Noticias 46 – Índice

27 de diciembre de 2024

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EVENTOS E INFORMACIONES

1. XVII Jornadas Internacionales de Política Económica. Sevilla, 29-30 de mayo de 2025. (anuncio)

2. Encuentro de Política Económica: “Políticas de Fomento de la Actividad Emprendedora y Desarrollo Sostenible”, Albacete, 23 y 24 de enero de 2025

3. II Ciclo de Seminarios de Política Económica (virtual). Primer Seminario: “Perfiles del problema de la productividad en España” Francisco Pérez García (Universidad de Valencia) (resultados)

4. Presentación de la Cátedra Institucional “Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana”. Encuentro de Política Económica: Nuevas tendencias de la política económica valenciana. Valencia, 28 de octubre de 2024 (resultados) 

5. IX Encuentro de Política Económica Internacional: “Análisis de Política Económica en el ámbito internacional y estudios de caso por países”, Valencia, 19 de diciembre de 2024. (resultados)

6.Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

ARTÍCULOS:

7. Políticas económicas estructurales. Una política económica fundamentada en la tecnología. Algunas ideas sobre el informe Draghi

8. Políticas económicas estructurales. Actividad emprendedora y crecimiento económico

9. Pro et contra. Subida de los aranceles europeos a los productos chinos

10. Reseñas:

Roubini, N. (2023): Megamenazas. Las diez tendencias globales que ponen en peligro nuestro futuro y cómo sobrevivir a ellas. Ed. Deusto

Antuñano Maruri, I., y Monzón Campos, J. L. (2024): El fomento del empleo y los servicios para la atención a las personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana. CIRIEC España

Josep Mª Jordán: Amar Europa. Dietario de vivencias europeas

 
 
 
 
 

Noticias 46 – 1

27 de diciembre de 2024

XVII Jornadas Internacionales de Política Económica. Sevilla, 29-30 de mayo de 2025. (anuncio)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada III, Universidad de Sevilla

Nos complace anunciar la celebración de las XVII Jornadas Internacionales de Política Económica (JIPE), que tendrán lugar de forma presencial los días 29 y 30 de mayo de 2025 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla (Andalucía, España).

Estas jornadas están abiertas a cualquier persona investigadora interesada en la Economía Aplicada y la Política Económica, y se centrarán en los siguientes ejes temáticos:

  1. Organización política, sujetos activos y limitaciones.
  2. Política estabilizadora-coyuntural.
  3. Política de desarrollo-estructural.
  4. Políticas de inclusión, igualdad y diversidad como intervenciones transversales.
  5. Efectos micro y macroeconómicos de una NO intervención.
  6. Política para impulsar/frenar las relaciones internacionales.
  7. Política económica bajo el modelo ECS-MEC: Objetivos e instrumentos.

Las jornadas se organizarán en sesiones de trabajo especializadas, donde se discutirán las comunicaciones científicas seleccionadas para cada área temática. Asimismo, se llevarán a cabo sesiones plenarias que reunirán a todas las personas participantes en torno a conferencias programadas.

Durante el evento, se realizará el lanzamiento de la iniciativa para construir una Nueva Escuela de Política Económica, vinculada al desarrollo del Congreso Internacional Permanente Nueva Escuela de Política Económica (CIPPE). Este congreso busca fortalecer la actual red de colaboración y encuentro entre investigadoras e investigadores de Política Económica.

El Comité Científico https://grupo.us.es/modeloecsmec/xvii-jornadas-internacionales-de-politica-economica/comites/ invita a presentar comunicaciones científicas en español o inglés, según las siguientes fechas clave:

  • Envío de resumen (1500 – 1700 palabras): hasta el 01-febrero-2025.
  • Inscripción anticipada: hasta el 27-marzo-2025. 240 euros o 260 euros (incluyendo la cena de gala).
  • Inscripción estándar: desde el 28 de marzo hasta el 5-abril-2025. 340 euros o 360 euros (incluyendo la cena de gala).
  • Estudiantes, becarios FPI-FPU o asemejados (requiere justificarlo): 160 euros (+ 20 euros de cena de gala en su caso).

Para más información consulte la web https://grupo.us.es/modeloecsmec/xvii-jornadas-internacionales-de-politica-economica/inicio/

o escriba al correo electrónico: cippe@us.es

¡Gracias por tu generosidad y esfuerzo por impulsar la Política Económica desde la ciencia!


Noticias 46 – 2

27 de diciembre de 2024

Encuentro de Política Económica: “Políticas de Fomento de la Actividad Emprendedora y Desarrollo Sostenible”, Albacete, 23 y 24 de enero de 2025

Organiza: Departamento de Economía Aplicada – Castilla-La Mancha

La creciente preocupación por los problemas ambientales y sociales ha puesto de relieve la importancia del desarrollo sostenible. El emprendimiento juega un papel crucial en este contexto, ya que los emprendedores contribuyen al desarrollo de nuevos productos, la exploración de nuevos mercados y la introducción de innovaciones, buscando nuevas soluciones a los retos actuales. Es fundamental identificar las variables que influyen en el emprendimiento para diseñar medidas efectivas que promuevan actividades emprendedoras y el desarrollo sostenible.

En este sentido, los fondos Next Generation EU y la política regional pueden diversificar la especialización del tejido empresarial y fomentar la innovación. Sin embargo, la Comisión Europea ha señalado que, en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, existe un conocimiento limitado sobre las oportunidades de financiación que ofrecen los Fondos Estructurales. Por lo tanto, es esencial estudiar cómo la especialización productiva y el tipo de emprendimiento pueden influir en la capacidad de las regiones para aprovechar estos fondos.

En definitiva, con la realización de este seminario se pretende alcanzar  los siguientes objetivos: en primer lugar, identificar y analizar las variables que influyen en el emprendimiento, con el fin de diseñar medidas de política económica que diversifiquen la especialización del tejido empresarial y fomenten la creación de nuevos productos y mercados, contribuyendo así al desarrollo económico y social sostenible; y en segundo lugar, debatir y proponer políticas económicas, fiscales, comerciales, de acceso al crédito, de I+D+i, y de formación y capacitación que promuevan la actividad emprendedora, facilitando un entorno favorable para el crecimiento de nuevas empresas y la generación de desarrollo sostenible.

 

Contacto:

María Soledad Castaño Martínez (mariasoledad.castano@uclm.es)

Inmaculada Carrasco Monteagudo (inmaculada.carrasco@uclm.es)


Noticias 46 – 3

27 de diciembre de 2024

II Ciclo de Seminarios de Política Económica (virtual). Primer Seminario: “Perfiles del problema de la productividad en España” Francisco Pérez García (Universidad de Valencia) (resultados)

Organiza: Salvador Pérez Moreno, Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, Universidad de Málaga, (sperezmoreno@uma.es) e Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá

El pasado jueves 24 de octubre de 2024 tuvo lugar el primer seminario del II Ciclo de Seminarios sobre Política Económica organizado por REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, bajo el título «Perfiles del problema de la productividad en España».  Dicho seminario, impartido por el profesor Francisco Pérez García (Universidad de Valencia) y moderado por el profesor Juan Ramón Cuadrado Roura (UCJC), con la colaboración técnica del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá. En su intervención, el profesor Francisco Pérez abordó en profundidad el problema de la productividad en España desde una perspectiva tanto histórica como comparada. Analizó los factores estructurales que explican los bajos niveles de productividad en la economía española, incluyendo la fragmentación empresarial, las limitaciones en la adopción tecnológica, y las carencias en formación y capital humano.  Asimismo, destacó la importancia de superar estas barreras mediante una estrategia coordinada que combine reformas políticas, una mayor colaboración entre el sector público y privado, y una apuesta decidida por la innovación y el desarrollo tecnológico. El siguiente seminario tendrá lugar el miércoles 26 de febrero de 2025 a las 17:00 horas, bajo el título «Calidad institucional y economía: el caso español», y será impartido por el profesor Xóse Carlos Arias Moreira (Universidad de Vigo), con la moderación del profesor Tomás Mancha Navarro (UAH). Puedes acceder a la grabación de este primer seminario del II Ciclo en el siguiente enlace: Perfiles del problema de la productividad en España


Noticias 46 – 4

27 de diciembre de 2024

Presentación de la Cátedra Institucional “Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana”. Encuentro de Política Económica: Nuevas tendencias de la política económica valenciana. Valencia, 28 de octubre de 2024 (resultados)

Organiza: Cátedra Institucional de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana

El pasado 28 de octubre tuvo lugar el encuentro «Nuevas tendencias de la política económica valenciana». En el acto se presentó la CÁTEDRA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA y contó con la presencia del mundo político, social y académico.

Justo Herrera Gómez (Vicerrector de Economía e Infraestructuras, UV) resaltó la función de la cátedra «para hacer de la Comunidad Valenciana una región más competitiva y atractiva para la inversión, de forma que mejore la situación de los valencianos».

A continuación, Raúl de Arriba Bueno (profesor de Política Económica de la UV) moderó la mesa académica titulada “Hacia una nueva Política Agraria”. En ella Lourdes Viladomiu (UAB) destacó que «se necesitan instrumentos que comprendan desde las entidades de acompañamiento, pasando por los motores en I+D y la promoción del agroturismo, hasta las cooperativas multiservicios».
En la misma mesa se contó con la presencia de Belén Miranda Escobar (Universidad de Valladolid), quien indicó la necesidad de utilizar la imaginación para replantear la Política Agraria Comunitaria basándose en la evaluación y en las iniciativas locales.

 Además, otra mesa articuló el diálogo entre los agentes sociales. En concreto, tomaron la palabra Constantino Calero Vaquerizo (Secretario de Organización, Unión General de Trabajadores del País Valenciano), Ana García Alcolea, (Secretaria General de Comisiones Obreras del País Valenciano) y Eva Blasco García (Presidenta de CEV-Valencia). El objetivo de este diálogo fue destacar los retos y opciones de política económica para la Comunidad Valenciana. De entre estos retos se citaron la persistencia del desempleo, la baja productividad, la baja inversión en I+D, a pesar de las mejoras conseguidas en estos ámbitos. También reseñaron la fuerte dependencia del sector terciario, los problemas de infraestructuras, la infrafinanciación, el reducido tamaño de las empresas, la deuda acumulada y la excesiva burocracia administrativa. Todo ello, lastra al sector industrial-empresarial valenciano. Además, plantearon la existencia de brechas sociales relacionadas con la expansión de los beneficios empresariales y las desigualdades económicas, que se han agudizado por la subida de los precios de la vivienda y la inflación. Pasando a las soluciones de política económica, desde el consenso y el diálogo, han indicado la necesidad de una reforma fiscal integral y del modelo de financiación autonómico. Una transición verde adaptada a la productividad y plazos empresariales también se apuntó como necesaria. De igual manera, el cambio climático y la digitalización tendrán impactos sobre el comercio, el turismo y el mercado laboral, para los que serán necesarios formación y adaptación de las formas de trabajo.

El acto cerró a cargo del decano de la Facultad de Economía, Francisco Muñoz Murgui; la Honorable Consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública Ruth María Merino Peña; el Honorable Conseller d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació José Antonio Rovira Jover; y el director de la Cátedra Antonio Sánchez Andrés. El discurso del decano se orientó hacia la posibilidad de crear retroalimentación entre la cátedra y el Máster Universitario de Política Económica y Economía Pública de la UV, para la transferencia de conocimiento, la formación y la interdisciplinariedad. Ambos Consellers de la Generalitat mostraron el interés del Gobierno Valenciano por las actividades de la cátedra. Todo ello dirigido al fortalecimiento de las políticas públicas a través de la innovación social, la creación de estrategias de acción y la colaboración. Finalmente, Antonio Sánchez puso de relieve los resultados obtenidos por la cátedra. El interés de esta institución, bajo su dirección, estriba en pasar de una economía de la contemplación a una economía de la acción, para afrontar los problemas socioeconómicos desde una perspectiva tecnopolítica.

Grabación. Código de Acceso: H!5+79!V

Nota de prensa.


Noticias 46 – 5

27 de diciembre de 2024

IX Encuentro de Política Económica Internacional: “Análisis de Política Económica en el ámbito internacional y estudios de caso por países”, Valencia, 19 de diciembre de 2024. (resultados)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada – UPDE, Universidad de Valencia (España)

El pasado 19 de diciembre se celebró el IX Encuentro de Política Económica Internacional, reuniendo una diversidad de perspectivas de Política Económica Internacional y Comparada.

El acto quedó inaugurado a través de las palabras del Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, Francisco Muñoz Murgui, del Director del Departamento de Economía Aplicada Juan Ramon Gallego Bono y de Luz Dary Ramírez, coordinadora del evento. Ambos alinearon sus discursos con el logro que supone la consolidación de este encuentro a través de sus nueve ediciones, resaltando el valor que posee crear este espacio de reflexión internacional con una gran madurez adquirida tanto en los trabajos presentados como en la estructura de estos.

Seguidamente, se dio paso a dos sesiones que se ocuparon sobre la Política Económica en Marruecos, Ecuador y Turquía, además de un tema que atañe directamente al desarrollo de los países como es la ética en el desarrollo, despliegue y uso de la inteligencia artificial. En concreto, en estas ponencias predominaron los académicos de la Universidad de Valencia.

Pasando a las dos últimas sesiones del encuentro para los casos de Colombia y México se contó con expertos de las universidades de estos países que realizaron sus exposiciones on-line. Por último, fueron dos profesores de la Universidad de Valencia quienes se encargaron de Japón y Kazajistán, además de un último para tratar el acoso escolar en España y la relación de este con el rendimiento académico y la salud mental. El acto se cerró con las palabras del Secretario de las Jornadas y del Anuario de Política Económica 2024 que se derivará del encuentro Antonio Sánchez Andrés, quien también participó en calidad de Director de la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana.

 


Noticias 46 – 6

27 de diciembre de 2024

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés tanto para la Política Económica como para su difusión a través de la Red.

En los últimos meses se han sucedido diversas publicaciones versando sobre cambios en la política económica de la actualidad. A saber, tenemos tres grupos de publicaciones. Un primer grupo en clave europea; un segundo grupo sobre cuestiones de política económica de España y un último sobre temas como el crecimiento sostenible, la desigualdad y la democracia.

Primeramente, destaca el “Boletín económico del BCE, 6/2024” que ofrece un panorama general de datos macroeconómicos sobre evolución del sector exterior, la actividad económica, los precios y costes y los mercados financieros. El informe también posee dos apartados más con artículos variados sobre temas de actualidad, tratando desde la IA, el mercado de trabajo y los salarios hasta la política monetaria, la productividad o el impacto de la actividad económica sobre la naturaleza. En segundo lugar, cabe el trabajo realizado por Emmanuel Mourlon-Druol sobre integración financiera europea y debates sobre armonización social en Europa. En tercer lugar, otra aportación destacable es la de los autores Andrew Hodge, Roberto Piazza, Fuad Hasanov a través del documento “Política Industrial de la UE y el Mercado Único”, que resulta ser un IMF Working Papers.

Para el caso español resulta interesante revisar cuatro publicaciones del Banco de España. Una primera ofrece un panorama macroeconómico reciente de España titulada “Proyecciones macroeconómicas – Diciembre 2024”. Una segunda se llama “Rasgos evolutivos de la economía española y la UE desde la pandemia” y corre a cargo de José Luis Fernández, Enrique Moral-Benito, Alberto Urtasun. La tercera versa sobre el impacto diferencial de la inflación en los ciudadanos españoles según su edad e ingresos, bajo la visión de Clodomiro Ferreira y con título “La inflación no nos afecta a todos por igual”. Por acabar, la cuarta corre a cargo de Irina Balteanu, Alejandro Fernández Cerezo, Javier Quintana en clave más internacional titulada “Dependencia de España de productos básicos de China”. Por otro lado, desde FEDEA, Julio López Laborda ha abordado el tema regional que ocupa al gobierno central y Cataluña en “Reflexiones sobre el acuerdo de financiación singular para Cataluña».

Para terminar, encontramos varios textos sobre asuntos diversos, pero con una perspectiva global.  Daniel Susskind ha publicado recientemente un artículo sobre el crecimiento sostenible y redistributivo. Por su parte, Ramesh Chandra, publicando en la Journal of Post Keynesian Economics, analiza las visiones de Schumpeter y Young sobre el crecimiento capitalista. Joseph E. Stiglitz critica el fracaso del neoliberalismo y propone un modelo que priorice el bienestar colectivo, regulaciones robustas y un Estado activo que fomente una sociedad inclusiva y sostenible en su texto “El mundo a la sombra del neoliberalismo». En cuanto al recientemente galardonado con el Premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu se recomienda la lectura de su documento “Si la democracia no favorece a los trabajadores, morirá». Por último, con el mismo énfasis institucional se ha expresado Jeffrey Frankel a través de «¿Cuáles son las causas de la prosperidad?».


Noticias 46 – 7

27 de diciembre de 2024

Políticas económicas estructurales

Una política económica fundamentada en la tecnología. Algunas ideas sobre el informe Draghi

(por Gumersindo Ruiz Bravo de Mansilla  -Euroval y Universidad de Málaga- y  Clara Ruiz Castañer – Universidad de Málaga-)

En la parte primera de esta nota destacamos las ideas de política del Informe Draghi para dar impulso a la competitividad europea. Y en la segunda vemos su interpretación dentro del conocido enfoque de objetivos-instrumentos de Política Económica, pues plantea objetivos a diferentes niveles, sociales y económicos, y unos instrumentos o políticas para conseguirlos. Sin embargo, argumentamos que, aunque el Informe es muy útil como análisis detallado del desarrollo tecnológico y como propuesta de política para la UE, no se establece una relación formalizada entre objetivos e instrumentos y entre políticas sectoriales y horizontales. Desde luego, este tipo de relación no está en el propósito del Informe, pero, en cualquier caso, al tratarse de una propuesta que se identifica claramente con políticas para alcanzar un liderazgo tecnológico, resulta de interés analizarla desde nuestra perspectiva de Política Económica.

 

Parte I. Informe Draghi: Ideas para una política

“If Europe cannot become more productive, we will be forced to choose among leadership, climate responsibility, independence on the world stage, or the social model. We will have to scale back some, if not all, of our ambitions. This is an existential challenge”. 

Mario Draghi

Entre la política industrial y la digital

El Informe no parte de una visión catastrofista, pues Europa tiene una buena educación, sanidad, estado de bienestar, y un sistema financiero y economía sólida, pero es indudable que cuando nos comparamos con Estados Unidos, China o Japón, en cuestiones tecnológicas concretas, aparecen debilidades que pueden llevar a una Europa anémica, haciendo difícil compaginar los objetivos de crecimiento, empleo y bienestar social, con una economía medioambientalmente sostenible.

Por ejemplo, el gasto público en investigación y desarrollo como porcentaje del producto es similar al de Estados Unidos, pero las empresas europeas invierten poco. Del total de investigación y desarrollo (I&D) es privado el 81% en Estados Unidos, 76% en China, y sólo el 67% en la UE. Además, las empresas no abordan tecnologías punta; las tres que más invierten en Europa son Volkswagen, Mercedes Benz y Bosch, el sector del automóvil sigue siendo el primero, igual que hace 20 años, mientras que en Estados Unidos la inversión ha cambiado a tecnológicas como Alphabet, Meta, y Microsoft. En esta disyuntiva, se trataría de vincular innovación industrial con nuevas tecnologías digitales  de las que dependemos, siendo quizás el mejor ejemplo el Internet de las cosas, que une digitalización y mecánica.

 Si trasladamos esta idea a España vemos que hay una correspondencia entre la relativamente baja inversión y la baja productividad, que se asocia al factor trabajo, con unos índices de inversión en investigación y desarrollo (I&D) y productividad, de 0,75 y 52,5 para España y 1,6 y 55 para la media de EU-27. Estados Unidos está en  2,75 y 75. Sin embargo, Dinamarca con menos inversión en I&D consigue la misma productividad que Estados Unidos, y es similar en Bélgica, Suecia, Austria, y Finlandia, lo que muestra que a determinado nivel, no se trata sólo de invertir más o menos, sino en qué y cómo se invierte, lo que también  abre posibilidades a políticas económicas específicas frente al determinismo de las tecnologías digitales. En el caso de España, aunque sea un lugar común, empresas significativas dedican sus fuertes excedentes financieros no a promover tecnologías punteras (todo lo más las compran), sino al inmobiliario, o a recompra de acciones, lo que sin duda es un sesgo negativo para la innovación.

Objetivos, políticas sectoriales y horizontales

El punto de partida donde se definen los objetivos básicos hace referencia a lo siguiente: Acelerar la innovación para aumentar la productividad, reducir los precios de la energía, continuando la descarbonización y el cambio hacia una economía circular. La estrategia industrial debe apoyarse en un mercado interno más eficiente. Preservar la inclusión social es un objetivo fundamental. Todo lo anterior exige una mejor gobernanza y coordinación en el ámbito europeo.

Con respecto a la gobernanza, que coloquialmente podría decirse que consiste en poner orden en la casa Europa, hay que considerar que en Estados Unidos, Japón, o China, las decisiones son federales o de partido, de gobiernos y parlamentos únicos, aunque haya conflictos espaciales. Pero el fortalecimiento de la gobernanza en la UE requiere un plan conjunto de descarbonización, energía y competitividad, compartiendo objetivos comunes de seguridad y reducción de dependencias.

Un aspecto fundamental de la gobernanza es revisar y controlar fondos y subsidios, y el escrutinio de la toma de decisiones en parlamentos nacionales y autonómicos, para lo que una memoria semestral sería adecuada, proporcionando información común, sistemática y comparable sobre proyectos aprobados, no aprobados, en curso, y gestión de fondos europeos.

El Informe menciona lo que podemos considerar como subobjetivos, que son: Maximizar las fuentes de recursos endógenos a bajo coste. Asegurar la capacidad competitiva y el potencial de diversificación con una normativa y financiación adecuada. Crear los incentivos apropiados para atraer o retener recursos financieros aplicados a los fines anteriores. Revisar la segmentación de nuestros mercados e ir a una estructura de precios que se acerquen a los costes. Armonizar el tratamiento de impuestos y ayudas, sobre todo para sectores expuestos a la competencia exterior.

El Informe utiliza un enfoque convencional de política económica, cruzando políticas sectoriales y horizontales. Las sectoriales son: Energía. Materias primas críticas. Digitalización y tecnologías avanzadas de comunicaciones y cálculo. Industrias intensivas en energía. Tecnologías limpias. Automóvil. Industria de defensa. Industria espacial. Industria farmacéutica. Transporte.

Se fijan objetivos para cada una y se hacen propuestas, cruzándolas con las horizontales que son: Innovación. Formación. Inversiones. Búsqueda de una gobernanza europea más integrada y eficiente.

En la figura vemos la descomposición del crecimiento de la productividad del trabajo, como diferencia entre la UE y Estados Unidos, para el total de la economía destacan dos datos; uno, el crecimiento anual medio de productividad entre los años que se toman es casi el doble en Estados Unidos (1,2 y 0,7). Y la diferencia del crecimiento anual de productividad es algo más de 0,5 puntos porcentuales. Vemos las diferencias entre sectores, y cómo sólo en cinco de ellos es superior en la UE a Estados Unidos.

Cómo posicionarse competitivamente en tecnología

Si nos preguntamos dónde puede un país, región, o ciudad posicionarse, tenemos dos variables a considerar: una, la complejidad de la tecnología; y otra, la ventaja por proximidad a tecnologías locales existentes. De las catorce tecnologías que se analizan, la más compleja es el Internet de las cosas, porque tiene software y mecánica, y aquí China es la primera; comparando China y USA con la UE, las dos nos aventajan excepto en computación quantum, y también somos líderes, junto con China, en energías limpias. Sacamos dos ideas: una, que la lista de tecnologías nos sirve para conocer cuáles son los niveles de complejidad, y ver con qué nos atrevemos. La otra, que hay que ser realistas y valorar si nuestro entorno es o no propicio.

La UE es la zona económica más abierta del mundo, por lo que es preciso defender a nuestras empresas frente a USA y China, que cambian las reglas con cualquier pretexto, y confiar en la unidad europea, aunque ocasionalmente un sector nacional pueda sentirse perjudicado. Una fiscalidad y normativa adecuadas a la fuerte competencia exterior es también algo razonable. Se reitera en el Informe la urgencia de articular una acción colectiva para crear en Europa las condiciones para retener y atraer empresas e investigación de nivel. No se trata de incentivos fiscales con los que ingenuamente se pretende fomentar la implantación de empresas, sino de que núcleos locales empresariales, financieros y de investigación, sean un imán para las tecnológicas. Habría que dedicar, pues, todos los recursos posibles a centros de investigación aplicada en tecnologías avanzadas.

Sin embargo, las subvenciones masivas son peligrosas, como ocurre con la energía solar, donde China ha creado una sobre producción mundial. La preocupación por la dependencia energética de Europa es una constante, pues tiene efectos en la cadena de suministros, precio, inflación, y política monetaria. Por eso es importante analizar el precio de la electricidad, que depende de factores identificables, cada uno con su peso, y también susceptible de mejora. En el Informe se aclara que, por ejemplo, el mayor precio de la electricidad para las empresas en la UE, argumento habitual de la menor competitividad, no es un problema de impuestos, y se debe en más de un 50% al peor funcionamiento de las compañías en generación, compra del fuel, mantenimiento y operaciones, inversiones, y contratos desventajosos para los clientes.

En la figura vemos la posición relativa de la UE en tecnologías que van de más a menos complejidad de arriba abajo del eje vertical; y en el eje horizontal se representa la facilidad de más a menor con que puede situarse cada uno en cada tecnología, dependiendo de su capacidad de vincular tecnologías. El tamaño de los círculos representa cómo cada uno se ha especializado en las tecnologías respectivas.

 

Una cuestión de sobrevivencia y el impulso público

En el Informe Draghi se sostiene que la innovación y desarrollo (I&D) es una fuente de bienestar que justifica la inversión pública que se propone; se trata de una cifra colosal, de 800.000 millones de euros, a financiar en buena medida con fondos europeos, pero todo es relativo, y en Estados Unidos el programa The Inflation Reduction Act  para medio ambiente, infraestructuras y tecnología, se mide en millones de millones, y consigue atraer compañías internacionales para las acciones que se licitan. De una forma quizás algo dramática se dice en el Informe Draghi que el liderazgo tecnológico es una cuestión de sobrevivencia para Europa, y de ahí la urgencia de implementar las políticas que se presentan, y con el alcance que se propone.

Las fortalezas europeas en investigación no se reflejan en los mercados de inversión. Las tecnológicas que valen más de mil millones, llamadas unicornios, están el 66% en USA, 26% e China, y 8% en la UE; pero claro, el capital aventurero en el mundo es 52% norteamericano, 40% Chino, y 5% de la UE, de manera que las tecnológicas que empiezan financiándose en Estados Unidos, acaban mudándose a ese país. En el Informe Draghi se proponen cambios en los mercados de capitales, bolsas de valores, emisión de bonos, y dotaciones por valoración por entidades financieras y compañías de seguros, para no penalizar inversiones en compañías innovadoras, que tardan en dar resultados. En efecto, las entidades financieras no tienen incentivos para financiar proyectos que la supervisión bancaria penaliza obligando a realizar provisiones que perjudican capital y reservas y la capacidad crediticia general de la entidad. Y lo mismo ocurre con sus reservas, en la inversión por compañías de seguros.

En el Informe Draghi se insiste en que la inversión pública en I&D es alta en la UE, pero  fragmentada y sin coordinación, y sin embargo tenemos el éxito del Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN), de 1954, con 23 países miembros. La UE es referencia en la partículas físicas de alta energía y aquí se descubrió la famosa partícula Higgs Boson, uno de los misterios de la materia; no hay en todo el mundo un aparato como el Large Hadron Collider, que ha dado beneficios sociales en el tratamiento del cáncer, resolución médica de imagen, o cables superconductores; ni debemos olvidar que la familiar World Wide Web  (la www) se inventó y aplicó en Europa. Pero, por el contrario, el multimillonario programa Horizonte Europa se disuelve por países, regiones y comunidades, y sus ministerios y consejerías; de los principales núcleos de innovación en ciencia y tecnología cinco están en Asia, y el sexto en San José-San Francisco, no hay ninguno en España, y aunque es muy importante el de aeronáutica de París, y otros industriales europeos, no tienen poder de atracción suficiente en tecnologías digitales.

Es peculiar que en el Informe aparezca una llamada, que podría considerarse fuera de contexto, a que los impuestos sobre la renta deben ser reducidos para clases bajas y medias, que son las que actualmente soportan el sistema fiscal en Europa. Pero ya que el Informe tiene como base una intervención pública de envergadura, tiene sentido que se recuerde este aspecto de quién paga, en definitiva, por la innovación.

Recogemos en la figura lo que representa respecto al PIB la inversión en R&D de empresas, gobiernos, y centros de investigación, así como (parte gris) lo que viene del resto del mundo.

 

Regulación e innovación

Entre las muchas ideas de interés del Informe Draghi están sus reflexiones sobre la innovación tecnológica. Como información adicional y específica al tema que tratamos  hay que referirse al Global Innovation Index, 2024 (GII WIPO), para 133 países, que matiza algunas ideas del Informe Draghi, y resulta interesante para valorar nuestra situación en innovación. En este estudio España ocupa el lugar 28, ponderando temas en los que estamos peor, como las instituciones y regulación, pero también la falta de producción creativa en bienes y servicios, y digital, escasa sofisticación financiera y en comercio, y poca ambición creativa de las empresas. Y hay otras donde estamos igual o mejor que nuestro ranking medio de 28, como el capital humano, conocimiento tecnológico, y sobre todo buena infraestructura. El primer lugar del mundo es para Suiza, seguida de Suecia y USA, China es el once. La idea que sacamos y que contraponemos al Informe Draghi es que son países muy distintos, y muestra que la innovación es algo más que desregulación y competencia.

La defensa que se hace en el Informe de la posición europea sobre el medioambiente se matiza con la posibilidad de que la regulación quite capacidad competitiva y de innovación. En Europa la regulación medioambiental ha transformado la producción, la dependencia energética  y sus precios, y con todas sus contradicciones ha transformado la producción de manera irreversible. Tampoco la regulación de contenidos y monopolio de las tecnológicas puede considerarse que vaya contra la innovación, y la salvaguarda de la democracia y el interés público siempre deben ponerse por delante.

Pero no puede ignorarse lo que figura en el Informe Draghi sobre el daño de los cambios frecuentes en la legislación europea y la diferente adaptación a normas nacionales, lo que afecta principalmente a empresas pequeñas y medianas, que no disponen de los medios para el cumplimiento de exigencias regulatorias.  Y propone una Vicepresidencia de valoración del coste del flujo regulatorio, y lleve a cabo una simplificación reguladora; la implementación de un software que procese toda la información y centralice los requisitos a las empresas con una interfaz multilingüe.

En España algunas autonomías tienen dificultades para invertir fondos como los Next Generation, lo que permitiría potenciar la innovación; sin embargo, esto más que a  regulación puede deberse a una ineficaz organización y procesos deficientes. Como parte de una política más eficaz, desde el Ministerio de Economía se sugiere que los gobiernos autonómicos cedan competencias y que la gestión se centralice; pero más fácil será que los países acuerden proyectos de innovación institucionales europeos, directamente financiados por fondos europeos. En este sentido, también desde España, se ha propuesto formar coaliciones de unos pocos países en la UE interesados en proyectos de innovación, que rompa la inercia burocrática que los lastra.

La innovación en el ámbito de la Unión Europea hay que entenderla en el respeto a derechos fundamentales como la información o la salud, protección del consumidor en precios y calidad, competencia justa, y seguridad nacional. Todo esto implica regulación, que puede verse como una restricción o impulsando la innovación sostenible y socialmente útil; pero no es cierto que pueda establecerse una relación lineal entre menos regulación y más innovación.

La Universidad y la tecnología

Destaca en el Informe que la situación europea en la competencia mundial exige mejorar muy significativamente la calidad de la investigación. Los problemas de la Universidad son conocidos: dispersión de medios, escasos centros de muy alto nivel, y una excesiva dedicación a la enseñanza, sin la atención adecuada a investigación de alto nivel.  Si esto se aplica a la diversidad de países que forman la Unión Europea, resulta difícil que se alcance la densidad y número de centros de calidad que serían necesarios.   

En el Informe se menciona la falta de atractivo de la Universidad para personas con talento, con posiciones precarias y mal remuneradas, carreras profesionales lentas, y con escaso desarrollo al final, carga administrativa y docente injustificables, y un ambiente de trabajo e infraestructuras de investigación inadecuadas. Las universidades son pobres, no tienen capacidad ni libertad de contratar, no tienen propiedades ni participan en proyectos y empresas que puedan tener una rentabilidad.

Los indicadores que se suelen tomar son las patentes y las publicaciones, pero ambos tienen defectos en cuanto a su efectiva relación con el desarrollo y aplicación del conocimiento a la producción pública y privada. Hay un hecho fundamental en el escaso desarrollo de tecnología por parte de compañías y el propio sector público en la Universidad.

Poner la investigación e innovación en el centro de las prioridades estratégicas de la UE implica lo siguiente: Enfocar la actividad hacia lo mejor, no la cantidad, a la excelencia en la educación, talento, infraestructura de investigación y presencia accionarial en empresas. Una organización apropiada a lo anterior. Enfocar la actividad en el valor que se añade a la producción. Una escala adecuada, lo que debería llevar a una integración de centros, y no a más dispersión. Apertura a una cooperación global, entendiendo que las posibilidades que se abren no son exclusivamente Estados Unidos y China.

En el Informe se explicita que la investigación debe ir junto con los valores europeos que son: Protección de derechos humanos (en las cadenas de valor). Proteger la norma de la ley y de la democracia (muy significativo en el ámbito de las tecnologías digitales). Integridad y ética en la investigación (como un compromiso entre la responsabilidad social de las compañías y la Universidad). Diversidad, inclusión, igualdad de género (prácticas que pueden considerarse extendidas). Acceso abierto a la ciencia, publicaciones científicas, datos (lo que plantea conflictos en algunos campos de la investigación cuando hay posiciones de oligopolio).

Por último, pero no menos importante, toda innovación relevante ha surgido siempre de investigación básica en el sector público o con su apoyo, y  otra cosa es el desarrollo comercial de la tecnología. En el Informe Draghi se explicita el carácter inclusivo de sus propuestas, sin ignorar el carácter social de la inversión pública, que de tantas maneras la hace posible. La innovación tiene sentido cuando proporciona una prosperidad compartida; se comparten y cubren los costes de transición entre industrias; los de la nueva formación necesaria; y se mira la cohesión geográfica. El modelo tecnológico-social de Suecia, que se menciona, va desde la investigación aplicada, protección social de los investigadores jóvenes, y provisión de vivienda.

Parte II. Los objetivos que se proponen y los instrumentos para alcanzarlos

“The central question of economic policy both qualitative and quantitative is the question of the effectiveness of its various instruments”,

 Jan Tinbergen (1952)

Toma de decisiones: de Jan Tinbergen a otros premios Nobel

Dentro de las limitaciones de esta breve nota podemos comentar el sentido de las propuestas del Informe Draghi y la forma de implementación. Es difícil discrepar del sentido que el Informe da a la mejora en la competitividad europea; los intereses diferentes entre países y sectores, protección sectorial y apertura exterior, independencia y seguridad en algunas producciones o confianza en los mercados internacionales, pueden encontrar acuerdos en el marco de una política común con un apoyo público efectivo, y alineamiento de intereses empresariales. Sin embargo, estando de acuerdo con el relato del Informe, no dejan de plantearse dudas sobre la forma en que se cuantificarían las medidas a tomar, y cuál sería su efecto probable sobre los objetivos que se proponen. Incluso podríamos considerar que las líneas de secuencia o aplicación simultánea de acciones, son válidas, aunque no se detalle.

La relación entre objetivos e instrumentos en Política Económica se establece por primera vez por Jan Tinbergen (1952), influido por Ragnar Frisch en la formalización de toma de decisiones; ambos economistas compartieron el primer premio Nobel de Economía, aunque el motivo por el que se les concedió era el desarrollo de modelos dinámicos para analizar los procesos económicos. Las ideas de Tinbergen fueron debatidas en su momento y cuestionadas por lo que implicaban de planificación de la economía frente a la tendencia dominante de regulación por el mercado. También se cuestionaba su planteamiento ajeno a la tendencia dominante de valorar las políticas por su efecto sobre el bienestar, en funciones que carecían de aplicación práctica y eran arbitrariamente establecidas para mostrar el carácter subóptimo y por tanto ineficiente de las políticas públicas. Puede verse sobre el particular Ruiz, G. (1976a, 1976 b,1975 y 1971).

Como puede observarse, se plantea por separado la posible congruencia de diferentes instrumentos con relación al objetivo, y de los distintos objetivos entre sí. Tinbergen trabaja, pues, con relaciones de un objetivo y un instrumento, seleccionando la relación que a priori pueda ser efectiva. Aunque un enfoque muy limitado, no deja de ser útil para conocer relaciones estructurales entre variables objetivos e instrumentos, y efectuar simulaciones.

La teoría de la política económica en este sentido puede verse en la obra de premios Nobel que se citan a continuación, entre los que no incluimos los análisis teóricos sobre equilibrios macroeconómicos. Así, Stigler, analiza los efectos no deseados de la regulación pública en industrias y mercados; Buchanan, las restricciones constitucionales a intervenciones de política económica; los efectos aceptables, no óptimos, de políticas, entre ellas la industrial, están en Stiglitz y Tirole; y políticas basadas en experimentos, evaluación de políticas públicas aislando el efecto de otras relaciones causales, en los trabajos de Banerjee, Duflo, y Kremer.  Ver Ruiz, G. (2024).

El precio de la electricidad, objetivo y políticas en el Informe Draghi

El precio comparativamente elevado de la energía en al UE, y su volatilidad, que impacta en sectores productivos, resta competitividad, y presiona la inflación y los tipos de interés, es un objetivo prioritario en el Informe.

Como políticas que podrían seguirse para abaratar la energía están las acciones sobre las causas que provocan el encarecimiento:

  • Dependencia de la UE de las importaciones de gas y exposición a mercados especulativos. Se insinúan políticas comunes, mencionando que en países con dependencias similares como Corea o Japón, las compañías y organizaciones estatales controlan los precios de importación
  • Impacto de precios marginales del gas y el carbón sobre la formación del precio de la electricidad. Esto se palió en España desvinculando los precios
  • Diferentes redes y formas de generación entre países de la UE, lo que sugiere más interdependencia
  • Deficientes soluciones contractuales que reducen la ventaja de las fuentes de energía, como ocurre con la diferencia entre lo que las compañías cobran y pagan a los clientes que generan energía
  • Precios muy altos del carbón
  • Alta volatilidad y mercados financieros no trasparentes para la energía
  • Cuellos de botella físicos en la red que pueden aumentar en la transición energética
  • Proceso lento e incierto para las nuevas instalaciones y redes
  • Altos y heterogéneos subsidios e impuestos

Sobre todos estos puntos se proporciona información comparable para los países de la UE.

Desde la perspectiva del análisis tipo Tinbergen, y aunque se sofisticara el cálculo estadístico, el problema se definiría como una relación entre el objetivo y cada uno de estos puntos, intentando establecer qué efecto tendría, por ejemplo, una armonización de impuestos, en el precio de la electricidad de cada país. Esto sería un análisis tipo cross section, donde para cada país y un número de períodos se calcularía la relación entre una serie temporal del precio de la electricidad y el tipo del impuesto. A partir de aquí se determinaría el tipo impositivo eficiente para la reducción del precio. Es, sin duda, un análisis simplista, con las limitaciones del enfoque de un objetivo y un instrumento, y aunque se realizara el mismo análisis, uno a uno, para todos los instrumentos, no recogería necesariamente la dinámica futura del precio.

El estimador Arellano-Bond

Mucho más sofisticado es el conocido análisis que desarrolló en su día Manuel Arellano, Arellano, M. (2018). Los autores plantean una cuestión de relación causal de cómo una política tiene un efecto en un resultado. Pero las políticas varían en sus efectos sobre, por ejemplo, sectores, territorios, y en el tiempo, que recoge cambios en el ámbito sobre el que se aplican las políticas, y la relación causal  que se dio en el pasado puede diferir en el futuro. Es tentador hacer depender los efectos de una política de resultados anteriores, aunque sea independiente de resultados presentes y futuros, pero no puede establecerse sin más una relación causal, por lo que se propone lo siguiente:

  • Tomar muestras de resultados y remover efectos que pueden considerarse fijos, independientes de la política, para aislar el efecto de la política sobre esos resultados
  • Cada desviación de la política respecto al resultado esperado se proyecta en distintos momentos, período a período, en lo que podría considerarse la historia de la política
  • Se controla por variaciones no observables, que pueden considerarse permanentes, y que confunden el verdadero impacto de la política
  • Se estima el coeficiente de regresión (MCO) de la desviación en los resultados sobre las desviaciones predichas de la política

Puede sintetizarse así:

No es extraño el interés que ha despertado el estimador Arellano-Bond puesto que, con todas las dificultades que conlleva estimar el efecto de una política sobre un objetivo, un resultado, plantea ingeniosamente un análisis de la historia de la relación causal, y aprendemos de relaciones que se han dado. Las implicaciones son diversas, por ejemplo, cuando queremos ver el efecto de resultados de situaciones pasadas sobre las actuales, un posible carácter exógeno sólo puede ser analizado secuencialmente.

Si tomamos el caso de la electricidad, y quisiéramos analizar el efecto de los impuestos sobre el precio, que llevaría implícito un posible efecto de la demanda y del precio, además del efecto directo, la historia de estas relaciones para períodos relativamente recientes, y también para una muestra de países en la UE. Esta es una sugerencia a explorar por nuestros jóvenes investigadores, para establecer relaciones de causalidad cuantificadas entre alguno de los objetivos que se proponen en el Informe Draghi, como reducción del coste de la energía, y políticas para producir esos resultados.

Resumen de ideas

  1. El Informe Draghi plantea una cuestión que considera existencial para la UE como es la compatibilidad de objetivos de liderazgo, independencia, modelo social, que sólo puede conseguirse mediante la tecnología y aumento de la productividad.
  2. Hemos dejado sin tratar temas relevantes como la demografía, sobre lo que resulta difícil actuar en el corto plazo, pero se destacan cuestiones como las relaciones entre la política industrial y la digital; y la definición de objetivos básicos que van desde acelerar la innovación a una mayor coordinación y gobernanza en la UE.
  3. Se analiza la posición competitiva en tecnología; el impulso público; la regulación y la innovación; y el papel de la Universidad en el avance tecnológico. Sobre estas cuestiones se proponen reflexiones y posibles discusiones.
  4. El enfoque objetivos-instrumentos ha sido secularmente tratado en la teoría de la Política Económica, y aquí recordamos el enfoque clásico de Jan Tinbergen, que analiza individualmente objetivos e instrumentos; y el estimador Arellano-Bond, que enriquece el análisis viendo relaciones por etapas entre políticas y resultados, con aplicaciones diversas para establecer relaciones causales. Como ejemplo que podría formalizarse, ponemos el objetivo de reducción del coste de la energía, y las variables de que depende, que es un tema recurrente en el Informe Draghi.

 

Bibliografía

Arellano, M. (2018), What does the Arellano-Bond estimator do? Class Notes, September 20.

Draghi, M. (2024), The future of European competitiveness. Part A: A Competitive strategy for Europe. Part B: In-depth analysis and recommendations, September.

Ruiz, G. (2024), La enseñanza de la economía en la obra de los premios Nobel. Presentación en la Conferencia de Decanos de Facultades de Economía, Málaga, abril.

Ruiz, G. (1975), Posibilidad de fijar objetivos a través del análisis cross section, Cuadernos de Economía, 3.8.

Ruiz, G. (1976 a), En honor de Jan Tinbergen, Cuadernos de Economía, 4, 10.

Ruiz, G. (1976 b), Fundamentos de teoría de política económica cuantitativa, Instituto de Estudios Económicos.

Ruiz, G. (1971), Encaje de los modelos econométricos en el enfoque objetivos-instrumentos relativos de política económica, Fundación Juan March, Serie Universitaria.

Tinbergen, J. (1952), On the Theory of Economic Policy, North Holland.


Noticias 46 – 8

27 de diciembre de 2024

Políticas económicas estructurales

Actividad emprendedora y crecimiento económico 

(por Miguel-Ángel Galindo-MartínRafael-Sergio Pérez-PujolUniversidad de Castilla-La Mancha- María-Teresa Méndez-PicazoUniversidad Complutense de Madrid-)

  1. Introducción

Los estudios relacionados con los factores que podrían potenciar el crecimiento económico en las sociedades no habían dado gran relevancia al papel que desempeñan los empresarios y, en especial, a sus motivaciones. Por ello, la mayor parte de los análisis se fueron enfocando en los factores del entorno, más que en las intenciones y motivaciones inherentes a estos empresarios y emprendedores (Shane et al., 2003). Estas motivaciones para emprender no eran consideradas en los análisis, bien porque la literatura referente al pensamiento económico no las contemplaba, salvo en contadas ocasiones, o bien porque no existía información estadística sobre ellas.

Conforme se han ido obteniendo datos sobre este campo, se han venido realizando aportaciones, tanto teóricas como empíricas, sobre los factores que favorecen la actividad empresarial en general (por ejemplo, McMullen et al., 2008), y sus motivaciones en particular (por ejemplo, Hessels et al., 2008). Gran parte de estos estudios se han llevado a cabo para el caso de la organización de las empresas y cómo estimular las actividades que éstas estaban desarrollando, o para crear otras nuevas. Pero, desde principios del presente siglo, junto a estos estudios referidos al crecimiento de las empresas, también se han elaborado trabajos sobre cómo afecta el emprendimiento al crecimiento económico.

Desde esta perspectiva, tres son los aspectos que vamos a considerar: las características del emprendimiento, actividad empresarial y política económica y futuras líneas de investigación.

  1. Características del emprendimiento

No existe una única definición de emprendimiento. En términos generales, se suele hacer referencia a diferentes características relacionadas con su actividad. Así, por ejemplo, de las ideas expuestas por Hébert y Link (1989), Bull y Willard (1993) y Lumpkin y Dess (1996), se consideraría como la capacidad y deseo por parte de los individuos para generar nuevos productos, haciendo frente a la incertidumbre existente en los mercados. Una definición más amplia surge de los estudios y análisis de Schumpeter (1911, 1942), quien contempla al emprendedor como un responsable activo que introduce nuevos o transformados bienes, servicios, organizaciones y mercados, mediante unas capacidades propias, lo que da lugar a un cambio o mejora de las economías pasando de un estado estacionario a otro. En todo este proceso, se genera un proceso de destrucción creativa abandonando lo antiguo por lo nuevo (Reinert y Reinert, 2006).

Se trata, por tanto, de una actividad en la que se tiene en cuenta las características y circunstancias de la persona que la va a llevar a cabo, los obstáculos a los que se tiene que enfrentar y la necesidad de buscar información para conseguir que los procesos de producción sean lo más eficientes posibles (Galindo y Méndez, 2011, pp. 64–65).

Teniendo en cuenta estas características, desde una perspectiva moderna, se pueden distinguir cuatro formas de comportamiento de los emprendedores:

  1. Los que aprovechan las oportunidades de beneficio, aprendiendo de los errores pasados para tratar de corregirlos (Kirzner, 1973). En este ámbito, las instituciones desempeñan un papel relevante, ya que favorecen la competitividad y generan los incentivos que necesitan los emprendedores.
  2. Los que hacen hincapié en el papel que tiene la incertidumbre (Knight, 1921). En este caso, prestan especial atención al entorno económico.
  3. Los empresarios que buscan los medios más adecuados para incrementar sus beneficios, poder y prestigio (Baumol, 1990).
  4. El empresario innovador (Schumpeter, 1911, 1942), consistente en introducir nuevos productos y procesos de producción.

 

  1. Actividad empresarial y crecimiento económico

En cuanto al análisis de la relación entre la actividad que realizan los empresarios y la política económica, los estudios realizados en este ámbito se pueden clasificar en cuatro grupos.

En primer lugar, el que estudia la relación entre empresarios y crecimiento. Tradicionalmente los modelos de crecimiento que se habían venido desarrollando a lo largo del pasado siglo no consideraban la relación directa que existía entre ambos. Va a ser a finales del pasado siglo y, especialmente en la primera década del presente siglo, cuando surge una gran cantidad de literatura en la que se muestra la relación positiva entre la actividad emprendedora y el crecimiento económico (Audretsch, 2006; Galindo y Méndez, 2014). En términos generales, se considera que los empresarios utilizan los recursos productivos de una forma adecuada, lo que aumenta la producción del país, a la vez que introducen innovaciones que les permiten ser más competitivos. Ello supone favorecer el empleo y aumentar el bienestar social del país (por ejemplo, Alpkan et al., 2010).

En segundo lugar, una vez establecida la relación directa entre ambas variables, los estudios que se centran en la necesidad de determinar los factores que podrían afectar positivamente al emprendimiento, lo que permitiría diseñar las medidas de política económica para estimularlo y, a través de él, favorecer el crecimiento económico.

En este ámbito, se ha analizado una gran cantidad de factores: algunos de ellos tradicionales, como la innovación y el capital humano, y otros más novedosos como los comportamientos socioculturales, el papel de las instituciones, la tecnología, especialmente la transformación digital y los dividendos digitales, la gobernanza, la distribución de la renta, el crédito (King y Levine, 1993), etc. También se ha considerado el papel que desempañaban las políticas públicas a la hora de favorecer esta actividad (Castaño et al., 2016).

En tercer lugar, los que consideran la necesidad de conocer el papel que desempeña el emprendimiento según la fase en la que se encontrara la economía. En este sentido, analizan si el emprendimiento podría tener un mayor efecto a la hora de favorecer el crecimiento en una etapa de crisis que en una fase expansiva o de recuperación (Martínez et al., 2020). Ello permitiría conocer en qué momento hay que fomentar más la actividad emprendedora y diseñar el tipo de medidas que habría que adoptar según la fase en la que nos encontremos. Las estimaciones realizadas muestran que el emprendimiento juega un papel más relevante en las fases previas a la crisis que durante la crisis y en el periodo de recuperación (Galindo-Martín et al., 2021a).

En este sentido, también se ha considerado la incidencia que puede tener un tercer factor a la hora de favorecer una relación a través de los llamados efectos de moderación y mediación (Fairchild y MacKinnon, 2009). Por ejemplo, considerando el estudio de Castaño et al. (2016), se encuentra un efecto mediación del emprendimiento en la relación entre capital humano y crecimiento económico, es decir, un mayor crecimiento económico se explica por un mejor capital humano y, a la vez, por la influencia que tiene el capital humano en la actividad emprendedora, y ésta en el crecimiento económico. Por otro lado, los efectos de moderación también resultan interesantes al mostrar cómo una tercera variable puede intensificar la relación de dos variables, o cambiar el sentido de dicha relación (Fairchild y MacKinnon, 2009). Este tipo de análisis adicionales permiten mejorar la comprensión sobre la secuencia de relaciones entre variables (Nitzl et al., 2016).

Finalmente, en los últimos años se ha considerado también el papel que juegan las motivaciones y los factores que pueden influir sobre ellas. No sólo se contemplan cuestiones relacionadas con el miedo al fracaso y las expectativas, sino también otras de carácter psicológico, como la pasión emprendedora, considerada como un estímulo para llevar a cabo una nueva actividad (Vallerand et al., 2003). Según sea dicha pasión, obsesiva (relacionada con la aceptación social) o armoniosa (referente a la importancia que tiene para el individuo), las medidas de política económica, especialmente las de carácter fiscal, podrían tener un menor efecto del esperado a la hora fomentar la actividad emprendedora (Galindo-Martín et al., 2023).

  1. Cuestiones de política económica

Ante la relación existente entre la actividad emprendedora y el crecimiento económico, cabe plantearse el papel que desempeñaría la política económica a la hora de incentivar dicha actividad (Castaño et al., 2016; Galindo-Martín et al., 2021b). En este sentido, los trabajos realizados en este ámbito, han indicado los efectos producidos por las políticas monetarias y fiscales. Respecto a la primera se indica que las alteraciones que se produzcan en los tipos de interés afectarán a las decisiones respecto a la creación de un nuevo negocio o de la expansión del existente, ya que en el caso de que aumentasen supondría un encarecimiento de la inversión que se tenga que realizar. En este ámbito es importante también evitar las restricciones de crédito que, también dificultaría las decisiones de inversión.

En cuanto a la política fiscal, su papel es diverso. Por un lado, las medidas tendentes a favorecer la formación del capital humano y la introducción de nuevas tecnologías, tienen un efecto positivo. Pero, por otro lado, dicho efecto se ve compensado e incluso superado en ocasiones, por el mayor endeudamiento público que, afecta negativamente a las expectativas de los emprendedores.

  1. Futuras investigaciones

La evolución que experimentan las economías y la mayor disponibilidad de datos ha llevado al desarrollo de nuevas investigaciones en este campo con el fin de conocer mejor qué factores son los que tienen mayor influencia en la actividad emprendedora, lo que permitirá diseñar medidas más adecuadas para favorecerla y, a través de ella, potenciar el crecimiento económico.

En este sentido, deben considerarse, en primer lugar, los estudios por grupos de países según sus características estructurales. En segundo lugar, habría que seguir profundizando en el análisis de la pasión emprendedora y contemplar también aspectos relacionados con las emociones. En tercer lugar, debe contemplarse la inclusión de los factores culturales y socioeconómicos, ya que tienen un papel relevante en el emprendimiento. La estructura social y cultural de un país es el entorno en el que el emprendedor va a desarrollar su actividad. El adecuado clima social junto con unas instituciones sólidas son elementos esenciales para incentivar la actividad emprendedora. En este sentido, la educación, el nivel de burocracia, las tensiones sociales, etc., son factores a tener en cuenta. Y, en cuarto lugar, debe considerarse el factor tecnológico, donde también se ha empezado a analizar el papel que desempeña la inteligencia artificial.

Finalmente, desde el punto de vista cuantitativo, se presentan diversas opciones para llevar a cabo el análisis de las interrelaciones entre diferentes variables, pudiéndose considerar los efectos feedback, cíclicos y de reciprocidad. Asimismo, aspectos como los análisis de suficiencia y necesidad pueden ser una opción interesante para mejorar el diseño de políticas y priorizar medidas. Los análisis de interrelación son cada vez más necesarios para comprender mejor los comportamientos conjuntos, y las metodologías empíricas son cada vez más amplias para entender cómo se generan estas relaciones.

Bibliografía

Alpkan, L., Bulut, C., Gunday, G., Ulusoy, G., y Kilic, K. (2010). Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance. Management Decision, 48(5), 732–755. https://doi.org/10.1108/00251741011043902

Audretsch, D. B. (2006). Entrepreneurship, innovation and economic growth. Edward Elgar.

Baumol, W. J. (1990). Entrepreneurship: productive, unproductive, and destructive. Journal of Business Venturing, 11(1), 3–22. https://doi.org/10.1016/0883-9026(94)00014-X

Bull, I., y Willard, G. E. (1993). Towards a theory of entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 8(3), 183–195. https://doi.org/10.1016/0883-9026(93)90026-2

Castaño, M. S., Méndez, M. T., y Galindo, M. A. (2016). The effect of public policies on entrepreneurial activity and economic growth. Journal of Business Research, 69(11), 5280–5285. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.125

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Galindo-Martín, M. A., Castaño-Martínez, M. S., y Méndez-Picazo, M. T. (2021a). The role of entrepreneurship in different economic phases. Journal of Business Research, 122, 171–179. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.050

Galindo-Martín, M. A., Castaño-Martínez, M. S., y Méndez-Picazo, M. T. (2021b). Effects of the pandemic crissi on entrepreneurship and sustainable development. Journal of Business Research, 137, 345–353.

   https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.08.053

Galindo-Martín, M. A., Castaño-Martínez, M. S., y Méndez-Picazo, M. T. (2023). Fear of failure, entrepreneurial passion and entrepreneurial motivation. International Entrepreneurship and Management Journal, 19, 1835–1853. https://doi.org/10.1007/s11365-023-00908-8

Galindo, M. A., y Méndez, M. T. (2011). La actividad emprendedora y competitividad: factores que inciden sobre los emprendedores. Papeles de Europa, 22, 61–75. https://doi.org/10.5209/rev_PADE.2011.v22.3

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Hébert, R. F., y Link, A. N. (1989). In search of the meaning of entrepreneurship. Small Business Economics, 1, 39–49. https://doi.org/10.1007/BF00389915

Hessels, J., Van Gelderen, M., y Thurik, R. (2008). Entrepreneurial aspirations, motivations, and their drivers. Small Business Economics, 31, 323–339. https://doi.org/10.1007/s11187-008-9134-x

Kirzner, I. M. (1973). Competition and entrepreneurship. University of Chicago Press.

Knight, F. H. (1921). Risk, uncertainity and profit. Houghton Mifflin Company.

Lumpkin, G. T., y Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. The Academy of Management Review, 21(1), 135–172. https://doi.org/10.2307/258632

Martínez, I., Callejas, F. E., y Callejas, A. I. (2020). Economic and socio-cultural drivers of necessity and opportunity entrepreneurship depending on the business cycle phase. Journal of Business Economics and Management, 21(2), 373–394. https://doi.org/10.3846/jbem.2020.11848

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Nitzl, C., Roldan, J. L., y Cepeda, G. (2016). Mediation analysis in partial least squares path modeling: Helping researchers discuss more sophisticated models. Industrial Management & Data Systems, 116(9), 1849–1864. https://doi.org/10.1108/IMDS-07-2015-0302

Reinert, H., y Reinert, E. S. (2006). Creative destruction in economics: Nietzsche, Sombart, Schumpeter. In J. G. Backhaus & W. Drechsler (Eds.), Friedrich Nietzsche (1844-1900) (pp. 55–85). Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-32980-2_4

Schumpeter, J. A. (1911). The theory of economic development. An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. Oxford University Press.

Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, socialism and democracy. Harper & Brother Publishers.

Shane, S., Locke, E. A., y Collins, C. J. (2003). Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review, 13(2), 257–279. https://doi.org/10.1016/S1053-4822(03)00017-2

Vallerand, R. J., Blanchard, C., Mageau, G. A., Koestner, R., Ratelle, C., Léonard, M., Gagné, M., y Marsolais, J. (2003). Les passions de l’âme: on obsessive and harmonious passion. Journal of Personality and Social Psychology, 85(4), 756–767. https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.4.756


Noticias 46 – 9

27 de diciembre de 2024

Pro et contra…

(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

Subida de los aranceles europeos a los productos chinos

Pro…

Subida de los aranceles europeos a los productos chinos

(por Ricardo Bustillo Mesanza, Universidad de País Vasco UPV/EHU)

 

Desde el final de la segunda guerra mundial, hace ya ochenta años, el enfoque predominante en política comercial en la mayor parte de los países ha consistido en favorecer los intercambios, en concreto en liberalizar la circulación de bienes. El proceso de globalización económica ha sido impulsado desde entonces, no solamente por la institucionalización del sistema multilateral de comercio (GATT-OMC), sino también por los sucesivos instrumentos de integración regional que trataron de emular el éxito de las Comunidades Europeas, como son por ejemplo Mercosur o NAFTA.

Esta tendencia en el ejercicio de la política exterior no ha sido en absoluto ajena a las principales escuelas de pensamiento económico. La recomendación de liberalizar el comercio entronca con las aportaciones seminales de la Fisiocracia o autores clásicos como Smith o Ricardo, siendo la denominada “teoría convencional” el paradigma dominante tras la reformulación del modelo Ricardiano por parte de Heckscher y Ohlin. No obstante, la praxis política ha estado así mismo parcialmente influida por la doctrina mercantilista, que pretendía favorecer la actividad manufacturera de cada país con la aplicación de barreras de entrada a las importaciones, como los aranceles. Esta práctica ha sido igualmente justificada por diversos autores, como List con el argumento de la industria naciente o más adelante los teóricos de la economía del desarrollo, quienes justificaban una estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones. Posteriormente, la nueva teoría del comercio subrayó el rol de las economías de escala y las empresas multinacionales en el patrón de especialización (caracterizado por el predominio de estructuras de mercado imperfectas), sugiriendo el desempeño de una política comercial estratégica destinada a retener el máximo posible de actividad productiva dentro del país, justificando por tanto la aplicación de medidas de “defensa comercial” o apoyo estatal a la industria si fuera necesario. Por tanto, la justificación a la aplicación de aranceles pertenecerá a esta segunda vertiente de pensamiento económico.

En esta nota detallamos en primer lugar cinco argumentos a favor de la subida de los aranceles europeos a los productos chinos. A continuación, discutimos sus probables consecuencias a corto y medio plazo, dando especial relevancia al caso particular de la subida del arancel de importación aplicable a los vehículos eléctricos (VE) chinos.

 

Argumentos a favor de la Subida de los aranceles europeos a los productos chinos

Protección de la industria local

El gravamen de elevados aranceles a la importación queda justificado cuando se pretende defender a la producción local del aluvión de productos foráneos importados, en especial tras constatarse la pérdida de cuota de mercado local de los productos nacionales. Sí es cierto que, en numerosas ocasiones, tal pérdida se debe a su reducida competitividad, la cual ha de ser compensada por el arancel. En consecuencia, lo ideal es que se proteja la producción nacional solo temporalmente hasta que ésta haya alcanzado los estándares de competitividad y calidad del producto foráneo. Esta motivación proteccionista guarda relación con el argumento de industria naciente de List, como prueba que se siga a menudo denominando “Nascent EV Sector” al automóvil eléctrico europeo (Spisak, 2024, p.4).

Este razonamiento resulta especialmente convincente en presencia de algún fallo de mercado, por ejemplo, en el mercado de trabajo del país importador. La persistencia de altas tasas de desempleo en un territorio justificaría la imposición de alguna medida proteccionista con el objeto de mantener puestos de trabajo dentro de un sector ineficiente.

En esas circunstancias, el bienestar social consecuencia del mantenimiento del empleo puede considerarse como superior a la pérdida de eficiencia económica provocada por la medida proteccionista (la pérdida irrecuperable de eficiencia causada por el arancel), por lo que convendría en estos casos recurrir a un arancel de importación u otro instrumento similar.

Teoría del arancel Óptimo

Será positiva la aplicación de un arancel de importación cuando el país importador tenga tal dimensión que disponga de poder de mercado, operando de manera similar a un monopsonio. Fue John Stuart Mill el primero que se refirió a esta argumentación en defensa de la protección, en concreto para justificar la aplicación de un arancel a la importación.

El incremento del precio del bien inducido por el arancel puede ser compensado por un descenso del precio de importación, ya que los suministradores se verían obligados a ello si quisieran mantener el volumen previo de ventas. La consecuencia es una mejora apreciable en la relación real de intercambio del país importador, la cual puede considerarse en términos de bienestar como superior a la eficiencia perdida (de nuevo la pérdida irrecuperable de eficiencia causada por el arancel) provocada por el derecho de importación. Uno de los inconvenientes más evidentes de esta clase de argumentaciones es que solamente son válidos para casos muy puntuales, cuando el país comprador es un gran demandante de bienes. Por tanto, resultará imposible aplicarlos a la gran mayoría de las naciones y mercados, aunque la dimensión del mercado europeo podría justificar su aplicación.

Prácticas comerciales desleales y «dumping»

China ha sido acusada repetidamente de practicar el «dumping», que implica vender productos a precios inferiores a los de producción en mercados extranjeros. Esto afecta negativamente a las empresas europeas que no pueden competir con los precios artificialmente bajos impuestos por empresas chinas subvencionadas. El uso de aranceles antidumping se ha justificado como una forma de contrarrestar este comportamiento y proteger las empresas locales.

Un informe seminal de Rotunno y Ruta (2024) ha descubierto que las subvenciones a la actividad industrial en China tienen efectos indirectos transfronterizos a través del comercio. En concreto, estos autores sugieren que la subvención de actividades industriales básicas permite que los productos acabados se puedan vender a precios más competitivos, favoreciendo el crecimiento de las exportaciones en sectores considerados como prioritarios por las autoridades chinas, como los productos metálicos, el mueble y los automóviles. En estas circunstancias, se podría justificar la protección ya que la subvención forma parte de una política industrial que pretende eliminar a aquellos competidores foráneos que no disfruten de un nivel suficiente de subvenciones de explotación. El reciente auge de la política industrial entre las grandes potencias prueba la vigencia de esta tendencia. Los “Inflation Reduction Act” (IRA) y el “Chips and Science Act” en Estados Unidos, “European Green Deal” y “Digital Europe program” en la Unión Europea y el programa “Made in China 2025” en China son una prueba fehaciente del ejercicio actual de la política industrial con el objeto de subvencionar las exportaciones.

Defensa de estándares laborales y ambientales

Europa ha adoptado un enfoque más proteccionista en relación con los estándares laborales y ambientales. Las empresas chinas disfrutan de costes reducidos de producción debido a una regulación laboral y ambiental menos estricta. Para evitar que estos estándares más bajos socaven las normas europeas, algunos aranceles se interpretan como una forma de proteger tanto los derechos laborales como el medio ambiente en la UE. La Unión Europea puede emplear el instrumento de las sanciones selectivas, como mecanismo dentro de la Política Exterior y de Seguridad Común, orientado a castigar infracciones por parte de empresas o países de los estándares laborales o medioambientales. Un ejemplo de esta actuación sería la revocación del tratamiento preferencial en frontera, restableciendo por tanto la aplicación de un arancel más elevado a la importación a empresas que infrinjan los derechos laborales de los trabajadores (Portela, 2024).

Otro ejemplo de la utilización de tarifas medioambientales es la aplicación definitiva a partir de 2026 del “Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono” (MAFC) en la UE, para gravar la importación de bienes cuya producción es muy contaminante. El objetivo es el fomento de una producción industrial más limpia fuera de la UE además de igualar el tratamiento dispensado a las empresas residentes.

 

Estrategia geopolítica y de seguridad comunitaria

La UE busca reducir el déficit comercial con China, ya que las importaciones chinas han superado las exportaciones europeas en las últimas décadas. La aplicación de aranceles puede ser vista como un intento de equilibrar la balanza comercial y mejorar la competitividad de los productos europeos en los mercados internacionales. En consecuencia, los aranceles pueden ser una herramienta estratégica para limitar la dependencia económica europea respecto a China.

La irrupción futura de China como potencia cuasi-hegemónica sugiere plantear escenarios de confrontación con el gigante asiático, en lugar del enfoque de cooperación vigente hasta el momento presente, por lo que el endurecimiento de la política comercial representaría un primer paso en esta revisión de la estrategia europea a medio y largo plazo. Por otro lado, los problemas sufridos tras la ruptura de las cadenas de suministro desde Asia aconsejan fomentar un grado más elevado de autosuficiencia europea, en especial en ramas industriales prioritarias o vulnerables a una repentina interrupción de suministros, como los semiconductores o en el futuro la fabricación de baterías destinadas a la industria de la automoción. Se trataría de favorecer en la medida de lo posible una sustitución de importaciones por producción interna, aunque también podría tener efectos negativos en los consumidores europeos debido a precios más altos.

En referencia a la reciente aplicación de aranceles más altos a los vehículos eléctricos (VE) llegados de China, como ejemplo de una iniciativa de la Comisión Europea que no ha precisado de la petición de las empresas del sector, se justifica por considerar la importación de productos chinos como una amenaza para sectores estratégicos europeos. Se ha de mencionar que los aranceles aplicados son selectivos, esto es, de diferente cuantía a los distintos suministradores de VE en China: desde el 7,8% a Tesla al 35,3% gravado a SAIC (MG). Por el contrario, Estados Unidos y Canadá decidieron restricciones a la entrada de VE chinos mucho más severas, como el arancel del 100% de EE.UU, similar por sus efectos a una prohibición de importación. En consecuencia, la enorme capacidad exportadora china necesariamente tendría como destino prioritario la UE tras la pérdida del mercado norteamericano. El VE chino ya alcanzó en 2023 una cuota de mercado en Europa del 26%, frente al 55% de la producción local y el 19% de la correspondiente al resto del mundo.

Según la UE, la industria china del VE ha logrado reducir de forma decisiva el precio del producto final gracias a las políticas de subvenciones o incentivos fiscales destinados a abaratar el suministro de baterías, como elemento fundamental que acumula entre el 30 y el 40% del precio del VE. La manufactura china del VE se beneficia por tanto de unos inputs (incluido el Litio) con precios irrisorios en comparación con los estándares internacionales, hecho que les proporciona una ventaja competitiva imbatible.

No obstante, persisten las dudas en torno a la efectividad de las medidas proteccionistas decididas por Bruselas: se puede cuestionar que la reserva parcial del mercado doméstico impulse la competitividad del VE europeo. En concreto, parece dudoso que el arancel como está diseñado pueda ahora eliminar la brecha entre el precio europeo y el chino, que asciende según diferentes estudios al 35%. Sin embargo, al igual que sucedió con el cierre del mercado europeo al automóvil japonés el siglo pasado, los obstáculos a la importación podrán estimular los proyectos de inversión directa china en la UE, si las compañías chinas se deciden por una estrategia de inversión directa sustitutiva de exportaciones.

 

Bibliografía:

Portela, Clara. (2018) “Enforcing respect for labour standards with targeted sanctions”. Friedrich-Ebert-Stiftung: Singapore, 2018.

Rotunno, Lorenzo, and Michele Ruta. (2024) “Trade Implications of China’s Subsidies”. IMF Working Papers No. 2024/180. International Monetary Fund.

Spisak, Anton (2024): “The EU’s drive on China: What EV tariffs mean for Europe”. Centre for European Reform Insight.

 

…Et contra

 

Aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos: una solución demasiado simple a un problema complejo

(por Jesús Paul Gutiérrez, Universidad CEU San Pablo)

El automóvil es un sector de máxima relevancia para la industria de la Unión Europea (UE). En 2023, generaba más de 13 millones de empleos (en torno, al 7% del total de la ocupación europea), su contribución al PIB era del 7% y sus gastos en I+D representaban alrededor del 30% del total.  No obstante, este pilar fundamental de la economía europea parece tambalearse, tal y como muestran las caídas en la producción, las ventas y los beneficios, así como los anuncios de despidos o cierres de factorías en el sector.

La situación actual del sector automovilístico europeo no puede entenderse sin considerar la doble encrucijada en la que se encuentra. Por un lado, la derivada de la descarbonización y transición al coche eléctrico; por otro lado, la que representa la aparición de un competidor de la fortaleza de la industria china del automóvil eléctrico.

La UE ha establecido unos objetivos de descarbonización a corto (2025) y medio plazo (2035) con un importante impacto para el sector del automóvil. En concreto, para 2025 las emisiones de CO2 de los vehículos vendidos por cada marca no pueden superar los 93,6 gramos/Km por vehículo, lo que supone una reducción del 21% respecto a las emisiones de 2023. Este objetivo medioambiental será muy difícil de cumplir para algunas marcas dada la escasa cuota de los coches eléctricos sobre su total de ventas, lo que les obligaría a reducir la producción de los vehículos de combustión o exponerse a importantes multas. A su vez, para 2035 se ha establecido un objetivo de cero emisiones de CO2 de los coches y vehículos ligeros nuevos, lo que supondrá la prohibición de vender nuevos coches de gasolina y combustión en la UE. En definitiva, de forma inmediata la industria del automóvil europea debe aumentar sus ventas de coches eléctricos hasta alcanzar el 100% de sus ventas en 2035.

Es evidente que la transición hacia el vehículo eléctrico se ha iniciado claramente en la UE, como demuestra el rápido aumento en su penetración en los últimos años, habiendo pasado de representar en 2019 el 1,9% del total de vehículos vendidos, al 15% en 2023. No obstante, a pesar de este rápido aumento en la penetración del vehículo eléctrico en la UE, todavía está muy lejos del objetivo del 100% establecido para 2035.

La UE consideraba que la transición hacia este tipo de vehículo, derivada de los objetivos medioambientales, no solo reportaría importantes beneficios a ciudadanos y consumidores, sino que también favorecería al propio sector automovilístico, ya que supondría una mayor innovación en tecnologías de emisión cero, una mayor competitividad y liderazgo tecnológico y más puestos de trabajo en el desarrollo y producción de nuevas tecnologías. Sin embargo, los resultados hasta la fecha no sólo están lejos de ser los esperados, como demuestra el hecho de que la producción sigue estando claramente por debajo del nivel de prepandemia, sino que de forma creciente se generan dudas sobre el futuro del sector.

En este marco, en el que en la UE el coche eléctrico debe ir creciendo en cuota de mercado, hasta alcanzar el 100% de las ventas en 2035, ha aparecido un importante competidor: la industria automotriz china. En 2023, China era el principal productor y exportador mundial de vehículos eléctricos (VE), penetrando de una manera muy intensa en el mercado europeo. Las exportaciones chinas de VE en 2023 representaron el 23% del total mundial, siendo su principal mercado la UE, alcanzando alrededor del 40% del total de exportaciones chinas de VE. El peso de las matriculaciones de VE en la UE fabricados en China ha pasado del 0,4% en 2019 al 19,5% de 2023.

La competencia del vehículo eléctrico chino

El claro dominio a nivel mundial de la industria china del VE y su rápida penetración en la UE ha encendido todas las alarmas de las autoridades comunitarias. Así, el 4 de octubre de 2023, la Comisión Europea puso en marcha una investigación para determinar si los VE importados de China se benefician de subvenciones ilegales y si estas pueden causar un perjuicio a las empresas automovilísticas de la UE. La investigación concluyó que los subsidios masivos a la industria del automóvil china suponían una competencia desleal que daña el mercado europeo.

Por ello, en julio de 2024, la Comisión Europea impuso aranceles (derechos compensatorios) provisionales sobre las importaciones de VE procedentes de China. Esta propuesta fue ratificada el 4 de octubre de 2024 por los gobiernos de los 27 Estados miembros, y entró en vigor el 31 de octubre tras su publicación en el Boletín Oficial de la UE, por lo que los aranceles serán definitivos por un periodo de cinco años, lo cual no ha impedido que continúen conversaciones con China para alcanzar un acuerdo.

El establecimiento en la UE de elevados aranceles a las importaciones de VE procedentes de China no goza de un amplio consenso entre los Estados miembros de la UE. Así, la propuesta de la Comisión se aprobó tan solo por mayoría simple. El saldo de la votación fue de 10 países a favor del establecimiento de aranceles (entre los que se encontraban Francia e Italia), 12 abstenciones (entre ellos España) y cinco en contra (entre ellos Alemania y Hungría).

Esta falta de consenso sobre la conveniencia del establecimiento de aranceles también se da entre las propias empresas automovilísticas europeas o incluso, aunque esto sea algo habitual, entre los economistas.

Con el fin de arrojar cierta luz en el debate vamos a tratar de dar respuesta a dos cuestiones relevantes:

1ª.- ¿La preponderancia de la industria china del automóvil eléctrico y su creciente penetración en la UE responde exclusivamente a una competencia desleal basada en las subvenciones concedidas por el gobierno chino?

2ª.- ¿Los efectos beneficiosos que se pueden derivar del establecimiento de aranceles a las importaciones de VE chinos superan a sus costes? y, por tanto, ¿los aranceles son la respuesta correcta a los problemas a los que se enfrentan los productores de automóviles europeos?

El éxito de la industria china del automóvil eléctrico y su creciente penetración en el mercado mundial y, especialmente, en el mercado europeo, se basa en una conjunción de factores[1]:

  1. El VE ha sido un proyecto prioritario de la política industrial y de investigación científica del gobierno chino desde hace más de tres décadas, habiendo sido objeto de numerosos planes estratégicos. La apuesta china por la industria de los vehículos eléctricos y por la movilidad eléctrica se ha plasmado en un conjunto muy amplio de medidas entre las que destacan: la electrificación del transporte público desde la década de los 2000, las restricciones a la compra, producción e importación de vehículos de combustión, el desarrollo de una densa red de puntos de recarga, o los incentivos a la compra de vehículos eléctricos, pero limitada a los fabricados en China. Esta clara y prolongada apuesta por el VE no se ha dado en la UE.
  2. El control integral de la cadena de suministros del automóvil y, en especial, en la de baterías. La industria del automóvil china utiliza componentes de fabricación nacional en una proporción muy superior a la europea y en algunos casos (por ejemplo, BYD) producidos por la propia empresa. El resultado de este control local en la cadena de suministros ha posibilitado que los productores chinos tengan una clara ventaja competitiva frente a los europeos, tanto en la producción de baterías, como en la de VE.
  3. La aplicación de políticas de apoyo gubernamental, a distintos niveles de gobierno, en las diferentes etapas de la producción. Según la Comisión Europea (2024), la industria china del VE se ha beneficiado de muy distintas formas de apoyo gubernamental: desde la concesión de terrenos para la instalación de fábricas en condiciones ventajosas, de ayudas financieras directas por parte del Gobierno, o de otras medidas de apoyo más indirectas, como algunas distorsiones a la competencia o la aplicación arbitraria de las leyes de quiebra.

Estos factores han hecho que China se beneficie de economías de escala, mejoras tecnológicas y ventajas en costes que no han tenido la industria automovilística europea. El resultado de todo ello es que en 2023 los precios de venta de los automóviles eléctricos a los consumidores finales en China fueron casi un 50% inferiores a los de Europa.

Aranceles: ¿la respuesta correcta?

La respuesta de la UE ante la encrucijada en la que se encuentra el sector del automóvil europeo ha sido el establecimiento de aranceles como mecanismo para restablecer la competitividad ante la supuesta competencia desleal de los productores chinos. Ahora bien, esta medida, que en principio puede considerarse adecuada para la defensa de una industria tan importante para Europa, no está exenta de efectos colaterales no deseados. Sin pretender realizar una lista exhaustiva de ellos podemos destacar:

1º.- Los aranceles a los coches eléctricos chinos supondrán un aumento en el precio final a pagar por los consumidores europeos, con la consiguiente caída en su demanda, lo que supondrá una adopción más lenta del vehículo eléctrico en Europa. Asimismo, el efecto de estos mayores precios será especialmente perjudicial para los consumidores con menor nivel de renta que verían dificultada la adquisición de un nuevo automóvil (elevando la edad media de los vehículos en circulación).

2º.- La industria del automóvil europea, al menos a corto plazo, podría verse beneficiada por los mayores precios, con el consiguiente aumento en la producción y del empleo en Europa. No obstante, la implantación de aranceles no supondrá no estar sujeto a la competencia extranjera. De hecho, uno de los mayores riesgos para la industria automotriz europea va a venir de la creciente presencia de empresas automovilísticas chinas que producen en territorio europeo (planes de inversión de BYD en Hungría o la alianza de Ebro y Chery en Barcelona). Esta inversión china en territorio europeo podría ayudar a preservar empleos en el sector y trasladar el “know-how” chino a Europa, pero supone un nuevo reto para las empresas de capital europeo.

3º.- El riesgo de que los aranceles a los coches eléctricos chinos sean el detonante de una guerra comercial con China, que conduzca a una mayor fragmentación del comercio entre la UE y China, con efectos perjudiciales más allá del sector del automóvil. Un ejemplo de ello es el anuncio por parte de China del inicio de una investigación sobre las importaciones a los productos porcinos, lácteos o brandy procedentes de la UE. Una potencial escalada de las restricciones comerciales con China podría traer consigo efectos muy negativos para el comercio y la actividad económica en Europa, dada la elevada exposición que tienen las empresas europeas, y especialmente las españolas a la importación de insumos críticos comprados en China[2].

4º.- El establecimiento de barreras arancelarias muy probablemente no sea el mecanismo adecuado para reforzar la competitividad de la industria europea en la producción de vehículos eléctricos. Por el contrario, los aranceles reducirán las presiones competitivas de los fabricantes de vehículos eléctricos de la UE, reduciendo los incentivos para moderar coste y precios y, en última instancia, innovar. Tal y como, señalaba la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil (VDA), “la competitividad se crea a través de la competencia”.

5º.- Los aranceles a los vehículos eléctricos chinos podrían ralentizar el proceso de descarbonización del transporte y dificultar el logro de los objetivos climáticos de la UE.

 

Conclusiones

El problema al que se enfrenta el sector del automóvil europeo es complejo y no tiene fácil solución. No obstante, el establecimiento de aranceles a las importaciones de VE chinos no es la forma adecuada de actuar si se adopta una perspectiva a medio y largo plazo. China ha adquirido una ventaja competitiva en la producción de vehículos eléctricos que no puede justificarse aduciendo que responde exclusivamente a las subvenciones del gobierno chino.

El hecho de que los productores chinos ofrezcan vehículos eléctricos de calidad similar a los europeos a unos precios mucho más bajos sólo puede revertirse fomentando la inversión e innovación, en línea con las recomendaciones propuestas en el Informe Draghi.

En un momento como el actual, en el que existe un riesgo claro de fragmentación de la economía mundial que podría tener importantes efectos negativos en cuanto a comercio y bienestar, la búsqueda de una solución negociada con China debe seguir estando presente. Los resultados de esta estrategia no serán inmediatos, pero debería ser la línea de actuación.

 

Bibliografía

Balteanu, Irina, Alejandro Fernández Cerezo y Javier Quintana. (2024). “La exposición de las empresas españolas a la importación de insumos críticos de China: un análisis basado en encuestas”. Boletín Económico – Banco de España, 2024/T4. https://doi.org/10.53479/37835

Bencivelli, Lorenzo, Markus Jorra, Andrés Lajer Barón, Marta Suárez-Varela y Mario Vuletic. (2024). “El auge del coche eléctrico en China y su impacto en la Unión Europea”. Boletín Económico – Banco de España, 2024/T4, 03. https://doi.org/10.53479/37852

Comisión Europea. (2024). “On significant distortion in the economy of The People’s Republic of China for the purposes of trade defence investigations”. Commission Staff Working Document, SWD (2024) 91. https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-updates-report-state-induced-distortions-chinas-economy-2024-04-10_en

 

[1] Para un detallado análisis del auge de la industria del automóvil eléctrico chino y de su impacto en la Unión Europea, véase Bencivelli, L. et al (2024).

[2] Un 20% de las empresas manufactureras españolas (34% de las alemanas) importan insumos críticos de China. Véase Balteanu, I. et al. (2024).


Noticias 46 – 10

26 de diciembre de 2024
  • Roubini, N. (2023): Megamenazas. Las diez tendencias globales que ponen en peligro nuestro futuro y cómo sobrevivir a ellas. Ed. Deusto.

(Por Mª Cristina Calderón, alumna máster en Política Económica y Economía Pública, Universidad de Valencia)

La primera parte se centra en la crisis de deuda mundial, a la que el autor la describe como la “madre de todas las crisis de deuda”, la demografía y errores en políticas públicas.  Según Roubini, los niveles de endeudamiento, tanto en el sector público como en el privado, han alcanzado cifras récord, y esta situación se ha agravado aún más debido a las políticas de expansión monetaria y fiscal adoptadas tras la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19. Esta crisis de deuda global podría desencadenar una recesión aún peor que la del 2008. El autor utiliza varios ejemplos históricos para ilustrar su argumento, uno de los más relevantes es el caso de Argentina para mostrar como los países que no controlan sus niveles de deuda se ven atrapados en ciclos de crisis y rescates, y como el mundo entero podría enfrentar una situación similar (capítulo I). Roubini hace una crítica a las políticas económicas implementadas por los gobiernos y los Bancos Centrales en las últimas décadas, que califica de irresponsables y sostiene que muchas de las decisiones que se han tomado con el objetivo de estabilizar las economías a corto plazo han creado problemas estructurales a largo plazo. Un ejemplo de esto es la política monetaria de expansión cuantitativa, que consiste en la inyección masiva de dinero en los mercados financieros para estimular la economía. Argumenta que esto solo genera una cultura de dinero barato y como resultado de ello se inflan burbujas en los precios de los activos, como la vivienda y las acciones. Estas burbujas están condenadas a estallar cuando las tasas de interés suban, lo que provocará una recisión aún más grave que la de 2008 (capítulo II). Roubini, destaca el impacto del envejecimiento poblacional e introduce el concepto de “bomba demográfica”. El envejecimiento de la población, combinado con las bajas tasas de natalidad, está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los sistemas de pensiones y salud, lo que aumenta el gasto público y, por ende, la deuda; argumentando finalmente que esta dinámica demográfica es insostenible (capítulo III).

También se centra en uno de los fenómenos más característicos de la economía moderna: la trampa del dinero fácil. Enfatiza en cómo las políticas monetarias expansivas, aplicadas para estimular el crecimiento económico y evitar recesiones, han creado un ciclo peligroso de expansión y contracción, y profundiza en un concepto económico clásico, pero devastador: la estanflación. Un escenario en el que la economía enfrenta simultáneamente estancamiento económico, alta inflación y desempleo elevado (capítulo IV y V).

En la segunda parte, se centra en cuatro grandes temas: la inestabilidad del sistema financiero global, la creciente tendencia hacia la desglobalización, los peligros de la revolución tecnológica, particularmente la inteligencia artificial (IA) y la automatización, y la nueva Guerra Fría entre China y EE.UU. Comienza explorando el colapso de la estabilidad financiera global y las crecientes crisis monetarias, señalando que la dependencia de las bajas tasas de interés ha fomentado una burbuja de activos financieros, y que cuando los Bancos Centrales se vean obligados a subir las tasas para combatir la inflación, muchas economías no podrían soportar el peso de su deuda, y los llevaría a una serie de quiebras corporativas y soberanas (capítulo VI). Roubini también hace un análisis de la desglobalización. Sostiene que la integración económica global, que caracterizó las últimas décadas, está en retroceso. El auge del proteccionismo, impulsado por tensiones geopolíticas y comerciales, está fragmentando la economía global, lo que conllevará graves repercusiones para el comercio internacional y las cadenas de suministro. La rivalidad entre Estados Unidos y China, en particular, es una fuente de gran inestabilidad, y alerta sobre la posibilidad de una nueva Guerra Fría económica y tecnológica entre estas dos superpotencias (capítulos VII y IX). Otro de los temas cruciales que aborda Roubini es el impacto de la inteligencia artificial (IA) y la automatización. El autor advierte que la revolución tecnológica actual no solo eliminará millones de empleos, sino que también profundizará la desigualdad económica. A diferencia de revoluciones industriales anteriores, la IA podría desplazar a los trabajadores a una velocidad tan rápida que no habrá tiempo suficiente para que las economías se adapten y crean nuevos empleos (capítulo VIII). Para terminar la segunda parte, el autor presenta un panorama sombrío de los impactos del cambio climático, el cual lo aborda desde una perspectiva económica y social. El cambio climático no es solo una amenaza ambiental, sino también un multiplicador de otras crisis, como la inestabilidad política y los conflictos por recursos (capítulo X).

Finalmente, en la tercera parte (capítulo XI y XII), se enfoca en el futuro incierto y las soluciones necesarias para evitar el colapso. El autor enfatiza que la humanidad debe enfrentarse a estos problemas con urgencia y cooperación global para evitar una «gran estanflación», un escenario económico devastador que amenaza con eclipsar las crisis pasadas. Argumenta que, aunque los problemas son evidentes y las soluciones están sobre la mesa, la falta de cooperación internacional y las divisiones políticas están obstaculizando cualquier acción significativa. Los países a nivel individual están más preocupados por proteger sus propios intereses a corto plazo que por colaborar en la búsqueda de soluciones para problemas globales como el cambio climático, las pandemias o la estabilidad financiera. Roubini dedica el último capítulo a explorar las posibles soluciones que podrían evitar un futuro indeseable, sin embargo, se muestra escéptico sobre la viabilidad de estas soluciones, dada la magnitud de los desafíos y la falta de voluntad política para implementarlas, dado que sería necesario un cambio radical en las políticas económicas, sociales y ambientales. Esto incluye la implementación de políticas económicas más sostenibles, la reducción de las emisiones de carbono, y la inversión en tecnologías verdes que permitan una transición hacia una economía más respetuosa con el medio ambiente.

En esta obra Roubini refuerza su reputación como un economista dispuesto a desafiar el pensamiento convencional, entrelaza temas complejos mostrando que se refuerzan mutuamente, desde ahí recalca que lo más alarmante es la interconexión de éstos factores, la cual nos acerca a una crisis global inevitable, desestabilizando las sociedades de manera profunda y duradera. A su vez critica la falta de previsión de los gobiernos y las instituciones financieras globales, las malas decisiones políticas que exacerban los problemas en lugar de solucionarlos, y hace su análisis convincente, en gran parte debido a su capacidad para apoyarse en ejemplos históricos y en datos concretos que ilustran las consecuencias de ignorar estos problemas, proporcionando credibilidad a sus argumentos. Roubini articula cómo las fuerzas que antes impulsaban el crecimiento global, como la globalización y la innovación tecnológica, ahora se están convirtiendo en fuentes de desestabilización y ofrece un análisis sólido sobre la desglobalización. A través de ejemplos y datos actuales, muestra como la integración económica global, que había sido vista como una fuerza de progreso y estabilidad, está siendo reemplazada por una era de proteccionismo y tensiones geopolíticas, y cobra mucha relevancia en el contexto actual, donde la pandemia de COVID-19 y las tensiones entre Estados Unidos y China han demostrado los peligros de depender de un sistema global interconectado.

Por otro lado, respecto a la inteligencia artificial y la automatización, mientras que muchos expertos han destacado las ventajas de estas tecnologías, Roubini centra su atención en las consecuencias negativas que tendrán para los trabajadores y la estabilidad social, realizando una advertencia sobre el creciente poder de las empresas tecnológicas y el peligro de una mayor desigualdad global. Sin embargo, aunque Roubini es pesimista sobre las posibilidades de evitar estos escenarios, también deja una puerta abierta para la esperanza, aunque con reservas realistas, sobre la capacidad de la humanidad para tomar las decisiones necesarias antes de que sea demasiado tarde, y así ofrece una visión clara de las soluciones que podrían implementarse para mitigar estos riesgos: la cooperación internacional, la justicia económica y la sostenibilidad ambiental. No obstante, el verdadero desafío radica en generar la voluntad política y social para adoptarlas.

El libro es una advertencia urgente sobre la dirección en la que se encamina el mundo y una llamada a la acción para mitigar estas amenazas antes de que sea demasiado tarde. Si bien la obra puede ser desalentadora por su enfoque sobre las crisis, es una lectura obligada para aquellos interesados en la economía global, las políticas públicas y los desafíos que enfrenta nuestra civilización.

  • Antuñano Maruri, I., y Monzón Campos, J. L. (2024): El fomento del empleo y los servicios para la atención a las personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana. CIRIEC España.

(por Isidro Antuñano Maruri, miembro de CIRIEC España)

La discapacidad intelectual o de desarrollo afecta directamente a aquellas personas con limitaciones importantes en sus habilidades para la vida diaria debidas a sus dificultades para aprender, comprender, y comunicarse. Este tipo de discapacidad es diferente a la discapacidad psíquica o mental, en la que las personas afectadas muestran trastornos en su comportamiento debido a enfer­medades como la esquizofrenia, la depresión intensa, etc. El objetivo principal del informe de CIRIEC España es el de proporcionar una imagen agregada y actualizada del sector de la discapacidad intelectual en la Comunidad Valenciana, las políticas de fomento del empleo aplicables al mismo, y la actividad económica y social resultante, en términos de nivel de empleo, ingresos, activos, valor agrega­do, productividad, recursos propios, y resultados después de impuestos. Un segundo objetivo es el análisis individual de cada una de las sesenta instituciones que componen la red asociativa de Plena Inclusión Comunidad Valen­ciana[2], aumentando la visibilidad de la aportación socioeconómica específica de cada una de ellas.

En la Comunidad Valenciana, el colectivo de personas con discapacidad intelec­tual o del desarrollo se cifra en el Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana en el año 2023 en un total de 29.753 personas, de las cuales 12.333 mujeres. Las personas con discapacidad intelectual suponían en 2023 en la Comunidad Valenciana un 9,11% del total español estimado de 326,6 miles de personas con discapaci­dad; mientras que la discapacidad intelectual suponía en la Comunidad Valenciana un 14,51% de las personas totales con discapacidad en el tramo de edad laboral que va de 16 a 64 años, inclusive. El estudio ha analizado una muestra de veintidós entidades representativas, para las cuales existen datos comparables de empleo total, empleo de mujeres, valor añadido bruto, gastos de personal, ingre­sos anuales, activos y resultados después de impuestos; datos referidos a 2022. En esta muestra representa­tiva, las formas jurídicas que adoptan las entidades son mayoritariamente asociacio­nes (quince casos), seguida de fundaciones (cinco casos) y cooperativas sin ánimo de lucro (tres casos). En dos de las asociaciones, los datos disponibles se refieren específicamente a los centros especiales de empleo que dependen de las mismas, y no a las asocaciones como tales. La suma de beneficiarios declarados por las entidades de la muestra es de 11.524 personas, esto es, unas 192 personas por asociación, como media; si bien la forma de cómputo de tales personas beneficiarias no es siempre comparable. El empleo total declarado en las entidades de la muestra es de 1.231 personas, en términos de empleo equivalentes a tiempo completo; lo que supone una ratio de personas atendidas /empleo de 9,4, y una ratio empleo /asociación de 20,5 personas.

El valor añadido bruto generado por las entidades fue en 2022 de 37,8 millones de euros, del cual un 92,99% eran gastos de personal.; lo que muestra la elevada intensidad en trabajo de las mismas, dejando apenas el 7% restante para amortizaciones del inmovilizado y para resultado después de impuestos  Los ingresos anuales en 2022 alcanzaron los 47,7 millones de euros, con un impor­te medio por persona empleada de 38,8 miles de euros, que debe cubrir tanto sueldos, salarios y cotizaciones a la Seguridad de la empresa como la compra de inputs. Los activos de las entidades de la muestra sumaban en 2022 un total de 70,7 mi­llones de euros, con una media de 55,9 miles de euros por empleo; media en la que juega un papel importante el inmovilizado material de que se disponga en cada caso.
La mayoría de las entidades de la muestra (esto es, 14 de 22) ha tenido beneficios en 2021 y 2022, mientras que en otros ocho casos se han producido pérdidas. El sumatorio neto de beneficios y pérdidas alcanza en 2022 a un total de 474,2 miles de euros, lo que supone un 0,99% del total de ingresos. Se ha comprobado que en la totalidad de los casos con beneficios después de impuestos, estos se han aplicado a reservas, asegurando así que se afectan a los fines sociales propios de las entidades.
En definitiva, el informe comentado identifica con detalle una forma de hacer economía que, como es lógico, requiere también de ingresos, gastos, cobros, pagos, activos y pasivos, como en el caso de la economía mercantil, pero que orienta todo ello a la satisfacción de las necesidades sociales no directamente cubiertas por el mercado  o por las administraciones públicas; aunque también hay que decir que tales administraciones públicas, y en ocasiones algunas empresas privadas, contribuyen en buena medida a su financiación.


[1] Antuñano Maruri, I., y Monzón Campos, J. L. (2024): El fomento del empleo y los servicios para la atención a las personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana. CIRIEC España, noviembre.

[2] https://plenainclusioncv.org/

  • Josep Mª Jordán: Amar Europa. Dietario de vivencias europeas.

(por Isidro Antuñano Maruri, Miembro de CIRIEC España)

El profesor Josep Mº Jordán ha publicado recientemente un libro de análisis y memorias sobre Europa que ha titulado Amar Europa. Dietario de vivencias europeas (editorial Barlin Project SL, Valencia; 2024). Se trata de un texto que, bajo la apariencia amable de un relato personal, sencillo y bien escrito, esconde una auténtica radiografía del devenir de Europa desde mediados de los años setenta del siglo pasado hasta nuestros días. Un devenir que presenta una envolvente global de avance político, económico y social, intercalado de períodos recurrentes de duda y pesimismo.
Descubrir y redescubrir Europa es el primer capítulo de la obra, en el que nos encontramos, entre otras cosas, con la dificultad de definir qué es realmente Europa desde los puntos de vista geográfico, histórico, cultural e institucional. No es una pregunta retórica, sino crucial aún hoy en día. Desde el punto de vista geográfico, carecemos de una delimitación precisa de la Europa oriental (que no es simplemente la que hace frontera con la Unión Europea actual). Desde el punto de vista histórico, Europa carece de un símbolo unificador claro, aunque hacen este papel la reforma y contrarreforma, la revolución francesa, la revolución rusa, y la derrota del nazismo y el fascismo. Tampoco posee una representación institucional externa propia, fuera de un Consejo de Europa de actividad política testimonial, que en 2024 se compone de 46 países, entre los que no se encuentra Rusia, expulsada en 2022, ni Bielorrusia y Kazajistán, ambas con status actual de países candidatos. Además, el mito del rapto de la princesa Europa (siria de origen griego) tampoco nos ayuda mucho a encontrar una definición exacta. Igual es mejor así…


El segundo capítulo del libro se titula Sentirse parte de Europa, y corresponde al período histórico que va desde la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, hasta antes de la ampliación de la UE hacia el este. Ser parte de Europa implicaba ya compartir el largo viaje hacia el euro y hacia la cultura de la responsabilidad económica y social (a menudo confundida con la llamada austeridad); incluyendo un hito para el autor (y la Universidad de Valencia) que supuso la primera edición del Manual de Economía de la Unión Europea, dirigido por Jordán con un amplio equipo interuniversitario de colaboradores.
Tras la creación del euro (hoy ya claramente asentado en la mentalidad de los europeos no brexistas), el siguiente gran paso europeo fue el de la ampliación hacia el este, absorbiendo gran parte del antiguo cinturón protector de Rusia por su occidente. El autor titula este período como Abrazar una Europa amplia, que refiere además los sucesivos intentos de revitalizar la Unión Euromediterránea, y de dotar de contenido a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, luego Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso sí, con el contrapunto siniestro del atentado de 2001 contra las torres gemelas de Nueva York.
Dejando ya a Europa bien abrazada por su este, el siguiente capítulo del libro del profesor Jordán nos sitúa entre aproximadamente entre 2005 y 2012, un período al que titula como Amar una Europa difícil.

Tras la derrota en 2005 del proyecto de Constitución Europea, sobreviene la fuerte depresión económica mundial de 2008, con sus posteriores recortes económicos y sociales, y la alimentación subsiguiente de populismos a derecha e izquierda. Sí; una época difícil.
Lo que vendría en la década siguiente (invasión de Crimea por Rusia en 2014, con sus precuelas y secuelas, y el referéndum del Brexit en 2016) podría haber llevado al profesor Jordán a cualificar su anterior Europa difícil por algo más dramático (de hecho titula algunos pasajes puntuales como Crisis existencial en la UE, Encrucijada europea, y Etapa de recomposición); pero el europeísta convencido que es nuestro autor le lleva a titular sus escritos de este lapso histórico como Forjar una Europa esperanzada. Y me quedo con la palabra forjar, a la que la primera opción de la Real Academia Española define como dar la primera forma con el martillo a cualquier pieza de metal.


El capítulo final, en el que la forja industrial debe dar paso al torneado de piezas, está encabezado por el lema Buscar una Europa abierta y solidaria. Frente a las consecuencias de la pandemia de 2020 y de la guerra derivada de la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, Jordán pone el acento en todos los brotes verdes europeos que le salen al encuentro: desde el Fondo de Recuperación de la UE (Next Generation EU), a las nuevas prioridades del Marco financiero plurianual 2021-2027, o el Plan de Acción para la Economía Social de 2021. 
Más que un dietario personal, el libro del profesor Jordán es un dietario generacional, de congéneres maduros (como mínimo…), pero que han compartido muchos hechos, políticas e ideas.  Eso sí, los periplos que relata son privativos. Los de un alma individual comprometida y viajera, que ama Europa.


Noticias 45 – Índice

8 de octubre de 2024

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EVENTOS E INFORMACIONES

1. XVII Jornadas Internacionales de Política Económica. Sevilla, 29-30 de mayo de 2025. (Información preliminar)

2. Presentación Cátedra Institucional “Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana. Encuentro de Política Económica: nuevas tendencias de política económica valenciana (Valencia 28 de octubre de 2024)

3. II Ciclo de Seminarios de Política Económica (virtual)

4. IX Encuentro de Política Económica Internacional. Valencia, 28 de noviembre de 2024

5. Encuentro de Política Económica. Alcalá de Henares, 12 y 13 de diciembre de 2024

6. Encuentro de Política Económica. Albacete, 23 y 24 de enero de 2025

7. VI Taller de Política Económica (resultados). “Instituciones, políticas y territorio”, Granada, 13 y 14 de junio de 2024

8. Seminarios de Política Económica (resultados): organizados por la Universidad de Valencia para el curso 2023-2024 hasta octubre de 2024

9. Otros eventos: “13th PhD-Student Workshop on Industrial and Public Economics (WIPE)”. Reus, 20 y 21 de Febrero de 2025

10. Diez Años del Máster Oficial en Política Económica y Economía Pública (Carlos Ochando)

11. Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

ARTÍCULOS:

12. Políticas económicas estructurales: Redistribución en el sistema público de pensiones español

13. Políticas económica y género: Medir el techo de cristal: Índice Regional de Techo de Cristal (IRTC)

14. Reseñas: Morán Álvarez, Juan Carlos (2024): El final de las crisis económicas nacionales. La política económica con el modelo ECS-MEC. Priámide


Noticias 45 – 1

8 de octubre de 2024

XVII Jornadas Internacionales de Política Económica. Sevilla, 29-30 de mayo de 2025. (Información preliminar)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada III, Universidad de Sevilla

El Dr. Juan Carlos Morán Álvarez profesor titular de Política Económica del departamento de Economía Aplicada III de la Universidad de Sevilla tiene el encargo de Organizar en Sevilla, los días 29 y 30 de mayo de 2025 las XVII Jornadas Internacionales de Política Económica.
La intención es dar a estas Jornadas un objetivo complejo y único hasta el momento, pues pretende presentar los resultados de investigadores de las universidades participantes en la construcción de un nuevo paradigma de política económica centrado en el siglo XXI.
Desde julio de 2024 se presenta la apertura de un Congreso Internacional Permanente Nueva Escuela de Política Económica, con miras a presentar en las XVII Jornadas los resultados del mismo. La intención es sumar investigadores nacionales e internacionales a la construcción de dicha escuela basada, no en la escasez y la utilidad, sino en el Movimiento-dinamismo), el Esfuerzo y la Confianza (Modelo ECS-MEC). El Congreso tiene una duración inicial de un año que se cierra tras las XVII jornadas presenciales los días 29 y 30 de mayo de 2025 para concluir toda la labor desarrollada durante el año.
Durante dicho periodo se van a desarrollar actividades de promoción y producción científica en el ámbito de la ciencia de Política Económica. Entre estas actividades novedosas se incorporan las siguientes:

  • Publicación periódica de actas y artículos con ISBN o DOI.
  • Creación de dos repositorios con DOI, según duración, de videos cortos explicativos de las ideas de investigadores participantes en el Congreso, desarrollados por ellos y clasificados por temática específica, todos ellos, con una doble intención:
  • A través de su exposición, otros investigadores pueden encontrar a personas con inquietudes en ideas o temas comunes, que además se promoverán desde el Comité Organizador, y ello permitirá contactos que tienen por objeto potenciar trabajos conjuntos entre investigadores y potenciar así la creatividad y calidad científica.
  • Promover en redes sociales la producción de ideas científicas en materias diversas de Política Económica de carácter micro como macroeconómicas.
  • Creación de un repositorio de citas: los participantes en el Congreso recomendarán las ideas más importantes, en formato de citas literales, de sus principales investigaciones, y aquellas que consideren de interés en su campo de investigación. Estas referencias bibliográficas se agruparán por temáticas de política económica, con el objetivo de facilitar la búsqueda de investigaciones afines a los campos de estudio de cada investigador.
  • Aquellos trabajos que el comité científico considere de un impacto especialmente relevante para la Sociedad, van a recibir una promoción especial por parte del Congreso, con objeto de potenciar que los mismos puedan trascender en términos científicos y promocionarlos a premios de economía ligados a territorios concretos, a temáticas específicas o generales. La intención última es tratar de impulsar su aplicabilidad en política económica por parte de responsables de la política económica desde el punto de vista práctico.

Noticias 45 – 2

8 de octubre de 2024

Presentación de la Cátedra Institucional “Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana”. Encuentro de Política Económica: Nuevas tendencias de la política económica valenciana. Valencia, 28 de octubre de 2024

Organiza: Cátedra Institucional de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana

Lugar:

  • Presencial: Sala Villalonga, Facultad de Economía, Universidad de Valencia
  • Online: https://links.uv.es/KGXb906             
    • Código de acceso: 921352

Con motivo de la presentación de la nueva Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana se celebra el Encuentro de Política Económica sobre nuevas tendencias de política económica valenciana que pretende aglutinar tanto a los miembros y colectivos de la comunidad universitaria como a los principales agentes sociales y políticos. Esto contribuirá a presentar la cátedra como institución de dinamización social del conocimiento y del fomento e investigación de políticas económicas y sociales para contribuir en la correcta toma de decisiones y acciones políticas en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Se invita, con ello, a la participación social, mediática y académica en el evento.

Programa

9:00 – 9:15: Presentación de la Cátedra

  • Antonio Sánchez Andrés, Director de la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana
  • Justo Herrera Gómez, Vicerrector de Economía e Infraestructuras, Universitat de València

9:15 – 10:00: Mesa redonda: Hacia una nueva política agraria

  • Lourdes Viladomiu Canela, exprofesora del Departamento de Economía Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Belén Miranda Escolar, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valladolid

10:00- 10:30: Descanso

10:30 – 11:30: Mesa redonda agentes sociales: Tendencias de la política económica en la Comunidad Valenciana

  • Salvador Navarro Pradas, Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV)
  • Ana García Alcolea, Secretaria General de Comisiones Obreras del País Valenciano (CCOO-PV)
  • Ismael Sáez Vaquero, Secretario General de Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV)

11:30: Clausura

  • Antonio Sánchez Andrés, Director de la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana
  • Francisco Muñoz Murgui, Decano de la Facultad de Economía, Universitat de València
  • Carlos Mazón Guixot, M.H. President de la Generalitat Valenciana

Noticias 45 – 3

8 de octubre de 2024

II Ciclo de Seminarios de Política Económica (virtual)

Organiza: Salvador Pérez Moreno, Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, Universidad de Málaga, (sperezmoreno@uma.es) e Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá

Tras el éxito del primer Ciclo de Seminarios de la Red de Investigadores de Política Económica, celebrado a lo largo del año pasado, se abre un nuevo ciclo de seminarios para el curso 2024-2025. En los últimos años se está produciendo una importante renovación del profesorado de Política Económica en muchos departamentos y unidades docentes de la universidad española, y son muchos los profesores/as jóvenes que se están incorporando como docentes e investigadores de Política Económica. En ese sentido, y con la intención de la Política Económica siga ocupando un lugar destacado en los planes de estudio y que se continúe fortaleciendo la docencia de nuestra disciplina, desde hace algún tiempo, desde REDIPE, se viene valorando la idea de poner en marcha seminarios telemáticos deformación en Política Económica, con objeto de promover la reflexión e intercambio de ideas y opiniones para la formación de docentes e investigadores de la Política Económica, con especial interés en la formación del profesorado más joven.  Anunciamos, por tanto, el II Ciclo de Seminarios sobre Política Económica que se ha reeditado para el curso 2024/2025, y seguirá profundizando en algunas cuestiones centrales de la Política Económica, así como de sus nuevos retos. Se han planificado los siguientes: ·        

Primera sesión: Jueves 24 octubre 2024, 17:00 horas

Ponente: Francisco Pérez García (Universidad de Valencia)

Título: “Perfiles del problema de la productividad en España”Moderador: Juan Ramón Cuadrado Roura (UCJC) ·        

 

Segunda sesión:

Miércoles 26 febrero 2025, 17:00 horas

Ponente: Xóse Carlos Arias Moreira (Universidad de Vigo)

Título: “Calidad institucional y economía: el caso español”Moderador: Tomás Mancha Navarro (UAH) ·  

      

Tercera sesión:

Miércoles 7 mayo 2025, 17:00 horas

Ponente: José María Marín Quemada (UNED)

Título: “Competencia y regulación”Moderadora: Evangelina Aranda García (UCLM) 

 

Los seminarios serán transmitidos de forma sincrónica por Internet gracias a la colaboración del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, y serán grabados para su posterior puesta a disposición en repositorios de libre acceso. Para poder conectarse y participar en los seminarios será necesario una inscripción previa (y gratuita), siguiendo las indicaciones que se facilitan con unas dos semanas de antelación a cada uno de los seminarios por esta misma vía.


Noticias 45 – 4

8 de octubre de 2024

IX Encuentro de Política Económica Internacional: “Análisis de Política Económica en el ámbito internacional y estudios de caso por países”, Valencia, 28 de noviembre de 2024.

Organiza: Departamento de Economía Aplicada – UPDE, Universidad de Valencia (España)

Lugar:

  • Presencial: Sala Sánchez Ayuso (Primera Planta, Facultat d’Economia, Campus dels Tarongers, Universitat de València)
  • Online: Se proporcionará enlace a la plataforma de transmisión en directo.

La Universidad de Valencia se complace en anunciar la celebración del IX Encuentro de Política Económica Internacional, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre de 2024 en la Facultad de Economía. Este evento reunirá a destacados académicos y profesionales para discutir y analizar la política económica en diversos contextos internacionales, ofreciendo una visión comparativa y profunda de las medidas implementadas en diferentes países.

Este año, el encuentro se enfocará en dos temas principales: el análisis de la política económica de países como Rusia, Japón, Turquía, Marruecos, Colombia, España y Kazajistán, y la política económica en el ámbito de la educación, ofreciendo un panorama detallado y crítico de las estrategias empleadas en cada contexto.

La coordinación del evento está a cargo de la Profesora Luz Dary Ramírez Franco, quien será el punto de contacto para cualquier información adicional o consultas sobre el encuentro. Los interesados pueden comunicarse con ella a través del correo electrónico: luz.ramirez@uv.es.

Invitamos a los miembros de la comunidad académica y profesionales interesados en la política económica a participar en este encuentro.

Los trabajos que se incluirán en el anuario 2024, ya están siendo elaborados por profesores de diversas universidades nacionales e internacionales.

¡Esperamos contar con su participación en este espacio de intercambio académico y profesional!


Noticias 45 – 5

8 de octubre de 2024

Encuentro de Política Económica: “Los procesos de enseñanza-aprendizaje de la política económica: Desafíos y oportunidades”, Alcalá de Henares, 12 y 13 de diciembre de 2024.

Organizan: Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) y la Unidad de Política Económica. Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá

Objetivo: Proporcionar un espacio para el diálogo y la reflexión entre el profesorado universitario que imparte materias de la disciplina de Política Económica en las titulaciones oficiales, analizando los desafíos contemporáneos y las oportunidades inherentes a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se busca promover la reflexión sobre la práctica docente y evaluar los resultados derivados de la implementación de metodologías innovadoras.

Áreas temáticas de interés: Se mencionan algunas áreas temáticas que se abordarán, aunque se aceptan propuestas sobre otros tópicos afines al objetivo del evento:

 

  • Metodologías de enseñanza-aprendizaje de la Política Económica (clase magistral, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje-servicio, método del caso, clase inversa).
  • Las soft skills en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Política Económica ¿cómo lo hacemos posible?
  • El uso de herramientas informáticas, nuevas bases de datos y estadísticas, y el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza y el aprendizaje de la Política Económica.
  • La atención a la diversidad en las aulas, el pensamiento crítico en el aula y la integración de los objetivos de la Agenda 2030 y de las competencias para el desarrollo sostenible, entre otros retos de futuro: ¿Cómo integrarlos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Política Económica?
  • …/…

Este encuentro permitirá no solo el intercambio de experiencias y prácticas docentes, sino también la exploración de nuevas perspectivas en la enseñanza de la Política Económica

Inscripciones: El encuentro será gratuito, pero tendrá plazas limitadas. Más detalles en próximas comunicaciones. Para participar activamente, contactar al correo iaes@uah.es


Noticias 45 – 6

8 de octubre de 2024

Encuentro de Política Económica: “Políticas de Fomento de la Actividad Emprendedora y Desarrollo Sostenible”, Albacete, 23 y 24 de enero de 2025

Organiza: Departamento de Economía Aplicada – Castilla-La Mancha

La creciente preocupación por los problemas ambientales y sociales ha puesto de relieve la importancia del desarrollo sostenible. El emprendimiento juega un papel crucial en este contexto, ya que los emprendedores contribuyen al desarrollo de nuevos productos, la exploración de nuevos mercados y la introducción de innovaciones, buscando nuevas soluciones a los retos actuales. Es fundamental identificar las variables que influyen en el emprendimiento para diseñar medidas efectivas que promuevan actividades emprendedoras y el desarrollo sostenible.

En este sentido, los fondos Next Generation EU y la política regional pueden diversificar la especialización del tejido empresarial y fomentar la innovación. Sin embargo, la Comisión Europea ha señalado que, en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, existe un conocimiento limitado sobre las oportunidades de financiación que ofrecen los Fondos Estructurales. Por lo tanto, es esencial estudiar cómo la especialización productiva y el tipo de emprendimiento pueden influir en la capacidad de las regiones para aprovechar estos fondos.

En definitiva, con la realización de este seminario se pretende alcanzar  los siguientes objetivos: en primer lugar, identificar y analizar las variables que influyen en el emprendimiento, con el fin de diseñar medidas de política económica que diversifiquen la especialización del tejido empresarial y fomenten la creación de nuevos productos y mercados, contribuyendo así al desarrollo económico y social sostenible; y en segundo lugar, debatir y proponer políticas económicas, fiscales, comerciales, de acceso al crédito, de I+D+i, y de formación y capacitación que promuevan la actividad emprendedora, facilitando un entorno favorable para el crecimiento de nuevas empresas y la generación de desarrollo sostenible.

 

Contacto:

María Soledad Castaño Martínez (mariasoledad.castano@uclm.es)

Inmaculada Carrasco Monteagudo (inmaculada.carrasco@uclm.es)


Noticias 45 – 7

8 de octubre de 2024

VI Taller de Política Económica (resultados): “Instituciones, políticas y territorio”, Granada, 13 y 14 de junio de 2024.

Organiza: Departamento de Economía Internacional y de España. Universidad de Granada. Asociación Andaluza de Ciencia Regional.

Los días 13 y 14 del pasado mes de junio tuvo lugar el VI Taller de Política Económica en la Universidad de Granada que versó sobre “Instituciones, políticas y territorio”.

El evento se inició con la bienvenida de la organización realizada por José Antonio Camacho Ballesta. Como conferencia de apertura se contó con la presencia del profesor de la Universidad de Oviedo Fernando Rubiera Morollón que también es presidente de la Asociación Española de Ciencia Regional (AECR), Director de la Cátedra para el análisis de la innovación en Asturias e investigador de REGIOlab. En concreto, la conferencia llevó el título “Desigualdades espaciales y voto antisistema en Reino Unido, Francia y España”.

Seguidamente, se sucedió una mesa redonda dividida en dos partes, pero encargada del “Marco institucional: política y gobernanza territorial”. En la primera parte, se presentaron tres trabajos por parte de Antonio Sánchez, Luz Dary, Ángel Soler y Margarita Rohr. Estas investigaciones se ocuparon respectivamente de la efectividad gubernamental y la política económica en 38 países de la OCDE entre 1992 y 2022, de la política económica y la economía de guerra rusas y del papel de la democracia en la lucha contra la desigualdad. La mesa que fue moderada por José Luís Navarro Espigares.

En cuanto a la segunda parte de esta primera mesa, siendo moderada por Manuel Hernández Peinado, se habló en la primera ponencia de las causas del reto demográfico y las posibilidades de actuación de los gobiernos provinciales con el ejemplo de Jaén (Juan Carlos Rodríguez, José Domingo y Antonio Garrido). La segunda ponencia trató sobre la digitalización para combatir el abandono poblacional en España a través del Plan de Recuperación y Resiliencia (Marcin Roman Czubala Ostapiuk y Monica Puente Regidor). Para culminar la mesa, se expuso el caso de Guadalajara sobre política de vivienda en entornos despoblados (Rubén Garrido Yserte y Maria Teresa Gallo Rivera).

Para la mañana del 14 de junio, se prepararon las tres mesas restantes del taller, seguidas de la conferencia de clausura. La segunda mesa del taller, por tanto, se refirió en general hacia las políticas de cohesión social y del mercado de trabajo. Esta misma abarcó: la política educativa (Ángel Soler Guillén), la desigualdad de género en la capacidad de compra de las familias en la Comunidad de Madrid (Isabel López Rodriguez y Maja Barac), las políticas de pobreza ante la discapacidad (Elena Bárcena Martin, Fernando Morlla Garcla y Salvador Pérez Moreno), las evaluaciones del Plan de Impulso de la Economía Social (Antonio González-Rojas) y también del Plan de Cohesión europeo (Antonella D’Agostino, Nina Drejerska, Eduardo Jiménez-Fernández, Marla Rulz-Martos y Angeles Sánchez). Además, respecto al mercado de trabajo se presentaron una evaluación sobre las políticas públicas emprendidas hacia las mujeres con estudios universitarios (Angélica Beatriz Contreras Cueva, Noé Rene Luna Plascencla, Pamela Maclas Alvarez y Nancy Maricela González Robles) y un análisis del trabajo autónomo y sus políticas (Luis Franco Sala).

A continuación, moderada por José A. Camacho Ballesta, la tercera mesa del taller insistió en la sostenibilidad y el sistema productivo, tratando temas como la política europea (Ramón Bonell Colmenero), el fomento del desarrollo sostenible (Antoni Seguí-Alcaraz), la distribución regional de inversión pública (Henry Aray y Jorge Martinez- Veguez), la política turística (Oscar Montes Pineda y Beatriz Fernández-Olit) y la de vivienda (Lorenzo Chinchilla-Mira y Rosa Mateu-Garcia).

Una cuarta mesa sirvió de clausura del taller con dos ponencias sobre los efectos de la Inteligencia Artificial sobre el trabajo (Iñaki Aliende) y sobre las políticas económicas (Ramón Bonell Colmenero).

Por último, en la misma línea temática de la última mesa redonda, la conferencia de clausura corrió a cargo de Mercedes Rodríguez Molina, Catedrática de la Universidad de Granada. Directora del Instituto Universitario de Investigación de Desarrollo Regional, hablando sobre las amenazas y oportunidades de la Inteligencia Artificial en relación con la Política Económica.

Cabe señalar que las entidades que colaboraron en la organización y desarrollo de este VI Taller de Política Económica no solo comprendieron la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Departamento de Economía Internacional y de España de la Universidad de Granada, sino que contaron con la participación de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional y del Instituto de Desarrollo Regional.


Noticias 45 – 8

8 de octubre de 2024

Seminarios de Política Económica (resultados)

(Organizados por la Universidad de Valencia para el curso 2023-2024 hasta octubre de 2024)

Cabe reseñar que el final del curso 2023-2024 y el inicio del 2024-2025 ha estado marcado por la puesta en marcha de la Cátedra de Política Económica y Social. La nueva cátedra es subvencionada por la Generalitat Valenciana (Consejería de Presidencia) y se ha coordinado con el Máster en Política Económica y Economía Pública y la Unidad Docente de Política Económica para la organización de eventos en el Departamento de Economía Aplicada).

  • «Política económica y deporte» impartida por el Prof. José Manuel Sánchez Santos del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de A Coruña (2 de octubre de 2024). Organizado por la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana.
  • «Política económica y ciudades sostenibles» impartida por la Prof. Olga González Morales, del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna (26 de septiembre de 2024). Organizado por la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana.
  • «Politica de vivienda y tipo de intereses» impartida por el Prof. Gumersindo Ruiz Bravo de Masilla, de la Universidad de Málaga y de Euroval (25 de septiembre de 2024). Organizado por la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana.
  • “Política Monetaria, crisis y nuevas sensibilidades de los Bancos Centrales” impartida por el Prof. Gumersindo Ruiz Bravo de Masilla, de la Universidad de Málaga y de Euroval (25 de septiembre de 2024). Organizado por el Máster de Política Económica y Economía Pública (Conferencia Inaugural) y la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana.
  • «Política Turística y destinos saturados» impartida por la profesora Flora Mª Díaz Pérez del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna (19 de septiembre de 2024). Organizado por la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana.
  •  «Política Económica en la Comunidad Valenciana: de la teoría a la práctica» impartido por profesor José Vicente Soler Gironés (17 de julio de 2024) Mesa Redonda. Organizado por la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana.
  •  «Propuestas de política económica en España» moderada por el profesor Antonio Sánchez, con ponencias de Carlos Ochando, Luz D. Ramírez y Ferran Moncho (3 de julio de 2024). Organizado por la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana.
  • “La atención a la dependencia: soluciones políticas o económicas” impartido por Mary Martínez Martínez, Directora de operaciones del Grupo Savia (29 de abril).
  • “La política económica en España: ¿hacia un nuevo paradigma?” impartido por Ignacio Álvarez Peralta de la Universidad Autónoma de Madrid (26 de abril). Organizado por la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana (conferencia de clausura).
  • «Enfoque Basado en los Derechos Humanos para los Recursos Naturales y el Desarrollo» impartido por el profesor Manuel Branco, Catedrático de economía de la Universidad de Évora, Portugal (24 de abril de 2024). Organizado por la Unidad de Política Económica.
  • “Economía ética, salud y servicios sanitarios” impartido por Jesús Conill, Catedrático Emérito de Filosofía moral y Política en Universidad de Valencia (22 de abril de 2024). Organizado por el Máster de Política Económica y Economía Pública.
  • «Política económica y deporte: modelos de financiación de los clubes deportivos«, impartido por el profesor Antonio González. (21 de febrero de 2024). Organizado por la Unidad de Política Económica.
  • «Políticas de desarrollo: America Latina en el contexto de la experiencia del Este Asiático», impartido por el profesor Carlos Ramírez de la Universidad de Osaka. (8 de febrero de 2024). Organizado por la Unidad de Política Económica.

Noticias 45 – 9

8 de octubre de 2024

Otros eventos: “13th PhD-Student Workshop on Industrial and Public Economics (WIPE)”, Reus, 20 y 21 de Febrero de 2025

Organiza: ECO-SOS Research Center on Economics and Sustainability (Universitat Rovira i Virgili)

El Centro de Investigación en Economía y Sostenibilidad (ECO-SOS) es un centro de investigación creado en 2010 como CREIP (Centro de Investigación en Economía Industrial y Pública), que recientemente se ha volcado en temas de sostenibilidad, en línea con los intereses de investigación de sus miembros. En concreto, ECO-SOS estudia la conexión entre la sostenibilidad y las siguientes áreas de interés: economía medioambiental y climática, economía de la salud, economía regional y urbana, educación y mercado laboral, negocios e innovación, energía y  recursos naturales, organización industrial, política económica, teoría de juegos y conflictos medioambientales, y transporte y turismo.

Philip McCann se erige como orador principal del Workshop. Como actividad profesional principal es profesor de Economía urbana y regional en la University of Sheffield Management School. También ha sido brindado asesoramiento a dos Comisarios europeos de Política Regional y Urbana, a cuatro direcciones diferentes de la OCDE y paralelamente a organismos gubernamentales y de investigación en varios países.

  • Presentación de trabajos:

Los trabajos completos deberán enviarse electrónicamente en formato PDF a eco-sos@urv.cat  antes del 27 de noviembre de 2024. La primera página del documento deberá incluir el título, los autores, las afiliaciones, los datos de contacto y un breve resumen. La fecha límite para la notificación de los trabajos aceptados es el 19 de diciembre de 2024.

 

Más información sobre localización y alojamiento: https://www.eco-sos.urv.cat/ca/


Noticias 45 – 10

8 de octubre de 2024

Diez Años del Máster Oficial en Política Económica y Economía Pública (por Carlos Ochando Claramunt, Director del Máster Oficial en Política Económica y Economía Pública de la Universidad de Valencia)

Este año se ha cumplido la décima edición del máster oficial en Política Económica y Economía Pública de la Universidad de Valencia. Su primera edición fue en el curso 2014-2015. Complicado es resumir las experiencias, relaciones académicas, debates, trabajos de investigación y buenos momentos que nos ha proporcionado el máster a todos los profesores que, desde el comienzo, nos comprometimos e implicamos en su docencia. Un máster, todo hay que decirlo, que costó sacarlo adelante y que, finalmente, venció las resistencias mostradas por algunos miembros de la comunidad académica de nuestra Facultad que se autoproclamaban “celosos guardianes” de la ortodoxia económica. Ahora, creo que tanto los estudiantes que han pasado por él, como los profesores de la casa, como los profesores externos invitados e, incluso, la propia Facultad, como institución pública, se alegran, diez años después, de su existencia.

Recordemos que es el único máster que existe en el Estado español de estas características. El máster nació con la voluntad de satisfacer la demanda de profesionales cualificados en el ámbito de la intervención pública y que es requerida por diversas entidades como organismos internacionales, instituciones europeas, administración central y autonómica, ayuntamientos y diputaciones, organismos autónomos, centros de investigación, consultoras, servicios de estudios de grandes empresas y bancos, organizaciones sociales, sindicales y empresariales, ONGs, etc. Trata de ofrecer, por tanto, un programa avanzado para la formación de especialistas de alto nivel en política económica y economía pública capaces de interpretar las posibilidades y consecuencias de la intervención del Estado en la economía en un mundo globalizado y complejo como el actual. A la vista de las trayectorias laborales de muchos de nuestros egresados, creo que el objetivo se ha cumplido durante estos diez años.
En mi opinión, el máster atesora cuatro rasgos valiosos:

  1. incorpora una perspectiva interdisciplinar, al integrar las dimensiones económica, política y social en el análisis de los desafíos económicos actuales. Esta interdisciplinariedad se concreta tanto en los estudiantes que se matriculan (que provienen de ramas de conocimiento diversas) como en los profesores que imparten las asignaturas;
  2. tiene tanto una orientación académica-investigadora como profesional, por lo que resulta de interés para estudiantes que desean realizar una actividad investigadora/académica como para los que desean trabajar en los ámbitos político-económicos públicos, privados y mixtos. En la vertiente profesional, el máster proporciona prácticas externas en diversas instituciones públicas;
  3. las líneas de docencia e investigación son plurales, variadas y, muy a menudo, derivadas del trabajo desarrollado por una plantilla docente de doctores que mantiene conexiones relevantes con grupos de investigación nacionales e internacionales y
  4. organiza seminarios y reuniones con otros perfiles de profesionales y con profesores externos para ampliar el ámbito de conocimiento en las diferentes políticas públicas, y de este modo ayudar a mantener el perfil del estudiante actualizado.

El máster ha cumplido también un objetivo colateral, pero no menos importante, que ha sido la dinamización académica del Departamento de Economía Aplicada. Gracias a las conferencias y seminarios organizados por el máster, el Departamento ha gozado de una envidiable y fructífera fuente de intercambio de conocimientos y de debate que lo mantiene vivo, con ilusiones y energías renovadas.
Aprovecho esta ocasión que brinda la revista NPE para expresar públicamente nuestro agradecimiento a todos los profesores y profesoras invitadas que generosamente se han comprometido con la calidad académica del máster. Por supuesto, también al decanato de la Facultad que siempre lo ha apoyado y defendido. 


De justicia es reconocer la extraordinaria labor que hicieron los anteriores directores del máster. El primero, Raúl de Arriba, promotor, impulsor e incansable luchador para que el máster viese la luz. Solo él sabe lo que costó sacarlo adelante. Gracias, Raúl, por tu perseverancia, valentía y tenacidad. La segunda, Ángeles Tortosa, quien con su generosa dedicación y buena gestión propició su consolidación. Gracias Ángeles por tu compromiso, tu buena disposición a ayudar a los estudiantes y tu buena gestión.
Creo, sinceramente, que el máster ha resultado ser un proyecto académico exitoso. Y no solo por su excelencia académica y su defensa del pluralismo metodológico en Economía, sino por las relaciones personales que ha propiciado y facilitado. Los profesores que, desde el principio, nos implicamos en el máster siempre lo hemos considerado como la principal oportunidad (quizás la única) para crear una comunidad no solo académica, sino de amigos/as y compañeros/as que comparten ilusiones, ideales y proyectos comunes. Una comunidad de amistad. Y así lo han entendido los profesores de otras Universidades que han impartido docencia en nuestro máster.

Muchas gracias a todos ellos por entender que el proyecto del máster iba mucho más lejos que impartir unas horas de clase en una Universidad periférica del Estado español.
Por todo lo dicho, creo que en la Unidad Docente de Política Económica de la Universidad de Valencia estamos satisfechos con los resultados obtenidos.

Tenemos motivos de celebración. Diez años de una experiencia docente e investigadora que nos recuerda todos los días que no hay una sola ciencia económica y que, por supuesto, no hay una sola política económica posible. Larga vida, pues, al máster.


Noticias 45 – 11

8 de octubre de 2024

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés tanto para la Política Económica como para su difusión a través de la Red.


A pesar de que quizás pasó desapercibido, en octubre de 2021 el Banco de España publicó un informe sobre la evolución de la posición del FMI en torno a temas de equidad, analizando sus propuestas y recomendaciones en los últimos cincuenta años. Suscita, en este sentido, un interés imperativo a la hora de comprender cómo la composición de la institución su gerencia y sus cambios internos han modelado las políticas llevadas a cabo por sus estados miembros. A grandes rasgos, estas han comprendido primero la pobreza hasta abarcar las desigualdades económicas y sociales en la actualidad.


En clave estructural, encontramos cuatro documentos más recientes.
 Contando con la prestigiosa participación de Jonathan D. Ostry, quien ocupó durante unos años puestos en la alta dirección del FMI, el informe del pasado mayo del think-tank “Bruegel”, presenta una visión general sobre los efectos e implicaciones de las políticas de liberalización en Estados Unidos. Según los autores, el proceso de liberalización se ha desacelerado, debiéndose a causa políticas vinculadas a los cambios de gobierno, los efectos del ciclo electoralista y los tipos de reformas estructurales aplicadas.


En referencia al modelo económico europeo se publicó un texto del Real Instituto Elcano, cuya autoría asumen un grupo de economistas vinculados al mismo. Este informe, que ocupa el número 33, ofrece para este 2024 un panorama actualizado tanto de la situación de la Unión Europea a nivel internacional e interno como de las vulnerabilidades estructurales que enfrenta como actor político. Además, culmina con el establecimiento de distintas líneas a seguir para tomar medidas abarcando la política industrial, la presupuestaria y la tecnológica desde un paradigma de solidaridad entre estados y a través de instrumentos como la colaboración público-privada.


Otro informe, en este caso del Instituto McKinsey, atiende a la situación heterogénea entre distintas economías y también al estancamiento de la productividad en las economías avanzadas en su contribución al crecimiento económico. El estudio, además de contar con multitud de aparato empírico-estadístico, se enfoca en la acción política a través de la inversión en la línea de las actuales economías de vía rápida, es decir, China, India, partes de Europa central y oriental y Asia emergente.


Finalmente, una perspectiva estructural aplicada de forma local corresponde a la entrada del blog del Banco de España que se ocupa de los efectos del cambio climático, por la vía de la degradación ambiental en el área del Mar Menor y en las viviendas. El artículo expone los costes en términos de pérdidas inmobiliarias y aumentos de los precios de la vivienda; instando a la toma de medidas y aumento de la inversión en protección del medio ambiente.


Noticias 45 – 12

8 de octubre de 2024

Políticas económicas estructurales

Redistribución en el sistema público de pensiones español

(por Carlos Ochando Claramunt    -carlos.ochando@uv.es-, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia)

1. Introducción

Tradicionalmente, se ha aceptado que el sistema de pensiones de jubilación -profesional y contributivo- no es un instrumento óptimo para realizar la función redistributiva asignada al Estado. Algunos de los argumentos en defensa de esta tesis son los siguientes: a) el sistema de pensiones profesional no considera los recursos totales del individuo, sino únicamente su renta salarial, e ignora, por ejemplo, las rentas de capital o la riqueza; b) un sistema de pensiones de jubilación profesional y contributivo no determina sus prestaciones en función de la necesidad del individuo, sino en función de sus contribuciones pasadas y c) el sistema de pensiones redistribuye renta desde la perspectiva temporal del ciclo vital de los trabajadores y no sobre las bases de renta anual (Blanco, 1999 : 104).

Aunque es evidente que el objetivo nuclear de la Seguridad Social es la protección frente a determinados riesgos (esperados o no), igual de evidente es que su financiación y las prestaciones otorgadas a sus beneficiarios tienen claros efectos redistributivos. Tiene efectos redistributivos inmediatos (por ejemplo, sobre la renta disponible de las familias debido a las prestaciones y cotizaciones) y efectos diferidos o aplazados (debido a la adaptación de los propios agentes económicos) [1]. La potencia de estos efectos dependerá de la forma de gestión, la naturaleza de los ingresos (cotizaciones vs. aportaciones estatales) y el carácter de las prestaciones otorgadas, entre otros factores.

Barr y Diamond (2012) señalan que, a la hora de diseñar las prestaciones y el reparto de riesgos, se pueden producir multitud de efectos redistributivos. Estos efectos dependerán del diseño que realicemos en relación con cuestiones como: a) la indexación de las pensiones (los mecanismos de revalorización) según los precios, los salarios o una media ponderada de ambos y b) los ajustes de los sistemas de pensiones en el tiempo debidos a la mayor esperanza de vida, a los cambios en la fuerza de trabajo y a los cambios en los riesgos sociales   [2].

2. El diseño

El diseño de los sistemas públicos de pensiones suele incorporar mecanismos redistributivos para hacerlo más progresivo, lo que acaba distorsionando el criterio de justicia individual contributiva. Ningún sistema púbico adopta un criterio estrictamente contributivo. En el caso español, sin duda, también es así. El Cuadro 1 muestra cuatro instrumentos normativos que tienen efectos redistributivos: los límites a la contributividad, la ampliación de los beneficios sociales, la revalorización de las pensiones y la reducción de la brecha de género.

3. Los resultados.

Existe ya bastante evidencia empírica sobre los efectos redistributivos del sistema público de pensiones, tanto intergeneracionales como intrageneracionales. Comenzando por los primeros, el sistema público español proporciona importantes transferencias intergeneracionales a favor de las primeras generaciones participantes y, en general, a favor de las generaciones pasivas de jubilados en detrimento de las poblaciones más jóvenes (Monasterio y Suárez, 1992). Este efecto es proporcionalmente mayor en las pensiones más bajas que en las más altas (Bandrés y Cuenca, 1999).

Como apuntan Devesa y Domench, (2023: 208), “la evidencia para España y para otras economías avanzadas es que la redistribución intra e intergeneracional (que financia un abultado desequilibrio actuarial) ha reducido la tasa de riesgo de pobreza y la desigualdad en la renta entre la población de 65 años o más a lo largo de la última década, desplazando el riesgo de pobreza de las personas mayores a los jóvenes”. 

En relación con los efectos redistributivos intrageneracionales, los anteriores autores señalan que existen cuatro factores que afectan este tipo de redistribución en nuestro sistema (Devesa y Domench, 2023):

  1. la progresividad del sistema de pensiones (límites a la contributividad),
  2. las diferencias en la esperanza de vida [3],
  3. diferencias y brechas de género y
  4. diferencias en las cotizaciones por sistemas diferentes.

Respecto a esta última dimensión, existe bastante evidencia para el caso español. El diseño del sistema de pensiones es redistributivo en función del régimen de afiliación, beneficiando los regímenes especiales en detrimento del régimen general (Monasterio y Suárez, 1992; Monasterio, Sánchez y Blanco, 1996; Blanco, 1999; Bandrés y Cuenca, 1999). Los distintos tipos de cotización en función del régimen, la fórmula no proporcional utilizada en el cálculo de la pensión inicial y la existencia de pensiones mínimas, implica que las cotizaciones no sean proporcionales a las bases de cotización, teniendo como consecuencia unas importantes diferencias entre las tasas de retorno obtenidas para cada régimen de pensiones (Durán, 1995). Es decir, el sistema suele favorecer los regímenes con periodos medios de cotización más cortos. En esa misma línea argumental, Jimeno (2003) demostró que el sistema español de pensiones contributivas produce un mayor grado de desigualdad que otros sistemas basados en la contribución definida o en relación con otros sistemas que consideran un periodo de cálculo laboral más extenso para el cálculo de las pensiones.

En general, existe prácticamente unanimidad, de que en el caso español las trasferencias monetarias tienen un impacto más redistributivo que las prestaciones en especie (Calero, 2001) y que las pensiones contributivas tienen importantes efectos redistributivos (Pazos y Salas,1996; Vicente y Martínez, 2009, Martínez, 2009) [4] . Ese efecto redistributivo es mayor que el que se alcanza con otras prestaciones sociales y en especie y, por supuesto, mucho mayor que el que se obtiene con los impuestos (Bandrés, 2012, Bandrés, 2023). Según Goerlich (2016), las pensiones son las transferencias monetarias con un mayor impacto redistributivo, con una reducción de la desigualdad del 21,1%, mientras que el seguro de desempleo y otras transferencias monetarias la reducen en menor proporción (8,8%).

A nivel territorial, las pensiones contributivas, en parte, reproducen la desigualdad existente entre las comunidades autónoma en sus factores diferenciales económicos y demográficos. Es decir, las desigualdades existentes entre las diferentes comunidades autónomas, explican los niveles de desigualdad existentes en el sistema de pensiones contributivo (De las Heras, 2015: 171; Montes y Onrubia, 2020).

Finalmente, parece claro que las pensiones no contributivas tienen un importante efecto redistributivo a favor de las familias de bajos ingresos debido a que su reconocimiento no está condicionado a ningún requisito de aseguramiento y contribución previa, a que su importe de cuantía uniforme para todos los beneficiarios y a que su fuente de financiación son los impuestos.

 

Referencias:

Bandrés, E, y Cuenca, A. (1999): Transfers in Spanish state retirement pensions. Fiscal Studies, 20 (2), pp: 205-219.

Bandrés, E. (2012): “La aritmética del Estado de bienestar en España” Ekonomiaz nº 81, pp: 38-61.

Bandrés, E. (2023): “Políticas sociales y reducción de la desigualdad en el tramo inferior de la distribución de la renta” Boletín Económico de ICE n. 3165, pp: 19-28.

Barr, N. y Diamond, P. (2012): La reforma necesaria. El futuro de las pensiones. Ed. El Hombre del Tres.  Madrid.

Blanco, A. F. (1999): Redistribucón y equidad en el sistema español de pensiones de jubilación. CES. Colección Estudios Nº 69. Madrid.

Calero, J. (2001): “La incidencia distributive del gasto público social. Análisis general y tratamiento específico de la incidencia distributive entre grupos sociales y entre grupos de edad” Documento de Trabajo P.T.N. 20/01, Instituto de Estudios Fiscales.

Coronado, J.L., Fullerton, D. y Glass, T. (2000): The Progressivity of Social Security NBER Working Paper 7520.

De las Heras, A. (2015): “La desigualdad en el sistema de pensiones contributivas de la Seguridad Social. Un análisis de la pensión media por regiones” Revista de Trabajo y Seguridad Social n. 382, pp: 131-176.

Devesa, E. y Domenech, R. (2023): “Demografía y pensiones: análisis de los efectos redistributivos” Cuadernos Económicos de ICE nº 105, pp: 197-219.

Durán, A. (1995): “Rentabilidad de lo cotizado para pensiones” Economistas nº 68.

Gil, J. y López-Casasnovas, G. (1999): Redistribution in the Spanish pension system: an approach to its life time effects, FEDEA, Working Paper nº 99.

Goerlich, F.J. (2016): Distribución de la renta, crisis económica y políticas redistributivas. Fundación BBVA, Bilbao.

Grammenos, S., Lefèbvre, M., Perelman, S. y Pestieau, P. (2006): Literature review on the redistributive effects of pension systems. Centre for European Social and Economic Policy. Final Report nº SI2.419231.

Jimeno, J. F. (2003): “La equidad intrageneracional de los sistemas de pensiones” Revista de Economía Aplicada nº 33, pp: 5-48.

Leventi, Ch., Papini, A. y Sutherland, H. (2021): “Assessing the anti-poverty effects of social

transfers: net or gross? And does it really matter?” en Guio, A-C, Marlier, E. y Nolan, B.: Improving the understanding of poverty and social exclusión in Europe. Statistical Working Paper. Eurostat.

Martínez, R. (2009): “Sector público y redistribución” Temas Actuales de Economía nº 4, pp: 412-439.

Monasterio, C. y Suárez, J. (1992): “Gasto social en pensiones” Hacienda Pública Española 120-121.

Monasterio, C., Sánchez, I. y Blanco, F. (1996): Equidad y estabilidad del sistema de pensiones español, Fundación BBV. Bilbao.

Montes, A. y Onrubia, J. (2020): “Las prestaciones monetarias y la equidad: análisis desde una perspectiva territorial” 4º Informe sobre la desigualdad en España. Fundación Alternativas.

Pazos, M. y Salas, R. (1996): “Progresividad y redistribución de las transferencias públicas” en VVAA: Las políticas redistributivas (II Simposio sobre Igualdad y distribución de la renta y la riqueza). Fundación Argentaria. Visor Ed. Madrid.

Vicente, A. y Martínez, J. (2009): “Efectos redistributivos de la política de pensiones del sistema de Seguridad Social en España” en Bote, V., Escot, L. y Fernández, J.A. (Eds.): Pensar como un economista. Homenaje al profesor Andrés Fernández Díaz. Delta Publicaciones, Madrid.


[1] Los efectos redistributivos del sistema de pensiones son múltiples y variados (distribución funcional, espacial sectorial, personal, etc.). Un buen repaso de la literatura comparada de los efectos redistributivos del sistema público de pensiones puede encontrarse en Grammenos, Lefèbvre, Perelman y Pestieau, (2006) y Leventi, Papini y Sutherland (2021).

[2] Coronado, Fullerton y Glass (2000) plantearon que el grado de progresividad de un sistema de Seguridad Social depende de cinco elementos: la renta utilizada, la existencia o no de bases máximas de cotización, el tratamiento de la unidad familiar, las diferencias entre las tasas de mortalidad por niveles de renta y la tasa de descuento temporal utilizada.

[3] Existen circunstancias ajenas al sistema que provocan efectos redistributivos como la generación al que se pertenece o la edad de fallecimiento. Las diferencias en la esperanza de vida suelen beneficiar a las mujeres y a los trabajadores de rentas más altas. También pueden producirse efectos redistributivos entre las personas casadas y solteras, en favor de las primeras o entre parejas en las que ambos cónyuges obtienen ingresos hacia parejas en las que solo uno de los cónyuges obtiene ingresos. Según algunos estudios estos efectos pueden resultar regresivos (Gil y López-Casasnovas, 1999, Blanco, 1999).

[4] No obstante, algunos trabajos contradicen esa afirmación. Por ejemplo, Blanco (1999: 144) concluye que el sistema contributivo de pensiones de jubilación no puede considerarse como redistributivo sobre la base de la renta.

 

 


Noticias 45 – 13

8 de octubre de 2024

Política económica y género

Medir el techo de cristal: Índice Regional de Techo de Cristal (IRTC)[1]

(por Lidia de Castro Romerolidia.decastro@urjc.esVíctor Martín Barroso – y Rosa Santero Sánchez Universidad Rey Juan Carlos)

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública es una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, s.f.). En este contexto, una de las principales dificultades que enfrentan las mujeres en su empoderamiento y acceso a puestos de decisión es el fenómeno conocido como “techo de cristal”. Esta metáfora se refiere a las barreras invisibles que impiden a las mujeres avanzar dentro de las jerarquías corporativas y alcanzar las posiciones más altas en un orden social (Morrison et al., 1987)

La existencia del techo de cristal tiene su origen en la cultura estereotipada de género vigente en nuestra sociedad, que otorga distintos roles a hombres y mujeres, y tiende a considerar a las mujeres como poco capaces para ejercer el poder. Además, sabemos que es un fenómeno multifactorial dado que su existencia no se debe únicamente a la ausencia de mujeres en puestos de poder, sino que está relacionado con otros factores, como el desarrollo de capacidades de liderazgo a través de la educación o la experiencia, entre otros.

Romper el techo de cristal, al igual que con cualquier otro tipo de discriminación de género, requiere reconocimiento de su existencia y conocimiento de sus causas y consecuencias. Solo así se pueden diseñar acciones y políticas adecuadas para erradicar este fenómeno. Con ese objetivo, existen numerosos índices de (des)igualdad de género tanto a nivel internacional como nacional. Estos índices miden la (des)igualdad desde distintas aproximaciones, pero siempre con un enfoque global, incluyendo distintas dimensiones entre las que se encuentra la relativa al poder o empoderamiento (de Castro-Romero et al., 2024a).

La desigualdad en el poder (o techo de cristal) puede analizarse más detallada y profundamente, y así obtener información sobre cómo opera esta concreta forma de discriminación de género. The Economist entendió esta necesidad y, en 2014 creó el Glass Ceiling Index para medir el techo de cristal en más de veinte países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este índice, España ha superado la media de la OCDE cada año desde 2017, como puede observarse en el Gráfico 1. Además, se ha observado un descenso en el índice promedio de los países de la OCDE analizados, atribuible a (i) la disminución del porcentaje de mujeres en puestos de dirección entre 2016 y 2018, que pasó del 37,1% al 31,8%, impulsado por los países que lideran el ranking, y (ii) la disminución del porcentaje de mujeres en los consejos de administración en el mismo período, que descendió del 31,9% al 22,9%, como consecuencia de la disminución de mujeres en los países con posiciones centrales en el ranking (The Economist, 2023).

 

Sin embargo, aunque el Glass Ceiling Index de The Economist es una buena referencia, incluye algunas variables que no se adecúan a la sociedad española (como la realización de un examen GMAT[2]) y, por el contrario, omite otras que podrían ser relevantes en nuestra sociedad, como la conciliación laboral y familiar (de Miguel, 2015). Por esta razón, aunque consideramos muy relevante la iniciativa de medir el techo de cristal, cuestionamos la forma de construir ese índice y la representatividad de las variables asociadas a España. Además, la descentralización de políticas en España y la delegación de competencias a las comunidades autónomas generan diferencias regionales que deben ser consideradas para comprender el techo de cristal, sus causas específicas y las posibles acciones que permitan mejorar la presencia de mujeres en puestos de decisión.

En consecuencia, hemos creado un Índice Regional de Techo de Cristal (IRTC) (de Castro Romero et al., 2024), un indicador sintético a nivel regional en España (NUTS2), siguiendo el manual elaborado por la OCDE (Organization for Economic Cooperation and Development, 2008) y las recomendaciones de expertos en la construcción de indicadores sintéticos. Este índice, calculado para el periodo 2008-2018 pero susceptible de ser calculado anualmente, recoge diversos aspectos o indicadores que se han identificado como relevantes en la revisión de la literatura. Los datos se han recogido de fuentes oficiales de reconocido rigor, con periodicidad anual y disponibles para todas las comunidades autónomas, como los que ponen a disposición distintos ministerios o el Instituto Nacional de Estadística. Por último, el indicador se ha construido mediante una agregación lineal de las variables seleccionadas, cuyas ponderaciones (pesos) se han estimado utilizando la técnica de Análisis de Componentes Principales. Esta técnica agrupa las variables según su variabilidad, aunque, en nuestro caso, no se ha utilizado para reducir la dimensión de la información sino para calcular el peso que cada variable original tendría en el IRTC. En el Cuadro 1 se muestran las ponderaciones de cada variable y su agrupación en los dominios que forman el índice.

Bibliografía:

Naciones Unidas. (s.f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

Morrison, Ann M.; White, Randall P.; Van Velsor, Ellen. (1987). Breaking The Glass Ceiling: Can Women Reach the Top of America’s Largest Corporations? Basic Books.

De Castro-Romero, Lidia; Martín-Barroso, Víctor; Santero-Sánchez, Rosa. (2024a). Empoderamiento y Brecha Salarial a través de Indicadores Internacionales de Género. Revista de Economía Mundial, 66, 43-65. https://doi.org/10.33776/rem.vi66.7800

The Economist (2023). The Economist’s glass-ceiling index. https://www.economist.com/graphicdetail/glass-ceiling-index

de Miguel, Jesús M. (2015). Informes: «The glass-ceiling index. The best -and worst- places to be a working woman» The Economist, 410 (8.877): 58 (8-14 marzo). Revista Española De Sociología (RES), 23, 173-203. https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/65380

Organization for Economic Cooperation and Development (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264043466- en de Castro Romero, Lidia; Martín Barroso, Víctor; Santero Sánchez, Rosa. (2024). Mujeres y techo de cristal: diferencias regionales en España a través de un indicador sintético. Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research, 59, 55-80. https://doi.org/10.38191/iirr-jorr.24.011


[1] Esta es una versión reducida del paper que las autoras han publicado en 2024 en Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research https://doi.org/10.38191/iirr-jorr.24.011.

[2] Siglas de “Graduate Management Admission”, un examen que mide la aptitud para cursar másters tipo MBA (Master of Business Administration).

 

 


Noticias 45 – 14

8 de octubre de 2024
  • Morán Álvarez, Juan Carlos (2024): El final de las crisis económicas nacionales. La política económica con el modelo ECS-MEC. Priámide (978-84-368-4946-2)

(por Isadora Sánchez Torné, Departamento de Administración de Empresas y Marketing, Universidad de Sevilla)

Juan Carlos Morán es doctor y profesor titular de política económica en la Universidad de Sevilla desde hace 33 años, y siempre ha tenido una disposición al análisis taxonómico de la realidad de la política económica. El propio autor muestra en su contraportada la intención de esta obra, demostrar que es falso que las crisis económicas sean necesarias e inevitables. Pero la realidad es más ambiciosa, dado que muestra los elementos básicos para la construcción de un nuevo paradigma de política económica. Con ello, da respuesta a la reiterada demanda de los diferentes organismos monetarios nacionales e internacionales a los que se incorporó una petición pública por parte de Nadia Calviño, por entonces Vicepresidenta Económica del Gobierno de España, cuando vino a decir que desde la crisis financiera se habían roto todos los paradigmas económicos que dirigían las decisiones políticas hasta entonces y que, sin embargo, no han aparecido nuevos que lo reemplazaran, de ahí que se estuviera navegando a la deriva.

El autor presenta un nuevo modelo, ECS-MEC, que parte de una nueva concepción del dinero y presenta una política combinada monetaria y fiscal-presupuestaria, que contribuye a regular la liquidez del sistema en términos de efectos positivos, teniendo en todo momento presente las tensiones inflacionistas o desinflacionistas de demanda. El modelo actual de crecimiento económico está basado en una presión agresiva del sistema financiero y del Banco Central hacia el endeudamiento creciente, causante de las recesiones económicas sin opciones de contención. El nuevo modelo muestra un mecanismo que pretende el control del endeudamiento desde una perspectiva diferente, en el que los bancos centrales mantienen parte de sus competencias, de regulador financiero y del mercado interbancario, así como el de inyección de liquidez en el sistema de forma necesaria y suficiente, pero de forma estable; mientras que el ministerio de finanzas será el encargado de controlar las tensiones inflacionistas o desinflacionistas de demanda a través de un control del gasto público y la presión fiscal en torno al nivel de crecimiento económico sostenido, garantizando su nivel.

El libro pretende ser clarificador tanto para el público académico y especializado, como a los hacedores de política económica con objeto de servir de apoyo para su labor. Así mismo, es un recurso de gran utilidad para los especialistas en la comunicación y difusión de las actuaciones de política económica puesto que juegan un papel esencial en su efectividad, como para todas las personas sobre las que se interviene.


Noticias 44 – Indice

15 de julio de 2024

Noticias 44 – 1

15 de julio de 2024

XVII Jornadas Internacionales de Política Económica. Sevilla, 29-30 de mayo de 2025. (Información preliminar)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada III, Universidad de Sevilla

El Dr. Juan Carlos Morán Álvarez profesor titular de Política Económica del departamento de Economía Aplicada III de la Universidad de Sevilla tiene el encargo de Organizar en Sevilla, los días 29 y 30 de mayo de 2025 las XVII Jornadas Internacionales de Política Económica.

La intención es dar a estas Jornadas un objetivo complejo y único hasta el momento, pues pretende presentar los resultados de investigadores de las universidades participantes en la construcción de un nuevo paradigma de política económica centrado en el siglo XXI.

Desde julio de 2024 se presenta la apertura de un Congreso Internacional Permanente Nueva Escuela de Política Económica, con miras a presentar en las XVII Jornadas los resultados del mismo. La intención es sumar investigadores nacionales e internacionales a la construcción de dicha escuela basada, no en la escasez y la utilidad, sino en el Movimiento-dinamismo), el Esfuerzo y la Confianza (Modelo ECS-MEC). El Congreso tiene una duración inicial de un año que se cierra tras las XVII jornadas presenciales los días 29 y 30 de mayo de 2025 para concluir toda la labor desarrollada durante el año.

Durante dicho periodo se van a desarrollar actividades de promoción y producción científica en el ámbito de la ciencia de Política Económica. Entre estas actividades novedosas se incorporan las siguientes:

  • Publicación periódica de actas y artículos con ISBN o DOI.
  • Creación de dos repositorios con DOI, según duración, de videos cortos explicativos de las ideas de investigadores participantes en el Congreso, desarrollados por ellos y clasificados por temática específica, todos ellos, con una doble intención:
  • A través de su exposición, otros investigadores pueden encontrar a personas con inquietudes en ideas o temas comunes, que además se promoverán desde el Comité Organizador, y ello permitirá contactos que tienen por objeto potenciar trabajos conjuntos entre investigadores y potenciar así la creatividad y calidad científica.
  • Promover en redes sociales la producción de ideas científicas en materias diversas de Política Económica de carácter micro como macroeconómicas.
  • Creación de un repositorio de citas: los participantes en el Congreso recomendarán las ideas más importantes, en formato de citas literales, de sus principales investigaciones, y aquellas que consideren de interés en su campo de investigación. Estas referencias bibliográficas se agruparán por temáticas de política económica, con el objetivo de facilitar la búsqueda de investigaciones afines a los campos de estudio de cada investigador.
  • Aquellos trabajos que el comité científico considere de un impacto especialmente relevante para la Sociedad, van a recibir una promoción especial por parte del Congreso, con objeto de potenciar que los mismos puedan trascender en términos científicos y promocionarlos a premios de economía ligados a territorios concretos, a temáticas específicas o generales. La intención última es tratar de impulsar su aplicabilidad en política económica por parte de responsables de la política económica desde el punto de vista práctico.

Noticias 44 – 2

15 de julio de 2024

Seminarios de REDIPE (Red de Investigadores de Política Económica)

(resumen contenidos, primer semestre 2024)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga e Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá

  • Segunda sesión: «Doctrinas económicas y Política Económica» (24 enero 2024)

El pasado 24 de enero se celebró la segunda sesión del I Ciclo de Seminarios sobre Política Económica que organiza REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, que, como la anterior, se retransmitió de forma sincrónica gracias a la colaboración del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá. En esta ocasión, con el título «Doctrinas económicas y Política Económica», el seminario fue impartido por el profesor José J. Benítez Rochel (UMA) y moderado por el profesor Miguel Cuerdo Mir (URJC).

El ponente partió de la idea de que el estudio de la Economía está intrínsecamente relacionado con la solución de problemas prácticos. Argumentó que sus esfuerzos analíticos están orientados, en última instancia, a procurar el bienestar material de las personas y, especialmente, de las más desfavorecidas, poniendo a disposición de la sociedad los instrumentos para el logro de sus objetivos económicos. Sobre esa base, se afirmó que se estudia Economía para hacer política económica y expuso, tomando como referencia citas de las obras de los principales autores de nuestra disciplina, las propuestas de política económica que, a lo largo de la historia, han ido planteando las distintas doctrinas económicas, tanto las pertenecientes a la corriente principal como las que se han denominado heterodoxas.

Concluyó que el atractivo de encontrar las soluciones a los grandes problemas y la ilusión de que surja una obra con un impacto similar a la Teoría General de Keynes, quizás ha hecho olvidar a algunos que también se pueden hacer propuestas de política económica para solucionar problemas aparentemente menores, pero que, en entornos determinados, tienen un impacto tremendo. De esta manera, la orientación de la política económica hacia la solución de problemas concretos supondría, en cierta forma, retornar a la esencia de la Economía y avanzar en el perfeccionamiento de la política económica para, como dejó escrito Marshall, “poner a la humanidad a las riendas de su destino”.

Posteriormente, se registraron diversas intervenciones sobre cuestiones que despertaron el interés de los participantes y que permitieron al ponente profundizar en algunos aspectos de su exposición.

El contenido completo del seminario está disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=O4zLPz3GSu8

El siguiente seminario tendrá lugar el próximo miércoles 24 de abril de 2024, bajo el título «Ciencia Política y Política Económica», y será impartido por el profesor Víctor Lapuente (Universidad de Gotemburgo), y moderado por el profesor Tomás Mancha (UAH).

  • Tercera sesión: «Ciencia Política y Política Económica: la calidad de la democracia y la calidad del gobierno» (24 abril 2024)

El pasado 24 de abril se celebró la tercera sesión del I Ciclo de Seminarios sobre Política Económica que organiza REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, retrasmitida de forma sincrónica gracias a la colaboración del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá. En esta ocasión, con el título «Ciencia Política y Política Económica: la calidad de la democracia y la calidad del gobierno», el seminario fue impartido por el profesor Víctor Lapuente, Catedrático de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), y moderado por el profesor Tomás Mancha, de la Universidad de Alcalá.

La importancia de la calidad de la democracia (como input del sistema político) y la calidad del gobierno (como output del sistema político) fueron los dos principales focos de atención de la presentación del Profesor Lapuente. La democracia tiene la limitación de no garantizar el desarrollo económico; en tanto que la calidad el gobierno sí juega a favor del mismo, correlacionándose positivamente con más crecimiento, menos desempleo y desigualdad desde la perspectiva económica; más protección social desde la visión de la sociedad; menor deterioro del medio ambiente y más esperanza de vida, más salud, e incluso más felicidad subjetiva desde la perspectiva climática y de salud y bienestar.

De acuerdo con el Profesor Lapuente, la pregunta clave entonces es si es posible mejorar la calidad de gobierno. La respuesta es afirmativa y los principales medios son: la meritocracia; la desburocratización de recursos humanos y procedimientos; la transparencia y las colaboraciones entre el sector público y el privado.

El contenido completo del seminario está disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Arqg7M5si3U


Noticias 44 – 3

15 de julio de 2024

Cátedra Institucional “Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana”

Por acuerdo entre la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana ha adoptado la decisión de crear en colaboración con la Universitat de València la Cátedra Institucional de Política Económica y Social de la Comunidad Valenciana (PESCV). Se ha puesto en funcionamiento desde 2024 y su director será Antonio Sánchez Andrés, profesor del Departamento de Economía Aplicada –Política Económica- de la Universidad de Valencia.

La creación de la Cátedra PESCV constituye un reconocimiento a la importancia del área académica de Política Económica. En este sentido, la creación de la Cátedra PESCV es una apuesta por llevar la Economía más allá del ámbito de la contemplación de la realidad y conducirla al campo de la acción. Tomar consciencia de esta alteración en esta percepción es mucho más relevante en la medida en que se tiene presente la situación de cambio (crisis) en la que nos encontramos inmersos. Esta circunstancia es observada con especial atención por aquellos que toman decisiones, en este caso, por el gobierno valenciano. Así pues, esta discusión no solo posee una dimensión teórica, sino una gran relevancia práctica. Cualquier dirección política no puede limitarse a contemplar la realidad, sino que se le exige acción. Por tanto, para los gobiernos todo pasa por la política económica.

En este contexto, la creación de la Cátedra PESCV aspira a concentrar, elaborar y transmitir propuestas de política económica que puedan difundir en la sociedad y que contribuyan al cambio económico y social. Entre las actividades concretas que se contemplan se encuentran, entre otras, la organización de seminarios y encuentros académicos, pero en los que intervengan también los agentes sociales, la edición de publicaciones, el fomento de los estudios e investigaciones en Política Económica, el diseño de estudios sobre gobernación o la constitución de un Observatorio de Política Económica.

 


Noticias 44 – 4

15 de julio de 2024

Manuales de Política Económica

Morán Álvarez, Juan Carlos (2024): El diseño de la política económica en la actualidad. Economía con sentido. Pirámide, Madrid. pp.222.

Morán Álvarez, Juan Carlos (2024): Prácticas para el diseño de la política económica en la actualidad. Pirámide, Madrid. pp.134.

El diseño de la política económica en la actualidad consiste en un nuevo manual que acaba de ver la luz, promocionado desde la Universidad de Sevilla. El libro está constituido por 6 capítulos. En el primero “el sentido de la economía y la política económica” muestra las relaciones entre economía y política económica y subraya los aspectos de la política económica del desarrollo. En el segundo capítulo, “la elaboración de la política económica” se presta atención al papel del sector público, incidiendo en los aspectos territoriales. A continuación, destaca las fases de la elaboración de la política económica. Después muestra los agentes implicados en el diseño de la política económica. En el tercer capítulo, “objetivos de la política económica”, se explican los objetivos a largo plazo (crecimiento y redistribución de la renta) y se continúa con los relevantes a corto plazo (equilibrio externo, desempleo e inflación). En el cuarto capítulo se explican los instrumentos de la política económica. De manera introductoria, se apuntan los instrumentos monetarios, los relacionados con el control del tipo de cambio, los fiscales y presupuestarios, para acabar con las intervenciones directas (como controles de rentas, de precios, de comercio exterior, …). Este capítulo se complementa con los dos siguientes. Uno relacionado con políticas coyunturales, concretando formas de inyección/detracción de liquidez, combinándolo con acciones diversas de política presupuestaria. El otro capítulo y último, versa sobre políticas estructurales. Estas las organiza el autor como horizontales y verticales. Las primeras las asocia al estímulo del crecimiento, la redistribución de la renta, el ajuste externo, el mercado de trabajo y la inflación, mientras que las segundas las relaciona con intervenciones en el tejido productivo, variaciones en la fisionomía del sector público o de corte social.

Una primera visión de libro pone de manifiesto que se trata de una reedición del libro del mismo autor que publicó en 2014 titulado Claves del diseño de la política económica en la actualidad (editorial Pirámide). Entre las primeras diferencias destaca la reordenación de parte de los contenidos de los capítulos, en particular los primeros. Cabe señalar la novedosa introducción de cuadros de texto en los que actualiza los contenidos acercando el texto a la realidad y tratando de generar interés en los estudiantes.

Sin embargo, la mayor innovación respecto a la edición del libro de hace 10 años consiste en la aparición de un anexo que adopta la forma de libro aparte: Prácticas para el diseño de la política económica en la actualidad. Este libro está formado por 5 capítulos, que abordan aspectos más teóricos, pero también perfilan las políticas coyunturales y estructurales. Todos los capítulos están organizados de la misma manera: ejercicios resueltos y ejercicios propuestos. Con mucha frecuencia utiliza supuestos de país.

Así pues, se trata de un manual que ofrece una introducción a la política económica a estudiantes de Economía, pero también de otros grados, explicable en un semestre. Además, la parte de prácticas puede ser utilizable directamente por profesores de otras Universidades, al tiempo que, en su caso, pueden ser fuente de inspiración para formular otras distintas. Es decir, que se trata de un manual que tiene un valor añadido destacable para la docencia de la Política Económica.


Noticias 44 – 5

15 de julio de 2024

 International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) (Junio de 2024)

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista académica que concentra su atención en la Política Económica. La revista es editada en Valencia (España) por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia (irep.uv.es)

IREP acepta contribuciones de todos los enfoques económicos (ortodoxos y heterodoxos), así como procedentes de otras disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales. Desde esta perspectiva, IREP acepta trabajos de carácter tanto teóricos como aplicados, al tiempo que son bienvenidas tanto las aportaciones sustentadas en análisis cuantitativos como cualitativos, destacando su contenido realista. En concreto, IREP acepta trabajos procedentes de orígenes diversos como la economía, la economía política, el desarrollo y la planificación, la historia o las ciencias sociales en general. IREP publica artículos sobre todo tipo de temáticas relacionadas con la Política Económica.

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista internacional que publica manuscritos en inglés y en español. Todos los artículos son sometidos a un estricto sistema de evaluación anónima por pares, ofreciendo un medio académico de comunicación y de diseminación de ideas de elevada calidad científica

Contenidos de

Vol.6, Núm. 1 (2024)

 

  • Nuevo Consenso Macroeconómico, estancamiento y agenda económicos: el caso brasileño (por Fernando Ferrari Filho, Fábio Henrique Bittes Terra)
  • El verdadero ‘puente hacia el futuro’: desafíos y alternativas para la economía brasileña entre 2024 y 2026 (por Helder Lara Ferreira-Filho, Jefferson S. Fraga)
  • Navegando los desafíos económicos y políticos: el tercer mandato de Lula en un mundo cambiante (por Alessandro Donadio Miebach, Henrique Morrone, Henrique Morrone, Adalmir Marquetti, Adalmir Marquetti, Samuel Volkeis Leitew, Samuel Volkeis Leitew)
  • El Nuevo Marco Fiscal de la Economía Brasileña: Teoría, Modelo y Evidencias Empíricas de un Régimen Fiscal (In)sostenible (por Guilherme Jonas Costa da Silva, Vitor Hugo Santos Pinto, Fernando Motta Correia)
  • Políticas industriales para revertir la desindustrialización prematura de la economía brasileña: una agenda para la discusión de políticas (por Luiza Nascimento Evangelista de Sousa, José Luís da Costa Oreiro)
  • El proyecto de Euro Digital. Implicaciones de Política Monetaria (por Francisco del Olmo García, Carlos Fernando Rojas Traverso)

 

Los contenidos e información se pueden consultar en línea en la web:

irep.uv.es


Noticias 44 – 6

12 de julio de 2024

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.

En primer lugar, se pueden destacar tres artículos publicados en ‘Finances and Development’, en los cuales se plantea la necesidad de ‘repensar’ la Economía’, su papel y los cambios que se han producido y que parecen obligar a cuestionarse algunos planteamientos convencionales.  Los textos son de dos profesoras, una norteamericana (J. Ghosh, de la U. de Massachusetts) y otra del Reino Unido (D. Coyle, Universidad de Cambridge), más el prof. A. Deaton, que recibió el Premio Nobel en 2015, por sus aportaciones al análisis del consumo, el bienestar social, los pobres y los comportamientos de los individuos

Se envió también un trabajo de D. Kahmeman, fallecido recientemente a la edad de 90 años, autor que contribuyó a la ciencia económica, junto a Amos Tversky, con la denominada «teoría de las perspectivas», así como con la «teoría del conductivismo’ aplicadas al comportamiento de los individuos.

Otro trabajo es del actual gobernador del Banco de España, donde se subrayan los retos más destacados que tiene enfrente la economía española actual y cómo habría que afrontarlos. Este artículo se complementa con otro que versa sobre la mala evolución de la productividad de la economía española texto, elaborado por BBVA Research. También destaca el texto de Andrés Velasco, que fue primer ministro en Chile y Decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, sobre las paradojas de la inflación en Argentina. Asimismo, se envió un texto que recoge las respuestas a una pregunta (¿Qué vendrá o puede venir después del neoliberalismo?) que planteó ‘Project Syndicate’ como ‘big question’ a un pequeño grupo de economistas relevantes a escala internacional. Las respuestas, no coincidentes como era de esperar, corresponden a:  A.O. Krueger, M. Mazzucato, D. Rodrik, J. Stiglitz, R. Strain y M. Barandiaran. Otro documento es el de M. Díaz y C. Marin, ambos de la red de FEDEA, que han dedicado un importante esfuerzo a recopilar y presentar los datos sobre los ingresos y gastos de las CCAA en el período 2015-2022. Las cifras no habían sido recogidas y analizadas anteriormente. También destaca un informe reciente del Real Instituto Elcano, ‘El modelo económico europeo ante el retorno de la geopolítica. Diagnóstico y propuestas de reforma’.


Noticias 44 – 7

12 de julio de 2024

Políticas económicas estructurales

Trabajadores autónomos y política estatal de fomento del trabajo autónomo

(por Lluís Franco Sala, Profesor Titular de Economía Aplicada, Universidad de Barcelona)

Se resalta de manera continua, especialmente desde los poderes públicos, que los trabajadores autónomos tienen una gran importancia económica, social y laboral. Se indica con razón que son uno de los motores económicos del país y una pieza esencial de la economía. Además, favorecen la cohesión social, impulsan la innovación, representan el espíritu emprendedor, etc.

En las siguientes líneas, se expone la evolución de los trabajadores autónomos en España entre los años 2013 y 2023, según la Encuesta de Población Activa (EPA) y los registros de afiliados por cuenta propia (se incluye el régimen especial de trabajadores autónomos, RETA, y los afiliados por cuenta propia del régimen especial de trabajadores del mar), así como se analiza la política de fomento y consolidación del trabajo autónomo desarrollada desde el ámbito estatal.

  1. Importancia de los trabajadores autónomos en el mercado de trabajo

El trabajo autónomo genera y representa muchos puestos de trabajo en la economía española. Los trabajadores por cuenta propia, tanto en la EPA como en los registros de afiliación de la Seguridad Social, siempre superaron los tres millones durante el período 2013-2023.

Según la EPA, como se observa en el gráfico G1, el número de trabajadores por cuenta propia aumentó de 3.060.700 en el 2013 a 3.212.200 en el 2023. Si bien su número disminuyó levemente en el 2014, subió ligeramente en el 2015, más o menos se mantuvo hasta el 2020 y desde el 2021 tiene incrementos.

Atendiendo a los registros de la Seguridad Social, el total de afiliados por cuenta propia aumentó de 3.040.900 en el 2013 a 3.342.800 en el 2023. Este incremento es continuo a excepción del 2020 donde se produjo una pequeña reducción (gráfico G1).

Si se compara la evolución del número de trabajadores por cuenta propia con la del total de ocupados en el período 2013-2023, según la EPA, se observa que proporcionalmente la subida de trabajadores por cuenta propia (4,95%) fue inferior a la del total de ocupados (23,59%). Los trabajadores por cuenta propia se mantienen con pocas variaciones entre el 2013 y el 2020, para aumentar del 2021 al 2023. En cambio, el total de ocupados aumenta todos los años, excepto en el 2020.

Al comparar la evolución del total de afiliados por cuenta propia con la del total de trabajadores afiliados en el período considerado, se aprecia que proporcionalmente el aumento de afiliados por cuenta propia (9,93%) es inferior a la del total trabajadores afiliados (26,62%). En ambos casos, en todos los años hay aumentos, excepto una breve reducción en el 2020.

En términos de EPA, al tener un incremento mayor el total de ocupados que el de trabajadores por cuenta propia, supuso una pérdida del peso relativo de los trabajadores por cuenta propia en relación con el conjunto de la población ocupada. En concreto, pasó del 17,86% (2013) al 15,16% (2023).  Y según los registros de afiliación de la Seguridad Social, las evoluciones del total de trabajadores afiliados y de los afiliados por cuenta propia significó que, entre el 2013 y el 2023, su peso relativo se redujera del 18,74% al 16,27% (gráfico G2).

Las cifras expuestas muestran que los trabajadores por cuenta propia tienen un peso muy notable dentro del total de ocupados de la EPA o del total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Se situaron entre el 15,16% y el 18,85% del total de ocupados o afiliados (según fuente y ejercicio) en los años 2013-2023. Sin embargo, su peso relativo fue disminuyendo de manera progresiva en -2,70 puntos porcentuales en términos EPA y en -2,47 puntos porcentuales en los registros de la Seguridad Social. 

  1. Perfil de los trabajadores autónomos

El análisis de las características de los trabajadores por cuenta propia de este apartado se centra en los denominados trabajadores autónomos, personas físicas. También considerados como “trabajadores autónomos propiamente dichos”. Comprende a los afiliados a la Seguridad Social del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) y los del régimen especial del mar por cuenta propia; excluyendo de los mismos a los que están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas o cualquier otra forma societaria, los que constan como colaboradores familiares y los registrados en algún colectivo especial de trabajadores. Los trabajadores autónomos, personas físicas, representaban más del 60% de los trabajadores autónomos en el período considerado como se observa en el cuadro C1.

Los trabajadores autónomos, personas físicas, afiliados en el RETA (2.006.774) y en el régimen especial de trabajadores del mar por cuenta propia (9.544) eran en total 2.016.318 a 31 de diciembre del 2023. El cuadro C2 muestra las características de estos trabajadores autónomos y como han variado entre el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2023.

Las características de los trabajadores autónomos, personas físicas, a 31 de diciembre de 2023, y su evolución en el período 2013-2023 son:

  1. Según el género, los varones representaban el 63,21% y las mujeres el 36,79%. Las mujeres aumentaron 2,88 puntos porcentuales su participación en el período considerado.
  2. Por edades, los trabajadores autónomos, personas físicas, de 40 a 54 años eran los mayoritarios (44,35%); seguidos de los de 55 años o más (30,08%), los de 25 a 39 años (23,46%) y los menores de 25 años (2,11%). Entre el 2013 y el 2023, incrementaron los de 55 años o más (5,30 p.p.). Mientras disminuyeron las franjas de 25 a 39 años (-4,51 p.p.) y de 40 a 54 años (-0,92 p.p.). Los menores de 25 años prácticamente mantuvieron su participación en el total (creció en 0,14 p.p.). Estos datos reflejan el envejecimiento de estos trabajadores
  3. Los de nacionalidad española representaban el 85,66% y los autónomos de nacionalidad extranjera el 14,34%. La proporción de extranjeros aumentó en 6,82 puntos porcentuales.
  4. Según los sectores de actividad, la mayoría trabajaba en el sector servicios (73,81%), seguidos de la construcción (11,55%), la agricultura (10,65%) y la industria (3,99%). En el período 2013-2023, la participación aumentó en los servicios (1,41 p.p.) y en la construcción (1,24 p.p.). En cambio, se redujo en la agricultura (-1,91 p.p.) y en la industria (-0,74 p.p.).
  5. Por el tiempo en alta en la Seguridad Social, la mayoría llevaba más de 5 años (57,13%), seguidos de 1 a 3 años (17,24%), de 3 a 5 años (11,58%), menos de 6 meses (7,42%) y, finalmente, de 6 a 11 meses (6,62%). Entre el 2013 y el 2023, destaca la reducción del peso relativo de los que llevaban más de 5 años (-3,80 p.p.), si bien aumentaron significativamente los que se encontraban de 3 a 5 años (2,77 p.p.) y de 1 a 3 años (2,17 p.p.). Asimismo, disminuyeron su participación en menos de un uno por ciento los de menos de 6 meses (-0,93 p.p.) y los de 6 a 11 meses (-0,21 p.p.).
  6. La gran mayoría de los trabajadores autónomos, personas físicas, no tenían pluriactividad. Los que no simultaneaban su actividad de autónomos con otra por cuenta ajena eran el 92,48% y los que tenían pluriactividad representaban el 7,52%. Los que tienen pluriactividad crecieron 3,10 puntos porcentuales.
  7. Cuatro de cada cinco trabajadores autónomos, personas físicas, no tenían personas trabajadoras asalariadas. Los que no tenían trabajadores asalariados representaban el 79,53% y los que sí que tenían trabajadores asalariados a su cargo eran el 20,47%. El total de personas asalariadas que tenían contratadas eran 848.005 a 31 de diciembre de 2023. Los autónomos, personas físicas, con personas asalariadas a su cargo disminuyeron en -0,21 puntos porcentuales en el período considerado.

De conformidad con los datos expuestos en los párrafos anteriores, los perfiles predominantes de los trabajadores autónomos, personas físicas, en España durante los años 2013-2023 eran: varones, de entre 40 y 54 años, de nacionalidad española, del sector servicios, con más de 5 años de alta en la Seguridad Social, sin pluriactividad y sin asalariados a su cargo.

  1. La política estatal de fomento del trabajo autónomo

La política de fomento del trabajo autónomo tiene como objetivo potenciar el inicio y posterior desarrollo de actividades económicas y profesionales por cuenta propia. Para ello se utilizan diversos instrumentos. Esta política, y las medidas en las que se concreta, se encuentran recogidas en una pluralidad de normas, entre las que destaca la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (LETA), que precisamente dedica su Título V al “fomento y promoción del trabajo autónomo”. Así como en los Planes anuales de política de empleo (dentro de su eje 5, “emprendimiento”) y, en la actualidad, en la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo 2022-2027 (ENDITA).

Los principales instrumentos y medidas que se aplican para el impulso y la promoción del trabajo autónomo desde el ámbito estatal son:

a ) Las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Son muy utilizadas y hay una gran variedad atendiendo al alta de la actividad, a ciertos colectivos, a determinadas zonas, a determinadas situaciones personales o familiares, a la conciliación de la vida laboral y familiar, al alta de familiares colaboradores del trabajador autónomo, a la contratación de familiares, o a la contratación de trabajadores.

b) La capitalización de las prestaciones por desempleo. Esta medida consiste en que los beneficiarios de prestaciones por desempleo de carácter contributivo puedan capitalizar su prestación con el objetivo de realizar una actividad por cuenta propia.

c) La compatibilización o la suspensión de la prestación por desempleo con el inicio del trabajo por cuenta propia. Consiste en que los beneficiarios de la prestación por desempleo de carácter contributivo puedan mantener el cobro de esta con el inicio del trabajo por cuenta propia. O bien puedan suspender la prestación por desempleo para iniciar una actividad por cuenta propia, y si ésta no prospera dentro de un determinado período de tiempo, reanudar la percepción de esta prestación.

d) El apoyo financiero. Entre las ayudas económicas en este ámbito cabe distinguir: subvenciones para establecerse como trabajador autónomo; subvenciones financieras (cubren algunos puntos del tipo de interés de los créditos); ayudas para asistencia técnica; y subvenciones para formación. La gráfica G3 representa el número y los importes de las ayudas a la promoción de empleo autónomo concedidas entre los años 2013 y 2022, correspondientes a las actuaciones establecidas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Estas ayudas económicas no fueron ni numerosas ni cuantiosas en comparación con el número de trabajadores por cuenta propia, si bien se incrementaron en el conjunto del período analizado. Asimismo, se dedicaron fundamentalmente a las subvenciones por establecimiento (83,11% de las ayudas y 72,45% de los importes) y, en menor medida, a las subvenciones financieras (15,60% de las ayudas y 24,07% de los importes).

e) La formación. Existen numerosas acciones formativas que llevan a término tanto entidades públicas como privadas para mejorar la capacitación de los trabajadores por cuenta propia.

f) La información y el asesoramiento técnico. La aplicación de estos instrumentos pretende informar al trabajador autónomo, por un lado, entre otras cuestiones, sobre el conjunto de ayudas e incentivos existentes al emprendimiento en general y al autoempleo en particular. Y, por otro, facilitar la asistencia técnica a este colectivo.

g) Otros instrumentos y medidas. Entre los mismos se encuentran las medidas fiscales o la compatibilización del trabajo por cuenta propia con la percepción parcial de la pensión de jubilación.

Durante la pandemia de Covid-19, se establecieron numerosas medidas de urgencia dada la situación, las cuales progresivamente han ido desapareciendo junto con la mejora de la situación que las originó.

Finalmente, hay que señalar que la política estatal de fomento del trabajo autónomo, entre el 2013 y el 2023, aplicó una pluralidad de instrumentos y de medidas de conformidad con lo que establecen la normativa y los Planes anuales de política de empleo, siendo muy repetitiva todos los años (a excepción de las medidas de urgencia relacionadas con la pandemia de Covid-19). Por otro lado, los recursos económicos que se dedicaron fueron más bien escasos, si se considera el número de trabajadores por cuenta propia existentes y la importancia económica, social y laboral que tiene el trabajo autónomo.


Noticias 44 – 8

12 de julio de 2024

Políticas económicas estructurales

Emprendimiento y bienestar en la Unión Europea: implicaciones de política económicaesarial

(por Saby Giannina Romero Medina, Departamento de Economía Aplicada I -área de Política Económica- Talavera-, Universidad de Castilla-La Mancha)

 El análisis del estado de bienestar se debe a que este es uno de los principales objetivos de las diversas economías de la Unión Europea. El debate sobre los regímenes de bienestar radica en el papel que el Estado debe desempeñar, surgiendo dos corrientes. La primera, de origen europeo, señala que el Estado desempeña el papel central, sobre el que recae la responsabilidad de garantizar un nivel de protección social mínimo. Los defensores de la segunda corriente de origen anglosajona, en cambio, señalan que el mercado es el que desempeña el papel central a la hora de configurar un estado de bienestar mínimo para los miembros de una sociedad. Estas corrientes han cobrado mayor importancia frente a los diversos desafíos a los que se enfrentan las economías de la Unión Europea-15 en la actualidad, entre los que destacan las débiles tasas de crecimiento económico, el incremento persistente del gasto social, los elevados niveles de desempleo en algunos países, el cambio en la estructura familiar, entre otros (Arellano-Esparza, 2023; Coote, 2022). En consecuencia, y frente a estos desafíos se requieren de nuevas alternativas que equilibren los esfuerzos públicos y privados en la garantía del bienestar, siendo una de estas alternativas, el emprendimiento.

El objetivo principal de esta investigación consiste en determinar el efecto del emprendimiento sobre el bienestar, concretamente sobre el crecimiento económico, la pobreza y las desigualdades, en las quince economías de la Unión Europea, las que se unieron antes de su ampliación en 2004 y, a continuación, plantear acciones concretas en materia de política económica. Esta investigación, tras este planteamiento introductorio, consta de 3 epígrafes: el primero muestra los aspectos relacionados con el estado de bienestar; el segundo, trata sobre el emprendimiento; el tercero sobre las implicaciones de política económica y, finalmente, el cuarto, sobre las conclusiones.

1. El estado de bienestar en la Unión Europea

La literatura coincide en señalar que el origen del estado de bienestar se produjo en la Alemania de Bismark hace más de 140 años. Este sistema de protección involucraba la aportación de tres agentes de la economía: los obreros, los patronos y el Estado, con el objetivo de garantizar el bienestar de la población y salvaguardar la economía de la influencia socialista radical de aquella época (OIT, 2009). Ahora bien, cuando se habla de bienestar surgen algunos cuestionamientos respecto a qué tipo de bienestar se refiere y, dado que el término abarca diversas interpretaciones, entre las que se incluyen el bienestar físico, psíquico, familiar, social o la conjunción de todos estos términos, una forma de aproximarse a dicho concepto es a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que, en su artículo 25, establece:

  1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
  2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Con el establecimiento de estos derechos se pretende alcanzar el objetivo de proteger a los ciudadanos ante situaciones de incertidumbre y de indefensión, que pueden aparecer a lo largo de la vida de una persona y que escapan de su voluntad. Por lo tanto, un Estado puede ser calificado como de bienestar cuando está comprometido en asegurar al menos una cantidad mínima de esos derechos, por medio de políticas económicas, de las actuaciones de instituciones públicas concretas o a través de ciertas reformas (Béland et al., 2023; León, 2023).

La consolidación del estado de bienestar se produce después de la Segunda Guerra Mundial en un contexto de altas tasas de crecimiento económico, lo que permitió que el gasto social vinculado a la protección social se incrementara, dando lugar a la generalización del bienestar en los países de Europa occidental (Robertshaw et al., 2022; Rodríguez y Puga, 2022). Frente a la consolidación y expansión del estado de bienestar, llega un momento que, con la crisis del petróleo de 1973, se empiezan a replantear las políticas keynesianas que habían funcionado hasta entonces. Dentro de los principales acontecimientos y reformas en la Unión Europea- 15 se encuentran:  Primero, la postura en contra del intervencionismo estatal volvía a cobrar fuerza a partir de 1980, en Reino Unido, por ejemplo, durante el gobierno de Thatcher se implementaron una serie de medidas destinadas a contraer el gasto social. Más adelante, en la década de los noventa, surge la tercera vía como una nueva alternativa, no obstante, la tendencia hacia la reducción del gasto se mantuvo en los próximos años. Así, durante la crisis financiera de 2008, las recomendaciones a nivel de la UE se dirigían hacia su reducción, situación que cambió con la llegada de la crisis sanitaria de 2019 (Olsen y Jensen, 2022; Pérez, 2023).

En segundo lugar, las débiles tasas de crecimiento, en las quince economías, a partir de los últimos años del siglo XX, situación que se ha mantenido hasta la actualidad. Además, la recaudación de ingresos fiscales para hacer frente a las necesidades sociales se vio agravada por el incumplimiento de las obligaciones tributarias, así como por el peligro que experimentan los gobiernos si toman la decisión de incrementar la presión tributaria (Huber et al., 2022).

Tercero, los cambios sociodemográficos, entre los que se encuentran el envejecimiento de la población, las bajas tasas de fecundidad, el incremento de la esperanza de vida y la tasa de dependencia. En el interior de la familia también se ha producido una transformación, principalmente en el rol de la mujer, que se ha incorporado al mercado de trabajo.

Cuarto, la economía postindustrial ha sufrido una transformación a raíz de los avances tecnológicos, esta situación ha provocado un descenso de la mano de obra industrial fordista. La mano de obra en el estado de bienestar contemporáneo se caracteriza por ser menos estandarizada y más diferenciada (Koch, 2022).

Quinto, el incremento de la cantidad de trabajos temporales o a tiempo parcial, las altas tasas de desempleo juvenil, los bajos niveles salariales en algunos empleos femeninos de baja cualificación, entre otros aspectos, han supuesto la reconfiguración del mercado laboral, con los consiguientes recortes en la protección social (Koch, 2022).

Ahora bien, diversos estudios han tratado de concretar cuál es el mejor estado de bienestar; no obstante, en este análisis se presenta la dificultad de encontrar un indicador que mida ese bienestar. En este sentido, la literatura ha venido considerando que el PIB per cápita es el mejor indicador, dado que un mayor crecimiento económico proporciona mayores niveles de empleo y menores niveles de pobreza (De Beer et al., 2001; Romero, 2023) y desigualdad (Anand y Kanbur, 1993; Barnajee y Duflo, 2003). Todos estos retos hacen que se planteen nuevas alternativas de financiación, como la creación de nuevas empresas, las que permitirán hacer frente a los elevados gastos de protección social de la Unión Europea, pero que, al mismo tiempo, contribuyen a la consecución de los objetivos sociales y económicos.

2. El emprendimiento

El emprendimiento se conceptualiza como el proceso por el que se ponen en marcha acciones encaminadas a detectar oportunidades y/o generar nuevas actividades, sean estas empresas, productos, procesos, formas de comercialización o formas de gestión, pudiendo asumir riesgos en condiciones de incertidumbre (Audretsch y Keilbach, 2004; Castaño-Martínez, 2020; Ebner, 2000; Galindo-Martín et al., 2023).  Además, el emprendimiento contribuye a transformar y mejorar el bienestar de la sociedad; esto se debe a la capacidad que tienen los emprendedores para enfrentar desafíos globales, como las crisis económicas y los cambios en el ámbito social, cultural e institucional (Boudreaux et al., 2022; Dicuonzo et al., 2022; GEM, 2002).

2.1. El Emprendimiento y su relación con el crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad

Existen numerosos estudios que evidencian la relación positiva entre emprendimiento y crecimiento económico (Aeeni et al., 2019; Audretsch,  2005;  Castaño et al., 2016; Doran et al., 2018; Galindo-Martín, 2008;  Galindo-Martín, 2009; Méndez-Picazo et al., 2012; Stoica et al., 2020). En efecto, la iniciativa empresarial a través de la creación y desarrollo de nuevos productos, la búsqueda de nuevos mercados y la innovación tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico. Tal impacto significativo del emprendimiento en el crecimiento económico se deriva de la creación de empleo, del cambio tecnológico generado por la intensificación de la competencia y el aumento de la productividad (Acs, 2006) o de la innovación (Audretsch et al., 2006).

Por otra parte, cuando se analiza el efecto del emprendimiento sobre la pobreza, el World Business Council for Sustainable Development WBCSD (2014) señala que, ha sido el sector privado empresarial y no el gobierno, el que ha permitido el desarrollo de las economías de occidente. Los gobiernos, por su parte, tienen la responsabilidad de crear las condiciones que motivan o dificultan ese desarrollo; pero es el sector privado el que emprende, crea nuevos puestos de trabajo y genera riqueza.  La creación de nuevos negocios, además de mejorar la productividad y de ampliar la oferta de productos y servicios, favorece la competitividad y reduce la pobreza a través de la inclusión de un mayor número de personas en las actividades económicas.

Por su parte, Amorós y Cristi (2011), Gulyani y Talukdar (2010), Morris et al. (2020), Reynolds et al. (2005) y Yaqub (2012) señalan que el emprendimiento, a través de la generación de actividades productivas, permite a las familias de los nuevos empresarios y de los trabajadores contratados por estos obtener los ingresos necesarios para mantener un nivel de vida digno y, en todo caso, sacarlos o mantenerlos alejados de la línea de pobreza y exclusión social.

La preocupación por la desigualdad económica ha aumentado rápidamente en los últimos años, tanto entre los académicos como en el conjunto de la sociedad, lo que ha llevado a profundizar en su análisis. Para distintos autores, el emprendimiento tendría un efecto negativo o positivo en la reducción de la desigualdad en función del contexto en el que se origina y en función de la formación y cualificación de los emprendedores. Así, para Cagetti y De Nardi (2006) y Lewellyn (2018) el emprendimiento tiene un efecto adverso en la reducción de las desigualdades; es decir, el incremento en la iniciativa empresarial da lugar a mayores niveles de desigualdad en contextos donde la formación de los emprendedores es casi nula y la creación de empresas no responde al estudio de las oportunidades del mercado, sino que esta se convierte en una alternativa para salir del desempleo. Sin embargo, la situación cambia cuando la iniciativa empresarial se da en economías con una mayor formación del capital humano y un entorno favorable para la iniciación empresarial. En estos casos, el emprendimiento tendría un efecto favorable en la disminución de las desigualdades en los niveles de la renta.

2.2. Factores que influyen en la actividad emprendedora: el entorno del emprendedor

Castaño et al. (2016), Galindo y Méndez (2014), Méndez-Picazo et al. (2021), Portuguez-Castro et al. (2019), señalan que la actividad emprendedora se ve influenciada por el entorno. Dentro de los factores culturales e institucionales se encuentran la gobernanza y el capital humano, que pueden favorecer o perjudicar a la actividad emprendedora. La gobernanza, a través de las instituciones y la garantía del Estado de derecho que rigen la actividad económica, impacta en el emprendimiento y en los objetivos de política económica. Del mismo modo, la obtención de un mayor nivel educativo entre los individuos favorecería la introducción y el desarrollo de nuevos productos y servicios. Por otro lado, dentro de los factores económicos se encuentran la política fiscal, vía gasto público e impuestos, y la regulación del mercado de trabajo, elementos claves en la creación y consolidación de las empresas.

3. Implicaciones de política económica

Los resultados de la investigación evidencian un efecto positivo del emprendimiento sobre el bienestar, concretamente sobre el crecimiento económico, la pobreza y las desigualdades. En consecuencia, las acciones de política económica se han de centrar en la consecución de los objetivos del bienestar teniendo en consideración tres fases de la economía:

En primer lugar, una etapa pre-pandemia, en la que las principales economías de la Unión Europea estuvieron expuestas a un periodo de inflación persistentemente baja, lo que llevó al Banco Central Europeo (BCE) a mantener sus tipos de interés cercanos a cero, o incluso, en algunos casos, negativos. En la medida en que el margen para bajadas adicionales de tipos de interés se fue acortando, el BCE comenzó a utilizar diversos instrumentos no convencionales, con el fin de conseguir un mayor nivel de expansión monetaria. Estas medidas fueron acompañadas de políticas fiscales también expansivas y mayores niveles de endeudamiento destinados a financiar los desequilibrios en los presupuestos anuales y hacer frente a los elevados niveles de gasto público, así como la implementación de programas de estímulo a la inversión privada y la creación de nuevas empresas (Aguilar et al., 2020).

En segundo lugar, la pandemia de la COVID-19 ha generado grandes incertidumbres, afectando de forma negativa las expectativas de los agentes económicos, reduciendo las inversiones, la creación de empresas, el empleo y el crecimiento económico. La reacción ante esta crisis ha dado lugar a la introducción de cambios significativos en la forma de realizar las actividades en diversos sectores de la economía, entre los que destacan la introducción del teletrabajo, los horarios flexibles y escalonados, las transacciones comerciales on-line, etc. (FMI, 2020).

En consecuencia, es importante señalar que, a diferencia de la crisis financiera de 2008, marcada por la austeridad y la disciplina fiscal, la crisis de la COVID-19 se ha caracterizado por la aplicación de políticas monetarias y fiscales expansivas. Particularmente, la política monetaria expansiva que se aplicó tenía como objetivo financiar el endeudamiento de las empresas, que se habían visto fuertemente afectadas por la inactividad económica y que podían cerrar, con las consecuencias que esto significaría en términos de empleo y crecimiento económico (BCE, 2023). Por otra parte, los gobiernos respondieron implementando un conjunto de medidas de gastos, impuestos y de liquidez para apoyar a las familias y a las empresas (FMI, 2020).

En tercer lugar, la etapa de recuperación después de la pandemia evidenciaba el incremento de la inflación, el déficit público y la relación deuda-PIB como resultado de los políticas monetarias y fiscales ultra expansivas que se habían venido aplicando, incluso, antes de la COVID-19. Además, esta situación se ha visto agravada por las guerras en Ucrania y Oriente Medio, que han hecho subir los precios de la energía y las materias primas para la alimentación (Aguilar et al., 2020).

Así, en 2022, y luego de más de una década, el BCE comenzaba a subir los tipos de interés de la eurozona hasta alcanzar los 4,5 puntos en diciembre de 2023. Con respecto a las previsiones, el Consejo de Gobierno del BCE espera que la inflación descienda escalonadamente en 2024, también se espera un crecimiento de 0,6% en 2024 y de 1,5 % en 2025 y 2026 (BCE, 2023).

A partir de lo expuesto, los gobiernos han de aplicar una política fiscal responsable, eficaz y oportuna, que garantice la compatibilidad entre eficiencia y bienestar, teniendo en cuenta el emprendimiento como factor determinante en el logro de los objetivos de política económica.

Con relación al gasto en pensiones, este ha de garantizar un nivel de vida adecuado a las personas de la tercera edad, lo que requiere de políticas activas en el mercado de trabajo. Con el fin de asegurar su sostenibilidad financiera, se han planteado una serie de medidas, como el retraso en la edad de jubilación, la implementación de planes complementarios y la inserción en el mercado de trabajo de las personas mayores de 55 años. Por su parte, el sistema sanitario se enfrenta a tres desafíos puntuales: reforzar la eficacia, optimizar la accesibilidad y mejorar la adaptabilidad, lo que requiere de mayores inversiones en tecnología, infraestructura y formación. Del mismo modo, la inversión en educación es una prioridad para los Estados miembros de la Unión Europea.

Por su parte, mejorar la empleabilidad es un objetivo de política económica que requiere de políticas activas en el mercado de trabajo, que impulsen la demanda y la oferta de mano de obra. Se ha de mejorar la eficacia del dialogo social, promover la igualdad de oportunidad y reducir la pobreza y la exclusión social. Al respecto, y a pesar de los numerosos esfuerzos, la Unión Europea no ha logrado el objetivo de sacar de la pobreza a 20 millones de personas. Dentro de las acciones concretas para hacer frente a este problema, se plantean la formación y la educación, unos regímenes de renta mínima, el acceso a una vivienda y a servicios esenciales de calidad, y la inserción de las personas más desfavorecidas al mercado laboral.

Respecto a las políticas dirigidas a reducir las desigualdades de ingresos, fomentar un mayor nivel de cualificación entre los ciudadanos es una prioridad. Por otra parte, el efecto del gasto social en la reducción de las desigualdades depende de su diseño. Así, el mantenimiento de las prestaciones para los que vuelven a trabajar y la reducción de la carga fiscal a los perceptores de rentas bajas son políticas importantes que garantizan que las personas desempleadas e inactivas tengan siempre un incentivo económico positivo para desarrollar sus actividades económicas como asalariados o como independientes.

Por otro lado, las políticas de fomento de la actividad emprendedora no deben enfocarse únicamente en aumentar la tasa de creación de empresas, sino que los esfuerzos se han de centrar en empresas con potencial de crecimiento, para lo que es necesario la existencia de un entorno institucional y un clima social favorable para su desarrollo y consolidación. Respecto a la política fiscal, el gasto se ha de enfocar en la formación y cualificación de los nuevos empresarios y en programas que garanticen su expansión y crecimiento. Del mismo modo, una reducción de los impuestos podría generar un efecto beneficioso.

Todas estas medidas se han de implementar en el marco de la buena gobernanza económica. Es decir, se han de reforzar las competencias de los decisores políticos, se ha de modernizar el sistema de la administración pública y se ha establecer una mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno a nivel nacional, en cada país, y a nivel de la Unión Europea.

4. Conclusiones

El estado de bienestar es un objetivo prioritario de las quince economías de la Unión Europea. En la actualidad se enfrenta a una serie desafíos, entre los que destacan las débiles tasas de crecimiento, los elevados niveles de desempleo, el incremento persistente del gasto social, el cambio en la estructura familiar, el envejecimiento de la población y las elevadas tasas de dependencia. Por otra parte, diversos autores señalan que los esfuerzos en protección social se han de medir en función de los resultados en el bienestar, medido este a través del crecimiento, la reducción de la pobreza y las desigualdades.

Los resultados de la investigación evidencian un claro efecto macroeconómico causal del emprendimiento sobre las medidas del bienestar socioeconómico en las quince economías de la Unión Europea. Por lo tanto, se ha concluido que no se trata de una mera actividad económica, sino que éste constituye un fenómeno social que ha de ser impulsado por un conjunto de medidas y actuaciones.

En consecuencia, las acciones de política económica, concretamente, la política fiscal ha de ser eficaz, responsable y oportuna. Por otra parte, se ha de fomentar la creación de empresas que garanticen el crecimiento económico sostenido, la reducción de la pobreza y las desigualdades, lo que requiere de un entorno institucional y económico favorable, en el que se garantice la gobernanza, el Estado de derecho y la adquisición de competencias clave en todos y cada uno de los ciudadanos de la Unión Europea.

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Noticias 44 – 9

12 de julio de 2024

Políticas económicas estructurales

Papel del Estado en la innovación empresarial

(por Ivet María del Sol Alonso y Sergio M. Afcha Chávez, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia)

En la actualidad, existe un amplio consenso amplio consenso respecto a la concepción de la innovación como motor del crecimiento económico y la competitividad. Desde la conceptualización de Joseph Schumpeter, quien definió la innovación como el proceso de destrucción creativa, por el cual nuevas innovaciones reemplazan a tecnologías y métodos obsoletos, se ha reconocido su papel fundamental en la transformación de los sectores productivos y los mercados (Schumpeter, 1983). En el contexto actual, caracterizado por una rápida evolución tecnológica y una intensa presión competitiva, la intervención estatal desempeña un papel crucial a la hora de fomentar y sostener la innovación.

La promoción del sector público, mediante la financiación directa de la investigación y desarrollo (I+D), incentivos fiscales y otros mecanismos de apoyo financiero y técnico, se justifica no solo para corregir fallos de mercado, como la dificultad de apropiabilidad, la incertidumbre y asimetrías de información, sino también para resolver fallos de carácter sistémicos y promover así, una mayor participación de las empresas y el resto de los agentes del sistema de innovación, en actividades innovadoras (Díaz, Cruz, & Jessenia, 2021; Bayona-Velásquez, Erazo-Ortiz, & Martínez-González, 2018). Estas políticas no solo buscan incentivar la creación de nuevas tecnologías y procesos, sino también su difusión y adopción en el mercado facilitando, en última instancia, el crecimiento económico.

En este artículo, se analiza el impacto de las políticas públicas en la innovación, con un enfoque particular en los subsidios a la I+D. Se discuten tanto los efectos directos como indirectos de estas políticas, incluyendo la adicionalidad de las inversiones y los cambios en el comportamiento empresarial inducidos por el apoyo estatal. A través de una revisión de la literatura reciente, se examinan las diversas estrategias implementadas por los gobiernos para fomentar la innovación y se discute sobre su efectividad en términos de resultados económicos y sociales.

Al proporcionar un análisis detallado, fundamentado en evidencia reciente, este artículo contribuye a una mejor comprensión de cómo las políticas públicas de promoción de la ciencia y la tecnología pueden ser diseñadas e implementadas para maximizar su impacto positivo en la innovación y, por ende, en la productividad y el crecimiento económico.

  1. La innovación: concepto e importancia

A pesar de que la innovación nació con la libertad individual y la seguridad jurídica de protección a las invenciones efectuada en Gran Bretaña en el siglo XVIII, el desarrollo de su conceptualización se le atribuye a Joseph Schumpeter, quien la asocia a experimentos de mercado dirigidos a causar una profunda reestructuración de los sectores productivos y el mercado. Schumpeter consideraba que ciertos agentes, denominados innovadores, rompían el equilibrio del sistema económico. Estos innovadores se diferenciaban de los inventores, ya que su papel implicaba la implementación de nuevas combinaciones de recursos y métodos productivos (OECD & Eurostat, 2007).

Autores posteriores sostienen la diferenciación entre invención e innovación establecida en un primer momento por Schumpeter. Se sustenta que la invención se corresponde con el descubrimiento que pertenece al saber científico o técnico, siendo así un acto de creatividad intelectual, sin importancia para el análisis económico. Por su parte, la innovación consiste en la introducción de nuevas combinaciones de los factores productivos. Se trata de una ruptura intencional del equilibrio productivo, en función de nuevas técnicas que permiten dar un salto y colocar a la empresa en mejor situación de competencia. Por lo tanto, la innovación es una decisión económica: una organización/individuo aplicando una invención (Albornoz, 2009).

En el Manual de Oslo según OECD & Eurostat (2007) se plasma un concepto de innovación ampliamente aceptado, definiéndola como la “introducción de un producto (bien o servicio), nuevo, o significativamente mejorado, de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (p. 56). Esto convierte a las empresas en actores fundamentales en la generación de innovaciones, que no actúan de manera aislada, sino que involucran a otros actores y recursos de su entorno.

Por su parte, como plantea Moyeda & Arteaga (2016) el Departamento de Comercio de lo Estados Unidos de América define a la innovación como “el diseño, desarrollo e implementación de productos, servicios, procesos, estructuras organizacionales y modelos de negocios, nuevos o mejorados, que crean valor para el cliente y rentabilidad financiera a la empresa” (p. 40).

La innovación es un proceso colectivo, incierto y acumulativo, dirigido a la generación y aplicación de nuevos conocimientos. Por consiguiente, innovar implica combinar diferentes tipos de conocimiento, competencias, capacidades y recursos, con el objetivo de generar una ventaja competitiva, sea por disminución en los costes de producción, por el desarrollo de nuevos productos o por cambios en los ya existentes. Además, esta acción no se produce aleatoriamente, sino que implica la realización de esfuerzos explícitos tendientes a mejorar o crear competencias y capacidades tecnológicas (Díaz et al., 2021; Lugones, 2010).

En investigaciones iniciales, se consideraba que la innovación era el resultado de un proceso lineal de flujo de conocimiento que comienza en la investigación científica básica siguiendo por el desarrollo experimental hasta la fabricación y comercialización de nuevo producto o servicio, identificándose esta visión como la teoría del “impulso creado por la ciencia”, según la cual, el desarrollo de la ciencia genera innovaciones que acaban siendo admitidas por el mercado. En estudios posteriores, surge el enfoque de la “atracción ejercida por la demanda”, que implica que la demanda de un producto por los consumidores impulsa la actividad creativa e innovadora de la empresa (Tomás, 2015).

A pesar de que estas teorías identifiquen que el detonante de la innovación se encuentra en actores económicos contrapuestos, en la práctica ambas teorías convergen ya que los progresos científicos pueden crear oportunidades que, posteriormente, se emplean como respuesta a las necesidades del mercado. Por lo tanto, los procesos que dan lugar a la innovación se corresponden más con un modelo interactivo, multidimensional y multidepartamental, con lo que se debe prestar atención, tanto a la aplicación de la ciencia y el conocimiento, como al posicionamiento y recepción del producto en el mercado (Freeman, 1982; Tomás, 2015).

A raíz de las investigaciones conducidas en el campo de la economía de la innovación, se han efectuado varias clasificaciones de acuerdo a diversos enfoques, así como respecto al objeto de la innovación. En la Cuadro 1, se tiene un resumen de las clasificaciones presentadas por algunos autores.

En Schumpeter (1976) y Schumpeter (1983), se encuentra la clasificación efectuada por este autor, quien distingue hasta cinco tipos de innovación: introducción de nuevos productos, introducción de nuevos métodos de producción, apertura de nuevos mercados, desarrollo de nuevas fuentes de suministro de materias primas u otros insumos, y creación de nuevas estructuras de mercado en un sector de actividad.

En Brugué et al. (2014) introduce una distinción entre dos enfoques: instrumentales y sustantivos. El enfoque instrumental, se refiere a la innovación como un conjunto de ideas que permiten mejorar la eficiencia de determinadas actuaciones, con lo que no se modifica lo que se hace, sino la manera de hacerlo. Por su parte, el enfoque sustantivo, considera que la innovación implica una forma sustancialmente diferente de entender, abordar y transformar la realidad, por lo que no se limita a incidir en los procesos, sino que busca replantear la propia naturaleza de los problemas (p. 10).

Moyeda & Arteaga (2016), por su parte, presentan varias tipologías bajo las que se pueden clasificar las innovaciones, donde, de acuerdo a su grado de novedad puede ser radical, incremental y adaptativa, y de acuerdo con su impacto económico, básica y aplicada. Además, estas pueden ser clasificadas como horizontales cuando se incrementa la variedad de productos o nuevos bienes intermedios que aumentan la especialización, pero conviven con los bienes antiguos, y verticales, cuando la integración de nuevo conocimiento científico genera cambios en ingeniería o propiedades de un bien intermedio (p. 42).

A partir de la clasificación propuesta por Schumpeter, y adaptándose a un contexto más actualizado, el Manual de Oslo distingue cuatro tipos de innovación: innovaciones de producto, innovaciones de proceso, las innovaciones de mercadotecnia y las innovaciones organizacionales (OECD & Eurostat, 2007).

En OECD & Eurostat (2007) se definen a las innovaciones de producto, como la introducción de un bien o de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina. Esto incluye la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y los materiales, de la informática integrada y de la facilidad de uso u otras características funcionales. En el caso de los servicios, este tipo de innovaciones pueden incluir mejoras significativas en la manera en que estos se prestan, la adición de nuevas funciones o características a servicios existentes, o la introducción de servicios enteramente nuevos (p. 58).

Las innovaciones de proceso, por su parte, son consideradas como la introducción de un proceso de producción o de distribución nuevo, o significativamente mejorado. Ello implica cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos. En los métodos de producción incluyen las técnicas, equipos y programas informáticos utilizados para producir bienes o servicios, mientras que, los métodos de distribución están vinculados a la logística de la empresa y engloban equipos, programas informáticos y técnicas para el abastecimiento de insumos, la asignación de suministros en el seno de la empresa o la distribución de productos finales (OECD & Eurostat, 2007).

Una innovación de mercadotecnia, según la OECD & Eurostat (2007) es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación. Con esto, se tratan de satisfacer mejor las necesidades de los consumidores, de abrir nuevos mercados o de posicionar en el mercado de una nueva manera un producto de la empresa con el fin de aumentar las ventas. Este tipo de innovación, se distingue de otros cambios en los instrumentos de comercialización de una empresa, ya que implica la introducción de un método de comercialización que esta empresa no utilizaba antes (p. 60).

Finalmente, la innovación de organización se refiere a la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa. Las innovaciones de organización pueden tener por objeto mejorar los resultados de una empresa reduciendo los costes administrativos o de transacción, mejorando el nivel de satisfacción en el trabajo, lo que aumenta la productividad, y facilitando el acceso a bienes no comercializados o reduciendo los costes de los suministros (OECD & Eurostat, 2007).

Otra de las cuestiones sobre las que se ha puesto énfasis en los estudios sobre la innovación es en el efecto que generan en el crecimiento económico, el desarrollo, el empleo y la competitividad, que le atribuyen importancia a la introducción de actividades de innovación y, por ende, generan interés tanto en el sector público, como en el privado. Schumpeter llamó al impacto de la innovación en el desarrollo económico “destrucción creativa” ya que mediante un proceso dinámico en el cual nuevas tecnologías sustituyen a las antiguas, la innovación es capaz de generar desarrollo económico. Según el autor, las innovaciones “radicales” originan los grandes cambios del mundo mientras que las innovaciones “incrementales” alimentan de manera continua el proceso de cambio (Martínez Román et al., 2012).

Dentro del sistema empresarial, la innovación se reconoce como un elemento que fomenta el desarrollo de nuevas actividades económicas, eleva los niveles de productividad y contribuye a la generación de empleos. Se ha determinado que aquellas empresas que dedican esfuerzos a realizar actividades de innovación muestran mejores indicadores en términos de ventas, exportaciones, productividad y empleo, lo cual no solo se traduce en tendencias positivas más pronunciadas, sino también en tendencias más estables (Díaz et al., 2021; Lugones, 2010).

Las ventajas competitivas obtenidas por la empresa debido a la introducción de innovaciones, no solo se producen en el mercado doméstico, sino también en mercados internacionales, ofreciendo así, a la empresa innovadora, mayor posibilidad de participación en el mercado externo, con lo que puede competir con éxito frente a productos fabricados en otros países, destinados a satisfacer los mismos requerimientos o a abastecer la misma demanda. Esto trae consigo el aumento de la participación de ese sector en la economía, pudiendo llegar a una especialización productiva y comercial, fortaleciendo con ello el sector externo de la economía, teniendo un impacto sobre el bienestar de la sociedad en su conjunto (Lugones, 2010).

A pesar de sus beneficios, la innovación implica retos y dificultades significativos. Requiere recursos financieros y humanos, a veces a gran escala, dependiendo del sector y la actividad económica. Existe una amplia incertidumbre sobre su impacto, ya que es difícil anticipar la recepción del producto en el mercado, el tiempo y los recursos necesarios para implementar el cambio, así como su nivel de éxito. Además, se desconoce si, cuando se obtengan los resultados de la innovación, existirán nuevos conocimientos y tecnologías, o si habrá variado la demanda de los productos y su utilización. Esto implica el riesgo de que la innovación quede obsoleta justo antes de comenzar, o que no se logren los resultados estimados inicialmente. (OECD & Eurostat, 2007).

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la innovación está sujeta a externalidades positivas, como los llamados efectos de desbordamiento tecnológico (spillovers). Esto implica que, raramente, las ventajas de la innovación creativa son completamente apropiadas por la empresa innovadora, ya que los costes de imitación son sustancialmente menores que los costes de desarrollo, lo cual es aprovechado por los competidores (OECD & Eurostat, 2007).

Los anteriores son algunos de los motivos por los que las empresas suelen mostrarse reticentes a invertir en solitario en innovación, compartiendo así los riesgos derivados de este tipo de actividad (OECD & Eurostat, 2007).

Cuando las empresas se trazan el propósito de llevar a cabo actividades innovadoras, en dependencia de su situación y características pueden optar por financiar estas actividades con financiamiento propio, colaborar con socios externos o pueden adoptar innovaciones desarrolladas por otras empresas o instituciones en el marco de un proceso de difusión. La creación y la adopción de innovaciones puede ir acompañado de un aprendizaje intensivo y de interacciones con otros agentes o no implicar más que un mínimo de vínculos con el exterior (OECD & Eurostat, 2007).

Centrando la atención en el financiamiento de la innovación, la empresa cuenta con tres posibles fuentes de financiación: i) fondos propios; ii) fondos públicos, lo cuales comprenden subvenciones, créditos blandos y u compras públicas; y iii) otros fondos, estando dentro de estos últimos los créditos bancarios, inversores externos, entre otros. Se puede optar por una única fuente de financiamiento, o por la combinación de estas (Mate & Molero, 2020).

Los fondos propios que una empresa dedica a la innovación dependen de factores como el tamaño y el sector al que pertenece, aunque existen otros como la propia visión de la empresa, oportunidades de nuevos mercados o incluso su localización. Debido a las características de la innovación, muchas empresas no se muestran tan dispuestas a invertir con fondos propios en innovación, sobre todo aquellas para las que destinar fondos bajo altos niveles de incertidumbre, les supone un gran esfuerzo.

En este sentido, las políticas públicas desempeñan un papel crucial en la promoción y el fortalecimiento de la innovación en diversas economías. Como ya se ha comentado, estas políticas no solo buscan corregir fallos de mercado, sino también incentivar la creación y difusión de nuevas tecnologías, productos y procesos.

La literatura coincide en señalar la existencia de ciertos fallos en el mercado que dificultan la implementación de actividades de innovación por parte de la empresa, financiadas con sus propios recursos. Entre los más frecuentes, se encuentran los problemas de apropiabilidad de los resultados de la innovación, la incertidumbre, asimetrías de información y riesgo moral y la no propiedad sobre los recursos humanos dedicados a la realización de actividades innovadoras, entre otros.

En cuanto a la apropiabilidad de los resultados, se encuentra que la innovación es un bien no rival. Esto significa que los resultados asociados a los procesos de innovación pueden ser utilizados por múltiples empresas sin que su uso rivalice con el de las demás. Esto implica que las empresas tendrán dificultades para apropiarse de los resultados de su esfuerzo innovador, especialmente en el caso del conocimiento, el cual tiene características de bien público, además de ser indivisible.  Así, cuando el empresario innovador coloca un nuevo producto en el mercado, este puede ser reproducido sin costes significativos, lo que hace que el empresario pierda el poder de monopolio sobre el producto. Por ende, las empresas no pueden incorporar totalmente el rendimiento de sus inversiones en innovación, lo que crea un problema de externalidades positivas, donde la sociedad obtiene un beneficio marginal social superior al beneficio marginal individual del empresario. Esta situación conduce a una disminución del incentivo para que los empresarios realicen inversiones, y, por lo tanto, la economía produciría menos innovaciones de las necesarias para un correcto desarrollo de la sociedad. (Aboal & Garda, 2015; Bayona-Velásquez et al., 2018; Callejón & García, 2002; Pereiras & Huergo, 2006; Torrado, 2011).

La incertidumbre, por su parte, es algo intrínsecamente ligado a la actividad innovadora. Aunque puedan tomarse ciertas precauciones, el riesgo siempre está presente en las actividades de innovación. Puede suceder que la actividad innovadora simplemente falle, que no se alcancen los resultados esperados, o incluso si se alcanzan, puede ser que la implementación del nuevo proceso o la producción del nuevo producto suponga unos costes demasiado elevados. Existe también el riesgo de que el nuevo producto no pueda ser introducido en el mercado debido a requerimientos regulatorios, o que durante la implementación del nuevo producto o proceso aparezca una nueva innovación que lo desplace (Pereiras & Huergo, 2006; Torrado, 2011).

No obstante, no es solo la incertidumbre la que deriva en riesgos, ya que en ocasiones este riesgo se compensa con las altas rentabilidades que generan las empresas innovadoras, sino que se encuentran elevados riesgos por problemas de asimetrías de información y de riesgo moral. Dado que el empresario tiene una mejor información acerca de la probabilidad de éxito de un proyecto que los inversores, en ocasiones las mejores ideas pueden ser expulsadas del mercado debido a la imposibilidad de reconocerlas por parte de los financiadores (Pereiras & Huergo, 2006).

Uno de los principales componentes del gasto en I+D es el capital humano, el cual no es completamente transferible a la empresa, lo que constituye un riesgo adicional para dicha inversión. La empresa enfrenta el riesgo de perder su inversión si los trabajadores en quienes ha invertido deciden abandonar la organización. Esta situación puede ocurrir por factores que están fuera del control de la empresa, tales como la muerte, la renuncia o el despido (Torrado, 2011).

Otras de las cuestiones que frenan las inversiones por parte de las empresas en innovación son la elevada proporción de activos intangibles como el conocimiento y la reputación, o activos altamente especializados con un escaso valor de liquidación, los elevados costes fijos que en algunos casos son necesarios para poner en marcha determinados proyectos innovadores, lo que supone una barrera de entrada para muchas empresas y la existencia de imperfecciones en el mercado de trabajo, dado que para la introducción de innovaciones se hacen necesarios recursos humanos altamente cualificados, no siempre disponibles en un territorio (Pereiras & Huergo, 2006).

Además de la existencia de estos fallos de mercado, se producen fallos sistémicos, los cuales están relacionados con limitaciones en la comunicación, interacción y cooperación entre los actores del sistema de innovación, y en problemas para conseguir flujos adecuados de información y conocimiento por parte de los diferentes agentes que intervienen en los procesos innovadores (REDEL, 2023).

Estos fallos en los mercados de bienes, capitales y trabajo, así como los fallos sistémicos, justifican la intervención de un organismo que, como beneficiario, realice esfuerzos para alcanzar niveles deseados de innovación. En este contexto, el Estado, como garante del bienestar social y del crecimiento económico de la nación, debe intervenir mediante políticas públicas para la innovación, de modo que el nivel de inversión sea el requerido para alcanzar el óptimo social.

  1. Políticas Públicas de Innovación

Las políticas de estímulo a la innovación han sido incorporadas gradualmente en la mayoría de economías del mundo. En un comienzo su alcance se limitaba, principalmente, a la reconversión industrial, pero con el redescubrimiento de las teorías de Schumpeter, se fueron incorporando las políticas de ciencia y tecnología y las políticas de educación superior (Albornoz, 2009).

Como plantea Díaz et al. (2021, p. 257) “el foco de la intervención del Estado, en este contexto, sería facilitar la maximización del retorno de la Propiedad Intelectual, a fin de lograr un mejor conocimiento, flujo de información y acceso a mecanismos financieros,  que incentiven la creación de nuevas ideas e impulse la actividad innovadora, que mejora el crecimiento económico”. Para ello, se requiere un entorno institucional y macroeconómico que estimule la generación y difusión de las innovaciones, con base en políticas macroeconómicas que abarquen la fiscalidad, el acceso a la financiación y la regulación, entre otros (Botella & Suárez, 2012).

Por lo tanto, como define REDEL (2023, p. 100) “la política de innovación engloba tanto las actuaciones públicas que pretenden favorecer la asignación de recursos para la generación de innovaciones, como las acciones dirigidas a incentivar directamente la innovación empresarial y a mejorar el entorno institucional en el que se desarrollan estas actividades innovadoras”. Esta se justifica, de manera creciente, en una orientación proactiva para acelerar y viabilizar ciertos desarrollos que se consideran socialmente deseables (Jung & Karsaclian, 2017).

Más allá de que lo beneficiosa que puede resultar la intervención estatal para incrementar los resultados en innovación, aún no existe consenso sobre las políticas más acertadas para lograr este objetivo. Por una parte se tiene el criterio de que la intervención pública debe limitarse, únicamente, a corregir los fallos del mercado a través de instrumentos de corte transversal como lo es la protección de la propiedad privada, exención de impuestos por adquisición de equipos tecnológicos y la cooperación empresarial, que eliminan en alguna medida los impedimentos que poseen las empresas para absorber tecnologías externas y la dificultad de los empresarios para captar el beneficio de sus propias innovaciones. Del otro lado, se encuentran criterios donde se encuentra provechoso un papel más activo del estado, a través de la financiación con fondos públicos (Bayona-Velásquez et al., 2018).

En cualquier caso, la acción pública debe desempeñar funciones específicas para fomentar la innovación. Esto incluye facilitar la articulación e implementación de iniciativas innovadoras, brindar apoyo técnico y financiero a los innovadores, y reducir los obstáculos a la innovación mediante la creación de un marco regulatorio y legal adecuado. Además, es crucial financiar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como formar una población creativa y receptiva a la innovación. (REDEL, 2023).

El diseño óptimo de las políticas depende, como se plantea en Herrera & Heijs (2003)  de la estructura de mercado, de los patrones de innovación, del tipo de investigación y desarrollo, los cuales tienden a ser distintos según sector o área tecnológica además de ser cambiantes en el tiempo (p. 5).

En Loray (2017) encontramos que las políticas para el fomento de la innovación puede ser clasificada en tres tipologías: las horizontales, las verticales y las focalizadas, las cuales no son opuestas, sino que pueden ser complementarias entre sí (p. 3).

Las políticas horizontales incluyen medidas para apoyar la formación de capital humano, apoyo a las actividades de producción e incentivos para la infraestructura y el sector empresarial. Las políticas sectoriales involucran sectores o áreas de interés específico, aplicando instrumentos como la atracción selectiva de inversión extranjera directa, los incentivos y subsidios para sectores o para la producción específica de actividades y programas de apoyo a la competitividad de las actividades industriales, hasta la producción directa de las empresas estatales y la implementación de contratos públicos. Finalmente, las políticas de frontera tienen por objeto la creación de capacidades en áreas tecnológicas y científicas estratégicas (Loray, 2017).

Teniendo en cuenta lo anterior, los principales objetivos del sector público al formular políticas para impulsar la innovación serían superar fallos del mercado, apoyar a los «Campeones Nacionales» (grandes empresas en sectores estratégicos de alta o media-alta intensidad tecnológica con gran potencial de crecimiento y un elevado efecto de arrastre sobre la economía nacional), y brindar apoyo a regiones especialmente desfavorecidas por motivos de equidad, así como a sectores en procesos de reconversión o a industrias en crisis. (Pereiras & Huergo, 2006).

Para llevar a cabo las políticas públicas de innovación el Estado emplea instrumentos de políticas públicas, los cuales han sido definidos y clasificados por varios investigadores. REDEL (2023) los clasifica en tradicionales, emergentes y experimentales, Pereiras & Huergo (2006) los clasifica en financieros y no financieros, mientras que en Torrado (2011) se encuentra una clasificación a partir de los objetivos de la política económica. A pesar de que puedan existir más clasificaciones en la literatura, se procederá a explicar someramente en qué consisten las clasificaciones anteriormente mencionadas (Cuadro 2).

Cuadro 2: Instrumentos de las Políticas Públicas de Innovación

Comenzando con la clasificación de REDEL (2023) se tiene que los instrumentos tradicionales, tienden a diferenciar entre generación, difusión y explotación del conocimiento, ofreciendo distinto apoyo para cada una de las anteriores etapas. Dentro de estos instrumentos encontramos las subvenciones, la financiación bonificada y las desgravaciones fiscales, los cuales pueden destinarse a distintas modalidades de apoyo: proyectos de investigación, desarrollo de prototipos, creación de plantas piloto, equipamiento de centros de I+D, contratación de investigadores, formación, ubicación en centros científico-tecnológicos, etc.

Los instrumentos emergentes incluyen incentivos integrados para la generación, difusión y explotación de conocimiento, así como nuevas acciones dirigidas a cada una de las fases por separado. Estas intervenciones pueden actuar como un generador y catalizador de la demanda de servicios de innovación por parte de las empresas, especialmente las de menor dimensión (REDEL, 2023).

Los instrumentos experimentales son aquellas medidas públicas orientadas a fomentar la demanda de innovaciones, aprovechando la compra de bienes o servicios por el gobierno, y a mejorar las condiciones para que las innovaciones tengan mejor acogida en el mercado. En lugar de poner el acento en el principio de la cadena de innovación este instrumento se centra en el final de la misma, o sea, el mercado (REDEL, 2023).

Según la clasificación de Pereiras & Huergo (2006), las políticas para el impulso de la innovación pueden dividirse en financieras y no financieras. Las ayudas no financieras incluyen aquellas dirigidas a la difusión de tecnología, el fomento de la cooperación en investigación y desarrollo entre empresas, y entre estas y los centros públicos de investigación y universidades. Además, las patentes, cuyo objetivo principal es proteger a los empresarios frente a los problemas de apropiabilidad de los resultados de sus innovaciones, también se consideran ayudas no financieras. Estas políticas incluyen otras medidas regulatorias, principalmente relacionadas con políticas de competencia y los requisitos legales para la constitución de empresas o el lanzamiento de nuevos productos.

A pesar del esfuerzo que debe realizar el sector público para ofrecer ayudas no financieras, el mayor esfuerzo presupuestario se destina a las ayudas financieras a la innovación. Estas ayudas consisten principalmente en incentivos fiscales, subvenciones o créditos blandos para la inversión en proyectos de I+D+i, y compras públicas y podrían clasificarse en directas (subvenciones, créditos blandos y compras públicas) e indirectas (incentivos fiscales).

La principal diferencia entre las ayudas directas e indirectas radica en el acceso que tienen las empresas a ellas. Para acceder a las ayudas directas, las empresas se someten a un proeso competitivo, en el cual deben presentar sus proyectos ante una agencia pública, que evalúa y decide sobre su concesión según determinados criterios. En cambio, las ayudas indirectas son horizontales, ya que no existe intervención pública en la selección de los proyectos, lo que permite que cualquier empresa pueda beneficiarse de estos incentivos.(Pereiras & Huergo, 2006).

De acuerdo a los objetivos de la política pública, en Torrado (2011) encontramos cuatro grupos de políticas. El primero comprende las políticas enfocadas hacia la oferta de nueva tecnología, dentro de las cuales clasifica los subsidios horizontales, la financiación temática, las estrategias de señalización, las medidas proteccionistas y las medidas financieras. El segundo se refiere a las políticas que buscan aumentar la oferta de factores complementarios a la innovación como lo son el capital humano y las licencias tecnológicas. El tercero incluye las políticas que buscan incentivar la demanda de tecnología y, el cuarto, se compone de políticas encaminadas a realizar cambios institucionales.

A continuación, se describirán los incentivos fiscales, créditos blandos y subvenciones como instrumentos de las políticas públicas para la innovación. Los incentivos fiscales son deducciones tributarias, generalmente expresados como un porcentaje, de las que pueden beneficiarse las firmas cuando hacen el tipo de gasto o inversión que se desee incentivar. Estos son deducidos o reembolsados a las empresas del pago de sus impuestos corporativos (Antolín-López et al., 2016; Torrado, 2011).

Como mecanismos más comunes dentro de los incentivos fiscales se encuentran las deducciones en la base imponible del impuesto (se deducen los gastos destinados a I+D de los beneficios empresariales, de modo que el tipo impositivo se aplica sobre una cantidad menor); deducciones en la cuota del impuesto (donde la deducción se aplica a la deuda fiscal); y mecanismos de amortización acelerada (que en definitiva lo que suponen es un retraso en el pago del impuesto, permitiendo que los pagos sean menores los primeros años) (Pereiras & Huergo, 2006).

La principal ventaja con la que se relaciona a los incentivos fiscales es que deja en manos de la empresa el tipo de innovación que prefieren, siendo estas y no el gobierno, las que tienen mejor conocimiento y criterio al respecto. Por otro lado, debido a que no son ayudas focalizadas, si el esquema está bien diseñado, permite que las empresas se autoseleccionen y sólo participen las que harán buen provecho del incentivo (Torrado, 2011).

Como desventajas se tiene la pérdida de información en la que se incurre, que podría ayudar a un mejor direccionamiento de las políticas públicas. Además, dada su horizontalidad, se deja abierta la posibilidad de invertir en proyectos que no son deseables para la sociedad. Por otro lado, este instrumento deja espacio para que surjan problemas de riesgo moral, como, por ejemplo, las empresas pueden “renombrar” actividades nuevas o ya existentes para que cumplan con los requisitos exigidos y pasen como inversiones en innovación (Torrado, 2011).

Otros de los instrumentos son los préstamos para financiar los proyectos de innovación, también conocidos como créditos blandos, los cuales consisten en proporcionar a las empresas financiación con condiciones más favorables que las del mercado. Con esto, las empresas tienen acceso a recursos financieros al principio del proceso de desarrollo de la innovación, y de una forma más barata que en circunstancias normales. Estos no tienen un carácter horizontal, sino que se destinan a aquellos proyectos que, a juicio de la agencia encargada de su concesión, son mejores teniendo en cuenta cuestiones científico-tecnológicas o criterios de bienestar social (Antolín-López et al., 2016; Pereiras & Huergo, 2006).

Las subvenciones son una de las herramientas más comúnmente empleadas en las políticas públicas para la innovación. Estas consisten en la entrega de una cantidad de dinero sin obligación de reembolso para que se realice la actividad subvencionada. Para su obtención, normalmente debe mediar la solicitud y elaboración de un proyecto de investigación, el cumplimiento de requisitos contables, superar revisiones científico-técnicas y la justificación económica de los gastos (Antolín-López et al., 2016).

Subvencionar la innovación, puede eliminar en algún grado algunas barreras que presentan algunas empresas para innovar, como puede ser su tamaño, actividad económica, acceso al financiamiento privado y edad, aunque a su vez las reglas de selección de proyectos pueden ser, en la práctica, bastante heterogéneas, lo que pude dejar fuera a algunas empresas cuyas características supongan una barrera de entrada (Ayelén, 2018; Bayona-Velásquez et al., 2018).

Las subvenciones son especialmente apropiadas para estimular el desarrollo de proyectos en los que existe un gran diferencial entre la rentabilidad social y la privada. Por otra parte, las subvenciones son convenientes para áreas con elevados costes iniciales, como los sectores de alta tecnología, donde la incertidumbre sobre los resultados de la inversión hace que el gasto privado en este tipo de actividades sea muy reducido. A pesar de sus virtudes, los gobiernos deben ser cuidadosos al diseñar subvenciones, ya que, además de los posibles efectos de crowding-out (sustitución de dinero privado por dinero público), que se explicarán a continuación, es importante evitar que este financiamiento introduzca distorsiones en los mercados y genere problemas de competencia. (Pereiras & Huergo, 2006).

  1. Evaluación de las políticas públicas de apoyo a la innovación

Las políticas públicas se implementan para corregir varios fallos de mercado que impiden que las empresas inviertan en innovación. Como ya se comentó anteriormente, estos fallos incluyen problemas de apropiabilidad, incertidumbre, asimetrías de información y riesgo moral. La intervención estatal, a través de las políticas de apoyo directo e indirecto, puede ayudar a mitigar estos problemas, facilitando que las empresas realicen inversiones que de otro modo considerarían demasiado riesgosas o costosas (Díaz, Cruz, & Jessenia, 2021; Loray, 2017).

En general, el apoyo gubernamental a través de la financiación de proyectos de I+D ha mostrado ser efectivo para aumentar la capacidad innovadora de las empresas. Estudios recientes indican que las subvenciones y créditos blandos no solo incrementan el gasto en I+D, sino que también fomentan la colaboración entre empresas y centros de investigación, ampliando el alcance y el impacto de las actividades innovadoras, así como la amplitud de la colaboración de las firmas subvencionadas (Botella & Suárez, 2012; Chapman et al 2018; Jung & Karsaclian, 2017).

Los incentivos fiscales, como deducciones tributarias y amortización acelerada, permiten a las empresas reducir su carga fiscal al invertir en actividades de innovación. Estos incentivos son especialmente útiles para que las empresas pequeñas y medianas superen barreras de entrada y compitan en igualdad de condiciones con empresas de mayor dimensión (Antolín-López, Martínez-del-Río, & Céspedes-Lorente, 2016; Torrado, 2011). No obstante, es crucial diseñar estos incentivos de manera que minimicen el riesgo moral y aseguren que los recursos se utilicen efectivamente para actividades innovadoras (Afcha, 2011; Bayona-Velásquez et al., 2018).

El entorno regulatorio y las políticas macroeconómicas que promueven la innovación también juegan un papel fundamental. Un marco regulatorio favorable, que incluya protección a la propiedad intelectual y facilidades para la comercialización de nuevas tecnologías, es esencial para que las innovaciones se traduzcan en ventajas competitivas (Freeman, 1982; Navarro et al., 2011). Además, la creación de clústeres y la promoción de la colaboración público-privada son estrategias clave para fortalecer los ecosistemas de innovación (Botella & Suárez, 2012; Lugones, 2010).

La evaluación de las políticas públicas es crucial para medir su efectividad y hacer ajustes necesarios. Indicadores como el número de patentes, el gasto en I+D, y la colaboración entre entidades son utilizados para evaluar el impacto de estas políticas. Estudios recientes sugieren que las metodologías de evaluación deben considerar el efecto de la política sobre los inputs y los outputs de la innovación, además de los cambios cualitativos en el comportamiento de las empresas (Jung & Karsaclian, 2017; Vega Jurado, Gutiérrez Gracia, & Fernández de Lucio, 2005).

Cuando se intenta medir la efectividad de las políticas públicas para la innovación, especialmente de las subvenciones, se suelen identificar dos posibles efectos que estas pueden provocar en la inversión de la empresa en innovación. Por un lado, algunos estudios han obtenido como resultado que se produce un efecto de crowding-out, mientras que otros manifiestan que se produce una adicionalidad en la inversión. Estas conclusiones pueden deberse a múltiples factores y criterios que se hayan asumido en cada investigación.

El efecto de crowding-out o sustitución, implica que la subvención que la administración concede es utilizada para cubrir los costes de inversiones que se hubieran realizado de sin necesidad de financiación, directa o indirecta, de la administración pública, lo que significa que no se ha incrementado la inversión en innovación, sino que se ha sustituido una fuente de financiamiento por otra (Ayelén, 2018). Además, como se plantea en Jung & Karsaclian (2017), pueden generarse incentivos para la captura de rentas, por parte de las empresas, lo que puede llevar a una mala asignación de los recursos disponibles por parte de las agencias responsables de las políticas.

El concepto de adicionalidad es fundamental para la evaluación de la política de innovación. Según Mate y Molero (2020), este criterio se basa en la idea de que las subvenciones y ayudas públicas incrementan las inversiones en innovación por parte de las empresas. Herrera y Heijs (2003) describen la adicionalidad como un efecto que se obtiene gracias a la intervención pública, un efecto que no existiría sin dicha intervención y que responde básicamente al incentivo proporcionado por la política pública.

La adicionalidad se manifiesta de varias formas, incluyendo tanto la adicionalidad de input, como el aumento en el gasto en I+D, como la adicionalidad de output, evidenciada en el incremento de patentes y nuevos productos en el mercado (Ayelén, 2018; Pereiras y Huergo, 2006). Además, las políticas públicas tienen el potencial de cambiar el comportamiento de las empresas, alentándolas a asumir proyectos más ambiciosos y a explorar nuevos mercados (Herrera y Heijs, 2003; Pastor Pérez et al., 2017).

Con la adicionalidad de input se pretende determinar si la empresa hubiese invertido la misma cantidad de recursos tanto al obtener la subvención, como en ausencia de esta. Si se observase que las empresas receptoras hacen el mismo esfuerzo privado que sin las ayudas, se podría concluir que estos instrumentos no son efectivos. Si, además, el esfuerzo privado fuese menor, se estaría produciendo un efecto de sustitución plena de financiación privada por financiación pública (Afcha, 2011; Busom Piquer et al., 2010).

La adicionalidad de resultados, intenta medir la proporción de outputs que no hubiesen tenido lugar en ausencia de la ayuda pública, por lo que se determina con ello la efectividad de la empresa para obtener innovaciones. La dificultad de este enfoque radica en determinar cómo medir los resultados de la innovación. Algunas aproximaciones en la literatura, toman el registro de nuevas patentes, artículos o prototipos o bien outputs de carácter más general como indicadores del desempeño de la empresa, el nivel de ventas, la productividad de los trabajadores, la generación de beneficios y otros indicadores generales del funcionamiento de la organización (Afcha, 2011; Busom Piquer et al., 2010).

Finalmente, la adicionalidad de comportamiento se refiere a los posibles cambios que estas ayudas pueden inducir en aspectos cualitativos del comportamiento empresarial, tal como, cambios en la gestión, en las características de los proyectos que se abordan, o en la localización de las actividades de innovación de la empresa. Por lo tanto, la adicionalidad de comportamiento existe cuando la corporación beneficiada se comporta de una manera diferente a consecuencia de la ayuda. Algunos estudios analizados por Pastor Pérez et al. (2017) sugieren que el subsidio acelera la ejecución de los proyectos, expande su escala y alcance y motiva a las compañías a llevar a cabo investigación más desafiante. También se pueden producir modificaciones en la estrategia empresarial, y alentar a las empresas a entrar en mercados nuevos, mejorar las habilidades gerenciales, la capacidad de aprendizaje o la colaboración con otros actores (Busom Piquer et al., 2010).

Para que las políticas públicas de innovación tengan los resultados más deseables, deben garantizarse algunos elementos que posibiliten el éxito de las colaboraciones público-privadas. Algunos de estos factores son:

  1. Compromiso a largo plazo: Es crucial que tanto los poderes públicos como la industria se comprometan a largo plazo, basándose en una visión compartida. Este compromiso debe ser sólido y sostenido para asegurar la continuidad y el desarrollo de los proyectos de innovación.
  2. Integración en clústeres locales y regionales de innovación: Las políticas deben fomentar la integración en clústeres de innovación locales y regionales. Esto beneficia tanto a las pymes como a las grandes empresas, permitiendo un entorno colaborativo y sinérgico donde se puedan compartir recursos y conocimientos.
  3. Adopción de redes existentes: Utilizar las redes de colaboración ya existentes como punto de partida es fundamental. Al mismo tiempo, no se deben descuidar aquellas áreas donde los agentes están dispersos o carecen de experiencia. Es importante brindar apoyo público para fomentar la cohesión y la experiencia en estos sectores.
  4. Mecanismos eficaces de dirección: Implementar mecanismos de dirección eficaces que garanticen un equilibrio sostenible entre los intereses públicos y privados es esencial. Esto incluye:

Selección competitiva de proyectos y participantes: Los proyectos y los participantes deben ser seleccionados a través de procesos competitivos y transparentes para asegurar la calidad y la viabilidad de las iniciativas.

– Financiamiento óptimo: Es necesario proporcionar un financiamiento adecuado y oportuno que cubra las necesidades del proyecto sin generar dependencia excesiva de fondos públicos.

– Evaluación rigurosa: Establecer un sistema de evaluación riguroso para monitorear el progreso y los resultados de los proyectos, asegurando que cumplan con los objetivos establecidos y ofreciendo retroalimentación para mejorar futuras iniciativas.

Estos elementos son fundamentales para crear un entorno donde las colaboraciones público-privadas puedan florecer y generar los resultados deseables en términos de innovación y desarrollo económico. (Botella & Suárez, 2012).

  1. Conclusiones

Las políticas públicas de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación, han demostrado ser un instrumento esencial para impulsar la capacidad innovadora de las empresas y, por ende, para fomentar el crecimiento económico. La intervención estatal, mediante la provisión de incentivos financieros y no financieros, ha logrado mitigar varios de los fallos de mercado que impiden la inversión en actividades innovadoras, tales como problemas de apropiabilidad, incertidumbre y asimetrías de información.

Como se ha revisado en este trabajo, la literatura empírica aporta evidencia respecto a cómo los subsidios a la I+D incrementan no solo el gasto en actividades innovadoras (adicionalidad de input), sino que también promueven la colaboración entre empresas y centros de investigación, ampliando así el alcance y el impacto de las innovaciones (Howell, 2017; Czarnitzki & Lopes-Bento, 2018). Estas colaboraciones no solo potencian los recursos y capacidades de las empresas individuales, sino que también contribuyen a la creación de redes de conocimiento y al fortalecimiento de los ecosistemas de innovación regionales.

Asimismo, los incentivos fiscales han permitido a las pequeñas y medianas empresas superar barreras de entrada y competir de manera más igualada con empresas de mayor dimensión, facilitando así un entorno más dinámico y competitivo (Appelt et al., 2016). No obstante, es fundamental que estos incentivos sean diseñados de manera que minimicen el riesgo moral y aseguren que los recursos se utilicen efectivamente para actividades innovadoras.

Las políticas públicas también han generado efectos de adicionalidad, incentivando inversiones en innovación que no se habrían realizado sin el apoyo estatal. Este efecto se observa tanto en términos de inputs, como el aumento del gasto en I+D, como en outputs, evidenciados en el incremento de patentes y nuevos productos en el mercado (Zúñiga-Vicente et al., 2014; Dechezleprêtre et al., 2016). Además, las políticas públicas pueden inducir cambios cualitativos en el comportamiento de las empresas, alentándolas a asumir proyectos más ambiciosos y a explorar nuevos mercados (Dimos & Pugh, 2016).

Sin embargo, la efectividad de las políticas de innovación depende en gran medida de su diseño e implementación. Es crucial que los gobiernos continúen evaluando y ajustando sus estrategias para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que las políticas de innovación contribuyan efectivamente al desarrollo económico y social sostenible.

En conclusión, las políticas públicas de innovación, particularmente los subsidios a la I+D, juegan un papel vital en el fortalecimiento de la capacidad innovadora de las empresas y en el impulso del crecimiento económico. La correcta implementación y evaluación de estas políticas son esenciales para maximizar su efectividad y asegurar que las inversiones públicas generen los beneficios esperados en términos de competitividad y desarrollo económico.

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Noticias 44 – 10

12 de julio de 2024

Pro et contra…

Control de precios en un contexto de inflación

Pro…

La supervisión y regulación de precios

(por Ferran Elias Moreno, Profesor Visitante Departamento de Economía, Universidad de Girona, ferran.elias@udg.edu)

 

El saber convencional en economía considera que es mejor no regular los precios. En general, se otorga a las empresas el poder de decidir sus precios confiando en que el ejercicio de la competencia es suficiente para garantizar un sistema de producción eficiente y evitar abusos de poder por parte de los vendedores.

Sin embargo, hay motivos para regular los precios, sin que esto signifique renunciar a las ventajas que tiene el mercado como institución de coordinación descentralizada. En esta nota presentamos primero cuatro argumentos a favor de la regulación de precios. A continuación, detallamos una propuesta sobre cómo institucionalizarla. Finalmente, consideramos el papel que el control de precios puede tener en una espiral inflacionaria.

Argumentos a favor de la regulación de precios

En primer lugar, la alta concentración de muchos sectores económicos indica que no podemos confiar en que la competencia sea suficiente para garantizar unos precios que reflejen los costos marginales. Más bien, la alta concentración nos señala que hay una distancia creciente entre precios y costos marginales (De Loecker et al., 2020). Es más, la elevada concentración empresarial es característica de los tres sectores donde se concentra casi el 50% del gasto de los hogares: vivienda, energía y alimentos. El mercado de la energía es un oligopolio donde unas pocas empresas dominan el sector. En el sector de alimentos, la distribución también está mayoritariamente controlada por unas pocas cadenas de supermercados. En el caso del mercado de alquileres de vivienda, los datos públicos disponibles sobre la propiedad de inmuebles de alquiler son escasos. Sin embargo, hay evidencia de que desde la Gran Recesión muchos fondos de inversión han comprado apartamentos para lucrarse con el negocio del alquiler.

En segundo lugar, y a pesar del saber convencional que demoniza la regulación de precios, vivimos rodeados de precios administrados, sin que se cumplan los presagios tremendistas de los detractores del control de precios. Algunos ejemplos son el salario mínimo, los precios de los medicamentos o las mascarillas, o el tope al gas.

El salario mínimo es un caso interesante. Por un lado, porque ha tenido y tiene muchos detractores que, de forma similar a los que se oponen a la regulación de precios, argumentan que los efectos perniciosos que tiene sobre la ocupación son mayores que las ganancias salariales que provoca. Por otro lado, porque existe una abundante evidencia empírica que, desde hace más de tres décadas muestra abrumadoramente que el salario mínimo aumento los ingresos de los trabajadores más vulnerables sin casi efectos negativos sobre el empleo (Cengiz et al, 2019; Dube, 2019; Dube et al., 2010). ¿Cómo es posible? La literatura señala el poder de mercado de los empresarios a la hora de contratar como el responsible de que se paguen salarios muy bajos y que, por tanto, el salario mínimo no destruya puestos de trabajo, sino que ayude a compensar la asimetría de poder entre empresarios y trabajadores.

En tercer lugar, la evolución de las economías de Rusia y China desde su paulatina incorporación al capitalismo es muy reveladora (Weber, 2021). En Rusia, los precios se liberalizaron de un día para otro, lo que produjo un hundimiento de la economía y una hiperinflación. En cambio, en China se adoptó un enfoque de liberalización de precios gradual: se mantuvo el control sobre precios de bienes básicos mientras se liberalizaban el resto. ¿Cuál fue el resultado? Una gran expansión del PIB de China durante las décadas siguientes y una inflación bajo control.

En cuarto lugar, la regulación de precios implica dotar al estado de un instrumento más para regular la economía. Volviendo a la comparación entre China y Rusia. La regulación de precios se puede usar para crear mercados de forma paulatina, el caso de China, y la falta de regulación puede desorganizar los sistemas de producción de un país, el caso de Rusia. Asimismo, en un contexto inflacionario como el vivido recientemente en 2022, con fuertes sospechas de inflación provocada por aumento de márgenes empresariales, la regulación de precios también se puede usar para evitar que empresas con poder de mercado abusen de su posición de dominio, y proteger de esta forma a los consumidores y a la sociedad.

En resumen, la alta concentración de muchos sectores, la evidencia empírica de algunos precios administrados y la evidencia histórica son argumentos para regular los precios. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿cómo se regulan los precios?

La institucionalización de la supervisión y regulación de precios

En esta sección, pensamos cómo implementar una política de regulación de precios. Para ello, primero defendemos la necesidad de mejores datos sobre precios y costos de producción. En segundo lugar, recurrimos a las lecciones aprendidas de la intervención de precios implementada en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que pueden servir como principios para guiar la regulación de precios hoy en día.

El primer paso para una política de ingresos que pueda regular los precios es tener información detallada sobre los precios. De hecho, las administraciones públicas ya tienen estos datos, ya que el IVA se aplica a todas las transacciones comerciales, y por lo tanto, el Estado tiene conocimiento de los precios y los costos de producción no laborales a lo largo de la cadena de producción. Esta información puede complementarse con estadísticas de la Seguridad Social sobre los costos de producción laboral. De hecho, la reciente creación del Observatorio de Márgenes Empresariales es un buen paso en esta dirección.

Con estos datos disponibles, ¿cómo pueden ser utilizados? ¿Cuándo debería regularse un precio? ¿Y cómo? Para ayudar a responder a la última pregunta, el libro de Galbraith (1952) ofrece algunos conocimientos muy útiles. Durante la Segunda Guerra Mundial, Galbraith trabajó en la Oficina de Administración de Precios (OPA) de EE.UU., que se encargaba de limitar la inflación para que no interfiriera con el objetivo de ganar la guerra. Galbraith extrae dos lecciones muy prácticas de este período. La primera es cómo decidir el precio adecuado. Según él, la forma más segura y efectiva de intervención es establecer un precio máximo equivalente a los últimos precios observados en el mercado. De esta manera, por un lado, se asegura la rentabilidad de las empresas porque pueden seguir vendiendo a precios que consideraban rentables. Por otro lado, las empresas son libres de reducir los precios si pueden, aumentando así sus beneficios a través de más ventas. La segunda lección es en qué parte de la cadena de producción y distribución es mejor limitar los precios. La conclusión es que es más fácil regular un precio en las partes de la cadena donde hay menos empresas. Galbraith presenta dos argumentos para defender esta posición. En primer lugar, en mercados donde hay menos empresas, los precios ya son de hecho administrados por la junta directiva de las empresas. En otras palabras, las empresas ya son formadoras de precios y no tomadoras de precios. Según Galbraith, es más fácil regular cuando las empresas ya están acostumbradas a gobernar sus precios. En segundo lugar, el autor considera que el monitoreo del cumplimiento del precio máximo es mucho más fácil en un segmento con menos empresas, ya que hay menos información que recopilar y procesar.

Una vez discutidas las necesidades de datos y los principios rectores de la política de ingresos respecto a los precios, ¿cuál debería ser el próximo paso? Para que se convierta en una fuente de información creíble y estable y para que la tarea se lleve a cabo con éxito, una institución pública necesita supervisar el proceso. Se podría crear por tanto una Oficina de Supervisión y Regulación de Precios (OSRP). Galbraith (1952) explica en su libro que durante la Segunda Guerra Mundial solo se necesitó alrededor de 1,000 trabajadores en la OPA de EE.UU. para monitorear los precios y controlar la inflación en un país que, en ese momento, tenía una población de 140 millones. Con las tecnologías de la información actuales, es probable que el mismo trabajo pueda hacerse con mayor detalle y con incluso menos personal. En resumen, vemos a la OSRP con dos tareas principales. La primera sería el desarrollo de estadísticas sobre precios, beneficios y márgenes empresariales para informar al Estado y a los ciudadanos sobre la distribución de ingresos entre los principales agentes económicos y asesorar sobre el diseño de la política de ingresos. La segunda sería la implementación de topes de precios para prevenir episodios inflacionarios o limitar los márgenes empresariales que se derivan del poder de mercado.

Supervisión y regulación de precios en períodos inflacionarios

Después de presentar argumentos a favor de la regulación de precios y hacer propuestas para su institucionalización, ahora consideramos si el control de precios debería ser cualitativamente diferente en una espiral inflacionaria. Para hacer esto, utilizamos el concepto de «inflación inducida por vendedores» (Lerner, 1958). En general, las empresas aumentan los precios por dos razones: quieren mantener beneficios, o quieren aumentarlos. Esto contrasta con la espiral precios-salarios, que culpa a los trabajadores de generar inflación al pedir aumentos salariales. Una consideración alternativa es el concepto de sectores significativamente sistémicos (Weber et al., 2024). Examinamos más de cerca estas ideas a continuación.

En un artículo reciente, Weber y Wasner (2023) desarrollan el concepto de Lerner. En su contribución presentan al menos tres argumentos que pueden ayudar, por un lado, a entender la situación desencadenada en 2022 y, por otro lado, a considerar el papel de la supervisión de precios como una política dinámica que puede diferir dependiendo de la fuerza del mercado empresarial en cualquier momento dado. Basándose en una revisión de la literatura sobre precios estratégicos, estos autores llegan a varias conclusiones: en primer lugar, las empresas no tienen la costumbre de reducir precios y, por lo tanto, los aumentos de precios suelen ser irreversibles; en segundo lugar, los aumentos de costos a nivel sectorial pueden servir como un mecanismo de coordinación en toda la industria, ya que todas las empresas involucradas quieren proteger sus márgenes y saben que las otras empresas comparten este objetivo; en tercer lugar, si la demanda excede sustancialmente la oferta, las empresas aumentan su poder de mercado o monopolio potencial, aunque sea temporalmente, lo que puede permitirles aumentar los precios para expandir sus márgenes de beneficio.

Por lo tanto, la supervisión y control de precios debería ser más vigilante cuando hay inflación de costos, especialmente si hay un exceso de demanda que confiere un poder de mercado extraordinario a los vendedores. La acción también necesita ser preventiva en lugar de reactiva porque el mismo poder de mercado dificulta que los precios vuelvan a bajar después del período inflacionario. En tal contexto, similar al de eventos recientes y contemporáneos, la OSRP debería monitorear cualquier aumento inusual en los márgenes empresariales. En otras palabras, puede ser razonable que los precios aumenten para mantener el mismo nivel de beneficios, pero no para aprovechar una situación inflacionaria.

Como argumento alternativo, Weber et al. (2024) identifican sectores en la economía de EE.UU. que llaman significativamente sistémicos. En otras palabras, son industrias en las que, si los precios aumentan, el riesgo de contagio a toda la economía es mucho mayor y podría generar una inflación generalizada. Por lo tanto, la OSRP debería tener los datos y los métodos estadísticos necesarios para identificar aquellos sectores que representan los mayores riesgos para la estabilidad monetaria y someterlos a una vigilancia más estricta.
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…Et contra

 

Sobre el control de precios para reducir la inflación: una visión escéptica

(por Carlos Legna Verna, Profesor emérito, Universidad de La Laguna, clegna@ull.edu.es)

La finalidad de este artículo es analizar los resultados de las políticas de control de precios para contener la inflación, ya sea ésta, general o de los precios de un sector, como es el caso de los de la vivienda, cuestión importante actualmente en España. En otros términos, y para ser más precisos, se trata en este documento del control de precios máximos y no de mínimos, como puede ser el de los salarios o de productos agrícolas.  Partiremos de la revisión de la política de control de precios realizada en Argentina durante el gobierno del señor Alberto Fernández, precedente al actual (que hemos estudiado en Legna Verna, 2023 y Legna Verna, 2023b); y luego, a partir de ella, trataremos de deducir algunas conclusiones más generales.

1. El control de precios aplicado en Argentina y sus resultados

El período considerado para este análisis de la inflación argentina y del control de precios comprende desde el inicio de 2020 (el gobierno del Sr. Fernández asumió a fin de diciembre de 2019) hasta agosto de 2023, durante el cual se implementó una política de control de precios. Describiremos brevemente el desarrollo del proceso con la finalidad de deducir algunas conclusiones.

Al inicio del coronavirus en Argentina, marzo de 2020, el gobierno nacional dispuso establecer, “la fiscalización y el control” de los precios de 2.300 productos de alimentos y de limpieza con la intención de que los comercios cumplan con la exigencia de retrotraerlos a los vigentes al 6 de marzo (días previos al inicio de la pandemia); y, simultáneamente,  instituyó sanciones a quienes no cumplieran con las normas de control de precios, tales como clausuras del negocio, multas y decomiso de la mercadería. Se había producido una combinación no ciertamente deseable: una tasa de inflación próxima al 40% y una caída de la actividad económica (consecuencia de la pandemia), con su secuela sobre el paro y los ingresos de la población. La intención del gobierno era paliar los efectos de esa conjunción de hechos, como es prácticamente la norma en casi todos los regímenes de control de precios. 

El método de control predominante fue el siguiente: en primer lugar, los inspectores, verifican los precios de cada negocio y, si hay subas, se labra un acta y se los compromete a bajarlos a los fijados en la página de precios máximos; en la segunda visita, si no se adecúan los valores de los productos, se clausura el comercio o se impone una multa.

La inflación continuó, y en ascenso (ver tabla 1), lo que significa que el control de precios fracasó como política para reducirla; pero, además, produjo varios efectos negativos (Reinhold & Lafuente, 2023; Legna Verna, 2023a: Legna Verna, 2023b):

  1. Se hizo evidente, en primer lugar, un problema general del control de precios: la imposibilidad de aplicar la medida a todas las empresas y a todos los productos. En el caso de Argentina, ante esta imposibilidad, se produjo una enorme distorsión de los precios de un mismo artículo cuyo precio estaba sujeto al control, particularmente entre los que se ofrecían en los supermercados (más fáciles de vigilar) y en otros canales comerciales (como los pequeños comercios de barrio), la que fue, según estimaciones para algunos productos, del orden del 50%. Además de que, por sí mismo, esto produce una ineficiente asignación de los recursos, se dificultó la elaboración de presupuestos para realizar todo tipo de trabajos (de la construcción, por ejemplo, pero no exclusivamente), pues era necesario hacer una amplia investigación para determinar dónde conseguir menores precios de los insumos necesarios; y, además, volátiles.
  2. Los precios de los productos sujetos al control se retrasaron en relación con la tasa general de inflación, lo que acentuó la pérdida de rentabilidad relativa de la producción de éstos respecto de los que no lo estaban, pues los costes de su producción continuaron creciendo. Una empresa puede compensar la baja o negativa rentabilidad de la producción de un artículo con la que obtiene de otros. Pero, lógicamente, tiende a reducir la producción de aquél y a aumentar la de este último; que fue lo que ocurrió. Fenómeno que fue acompañado, muchas veces, con la reducción de la calidad del producto sujeto al control de precios.
  3. Así, la oferta de los artículos sujetos a control de precios se redujo a la vez que aumentaba su demanda, debido a sus menores precios relativos. Se provocó así escasez de estos productos, largas colas (para comprar combustibles, por ejemplo, a pesar de que Argentina es un productor de petróleo, de gas y de hidroelectricidad), menús de restaurantes sin precio y “arbolitos”[1] para vender o comprar dólares a un precio distinto del oficial (entre la lista de los artículos cuyos precios fueron controlados se encontraban los combustibles y el dólar y otras divisas). Era frecuente que no se encontrara en los supermercados el artículo cuyo precio estaba controlado, pero sí el mismo producto, con una pequeña variación en su presentación, cuyo precio era libre.
  4. Se generó un constante cambio de los precios relativos, el que de por sí impulsa la inflación si predomina la inflexibilidad a la baja de los precios (Olivera, 1960).
  5. El control del precio de las divisas combinado con la continuación de la inflación produjo un atraso cambiario, que a su vez repercutió sobre las cuentas del sector externo.
  6. Si bien no es resultado del control de precios, es oportuno observar que la alta inflación tiene un coste en términos de crecimiento del PIB, pues lo reduce (Álvarez, Beraja, González-Rosada, & Neumeyer, 2019).

La consecuencia de todo esto fue una gran distorsión de los precios relativos de los bienes y también una elevada incertidumbre, acompañados por una caída del salario real y un aumento de la pobreza, cuya mejora del primero y una reducción de la segunda era uno de los objetivos a cuyo logro contribuiría el control de los precios.

Es oportuno mencionar que, en Argentina, y en el mundo, hay una larga tradición de aplicación de controles de precios; y es interesante mencionar un ejemplo, entre los tantos, de sus efectos: en 2008 comenzaron a aplicarse controles de los precios de la carne:  se perdieron casi 10 millones de cabezas de ganado en sólo 3 años, porque los productores desviaron la producción hacia otros rubros agrícolas o ganaderos más rentables.

2. Por qué fracasan los controles de precios

La respuesta a la cuestión que plantea el título de esta sección es sencilla: los controles de precios, como medida permanente, fracasan porque ellos no resuelven el problema. Pueden (subrayamos el condicional) ser un paliativo de corto plazo; pero a la larga acentúan el problema, porque tienden a reducir la oferta y a aumentar la demanda.

Los dos tipos de fenómenos inflacionarios corrientemente estudiados en la literatura económica son el de demanda (estimulada por un aumento de la oferta monetaria o por otros factores, como es el caso de los alquileres en varias ciudades de España) y el de costes (como los de algunos bienes, debido a la guerra de Ucrania). A los que en el caso de Argentina les agregamos lo que se podría denominar una tercera clase: la inflación motorizada por el comportamiento de los agentes económicos, que se deriva del aprendizaje que ellos han realizado como consecuencia de la larga historia de inflaciones que ha experimentado el país. Y a ninguna de ellos los soluciona el control de precios.

Los problemas y efectos del control de precios mencionados en el caso de Argentina no difieren de los aplicados en otros países (Neely, 2022;Schuettinger & Butler, 1979); si bien este instrumento de política puede desempeñar un rol limitado durante algunos episodios, como en EEUU durante la segunda guerra mundial (Rockoff, 2002;Rockoff, 1981; Galbraith, 1952).

Bibliografía

Álvarez, F., Beraja, M., González-Rosada, M. G., & Neumeyer, P. A. (2019). From hyperinflation to stable prices: Argentinas evidence on menu cost models. The Quarterly Journal of Economics, 134(1), 451–505.

Galbraith, J. K. (1952). A Theory of Price Control. Cambridge, MA & London: Harvard University Press.

Legna Verna, C. (2023a). Hiperinflación argentina durante el gobierno actual (2019-2023): por qué fracasa la regulación de precios y lecciones de política económica. XVI Jornadas Internacionales de Política Económica (25 y 26 de Mayo). La Laguna, Islas Canarias, España.

Legna Verna, C. (2023b). Una interpretación no monetaria de la inflación argentina durante el período 2019-2023 (No. 10/2023). Alcalá de henares.

Neely, C. J. (2022). Why Price Controls Should Stay in the History Books. Retrieved May 30, 2024, from Federal Reserve Bank of St. Louis, March 24 website: https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/2022/mar/…

Olivera, J. H. G. (1960). La teoría no monetaria de la inflación. El Trimestre Económico, 27(108), 616–628.

Reinhold, M., & Lafuente, E. (2023, November 6). Inflación bajo la alfombra: los efectos y los riesgos del retraso de unos precios frente a otros. Diario La Nación. Retrieved from https://www.lanacion.com.ar/economia/inflacion-bajo-la-alfombra-los-efectos-y-los-riesgos-del-retraso-de-unos-precios-frente-a-otros-nid05112023/

Rockoff, H. (1981). The Response of the Giant Corporations to Wage and Price Control in World War II. The Journal of Economic History, 41(1), 123–128.

Rockoff, H. (2002). Drastic Measures: A History of Wage and Price Controls in the United States. https://doi.org/DOI: 10.2307/2597032

Schuettinger, R., & Butler, E. (1979). Forty Centuries of Wage and Price Controls: How Not to Fight Inflation. Thornwood, New York: Caroline House, Publishers, Inc.

[1] En Argentina se designa “arbolitos” a los compradores y vendedores de dólares que están en la calle, de pie, por lo que se los nombra así.


Noticias 44 – 11

12 de julio de 2024

Reseñas

  • Sanchis i Marco, Manuel (2023): Miseria de la economía. Anatomía filosófica de una racionalidad vacía. Trea S.L. (978-8419525994), pp.292.

(por Isidro Antuñano Maruri, profesor de la Universidad de Valencia -jubilado- Isidro.Antunano@uv.es)

Bajo el título Miseria de la economía. Anatomía filosófica de una racionalidad vacía (editorial Trea Ensayos, enero de 2023), el profesor Manuel Sanchis i Marco aporta una reflexión metodológica profunda, documentada y muy crítica con el statu quo hegemónico en la ciencia social que llamamos Economía. Su reflexión se articula en dos partes, la primera de las cuales analiza y se posiciona sobre la relación entre la economía y la filosofía de la ciencia, mientras que la segunda explora los vínculos entre la economía y la filosofía de la justicia, o sea, entre las bases más materiales de la actividad humana y los valores no materiales en los que la actividad económica se encuentra inmersa.

La primera parte del libro es a la que más apropiadamente se aplica el riguroso título de Miseria de la economía, que en realidad podría decir, en mi opinión, Miseria de los economistas conservadores, autosatisfechos y regoldones. Y es que miseria, dice la Real Academia de la Lengua, RAE, en la primera de sus varias acepciones, es la estrechez o pobreza extrema, y esto es en definitiva de lo que el autor acusa a la ortodoxia económica de corte formalista: de ver la actividad económica exclusivamente desde las estrechas atalayas del individualismo, el egoísmo y el corto plazo, construyendo con ello una ciencia económica extremadamente alicorta y autista, que expulsa lo mucho que no entiende hacia los que considera sospechosos terrenos de la sociología, la antropología, la psicología y (vade retro) de la política, a la que la economía ortodoxa vitupera con saña. Como decía despectivamente el tan ortodoxo Milton Friedman acerca de la vasta obra de John Kenneth Galbraith: “après moi, la sociologie!” 

Tras haberse despachado a gusto contra el formalismo, en especial el de ropaje matemático, la segunda parte del libro de Sanchis devuelve la economía a los amplios continentes de la filosofía de la justicia, a los que la actividad económica se debe en última instancia y de los que nunca debió ser cercenada. Para la citada RAE, la justicia es (entre otras cosas…) el principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente, entendiendo por honesto lo que es decente o decoroso. Lo que nos deja (¡ay!) con la inquietud de saber quiénes y cómo definen la decencia y el decoro, pero con la certeza de que no han sido Donald Trump, Elon Musk, o Bernard Madoff.

Sanchis analiza las teorías de la justicia desde Adam Smith a John Rawls y a Amartya Sen, con algunas excursiones gourmet sobre Thomas Hobbes, David Hume, Immanuel Kant y Jean-Jacques Rousseau. El hilo conductor de este análisis es nítido: de un lado, el rechazo a la pretensión por parte de la economía neoclásica de una eficiencia apolítica y exenta de valores morales; de otro, la presentación de las distintas vestimentas o ropajes con que las ideas abstractas de la justicia se presentan según los diferentes autores que han reflexionado sobre el tema: justicia conmutativa, justicia distributiva, igualdad de oportunidades, ampliación de las capacidades humanas, etc.

Se vislumbra así una economía muy alejada de lo que en su momento se denominó la era de los barones del robo, tan típica del siglo XIX pero que está plenamente vigente en algunos predios especulativos en este primer cuarto del siglo XXI. Una economía social, inclusiva, solidaria, arraigada en el territorio, que no echa del templo de la economía oficial a las personas con discapacidad, a los desempleados de larga duración, a las personas discriminadas por razón de género, a los habitantes de las comarcas alejadas de los grandes centros urbanos, o a las personas que identifican las nuevas necesidades sociales y las cubren a través de empresas sociales como los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cooperativas sin fines de lucro, etc.

Una concepción económica que no es un brindis al sol, sino seguramente la única que puede reconciliarnos como sociedad y con la naturaleza. Pero, claro, hay tanto negacionista…

  • Ramió, Carles (2024): El colapso de la Administración en España. Un análisis políticamente incorrecto. Libros de la catarata, Madrid (ISBN: 978-84-1352-983-7), pp.157.

(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia)

Este libro constituye una reflexión sobre los problemas de la administración del Estado en España en la actualidad. En una sociedad de corte democrático, la población elige a unos representantes en el Parlamento o a un Presidente, siendo estas instituciones quienes determinan la composición del gobierno. Todas estas estructuras son las que dirigen la sociedad, en parte, a través de la política económica. Para que este tipo de dirección social sea posible se requiere la existencia de un cuerpo administrativo estatal. Entre sus funciones más relevantes aparece la recopilación y sistematización de información para poder tomar decisiones, y la aplicación de las medidas adoptadas por la gobernación del país. Así pues, la administración del Estado constituye un elemento esencial dentro de la política económica. En este contexto, adquieren un especial interés las consideraciones expuestas en este libro.

Este trabajo pone de manifiesto anomalías que presenta la administración pública en España, que se han acentuado a partir de la crisis del COVID. El libro se organiza en 6 capítulos. En el primero, se apuntan unos problemas que han contribuida a generar problemas funcionales en la administración pública. Los servicios se están transformando cada vez en más complejos, al tiempo que se han de ir considerando en su diseño y aplicación multitud de nuevas restricciones, como una multitud de identidades sociales y empoderamientos, consideraciones de género, cuestiones vinculadas a la incorporación de nuevas tecnologías, como la digitalización, la apertura de nuevas fuentes de transmisión informativas (redes sociales) o el envejecimiento de los trabajadores del Estado. Sin embargo, una limitación a la actividad del Estado que subraya el autor consiste en los problemas que acaecen con la dirección de la administración pública. En parte, estas dificultades se encuentran asociadas a su “soledad”, problemas de coordinación o la apatía en la estructura administrativa, cuando no su animadversión, a veces, ligada al empoderamiento de grupos ubicados en su interior. Desde este punto de vista, la administrativa estatal se encuentra inmersa en una falta de consideración del largo plazo, la falta de capacitación de los empleados en unas condiciones de cambio económico y tecnológico rápidos, la ausencia de compromiso de los empleados con la organización o, incluso, la adopción de malas decisiones por parte de algunos de estos últimos.

Como consecuencia de estos problemas se deriva una falta de capacidad de adaptación de la administración pública al entorno (incluso a su interior) cambiante. Estos son los aspectos que se abordan en el capítulo 2. En esta parte se destacan los problemas que generan la digitalización, la caída en la autoridad de la dirección de la administración estatal y la obsolescencia en la tareas y personal de la estructura administrativa.

En el capítulo 3 se explica otro tipo de problemas referentes a las relaciones entre el ámbito político y el administrativo. Por un lado, se constata el bajo nivel técnico de muchos políticos, por otra parte, se apuntan las intromisiones políticas en aspectos técnicos (siendo un caso extremo la aparición de casos de corrupción que se abordan al final de este capítulo) o la renuncia a introducir cambios sustanciales en el aparato administrativo del Estado.

El capítulo 4 se adentra en la gestión del personal de la administración pública. Aquí se subraya, en primer lugar, el problema del envejecimiento de la plantilla funcionarial y la necesidad de su rejuvenecimiento. En este contexto, se pone encima de la mesa la discusión sobre la estructura psicosociológica de la nueva generación. En segundo lugar, se subraya la necesidad de cambiar las formas organizativas internas de la administración pública. En tercer lugar, se apuntan los incentivos de los trabajadores del Estado, que se vinculan a la necesidad de establecer nuevos mecanismos de adhesión. En este momento de la discusión, el autor cuestiona el sistema de vacaciones, los días de asuntos propios o el teletrabajo, apuntando hacia medidas de reformas más imaginativas. Así pues, los cambios en las formas de selección de personal, la reordenación de los incentivos a los trabajadores y la recuperación de la autoridad de la dirección de la administración pública pasan a un primer término. Sobre este último aspecto se incide especialmente en el capítulo 5, en el que se platea una reforma en las funciones de los directivos de la administración estatal.

El capítulo 6 es una especie de conclusión en el que se plantean de manera sintética algunas propuestas de reforma de la administración pública. Parte de ellas se derivan de la exposición realizada en el libro, pero realizada de forma más sistemática, como ocurre con los nuevos derechos y obligaciones de los trabajadores del Estado.

En conclusión, se trata de un libro interesante y actual, que puede utilizarse en cursos introductorios de Política Económica. En particular, en aquellos que aluden a los límites institucionales de la política económica.


Noticias 43-Indice

12 de julio de 2024

versión pdf

 

Eventos e informaciones
1. VI Taller Internacional de Política Económica. “Instituciones, políticas y territorio”. Granada, 13-14 de Junio de 2024. (solicitud de trabajos)
2. XIX Simposio Ruso-Español “Creciente incertidumbre en la economía y la política global: desafíos para Rusia y España”, Moscú, 27-28 de junio de 2024 (realización dual: presencial y telemática)
3.- Manuales de Política Económica: Introducción a la Política Económica
4.- Manuales de Política Económica: Política económica del turismo
5.- International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) (Diciembre de 2023)
6.- Noticias internacionales: Revista Finanzas y Política Económica
7.- Tesis doctorales en Política Económica: “Ciencia de Datos aplicada al análisis y mejora de la carrera del árbitro de fútbol y propuesta de políticas federativas basadas en la economía del comportamiento” (Iñaki Aliende Povedano)
8.- Tesis doctorales en Política Económica: “Cooperación Sur-Sur y relaciones internacionales: la estrategia china en América Latina entre la ayuda al desarrollo, la política exterior y las exigencias de la economía nacional” (Meng Zhan)
9.- Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)
Artículos
 
10.- Políticas económicas estructurales: ¿Por qué necesitamos un nuevo Estado de Bienestar?
11.- Política económica y género: Orgullo y prejuicio en el camino hacia la paridad de género en los consejos
12.- Pro et contra: La ampliación norte del puerto de Valencia
13.- Reseñas

Economic Policy in the 21st Century The Four Great Challenges (Acocella, Nicola)

Economía, política y ciudadanía. Reformas estructurales para una década de progreso (Economistas frente a la crisis)

14.- Necrológica: Pilar Tamborero Sanjuan

Noticias 43 – 1

31 de marzo de 2024

VI Taller Internacional de Política Económica. “Instituciones, políticas y territorio”. Granada, 13-14 de Junio de 2024. (solicitud de trabajos)

Organiza: Departamento de Economía Internacional y de España (Universidad de Granada) y Asociación Andaluza de Ciencia Regional El VI Taller Internacional de Política Económica se celebrará en formato presencial.

Programa provisional:

Jueves 13 de junio:

  • 16:30 – 17:00 horas: Presentación y bienvenida
  • 17:00 – 18:00 horas: Conferencia de apertura: Pendiente de confirmar
  • 18:30 – 19:30 horas. Mesa 1. Marco institucional: políticas y gobernanza territorial

Viernes 14 de junio:

  • 9:00 – 10:00 horas. Mesa 2. Políticas de cohesión social y mercado de trabajo.
  • 10:00 – 11:00 horas. Mesa 3. Sostenibilidad entre una estrategia y una necesidad.
  • 11:30 – 12:30 horas. Mesa 4. Sistema productivo y políticas económicas.
  • 12:30 – 13:00 horas: Conferencia de clausura: Pendiente de confirmar
  • 13:30 – 14:00 horas: Clausura

Plazos y entregas:

El Taller contará con un grupo de ponencias invitadas que constituirán la estructura vertebral de la discusión. A estas se añadirán las comunicaciones (no será necesario enviar el texto completo) que sean ofertadas por iniciativa propia de investigadores y aceptadas por la organización. Se precisará el envío de un resumen de 1.500 palabras como máximo, con las especificaciones formales que se establezcan al efecto, antes del 30 de abril de 2024. Su aceptación se comunicará antes del 8 de mayo de 2024, así como las áreas de trabajo y las mesas para su presentación y debate. Aquellas comunicaciones que hayan sido aceptadas enviarán una presentación PowerPoint en fichero pdf, antes del 4 de junio de 2024, por el medio que establezca la organización.

Inscripciones:

60 euros (incluye cafés y cena)

El Taller dispondrá de una web en la que se publicará información adicional.

Más información:

José A. Camacho Ballesta <jcamacho@ugr.es>


Noticias 43 – 2

31 de marzo de 2024

XIX Simposio Ruso-Español “Creciente incertidumbre en la economía y la política global: desafíos para Rusia y España”, Moscú, 27-28 de junio de 2024 (realización dual: presencial y telemática)

Organiza: Centro de Estudios Ibéricos del Instituto de Latinoamérica (ACR), Universidad de Valencia (Unidad Docente de Política Económica. Departamento de Economía Aplicada) (España)

Presentación

El tema propuesto para el simposio refleja una característica clave de la situación geoeconómica y geopolítica actual y es sumamente relevante tanto para Rusia como para España – ambos países están enfrentando serios desafíos internos y externos.

En el ámbito económico, estamos hablando de una desaceleración del crecimiento de la mayoría de los países del mundo, la persistencia de una inflación relativamente alta, una reducción del comercio internacional, un crecimiento de los costos de transporte y un aumento de la carga de la deuda. El problema de garantizar la seguridad energética persiste. El rumbo hacia una economía verde y energías alternativas requiere inversiones colosales y, por lo tanto, consume recursos y frena aún más el crecimiento económico.

En el campo político, hay una exacerbación de muchos “viejos” conflictos y el surgimiento de nuevos puntos de tensión. El uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales, o al menos la amenaza de la fuerza, es cada vez más común.

En este contexto, en Rusia y España se están desarrollando procesos políticos internos complejos y contradictorios, cuyo resultado final es difícil de predecir. Todo ello plantea nuevas tareas de investigación para los científicos rusos y españoles.

Son bienvenidos los trabajos de análisis económicos, políticos, sociales, de política económica (nacional e internacional) y medioambientales. El simposio pretende tener un carácter interdisciplinar y dar posibles pistas para mirar al futuro próximo con optimismo.

Idioma del Simposio: español

Plazos y procedimientos:

Fecha límite de presentación de las propuestas (200-250 palabras): 28 de abril

Fecha límite de textos completos (max.30 mil caracteres) (para su posible publicación): 15 de julio

Para aplicarse al simposio, por favor rellene el formulario:

https://forms.gle/vvTNHrMkVyknej1e6

Más información: ilacentroiberico@gmail.com


Noticias 43 – 3

31 de marzo de 2024

Manuales de Política Económica

Sánchez, Antonio (2024): Introducción a la Política Económica. Concepto, estructura y formación. Tirant lo Blanch, Valencia (2ª edición) (ISBN: 978-84-1056-322-3), pp.195.

Este libro constituye la segunda edición de un manual editado hace unos pocos años orientado a explicar el concepto y la formación de la política económica en un semestre. No obstante, no se trata de una reimpresión de la primera edición, sino que se han introducido cambios sustanciales. Los más destacados afectan al tema relacionado con el diseño de la política económica, pero afecta especialmente a los dos últimos temas, cuyos contenidos actuales no tienen nada que ver con los que aparecieron en la anterior edición y se refieren a dos aspectos originales, a saber, cómo se adoptan las decisiones de política económica en la realidad y cuáles son sus efectos reales.

Este manual se organiza en tres bloques. En primer lugar, el concepto y estructuración de la Política Económica. En el primer capítulo se explica el concepto y la relevancia de la Política Económica. En los dos siguientes se indica su estructuración por fases. En el primero de ellos se aborda la configuración de la agenda, es decir, cómo los problemas relevantes socioeconómicos pasan a ser considerados por el gobierno como dignos de actuar sobre ellos y, por este motivo, les asocia unos indicadores, que son los objetivos. En la segunda parte de ese tema, se explica cómo se trata de dar solución a estos problemas. En este capítulo, juega un papel didáctico relevante el esquema fines-medios. El tercer capítulo de libro presta atención a la aplicación de la política económica y a su evaluación. Estos son aspectos a los que, desde la disciplina, se les ha prestado tradicionalmente poca atención. La aplicación presenta una especial relevancia porque es el momento en que la política económica se hace realidad. Sin ella, el diseño de la política económica constituye simplemente papel mojado.

La segunda parte del libro agrupa los diversos aspectos de la formación de la política económica. Es decir, cómo llegan a tomarse las decisiones de política económica en un contexto institucional y con agentes concretos. En el tema cuarto, se explica la estructura del estado, en el tema quinto, se abordan los aspectos relacionados con los agentes y proceso formales en la toma de decisiones estatales y, en el tema sexto, se apunta el papel de agentes externos al estado, es decir, los grupos de presión internos y los externos (estos últimos adoptando la forma de fenómenos globalizadores).

La parte tercera del libro alude a la dinámica de la política económica. Una vez establecidas las restricciones a las tomas de decisiones en política económica falta por concretar, cómo se adoptan estas, es decir, cuál es su motor, aspectos que se explican en el tema séptimo. Finalmente, en el último capítulo se pone de manifiesto que, a pesar de la aparente volatilidad en la toma de decisiones, los resultados de las políticas económicas guardan bastante estabilidad. Estos dos temas, como se ha comentado más arriba, son novedosos respecto a la primera edición de este libro.


Noticias 43 – 4

31 de marzo de 2024

Manuales de Política Económica

Pulido Fernández Juan Antonio y López Sánchez Yaiza (coords.) (2023): Política Económica del Turismo. Pirámide, Madrid (ISBN: 978-84-368-4766-6). 384 páginas

(por Antoni Seguí Alcaraz, Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

En este libro se valora la intervención pública en la actividad económica y, por tanto, también en la actividad turística. Se estructura en tres partes. La primera parte es una introducción a la política turística. La intervención pública ha sido justificada tradicionalmente por la existencia de fallos de mercado que han dado lugar a algunos de los problemas a los que se enfrenta la actividad turística. Entre los fallos de mercado se puede encontrar la presencia de estructuras de mercado con competencia imperfecta, donde se utilizan bienes públicos o en las que aparecen externalidades. La complejidad de la actividad turística hace necesaria las fórmulas de gestión que propicien la resolución de conflictos y el establecimiento de estrategias y objetivos que conduzcan al crecimiento de esta actividad de manera sostenible. La participación de diferentes actores en la gestión de la actividad turística, las nuevas tecnologías, la existencia de diversos intereses, entre otras cuestiones, nos llevan a una nueva forma de intervención que permita una actuación coordinada y conjunta de los diferentes actores privados, públicos y la sociedad civil.  De ahí la relevancia de la segunda parte, en la que nos da una visión de la política turística desde un enfoque teórico, donde se tratan:

  • La política económica.
  • Introducción a la política turística y sus características
  • Las áreas y los instrumentos de la política turística.
  • Los ámbitos de la política turística.

La política turística es considerada como un eslabón más de la política económica, ya que tiene que ayudar a mejorar el bienestar de los ciudadanos de un territorio a través de la creación de riqueza, mejorando el saldo exterior, etc.  De esta manera, la comprensión de la realidad socioeconómica de un país y de su política económica, en un momento dado, son elementos necesarios para comprender la política turística que se ha venido implementando. El turismo es una industria más de la actividad económica de un país, si bien la importancia de ésta en la economía varía de unos países a otros, dependiendo del volumen de turistas que sea capaz de atraer y del volumen de ingresos que este negocio genere. De ahí que, la política turística tiene que formar parte de la estrategia adoptada por un país, una región o un área local, en relación con su política económica, ya que el turismo también contribuye a la generación de riqueza en un territorio, de tal manera que los objetivos de ambas políticas, económica y turística, tienen que ser coincidentes. La administración local es la más cercana a los ciudadanos del territorio, y por tanto, también a los turistas que lo visitan, aunque la hegemonía la tienen las Comunidades Autónomas, después de la Constitución de 1978. La tercera parte se centra en diferentes niveles de implementación de la política turística, para ello analiza:

  • La política turística de la Unión Europea.
  • La política turística del Gobierno central español.
  • La política turística de los Gobiernos autonómicos.
  • La política turística en el ámbito local: la gestión pública de destinos.
  • Especificidades de la política turística por tipologías turísticas.

La Unión Europea es el destino más visitado del mundo. Es una actividad económica de gran importancia en toda Europa, incidiendo notablemente en la generación de empleo y en el PIB.  El estado español en 2022, fue el tercer destino mundial por volumen de flujos turísticos (recibiendo unos ingresos de 159 mil millones de euros y más de 71,5 millones de turistas internacionales), la industria turística emplea a 2,8 millones de personas y general el 14% del PIB, de ahí que la actividad turística sea clave para garantizar la competitividad de esta actividad económica. A pesar de tratarse de un fenómeno transversal, multidisciplinar y multisectorial, el turismo se ha considerado tradicionalmente desde una perspectiva sectorial, olvidando su dependencia de otras actividades y procesos y, sobre todo, su capacidad de influencia en los mismos. Además, el turismo ha sido una actividad gravada desde sus inicios para conseguir determinados objetivos vinculados con la política económica de los gobiernos, tales como compensar costes derivados de la provisión de bienes y servicios de carácter público, corregir fallos de mercado o aumentar los ingresos, sin menoscabo de ser utilizada para conseguir otros fines como el fomento del desarrollo económico o la protección del medio ambiente, entre otros. Por los elementos comentados, resulta relevante la cuarta parte del libro que habla de los aspectos clave de la gestión pública del turismo, estudiando para ello:

  • La fiscalidad turística.
  • La sostenibilidad en la política turística.
  • El turismo y transporte.
  • La gobernanza turística.
  • La transformación digital, innovación y big data.

Se asume que la sostenibilidad es un paradigma fundamental en los procesos de gestión de los destinos turísticos y de planificación. Existe un consenso generalizado en el hecho de que es la Administración Pública la que tiene que generar las condiciones necesarias para garantizar que todos los agentes implicados en el desarrollo turístico de un territorio puedan tomar las mejores decisiones en sus respectivos ámbitos competenciales para avanzar en materia de sostenibilidad. Por otra parte, el análisis de la demanda de transporte turístico es fundamental para que los operadores de infraestructuras y transporte puedan planificar la comercialización y gestión de los servicios de transporte. De ahí que, la planificación del turismo ha de establecer estrategias que permitan aprovechar las fortalezas existentes, contrarrestando las amenazas de su crecimiento y capitalizando las oportunidades de este. También resulta relevante el abordaje de los principios de inteligencia turística y el papel del big data en su evolución imparable, dedicando un mayor interés a la fase de análisis, como pieza clave de este proceso. Desde una perspectiva instrumental, se citan las herramientas más habituales en la implementación de soluciones big data en general, y en algunas de las soluciones implementadas con éxito en el sector.

Este manual es interesante para la asignatura de Política Económica del Turismo del grado de Turismo. Su lectura permite obtener una visión general sobre la actual realidad de la política turística, especialmente en España


Noticias 43 – 5

31 de marzo de 2024

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP)

(Diciembre de 2023)

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista académica que concentra su atención en la Política Económica. La revista es editada en Valencia (España) por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia (irep.uv.es)

IREP acepta contribuciones de todos los enfoques económicos (ortodoxos y heterodoxos), así como procedentes de otras disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales. Desde esta perspectiva, IREP acepta trabajos de carácter tanto teóricos como aplicados, al tiempo que son bienvenidas tanto las aportaciones sustentadas en análisis cuantitativos como cualitativos, destacando su contenido realista. En concreto, IREP acepta trabajos procedentes de orígenes diversos como la economía, la economía política, el desarrollo y la planificación, la historia o las ciencias sociales en general. IREP publica artículos sobre todo tipo de temáticas relacionadas con la Política Económica.

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista internacional que publica manuscritos en inglés y en español. Todos los artículos son sometidos a un estricto sistema de evaluación anónima por pares, ofreciendo un medio académico de comunicación y de diseminación de ideas de elevada calidad científica

Contenidos de

Vol.5, Núm. 2 (2023)

  • Presentación (por Gregorio Vidal)
  • Los Gobiernos progresistas y la política económica en América Latina (por Gregorio Vidal)
  • Política Económica de Austeridad en México (por Marcia Solorza)
  • América Latina y el financiamiento externo: el orden monetario internacional cambiante (por Wesley C. Marshall, Louis-Philippe Rochon)
  • La financiarización y la dominación de la política monetaria en México durante la pandemia (por César Duarte Rivera)
  • Impacto de las políticas ejecutadas para impulsar el empleo tras la pandemia de Covid-19. Un estudio diferenciado por sexo (por Angélica Beatriz Contreras Cueva, Pamela Macías Álvarez, Noé Rene Luna Plascencia)
  • Las contradicciones de la constitución de clases en Brasil a principios del siglo XXI (por Iderley Colombini)

Los contenidos e información se pueden consultar en línea en la web:

irep.uv.es


Noticias 43 – 6

31 de marzo de 2024

Noticias internacionales

Revista Finanzas y Política Económica

La Revista Finanzas y Política Económica, de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Colombia, constituye un espacio científico de discusión de aspectos relacionados con Política Económica. Tiene una categoría de Q4 en Scopus. Más información:

https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/

Contenidos de número reciente

vol.16, nº.1, enero-junio, 2024

Editorial

  • Inteligencia artificial para la investigación económica (Tejedor Estupiñán Joan Miguel)

Artículos de investigación

  • Análisis de la eficiencia del mercado de acciones chileno (Gutierrez Ponce Herenia, Garrido Suazo Marcelo)
  • Mujeres en la sala de juntas y desempeño empresarial: una visión de las empresas de Indonesia (Ahmad Gatot Nazir, Iranto Dicky, Siregar Edo, Sebayang Dianta A.)
  • Influencia del género en el desempeño de las instituciones microfinancieras: el caso de América Latina y el Caribe (Paillacho Bolaños Lisbeth Cathiana, Palacín-Sánchez María-José, Irimia Diéguez Ana Isabel, Pérez López José Angel)
  • Endeudamiento público municipal en México en el periodo 2009-2021: los efectos de las reformas legales y la pandemia por covid-19 (Huerta Cuervo Rocío)
  • La estructura fiscal óptima desde la perspectiva del crecimiento del PIB (Kutasi Gábor, Marton Ádám)
  • Efecto de la liberación comercial sobre el mercado de trabajo y la pobreza en el sector de las confecciones en Colombia (Prieto Bustos William Orlando, Molina Domínguez Juliana, Riaño Viatela Daniel)
  • Brechas de género y gobernanzas criminales del narcotráfico en Latinoamérica (Wilches Jaime, Rivera Ortega Daniela, Guerrero Sierra Hugo Fernando, Villarreal Román)
  • Propuesta de adaptación de la metodología valor económico agregado (EVA) aplicada a diez instituciones de educación superior (IES) en Colombia (Mariño-Arevalo Andres, Muñoz-Martínez Ivonne Tatiana)
  • Factores del sistema tributario argentino: ¿incentivo o desincentivo a la informalidad empresarial? Percepción de los comerciantes y contadores públicos (Pedroni Florencia)

Noticias 43 – 7

31 de marzo de 2024

Tesis doctorales en Política Económica

Ciencia de Datos aplicada al análisis y mejora de la carrera del árbitro de fútbol y propuesta de políticas federativas basadas en la economía del comportamiento

Autor: Iñaki Aliende Povedano.

Directores: Dr. Lorenzo Escot (UCM) y Dr. Tom Webb (University of Coventry).

Departamento: Economía Aplicada, Pública y Política Económica.

Programa de Doctorado: Análisis de Datos (Data Science).

Universidad: Universidad Complutense de Madrid.

Resumen: El arbitraje en el fútbol se haya en crisis debido a una escasez de árbitros adecuadamente formados para dar respuesta a una demanda de árbitros creciente y que está desembocando en la imposibilidad de continuar algunas ligas amateur en distintos países. Esta tesis, emplea la ciencia de datos para conocer cuáles son las claves que hace que un árbitro decida continuar su carrera o abandonarla. Gracias a la colaboración del Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid, el autor identifica cuáles son esas variables, lo que permite formular recomendaciones para mejorar las diferentes políticas de gestión del talento por parte de las federaciones de fútbol. En síntesis, se trata de un trabajo que combina la ciencia de datos, la gestión de carreras profesionales en un mercado laboral concreto, y el enfoque de la economía del comportamiento que modela las decisiones de los árbitros.

En las conclusiones de la tesis sobre la carrera del árbitro de fútbol, se destacan varios aspectos clave que han surgido del análisis de las hipótesis de estudio. Algunas de las conclusiones más relevantes son:

  • La temprana incorporación al arbitraje favorece una carrera de mayor duración.
  • Los árbitros tienden a alcanzar la enseñanza universitaria en mayor medida que el resto de la población.
  • Los programas específicos de desarrollo y formación organizados por la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) en los últimos años no han demostrado un efecto positivo en la duración de la carrera.
  • Los perfiles de árbitro con un componente de mayor competitividad y asunción de rivalidad muestran una duración mayor de su carrera.
  • La remuneración inicial es un motivador relevante para la duración de la carrera, especialmente para aquellos que la consideran importante al principio de su trayectoria.
  • Los antecedentes familiares y la experiencia previa como futbolista o entrenador no demuestran ser factores determinantes para la duración de la carrera arbitral.
  • La violencia verbal o física contra los árbitros acelera el abandono de la profesión.
  • Los árbitros nacidos en la provincia de Madrid tienden a tener carreras de mayor duración.
  • El apoyo de los compañeros a través del entrenamiento conjunto habitual, afecta positivamente a la duración de la carrera.

En base a estas conclusiones, se derivan recomendaciones para mejorar la gestión del talento por parte de la RFFM:

  • Con relación al reclutamiento y selección, se sugiere dar preferencia a candidatos con un alto grado de competitividad e iniciar la carrera arbitral a edades tempranas.
  • Sobre la formación y desarrollo, es preciso revisar y mejorar los programas de formación, ya que los existentes no favorecen la permanencia a largo plazo, así como promover el entrenamiento grupal, utilizando las localidades de residencia como nodos. Estos aspectos se verán favorecidos por una monitorización más formalizada de la experiencia del árbitro proporcionando feedback personalizado.
  • El estudio también indica que es preciso profundizar en la investigación del nivel óptimo de remuneración que pueda reducir los costos de retención.
  • Deben intensificarse las campañas de concienciación social para reducir comportamientos de abuso y violencia contra los árbitros por parte de aficionados, deportistas y medios de comunicación.
  • Las medidas de conciliación deben considerar la experiencia vital de los árbitros universitarios para facilitar su permanencia, así como valorar políticas de igualdad de género, ya que las responsabilidades familiares no son un obstáculo para permanecer en la carrera arbitral, especialmente para los hombres.

Más información se puede obtener en : https://docta.ucm.es/entities/publication/9625c593-d0a5-40e2-9db2-d4956bde88b1


Noticias 43 – 8

31 de marzo de 2024

Tesis doctorales en Política Económica

Cooperación Sur-Sur y relaciones internacionales: la estrategia china en América Latina entre la ayuda al desarrollo, la política exterior y las exigencias de la economía nacional

Autora: Meng Zhan

Director: Dr. Raúl de Arriba Bueno

Departamento: Economía Aplicada (Política Económica)

Programa de Doctorado: Ciencias Sociales

Universidad: Universidad de Valencia

Resumen: La cooperación Sur-Sur se basa en la idea de que los países del sur son más conscientes de los problemas apremiantes a los que se enfrenta el mismo Sur. En principio, se trata de una cooperación horizontal, centrada en el beneficio mutuo. Sin embargo, cabe afirmar que solo recientemente se ha consolidado el embrión del modelo de la cooperación Sur-Sur y que hay un largo camino por delante en lo que se refiere a su estandarización y sistematización. Esta tesis analiza la cooperación china desde la perspectiva de la eficacia de la ayuda, de los problemas del mercado interior de China y de los conflictos en las relaciones internacionales. En particular, se investiga el caso particular de la política china de cooperación en América Latina. La eficacia de la cooperación china al desarrollo se ve obstaculizada debido a la parcialidad de sus motivaciones, a su desconocimiento de los países beneficiarios y sus intenciones egoístas. En esta nueva etapa de definición de estrategias en la política exterior china, lo que motiva la cooperación china es su necesidad de tener una voz política en el escenario internacional. A través de la cooperación, China busca crearse una buena reputación para mejorar su status internacional. Al mismo tiempo, dado que se requiere una gran cantidad de materias primas para satisfacer la creciente demanda de suministro del mercado interno chino, el abastecimiento desde el mercado exterior es también uno de los factores que empujan la cooperación.


Noticias 43 – 9

31 de marzo de 2024

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.

Durante el último periodo se han difundo por REDIPE varios trabajos relacionados con la crisis global, en particular, uno relacionado con el final de esta mencionada distorsión y otro firmado por Rogoff. También apareció un artículo que se refería a una dimensión especial de la crisis actual, en concreto, acerca de los problemas que pueden suponer la paralización del tráfico mercantil en el mar Rojo.

Sobre objetivos de política económica, se ha aludido en varios casos a aspectos relacionados con la inflación y la productividad (BBVA, junto con algunas recomendaciones de política económica). Algunas explicaciones de la inflación se apuntan en una reflexión sobre las cadenas alimentarias.

En cuanto a instrumentos de política, se pueden destacar dos trabajos, por un lado, uno editado por el Fondo Monetario Internacional relacionado con política industrial y, por otro lado, uno que explica aspectos de la reforma laboral. Asimismo, se puede destacar la aparición de un trabajo de Rodrik sobre las instituciones y el funcionamiento económico, y otro de Milanovic que se refiere a aspectos de equidad.

Para finalizar, se puede reseñar la difusión de dos trabajos: uno sobre Cantillón y el otro sobre los economistas y las políticas, este último firmado Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España


Noticias 43 – 10

31 de marzo de 2024

Políticas económicas estructurales

¿Por qué necesitamos un nuevo Estado de Bienestar?

(por Guadalupe Souto, Departament d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona y Ció Patxot, Departament d’Economia, Universitat de Barcelona)

El Estado de Bienestar comprende el conjunto de políticas y programas diseñados para proteger a las personas frente a diferentes situaciones de riesgo o vulnerabilidad que pueden afectar gravemente a su capacidad económica a lo largo de la vida y que, por ende, puedan derivar en consecuencias tan graves como la pobreza o la exclusión social. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reafirmó en 2012 el firme compromiso de las Naciones Unidas con el derecho a la protección social a lo largo del ciclo vital como un derecho fundamental de las personas (OIT, Recomendación 202, 2012), y así ha quedado recogido de manera explícita entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 aprobada en 2015 por la ONU.[1] En Europa, tradicionalmente considerada la cuna del estado de bienestar, la UE ha mostrado su compromiso en avanzar hacia mejores políticas sociales con la aprobación en 2017 del Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS) y su Plan de Acción en 2021.[2]

Actualmente, todos los países europeos disponen de un Estado de Bienestar consolidado y que goza de un amplio consenso social, articulado en torno a cuatro grandes pilares: las pensiones de jubilación, la sanidad, la educación y otros programas de protección social (incluyendo este último un conjunto de políticas diversas entre las que se encuentran por ejemplo la protección de los desempleados, los cuidados de larga duración o las políticas familiares, entre otros). Lógicamente, el peso relativo de los diferentes programas varía entre países, si bien es claramente detectable un rasgo común. Aunque pudiera ser el objetivo inicial, el papel principal del Estado de Bienestar no es el de redistribuir rentas de los que más a los que menos tienen, sino intergeneracionalmente, de las personas que están en edad activa hacia los niños (educación, políticas familiares) y, muy especialmente, hacia las personas mayores (pensiones de jubilación, sanidad, cuidados de larga duración). En prácticamente toda Europa, el Estado del Bienestar ha socializado una buena parte de las necesidades de consumo de la gente mayor, especialmente en aquellos países donde las pensiones de jubilación funcionan como un sistema de reparto. Es decir, toda la sociedad (pero muy especialmente los que trabajan) contribuyen con sus impuestos a sufragar las pensiones y los servicios sanitarios de las personas mayores. Sin embargo, no ha ocurrido algo similar con los niños, pues sus necesidades más allá de la educación siguen siendo mayoritariamente sufragadas por sus propios padres. Aún en aquellos países con importantes políticas familiares como las asignaciones universales por hijo a cargo (como por ejemplo Finlandia, Suecia, Alemania o Francia), los datos siguen mostrando que la mayor parte del gasto social se dirige a las necesidades de los mayores (pensiones y sanidad). No digamos en España y otros países mediterráneos, donde tales políticas familiares brillan por su ausencia. Al respecto, es interesante el trabajo de Solé et al. (2019), que analiza este desequilibrio del Estado de Bienestar, así como el desigual impacto de la Gran Recesión en España por grupos de edad. El fuerte incremento del desempleo y la bajada general de los salarios condujeron inevitablemente a un empobrecimiento de las familias, y en particular de los jóvenes, que apenas contaron con políticas sociales para compensar la fuerte caída de ingresos laborales. Por el contrario, las pensiones actuaron como una red de seguridad efectiva para proteger a las personas mayores. Los indicadores de pobreza reflejan claramente esa dura realidad: en 2008, la tasa de riesgo de pobreza de los menores de 18 años y de los mayores de 65 era prácticamente la misma (26%), pero en 2015 se había incrementado hasta casi el 30% para los niños, mientras que para los mayores se había reducido al 12%. En 2023, la brecha continúa: un 29% de los niños y un 18% de los mayores de 65 viven en riesgo de pobreza. [3]

Es conveniente tener en cuenta también que el Estado de Bienestar tal y como lo conocemos nació inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial (bastante más tarde en España), y se desarrolló y consolidó en un contexto social que ha sufrido cambios significativos en las últimas décadas, todos ellos interrelacionados. Por un lado, cabe destacar cambios demográficos tan sobresalientes como el importante incremento de la longevidad. En 1960, la esperanza de vida al nacer en España era apenas de 60 años, mientras que en 2022 superaba los 80 (siempre con una cierta diferencia a favor de las mujeres), situándose entre las más altas del mundo. Valga decir que, felizmente, las proyecciones futuras no vislumbran un cambio de tendencia, es decir, cada vez viviremos más. La reducción de la mortalidad se ha visto acompañada por un descenso de la natalidad. En este apartado, España también se sitúa entre los países destacados en el ranking, en este caso por tener las tasas más bajas. En 2022, la tasa de fecundidad media en la UE era de 1,46 hijos por mujer, siendo Francia el país con el valor más alto (1,86) y Malta (1,08) y España (1,16) los que registran los valores más bajos. La tendencia histórica en este caso ha sido claramente a la baja, y tampoco se atisban cambios significativos en las próximas décadas.

Las tendencias demográficas mencionadas, sobre todo en la natalidad, están fuertemente interrelacionados con otros cambios sociales que han tenido lugar paralelamente. En primer lugar, cabe mencionar la importante transición educativa iniciada en la segunda mitad del siglo XX (algo más tarde en España), con los jóvenes alargando su formación más allá de la etapa obligatoria, y muy particularmente las chicas. Del mismo modo, la participación femenina en el mercado laboral tampoco ha dejado de crecer en las últimas décadas. Como apunta Miret (2022), la tasa de actividad femenina en España se ha incrementado del 15% a finales de los años 80 hasta el 50% en 2021. No obstante, tal incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral ha sido especialmente importante en aquellas con un mayor nivel de formación y sin hijos, y es de esperar que siga aumentando en los próximos años al ir desapareciendo paulatinamente de las estadísticas las mujeres que tuvieron menor acceso a la educación. Aquí comienzan a divisarse las interrelaciones con otros cambios sociodemográficos ya mencionados anteriormente, la transición educativa y la reducción de la natalidad, y otros no menos importantes, como los nuevos modelos de familia. Las sociedades europeas parecen haber abandonado definitivamente el modelo tradicional del hombre que “trae el pan a casa” y el ama de casa que cuida de los hijos, para incorporar otras formas familiares alternativas. El divorcio y la monoparentalidad son dos buenos ejemplos de factores que han modificado las pautas familiares, pero también otros como la reducción de las familias extensas, con cada vez menos mayores conviviendo con sus descendientes. El tamaño medio de los hogares en España era de 4 miembros en los años 70, frente a tan sólo 2,5 en la actualidad. Dicha evolución se explica por el menor número de hijos y por el significativo incremento del número de personas que viven solas. Según las previsiones del INE, esta tendencia continuará, ya que para dentro de 15 años el número de hogares unipersonales alcanzará el 30%, frente al 27% en 2022.

Ahora bien, la entrada de las mujeres en el mercado laboral no se ha visto acompañada en la misma medida por una mayor participación de los hombres en las tareas domésticas. Según las estimaciones de Rentería et al. (2018), las mujeres españolas entre 21 y 65 años trabajan en promedio 1,1 horas más al día, teniendo en cuenta tanto su dedicación al trabajo remunerado como a la producción doméstica (básicamente, tareas del hogar y cuidados de hijos u otros familiares).[4] Las desigualdades existen también en otros países europeos, si bien son menores. Los cuidados son una variable muy importante en la compleja ecuación de la desigualdad, en la que no sólo el dinero es importante, sino también el tiempo. Las mujeres son quienes mayoritariamente se encargan de cuidar informalmente (es decir, sin remuneración a cambio). Ello les supone una doble carga, cuyo precio puede ser tan alto como ver penalizada (o anulada) su carrera laboral.

En sociedades como las actuales, donde la tasa de fecundidad lleva décadas por debajo de la tasa de reposición, es imprescindible comenzar a pensar cómo adaptar ciertas estructuras sociales a esta nueva realidad. En el caso concreto del Estado de Bienestar, los niños y niñas son imprescindibles para asegurar su sostenibilidad, pero se están convirtiendo en activos cada vez escasos. Las personas que tienen hijos y se encargan de su cuidado hasta su vida adulta (especialmente las madres), generan una externalidad positiva a aquellas otras que no son padres pero que, gracias a esos niños, podrán igualmente disfrutar de programas públicos como la sanidad o las pensiones cuando envejezcan (Bovenberg, 2007). Aplicando la teoría de las externalidades, la cantidad eficiente de niños y niñas sólo se conseguiría si el sector público subvenciona a los padres para que al tomar su decisión sobre el número de hijos consideren el beneficio externo para toda la sociedad. Es decir, si el sector público socializa el coste de tener y criar hijos, para que sea toda la sociedad la que sufrague sus costes igual que más tarde percibirá los beneficios.

En un reciente estudio, Spielauer et al. (2022) utilizaron un modelo de microsimulación para estimar las transferencias privadas y públicas en cuatro países europeos (Austria, Finlandia, España y Reino Unido) según tipos de familia y el nivel educativo. Sus resultados muestran que las familias con hijos se ven obligadas a hacer un importante esfuerzo para cubrir los costes de criarlos, sin que el sector público sea capaz de compensar dicho esfuerzo con mayores transferencias públicas. El desequilibrio es especialmente importante entre los individuos de mayor nivel educativo que son o no padres y en particular en España: en promedio, los padres y madres con nivel educativo alto pagan significativamente más impuestos netos (descontando posibles transferencias recibidas) que las personas sin hijos y con el mismo nivel educativo. ¿No tendrá esto algo que ver con la baja natalidad en nuestro país? Raramente existen explicaciones simples a problemas complejos, y el de la natalidad sin duda lo es. Las políticas públicas por sí solas no pueden explicar los cambios en las decisiones de las mujeres sobre tener hijos o no, cuántos y cuándo, pero sin duda tienen un papel. El trabajo Adsera y Lozano (2021) arroja más luz sobre el tema. Según sus estimaciones, España presenta la brecha más elevada de Europa entre la fecundidad deseada y la lograda, brecha que achacan a un cúmulo de factores entre los que están las razones económicas (alto desempleo y condiciones precarias de trabajo para muchos jóvenes), al inicio tardío de la convivencia en pareja (debido tanto a razones económicas como al cambio en el significado de las relaciones) y a la práctica ausencia de políticas públicas de apoyo a las familias y de conciliación laboral.

En definitiva, las sociedades actuales son muy diferentes a aquellas en las que nació y se desarrolló el Estado de Bienestar, lo que exige que las políticas sociales se adapten a las nuevas circunstancias y a las nuevas necesidades. Sin ánimo de exhaustividad, se proponen a continuación tres grandes áreas en las que deberían centrarse las reformas: la educación, las políticas de protección familiar y la jubilación. Como intentaremos demostrar, no se trata de tres áreas aisladas en las que el sector público puede intervenir para lograr un mayor bienestar personal y social con políticas sociales adecuadas, sino fuertemente interrelacionadas entre sí.

La educación es, sin duda, la gran clave de los cambios necesarios porque, al concentrarse al inicio de nuestro ciclo vital será determinante para resto de la vida. Curiosamente, uno de los factores que a la postre resultan clave en nuestro desarrollo como personas es completamente aleatorio y ajeno a nuestra voluntad: las características de la familia en la que nacemos y crecemos. Es bien sabido que la probabilidad de ser pobre durante la vida adulta es significativamente alta si se nace en una familia pobre, siendo la educación la variable intermedia más relevante: el nivel de estudios alcanzado está fuertemente correlacionado con el nivel socioeconómico de la familia y, a su vez, con el nivel de estudios de los padres (especialmente de la madre). En realidad, sería más apropiado hablar de la adquisición de capital humano que de educación. El capital humano tiene diferentes componentes, que van más allá de lo que entendemos habitualmente por la educación reglada. Entre ellos están habilidades no cognitivas como la capacidad de adaptación y la habilidad para aprender, que se adquieren principalmente durante la niñez, y dependen en buena parte del papel de la familia (Heckman, 2000, Cunha et al., 2006). De ahí que la sociedad deba volcar sus esfuerzos en áreas tan fundamentales como la educación escolar temprana y en la intervención en familias con necesidades socioeconómicas, para garantizar que ningún niño se quede atrás. Estas políticas determinarán en buena parte los resultados a lo largo de la vida: mejores condiciones laborales, mayores rentas, mejor salud, más esperanza de vida y más bienestar para esa persona y su familia. Y también mayores impuestos para contribuir a un mayor bienestar social, y para el mantenimiento de todos servicios públicos, incluido el Estado de Bienestar. En este sentido resulta interesante el trabajo de Abio et al (2016), que estima los perfiles por edad de renta laboral, consumo y transferencias según el nivel educativo en España, mostrando importantes diferencias. Y también los de Rentería et al. (2018 y 2024), en los que se utilizan dichos perfiles en diferentes países para mostrar el importante papel que puede jugar la educación para compensar los efectos negativos del envejecimiento de la población. Sin embargo, la miopía juega en contra de la toma de decisiones correctas a la hora de decidir las inversiones en el capital humano de los niños y niñas: los costes son inmediatos, mientras los beneficios son a largo plazo. De ahí que las políticas educativas sean de las primeras en sufrir las restricciones de gasto público. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo son catastróficas, porque implican la perpetuación de las desigualdades y de la pobreza, además de ser claramente ineficientes. Tenemos que asumir que los niños y niñas, independientemente de que sus familias sean pobres o ricas, nacionales o inmigrantes, son bienes absolutamente preciosos para las sociedades modernas. Y debemos cuidarlos como tal, porque invertir en ellos y garantizarles un futuro también es garantizar el de las generaciones anteriores y posteriores.

Por supuesto, las reformas necesarias en torno a la educación no se circunscriben estrictamente a la atención temprana. El sistema educativo durante la etapa obligatoria debe garantizar las oportunidades de todos los niños y niñas durante la educación obligatoria, poniendo los elementos necesarios para erradicar problemas tan graves en España como son el fracaso escolar y abandono temprano, fuertemente focalizados en las familias de bajo nivel socioeconómico. De ahí la necesaria interrelación entre las políticas de protección a la familia y las educativas.

Una vez culminada la educación media, en las etapas superiores de educación sería deseable que se fomentase la interrelación entre la formación y el trabajo. En esta línea, los programas de formación dual en la formación profesional, o la simultaneidad de prácticas laborales y docencia en los grados universitarios deberían ser la norma, y no la excepción. Con los estímulos públicos adecuados (que incluirían sin duda actuaciones en materia de vivienda), se fomentaría la independencia de los jóvenes y su emancipación. En este aspecto, España tiene mucho que aprender de la mayoría de nuestros vecinos europeos, donde la edad a la que los jóvenes abandonan el domicilio paterno es claramente más reducida. Por último, aunque no menos importante debemos desterrar definitivamente la idea de que la educación (o mejor dicho, la adquisición de capital humano), se circunscribe a nuestra niñez y juventud. En las sociedades del conocimiento en las que estamos inmersos, la rápida innovación implica una mayor obsolescencia de los conocimientos. Ello unido a la mayor longevidad, hace imprescindible que la formación continúe a lo largo de toda nuestra vida activa. Deben diseñarse políticas que fomenten la colaboración público-privada en la formación continua de los trabajadores, que serán, a la postre, las mejores políticas de protección contra el desempleo, al garantizar su empleabilidad.

El segundo gran eje sobre el que debe girar la reforma de los Estados de Bienestar en las sociedades modernas, es el de la protección de las familias, es decir, de los padres y muy especialmente las madres. En línea con lo ya comentado para el caso concreto de la educación, las sociedades deben volcarse en el cuidado de los niños y niñas para garantizar no solo la equidad, sino también la eficiencia (que todas las personas consigan el mayor bienestar personal posible y, por ende, para toda la sociedad). En lo que se refiere a los padres y madres, las bajas de maternidad/paternidad y los servicios de cuidados de menores son medidas necesarias, pero no suficientes para garantizar que las mujeres puedan tener el número de hijos deseados en sociedades con tasas de fecundidad muy por debajo de la tasa de reposición de la población. Sin duda, las líneas de actuación deben estar centradas en el mercado laboral, que debe flexibilizarse permitir a las mujeres reingresar después de un período de ausencia por cuidado de hijos sin que suponga un coste en su carrera. Para ello, será útil que las carreras laborales sean más largas y menos rígidas, con políticas públicas más focalizadas a promover interrupciones temporales a lo largo de la vida activa que permitan a las personas combinar el trabajo con otras actividades (cuidar, descansar y formarse).

Finalmente, y muy relacionado con lo anterior, la reforma del Estado de Bienestar exige también la necesidad de replantear la etapa de jubilación como un período estrictamente definido a partir de una determinada edad para toda la población. Debe redefinirse el concepto de vejez, sustituyendo los típicos límites absolutos (65 o 67 años) por un límite relativo: la esperanza de vida al nacer ha pasado de 65 a 82 años en los últimos sesenta años (ni más ni menos que un 35%), ¿tiene algún sentido que, en paralelo, la definición oficial de vejez, es decir, la edad de retiro, se haya incrementado únicamente de 65 a 67 (un 3%)? Como afirma Bovenberg (2007), la “edad social” y la edad biológica deben moverse en la misma dirección. Nuevas realidades sociales, como la incorporación más tardía al mercado laboral, el incremento de la esperanza de vida y la necesidad de integrar la formación a lo largo de toda la vida activa, así como otras actividades como cuidar a los hijos u otros familiares, justifican la necesidad de eliminar la existencia de una edad máxima en la vida activa. Las personas debemos tener la capacidad para decidir en qué momento nos parece adecuado abandonar el mercado de trabajo, y si queremos hacerlo de manera total o parcial. Para ello, es imprescindible que los sistemas de pensiones funcionen como cuentas de ahorro personal (o las imiten), proporcionándonos información correcta sobre los derechos acumulados y su equivalencia en forma de pensión de acuerdo con nuestra esperanza de vida restante. El sistema de cuentas nocionales de Suecia es sin duda, un ejemplo a seguir. Al contrario de lo que suele pensarse, esto no necesariamente significa un castigo para los trabajadores con profesiones físicamente más exigentes, típicamente desempeñadas por los menos cualificados, dado que sus carreras laborales suelen ser más largas (comienzan antes), y su esperanza de vida es algo más corta. Y, en todo caso, al tratarse de un sistema público el estado se reserva la capacidad de introducir elementos redistributivos cuando así se considere socialmente deseable.

Aceptar la necesidad de reformar el Estado de Bienestar es la única manera de reconocer y mantener su papel fundamental como instrumento de soporte para garantizar una vida digna a todas las personas y la equidad intergeneracional. Las políticas públicas deben adaptarse a las nuevas realidades sociales, para así garantizar tanto su efectividad como su sostenibilidad en el tiempo, entendida esta última no únicamente en términos financieros, sino también a seguir contando con un amplio apoyo social. Las generaciones pasadas asumieron la responsabilidad de crear el Estado de Bienestar, mientras que la nuestra debe asumir las reformas necesarias para garantizar que también las siguientes podrán seguir disfrutándolo.

Bibliografía

Abio, G., Patxot, C,, Rentería, E. and Souto, G. (2017). “Intergenerational Trasfers in Spain: The Role of Education”. Hacienda Pública Española/Review of Public Economics, 223 (4), p. 101-130. DOI: 10.7866/HPE-RPE.17.4.4

Adserá, A. y M. Lozano (2021). “¿Por qué las mujeres no tienen todos los hijos que dicen querer tener?”. El Observatorio Social, Dosier Estado del bienestar, ciclo vital y demografía, Noviembre 2021, Fundación La Caixa. Disponible en: https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/es/-/por-que-las-mujeres-no-tienen-todos-los-hijos-que-dicen-querer-tener

Bovenberg, A. (2007).  «The Life-Course Perspective and Social Policies: An Overview of the Issues”, in OECD, Modernising Social Policy for the new Life-Course, Chapter 2, p. 23-74, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264041271-en

Heckmann, J.J. (2000). “Policies to Foster Human Capital”. Research in Economics, 54, p. 3-56. https://doi.org/10.1006/reec.1999.0225.

Cunha, F., J.J. Heckman, L. Lochner and D.V. Masterov (2006). “Interpreting the Evidence on Life Cycle Skill Formation”. In E. Hanushek and F. Welch (Eds) Handbook of the Economics of Education, Vol. 1, Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1574-0692(06)01012-9.

Miret, P. (2022). “Convergencia de género en la participación laboral: ¿solo para algunas? España, 1987-2021”. Sociología del Trabajo, 101, 285-299. https://doi.org/10.5209/stra.81225 (Original work published 2022)

Rentería, E., Souto, G., Mejía-Guevara, I., and Patxot, C. (2016). “The Effect of Education on the Demographic Dividend”. Population and Development Review, 42(4), 651–671. http://www.jstor.org/stable/44132228

Rentería, E., Scandurra, R., Souto G. y Patxot, C. (2017). “Mujeres y hombres, consumo y producción a lo largo de la vida. Una relación desigual”. Observatorio Social de La Caixa, septiembre 2017. Disponible en: https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/es/-/mujeres-y-hombres-consumo-y-produccion-a-lo-largo-de-la-vida-una-relacion-desigual

Rentería, E. Souto, G., Istenič, T. and Sambt, J. (2024). “Generational economic dependency in aging Europe: Contribution of education and population changes”. The Journal of the Economics of Ageing, 27, 100485. https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2023.100485

Solé, M., Souto, G., Rentería, E., Papadomichelakis, G. and Patxot, C.  (2020) “Protecting the elderly and children in times of crisis: An analysis based on National Transfer Accounts”. The Journal of the Economics of Ageing, 15, Article 100208. https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2019.100208

Spielauer, M. Horvath, T., Fink, M. Abio, G., Souto, G., Patxot, C. and Istenič, T. (2022). “Measuring the lifecycle impact of welfare state policies in the face of ageing”. Economic Analysis and Policy,75, p.1-25. https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.05.002

[1] Ver https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

[2] Ver https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=es

[3] La tasa de riesgo de pobreza se define como el porcentaje de población con menos del 60% de la renta mediana del país. Los datos provienen de Eurostat, que los estima a partir de las Encuestas de Condiciones de Vida (EU-SILC): https://doi.org/10.2908/ILC_LI02

[4] Las estimaciones se refieren al año 2010, última ola disponible hasta el momento de la Encuesta de Empleo del Tiempo (EET) elaborada por el INE.


Noticias 43 – 11

30 de marzo de 2024

Política económica y género

Orgullo y prejuicio en el camino hacia la paridad de género en los consejos

(por Ruth Mateos de Cabo, Universidad CEU San Pablo)

En un mundo cada vez más interconectado, resulta curioso que la diversidad de género en las empresas aún se analice como una decisión aislada, sin considerar la influencia ejercida por otras empresas muy a menudo conectadas mediante «interlocking directorates», es decir, miembros comunes de sus consejos de administración. Estas personas crean una red de influencia e intercambio de información entre empresas, de manera similar a cómo funcionan las redes sociales en nuestras vidas personales. Esta interconexión tiene una influencia significativa en las decisiones de los consejos de administración, incluyendo aquellas relacionadas con la diversidad de género. Por lo tanto, es crucial reconsiderar la forma en que las redes sociales corporativas afectan a las políticas de diversidad de género, apuntando a que los consejos podrían ajustar su composición de género a la de otras empresas en su red. Como consecuencia, se podría producir un comportamiento grupal en las decisiones de los consejos con respecto a la representación de mujeres en los mismos.

Los resultados de nuestro estudio confirman esta tendencia, revelando una dinámica de imitación entre 18,000 empresas cotizadas en EE.UU. a lo largo de dos décadas. Así observamos que las empresas interconectadas tienden a imitar los niveles de diversidad de género de aquellas empresas con las que están directamente conectadas mediante la participación de miembros comunes en sus consejos de administración (interlocking directorates). Este comportamiento mimético parece estar motivado por una presión social que impulsa a las empresas a conformarse a las normas del grupo, buscando alinearse con las expectativas, y promover la homogeneidad social dentro de su red corporativa. Este descubrimiento aporta una dimensión novedosa sobre el comportamiento de las empresas en materia de diversidad de género, sugiriendo que las decisiones de los consejos sobre este aspecto no son tan independientes como podríamos pensar, sino que están significativamente influenciados por las redes corporativas en las que se integran, adaptándose a los estándares de diversidad de género observados en las empresas con las que están interrelacionadas. La figura muestra cómo una empresa con más mujeres en su consejo reduce su diversidad para igualarse a empresas vecinas con directivos/as en común que tienen menos mujeres en sus consejos.

En un escenario ideal, esta dinámica de difusión de la diversidad de género en los consejos llevaría a todas las empresas a niveles de diversidad similares al promedio en la proporción de mujeres consejeras en toda la red. Sin embargo, el proceso de imitación dentro de los consejos corporativos no resulta ser uniforme ni directo, enfrentándose a diversas peculiaridades y obstáculos.

Modelo de difusión asimétrica: Regresión sobre el cambio en la proporción de mujeres en el consejo de administración de las empresas

 

(1)

 

(2)

 

C

0.006

***

0.009

 
 

(.002)

 

(.008)

 

Gap (Extremo negativo)

-0.145

***

-0.090

**

 

(.023)

 

(.030)

 

Gap (normal)

-0.498

***

-0.396

***

 

(.025)

 

(.029)

 

Gap (Extremo positivo)

-0.455

***

-0.297

***

 

(.017)

 

(.022)

 

Tamaño del consejo

   

-0.002

 
     

(.002)

 

Tamaño de la empresa

   

0.001

 
     

(.001)

 

Nivel de riesgo

   

-0.005

 
     

(.003)

 

Rentabilidad

   

-0.000

 

 

   

(.002)

 

Efectos fijos años

 

 

Efectos fijos empresas

 

 

Número de observaciones

107,510

 

18,700

 

Número de empresas

16,289

 

1,868

 

F-Stat

3424.9

***

1064.3

***

 Nota. *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; † p < 0.10. La variable explicativa Gap (normal) es la diferencia entre la proporción de mujeres en el consejo de administración de la empresa y la proporción media de mujeres en el consejo de administración de empresas que comparten un director con esa empresa, eliminando los valores extremos. Gap (extremo negativo) es la misma diferencia, si el valor es extremadamente negativa, y 0 en otro caso. Gap (extremo positivo) es la misma diferencia, si el valor extremadamente positiva, y 0 en otro caso. Los extremos se definen como <-.15 para los negativos (cuantil 5) y >.15 para los positivos (cuantil 95). Las variables de control son el tamaño del consejo (logaritmo del número de directores), el tamaño de la empresa (logaritmo de los activos totales), el nivel de riesgo medido como deuda sobre activos totales y la rentabilidad (retorno sobre activos). Todas las variables dependientes se retrasan un período. Todos los modelos incluyen efectos fijos de tiempo y empresa. La estimación utiliza el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas, donde Gap y Gap (extremo positivo) y Gap (extremo negativo) se instrumentan utilizando las mismas variables retrasadas dos períodos, así como el resto de las variables de control.

Nuestro estudio revela una asimetría sorprendente: existe un número pequeño, pero significativo, de empresas que se quedan atrás en términos de diversidad en comparación con las empresas con las que están directamente conectadas. Este comportamiento contrasta notablemente con aquel de las empresas que, teniendo una mayor representación de mujeres que las empresas con las que están interconectadas, tienden a reducir sus niveles de diversidad para alinearse con su red social. Además, observamos una resistencia férrea de los consejos con escasa diversidad de género, caracterizados por tener una o ninguna mujer, mostrando una marcada reticencia a aumentar el número de consejeras, incluso estando rodeados por empresas con una mayor proporción de mujeres en sus consejos, las cuales representarían un pool accesible de potenciales consejeras. Esta resistencia al cambio, prefiriendo mantener su composición tradicional a pesar del panorama en evolución que los rodea, sugiere una postura defensiva de los directivos masculinos, probablemente debido a la percepción de que su estatus quo se ve amenazado. La imagen ilustra una empresa con escasa representación femenina en su consejo que progresa lentamente para incrementarla, simbolizado por dos flechas ascendentes, en contraste con la rápida adaptación hacia la baja visualizada en la figura del gap positivo anterior.

Las implicaciones de estos resultados son profundas. Las empresas con una proporción alta de mujeres en sus consejos tienden a reducir sus cifras a la baja rápidamente para alinearse a las normas de su entorno, en contraste con aquellas empresas reticentes a la paridad, que muestran una marcada resistencia a incrementar la proporción de mujeres en sus consejos. Esta resistencia persiste a pesar de la disponibilidad de candidatas cualificadas en las empresas que las rodean que podrían contratar. Este escenario desafía la visión optimista de que la progresión natural llevará inevitablemente a consejos equilibrados en términos de género. Por el contrario, revelamos una realidad donde la representación de mujeres en los consejos permanece endémicamente baja y estancada. Esto es así porque las empresas reacias a aumentar la participación de mujeres en sus consejos no solo se resisten a la influencia de su red, sino que también ejercen presión para que las empresas circundantes reduzcan la presencia de mujeres en sus consejos a través del efecto mimético identificado. Esta dinámica podría explicar la subrepresentación persistente de mujeres en los consejos, refutando el argumento de que un «crecimiento orgánico» eventualmente equilibrará la representación de género en los consejos sin medidas proactivas. En este contexto, la figura ilustra la tendencia de las empresas con baja representación femenina en sus consejos a no solo resistirse al cambio, sino también a ejercer una influencia significativa sobre sus redes corporativas, fomentando una rápida disminución en su diversidad de género, lo que perpetúa la infrarrepresentación de mujeres en los ámbitos decisivos de poder corporativo.

Bajo estas circunstancias, la imitación actúa como una espada de doble filo que obstaculiza el avance hacia la paridad en los consejos. Por un lado, parece que las empresas más avanzadas en igualdad de género pueden temer ser etiquetadas como empresas «woke» y rápidamente buscan alinearse en este aspecto con sus empresas vecinas. Por otro lado, los consejos reticentes a la paridad parecen priorizar la preservación de su estatus quo sobre el riesgo de críticas por falta de progreso, especialmente en un contexto donde el tema de la diversidad de género entre las élites económicas ha pasado a un segundo si no a un tercer plano de urgencia. En definitiva, la asimetría observada en las tendencias de adopción y reducción de la diversidad de género en los consejos sugiere un comportamiento acomodaticio a las normas del entorno corporativo predominantes.

Así, llegamos a una conclusión innovadora: el camino hacia la diversidad de género en los consejos debería manejar un equilibrio delicado entre promover el orgullo y confrontar el prejuicio. Para las empresas líderes en diversidad, se trataría de ensalzar el orgullo por sus logros en materia diversidad de género, posicionándolas como ejemplos inspiradores para otras. Reconocer a las empresas como referentes e íconos de buenas prácticas dentro de la comunidad empresarial, puede equilibrar la presión hacia la conformidad. Simultáneamente, es crucial que las empresas reticentes examinen críticamente las causas de su brecha de género, evaluando si se debe a consideraciones económicas legítimas o en prejuicios o sesgos inconscientes. Un proceso de autocrítica activa y reflexión sobre la escasa representación femenina puede motivar a estas empresas a evolucionar más allá del status quo, favoreciendo un alineamiento más rápido con sus empresas vecinas. Este acto de introspección y disposición a enfrentar prejuicios, pueden acelerar su transición hacia una mayor diversidad de género en sus consejos, transformando el reconocimiento en acción y progreso.

En este ingenioso juego de «Orgullo y Prejuicio», delineamos una estrategia dinámica para propulsar al mundo corporativo hacia un futuro más inclusivo en términos de género. Es una narrativa que celebra los éxitos de los líderes del cambio, al mismo tiempo que motiva a los rezagados a revisar y ajustar sus políticas, asegurando que el camino hacia la paridad de género en los consejos se caracterice tanto por la celebración de logros como por la introspección crítica.

Bibliografía

Mateos de Cabo, R., Gimeno, R., Gabaldón, P., & Grau, P. (2024). The board gender diversity imitation game: Uncovering the resistant boards that refuse to play. Corporate Governance: An International Review.

NOTA: Una versión anterior de este artículo fue publicado en el blog https://nadaesgratis.es/ (08-03-2024)


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