrar su argumento, uno de los más relevantes es el caso de Argentina para mostrar como los países que no controlan sus niveles de deuda se ven atrapados en ciclos de crisis y rescates, y como el mundo entero podría enfrentar una situación similar (capítulo I). Roubini hace una crítica a las políticas económicas implementadas por los gobiernos y los Bancos Centrales en las últimas décadas, que califica de irresponsables y sostiene que muchas de las decisiones que se han tomado con el objetivo de estabilizar las economías a corto plazo han creado problemas estructurales a largo plazo. Un ejemplo de esto es la política monetaria de expansión cuantitativa, que consiste en la inyección masiva de dinero en los mercados financieros para estimular la economía. Argumenta que esto solo genera una cultura de dinero barato y como resultado de ello se inflan burbujas en los precios de los activos, como la vivienda y las acciones. Estas burbujas están condenadas a estallar cuando las tasas de interés suban, lo que provocará una recisión aún más grave que la de 2008 (capítulo II). Roubini, destaca el impacto del envejecimiento poblacional e introduce el concepto de “bomba demográfica”. El envejecimiento de la población, combinado con las bajas tasas de natalidad, está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los sistemas de pensiones y salud, lo que aumenta el gasto público y, por ende, la deuda; argumentando finalmente que esta dinámica demográfica es insostenible (capítulo III).

También se centra en uno de los fenómenos más característicos de la economía moderna: la trampa del dinero fácil. Enfatiza en cómo las políticas monetarias expansivas, aplicadas para estimular el crecimiento económico y evitar recesiones, han creado un ciclo peligroso de expansión y contracción, y profundiza en un concepto económico clásico, pero devastador: la estanflación. Un escenario en el que la economía enfrenta simultáneamente estancamiento económico, alta inflación y desempleo elevado (capítulo IV y V).

En la segunda parte, se centra en cuatro grandes temas: la inestabilidad del sistema financiero global, la creciente tendencia hacia la desglobalización, los peligros de la revolución tecnológica, particularmente la inteligencia artificial (IA) y la automatización, y la nueva Guerra Fría entre China y EE.UU. Comienza explorando el colapso de la estabilidad financiera global y las crecientes crisis monetarias, señalando que la dependencia de las bajas tasas de interés ha fomentado una burbuja de activos financieros, y que cuando los Bancos Centrales se vean obligados a subir las tasas para combatir la inflación, muchas economías no podrían soportar el peso de su deuda, y los llevaría a una serie de quiebras corporativas y soberanas (capítulo VI). Roubini también hace un análisis de la desglobalización. Sostiene que la integración económica global, que caracterizó las últimas décadas, está en retroceso. El auge del proteccionismo, impulsado por tensiones geopolíticas y comerciales, está fragmentando la economía global, lo que conllevará graves repercusiones para el comercio internacional y las cadenas de suministro. La rivalidad entre Estados Unidos y China, en particular, es una fuente de gran inestabilidad, y alerta sobre la posibilidad de una nueva Guerra Fría económica y tecnológica entre estas dos superpotencias (capítulos VII y IX). Otro de los temas cruciales que aborda Roubini es el impacto de la inteligencia artificial (IA) y la automatización. El autor advierte que la revolución tecnológica actual no solo eliminará millones de empleos, sino que también profundizará la desigualdad económica. A diferencia de revoluciones industriales anteriores, la IA podría desplazar a los trabajadores a una velocidad tan rápida que no habrá tiempo suficiente para que las economías se adapten y crean nuevos empleos (capítulo VIII). Para terminar la segunda parte, el autor presenta un panorama sombrío de los impactos del cambio climático, el cual lo aborda desde una perspectiva económica y social. El cambio climático no es solo una amenaza ambiental, sino también un multiplicador de otras crisis, como la inestabilidad política y los conflictos por recursos (capítulo X).

Finalmente, en la tercera parte (capítulo XI y XII), se enfoca en el futuro incierto y las soluciones necesarias para evitar el colapso. El autor enfatiza que la humanidad debe enfrentarse a estos problemas con urgencia y cooperación global para evitar una «gran estanflación», un escenario económico devastador que amenaza con eclipsar las crisis pasadas. Argumenta que, aunque los problemas son evidentes y las soluciones están sobre la mesa, la falta de cooperación internacional y las divisiones políticas están obstaculizando cualquier acción significativa. Los países a nivel individual están más preocupados por proteger sus propios intereses a corto plazo que por colaborar en la búsqueda de soluciones para problemas globales como el cambio climático, las pandemias o la estabilidad financiera. Roubini dedica el último capítulo a explorar las posibles soluciones que podrían evitar un futuro indeseable, sin embargo, se muestra escéptico sobre la viabilidad de estas soluciones, dada la magnitud de los desafíos y la falta de voluntad política para implementarlas, dado que sería necesario un cambio radical en las políticas económicas, sociales y ambientales. Esto incluye la implementación de políticas económicas más sostenibles, la reducción de las emisiones de carbono, y la inversión en tecnologías verdes que permitan una transición hacia una economía más respetuosa con el medio ambiente.

En esta obra Roubini refuerza su reputación como un economista dispuesto a desafiar el pensamiento convencional, entrelaza temas complejos mostrando que se refuerzan mutuamente, desde ahí recalca que lo más alarmante es la interconexión de éstos factores, la cual nos acerca a una crisis global inevitable, desestabilizando las sociedades de manera profunda y duradera. A su vez critica la falta de previsión de los gobiernos y las instituciones financieras globales, las malas decisiones políticas que exacerban los problemas en lugar de solucionarlos, y hace su análisis convincente, en gran parte debido a su capacidad para apoyarse en ejemplos históricos y en datos concretos que ilustran las consecuencias de ignorar estos problemas, proporcionando credibilidad a sus argumentos. Roubini articula cómo las fuerzas que antes impulsaban el crecimiento global, como la globalización y la innovación tecnológica, ahora se están convirtiendo en fuentes de desestabilización y ofrece un análisis sólido sobre la desglobalización. A través de ejemplos y datos actuales, muestra como la integración económica global, que había sido vista como una fuerza de progreso y estabilidad, está siendo reemplazada por una era de proteccionismo y tensiones geopolíticas, y cobra mucha relevancia en el contexto actual, donde la pandemia de COVID-19 y las tensiones entre Estados Unidos y China han demostrado los peligros de depender de un sistema global interconectado.

Por otro lado, respecto a la inteligencia artificial y la automatización, mientras que muchos expertos han destacado las ventajas de estas tecnologías, Roubini centra su atención en las consecuencias negativas que tendrán para los trabajadores y la estabilidad social, realizando una advertencia sobre el creciente poder de las empresas tecnológicas y el peligro de una mayor desigualdad global. Sin embargo, aunque Roubini es pesimista sobre las posibilidades de evitar estos escenarios, también deja una puerta abierta para la esperanza, aunque con reservas realistas, sobre la capacidad de la humanidad para tomar las decisiones necesarias antes de que sea demasiado tarde, y así ofrece una visión clara de las soluciones que podrían implementarse para mitigar estos riesgos: la cooperación internacional, la justicia económica y la sostenibilidad ambiental. No obstante, el verdadero desafío radica en generar la voluntad política y social para adoptarlas.

El libro es una advertencia urgente sobre la dirección en la que se encamina el mundo y una llamada a la acción para mitigar estas amenazas antes de que sea demasiado tarde. Si bien la obra puede ser desalentadora por su enfoque sobre las crisis, es una lectura obligada para aquellos interesados en la economía global, las políticas públicas y los desafíos que enfrenta nuestra civilización.

• Antuñano Maruri, I., y Monzón Campos, J. L. (2024): El fomento del empleo y los servicios para la atención a las personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana. CIRIEC España.

(por Isidro Antuñano Maruri, miembro de CIRIEC España)

La discapacidad intelectual o de desarrollo afecta directamente a aquellas personas con limitaciones importantes en sus habilidades para la vida diaria debidas a sus dificultades para aprender, comprender, y comunicarse. Este tipo de discapacidad es diferente a la discapacidad psíquica o mental, en la que las personas afectadas muestran trastornos en su comportamiento debido a enfer­medades como la esquizofrenia, la depresión intensa, etc. El objetivo principal del informe de CIRIEC España es el de proporcionar una imagen agregada y actualizada del sector de la discapacidad intelectual en la Comunidad Valenciana, las políticas de fomento del empleo aplicables al mismo, y la actividad económica y social resultante, en términos de nivel de empleo, ingresos, activos, valor agrega­do, productividad, recursos propios, y resultados después de impuestos. Un segundo objetivo es el análisis individual de cada una de las sesenta instituciones que componen la red asociativa de Plena Inclusión Comunidad Valen­ciana[2], aumentando la visibilidad de la aportación socioeconómica específica de cada una de ellas.

En la Comunidad Valenciana, el colectivo de personas con discapacidad intelec­tual o del desarrollo se cifra en el Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana en el año 2023 en un total de 29.753 personas, de las cuales 12.333 mujeres. Las personas con discapacidad intelectual suponían en 2023 en la Comunidad Valenciana un 9,11% del total español estimado de 326,6 miles de personas con discapaci­dad; mientras que la discapacidad intelectual suponía en la Comunidad Valenciana un 14,51% de las personas totales con discapacidad en el tramo de edad laboral que va de 16 a 64 años, inclusive. El estudio ha analizado una muestra de veintidós entidades representativas, para las cuales existen datos comparables de empleo total, empleo de mujeres, valor añadido bruto, gastos de personal, ingre­sos anuales, activos y resultados después de impuestos; datos referidos a 2022. En esta muestra representa­tiva, las formas jurídicas que adoptan las entidades son mayoritariamente asociacio­nes (quince casos), seguida de fundaciones (cinco casos) y cooperativas sin ánimo de lucro (tres casos). En dos de las asociaciones, los datos disponibles se refieren específicamente a los centros especiales de empleo que dependen de las mismas, y no a las asocaciones como tales. La suma de beneficiarios declarados por las entidades de la muestra es de 11.524 personas, esto es, unas 192 personas por asociación, como media; si bien la forma de cómputo de tales personas beneficiarias no es siempre comparable. El empleo total declarado en las entidades de la muestra es de 1.231 personas, en términos de empleo equivalentes a tiempo completo; lo que supone una ratio de personas atendidas /empleo de 9,4, y una ratio empleo /asociación de 20,5 personas.

El valor añadido bruto generado por las entidades fue en 2022 de 37,8 millones de euros, del cual un 92,99% eran gastos de personal.; lo que muestra la elevada intensidad en trabajo de las mismas, dejando apenas el 7% restante para amortizaciones del inmovilizado y para resultado después de impuestos  Los ingresos anuales en 2022 alcanzaron los 47,7 millones de euros, con un impor­te medio por persona empleada de 38,8 miles de euros, que debe cubrir tanto sueldos, salarios y cotizaciones a la Seguridad de la empresa como la compra de inputs. Los activos de las entidades de la muestra sumaban en 2022 un total de 70,7 mi­llones de euros, con una media de 55,9 miles de euros por empleo; media en la que juega un papel importante el inmovilizado material de que se disponga en cada caso.
La mayoría de las entidades de la muestra (esto es, 14 de 22) ha tenido beneficios en 2021 y 2022, mientras que en otros ocho casos se han producido pérdidas. El sumatorio neto de beneficios y pérdidas alcanza en 2022 a un total de 474,2 miles de euros, lo que supone un 0,99% del total de ingresos. Se ha comprobado que en la totalidad de los casos con beneficios después de impuestos, estos se han aplicado a reservas, asegurando así que se afectan a los fines sociales propios de las entidades.
En definitiva, el informe comentado identifica con detalle una forma de hacer economía que, como es lógico, requiere también de ingresos, gastos, cobros, pagos, activos y pasivos, como en el caso de la economía mercantil, pero que orienta todo ello a la satisfacción de las necesidades sociales no directamente cubiertas por el mercado  o por las administraciones públicas; aunque también hay que decir que tales administraciones públicas, y en ocasiones algunas empresas privadas, contribuyen en buena medida a su financiación.

[1] Antuñano Maruri, I., y Monzón Campos, J. L. (2024): El fomento del empleo y los servicios para la atención a las personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana. CIRIEC España, noviembre.

[2] https://plenainclusioncv.org/

• Josep Mª Jordán: Amar Europa. Dietario de vivencias europeas.

(por Isidro Antuñano Maruri, Miembro de CIRIEC España)

El profesor Josep Mº Jordán ha publicado recientemente un libro de análisis y memorias sobre Europa que ha titulado Amar Europa. Dietario de vivencias europeas (editorial Barlin Project SL, Valencia; 2024). Se trata de un texto que, bajo la apariencia amable de un relato personal, sencillo y bien escrito, esconde una auténtica radiografía del devenir de Europa desde mediados de los años setenta del siglo pasado hasta nuestros días. Un devenir que presenta una envolvente global de avance político, económico y social, intercalado de períodos recurrentes de duda y pesimismo.
Descubrir y redescubrir Europa es el primer capítulo de la obra, en el que nos encontramos, entre otras cosas, con la dificultad de definir qué es realmente Europa desde los puntos de vista geográfico, histórico, cultural e institucional. No es una pregunta retórica, sino crucial aún hoy en día. Desde el punto de vista geográfico, carecemos de una delimitación precisa de la Europa oriental (que no es simplemente la que hace frontera con la Unión Europea actual). Desde el punto de vista histórico, Europa carece de un símbolo unificador claro, aunque hacen este papel la reforma y contrarreforma, la revolución francesa, la revolución rusa, y la derrota del nazismo y el fascismo. Tampoco posee una representación institucional externa propia, fuera de un Consejo de Europa de actividad política testimonial, que en 2024 se compone de 46 países, entre los que no se encuentra Rusia, expulsada en 2022, ni Bielorrusia y Kazajistán, ambas con status actual de países candidatos. Además, el mito del rapto de la princesa Europa (siria de origen griego) tampoco nos ayuda mucho a encontrar una definición exacta. Igual es mejor así…


El segundo capítulo del libro se titula Sentirse parte de Europa, y corresponde al período histórico que va desde la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, hasta antes de la ampliación de la UE hacia el este. Ser parte de Europa implicaba ya compartir el largo viaje hacia el euro y hacia la cultura de la responsabilidad económica y social (a menudo confundida con la llamada austeridad); incluyendo un hito para el autor (y la Universidad de Valencia) que supuso la primera edición del Manual de Economía de la Unión Europea, dirigido por Jordán con un amplio equipo interuniversitario de colaboradores.
Tras la creación del euro (hoy ya claramente asentado en la mentalidad de los europeos no brexistas), el siguiente gran paso europeo fue el de la ampliación hacia el este, absorbiendo gran parte del antiguo cinturón protector de Rusia por su occidente. El autor titula este período como Abrazar una Europa amplia, que refiere además los sucesivos intentos de revitalizar la Unión Euromediterránea, y de dotar de contenido a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, luego Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso sí, con el contrapunto siniestro del atentado de 2001 contra las torres gemelas de Nueva York.
Dejando ya a Europa bien abrazada por su este, el siguiente capítulo del libro del profesor Jordán nos sitúa entre aproximadamente entre 2005 y 2012, un período al que titula como Amar una Europa difícil.

Tras la derrota en 2005 del proyecto de Constitución Europea, sobreviene la fuerte depresión económica mundial de 2008, con sus posteriores recortes económicos y sociales, y la alimentación subsiguiente de populismos a derecha e izquierda. Sí; una época difícil.
Lo que vendría en la década siguiente (invasión de Crimea por Rusia en 2014, con sus precuelas y secuelas, y el referéndum del Brexit en 2016) podría haber llevado al profesor Jordán a cualificar su anterior Europa difícil por algo más dramático (de hecho titula algunos pasajes puntuales como Crisis existencial en la UE, Encrucijada europea, y Etapa de recomposición); pero el europeísta convencido que es nuestro autor le lleva a titular sus escritos de este lapso histórico como Forjar una Europa esperanzada. Y me quedo con la palabra forjar, a la que la primera opción de la Real Academia Española define como dar la primera forma con el martillo a cualquier pieza de metal.


El capítulo final, en el que la forja industrial debe dar paso al torneado de piezas, está encabezado por el lema Buscar una Europa abierta y solidaria. Frente a las consecuencias de la pandemia de 2020 y de la guerra derivada de la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, Jordán pone el acento en todos los brotes verdes europeos que le salen al encuentro: desde el Fondo de Recuperación de la UE (Next Generation EU), a las nuevas prioridades del Marco financiero plurianual 2021-2027, o el Plan de Acción para la Economía Social de 2021. 
Más que un dietario personal, el libro del profesor Jordán es un dietario generacional, de congéneres maduros (como mínimo…), pero que han compartido muchos hechos, políticas e ideas.  Eso sí, los periplos que relata son privativos. Los de un alma individual comprometida y viajera, que ama Europa.

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XVII Jornadas Internacionales de Política Económica. Sevilla, 29-30 de mayo de 2025. (Información preliminar)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada III, Universidad de Sevilla

El Dr. Juan Carlos Morán Álvarez profesor titular de Política Económica del departamento de Economía Aplicada III de la Universidad de Sevilla tiene el encargo de Organizar en Sevilla, los días 29 y 30 de mayo de 2025 las XVII Jornadas Internacionales de Política Económica.
La intención es dar a estas Jornadas un objetivo complejo y único hasta el momento, pues pretende presentar los resultados de investigadores de las universidades participantes en la construcción de un nuevo paradigma de política económica centrado en el siglo XXI.
Desde julio de 2024 se presenta la apertura de un Congreso Internacional Permanente Nueva Escuela de Política Económica, con miras a presentar en las XVII Jornadas los resultados del mismo. La intención es sumar investigadores nacionales e internacionales a la construcción de dicha escuela basada, no en la escasez y la utilidad, sino en el Movimiento-dinamismo), el Esfuerzo y la Confianza (Modelo ECS-MEC). El Congreso tiene una duración inicial de un año que se cierra tras las XVII jornadas presenciales los días 29 y 30 de mayo de 2025 para concluir toda la labor desarrollada durante el año.
Durante dicho periodo se van a desarrollar actividades de promoción y producción científica en el ámbito de la ciencia de Política Económica. Entre estas actividades novedosas se incorporan las siguientes:

• Publicación periódica de actas y artículos con ISBN o DOI.
• Creación de dos repositorios con DOI, según duración, de videos cortos explicativos de las ideas de investigadores participantes en el Congreso, desarrollados por ellos y clasificados por temática específica, todos ellos, con una doble intención:
• A través de su exposición, otros investigadores pueden encontrar a personas con inquietudes en ideas o temas comunes, que además se promoverán desde el Comité Organizador, y ello permitirá contactos que tienen por objeto potenciar trabajos conjuntos entre investigadores y potenciar así la creatividad y calidad científica.
• Promover en redes sociales la producción de ideas científicas en materias diversas de Política Económica de carácter micro como macroeconómicas.
• Creación de un repositorio de citas: los participantes en el Congreso recomendarán las ideas más importantes, en formato de citas literales, de sus principales investigaciones, y aquellas que consideren de interés en su campo de investigación. Estas referencias bibliográficas se agruparán por temáticas de política económica, con el objetivo de facilitar la búsqueda de investigaciones afines a los campos de estudio de cada investigador.
• Aquellos trabajos que el comité científico considere de un impacto especialmente relevante para la Sociedad, van a recibir una promoción especial por parte del Congreso, con objeto de potenciar que los mismos puedan trascender en términos científicos y promocionarlos a premios de economía ligados a territorios concretos, a temáticas específicas o generales. La intención última es tratar de impulsar su aplicabilidad en política económica por parte de responsables de la política económica desde el punto de vista práctico.

Presentación de la Cátedra Institucional “Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana”. Encuentro de Política Económica: Nuevas tendencias de la política económica valenciana. Valencia, 28 de octubre de 2024

Organiza: Cátedra Institucional de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana

Lugar:

• Presencial: Sala Villalonga, Facultad de Economía, Universidad de Valencia
• Online: https://links.uv.es/KGXb906             
  • Código de acceso: 921352

Con motivo de la presentación de la nueva Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana se celebra el Encuentro de Política Económica sobre nuevas tendencias de política económica valenciana que pretende aglutinar tanto a los miembros y colectivos de la comunidad universitaria como a los principales agentes sociales y políticos. Esto contribuirá a presentar la cátedra como institución de dinamización social del conocimiento y del fomento e investigación de políticas económicas y sociales para contribuir en la correcta toma de decisiones y acciones políticas en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Se invita, con ello, a la participación social, mediática y académica en el evento.

Programa

9:00 – 9:15: Presentación de la Cátedra

• Antonio Sánchez Andrés, Director de la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana
• Justo Herrera Gómez, Vicerrector de Economía e Infraestructuras, Universitat de València

9:15 – 10:00: Mesa redonda: Hacia una nueva política agraria

• Lourdes Viladomiu Canela, exprofesora del Departamento de Economía Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona
• Belén Miranda Escolar, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valladolid

10:00- 10:30: Descanso

10:30 – 11:30: Mesa redonda agentes sociales: Tendencias de la política económica en la Comunidad Valenciana

• Salvador Navarro Pradas, Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV)
• Ana García Alcolea, Secretaria General de Comisiones Obreras del País Valenciano (CCOO-PV)
• Ismael Sáez Vaquero, Secretario General de Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV)

11:30: Clausura

• Antonio Sánchez Andrés, Director de la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana
• Francisco Muñoz Murgui, Decano de la Facultad de Economía, Universitat de València
• Carlos Mazón Guixot, M.H. President de la Generalitat Valenciana

II Ciclo de Seminarios de Política Económica (virtual)

Organiza: Salvador Pérez Moreno, Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, Universidad de Málaga, (sperezmoreno@uma.es) e Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá

Tras el éxito del primer Ciclo de Seminarios de la Red de Investigadores de Política Económica, celebrado a lo largo del año pasado, se abre un nuevo ciclo de seminarios para el curso 2024-2025. En los últimos años se está produciendo una importante renovación del profesorado de Política Económica en muchos departamentos y unidades docentes de la universidad española, y son muchos los profesores/as jóvenes que se están incorporando como docentes e investigadores de Política Económica. En ese sentido, y con la intención de la Política Económica siga ocupando un lugar destacado en los planes de estudio y que se continúe fortaleciendo la docencia de nuestra disciplina, desde hace algún tiempo, desde REDIPE, se viene valorando la idea de poner en marcha seminarios telemáticos deformación en Política Económica, con objeto de promover la reflexión e intercambio de ideas y opiniones para la formación de docentes e investigadores de la Política Económica, con especial interés en la formación del profesorado más joven.  Anunciamos, por tanto, el II Ciclo de Seminarios sobre Política Económica que se ha reeditado para el curso 2024/2025, y seguirá profundizando en algunas cuestiones centrales de la Política Económica, así como de sus nuevos retos. Se han planificado los siguientes: ·        

Primera sesión: Jueves 24 octubre 2024, 17:00 horas

Ponente: Francisco Pérez García (Universidad de Valencia)

Título: “Perfiles del problema de la productividad en España”Moderador: Juan Ramón Cuadrado Roura (UCJC) ·        

Segunda sesión:

Miércoles 26 febrero 2025, 17:00 horas

Ponente: Xóse Carlos Arias Moreira (Universidad de Vigo)

Título: “Calidad institucional y economía: el caso español”Moderador: Tomás Mancha Navarro (UAH) ·  

Tercera sesión:

Miércoles 7 mayo 2025, 17:00 horas

Ponente: José María Marín Quemada (UNED)

Título: “Competencia y regulación”Moderadora: Evangelina Aranda García (UCLM) 

Los seminarios serán transmitidos de forma sincrónica por Internet gracias a la colaboración del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, y serán grabados para su posterior puesta a disposición en repositorios de libre acceso. Para poder conectarse y participar en los seminarios será necesario una inscripción previa (y gratuita), siguiendo las indicaciones que se facilitan con unas dos semanas de antelación a cada uno de los seminarios por esta misma vía.

IX Encuentro de Política Económica Internacional: “Análisis de Política Económica en el ámbito internacional y estudios de caso por países”, Valencia, 28 de noviembre de 2024.

Organiza: Departamento de Economía Aplicada – UPDE, Universidad de Valencia (España)

Lugar:

• Presencial: Sala Sánchez Ayuso (Primera Planta, Facultat d’Economia, Campus dels Tarongers, Universitat de València)
• Online: Se proporcionará enlace a la plataforma de transmisión en directo.

La Universidad de Valencia se complace en anunciar la celebración del IX Encuentro de Política Económica Internacional, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre de 2024 en la Facultad de Economía. Este evento reunirá a destacados académicos y profesionales para discutir y analizar la política económica en diversos contextos internacionales, ofreciendo una visión comparativa y profunda de las medidas implementadas en diferentes países.

Este año, el encuentro se enfocará en dos temas principales: el análisis de la política económica de países como Rusia, Japón, Turquía, Marruecos, Colombia, España y Kazajistán, y la política económica en el ámbito de la educación, ofreciendo un panorama detallado y crítico de las estrategias empleadas en cada contexto.

La coordinación del evento está a cargo de la Profesora Luz Dary Ramírez Franco, quien será el punto de contacto para cualquier información adicional o consultas sobre el encuentro. Los interesados pueden comunicarse con ella a través del correo electrónico: luz.ramirez@uv.es.

Invitamos a los miembros de la comunidad académica y profesionales interesados en la política económica a participar en este encuentro.

Los trabajos que se incluirán en el anuario 2024, ya están siendo elaborados por profesores de diversas universidades nacionales e internacionales.

¡Esperamos contar con su participación en este espacio de intercambio académico y profesional!

Encuentro de Política Económica: “Los procesos de enseñanza-aprendizaje de la política económica: Desafíos y oportunidades”, Alcalá de Henares, 12 y 13 de diciembre de 2024.

Organizan: Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) y la Unidad de Política Económica. Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá

Objetivo: Proporcionar un espacio para el diálogo y la reflexión entre el profesorado universitario que imparte materias de la disciplina de Política Económica en las titulaciones oficiales, analizando los desafíos contemporáneos y las oportunidades inherentes a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se busca promover la reflexión sobre la práctica docente y evaluar los resultados derivados de la implementación de metodologías innovadoras.

Áreas temáticas de interés: Se mencionan algunas áreas temáticas que se abordarán, aunque se aceptan propuestas sobre otros tópicos afines al objetivo del evento:

• Metodologías de enseñanza-aprendizaje de la Política Económica (clase magistral, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje-servicio, método del caso, clase inversa).
• Las soft skills en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Política Económica ¿cómo lo hacemos posible?
• El uso de herramientas informáticas, nuevas bases de datos y estadísticas, y el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza y el aprendizaje de la Política Económica.
• La atención a la diversidad en las aulas, el pensamiento crítico en el aula y la integración de los objetivos de la Agenda 2030 y de las competencias para el desarrollo sostenible, entre otros retos de futuro: ¿Cómo integrarlos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Política Económica?
• …/…

Este encuentro permitirá no solo el intercambio de experiencias y prácticas docentes, sino también la exploración de nuevas perspectivas en la enseñanza de la Política Económica

Inscripciones: El encuentro será gratuito, pero tendrá plazas limitadas. Más detalles en próximas comunicaciones. Para participar activamente, contactar al correo iaes@uah.es

Encuentro de Política Económica: “Políticas de Fomento de la Actividad Emprendedora y Desarrollo Sostenible”, Albacete, 23 y 24 de enero de 2025

Organiza: Departamento de Economía Aplicada – Castilla-La Mancha

La creciente preocupación por los problemas ambientales y sociales ha puesto de relieve la importancia del desarrollo sostenible. El emprendimiento juega un papel crucial en este contexto, ya que los emprendedores contribuyen al desarrollo de nuevos productos, la exploración de nuevos mercados y la introducción de innovaciones, buscando nuevas soluciones a los retos actuales. Es fundamental identificar las variables que influyen en el emprendimiento para diseñar medidas efectivas que promuevan actividades emprendedoras y el desarrollo sostenible.

En este sentido, los fondos Next Generation EU y la política regional pueden diversificar la especialización del tejido empresarial y fomentar la innovación. Sin embargo, la Comisión Europea ha señalado que, en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, existe un conocimiento limitado sobre las oportunidades de financiación que ofrecen los Fondos Estructurales. Por lo tanto, es esencial estudiar cómo la especialización productiva y el tipo de emprendimiento pueden influir en la capacidad de las regiones para aprovechar estos fondos.

En definitiva, con la realización de este seminario se pretende alcanzar  los siguientes objetivos: en primer lugar, identificar y analizar las variables que influyen en el emprendimiento, con el fin de diseñar medidas de política económica que diversifiquen la especialización del tejido empresarial y fomenten la creación de nuevos productos y mercados, contribuyendo así al desarrollo económico y social sostenible; y en segundo lugar, debatir y proponer políticas económicas, fiscales, comerciales, de acceso al crédito, de I+D+i, y de formación y capacitación que promuevan la actividad emprendedora, facilitando un entorno favorable para el crecimiento de nuevas empresas y la generación de desarrollo sostenible.

Contacto:

María Soledad Castaño Martínez (mariasoledad.castano@uclm.es)

Inmaculada Carrasco Monteagudo (inmaculada.carrasco@uclm.es)

VI Taller de Política Económica (resultados): “Instituciones, políticas y territorio”, Granada, 13 y 14 de junio de 2024.

Organiza: Departamento de Economía Internacional y de España. Universidad de Granada. Asociación Andaluza de Ciencia Regional.

Los días 13 y 14 del pasado mes de junio tuvo lugar el VI Taller de Política Económica en la Universidad de Granada que versó sobre “Instituciones, políticas y territorio”.

El evento se inició con la bienvenida de la organización realizada por José Antonio Camacho Ballesta. Como conferencia de apertura se contó con la presencia del profesor de la Universidad de Oviedo Fernando Rubiera Morollón que también es presidente de la Asociación Española de Ciencia Regional (AECR), Director de la Cátedra para el análisis de la innovación en Asturias e investigador de REGIOlab. En concreto, la conferencia llevó el título “Desigualdades espaciales y voto antisistema en Reino Unido, Francia y España”.

Seguidamente, se sucedió una mesa redonda dividida en dos partes, pero encargada del “Marco institucional: política y gobernanza territorial”. En la primera parte, se presentaron tres trabajos por parte de Antonio Sánchez, Luz Dary, Ángel Soler y Margarita Rohr. Estas investigaciones se ocuparon respectivamente de la efectividad gubernamental y la política económica en 38 países de la OCDE entre 1992 y 2022, de la política económica y la economía de guerra rusas y del papel de la democracia en la lucha contra la desigualdad. La mesa que fue moderada por José Luís Navarro Espigares.

En cuanto a la segunda parte de esta primera mesa, siendo moderada por Manuel Hernández Peinado, se habló en la primera ponencia de las causas del reto demográfico y las posibilidades de actuación de los gobiernos provinciales con el ejemplo de Jaén (Juan Carlos Rodríguez, José Domingo y Antonio Garrido). La segunda ponencia trató sobre la digitalización para combatir el abandono poblacional en España a través del Plan de Recuperación y Resiliencia (Marcin Roman Czubala Ostapiuk y Monica Puente Regidor). Para culminar la mesa, se expuso el caso de Guadalajara sobre política de vivienda en entornos despoblados (Rubén Garrido Yserte y Maria Teresa Gallo Rivera).

Para la mañana del 14 de junio, se prepararon las tres mesas restantes del taller, seguidas de la conferencia de clausura. La segunda mesa del taller, por tanto, se refirió en general hacia las políticas de cohesión social y del mercado de trabajo. Esta misma abarcó: la política educativa (Ángel Soler Guillén), la desigualdad de género en la capacidad de compra de las familias en la Comunidad de Madrid (Isabel López Rodriguez y Maja Barac), las políticas de pobreza ante la discapacidad (Elena Bárcena Martin, Fernando Morlla Garcla y Salvador Pérez Moreno), las evaluaciones del Plan de Impulso de la Economía Social (Antonio González-Rojas) y también del Plan de Cohesión europeo (Antonella D’Agostino, Nina Drejerska, Eduardo Jiménez-Fernández, Marla Rulz-Martos y Angeles Sánchez). Además, respecto al mercado de trabajo se presentaron una evaluación sobre las políticas públicas emprendidas hacia las mujeres con estudios universitarios (Angélica Beatriz Contreras Cueva, Noé Rene Luna Plascencla, Pamela Maclas Alvarez y Nancy Maricela González Robles) y un análisis del trabajo autónomo y sus políticas (Luis Franco Sala).

A continuación, moderada por José A. Camacho Ballesta, la tercera mesa del taller insistió en la sostenibilidad y el sistema productivo, tratando temas como la política europea (Ramón Bonell Colmenero), el fomento del desarrollo sostenible (Antoni Seguí-Alcaraz), la distribución regional de inversión pública (Henry Aray y Jorge Martinez- Veguez), la política turística (Oscar Montes Pineda y Beatriz Fernández-Olit) y la de vivienda (Lorenzo Chinchilla-Mira y Rosa Mateu-Garcia).

Una cuarta mesa sirvió de clausura del taller con dos ponencias sobre los efectos de la Inteligencia Artificial sobre el trabajo (Iñaki Aliende) y sobre las políticas económicas (Ramón Bonell Colmenero).

Por último, en la misma línea temática de la última mesa redonda, la conferencia de clausura corrió a cargo de Mercedes Rodríguez Molina, Catedrática de la Universidad de Granada. Directora del Instituto Universitario de Investigación de Desarrollo Regional, hablando sobre las amenazas y oportunidades de la Inteligencia Artificial en relación con la Política Económica.

Cabe señalar que las entidades que colaboraron en la organización y desarrollo de este VI Taller de Política Económica no solo comprendieron la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Departamento de Economía Internacional y de España de la Universidad de Granada, sino que contaron con la participación de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional y del Instituto de Desarrollo Regional.

Seminarios de Política Económica (resultados)

(Organizados por la Universidad de Valencia para el curso 2023-2024 hasta octubre de 2024)

Cabe reseñar que el final del curso 2023-2024 y el inicio del 2024-2025 ha estado marcado por la puesta en marcha de la Cátedra de Política Económica y Social. La nueva cátedra es subvencionada por la Generalitat Valenciana (Consejería de Presidencia) y se ha coordinado con el Máster en Política Económica y Economía Pública y la Unidad Docente de Política Económica para la organización de eventos en el Departamento de Economía Aplicada).

• «Política económica y deporte» impartida por el Prof. José Manuel Sánchez Santos del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de A Coruña (2 de octubre de 2024). Organizado por la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana.
• «Política económica y ciudades sostenibles» impartida por la Prof. Olga González Morales, del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna (26 de septiembre de 2024). Organizado por la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana.
• «Politica de vivienda y tipo de intereses» impartida por el Prof. Gumersindo Ruiz Bravo de Masilla, de la Universidad de Málaga y de Euroval (25 de septiembre de 2024). Organizado por la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana.
• “Política Monetaria, crisis y nuevas sensibilidades de los Bancos Centrales” impartida por el Prof. Gumersindo Ruiz Bravo de Masilla, de la Universidad de Málaga y de Euroval (25 de septiembre de 2024). Organizado por el Máster de Política Económica y Economía Pública (Conferencia Inaugural) y la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana.
• «Política Turística y destinos saturados» impartida por la profesora Flora Mª Díaz Pérez del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna (19 de septiembre de 2024). Organizado por la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana.
•  «Política Económica en la Comunidad Valenciana: de la teoría a la práctica» impartido por profesor José Vicente Soler Gironés (17 de julio de 2024) Mesa Redonda. Organizado por la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana.
•  «Propuestas de política económica en España» moderada por el profesor Antonio Sánchez, con ponencias de Carlos Ochando, Luz D. Ramírez y Ferran Moncho (3 de julio de 2024). Organizado por la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana.
• “La atención a la dependencia: soluciones políticas o económicas” impartido por Mary Martínez Martínez, Directora de operaciones del Grupo Savia (29 de abril).
• “La política económica en España: ¿hacia un nuevo paradigma?” impartido por Ignacio Álvarez Peralta de la Universidad Autónoma de Madrid (26 de abril). Organizado por la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana (conferencia de clausura).
• «Enfoque Basado en los Derechos Humanos para los Recursos Naturales y el Desarrollo» impartido por el profesor Manuel Branco, Catedrático de economía de la Universidad de Évora, Portugal (24 de abril de 2024). Organizado por la Unidad de Política Económica.
• “Economía ética, salud y servicios sanitarios” impartido por Jesús Conill, Catedrático Emérito de Filosofía moral y Política en Universidad de Valencia (22 de abril de 2024). Organizado por el Máster de Política Económica y Economía Pública.
• «Política económica y deporte: modelos de financiación de los clubes deportivos«, impartido por el profesor Antonio González. (21 de febrero de 2024). Organizado por la Unidad de Política Económica.
• «Políticas de desarrollo: America Latina en el contexto de la experiencia del Este Asiático», impartido por el profesor Carlos Ramírez de la Universidad de Osaka. (8 de febrero de 2024). Organizado por la Unidad de Política Económica.

Otros eventos: “13th PhD-Student Workshop on Industrial and Public Economics (WIPE)”, Reus, 20 y 21 de Febrero de 2025

Organiza: ECO-SOS Research Center on Economics and Sustainability (Universitat Rovira i Virgili)

El Centro de Investigación en Economía y Sostenibilidad (ECO-SOS) es un centro de investigación creado en 2010 como CREIP (Centro de Investigación en Economía Industrial y Pública), que recientemente se ha volcado en temas de sostenibilidad, en línea con los intereses de investigación de sus miembros. En concreto, ECO-SOS estudia la conexión entre la sostenibilidad y las siguientes áreas de interés: economía medioambiental y climática, economía de la salud, economía regional y urbana, educación y mercado laboral, negocios e innovación, energía y  recursos naturales, organización industrial, política económica, teoría de juegos y conflictos medioambientales, y transporte y turismo.

Philip McCann se erige como orador principal del Workshop. Como actividad profesional principal es profesor de Economía urbana y regional en la University of Sheffield Management School. También ha sido brindado asesoramiento a dos Comisarios europeos de Política Regional y Urbana, a cuatro direcciones diferentes de la OCDE y paralelamente a organismos gubernamentales y de investigación en varios países.

• Presentación de trabajos:

Los trabajos completos deberán enviarse electrónicamente en formato PDF a eco-sos@urv.cat  antes del 27 de noviembre de 2024. La primera página del documento deberá incluir el título, los autores, las afiliaciones, los datos de contacto y un breve resumen. La fecha límite para la notificación de los trabajos aceptados es el 19 de diciembre de 2024.

Más información sobre localización y alojamiento: https://www.eco-sos.urv.cat/ca/

Diez Años del Máster Oficial en Política Económica y Economía Pública (por Carlos Ochando Claramunt, Director del Máster Oficial en Política Económica y Economía Pública de la Universidad de Valencia)

Este año se ha cumplido la décima edición del máster oficial en Política Económica y Economía Pública de la Universidad de Valencia. Su primera edición fue en el curso 2014-2015. Complicado es resumir las experiencias, relaciones académicas, debates, trabajos de investigación y buenos momentos que nos ha proporcionado el máster a todos los profesores que, desde el comienzo, nos comprometimos e implicamos en su docencia. Un máster, todo hay que decirlo, que costó sacarlo adelante y que, finalmente, venció las resistencias mostradas por algunos miembros de la comunidad académica de nuestra Facultad que se autoproclamaban “celosos guardianes” de la ortodoxia económica. Ahora, creo que tanto los estudiantes que han pasado por él, como los profesores de la casa, como los profesores externos invitados e, incluso, la propia Facultad, como institución pública, se alegran, diez años después, de su existencia.

Recordemos que es el único máster que existe en el Estado español de estas características. El máster nació con la voluntad de satisfacer la demanda de profesionales cualificados en el ámbito de la intervención pública y que es requerida por diversas entidades como organismos internacionales, instituciones europeas, administración central y autonómica, ayuntamientos y diputaciones, organismos autónomos, centros de investigación, consultoras, servicios de estudios de grandes empresas y bancos, organizaciones sociales, sindicales y empresariales, ONGs, etc. Trata de ofrecer, por tanto, un programa avanzado para la formación de especialistas de alto nivel en política económica y economía pública capaces de interpretar las posibilidades y consecuencias de la intervención del Estado en la economía en un mundo globalizado y complejo como el actual. A la vista de las trayectorias laborales de muchos de nuestros egresados, creo que el objetivo se ha cumplido durante estos diez años.
En mi opinión, el máster atesora cuatro rasgos valiosos:

1. incorpora una perspectiva interdisciplinar, al integrar las dimensiones económica, política y social en el análisis de los desafíos económicos actuales. Esta interdisciplinariedad se concreta tanto en los estudiantes que se matriculan (que provienen de ramas de conocimiento diversas) como en los profesores que imparten las asignaturas;
2. tiene tanto una orientación académica-investigadora como profesional, por lo que resulta de interés para estudiantes que desean realizar una actividad investigadora/académica como para los que desean trabajar en los ámbitos político-económicos públicos, privados y mixtos. En la vertiente profesional, el máster proporciona prácticas externas en diversas instituciones públicas;
3. las líneas de docencia e investigación son plurales, variadas y, muy a menudo, derivadas del trabajo desarrollado por una plantilla docente de doctores que mantiene conexiones relevantes con grupos de investigación nacionales e internacionales y
4. organiza seminarios y reuniones con otros perfiles de profesionales y con profesores externos para ampliar el ámbito de conocimiento en las diferentes políticas públicas, y de este modo ayudar a mantener el perfil del estudiante actualizado.

El máster ha cumplido también un objetivo colateral, pero no menos importante, que ha sido la dinamización académica del Departamento de Economía Aplicada. Gracias a las conferencias y seminarios organizados por el máster, el Departamento ha gozado de una envidiable y fructífera fuente de intercambio de conocimientos y de debate que lo mantiene vivo, con ilusiones y energías renovadas.
Aprovecho esta ocasión que brinda la revista NPE para expresar públicamente nuestro agradecimiento a todos los profesores y profesoras invitadas que generosamente se han comprometido con la calidad académica del máster. Por supuesto, también al decanato de la Facultad que siempre lo ha apoyado y defendido. 


De justicia es reconocer la extraordinaria labor que hicieron los anteriores directores del máster. El primero, Raúl de Arriba, promotor, impulsor e incansable luchador para que el máster viese la luz. Solo él sabe lo que costó sacarlo adelante. Gracias, Raúl, por tu perseverancia, valentía y tenacidad. La segunda, Ángeles Tortosa, quien con su generosa dedicación y buena gestión propició su consolidación. Gracias Ángeles por tu compromiso, tu buena disposición a ayudar a los estudiantes y tu buena gestión.
Creo, sinceramente, que el máster ha resultado ser un proyecto académico exitoso. Y no solo por su excelencia académica y su defensa del pluralismo metodológico en Economía, sino por las relaciones personales que ha propiciado y facilitado. Los profesores que, desde el principio, nos implicamos en el máster siempre lo hemos considerado como la principal oportunidad (quizás la única) para crear una comunidad no solo académica, sino de amigos/as y compañeros/as que comparten ilusiones, ideales y proyectos comunes. Una comunidad de amistad. Y así lo han entendido los profesores de otras Universidades que han impartido docencia en nuestro máster.

Muchas gracias a todos ellos por entender que el proyecto del máster iba mucho más lejos que impartir unas horas de clase en una Universidad periférica del Estado español.
Por todo lo dicho, creo que en la Unidad Docente de Política Económica de la Universidad de Valencia estamos satisfechos con los resultados obtenidos.

Tenemos motivos de celebración. Diez años de una experiencia docente e investigadora que nos recuerda todos los días que no hay una sola ciencia económica y que, por supuesto, no hay una sola política económica posible. Larga vida, pues, al máster.

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés tanto para la Política Económica como para su difusión a través de la Red.


A pesar de que quizás pasó desapercibido, en octubre de 2021 el Banco de España publicó un informe sobre la evolución de la posición del FMI en torno a temas de equidad, analizando sus propuestas y recomendaciones en los últimos cincuenta años. Suscita, en este sentido, un interés imperativo a la hora de comprender cómo la composición de la institución su gerencia y sus cambios internos han modelado las políticas llevadas a cabo por sus estados miembros. A grandes rasgos, estas han comprendido primero la pobreza hasta abarcar las desigualdades económicas y sociales en la actualidad.


En clave estructural, encontramos cuatro documentos más recientes.
 Contando con la prestigiosa participación de Jonathan D. Ostry, quien ocupó durante unos años puestos en la alta dirección del FMI, el informe del pasado mayo del think-tank “Bruegel”, presenta una visión general sobre los efectos e implicaciones de las políticas de liberalización en Estados Unidos. Según los autores, el proceso de liberalización se ha desacelerado, debiéndose a causa políticas vinculadas a los cambios de gobierno, los efectos del ciclo electoralista y los tipos de reformas estructurales aplicadas.


En referencia al modelo económico europeo se publicó un texto del Real Instituto Elcano, cuya autoría asumen un grupo de economistas vinculados al mismo. Este informe, que ocupa el número 33, ofrece para este 2024 un panorama actualizado tanto de la situación de la Unión Europea a nivel internacional e interno como de las vulnerabilidades estructurales que enfrenta como actor político. Además, culmina con el establecimiento de distintas líneas a seguir para tomar medidas abarcando la política industrial, la presupuestaria y la tecnológica desde un paradigma de solidaridad entre estados y a través de instrumentos como la colaboración público-privada.


Otro informe, en este caso del Instituto McKinsey, atiende a la situación heterogénea entre distintas economías y también al estancamiento de la productividad en las economías avanzadas en su contribución al crecimiento económico. El estudio, además de contar con multitud de aparato empírico-estadístico, se enfoca en la acción política a través de la inversión en la línea de las actuales economías de vía rápida, es decir, China, India, partes de Europa central y oriental y Asia emergente.


Finalmente, una perspectiva estructural aplicada de forma local corresponde a la entrada del blog del Banco de España que se ocupa de los efectos del cambio climático, por la vía de la degradación ambiental en el área del Mar Menor y en las viviendas. El artículo expone los costes en términos de pérdidas inmobiliarias y aumentos de los precios de la vivienda; instando a la toma de medidas y aumento de la inversión en protección del medio ambiente.

Políticas económicas estructurales

Redistribución en el sistema público de pensiones español

(por Carlos Ochando Claramunt    -carlos.ochando@uv.es-, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia)

1. Introducción

Tradicionalmente, se ha aceptado que el sistema de pensiones de jubilación -profesional y contributivo- no es un instrumento óptimo para realizar la función redistributiva asignada al Estado. Algunos de los argumentos en defensa de esta tesis son los siguientes: a) el sistema de pensiones profesional no considera los recursos totales del individuo, sino únicamente su renta salarial, e ignora, por ejemplo, las rentas de capital o la riqueza; b) un sistema de pensiones de jubilación profesional y contributivo no determina sus prestaciones en función de la necesidad del individuo, sino en función de sus contribuciones pasadas y c) el sistema de pensiones redistribuye renta desde la perspectiva temporal del ciclo vital de los trabajadores y no sobre las bases de renta anual (Blanco, 1999 : 104).

Aunque es evidente que el objetivo nuclear de la Seguridad Social es la protección frente a determinados riesgos (esperados o no), igual de evidente es que su financiación y las prestaciones otorgadas a sus beneficiarios tienen claros efectos redistributivos. Tiene efectos redistributivos inmediatos (por ejemplo, sobre la renta disponible de las familias debido a las prestaciones y cotizaciones) y efectos diferidos o aplazados (debido a la adaptación de los propios agentes económicos) [1]. La potencia de estos efectos dependerá de la forma de gestión, la naturaleza de los ingresos (cotizaciones vs. aportaciones estatales) y el carácter de las prestaciones otorgadas, entre otros factores.

Barr y Diamond (2012) señalan que, a la hora de diseñar las prestaciones y el reparto de riesgos, se pueden producir multitud de efectos redistributivos. Estos efectos dependerán del diseño que realicemos en relación con cuestiones como: a) la indexación de las pensiones (los mecanismos de revalorización) según los precios, los salarios o una media ponderada de ambos y b) los ajustes de los sistemas de pensiones en el tiempo debidos a la mayor esperanza de vida, a los cambios en la fuerza de trabajo y a los cambios en los riesgos sociales   [2].

2. El diseño

El diseño de los sistemas públicos de pensiones suele incorporar mecanismos redistributivos para hacerlo más progresivo, lo que acaba distorsionando el criterio de justicia individual contributiva. Ningún sistema púbico adopta un criterio estrictamente contributivo. En el caso español, sin duda, también es así. El Cuadro 1 muestra cuatro instrumentos normativos que tienen efectos redistributivos: los límites a la contributividad, la ampliación de los beneficios sociales, la revalorización de las pensiones y la reducción de la brecha de género.

3. Los resultados.

Existe ya bastante evidencia empírica sobre los efectos redistributivos del sistema público de pensiones, tanto intergeneracionales como intrageneracionales. Comenzando por los primeros, el sistema público español proporciona importantes transferencias intergeneracionales a favor de las primeras generaciones participantes y, en general, a favor de las generaciones pasivas de jubilados en detrimento de las poblaciones más jóvenes (Monasterio y Suárez, 1992). Este efecto es proporcionalmente mayor en las pensiones más bajas que en las más altas (Bandrés y Cuenca, 1999).

Como apuntan Devesa y Domench, (2023: 208), “la evidencia para España y para otras economías avanzadas es que la redistribución intra e intergeneracional (que financia un abultado desequilibrio actuarial) ha reducido la tasa de riesgo de pobreza y la desigualdad en la renta entre la población de 65 años o más a lo largo de la última década, desplazando el riesgo de pobreza de las personas mayores a los jóvenes”. 

En relación con los efectos redistributivos intrageneracionales, los anteriores autores señalan que existen cuatro factores que afectan este tipo de redistribución en nuestro sistema (Devesa y Domench, 2023):

1. la progresividad del sistema de pensiones (límites a la contributividad),
2. las diferencias en la esperanza de vida [3],
3. diferencias y brechas de género y
4. diferencias en las cotizaciones por sistemas diferentes.

Respecto a esta última dimensión, existe bastante evidencia para el caso español. El diseño del sistema de pensiones es redistributivo en función del régimen de afiliación, beneficiando los regímenes especiales en detrimento del régimen general (Monasterio y Suárez, 1992; Monasterio, Sánchez y Blanco, 1996; Blanco, 1999; Bandrés y Cuenca, 1999). Los distintos tipos de cotización en función del régimen, la fórmula no proporcional utilizada en el cálculo de la pensión inicial y la existencia de pensiones mínimas, implica que las cotizaciones no sean proporcionales a las bases de cotización, teniendo como consecuencia unas importantes diferencias entre las tasas de retorno obtenidas para cada régimen de pensiones (Durán, 1995). Es decir, el sistema suele favorecer los regímenes con periodos medios de cotización más cortos. En esa misma línea argumental, Jimeno (2003) demostró que el sistema español de pensiones contributivas produce un mayor grado de desigualdad que otros sistemas basados en la contribución definida o en relación con otros sistemas que consideran un periodo de cálculo laboral más extenso para el cálculo de las pensiones.

En general, existe prácticamente unanimidad, de que en el caso español las trasferencias monetarias tienen un impacto más redistributivo que las prestaciones en especie (Calero, 2001) y que las pensiones contributivas tienen importantes efectos redistributivos (Pazos y Salas,1996; Vicente y Martínez, 2009, Martínez, 2009) [4] . Ese efecto redistributivo es mayor que el que se alcanza con otras prestaciones sociales y en especie y, por supuesto, mucho mayor que el que se obtiene con los impuestos (Bandrés, 2012, Bandrés, 2023). Según Goerlich (2016), las pensiones son las transferencias monetarias con un mayor impacto redistributivo, con una reducción de la desigualdad del 21,1%, mientras que el seguro de desempleo y otras transferencias monetarias la reducen en menor proporción (8,8%).

A nivel territorial, las pensiones contributivas, en parte, reproducen la desigualdad existente entre las comunidades autónoma en sus factores diferenciales económicos y demográficos. Es decir, las desigualdades existentes entre las diferentes comunidades autónomas, explican los niveles de desigualdad existentes en el sistema de pensiones contributivo (De las Heras, 2015: 171; Montes y Onrubia, 2020).

Finalmente, parece claro que las pensiones no contributivas tienen un importante efecto redistributivo a favor de las familias de bajos ingresos debido a que su reconocimiento no está condicionado a ningún requisito de aseguramiento y contribución previa, a que su importe de cuantía uniforme para todos los beneficiarios y a que su fuente de financiación son los impuestos.

Referencias:

Bandrés, E, y Cuenca, A. (1999): Transfers in Spanish state retirement pensions. Fiscal Studies, 20 (2), pp: 205-219.

Bandrés, E. (2012): “La aritmética del Estado de bienestar en España” Ekonomiaz nº 81, pp: 38-61.

Bandrés, E. (2023): “Políticas sociales y reducción de la desigualdad en el tramo inferior de la distribución de la renta” Boletín Económico de ICE n. 3165, pp: 19-28.

Barr, N. y Diamond, P. (2012): La reforma necesaria. El futuro de las pensiones. Ed. El Hombre del Tres.  Madrid.

Blanco, A. F. (1999): Redistribucón y equidad en el sistema español de pensiones de jubilación. CES. Colección Estudios Nº 69. Madrid.

Calero, J. (2001): “La incidencia distributive del gasto público social. Análisis general y tratamiento específico de la incidencia distributive entre grupos sociales y entre grupos de edad” Documento de Trabajo P.T.N. 20/01, Instituto de Estudios Fiscales.

Coronado, J.L., Fullerton, D. y Glass, T. (2000): The Progressivity of Social Security NBER Working Paper 7520.

De las Heras, A. (2015): “La desigualdad en el sistema de pensiones contributivas de la Seguridad Social. Un análisis de la pensión media por regiones” Revista de Trabajo y Seguridad Social n. 382, pp: 131-176.

Devesa, E. y Domenech, R. (2023): “Demografía y pensiones: análisis de los efectos redistributivos” Cuadernos Económicos de ICE nº 105, pp: 197-219.

Durán, A. (1995): “Rentabilidad de lo cotizado para pensiones” Economistas nº 68.

Gil, J. y López-Casasnovas, G. (1999): Redistribution in the Spanish pension system: an approach to its life time effects, FEDEA, Working Paper nº 99.

Goerlich, F.J. (2016): Distribución de la renta, crisis económica y políticas redistributivas. Fundación BBVA, Bilbao.

Grammenos, S., Lefèbvre, M., Perelman, S. y Pestieau, P. (2006): Literature review on the redistributive effects of pension systems. Centre for European Social and Economic Policy. Final Report nº SI2.419231.

Jimeno, J. F. (2003): “La equidad intrageneracional de los sistemas de pensiones” Revista de Economía Aplicada nº 33, pp: 5-48.

Leventi, Ch., Papini, A. y Sutherland, H. (2021): “Assessing the anti-poverty effects of social

transfers: net or gross? And does it really matter?” en Guio, A-C, Marlier, E. y Nolan, B.: Improving the understanding of poverty and social exclusión in Europe. Statistical Working Paper. Eurostat.

Martínez, R. (2009): “Sector público y redistribución” Temas Actuales de Economía nº 4, pp: 412-439.

Monasterio, C. y Suárez, J. (1992): “Gasto social en pensiones” Hacienda Pública Española 120-121.

Monasterio, C., Sánchez, I. y Blanco, F. (1996): Equidad y estabilidad del sistema de pensiones español, Fundación BBV. Bilbao.

Montes, A. y Onrubia, J. (2020): “Las prestaciones monetarias y la equidad: análisis desde una perspectiva territorial” 4º Informe sobre la desigualdad en España. Fundación Alternativas.

Pazos, M. y Salas, R. (1996): “Progresividad y redistribución de las transferencias públicas” en VVAA: Las políticas redistributivas (II Simposio sobre Igualdad y distribución de la renta y la riqueza). Fundación Argentaria. Visor Ed. Madrid.

Vicente, A. y Martínez, J. (2009): “Efectos redistributivos de la política de pensiones del sistema de Seguridad Social en España” en Bote, V., Escot, L. y Fernández, J.A. (Eds.): Pensar como un economista. Homenaje al profesor Andrés Fernández Díaz. Delta Publicaciones, Madrid.

[1] Los efectos redistributivos del sistema de pensiones son múltiples y variados (distribución funcional, espacial sectorial, personal, etc.). Un buen repaso de la literatura comparada de los efectos redistributivos del sistema público de pensiones puede encontrarse en Grammenos, Lefèbvre, Perelman y Pestieau, (2006) y Leventi, Papini y Sutherland (2021).

[2] Coronado, Fullerton y Glass (2000) plantearon que el grado de progresividad de un sistema de Seguridad Social depende de cinco elementos: la renta utilizada, la existencia o no de bases máximas de cotización, el tratamiento de la unidad familiar, las diferencias entre las tasas de mortalidad por niveles de renta y la tasa de descuento temporal utilizada.

[3] Existen circunstancias ajenas al sistema que provocan efectos redistributivos como la generación al que se pertenece o la edad de fallecimiento. Las diferencias en la esperanza de vida suelen beneficiar a las mujeres y a los trabajadores de rentas más altas. También pueden producirse efectos redistributivos entre las personas casadas y solteras, en favor de las primeras o entre parejas en las que ambos cónyuges obtienen ingresos hacia parejas en las que solo uno de los cónyuges obtiene ingresos. Según algunos estudios estos efectos pueden resultar regresivos (Gil y López-Casasnovas, 1999, Blanco, 1999).

[4] No obstante, algunos trabajos contradicen esa afirmación. Por ejemplo, Blanco (1999: 144) concluye que el sistema contributivo de pensiones de jubilación no puede considerarse como redistributivo sobre la base de la renta.