newspoleco's blog

Otros congresos

12 th PhD-Student Workshop on Industrial and Public Economics (WIPE) Reus, February 8 th – 9 th 2024

Organized by ECO-SOS Research Center on Economics and Sustainability (Universitat Rovira i Virgili)

The Research Center on Economics and Sustainability (ECO-SOS) is a research center created in 2010 as CREIP (Research Center in Industrial and Public Economics), that recently moved to sustainability issues, in line with research interests of its members. Specifically, ECO-SOS studies the connection between sustainability and the following areas of interest: environmental and climate economics, health economics, regional and urban economics, education and labor market business and innovation, energy and natural resources, industrial organization, economic policy, game theory and environmental conflicts, and transport and tourism. Workshop objectives WIPE aims to be an academic meeting for PhD students to interact with other young scholars, postdoc, and senior researchers to exchange experiences, research ideas, ongoing projects, and future research activities in the fields of Industrial Organization and Public Economics. WIPE will include about 18-20 presentations, each of them being discussed by a participant at the workshop, will also host a keynote lecture by Andrés Carvajal (University of California). Former keynote speakers at WIPE have been: Inés Macho (UAB and BSE), Mar Reguant (Northwestern University), Natalia Fabra (UC3M), Kai Konrad (Max Planck Institute), Mark Armstrong (University of Oxford), Alessandro Gavazza (LSE), Luis Cabral (NYU), Jose Luis Moraga-Gonzalez (VU Amsterdam), Tommaso Valletti (Imperial College London), Xavier Vives (IESE), and Massimo Filippini (ETH Zürich).

More information: https://www.eco-sos.urv.cat/

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.

Durante el último trimestre se han difundido varios trabajos sobre política fiscal, en particular dentro de la UE y sobre sus relaciones con la desigualdad. También ha aparecido otro sobre algunas políticas de gasto en términos medioambientales. Destaca una reflexión sobre la discusión acerca de la independencia de los bancos centrales. Se han publicitado dos trabajos sobre la importancia de la inteligencia artificial, uno de ellos sobre sus relaciones con el empleo y, a su vez, relacionado con este último ámbito, vale la pena poner de manifiesto un escrito de Rodrik. Son relevantes los trabajos específicos sobre recursos hídricos en España, así como los de mayor reflexión general acerca de euroescepticismo, gobernanza, ciclo económico y papel del comercio internacional, así como uno sobre el neoliberalismo. Para terminar, se ha distribuido un artículo sobre evaluación de políticas económicas desde el punto de vista social, que tiene especial interés

Fundamentos de Política Económica

Regularidades en la teoría de la Política Económica y el método histórico-institucional

(Ferran Moncho, Departament d’Economia Aplicada, Universitat de València)

La política económica como disciplina consolidada data del siglo XIX y concretamente se caracterizó por poseer un acento centrado en el contexto histórico, político, sociológico e institucional. Se convirtió así en una alternativa al pretendido universalismo de la teoría económica clásica (Roscher, 1843; Spiethoff, 1952). Los pioneros en la conceptualización de la política económica escribieron desde el cameralismo hasta la gestación, desarrollo y declive de la Escuela Histórica Alemana.

Hoy nos centramos en esta línea histórico-teórica para recuperar el método analítico de los pioneros de la política económica. Erigiremos así una metodología que sirva como marco para la comprensión y desarrollo de una teoría sistemática de la intervención del estado en la economía, es decir, una teoría de la Política Económica. Esta teoría estaría basada en las fuentes históricas como productoras de contextos concretos de aplicación de la política económica. Los elementos a tener en cuenta serán políticos, sociales e institucionales permitiéndonos comparar experiencias sustancialmente distintas (Brugada, 1929; Sánchez, 2023; Tomás, 1982). Tales comparaciones podrían también orientar la acción en las políticas económicas actuales. En este sentido, para construir una teoría de la Política Económica es necesario rescatar de la Escuela Histórica Alemana unas bases teóricas y analíticas para realizar comparaciones entre experiencias de política económica. Entra en juego, por tanto, la necesidad de establecer regularidades entre distintos contextos históricos, sociales, políticos e institucionales (Sánchez; 2023). De acuerdo con Hall (1993:36), entendemos por regularidades pautas de organización económica determinadas históricamente, cosa que finalmente se traduce en un contexto político, social e institucional concreto. En este sentido, se fijarían las características de las principales políticas económicas aplicadas (fiscal, de gasto público, monetaria, industrial, laboral…). En cada país y periodo histórico (este definido por el cambio institucional y de correlación de fuerzas entre los principales agentes socioeconómicos), se podrían establecer unas relaciones entre patrón institucional y políticas aplicadas (Sánchez, 2023; Hall, 1993). Esta definición procede también de las palabras de Arthur Spiethoff (1952: 10) al señalar que: “La teoría histórica puede abordar no sólo patrones completos de vida económica, es decir, estructuras institucionales, sino también instituciones individuales. Estos últimos son accesibles a la teoría «histórica» porque son parte integrante de esa realidad institucional que se refleja en el modelo de estilo en cuestión y porque muestran uniformidades como exige la teoría económica”. Para captar estas uniformidades, como observamos, el concepto que usa Spiethoff es el llamado “estilo económico” o “estilos económicos”. Este concepto es equivalente al de regularidad de Hall (1993) y formulado claramente por Sánchez (2023). Por tanto, los estilos económicos captarán la esencia de las regularidades desde el propio método histórico, ya que Spiethoff se suele ubicar en la tercera generación de la Escuela Histórica Alemana. Esta relación entre regularidad como estilo económico que encontramos en Spiethoff, nos obliga a remontarnos necesariamente a los exponentes del historicismo alemán. De hecho, el concepto de estilo de Spiethoff fue una elaboración sintetizada ya en el siglo XX, para resumir el concepto de regularidad, muy posterior al período en el que el pensamiento historicista era dominante, es decir, durante el siglo XIX. La Escuela Histórica Alemana, sobre todo en sus dos primeras generaciones, realizó un gran esfuerzo en cuanto al estudio de estas regularidades desde el método histórico. Además, los historicistas no solo estudiaron las regularidades históricas del siglo XIX, que envolvían el mundo alemán en su condición occidental, sino que supieron captar su esencia en relación con agentes sociales, instituciones y políticas económicas concretas, a las que dedicaremos espacio más abajo.

Todo esto verifica la necesidad imperativa de un estudio de las condiciones económicas que rodean y contribuyen a la política económica actual en cada contexto. Con las regularidades se vislumbra un elemento analítico a recuperar para encadenar hoy en día de nuevo las regularidades con las políticas económicas. En las líneas que siguen analizamos las aportaciones de los principales autores de esta escuela germana, además de delinear muy brevemente sus antecedentes, para remarcar la importancia del concepto de regularidad. Con ello, nuestro fin último es contribuir a la construcción de la teoría de la política económica apuntada más arriba. Entre los autores historicistas destacamos: de la primera generación de la escuela a Friedrich List (1789-1846), Wilhelm Roscher (1817-1894) y Karl Knies (1821-1898). De la segunda generación nos detendremos sobre Gustav Schmöller (1838-1917).

1- Antecedentes de la Escuela Histórica Alemana: cameralismo y Karl H. Rau

Las primeras disciplinas que articulan de forma parcial los aspectos de política económica en torno a unas determinadas regularidades tuvieron lugar en el siglo XVIII y se prolongaron hasta el XIX. Así, las ciencias policiales (Polizeywissenschaft) hacen referencia al orden, seguridad y la regulación de la vida económica ciudadana a través de la acción directa de los gobiernos. Esta misma ciencia se encuentra dentro de las ciencias camerales (Kameralwissenschaften), junto a las finanzas públicas (Kamerlwissenschaft) y a los aspectos de política económica en clave institucional. Además, aparecen combinados con aspectos de las artes del gobierno o ciencias del estado (Staatwissenschaft), como acción del estado basada en el derecho (Wagner, 2011; Lindenfeld, 1997; Baumstark, 1835; Roscher, 1874). El alcance de las ciencias camerales se extendió, de hecho, a las regulaciones de precios, estructuración de la vida en las ciudades (política de infraestructuras), controles y servicios hacendísticos, además de políticas comerciales, institucionales y de producción, contemplando cuestiones de aritmética política o contabilidad nacional. Esta línea de pensamiento se consolidará como antecedente de la Escuela Histórica Alemana y se deriva básicamente de las obras de Jakob F. von Bielfeld, Joseph von Sonnenfels y Johan H. Gottlob von Justi. En concreto, ya se auguraba la referencia a las estructuras institucionales a tener en cuenta por las políticas de los estados-nación en la obra Instituciones Políticas (1767) de Bielfeld. En él podemos observar un hilo inicial para delinear lo que posteriormente se entendería como regularidades.

Más adelante, en el siglo XIX, el sistematizador del pensamiento cameralista Karl H.Rau sería la conexión entre política económica y cameralismo que llegaría en forma de referente a la Escuela Histórica Alemana, remarcando de nuevo el papel del contexto institucional-histórico en la política económica. Las regularidades se auguran en Rau en paralelo a la difusión de su obra Manual de Economía Política (Lehrbuch der Politischen Ökonomie, 1826-1832). Esta obra conectó la teoría expuesta en Visiones sobre la economía nacional con especial referencia a Alemania (Ansichten der Volkswirtschaft mit besonderer Beziehung auf Deutschland: Rau, 1821) con las políticas económicas en general. Su Manual, sin embargo, tendría una estructura tripartita de la que resaltaron su primer volumen sobre economía política teórica (1826), su segundo volumen sobre política económica (1828) y en menor medida el volumen de finanzas (1832). Los dos primeros, sobre todo, se erigieron como primera muestra clara de conexión entre regularidades históricas-institucionales y políticas económicas. Centrándonos en el segundo volumen (Rau, 1828), encontramos cómo las regularidades son la base que orienta directamente las políticas económicas. Así los cambios socioeconómicos en curso se reflejaban, por una parte, en las medidas de política económica expuestas y, por otra parte, en cómo estas medidas se contemplan dentro de un entramado institucional, y social fruto de la historia. A saber, primero se formularon muchas políticas dedicadas al sector agrario atravesadas por sucesos como la división del trabajo en el campo, la expansión del comercio y los procesos de organización tanto de la propiedad de las tierras como de su organización territorial y económica. Además, se atiende a los procesos de cambio en sectores como la ganadería, la minería y la distribución. Por tanto, se erigieron medidas generales como la educación pública agraria y de los funcionarios agrícolas, el apoyo estatal a la agricultura, el diseño de un sistema de seguros y la regulación del sistema de crédito, además de regulaciones de los precios de los bienes y de la propiedad de la tierra en su división y traspaso. Se proponía también un sistema de arrendamiento de tierras eficientemente regulado, a la vez que se establecen derechos de aduana protectores y se erigían medidas de fomento y mantenimiento de las infraestructuras de transporte. Acabando con el sector agrícola se desplegaban medidas sobre jardinería, silvicultura, ganadería y minería con un acento muy interventor. Respecto a la industria, una parte importante de las regularidades se explicaba por el cambio los oficios (entidad intermedia entre la pequeña industria y la gran industria mecanizada) en transición a la gran industria mediante un sistema de concesiones y uno de patentes. La expansión del comercio guiaría políticas de transporte y de conexión de comunicaciones con los servicios postales. En temas de circulación, dada la monetización y bancarización que se estaba dando en la economía, se requería de regulación y creación de instituciones comerciales de crédito. Además, se propusieron otras como las bancarias con la estatalización de la emisión y acuñación de moneda. Siguiendo con el ámbito comercial, encontramos políticas aduaneras y arancelarias con gran margen protector pero enfocadas a un posible libre comercio en el futuro. Además, se esgrimían también medidas de regulación de la competencia en agricultura e industria centrada en precios y monopolios. Finalmente, Rau se ocupó de problemas de pobreza y consumo desplegando políticas sociales y de pobreza como la educación pública, la regulación y estímulo de instituciones de apoyo privadas, ayudas directas como último recurso y medidas que promoverían el ahorro y combatirían la especulación; como por ejemplo a través de un impuesto al lujo además de regular consumos de bienes nocivos.

2- El historicismo alemán: primera generación

En la estela iniciada por Karl H. Rau, y en paralelo a cómo se intentó reproducir la estructura de política económica ofrecida en su obra, fueron fructíferas las aportaciones de la Escuela Histórica Alemana. El método histórico inductivo (Hegel, 2017; Von Ranke, 2012) marca la novedad en la identificación de regularidades en oposición a la economía política británica, que no se sirvió de uniformidades histórico-institucionales ni comparaciones, a diferencia de la economía política alemana o también llamada “economía nacional” (Nationalökonomie o Volkswirtschaft). Esta última estaba implicada desde sus inicios en el análisis socio-histórico, político e institucional, con un acento interventor. En este sentido, estas diferencias redundarían en que el enfoque de la economía política británica aportaría medidas parciales para endurecer el tratamiento sobre los pobres, liberalizar el comercio exterior y establecer el patrón-oro como mecanismo de regulación del comercio exterior (Roncaglia y Hormigo, 2011; Roncaglia, 2006). En cambio, el énfasis sistemático en los elementos contextuales, históricos y prácticos de los cameralistas y Rau se recuperó fervientemente con la Escuelas Histórica Alemana. Todo ello a pesar de que existió una recepción desigual de esta estructura de la obra y concepto de la política económica de Rau entre los autores historicistas. No obstante, no sucedió lo mismo con el acento analítico histórico-institucional y comparativo, esto es el estudio de regularidades, que se desprende de la obra de Rau, puesto que se difundiría entre los autores historicistas de una forma mucho más uniforme que la propia estructura de su obra. Este acento heredado lo encontraremos en su versión más amplia en Wilhelm Roscher, iniciador de la Escuela Histórica Alemana. Pero, antes que Roscher y de una forma menos clara y sistemática, Friedrich List (1841) abrió la brecha conceptual para analizar regularidades a través de la idea de nación vinculada a la productividad y las fuerzas productivas de cada país (Mañé et al., 2015; Tomás y Monzón, 1984). Según List, tales fuerzas eran la fuente del desarrollo económico y ejercían de justificación de la política económica. Ello le llevó a orientarse sobre las políticas comerciales proteccionistas como estímulo principal de las fuerzas productivas, pero sin una consideración sistemática e integral de las políticas económicas. Karl Knies, que publicó sus obras coetáneamente a las obras de Roscher, resultaría todavía más fragmentario en la presentación de medidas de política económica debido a la adopción de un enfoque mucho más cuantitativo. Aun así, mantendrá la orientación a la intervención estatal porque Rau influyó en él y sobre todo, aportará valor a través de la comparación de contextos mediante analogías entre naciones (Knies, 1853; Spiethoff, 1952).

Volviendo a Roscher, él sería el autor de Esquemas sobre economía del estado de acuerdo con el método histórico (Grundriss zu Vorlesungen über die Staatswirtschaft nach geschichtlichen Methode, 1843:III.4), que consistió en un encuadre de la política económica dentro de su especificidad contextual justificando el método histórico (Ahsley, 1894). Este Esquemas de Roscher sería la primera muestra de la aplicación del método histórico a la economía de forma directa y sistematizadora. Pero la culminación del proceso de maduración del método historicista en la obra Roscher, se encontraría en sus Visiones de la economía nacional desde el punto de vista histórico (Ansichten der Volkswirtschaft aus dem geschichtlichen Standpunkte, 1861), inspirada en la obra previa de análisis histórico de Rau Visiones sobre la economía nacional con especial referencia a Alemania (Ansichten der Volkswirtschaft mit besonderer Beziehung auf Deutschland, 1821). Además, Roscher se ocupó en distintas obras de la historia de Inglaterra y Alemania con aspectos económicos. Sin embargo, en este caso, la conexión de las regularidades con la política económica la encontramos en su obra Sistema de Economía Nacional: un manual de lectura para empresarios y estudiantes (System der Volkswirtschaft: Ein Hand-und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studirende, 1854-1894). Esta extensa obra cuenta con un primer volumen dedicado a la economía política, un segundo a las políticas agrarias y de producción de materias primas (1860), un tercer volumen para las políticas comerciales e industriales (1880), un cuarto volumen a las finanzas (1886) y un último a las políticas sociales y de pobreza (1894). En este sentido, la obra fue muy similar a la de Rau, pero mucho más extensa y repleta de ejemplos histórico-estadísticos. A pesar de ello, las diferencias entre ambos autores se basarán en una variación fundamental en la definición de las regularidades, es decir, el papel primordial que jugaba en Rau la división entre oficios e industria mecanizada resulta ser el papel que juega la división del trabajo y el desarrollo de las ciudades en Roscher. Además, otro aspecto diferenciador es la ampliación por parte de Roscher de los temas tratados por Rau sobre los oficios e industria, transporte, tráfico-circulación y comercio. Pero, sin duda, el aspecto en el que Roscher destaca sobre Rau sería el mayor protagonismo al equilibrio industria-agricultura en las políticas agrarias e industriales, debido a la existencia de una industria más madura respecto del momento en que Rau escribió (Roscher, 1880: 488-500). Como parte del valor añadido de esta obra, encontramos la revisión de las políticas comerciales desde la teoría de List. Finalmente, resalta el ejercicio de comparación de regularidades realizado por Roscher al profundizar en aspectos sociales y de pobreza ya expuestos por Rau. En concreto, se comparan las distintas reformas de los sistemas de ayuda a los pobres llevadas a cabo en este ámbito en Alemania, Inglaterra, Escocia, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda y Suiza.

Menos elaborada fue la conexión entre regularidades y política económica en Karl Knies. De hecho, aunque se alinea con el método histórico, sus propuestas de política económica fueron menos estructuradas y sistemáticas (Knies, 1853:157). Resultó fragmentario escribiendo diversas obras con un tratamiento parcial de las políticas migratorias, de distribución, monetarias, de transportes, fiscales y crediticias. Su labor se reconocería, no obstante, en la difusión del método histórico para la economía y en la identificación de regularidades, ya que formaría a los economistas extranjeros que estimularían lo que después sería el institucionalismo norteamericano. Sobre todo, gracias al papel activo de sus alumnos Richart T. Ely y Herber Baxter Adams. Además, entre esos alumnos y en la atmósfera de gestación del institucionalismo también encontraríamos a John Bates Clark y Edwin R.A. Seligman. Todos ellos consideraron a Knies su maestro.

3- El historicismo alemán: segunda generación

Pasando a la segunda generación de historicistas, se observa la influencia de Rau junto con Roscher, sobre todo en la conceptualización de política económica realizada por Gustav Schmöller en referencia al análisis de regularidades. En esta generación, las aportaciones de política económica se vieron atravesadas, y en parte eclipsadas, por el socialismo de cátedra (Kathedralsozialismus) en la gestación de la Asociación para la Política Social (Verein für Sozialpolitik). No obstante, se siguió reconociendo la necesidad de la intervención sistemática del estado, es decir, dando importancia a la política económica para el funcionamiento de la economía. De hecho, estas intervenciones se teñirían de un carácter social innegable. En la obra Esquemas sobre la Economía Nacional en General (Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, 1900-1904) Schmöller trataría tanto las bases psicológicas y sociológicas que motivan las acciones humanas como las políticas económicas en función de la capacidad de esas bases para desarrollar instituciones. Partiendo de esta base, Schmöller en sus obras más importantes estuvo remitiéndose al método histórico como orientación de la investigación y la política socioeconómica (Schmöller, 1900: 76-127; Shionoya, Y., 2005). Además, sus posturas sobre política económica estarían marcadas por la revisión del historicismo positivista de la primera generación, para una crítica aún más profunda de la teoría económica clásica y neoclásica. Su propósito, en cambio, sería ver la economía desde una lente normativa para encaminarla a las políticas sociales (Conrad et al, 1891-1894; Spiethoff, 1918). En este sentido, Schmöller (1900;1904) abarcó las regularidades con la identificación de elementos comunes de experiencias distintas a través de políticas de transportes, circulación, proteccionismo contextual y reguladoras corporativistas. Sin embargo, la innovación se encontraba en las regularidades que identificó en sus obras al existir un gran énfasis en las políticas sociolaborales y de pobres. Otorgó también un gran papel a los sindicatos y siempre considerando la interacción de los agentes económicos y sociales a través de las cooperativas y otras formas de organización colectiva.

4- Conclusión

La Escuela Histórica Alemana propuso una metodología basada en el estudio de las regularidades para el diseño de las políticas económicas. En este sentido, actualmente, esto valida el método histórico-institucional para construir una teoría de la política económica que guíe la acción estatal en base a las regularidades identificables en el presente, siempre en clave comparativa. En definitiva, recuperar el concepto de regularidad y el análisis histórico-institucional puede ser fructífero actualmente. 

Bibliografía:

Ahsley, W. J. (1894) Roscher’s Programme of 1843. The Quarterly Journal of Economics, Volume 9, Issue 1, Pages 99–105

Baumstark, E. (1835). Kameralistische Encyclopädie (Enciclopedia cameralística. Manual de ciencias camerales y su literatur). Forgotten Books. Berlin.

Bielfeld, J. F. von (1767). Instituciones Políticas. Imprenta de D. Gabriel Ramírez, Madrid.

Brugada, V. P. 1929: «Introducción al estudio de la ciencia de la política económica». Boletín del Laboratorio de Ciencias Económicas (Escuela Superior Central de Comercio de Madrid), Num. 3, pp. 34-73.

Conrad, J., Elster, L., Lexis, WHRA, Loening, E. y Lippert, P. (Eds.). (1895). Handwörterbuch der Staatswissenschaften (Diccionario conciso de ciencias políticas): 1º-2º. (Vol. 1). G. Fischer. 

Hall, P. (1993). El gobierno de la economía. Implicaciones políticas de la intervención estatal en la economía de Gran Bretaña y de Francia. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid.

Hegel, G. W. F. (2017). Fenomenología del espíritu. Fondo de Cultura de Económica. México.

Knies, K. (1853). Die Politische Ökonomie vom Standpunkte der geschichtlichen Methode (Economía Política desde el Punto de Vista del Método Histórico). Braunschweig. C. A. Schwetschke und Cohn. Brühl.

Lindenfeld, D. F. (1997). The practical imagination: The German sciences of state in the nineteenth century. University of Chicago Press.  Chicago.

List, F. (1841). Sistema Nacional de Economía Política. FCE. México.

Mañé Estrada, A., Nonell, R., San Julián Arrupe, F. J., y Sánchez Andrés, A. (2015). Víctor Pío Brugada, primer catedrático de Política Económica.  Universitat de Barcelona. Barcelona.

Rau, K. H.(1821). Ansichten der Volkswirtschaft mit besonderer Beziehung auf Deutschland (Visiones sobre la economía nacional con especial referencia a Alemania). Heidelberg.

— (1826). Volkswirthschaftslehre (Principios de Economía Nacional Manual de Economía Política). Lehrbuch der Politischen Ökonomie (Manual de Economía Política) v.1, 1826-1837. Winter. Heidelberg.

— (1828). Grundsátze der Volkswirthschaftspflege (Proposiciones Fundamentales de la Política Económica). Lehrbuch der Politischen Ökonomie  (Manual de Economía Política) v.2, 1826-1837. Winter. Heidelberg.

— (1832). Grundsátze der Finanzwissenschaft (Principios de Hacienda Pública). Lehrbuch der Politischen Ökonomie  (Manual de Economía Política) v.3, 1826-1837. Winter. Heidelberg.

Roncaglia, A. (2006). La riqueza de las ideas: una historia del pensamiento económico. Zaragoza, 57, 330-8. Zaragoza.

Roncaglia, A., & Hormigo, A. S. (2011). Economistas clásicos. Síntesis. Madrid.

Roscher, W. (1843) Grundriss zu Vorlesungen über die Staatswirtschaft nach geschichtlichen Methode (Esquemas sobre economía del estado de acuerdo con el método histórico). Dieterich Schen Buchhandlung. Göttingen.

— (1861). Ansichten der Volkswirtschaft aus dem geschichtlichen Standpunkte (Visiones de la economía nacional desde el punto de vista histórico). Winter. Leipzig.

—(1860). Nationalökonomik des Ackerbaues und der verwandten Urproduktionen (Economía nacional de la agricultura y la producción primaria relacionada.). System der Volkswirtschaft: Ein Hand-und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studirende, Vol. 2 (1854-1894) (Sistema de Economía Nacional: un manual de lectura para empresarios y estudiantes). Stuttgart und Berlin 1901. J.G. Cotta. 5. Aufl.

—(1880). Nationalökonomik des Handelsund Gewerbefleisses (Economía del comercio y la industria) System der Volkswirtschaft: Ein Hand-und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studirende, Vol. 3 (1854-1894) (Sistema de Economía Nacional: un manual de lectura para empresarios y estudiantes). Stuttgart und Berlin 1901. J.G. Cotta. 5. Aufl.

—(1886). System der Finanzwissenschaft (Sistema de Hacienda Pública). System der Volkswirtschaft: Ein Hand-und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studirende, Vol. 4 (1854-1894) (Sistema de Economía Nacional: un manual de lectura para empresarios y estudiantes). Stuttgart und Berlin 1901. J.G. Cotta. 5. Aufl.

— (1894). System der Armenpflege und Armenpolitik (Sistema de Asistencia Pública y Política Social). System der Volkswirtschaft: Ein Hand-und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studirende, Vol. 5 (1854-1894) (Sistema de Economía Nacional: un manual de lectura para empresarios y estudiantes). Stuttgart und Berlin 1901. J.G. Cotta. 5. Aufl.

—(1874). Geschichte der Nationaloekonomik in Deutschland (Historia de la economía nacional en Alemania) (Vol. 14). R. Oldenburgo. München.

Sánchez, A. (2023). Reflexiones para una teoría de la política económica. Atlántida. Revista Canaria de Ciencias Sociales, 1(14), 85-102.

Schmöller, G. (1900). Vol 1. Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, (1900-1904 Esquemas sobre la Economía Nacional en General). Duncker und Hambolt. München.

—(1904). Vol 2. Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, (1900-1904 Esquemas sobre la Economía Nacional en General). Duncker und Hambolt. München.

Shionoya, Y. (2005). Rational reconstruction of the German Historical School: an overview. The Soul of the German Historical School: Methodological Essays on Schmoller, Weber, and Schumpeter, 1-11. In The German Historical School. Routledge.  

Spiethoff, A. (1918). Gustav v. Schmoller. Schmollers Jahrbuch (JGVV) (v.42.1), p.11. 

—(1952). The “historical” character of economic theories. The Journal of Economic History, 12(2), 131-139. Cambridge University Press.

Tomás, J. A. (1982). Política económica y perspectiva histórica. Revista de Economía Política. Núm. 92, Septiembre-Diciembre 1982. Valencia.

Tomás, C y J.L. Monzón (1984). La política económica en retrospectiva. PUV. Valencia.

Von Ranke, L. (2012). Historias de los pueblos romances y germánicos de 1494 a 1514. BoD: libros a la carta. Madrid.

Wagner, R. E. (2011). The cameralists: fertile sources for a new science of public finance. In Handbook Of The History Of Economic Thought: Insights On The Founders Of Modern Economics (pp. 123-135). New York, NY: Springer New York.

Fundamentos de Política Económica

La controversia en política económica: un arte según John Kenneth Galbraith, aplicado a los Estados Unidos de América (del Norte)

(por Dr. Fernando G. Jaén Coll. Profesor Titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña)

Una manera factible y útil de presentar la política económica es mostrarla a través de las controversias que suscita. John Kenneth Galbraith, adoptó un enfoque peculiar con un objetivo diferente: mostrarnos la dinámica propia de las controversias surgidas en la política económica, teniendo ésta el rol de ejemplo o caso de aquellas. El desarrollo de sus ideas fraguó en la primavera de 1954 para las conferencias que pronunció en el College of Puget Sound, en Tacoma, Washington, patrocinadas por la Brown & Haley Company en 1954, dando lugar posteriormente al libro Economics and the art of controversy (Trustees of Rutgers College. New Jersey, 1955), si bien la versión castellana de Ediciones Ariel, de 1960, se realizó “por expreso deseo del autor, sobre la edición publicada por Vintage Books Inc., New York, 1959, recogiendo las modificaciones introducidas” (Prefacio a la edición Vintage).

Por la fecha de las conferencias, es evidente que la política económica considerada corresponde a años anteriores a 1954, principalmente la practicada en las décadas de los 30 y 40 del siglo XX y centrada en los Estados Unidos de América, si bien el objeto de estudio es la controversia generada por el asunto más que el asunto mismo, destacando el comportamiento que se ha manifestado en la controversia, extrayendo de la observación algunas reglas generales, teniendo en cuenta que los acuerdos o desacuerdos en cada controversia se manifiestan en posturas políticas que adoptan y defienden dirigentes políticos y “son ellos quienes presentan un interés para estas páginas.” (p. 16) Estamos, pues, ante controversias suscitadas en el ámbito de la política económica y no de juicios sobre la marcha de la economía o de alguna de sus partes. Ni la teoría ni la estructura económica ni siquiera las doctrinas económicas son de interés aquí. Cuatro son los temas abordados en cinco capítulos, por orden: la cuestión laboral, la política agrícola, la responsabilidad del gobierno en el funcionamiento del sistema económico y la cuestión del Estado Providencia. Un capítulo final versa sobre la dicotomía entre acuerdo y discordia en las controversias.

En el primero de ellos, Galbraith se refiere a la negativa de los empresarios al derecho a existir de los sindicatos. Los ejemplos que expresan dicha negativa los manifestaba con gran claridad y crudeza en el año 1903 la Asociación Nacional de Manufactureros, también grandes empresarios, como George F. Bauer, en plena huelga de los mineros de carbón: “Los derechos e intereses del trabajador serán protegidos y amparados no por los agitadores sindicales sino por hombres cristianos a los cuales Dios, en su infinita sabiduría, ha encomendado el cuidado de los intereses de la propiedad en el país.” (citado en p. 20). En 1935, historiadores del sindicalismo americano señalaron que “Los empresarios ingleses, salvo pocas excepciones, habían aceptado el sindicalismo antes de que finalizara el siglo XIX. Pero el sindicalismo ha continuado siendo para el empresario americano el invasor y el usurpador que tiene que ser expulsado tan pronto como se presente la primera oportunidad.” (tomado de la cita en p.21, de Perlman y Taft). En las páginas siguientes del capítulo, Galbraith pone de relieve los cambios que tuvieron lugar en la década de los treinta del siglo XX (no olvidemos que se vivía la crisis de 1929 y sus duraderas consecuencias) y la tolerancia benevolente hacia los sindicatos y el movimiento obrero. El sucinto repaso de la evolución de las relaciones laborales en los Estados Unidos nos va mostrando la progresiva aceptación de la organización obrera en sindicatos y de las huelgas, de las que nos dice Galbraith que la discusión en torno de una huelga cesa normalmente cuando se firma un nuevo contrato. Concluye el capítulo señalando la enorme reducción del conflicto en la política laboral en los últimos veinte años, que hace incomparable la lucha actual con la antigua. “el ruido sigue siendo igual, la furia ya no lo es.” (p. 35)

La segunda controversia se refiere a la intervención estatal en los mercados agrícolas (insistamos en recordar que el momento de análisis es el año 1954 y anteriores), como otro caso particular de controversia sobre el poder de negociación (Capítulo III): los muchos disgregados frente a los pocos organizados, sean obreros frente a empresas (de ahí la necesidad de los sindicatos); sean agricultores frente a terceros (tanto proveedores como clientes), con la consecuencia de ver perjudicada su relación de intercambio. El descontento agrario ha conducido a la intervención del gobierno en el mercado, tanto en los Estados Unidos como en la práctica totalidad de los países occidentales en favor del agricultor. Transcurridos muchos decenios no se nos hace extraña ya esta intervención, cuya expresión diáfana sería la Política Agraria Común (PAC) de la Unión europea, que además ha de tener en cuenta no sólo los umbrales de precios sino también sus consecuencias sobre las diferentes regiones.

La tercera polémica que aborda Galbraith es de carácter general (“cósmica” dirá él): “Y esta no será otra que el aspecto y forma definitivos de la sociedad política y económica que regirá la comunidad. ¿Se tratará de una sociedad capitalista, socialista o comunista? ¿Cuáles serán las características de las instituciones políticas correspondientes?” (p. 47) Polémica distinta si consideramos Italia a o Francia, o si nos centramos en los Estados Unidos de América, reconoce el autor. En estos últimos, en los que no tiene cabida la posición del socialismo o el comunismo, la polémica se desdobla en: a) si el capitalismo conduce a un final feliz por sí mismo, dejándolo operar automáticamente, y b) en los objetivos y actividades gubernamentales, lo que se dio en llamar el Estado Providencia (en el que nos adentraremos en un capítulo aparte). La controversia sería entre libre funcionamiento del capitalismo frente a intervención gubernamental, siendo “La medida normal de los resultados alcanzados en esta cuestión la capacidad de la economía para mantener una ocupación casi plena.” (p. 53)

Dejando actuar libremente a los mecanismos del capitalismo, las dos amenazas que aparecen son:  la depresión (incluso el estancamiento) y la inflación; si bien cabe admitir la intervención gubernamental en favor del bien común en cuanto a proveer bienes y servicios colectivos, deberá sujetarse al equilibrio presupuestario que iguala ingresos y gastos, sin intervenir en la dirección del sistema económico, lo que, por el contrario, sí es admitido desde el lado opuesto de la controversia con la finalidad de lograr la estabilidad, lo que conllevará que el gasto público no sea  valorado por los servicios que preste sino por su contribución a la estabilidad y su correlato en la política tributaria será su incidencia en el gasto de los consumidores  y la inversión de las empresas. De hecho, esta intervención es una forma de planificación que sería lo menos malo para la pervivencia del capitalismo. Este tipo de intervencionismo abriría las puertas a una nueva moral pública: ahora los criterios que fueron humanitarios e igualitarios serán funcionales. Los esfuerzos por conseguir ventajas privadas de acciones públicas deberán sujetarse a dos normas: no entrañar soborno flagrante y que el alegato, tan falso como se quiera, debe poner de manifiesto que se sirve al interés público (p. 59)

Admite Galbraith una tercera posición en la polémica: la de aceptar una depresión económica aguda, preferiblemente muy corta y ocasional, compensando a los obreros mediante un seguro de paro. Depresión que traería una mayor eficiencia y productividad acelerando el crecimiento económico y consiguiendo una mayor prosperidad a más largo plazo, si bien esta posición la considera exclusivamente intelectual, pues duda que un americano defienda la depresión como remedio. Por traer al presente un ejemplo de esta opción, se podría pensar en la crisis de las subprimes, con la posibilidad de dejar hundir los bancos, con pérdidas asumidas por sus accionistas, pero no fue la opción adoptada por ningún país de los que se consideran “liberales”. Cabe, eso sí, la reflexión intelectual sobre si valiera como salida de la crisis a von Mises (a quien dedicará las páginas 98 y 99, en relación con el intervencionismo, pero en un contexto claramente diferente como veremos).

El capitulo V prosigue con la polémica, ahora ya del lado del abandono del automatismo en la economía, entre los propios norteamericanos, en los que la Gran Depresión dejó una huella inolvidable con “el catastrófico colapso y el lúgubre estancamiento de la década de los treinta” (p. 71). Contribuyeron después dos acontecimientos que señala Galbraith: la publicación en 1936 de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, de J. M. Keynes y, en 1942, la creación del Comité de Desarrollo Económico (CED) por temor a que una nueva depresión afectara a la reputación del capitalismo, y que al poco tiempo acabó aceptando “un cierto y conservador grado de intervención estatal como requisito para el buen funcionamiento del sistema económico.” (p 74) Resultó perjudicial para el automatismo el hecho de que fuese una organización representativa del sector industrial y comercial privado. También la administración Eisenhower rechazó la idea del automatismo, reconociendo la necesidad de que el gobierno dirigiera la economía. Finalmente, entre los pocos economistas profesionales que defendían el automatismo, defendieron la política monetaria como principal forma de intervención gubernamental, pero el New Deal y el Fair Deal redujeron el papel de esta política.

Admitida la intervención en principio, quedaría por ver la situación concreta que la hace admisible, lo que lleva a nuestro autor a dedicar tres páginas (89 a 91) a los pronósticos económicos, de los que no se podrá obtener conclusión alguna sobre la necesidad de la intervención estatal, pues llevaría “a rechazar la incertidumbre propia del capitalismo” (p. 89).

El último gran tema de controversia económica, el Estado Providencia, ocupa el capítulo VI (20 páginas, de la 95 a la115), es enjundioso. En la década de los 30 del siglo XX, los seguros sociales (particularmente el del paro no deseado) no estaban bien vistos, calificándolos de “limosna”, lo que venía pintiparado con la frase que recoge Galbraith de que “ningún americano que se respete debiera nunca aceptar una limosna.” (p. 96). La denigración por la palabra se dejó ver también con el uso del término “estatismo”, condenatorio de la intervención pública. La misma connotación desagradable corresponde, a “Estado Providencia”, si bien no se impuso el carácter despectivo pretendido: mientras John Fuster Dulles hizo enconada campaña en contra de la expresión en unas elecciones parciales al Senado, en 1949, frente a Herbert Lehman, partidario de esta política, y que ganó claramente.

El autor recalca que no todas las disposiciones de previsión social son rechazadas en bloque incluso por aquellos que son contrarios al Estado Providencia, y trae a colación a Ludwig von Mises (que fue exponente destacado de la Escuela Austriaca de economía), al que califica de “enconado opositor del estado Providencia” (p. 99), señalando que incluso este “es tímidamente partidario de la educación pública”, recogiendo al respecto una cita textual de su libro Human Act (déjeseme aprovechar para señalar la enorme calidad de dicho libro).

Por otra parte, a Galbraith le resulta sorprendente el que se apague la polémica sobre la previsión social una vez que ha sido aprobada su legislación (así sucedió con la Ley de Seguridad Social americana de 1935, con gran oposición en los años previos, pero sin discusión al finalizar la década de los 30 del siglo XX), al contrario de lo que ha sucedido con otras controversias. Hoy podemos reconocer que se mantiene una polémica sobre el Estado del Bienestar (un desarrollo que abarca lo que fue la legislación del Estado Providencia), pero circunscrita a su amplitud e intensidad más que al reconocimiento en sí de su conveniencia, incluso por quienes defienden el capitalismo a ultranza, que una cosa es adelgazar y otra extinguir. La polémica se sustentaba en hipótesis agoreras sobre el devenir, pero una vez alcanzado un plazo razonable sin que acontezca lo hipotéticamente previsto, deja de preocupar la controversia.

Específicamente de los Estados Unidos de América era (y aún es) la atención médica pública, y Galbraith le dedica las páginas 107 a 112, por la controversia que suscita y cómo la Asociación Médica Americana (AMA) describió consecuencias hipotéticas que comportaría la adopción  de un sistema nacional de seguros médicos: los médicos serían instrumentalizados por los políticos, se reduciría rápidamente el nivel de atención médica, incluso la ciencia dejaría de progresar, los servicios médicos “secuestrados” por los hipocondríacos, etc. Este caso muestra que “Todo sistema patrocinado por el Estado que brinde asistencia médica gratuita se enfrenta con la implacable oposición de los organizados profesionales de la medicina.” El tiempo transcurrido y las experiencias europeas muestran que lo previsto por la AMA, no tiene por qué suceder necesariamente, que sus hipótesis eran descabelladas, salvo que se tomaran como consignas a seguir por sus miembros caso de aprobarse el seguro médico. La polémica no se extinguió y aún hoy está presente, como lo están la vivienda y la educación. Quizás debiera ser fuente de polémica hoy el por qué destinar parte de los recursos públicos a las empresas, salvo para compensar las ayudas que reciben las de otros países, pero ya las diferencias entre Comunidades autónomas en España presentan un problema en relación con la competencia y no parece ser fuente de controversia.

El capítulo “VII. La política del acuerdo y de la disensión”, el último, se abre con el reconocimiento de que no se han tratado todas las “escenas de conflicto”, pero sí probablemente las más debatidas, concluyendo que “En definitiva, ninguna de las grandes cuestiones de la política económica que proporcionaron tan abundante combustible a la controversia política durante las décadas de los treinta y de los cuarenta conserva ahora su antigua posición como tema de discordia. Los partidos políticos han llegado a tener unos mismos objetivos estratégicos y discrepan únicamente en cuestiones de táctica.” (p. 119) Más adelante lo concretará respecto del sistema americano de partidos: “Dadas unas circunstancias determinadas, un conocimiento de las actitudes populares y un deseo de ser reelegidos, la actividad que se lleve a cabo, tanto por republicanos como por demócratas, será casi la misma” (p. 124)

Las controversias en la política económica prosiguen, incluso las que carecen de contenido sustancial.

Pro et contra

La condonación de la deuda autonómica

(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

Pro…

Sobre la condonación de la deuda

(por Asensi Descalç i Tormo, Departament d’ Economia Aplicada, Universitat de València)

Nos referimos al perdón de parte de la deuda contraída por las Comunidades Autónomas con el Estado o, por mejor decir, con el nivel central del Estado, a través del Fondo de Liquidez Autonómica –FLA-.

Problemas con el azar moral

Por supuesto, en general, las deudas no deben perdonarse so pena de que se creen incentivos a comportamientos que no son deseables, en este caso, entre los responsables públicos, como es el de no asumir el coste, como mínimo político, de la creación de déficit y del endeudamiento consiguiente. Y esto debería aplicarse en todos los órdenes de la vida económica: Si los Gobiernos rescatan a los bancos privados que han entrado en quiebra por no medir bien el riesgo de sus operaciones, el rescate sin apenas costes para esos bancos, por los efectos sociales que ello tendría y en favor de  la necesaria confianza en las instituciones monetarias que esas quiebras podrían acarrear –Too Big to Fall, ¿les suena?-, el riesgo de estar dando incentivos para que se repitan los comportamientos es grande: Cambia el comportamiento al sentirse respaldado por el Estado.

¿Cómo se ha generado ese endeudamiento?

Pero sucede que esa deuda que se pretende condonar puede tener unas causas distintas al despilfarro, a la ineficiencia en la gestión pública o, en definitiva, al gasto público excesivo respecto a los recursos que una comunidad autónoma ha podido generar.

En particular, hay dos causas principales que explican parte de este endeudamiento. Una es el desequilibrio en las competencias de ingresos públicos en relación a las competencias de gasto, en contra del nivel autonómico. Todos los analistas reconocen que la reforma del sistema autonómico debe pasar, primero, por un reajuste en los recursos del sistema en favor del nivel autonómico frente al central, para equilibrar mejor los recursos propios con las competencias de gasto. Cualquier sistema de financiación en un sistema descentralizado –se llame federal o de otra forma-, pasa por ese principio básico.

La otra causa viene dada por el mal diseño institucional del sistema autonómico y, en mi opinión, como consecuencia de ello, el mal funcionamiento del sistema de financiación que produce unas diferencias en recursos por habitante ajustado que no se pueden explicar por las diferencias en costes de prestación de los servicios. Como consecuencia de ello aparecen las Comunidades Autónomas infrafinanciadas, con menores recursos por habitante ajustado a pesar de estar por debajo de la media en renta per cápita. Podíamos decir, a estas alturas ya, las consabidas CCAA infrafinanciadas.

La primera de las razones que he mencionado justifica una condonación general e “igual” –habrá que definir qué entendemos por condonación igual o similar para todas las CCAA-, la segunda no. Veamos esto con más detalle.

El desequilibrio vertical

El desequilibrio entre ingresos propios y competencias de gasto entre el nivel central y autonómico, que no es mi intención explicar aquí y ahora en detalle, empeoró significativamente durante la crisis financiera por las medidas de ajuste impuestas al Estado Español para evitar el temible rescate, en épocas en que la prima de riesgo de la Deuda Pública española alcanzó máximos históricos. La reducción en el déficit corriente que se le impuso al Gobierno de España, para el conjunto de las administraciones públicas, se repartió de forma desigual, por decisión del Gobierno en 2012. En particular, el nivel autonómico asumió un recorte de gasto mucho mayor que el nivel central, lo que sumado a la precaria situación de insuficiencia financiera, especialmente en las CCAA peor financiadas –Murcia y Comunidad Valenciana a la cabeza, o a la cola, según se mire- generaba unas lógicas necesidades extraordinarias –en el sentido literal del término- de financiación para cubrir con las necesidades de gasto en la prestación de los servicios públicos fundamentales que son competencia de las comunidades autónomas.

… y así surge el FLA

De manera que, inmediatamente después de  la decisión de imponer un techo de gasto a las Comunidades Autónomas para cumplir con la reducción del déficit global del Estado, se habilita un fondo de liquidez que el Estado pone a disposición de las CCAA, que formalmente supone convertir la insuficiencia financiera que el propio modelo de financiación produce, en deuda asumida por las Comunidades Autónomas que, por supuesto, genera intereses y lastra más aun las capacidades futuras de gasto de esas CCAA -el conocido fenómeno “bola de nieve” de la deuda pública.

Por ello la condonación de la deuda tiene una doble motivación: reconocer que la deuda no se ha generado por ningún comportamiento discrecional de los gobiernos autonómicos que haya generado tal deuda–o que al menos no es la única ni más importante razón-.

En todo caso, el primer paso debería ser atribuir el montante de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica a los factores que la han generado. Es decir, la parte que se debe al desequilibrio vertical, o sea recursos del sistema que van al sistema central y que deberían haber ido al conjunto de las CCAA; la parte que se debe a los “errores” generados por el sistema de financiación a la hora de repartir los recursos del nivel autonómico entre las CCAA de Régimen común; la parte que se debe a los costes indebidos generados por la carga financiera de la deuda inadecuadamente asumida por la Comunidad Autónoma, y el resto de deuda.

En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, esta diferenciación es primordial y nos muestra que, de hecho, la llamada condonación de la deuda, supone admitir que el sistema de financiación no es adecuado desde parámetros elementales en Economía Pública: Suficiencia financiera de las administraciones para prestar los servicios de los que son responsables –competentes-, y equidad en la asignación de los recursos públicos a las administraciones subcentrales para que puedan ejercer sus competencias asumiendo sus responsabilidades políticas de ingresos y gastos.

En el informe de 2021 de la Sindicatura de Comptes sobre la evolución de la Deuda de la Generalitat Valenciana, sólo el 22% del total de más de 58.000 millones de deuda, no se explicaban por los motivos mencionados; Es decir, solo esa parte sería generada por comportamiento discrecional del que serían responsables los gobiernos valencianos desde 2009-; Pero un 37%, la fracción mayor, se debía a deuda originada por la infrafinanciación respecto a las necesidades reconocidas, es decir, lo que he llamado desequilibrio vertical; mientras que otro 31% de la deuda se debía a la situación particular de la Comunidad Valenciana, es decir, generada por recibir menos recursos por habitante (ajustado) que la media de las CCAA, es decir lo que he llamado “errores” en el reparto de los recursos  del nivel autonómico entre las CCAA de régimen común. Finalmente, un 10% que, en 2021, representaban más de 5.000 millones de euros, se debían simplemente al efecto “bola de nieve” que he mencionado antes, es decir al coste financiero provocado por el endeudamiento y los efectos de acumulación que produce.

Así las cosas, qué hacer y qué no hacer

La lógica de lo expuesto, nos obliga a recomendar un planteamiento multilateral de negociación del conjunto de las autonomías de régimen común[1] con el nivel central. La “condonación de la deuda” deber ser un paso, el primero, necesario, pero no suficiente, en la reforma del sistema de financiación. En mi opinión, debe partir de la base de adjudicar al Estado o a un nuevo organismo de carácter estatal pero independiente de los gobiernos de turno, que pueda reunir la información suficiente para hacer los cálculos que he mostrado para una comunidad autónoma y extenderlos al conjunto. Es decir, determinar los componentes causales de esa deuda contraída con el Estado

Sin embargo, lo que es razonable no es siempre políticamente factible. Una propuesta así, sin duda creará movimientos en el statu quo y eso hace difícilmente plausible esta solución. Sin embargo, no nos corresponde a los universitarios resolver este problema sino señalar la necesidad de acometer la solución sobre una buena base.

Por desgracia, parece que, en cambio, lo que se está haciendo, en cuanto al método -no hay todavía ninguna medida concreta adoptada al respecto- es justo lo que no hay que hacer. Y atención, el método es fundamental en el resultado final.

Para empezar, el hecho de que esté sobre la mesa la condonación de la deuda de las CCAA con el FLA, es producido por la exigencia unilateral de una de las CCAA de régimen común en particular, Cataluña. Por desgracia, ha sido necesario una coyuntura política concreta para que la exigencia de una CA desate lo que en buena lógica debería haber promovido el Estado por su propia iniciativa. Nada nuevo bajo el sol: hoy ya nadie discute la necesidad de que las CCAA compartan la recaudación de los impuestos fundamentales de nuestro sistema fiscal, como el IRPF, el IVA, los impuestos especiales sobre consumos, o que incluso se ceda el 100% y bastante competencia legislativa en impuestos tan esenciales para la equidad global del sistema como el impuesto sobre el patrimonio o sobre las herencias y donaciones. Pero todo empezó en 1996 cuando, de nuevo, la coyuntura política y la presión (algunos llegaron a llamarlo extorsión) de Catalunya desató un proceso que luego ha ido desarrollándose y creciendo de forma lógica y natural sin excesivas presiones por parte de las CCAA

Este error de método tiene, además, consecuencias para poder explicar a los ciudadanos la necesidad de la medida y estas cuestiones más políticas que económicas, no son menores.

Pero, además, el “método” incorrecto puede llevar, nuevamente, a perpetuar el statu quo si, una vez acordada la cantidad a condonar con una comunidad autónoma, se pretende extender la misma condonación con un criterio de proporcionalidad, ya sea por habitante o ya sea respecto del total del endeudamiento de la CA de turno. Si se hace así e insisto en que con este método unilateral el Estado se va a ver forzado a hacerlo, se perpetúa la inequidad del sistema actual; habrá CCAA que recibirán mucho menos que lo que les correspondería por la deuda impropia asumida y otras que recibirán incluso más de lo justo según este criterio.

Una condonación que no reduce la deuda; la mutualiza

En este punto es importante recordar que la deuda del Estado español continúa ahí y que nos estamos, simplemente, perdonando una deuda entre nosotros mismos a nivel interno. Por supuesto, esta deuda continuará ahí, formando parte de la que el Reino de España tiene con los que suscriben sus emisiones, básicamente inversores institucionales extranjeros. Lo que se hace con la condonación de la deuda de las CCAA con el Fondo de Liquidez Autonómica es mutualizar una deuda de la que, además, los deudores –las CCAA- no eran en buena medida responsables.

Además, se hace justicia y se gana en un mejor método para financiar los servicios públicos básicos que es de lo que se trata y que sucede que en España los prestan las CCAA. Pero el endeudamiento global es el mismo y quizá fuera una nueva oportunidad de explicar a los ciudadanos que no puede compararse la deuda pública con la privada. Por eso decimos que el método en hacer las cosas bien con un procedimiento lógico es importante; la tentación de pensar que se está perdonando deuda a personas físicas concretas –políticos- es grande y más en tiempos de demagogia en las redes.

Concluyo, sí a una medida de condonación parcial de la deuda autonómica, pero el procedimiento de negociación y el método para asignar los montantes entre las CCAA es tan importante como la condonación en sí, según mi opinión.

…Et contra

Quitar deuda, pero condonar bien

(por Roberto Fernández Llera, Departamento de Economía, Universidad de Oviedo)

Hagamos un doble descargo inicial.

Primero, para solemnizar la obviedad de que los debates dicotómicos suelen conllevar un peligro cierto de polarización (no solo un cierto peligro). Sobre las condonaciones de deuda autonómica (y en otros temas muy diversos, como por desgracia ocurre en los últimos tiempos), reducir el mapa de alternativas a una afirmación taxativa o a una negativa rotunda, solo puede conducir a la eliminación de matices que aportan valor a la discusión y rigor a los números.

El segundo descargo también es incuestionable. Cuando las circunstancias que atañen a un asunto han cambiado (y, sobre todo, si lo han hecho de forma radical), no resulta muy práctico encastillarse en ciertas posiciones de resistencia que, pudiendo ser muy lógicas y deseables, no conducen más que a la melancolía. Dicho en corto: aunque uno se hubiese opuesto antes a las condonaciones de deuda en general, el hecho es que ahora se van a llevar a término, con lo cual el nuevo deseo es que se hagan de la mejor manera posible, con eficiencia, justicia, equidad y al menor coste financiero posible.

Viene todo lo anterior al caso de los acuerdos políticos de noviembre de 2023 suscritos entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez Pérez-Castejón como presidente del Gobierno. Uno de ellos va encabezado con el título de “autonomía financiera y acceso a los mercados”, cuyo fin declarado es “sanear la situación financiera de la Generalitat [de Cataluña] y facilitar su vuelta a la financiación en los mercados de deuda”. Como objetivo general parece irreprochable (salvo extrema necedad) y no es diferente al que ya explicitó la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, constituida en enero de 2017 por encargo de la VI Conferencia de Presidentes, cuyo informe se entregó al Gobierno de España en julio de ese año.

Aquella Comisión de expertos fue unánime en reclamar la vuelta de las comunidades autónomas (CCAA) a los mercados financieros “en condiciones razonables”, junto a otros dos desafíos básicos que siguen vigentes en materia de endeudamiento: la reconfiguración de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y la retirada paulatina de los mecanismos adicionales de financiación. La quiebra del consenso se produjo entre aquellos expertos a la hora de articular en la práctica el ansiado retorno a los mercados. La mayoría de la Comisión apostó por una “reestructuración transparente de la deuda”, mientras que la parte minoritaria creía insuficiente esa medida y defendía completarla con “una reducción” de la misma (VV.AA., 2018).

En su literalidad, el acuerdo PSOE-ERC refiere a la condonación de deuda a “todas las comunidades autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto negativo del ciclo económico, para lo cual se determinará qué parte del incremento de deuda obedece al impacto del ciclo, pudiendo también acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario”. Para Cataluña se ponen cifras muy concretas: la asunción por el Estado en torno al 20% de la deuda viva contraída por la Generalitat en los mecanismos de liquidez estatales, lo que equivale a unos 15.000 millones de euros y, además, un ahorro derivado de 1.300 millones de euros en intereses. El acuerdo habla también de que “el FLA [Fondo de Liquidez Autonómico] pueda seguir operando como sistema de último recurso en el caso de situaciones críticas de mercado”.

Desde el momento en que se conocieron esos acuerdos políticos, han salido a la luz interpretaciones -más o menos afinadas- sobre el alcance de dicha condonación a Cataluña, pero sobre todo, de su eventual extensión al resto de las CCAA. Baste un rápido vistazo al listado de entidades o autores que han mostrado sus cartas iniciales con rapidez: Fedea (De la Fuente, 2023), Gestha o las agencias de calificación Fitch, S&P, Moodys y Scope. Nota tangencial: estas últimas se habían hecho muy famosas durante la crisis de deuda que comenzó en 2008, para entrar luego en un cierto letargo y saltar ahora de nuevo a la palestra. Otro día hablaremos de ello.

No es el objeto de estas líneas hacer una simulación, para empezar, porque el principal criterio esbozado y que -se supone- guiará las futuras quitas de deuda es algo tan etéreo y difícil de calcular -e incluso de explicar en foros no especializados- como “el impacto negativo del ciclo económico” (sic). Ello implica, entre otros aspectos, estimar un crecimiento potencial, una brecha de producción (output gap) y varias elasticidades de ingresos y gastos autonómicos, además, de manera diferencial para cada una de las CCAA. Misión imposible; es más fácil partir de una cifra prefijada y llegar a ella por aproximaciones sucesivas de retorcimiento de variables. 

Con respecto al ámbito temporal de cómputo, el documento del acuerdo PSOE-ERC no especifica nada concreto, aunque de la parte diagnóstica se puede intuir que se trataría del periodo 2008-2014, cuyas consecuencias se agravaron -seguimos la literalidad del texto- con una “insuficiente respuesta europea y del Estado ante la crisis”.

En segundo lugar, pero aún más relevante, es la metodología de estimación a emplear, si bien la ley orgánica de estabilidad presupuestaria da algunas pistas, cuando remite a la utilizada “por la Comisión Europea”. La Orden ECC/2741/2012, de 20 de diciembre, detalla algo dicha metodología, basada en las funciones de producción, si bien la propia norma reconoce la dificultad de aplicar los criterios a cada una de las CCAA. Remata diciendo que “en el cálculo del saldo cíclico de cada comunidad autónoma, por razones de la simplicidad y transparencia que debe poseer una regla fiscal, se utilizarán las mismas elasticidades y brecha de producción que a nivel nacional”. De nuevo en corto: como el ejercicio ideal es una quimera, procedemos de la manera que mejor nos convenga, asumiendo que el impacto de la crisis fue idéntico en toda España, cuando la realidad es tozuda y cualquiera puede constatar que no fue así, ni lo será en el futuro.

En tercer lugar, colocados ya en la hipótesis de condonar la deuda autonómica de forma masiva, incluso suponiendo -y es mucho suponer- que se acuerde un método de estimación del impacto cíclico, el propio acuerdo intenta facilitar la interpretación, al recomendar que el perdón financiero se aplique a todas las CCAA “de régimen común”, aunque es fácil suponer que las de régimen foral no querrán renunciar de manera voluntaria a tal posibilidad. Al respecto, cabe hacer algunas observaciones.

Para empezar, la desigualdad de trato no es algo que se mitigue extendiéndola. En la estricta lectura del acuerdo PSOE-ERC, lo único que se haría es desplegar una medida (la condonación), con un único y cuestionable criterio (el impacto cíclico de la crisis) y que beneficiaría sobre todo a una comunidad autónoma (obviamente, Cataluña). Lo que viene ahora son puros corolarios.

El primero, para afirmar con seguridad que la mayoría de las CCAA preferiría una reforma del sistema de financiación autonómica para allegar nuevos recursos, antes que la mentada condonación financiera. Podríamos citar como muestra el sólido bloque de las ocho CCAA que firmaron la Declaración de Santiago en noviembre de 2021.

El segundo, para manifestar que algunas CCAA apostarían por un criterio alternativo al del impacto cíclico para sustentar el perdón financiero. Por ejemplo, aludiendo a su infrafinanciación ordinaria por habitante ajustado, como en la Comunidad Valenciana (algo que Cataluña no podría reclamar, por situarse en torno a la media).

Y el tercero, para recordar que algunas CCAA no pedían en absoluto la quita de préstamos con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (singularmente, por el compartimento FLA), por la sencilla razón de que su deuda con el Estado instrumentada mediante este mecanismo es muy baja e incluso nula (Madrid, Navarra y País Vasco). Pero, como ya hemos dicho, o juegan todas, o se rompe la baraja. Aún más claro: si se camina hacia quitas generales, no quedará otro remedio que acordar compensaciones financieras -con transferencias estatales ad hoc a esas CCAA- para amortizar deuda con otros acreedores distintos del Estado. Verbigracia: el País Vasco tiene la menor ratio deuda/PIB, pero aun así debía un total de 10.851 millones de euros en el tercer trimestre de 2023.

Algunos datos muy básicos ilustran el argumentario. La deuda pública de Cataluña ascendía en la fecha señalada a 84.549 millones de euros, de los cuales 71.308 estaban instrumentados mediante préstamos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (las estadísticas oficiales son del Banco de España). Se trata del volumen total de deuda más abultado entre las 17 CCAA (aunque no es el mayor en términos del PIB) y significa que más del 84% de los pasivos computables de Cataluña eran deudas con el Estado, para una media de todas las CCAA del 59% en ese mismo indicador. Queda claro quién tiene la necesidad y la fuerza para liderar el debate público con su relato.

En suma, se hará lo de siempre en diversos aspectos de la financiación autonómica y, en cambio, veremos lo nunca visto, con perdón por el fácil juego de palabras. Algo así:

• Seguramente Cataluña verá satisfechas sus aspiraciones de reducir su deuda de un golpe y en un alto grado, así como su carga derivada de intereses. Esto no impedirá que después el acuerdo sobre las quitas de deuda se traslade a los foros multilaterales (Conferencia de Presidentes y Consejo de Política Fiscal y Financiera), para terminar por extenderse -con los matices que corresponda- a la totalidad de las CCAA mediante las oportunas reformas legales. El resultado antes que el procedimiento, algo que, por otro lado, forma parte de la idiosincrasia de la historia de la financiación autonómica.
• Teniendo en cuenta que el vigente sistema de financiación autonómica lleva sin revisar desde 2014, considerando el clima político general, incorporando la dificultad añadida que supone el regreso de las reglas fiscales a partir de 2024 y, por último, aliviando a las CCAA por efecto de las verosímiles condonaciones de deuda y de otros arreglos financieros generales o específicos, casi es una apuesta segura la hipótesis de no reforma del sistema de financiación autonómica a corto plazo, salvo inesperado pacto de Estado entre PSOE y PP en la materia, seguido de un amplio acuerdo de base territorial entre CCAA.
• Sobre todo lo anterior, asistiremos a acalorados debates políticos e intensas discusiones técnicas, estas últimas llenas de ecuaciones, parámetros ad hoc y variables de compromiso, para justificar ex post el resultado que ya teníamos decidido ex ante. No está mal por el principio de eficacia, pero no sobraría un poco más de lealtad y transparencia (federalismo, lo llamamos algunos).
• Hay una diferencia sustancial en este momento que añade optimismo. Se trata de la existencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que, lógicamente, no ha emitido informe alguno sobre la cuestión de las quitas (ni podría hacerlo, puesto que no es preceptivo, menos aún, sobre un mero documento de intenciones políticas). Lo que quizás conozcamos pronto es una opinión motu proprio o un estudio a solicitud del Gobierno de la Nación o del Consejo de Política Fiscal y Financiera, algo que juzgo como muy deseable. Ese juicio técnico e independiente de sensatez no iría sobre la decisión como tal (que se antoja ya tomada en sede política), sino sobre el mejor modo de articular su contenido y desarrollo. A posteriori, el Tribunal de Cuentas fiscalizaría todo el proceso, no solo en términos de cumplimiento de la legalidad y la normativa contable, sino también acerca de otros principios de buena gestión.

En definitiva, la corresponsabilidad fiscal debe ser -o seguir siendo, según el juicio de cada uno- un principio nuclear de la financiación de las CCAA. Si las CCAA perciben una restricción presupuestaria blanda, esto equivaldrá a un salvoconducto para un endeudamiento casi ilimitado, sobre todo si se internaliza el rescate como una eventualidad factible. Riesgo moral, en terminología clásica, con los graves problemas que ello conlleva.

La decisión -casi- tomada sobre condonaciones no es la óptima en términos de eficiencia. Particularmente, sigo apostando en su integridad por la reflejada en el informe de 2017 y respaldada por la mayoría de aquella Comisión de expertos: “una reestructuración transparente de la deuda de las CCAA con el Estado, supervisada por el Banco de España y la Airef, ampliando los plazos de forma razonable, añadiendo en su caso nuevos períodos de carencia y fijando unos tipos de interés favorables, que en ningún caso podrían suponer una bonificación respecto del coste medio de la deuda del Estado. En todo caso, este apoyo debería estar condicionado al cumplimiento por parte de las CCAA beneficiarias de una serie de objetivos previamente acordados de consolidación fiscal y cumplimiento presupuestario”.

Pero digamos más para rizar el rizo. Si el objetivo es que las CCAA tengan una ratio máxima de deuda/PIB del 13% (así lo establece la ley orgánica de estabilidad presupuestaria), en el entendido harto simplificador de que ese pudiera ser un umbral razonable de vuelta a los mercados, posiblemente las magnitudes de quitas de deuda que se están poniendo sobre la mesa para Cataluña sean muy insuficientes. Con un ejercicio de aritmética simple, esta Comunidad Autónoma tendría que borrar de su balance el doble de lo que se ahora se está manejando, esto es, llevar la quita hasta más de 30.000 millones de euros. Y todas las CCAA irían detrás con lo suyo, claro.

Aún queda mucho por escribir. Estamos empezando.

Bibliografía

De la Fuente, A. (2023): “El contenido económico de los pactos de investidura”, Apuntes Fedea, 2023/21.

VV.AA. (2018): Reforma de la financiación territorial: informes de las comisiones de expertos de 2017, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales.

[1] La situación de las otras dos comunidades autónomas, País Vasco y Navarra, es, de facto, y a efectos fiscales, la de territorios confederados, que ni siquiera asumen la parte que les correspondería en su cuota de solidaridad en el conjunto del Estado.

13.- Reseñas de libros

• Escrivà, Andreu (2023): Contra la sostenibilidad. Barcelona, Arpa Editores

(por Josep Banyuls, Departament d’Economia Aplicada, Universitat de València)

Al Phorsche Cayene Turbo S E-hybrid, de 680 CV, se le ha incorporado un módulo eléctrico que le permite hacer (sobre el papel) cerca de 48 kilómetros sin consumir gasolina. ¿El resultado? Que un coche de cinco metros y más de dos toneladas y media de peso, que cuando se le acaba la batería (con la que puede hacer unos escasos cuarenta kilómetros) consume el triple que cualquier utilitario, y que cuesta sobre 200.000€, puede llevar en el parabrisas un adhesivo que lo acredita como vehículo ecológico. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que se certifique un coche como ecológico cuando a todas luces no lo es? Y no solo eso. ¿Cómo hemos podido llegar a creernos que eso es ecológico?

Este es solo un ejemplo de los muchos casos que platea Andreu Escrivà en el libro Contra la sostenibilidad. El texto se articula en tres partes. En un primer bloque, breve, explica el origen del concepto sostenibilidad y profundiza en su significado y como a lo largo de los años ha ido perdiendo el sentido original. ¿Qué es sostenible? Parece una pregunta de respuesta fácil pero el autor nos muestra claramente que no lo es. Lo podemos definir en un sentido positivo, en contraposición a lo negativo (¿Qué es insostenible?), en un sentido fuerte, en un sentido débil… infinidad de matices que requieren una reflexión serena para poder hablar con cierta propiedad y conocimiento de causa de estas cuestiones.

La segunda parte del libro, la más amplia, consta de catorce capítulos en los cuales el autor desmonta todos -o casi todos- los tópicos típicos asociados de alguna forma la idea de sostenibilidad: el mantra de las generaciones y necesidades futuras, la transición ecológica, las finanzas sostenibles, la economía circular, el reciclaje, el coche eléctrico, la neutralidad climática, … Los capítulos son breves pero muy bien documentados y con una clara incitación al debate, a mostrar las contradicciones y a poner de manifiesto los límites de algunas propuestas actuales que se «venden» como solución a los problemas ambientales que tenemos.

La tercera parte es una reflexión sobre posibles soluciones para superar el modelo actual de crecimiento, principal causante de los problemas medioambientales y origen de la insostenibilidad, no solo ecológica sino también económica y social, a la que estamos abocados. A pesar de que en los capítulos previos la imagen que se desprende es bastante pesimista -se tiene la sensación de que nada tiene solución, o si la tiene es muy compleja- en esta parte final el autor muestra una ventana de esperanza y no cierra las puertas al cambio. Son reflexiones pertinentes y que apuntan hacia propuestas de intervención en materia de política económica.

Todo el análisis que se lleva a cabo en el libro se articula, a mi modo de ver, alrededor de dos ejes argumentales que el autor combina con acierto. Uno es ahondar en la idea que plantea Jose Manuel Naredo sobre los «no-conceptos» (José Manuel Naredo, La crítica agotada. Claves para un cambio de civilización, Madrid, Editorial S.XXI, 2022). Naredo plantea la necesidad de «investigar el origen, el contenido y la correspondencia de los conceptos con el mundo al que teóricamente se refieren. (…) en las ciencias sociales la correspondencia de los conceptos con la realidad se hace más laxa hasta llegar a distanciarse por completo, haciendo que en este caso su función encubridora o mixtificadora predomine, sin decirlo, sobre la explicativa o predictiva» (Naredo 2022:31). El problema por tanto es que el concepto (en este caso sostenibilidad) queda difuso y sin correspondencia con la realidad. Puede tener cierta conexión o semejanza con la realidad, pero es un concepto fetiche, en la mayoría de los casos un elemento retórico que acaba siendo utilizado de forma confusa y tergiversada. En definitiva, lo que Naredo define como «no-concepto» o «pseudoconcepto».

Vaciar de contenido el concepto de sostenibilidad permite que la palabra sea utilizada en cualquier sentido: un coche que claramente no es sostenible por su consumo y uso de materiales pasa a ser sostenible, las petroleras pueden hacer greenwhasing (sin comentarios), el coche eléctrico es lo mejor para el medio ambiente (sin entrar a analizar la movilidad) y así muchos más ejemplos. Estas son precisamente las contradicciones que Andreu Escrivá aborda en esa segunda parte del libro a la que nos referíamos antes y en la que va mostrando aquello que aparentemente es sostenible pero que en realidad no lo es. Pero no solo permite el engaño. Si además la sostenibilidad puede englobar cualquier cosa permite tranquilizar la conciencia de una gran parte de la población. El autor no cuestiona que pequeños actos cotidianos no sean beneficiosos (es más, reflexiona sobre la pertinencia de múltiples pequeños actos cotidianos en la dirección de reducir el impacto ambiental de nuestras vidas como una de las vías de cambio), pero también plantea que la inconcreción del concepto permite que pensemos que con pequeños actos estamos haciendo una gran contribución a la sostenibilidad y que seamos víctimas fáciles del engaño.

El segundo eje del libro está directamente relacionado con lo que acabamos de señalar. Vaciar de contenido el término sostenibilidad y convertirlo en un elemento retórico permite que no nos fijemos en el aspecto central del problema, y no es otro que el modelo de crecimiento económico. Un modelo depredador que necesita aumentar la extracción de recursos naturales y la generación de residuos para poder mantenerse en el tiempo. Es por ello que, al vaciar de sentido el concepto de sostenibilidad, ha sido absorbido por el sistema de producción capitalista, cuando la sostenibilidad en realidad no es compatible con el modelo productivo y social actual. Ello ha permitido circunscribir el debate prácticamente a la cuestión energética, en el cambio de las energías fósiles por renovables, sin alterar nada más y manteniendo el patrón del modelo de crecimiento. El autor expone claramente que esto no es posible, que los problemas del modelo de crecimiento van mucho más allá de la energía (suministro de materiales, residuos, desigualdades crecientes, crisis alimentaria, impacto diferencial del cambio climático según regiones y clases sociales) y sin cambios profundos en el modelo de producción distribución y consumo no es posible abordar estos retos. Es necesario, por tanto, modificar profundamente la organización económica y social actual.

El libro es muy ameno y de lectura fácil. El autor mantiene la curiosidad del lector en todo momento, combinando con acierto la reflexión más teórica con la presentación de casos reales, debates actuales, noticias de prensa y reflexiones a partir de estos elementos. No es extraña esta claridad del texto si tenemos en cuenta que el autor es un gran divulgador medioambiental, asiduo conferenciante y con varios libros publicados sobre este tema (Andreu Escrivà | Impulsant la conversa climàtica (andreuescriva.com). Es un libro que resulta interesante tanto para las personas expertas en economía ecológica como para estudiantes o cualquier persona que quiera acercarse al tema ya que a partir del análisis de los casos que plantea puede comprender claramente los problemas ambientales y los límites de muchas políticas económicas actuales. En definitiva, un libro imprescindible para analizar los retos actuales del crecimiento económico y de las políticas económicas al respecto.

• Pimentel, Manuel (2023). La venganza del campo. Almuzara, Córdoba,

(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada –Política Económica-, Universitat de València)

Manuel Pimentel es ingeniero agrónomo y asumió la cartera del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Es colaborador asiduo en la prensa y derivado de esta actividad ha aparecido este libro. Es decir, el libro constituye una recopilación de 17 artículos de prensa que vieron la luz entre 2009 y agosto de 2023 al que se le ha añadido una introducción y un epílogo. El título del libro, la venganza del campo, corresponde a tres artículos así denominados, que aparecieron en 2009 (los dos primeros) y en 2022.

El argumento del libro es claro. Ha habido desde ya hace mucho tiempo un maltrato del sector agrario, en particular, dentro de las políticas económicas en la UE y ahora la Europa occidental se ha comenzado a notar su efecto más visible desde después de la crisis del COVID-19, con irregularidades en el abastecimiento y subidas en el precio de los productos agrarios.

La argumentación que se atisba en el libro es que en la Unión Europea se elaboró una política agraria comunitaria (PAC), dentro de cuyos principales objetivos se encontraba la seguridad alimentaria. El trasfondo de la prioridad de este objetivo de política económica fueron los fenómenos de hambre y carestía derivados de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a finales del siglo XX, la generación que tenía experiencia vivencial de aquellos efectos negativos ya dejó de tener influencia en la política económica y las nuevas cohortes poblacionales se acostumbraron a los excedentes productivos y a encontrar productos agrarios y abundantes en las tiendas. El resultado fue un cambio en la política económica (la nueva PAC), pasando el principal objetivo a ser la competitividad. En un primer momento, se apostó por fomentar una producción agraria de calidad, limitando los volúmenes generados y presionando al alza sobre los precios y, posteriormente, por inclinar la actividad de ese sector primario hacia actividades no enraizadas en su propia naturaleza: el ocio (por ejemplo, el turismo rural). Uno de los efectos ha sido el desprecio hacia el sector agrario tradicional, sin la consciencia de que es la base de la obtención de alimentos y ciertas materias primas. Ha habido una animadversión de los “urbanitas” respecto a los “campesinos”, subrayando las retóricas de la importancia del ocio, la defensa de los derechos de los animales o el estímulo de los productos ecológicos.

Sin embargo, a partir de la crisis del COVID-19, han tenido distintas irregularidades productivas, en los mecanismos de distribución y de transporte, así como en las cadenas de valor que se están reflejando en la “venganza del campo”. El resultado se está plasmando en la aparición de carestías y el aumento en los precios de los productos agrarios, conduciendo a una caída en el nivel y en la calidad de vida de la población, con más impacto en las clases medias y bajas.

El libro resulta interesante, aunque un tanto repetitivo. Supone introducir una reflexión acerca de la política agraria realizada y que debería diseñarse en el futuro. Desde el punto de vista docente tiene interés como material de discusión o de recomendación para estudiantes que estudian las políticas estructurales, en particular las sectoriales (desde un punto de vista tradicional) de corte agrario.

versión pdf

10º ANIVERSARIO DE

NOTICIAS DE POLÍTICA ECONÓMICA

Editorial: 10 años de Noticias de Política Económica

En septiembre de 2013 inició su vida Noticias de Política Económica. Nació con la aspiración de constituirse en un medio de comunicación entre los académicos interesados en Política Económica. Después de esta década de vida se puede asumir que, efectivamente, está desempeñando el papel que pretendía cumplir. Cabe señalar que inicialmente se trataba de que llegase a los antiguos departamentos de Política Económica de las universidades españolas, pero progresivamente fue ampliando sus horizontes, en gran medida, derivado de los cambios acaecidos en la Universidad española. Por este motivo, fue ampliando su difusión entre académicos interesados en Política Económica, no sólo españoles, sino extranjeros. En particular, de las 750 personas que están recibiendo Noticias de Política Económica 600 está ubicadas en España y 150 en otros países (un total de 18 países, siendo mayoritariamente latinoamericanos).

Inicialmente pretendía limitarse a transmitir noticias sobre Política Económica, pero progresivamente se está transformando en una fuente original de generación de informaciones. Por un lado, se han multiplicado las secciones sobre diversos aspectos de Política Económica, estimulando el debate. Un caso típico es la sección Pro et contra. No obstante, las secciones relacionadas con políticas estructurales, turística, sociolaborales, de género o internacional están generando un material original de discusión, para uso del profesorado o también de los estudiantes. Por otra parte, cabe señalar que, aunque originariamente el formato pensado era el de artículos cortos, posteriormente ha ido proliferando la publicación de trabajos con una extensión media, es decir, artículos científico-académicos al uso.

Estas circunstancias han conducido a la continua ampliación en la extensión de Noticias de Política Económica. Mientras que los primeros cuatro números tenían una media de 16 páginas, posteriormente la media de páginas supera las 30 por ejemplar. Es decir, se ha ampliado la extensión dada la dinámica de participación del profesorado de Política Económica.

Dentro de Noticias de Política Económica se han publicado varias series de trabajos que merecen la pena ser destacadas. En primer lugar, la de “Docencia de la Política Económica en España” (en los primeros 10 números), que ofreció un panorama global de las asignaturas de Política Económica que se estaban impartiendo en España. En segundo lugar, destaca, por su relación con la investigación, una serie de 5 trabajos sobre las revistas con índice de impacto más proclives o especializada en Política Económica (durante los años 2015-16). En tercer lugar, la sección de entrevistas a Catedráticos de Política Económica acometió el reto de mostrar una historia viva de la Política Económica académica, labor que no se ha ofrecido por ninguna otra disciplina o especialidad, al menos, económica.

También es destacable la aparición de los submonográficos, que han recogido artículos sobre algún aspecto específico relevante, al menos, para la Política Económica. En concreto, han aparecido los relacionados con el libro “El problema de los salarios en España” del profesor José Jané, cuya publicación causó gran sensación en su momento, el de conmemoración del 200 aniversario del nacimiento de Carlos Marx o el relacionado con la primera política económica diseñada en España como respuesta a la crisis del COVID-19. A este respecto, parece que constituyó el primer análisis sistemático de análisis de la política económica española que vio la luz en España (abril de 2020)

Noticias de Política Económica surgió con una vocación de ser una publicación trimestral y durante este periodo se ha observado estrictamente esta regularidad, editándose con puntualidad. Puede añadirse que, además de los números ordinarios, se han editado varios de tipo extraordinarios. El primero conmemorando la figura de Víctor Brugada Panizo, primer catedrático de Política Económica en España y, los tres siguientes recordando a tres catedráticos de Política Económica que acababan de fallecer: Luis Gámir, José Jané y Luis Rodríguez Sáiz. También se incluyó un submonográfico dentro del número de junio de 2020 recordando al recientemente fallecido profesor Jacint Ros Hombravella.

Adicionalmente, para aumentar la divulgación de Noticias de Política Económica, desde 2021 se está editando en formato web y se encuentra alojado en https://newspoleco.blogs.uv.es/ . En esta dirección se pueden descargar todos los números editados, al tiempo que se puede acceder a los diversos trabajos según su tipo de contendido, al tiempo que hacer búsqueda en toda la revista. De esta manera, se ofrece un mejor acceso, así como hacer consultas selectivas para poder localizar materiales interesantes para docencia o investigación.

Una apuesta que se ha realizado por parte de Noticias de Política Económica ha sido consolidar y aumentar su rigurosidad científica. En este sentido, inicialmente se creó un Comité Científico y de Selección de trabajos y, posteriormente, se introdujo un sistema de evaluación anónima por pares.

Noticias de Política Económica fue al principio una iniciativa procedente del grupo de profesorado de Política Económica en la Universidad de Valencia, pero en la actualidad constituye un proyecto de ámbito español. Así pues, la iniciativa de Noticias de Política Económica se encuentra en pleno cambio, elemento que constituye un indicador de la dinámica de la Política Económica como disciplina.

I Ciclo de Seminarios de Política Económica (virtual)

Organiza: Salvador Pérez Moreno, Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, Universidad de Málaga, (sperezmoreno@uma.es)

En los últimos años se está produciendo una importante renovación del profesorado de Política Económica en muchos departamentos y unidades docentes de la universidad española, y son muchos los profesores/as jóvenes que se están incorporando como docentes e investigadores de Política Económica. En ese sentido, y con la intención de la Política Económica siga ocupando un lugar destacado en los planes de estudio y que se continúe fortaleciendo la docencia de nuestra disciplina, desde hace algún tiempo, desde REDIPE, se viene valorando la idea de poner en marcha seminarios telemáticos de formación en Política Económica, con objeto de promover la reflexión e intercambio de ideas y opiniones para la formación de docentes e investigadores de la Política Económica, con especial interés en la formación del profesorado más joven.

Sirva esta nota para anunciar el I Ciclo de Seminarios sobre Política Económica que se ha organizado para el curso 2023/2024, centrado en algunos de los aspectos nucleares de la Política Económica. A continuación, explicitan los detalles:

• Primer seminario:

Miércoles 25 de octubre de 2023, 17.00h

Título: «La Política Económica: desentrañando su significado y relevancia»

Ponentes: Juan R. Cuadrado Roura (UCJC y UAH) y Pilar Grau Carles (UCM)

Moderador: Salvador Pérez Moreno (UMA)

• Segundo seminario:

Miércoles 24 de enero de 2024, 17.00h

Título: «Doctrinas económicas y Política Económica»

Ponente: José J. Benítez Rochel (UMA)

Moderador: Miguel Cuerdo Mir (URJC)

• Tercer seminario:

Miércoles 24 de abril de 2024, 17.00h

Título: «Ciencia Política y Política Económica»

Ponente: Víctor Lapuente (Universidad de Gotemburgo)

Moderador: Tomás Mancha Navarro (UAH)

Los seminarios serán transmitidos de forma sincrónica por Internet gracias a la colaboración del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, y serán grabados para su posterior puesta a disposición en repositorios de libre acceso.

Para poder conectarse y participar en los seminarios será necesario una inscripción previa (y gratuita), siguiendo las indicaciones que se facilitan con unas dos semanas de antelación a cada uno de los seminarios por esta misma vía.

Encuentro Bilateral de Política Económica. Alicante, 12 de Septiembre de 2023 (resultados)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, Universidad de Alicante, España)

Con este primer Encuentro Bilateral de Política Económica se aspira a iniciar la realización en España de un tipo nuevo de eventos académicos. Estos pretenderían acercar la investigación y la docencia entre distintas Universidades a través de un entre profesorado de distintas Universidades, donde se intercambien trabajos y experiencias con el objetivo no solo de hacer fluir la información, sino como mecanismo para estimular la generación de colaboraciones futuras.

Esta experiencia-piloto se inicia con el Encuentro organizado por las correspondientes secciones de Política Económica de las Universidades de Alicante y de Valencia. El Encuentro ha tenido lugar en el Departamento de Economía Aplicada y Política Económica de la Universidad de Alicante el 12 de septiembre de 2023. Se ha organizado en forma de dos franjas expositivas (mañana y tarde) donde distintos miembros de ambas Universidades han expuesto los contenidos de trabajo recientes, líneas de investigación en curso o en perspectiva, así como experiencias docentes o de transferencia.

Dentro de las líneas de investigación en Política Económica que se están desarrollando en Valencia se encuentran:

• Pensamiento y metodologías de la Política Económica (Antonio Sánchez)
• Docencia en la Política Económica (Antonio Sánchez y Maja Barac)
• Política Económica internacional (Antonio Sánchez, Margarita Rohr y Raúl de Arriba)
• Nuevos enfoques de las políticas presupuestarias (Margarita Rohr)
• Política monetaria y distribución de la renta (Carlos Ochando y Juan F. Albert)
• Políticas educativas (Ángel Soler)
• Políticas medioambientales y desarrollo local (Antoni Seguí)
• Política económica y economía circular (Luz Ramírez)
• Política de desarrollo local (Josep V. Pitxer)
• Políticas laborales (Josep Banyuls y Maja Barac)

Mientras tanto, se ha puesto de manifiesto que las líneas de trabajo en Alicante serían las siguientes:

• Política industrial (Antonio Fuster y Juan Carlos Vicedo)
• Política económica en China (Graciela Giner y José Miguel Giner)
• Políticas de desarrollo local (Manuel Fuentes y José Miguel Giner)
• Políticas de análisis coyuntural (Manuel Fuentes)
• Políticas sociales (Rosa Mateu)
• Política de vivienda (José Antonio Martínez)
• Política universitaria (José Antonio Martínez)
• Política de infraestructuras (María Jesús Santa María)

A partir de estas líneas de investigación se acordó estrechar colaboraciones. En primer lugar, se plantea la presentación de algún trabajo en el Encuentro de Política Económica Internacional que se celebrará en Valencia a finales de noviembre. En segundo lugar, se ha bosquejado la realización de una colaboración en uno de los futuros Anuarios de Política Económica que se están editando. En tercer lugar, se pretende organizar en las respectivas universidades seminarios de política económica presentando contendidos de trabajos de investigación en curso. En cuarto lugar, a través de las líneas de investigación se tratará de acercar puntos de encuentro para iniciar algún trabajo conjunto.

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) (año 2022)

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista académica que concentra su atención en la Política Económica. La revista es editada en Valencia (España) por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia (irep.uv.es)

IREP acepta contribuciones de todos los enfoques económicos (ortodoxos y heterodoxos), así como procedentes de otras disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales. Desde esta perspectiva, IREP acepta trabajos de carácter tanto teóricos como aplicados, al tiempo que son bienvenidas tanto las aportaciones sustentadas en análisis cuantitativos como cualitativos, destacando su contenido realista. En concreto, IREP acepta trabajos procedentes de orígenes diversos como la economía, la economía política, el desarrollo y la planificación, la historia o las ciencias sociales en general. IREP publica artículos sobre todo tipo de temáticas relacionadas con la Política Económica.

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista internacional que publica manuscritos en inglés y en español. Todos los artículos son sometidos a un estricto sistema de evaluación anónima por pares, ofreciendo un medio académico de comunicación y de diseminación de ideas de elevada calidad científica

Contenidos de

Vol.5, Núm. 1 (2023)

 La estrategia de la Unión Europea frente al cambio climático (por Emilio Padilla Rosa)

• Política fiscal para un nuevo régimen de bienestar post pandemia COVID-19 basado en Buen Vivir (por Santiago García Álvarez)
• ¿Estiman los analistas de forma diferente en períodos de incertidumbre? Un análisis empírico de los precios objetivo de los bancos españoles (por Roberto Pascual)
• Influencia de la incertidumbre de política económica en las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Panamá (por Mary Elena Sánchez Gabarre, Pablo Castellanos García, Víctor Hugo Herrera Ballesteros)
• Política laboral y de igualdad de género: permisos parentales, lactancia y bienestar infantil (por Cristina Castellanos-Serrano, Carlamarina Rodríguez, Carlamarina Rodríguez)
• El sector del vino en España. Una aproximación desde la perspectiva de la política económica (por Juan José Juste Carrión, Benjamín Peñas Moyano)

 Los contenidos e información se pueden consultar en línea en la web:

irep.uv.es

Noticias internacionales

Revista Finanzas y Política Económica

La Revista Finanzas y Política Económica, de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Colombia, constituye un espacio científico de discusión de aspectos relacionados con Política Económica. Tiene una categoría de Q4 en Scopus. Más información:

https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/

Contenidos de número reciente

vol.15, nº.1, enero-junio, 2022

Editorial

• La reforma rural y el problema de la distribución desigual de la tierra en Colombia (Tejedor Estupiñán Joan Miguel)

Artículos de investigación

• La respuesta de Ibovespa al comportamiento de los precios del petróleo y del mineral de hierro durante la crisis internacional causada por el COVID-19 (Sánchez Arévalo Jorge Luis, Ferreira de Andrade Alisson Maxwell, de Oliveira Vendramin Elisabeth)
• El teorema Modigliani-Miller: un análisis desde la estructura de capital mediante modelos Data Mining en pymes del sector comercio (López-Solís Oscar, Haro Sarango Alexander Fernando, Córdova-Pacheco Ana, Pérez-Briceño Juan)
• El efecto de los salarios en el capital humano y su ciclo dinámico virtuoso (Lartigue Mendoza Jacques, Domínguez Salomón)
• ¿Cómo la capacidad de absorción afecta la innovación frugal de las pymes en el Bajío mexicano? (Cortés-Palacios Héctor Abraham, Cuevas-Vargas Héctor)
• “Quédate en casa (si puedes)”: empleo informal y COVID-19 en México (Chapa Cantú Joana Cecilia, Saldaña Villanueva Carlos Emmanuel, Luna Domínguez Edgar Mauricio)
• Nexo entre gasto militar y desempleo en Bangladesh (Hanif Abu, Salah Uddin Muhammad, Bakirtas Tahsin, Kader Sheikh Abdul)
• El efecto moderador de la educación financiera en la relación entre las herramientas de toma de decisiones y los rendimientos de las acciones en el mercado secundario de acciones de la India (Isidore Renu, Arun C. Joe)
• Medición de los factores que determinan la creación de valor en los sectores económicos colombianos: periodo 2016-2020 (Isaac Roque Daniel, Caicedo Carrero Andrés, de la Oliva De Con Fidel)
• Brecha de género en la confianza de productos y servicios financieros desde la perspectiva del comportamiento (Hernández-Rivera Ariadna)

vol.15, nº.2, julio-diciembre, 2023

Editorial

• La economía y gestión de la cultura popular como motor de desarrollo territorial (Heredia-Carroza Jesús, Aguado Luis Fernando, Tejedor Estupiñán Joan Miguel)

Artículos de investigación

• Provisión eficiente de bienes públicos: oferta y demanda de bibliotecas públicas en Colombia (Andrade Agudelo Doris Lilia, Fernández-Cantero Angy Lorena , Velásquez-Galeano. Dayana Andrea)
• La transorganización como respuesta estructural de las micro-organizaciones creativas (Cortázar Triana Daniel)
• Interés por las artes escénicas desde el capital cultural y la educación: el caso español, 2019 (Díaz León Blas, Martínez Fernández Ignacio, Palma Martos Luis)
• Desarrollo humano e inclusión productiva en la música popular colombiana: el caso de las bandas de viento en Sucre (Colombia) (Peralta Farak Yeraldin , Espinosa Espinosa Aaron)
• Derechos sociales y culturales en el trabajo artístico: un análisis exploratorio de artistas chilenos y mexicanos durante tiempos pandémicos (Reyes-Martínez Javier, Guzmán-Andrade Carlos)
• La industria cultural taurina española en tiempos de crisis (2007-2013): fase del ciclo de vida de la industria (García-Parejo Antonia, Caro González Francisco Javier, Chavarría Ortiz Carlos)
• Pandemia e industrias culturales en un contexto regional (Bérubé Julie)

Artículo de reflexión

• COVID-19 un acelerador de las tendencias del Control de Gestión en las empresas españolas (Caviedes Conde Angela Andrea, Yanguas Morte Luis Ramón)

Artículo de revisión

• Patrimonio Cultural Inmaterial y Ecosistemas Creativos: una revisión de literatura (Maussa Pérez Fausto Orlando, Montes Hincapié Juan Manuel)

Cursos

Design and Evaluation of Social Interventions under a Behavioral Economics Approach. Virtual (7/11/2023-13/12/23) 0815

Organiza: Facultad de Estudios Estadísticos, Universidad Complutense de Madrid

Directores: Lorenzo Escot Mangas <escot@ucm.es> y Iñaki Aliende Povedano.

Behavioral Economics is an established field, boasting three Nobel Prizes in recent decades. Its empirical approach makes it a highly practical discipline to be considered by any student or professional in the social sciences.

The choice architect is capable of discerning the impact of information scarcity on social matters and, in relation to this, influencing the way economic agents make decisions across various domains such as savings, adopting healthy habits, consumption, future planning, or compliance.

While its presence in academic literature, the business world, and as a tool for public entities has been growing, it still has significant potential in university programs. This Certificate responds to that need.

Any professional whose field of work requires influencing the decisions of citizens and economic agents should view behavioral economics as a methodology. This includes social transformation projects, commercial and communication campaigns, habit change, economic policies, promotion of socially desirable behaviors, and environmental protection.

The course includes the following blocks:

• A brief history of behavioral economics, where we explain its formation and main contributions over past centuries, complementing the neoclassical approach to economics.
• The increasing presence of behavioral economics in various social spheres, in public entities such as ‘nudge units,’ and in private organisations.
• Cases from key application sectors: health, energy, consumption, environment, safety, marketing, finance, education, etc.
• Distinctive elements of social intervention projects from the perspective of behavioral economics: heuristics, biases, and nudges.
• Process of constructing projects from the standpoint of behavioral economics: significance of decisions, identification of cognitive biases, intervention typology, and development of nudges.
• Success indicators and project evaluation methods using statistical methods.

Sessions:

1. Introduction: Social Interventions, Behavioral Economics, and Impact Measurement

This introductory section sets the context for the program by introducing participants to the concepts of social interventions, behavioral economics, and how impact is measured in these contexts.

2. Human Behavioral Approach to Economic Matters

This section explores the fundamental principles of behavioral economics, emphasising how human behavior often deviates from traditional economic assumptions.

3. Behavioral Economics Process to Apply on Social Matters

This part delves into how the principles of behavioral economics can be applied to social issues, using a structured process.

4. Data-Driven Methods to Design and Measure Behavioral Interventions

This section covers how data analysis and evidence-based methods can be used to design and measure the effectiveness of behavioral interventions.

5. The Measurement of Interventions Impact in Social Matters

This topic focuses on the methodologies and metrics used to quantify the impact of behavioral interventions in social contexts.

6. Cases of Application of a Behavioral Approach

This section showcases real-world examples of how behavioral economics principles have been successfully applied to address social challenges.

7. Research Strategies in Social Studies

This will involve discussing the different strategies and methodologies commonly used in social studies.

8. Presentations of Participants’ Projects

This is an interactive session which participants have the opportunity to present and discuss their own projects related to applying behavioral economics to social matters.

Más información: https://www.ucm.es/aedipi/behavioral-economics

Nueva legislación académica en España y la disciplina de la Política Económica

Alegación sobre Política Económica al proyecto de Decreto Ley

Se abre esta nueva sección en la que se pretende iniciar un debate acerca de los cambios en el marco legislativo que están teniendo lugar en la actualidad en España y sus efectos para el desarrollo de la disciplina de la Política Económica. El cambio se ha iniciado con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (BOE, 23 marzo de 2023). A partir de ese momento, se suscitó la necesidad de concretar este marco legal y, en este sentido, se publicarán sucesivos Reales Decretos-Ley. Antes del verano, se publicó un borrador de un Decreto-Ley. En ese momento y con poco tiempo se organizó una contestación por para del profesorado de Política Económica sugiriendo una enmienda por la que se sugería la introducción de la Política Económica como especialidad de conocimiento. Finalmente, fue aceptada esta propuesta.

La propuesta, como se ha apuntado, tuvo que redactarse y organizarse muy rápidamente con una penuria de tiempo digna de reseñar. Por razones operativas, se buscó a un profesor de cada Universidad donde se explican extensamente contenidos de Política Económica. Cabe señalar que a una parte del profesorado no les dio tiempo a responder y, por tanto, al no disponer del permiso explicito, no fueron incluidas las respectivas personas adscritas a esas respectivas Universidades.

La alegación presentada, cuyo contenido fue aceptado por el Ministerio reza de la siguiente manera:

Red Española de Docentes e Investigadores en Política Económica (REDIPE)

En reunión virtual llevada a cabo el día 14 de junio de 2023 por profesorado vinculado a la Red Española de Docentes e Investigadores en Política Económica (REDIPE), se acuerda apoyar la alegación al Proyecto de Real Decreto Ley por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos, en el sentido de que sea incorporada “Política Económica” como especialidad de conocimiento específica y separada de la existente “Economía Aplicada” (con texto explicitado a continuación).

Se adhieren a esta propuesta los siguientes profesores (uno por Universidad)

Antonio Sánchez Andrés

Departamento de Economía Aplicada

Universitat de València

Alegación

al Proyecto de Real Decreto Ley por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos

Alegación sobre Anexo II. Especialidades de conocimiento

Junto a Economía Aplicada, incorporación de la especialidad de conocimiento

• Política Económica

 Motivación

Las especialidades apuntadas en el proyecto de Real Decreto, en muchas ocasiones, se desagregan hasta extremos que pueden llegar a coincidir con una materia docente (o muy pocas). Por ejemplo, Derecho (se distinguen 13 especialidades de conocimiento), Didáctica (se indican, al menos, 8), Física (con 6 especialidades) o Historia (donde se distinguen 11 especialidades distintas).

Sin embargo, Economía Aplicada, con toda la heterogeneidad docente e investigadora que contiene, se reduce como especialidad de conocimiento a ella misma, una sola. Esta situación resulta más llamativa cuando se tiene presente que, ateniéndose a la información del Ministerio de Universidades, en 2021-22, el personal funcionario que se agrupaba en Economía Aplicada sumaba un total de 1115 personas, que contrasta con muchas otras que reunían unas decenas de profesorado o, en particular, con los 208 profesores de media teniendo como referencia todas las áreas/especialidades de conocimiento contempladas en el proyecto de Real Decreto. En fin, Economía Aplicada constituye un área/especialidad de conocimiento sobre dimensionada que podría dar cabida a 6 especialidades si se aplicara el término medio de profesores por especialidad.

Adicionalmente, dentro del macro-área de conocimiento de Economía Aplicada anidan en España múltiples campos de especialización con diferencias significativas entre sí, hasta el punto de poder ser consideradas disciplinas científicas. El reconocimiento de esta pluralidad dentro de la Economía Aplicada resultaba posible hasta el presente a través del establecimiento de perfiles en las plazas de profesorado. Pero el nuevo Decreto elimina la posibilidad de establecer estos perfiles, diluyendo esta pluralidad interna en una macro-especialidad de conocimiento. Por ello, resulta necesario mantener esta pluralidad adaptada al nuevo entorno marcado por el nuevo Decreto, reconociendo varias especialidades de conocimiento dentro de la Economía Aplicada y, en concreto, la especialidad de conocimiento de Política Económica.

En términos técnico-académico, las enseñanzas universitarias y las investigaciones económicas difieren esencialmente en sus contenidos cuando se tiene como referencia el funcionamiento del sector privado, el comportamiento del sector público o las actividades del Estado en la economía. Así pues, la acreditación y la selección de profesorado debería contar, al menos, con la especialidad de conocimiento de Política Económica para garantizar la calidad de la enseñanza pública universitaria impartida y se consideren en su justa medida las investigaciones del correspondiente profesorado.

La necesidad de explicitar la especialidad de conocimiento de Política Económica separada de la de “Economía Aplicada” resulta especialmente necesaria a la luz de las consideraciones de los organismos internacionales y los nacionales en el ámbito de la educación y la investigación. La singularidad y especificidad de la Política Económica, respecto a Economía Aplicada, queda patente cuando se considera la clasificación de la UNESCO (Nomeclatura Internacional Unesco para los campos de la Ciencia y la Tecnología). En esta clasificación, la materia “Política Económica” tiene el código 590206 y está dentro del campo “5902 Ciencias Políticas”. En concreto, la clasificación específica es:

5902 Ciencias políticas

01 Política agrícola

02 Política cultural

03 Política comercial

04 Política de comunicaciones

05 Política demográfica

06 Política económica

07 Política educativa

08 Política del medio ambiente

09 Política exterior

10 Política sanitaria

11 Política industrial

12 Política de la información

13 Planificación política

14 Política científica y tecnológica

15 Política social

16 Política de transportes

Asimismo, en España, el propio Ministerio de Educación y Ciencia asumió tradicionalmente como suya la mencionada clasificación de la UNESCO, tal como se muestra en la convocatoria desglosada de 2004 “Guía para solicitantes. Convocatoria de Fomento de la Cultura Científica y Tecnológica (2004). MEC” (https://web.ua.es/vr-investigacio/documentos/documentacion/clasificacion-unesco-de-las-areas.pdf). Además, también los correspondientes ministerios responsables de Ciencia, Investigación, Educación o Universidades reconocen la autoridad de la clasificación de la UNESCO. Por añadidura, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) también se manifestó en el mismo sentido (véase, http://ciencia.micinn.fecyt.es/ciencia/culturacientifica/files/conv-2006-clasificacion-unesco.pdf)

Por otra parte, el propio proyecto de Real Decreto así como la Ley Orgánica del Sistema Universitario legitiman la inclusión de la nueva especialidad de conocimiento que se propone, en tanto que el indicado Real Decreto ya contempla precedentes de inclusión de nuevas especialidades de conocimiento, como es la de Turismo.

Así pues, técnicamente la docencia e investigación en Política Económica excede los límites de la Economía Aplicada (con fuerte componente de aspectos políticos –ciencias políticas-) exigiendo el reconocimiento de una especialidad de conocimiento propia, en coherencia con la tradición marcada por los altos organismos gubernamentales españoles.

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.

Durante el último trimestre se han difundido varios artículos que han centrado su atención en la necesidad de llevar a cabo una política industrial activa (Rodrik y Strain). Asimismo, se ha publicitado el último libro de Peter Singer, filósofo que reflexionada sobre el papel de la ética aplicada a diversos aspectos.

Políticas económicas coyunturales

Crisis económica y financiera, fiscalidad y política económica

(por Francisco González Fajardo, director del Departamento de Economía Aplicada -Hacienda Pública, Política Económica y Economía Política- de la Universidad de Málaga y Gumersindo Ruiz, Catedrático honorario de Política Económica en el mismo Departamento.

 Con el título “Fiscalidad y crisis económico-financiera. Un análisis de las políticas de austeridad frente a la Gran Recesión”, publica el profesor Antonio Roldán Báez de la UMA, en Laborum Ediciones (2023), un libro fruto de su tesis doctoral. Esta nota es una reseña de la obra al tiempo que una reflexión y desarrollo de ideas que surgen en torno al trabajo y que realizamos en los siguientes 6 apartados.

1. Inoportunidad de las políticas fiscales tras el impacto de la crisis, desde 2009

Las políticas tras la crisis han sido analizadas por diferentes autores con una coincidencia mayoritaria en la inoportunidad de aquellas medidas fiscales que fueron restrictivas. Esto es especialmente cierto en el caso de la economía española, pues deterioraron una situación de por sí inicialmente grave, provocando un daño histórico en magnitudes económicas y sociales fundamentales, con secuelas que aún persisten. No se trata sólo de un análisis ex post, sino que en los momentos en que tenían lugar los acontecimientos, algunas voces solventes advertían del peligro de aplicar medidas convencionales que confiaban en mecanismos semiautomáticos de equilibrio en los mercados, en vez de las no menos convencionales identificables con el keynesianismo. El trabajo de Antonio Roldán añade valor a lo que conocemos sobre el tema, pues es singular en realizar un análisis exhaustivo de la política fiscal seguida en España, y situarlo en el marco de la teoría de la Hacienda Pública y la Política Económica, ofreciendo una visión completa y compleja de la economía en el período 2009 a 2015. Dicho trabajo, prologado por el profesor Juan José Hinojosa, director de la tesis, cuenta con el aval de investigadores tan prestigiosos como los profesores Martín Delgado, Aguiló Agüero, Eseverri Martínez, de Villota Gil-Escoin, y González Fajardo, que formaron el tribunal de tesis.

2. Funcionamiento del mercado, papel del Estado y crisis económica

Con el propósito de trabajar en el marco conceptual de la fiscalidad, la parte primera trata de las formas del Estado y el papel de la imposición en las sociedades modernas. En cuanto al papel del Estado y la crisis económica, se documenta la inestabilidad consustancial al funcionamiento de la economía en circunstancias que no necesariamente son de inestabilidad política, con choques externos como guerras o pandemias, reducción de oferta de energía y materias primas o disrupción en cadenas de suministros, que no son nuevos. El hecho que da lugar a la crisis que es objeto del libro, es una sobreproducción inmobiliaria en unas condiciones prolongadas de tipos de interés muy bajos, y abundante liquidez, con un endeudamiento privado, no público.

La exuberancia irracional de los mercados financieros se mostraba en la utilización de instrumentos financieros derivados, en gran medida con subyacente inmobiliario, cuya valoración del riesgo era imprecisa en términos de volatilidad y riesgos de cola subestimados, así como en la relación de ese riesgo con la rentabilidad que habría exigido intereses más altos. Precisamente la desregulación, que se consideraba una conquista del sistema neoliberal de mercado, lleva a una proliferación de operaciones con activos financieros, que eran a su vez subyacentes de otros activos financieros, de manera que se perdía la conexión con el subyacente real último. En el desarrollo de operaciones y productos sintéticos, la referencia del valor real no llegó a existir más que como indicios lejanos de su volatilidad, o el aseguramiento de unas probabilidades casi desconocidas de impago, cuya prima sería el flujo financiero del que se nutriría el interés del bono de deuda. Estas figuras financieras llevan a una sobredimensión del sistema financiero, y a crisis de liquidez cuando se duda de la calidad de los activos en los que se soporta la posición de liquidez de un intermediario financiero, bancario o no; y afecta a las expectativas reales, al crecimiento, el empleo, y lleva a la quiebra de entidades financieras y no financieras.

El deficiente funcionamiento de la economía de mercado, con presiones fortísimas sobre la política monetaria para que sirviera de estímulo al proceso especulativo que vivía la economía, da lugar a un endeudamiento privado generalizado en familias e intermediarios financieros, y provoca una crisis sin posibilidad de corrección y vuelta natural a un equilibrio. En este contexto se cita en el libro a Joseph Stiglitz cuando compara la inviabilidad del sistema de planificación centralizada evidenciada en la caída del muro de Berlín en 1989, con lo que ocurre veinte años después cuando las quiebras bancarias, por un desequilibrio entre la valoración por el mercado de sus activos, la iliquidez de los mismos, y la financiación ajena, descompensada en plazos y ratios, respecto al total del balance -en el pasivo-, lleva a una exigencia de intervención pública masiva. Esta se da con gran rapidez en Estados Unidos, haciéndose cargo la Reserva Federal de los productos financieros con subyacente hipotecario, comprando deuda pública, y estableciendo condiciones expansivas de política monetaria. En la Unión Europea hay un retraso notable y vacilaciones del BCE, que finalmente lleva a cabo un programa de liquidez bancaria y compra de deuda pública y privada en unas condiciones monetarias muy laxas. Para Stiglitz esta crisis cuestiona de raíz la idea de que los mercados dejados a su libre albedrío proporcionan prosperidad y crecimiento.

El análisis de Antonio Roldán sobre las funciones del Estado es, desde luego, más completo y complejo que estas observaciones que venimos haciendo, y no se limita a la intervención en las crisis, sino que documenta un pensamiento que evoluciona desde finales del siglo diecinueve con teorías de la Hacienda Pública vinculadas al pensamiento económico y a la Teoría y Política económicas. En la práctica, vemos grupos económicos y de interés, que se expanden apoyados ya sea en forma militar, o mediante legislación social y económica. Junto a estas realidades, el énfasis en la reducida dimensión del sector público, sus ingresos y gastos, desde una visión neoliberal, ha entrado secularmente en contradicción con las exigencias de regulación, desregulación, y el favorecimiento de posiciones de oligopolio y dominio del mercado. La privatización de servicios que siguen considerándose públicos se financian por el Estado, y se admite un beneficio privado en su prestación. La fiscalidad, por su parte, mantiene un sesgo permanente en detrimento de las rentas del trabajo frente a las del capital.

3. La imposición en el pensamiento económico. De un óptimo de no interferencia en la actividad económica, a segundo y tercer óptimos de adaptación a las crisis

Ante la mención de Joseph Stiglitz por el autor, conviene traer a colación uno de los artículos más apasionantes que se conocen sobre el sentido de la imposición. Se titula: In praise of Frank Ramsey´s contribution to the theory of taxation, (NBER Working Paper 20530, September 2014). En él Stiglitz toma el trabajo seminal de Ramsey, que ejerció una profunda influencia al plantear un sistema fiscal óptimo, en el sentido recaudatorio y en el de no ocasionar distorsiones en la producción económica, y desmonta la “manipulación” realizada por algunos economistas a partir del pensamiento de Ramsey.

¿Por qué dedica Stiglitz tanta atención a un artículo de Ramsey, publicado en 1927, como un ejercicio de matemáticas de enorme valor para los fundamentos de la economía, pero con escaso interés en su aplicación práctica? El motivo es que el trabajo de Ramsey ha servido de apoyo a economistas de gran prestigio que han querido sacar implicaciones de su análisis contra la imposición progresiva e impuestos sobre el capital y sus rentas, por las distorsiones que pueden producir en la oferta y demanda de bienes y servicios. Stiglitz demuestra que cualquier interpretación práctica que se pretenda extraer de Ramsey está sesgada por supuestos que Ramsey no estableció, como la elasticidad infinita de las curvas de oferta en la interpretación de Diamond y Mirrlees -y de ahí el supuesto daño a la producción-. Ramsey era consciente de las limitaciones de su análisis, una propuesta abstracta que requería una información real no disponible, y expresaba su preocupación por los efectos complejos de la imposición que no se podían entender en abstracto, y no fue más allá de sugerir y probar matemáticamente que los impuestos deberían ser inversamente proporcionales a las elasticidades de oferta y demanda. Su principio de evitar distorsiones fiscales en la demanda de productos, ya fuera por producción y precio de oferta, o por disponibilidad de renta y capacidad de demanda, no lleva a un óptimo por sí mismo si no se incorporan consideraciones de bienestar.

Frank Ramsey murió con 27 años; había ido más allá de Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein en filosofía y lógica matemática, donde están sus aportaciones geniales. Convencido socialista, su pensamiento económico se relaciona más con el valor y el bienestar social, que con el desapegado concepto de utilidad, relacionado con el disfrute, que es el emblema de la economía neoliberal. Wittgenstein eligió a Ramsey, cuando apenas tenía 20 años, para que tradujera su “Tractatus”, y son conocidas las ideas del filósofo sobre la unidad de lógica y ética, y la relevancia de la voluntad y efectos de hacer o no hacer, sobre la inteligencia abstracta.

Sacar ideas contra la progresividad impositiva del acercamiento de Ramsey a la imposición óptima resulta bastante cínico, aunque Stiglitz trata el tema de manera cortés, con ese respeto que guardan entre sí los premios Nobel. Para él, podría avanzarse en un paradigma equilibrado sobre fiscalidad siguiendo la intuición básica de aceptar el funcionamiento imperfecto de la oferta y demanda, contando con datos suficientes y tomando en consideración efectos de bienestar por la forma también imperfecta -no competitiva- en que se adquiere capital, talento y capacidades, Esto llevaría a un sistema progresivo sobre la renta, complementado con impuestos indirectos, herencias y donaciones, y capital, que fortalezcan la progresividad que puede alcanzarse con un sistema impositivo, al tiempo que se limita el nivel de distorsión.

Nos hemos extendido sobre estos temas porque la idea de optimalidad y no interferencia en los mercados lleva a que en situaciones como la crisis de 2009 se ignorara en España una política fiscal práctica que hiciera frente a la situación de las empresas y la demanda efectiva. De la misma manera, se ha criticado en estos últimos años el endeudamiento como salida a la crisis y la búsqueda de equilibrios mediante impuestos específicos -banca, energía-, que, por otra parte, se han intentado contrarrestar en el ámbito autonómico con fórmulas de rebaja de impuestos a renta altas y capitales. Con el espíritu de Ramsey, más allá del modelo simple competitivo, y cuando la distorsión no lo es todo, estaríamos en situaciones subóptimas, donde la reducción impositiva sobre productos demandados por las clases de menor renta tendría sentido por consideraciones redistributivas; de la misma manera que la reducción de impuestos y subvención a carburantes es contradictorio con el intento de reducir el consumo, pero no lo es para que coyuntural y temporalmente se apoye la actividad económica y se evite una recesión.  También, en el ámbito práctico cabría, si se quiere estimular la inversión productiva en un contexto internacional muy competitivo y con tendencia a cierta autonomía, avanzar en igualar el impuesto sobre las rentas del capital a las del trabajo, al tiempo que se permita de forma permanente que se deduzcan de beneficios las inversiones en instalaciones y maquinaria, lo que podría además hacerse para objetivos deseables como inversiones para la eficiencia energética. Todo esto sirve para argumentar que la política fiscal ante una crisis no pasa necesariamente por respuestas simplistas de optimalidad impositiva, sino por una adaptación inteligente a las características de la crisis, el entorno, y las respuestas que se pretenden conseguir en oferta y demanda.

4. Política Fiscal en el marco de la Política Económica

La parte segunda del libro se dedica a la Política Fiscal en el marco de la Política Económica, y desarrolla lo que podríamos llamar una Teoría de la Política Económica en cuanto a sus límites, efectividad y el esquema objetivos e instrumentos, destacando la distribución de la renta y la riqueza, el equilibrio fiscal, así como otras variables: el equilibrio exterior y tipo de cambio, en las que influyen los equilibrios presupuestarios. Asimismo, recoge la especial relevancia que ha cobrado en las últimas décadas, aunque no de forma continuada, la reducción de la pobreza y exclusión social, dentro de la complejidad de la actividad económica y el empleo.

En la Unión Europea los límites entre política fiscal y monetaria se han visto desdibujados, tal como se mostraba en Ruiz, G. (2017): “El policy mix monetario y fiscal revisitado” (en A. Sánchez y T. Carpi, “Política Económica”, Tirant lo Blanch), y tal como apuntábamos anteriormente con la adquisición de activos de deuda pública y privada por parte de los bancos centrales, en lo que se conoce como “Quantitative Easing”. En el contexto de la Unión Europea ha sido muy destacado en los últimos diez años que el BCE proporcione liquidez a los bancos para que compren deuda pública, y el mismo Banco la incorpore a su balance. Esta nueva política se anuncia en el verano de 2012, y puede decirse que marca una inflexión en la crisis financiera y económica, generando una demanda de deuda en el mercado, contribuyendo a reducir aún más los tipos de interés, creando expectativas optimistas, y posibilitando la salida de la crisis a países como España, que estaban financiera y económicamente hundidos. En el gráfico siguiente vemos el activo del balance del BCE en este periodo, que crece en estos años por las masivas compras de deuda realizadas. Se observa que es una política reciente la de hacer crecer el balance para paliar las consecuencias de la crisis y cómo vuelve a crecer sustancialmente para hacer frente a los problemas de liquidez de la pandemia y la guerra, y cómo más recientemente, ante el problema de la inflación de precios al consumo, se deja de reinvertir la deuda comprada cuando vence, y va poco a poco reduciendo su volumen, al tiempo que suben los tipos de interés. Como dato indicativo y de manera aproximada, actualmente el 57% de este balance son bonos de deuda pública y privada, y el 26% préstamos concedidos a entidades del área del euro, con lo que se ve la importancia que han tenido las compras de deuda para el balance del Banco. Hay que mencionar, aunque sea obvio, que este tipo de compras de deuda propia sólo pueden hacerlo países y zonas cuya divisa es de aceptación internacional, sin que repercuta significativamente en el tipo de cambio.

Las políticas fiscales seguidas en los países de la UE afectan a los tipos, ya que los países con mayores déficits presupuestarios y volúmenes de deuda sobre el PIB, se ven penalizados y pagan más por su deuda por sus desequilibrios fiscales. Esta situación es delicada pues el Banco tiene la referencia para comprar deuda de un país según la participación de cada país en el capital del Banco; aunque puede comprar y vender a lo largo de la curva de duración de la deuda, la curva de tipos, aliviando tensiones en circunstancias concretas de los mercados. También es paradójica la utilización de un único tipo de interés para países dispares; en el caso de España los tipos deberían haber sido mucho más altos en los años anteriores a la crisis para evitar la inflación inmobiliaria; y negativos en los primeros años de la crisis, si atendemos a la caída del producto y el empleo. En la actualidad España, que registra la inflación al consumo más baja de la Unión Europea, soporta una política monetaria restrictiva que no se corresponde con su situación económica, y que como decimos más adelante es un elemento a tener en cuenta en la política fiscal a seguir.

Destaca en el libro que reseñamos el análisis de Hacienda Pública que realiza sobre cuestiones específicas relacionadas con el efecto de los impuestos en el comportamiento de los agentes económicos, y el papel multiplicador del gasto público en las crisis de demanda. Estos análisis empíricos proporcionan información para tomar decisiones aun con incertidumbre, y aunque no son generalizables, sí permitían prever que la crisis financiera y económica de 2008 podía agravarse con una política fiscal que dejara de sostener la economía, de la misma manera que políticas de liberalización del mercado de trabajo llevarían a despidos masivos, sin un mecanismo previsible de recuperación. Por su parte, con una visión conservadora de los impuestos, sólo cabía esperar una reducción en la recaudación y mayor déficit y aumento de deuda.

Reproducimos el gráfico 3.13, página 408 del libro, en el que se constata la secular relativa baja presión fiscal en la economía española, y cómo desciende fuertemente en los años de crisis, sin que estimule a la economía, como parte de los fenómenos que estamos describiendo.

Recogemos también el gráfico 3.20, página 417 del libro, en el que se comprueba la desigual contribución de consumo y rentas de personas, en las que se basa principalmente la imposición, respecto a las rentas del capital y beneficios, y la inoportunidad de no aumentar la imposición a estas rentas y beneficios en épocas de crisis, que tienen siempre efectos desiguales sobre grupos de rentas y sectores económicos.

5. Reformas fiscales durante la crisis

Las reformas fiscales durante la crisis y sus efectos se analizan detalladamente, paso a paso, en la parte tercera del libro, considerando todos los impuestos.

Es muy interesante lo que ocurre entre 2009 y 2010, cuando hay un intento de reacción keynesiana por parte del gobierno. Este se encuentra con una fuerte oposición conservadora interna y una falta de sintonía externa por la rigidez con que las instituciones europeas gestionan la crisis. La economía, deprimida, sólo se mantiene por el comercio exterior, por la reacción desesperada de las empresas que pueden afrontarlo, ante la caída en la demanda interna.

Reproducimos el gráfico 3.5 de la página 393 del libro, donde se observa la depresión a que se lleva a la demanda efectiva de la economía. La respuesta del comercio exterior puede entenderse como una reacción inevitable de las empresas ante la fortísima caída de la demanda interna. Son significativos los famosos comentarios de Beveridge, que recoge el autor del libro en estas páginas donde se trata la demanda, sobre la necesidad de un fuerte estímulo público en este tipo de coyunturas económicas. En esta misma línea y en esas mismas páginas, van también los comentarios del Banco de España sobre los fortísimos desequilibrios que sufría la economía española, aunque de su lectura puede desprenderse cualquier tipo de política, desde la que supuestamente llevaría al equilibrio haciendo algunos ajustes financieros, que no funcionó, sino que agravó la situación, a la necesidad de una fuerte intervención pública de estímulo, que se ignoró en su momento.

En este caso la deuda pública no era un problema, pues como se recoge en la Tabla 3.31, página 401 del libro, que no reproducimos pero sintetizamos, en 2004 la deuda era el 47,6% del PIB, y el nuevo gobierno la reduce a 35,5% en 2007, cuando España era de los pocos países en la Unión Europea que cumplía con este objetivo; en 2010 la deuda pasa a 60,1%, y tras las medidas neoliberales en 2014 la economía española sigue en una situación muy difícil y con un 99,3% de deuda pública respecto al PIB.

El mayor ajuste se da precisamente entre 2011 y 2014, tal como se detalla, en salud, educación, protección medioambiental, vivienda, y recortes en las prestaciones por desempleo, con una insuficiente tasa de cobertura que se reduce aún más. Esto lleva a conclusiones donde se hace hincapié en el aumento de la desigualdad y de la pobreza, como resultado de unas políticas fiscales inadecuadas para una crisis del sector financiero e inmobiliario, endeudamiento privado, y sistema financiero sobredimensionado. Una reducción del gasto refuerza la caída de la demanda, del PIB, quiebran empresas, aumenta el paro, a lo que contribuyen medidas de liberalización, y se reduce la recaudación fiscal que es la clave del aumento de la deuda pública que casi triplica el porcentaje sobre el PIB en unos pocos años. El encogimiento del sector público, que se explica con precisión en el libro, y que lleva a ser uno de los más reducidos de Europa, no se ve compensando por una economía privada pujante sino todo lo contrario. La crisis sólo la solventaría el BCE en el verano de 2012 revirtiendo las expectativas ante la sugerencia de comenzar un programa de compra de deuda, como efectivamente hizo.

6. ¿Cuál debería ser el papel de la política fiscal en España ante una política monetaria contractiva?

En las propuestas de política económica, con las que finaliza el libro, hay rasgos de las medidas adoptadas por el gobierno de coalición ante la crisis que empieza en 2020 con la pandemia y que continúan con la guerra. Estas políticas han conseguido mantener el crecimiento, empleo e inflación a tipos bajos, y atender asuntos sociales salarios mínimos y pensiones, con una deuda pública importante, pero que se relativiza al crecer el PIB. Esta nueva política económica se da con la inflación al consumo más baja de la Unión Europea, y con el tipo de interés en el mercado de la deuda con un diferencial sólo en torno al 1 por ciento de la referencia inferior, que es Alemania. Sin embargo, si bien se observa una inclinación hacia poner fin a la política monetaria contractiva, hay también defensores de reconducir la política fiscal con argumentos similares a los que vimos en la austeridad, pero ahora con el argumento de la inflación.

El artículo “Inflation as a Fiscal Limit” (Francesco Bianchi y Leonardo Melosi, Johns Hopkins University y Federal Reserve Bank of Chicago. Jackson Hole, 2022), intenta probar que la inflación actual sólo puede frenarse si la política fiscal, con más impuestos y menos gastos, apoya a la política monetaria con mayores tipos de interés y sin compras de deuda pública. Mediante un modelo muy complejo y laboriosamente construido, donde además de los determinantes de las políticas monetaria y fiscal incluyen para un periodo de 70 años prácticamente todas las variables relevantes de la economía y con hipótesis sobre expectativas y reacción ante la inflación de consumidores y empresas, según lo que perciben de cómo se va actuar monetaria y fiscalmente, llegan a la conclusión de que lo monetario y lo fiscal tienen que ir juntos, dado que en la situación actual la inflación es un fenómeno con una fuerte implicación de política fiscal.

Los efectos sobre la inflación de los impactos del precio de la energía y de las guerras encuentran que son temporales, pues cuando suben los precios la demanda cae, con consecuencias para el crecimiento y el empleo, pero los precios se equilibran. Es difícil generar expectativas de reducción de la inflación, y con ello comportamientos de contención de precios por las empresas y de salarios por los trabajadores, si además de la política restrictiva de los bancos centrales -dicen- no se equilibra la política fiscal. El estudio se hace para Estados Unidos, pero es generalizable a otros casos, y es sin duda un punto de apoyo para el análisis de la inflación y el papel conjunto que tienen las políticas monetaria y fiscal.

No obstante, la fuerte intervención con gasto público en la pandemia y la guerra ha estado vinculada con una política persistente de tipos de interés muy bajos, y compras de deuda pública y privada por los bancos centrales. Los autores no incorporan el hecho de que la política fiscal expansiva de estos años ha sido posible no sólo porque los tipos de la deuda eran bajos, sino porque los bancos centrales compraban masivamente esa deuda. El resultado es que frente a lo que hemos visto en la crisis financiera y económica anterior, hay ahora una demanda de consumo que se mantiene por apoyos a empresas y programas sociales de empleo, sanitarios, familias sin recursos, así como en la actual crisis energética, subvenciones y ayudas a empresas y familias. Estos apoyos han tomado la forma de desgravaciones y subvenciones fiscales.

Las expectativas que generaban los bancos centrales era que mantendrían la actividad económica en cualquier circunstancia; y los gobiernos, que no dejarían que la economía y el empleo cayeran, con lo que la inflación y las expectativas de inflación no encuentran restricciones en el “policy mix”. Intuitivamente, a la simetría de política monetaria expansiva y política fiscal también expansiva, para hacer frente a un proceso inflacionista se requiere la simetría de una política monetaria restrictiva y una política fiscal restrictiva, de más ingresos fiscales y menores gastos. La política monetaria actual sí que frena el crecimiento al elevar los tipos de interés y reducir la capacidad de demanda del deudor, mientras que la política fiscal compensa favoreciendo demanda, crecimiento y empleo, pero también las expectativas de inflación. Hay diversos escenarios y combinaciones posibles, y factores como la evolución de la guerra, el impacto energético sobre la producción de las empresas, el comercio internacional, el engranaje de las cadenas de valor, el efecto relativo de programas nacionales de estímulo a la producción local, que hacen dudar de la conveniencia de alinear la política fiscal a la monetaria, que ayudaría a estabilizar los precios, pero aumentaría el coste en crecimiento y empleo. En el caso de España, además, la inflación es baja y la política monetaria es inconveniente para nuestro país, por lo que el papel restrictivo de la política fiscal parece estar fuera de lugar.

Tenemos que poner final a esta reseña del libro del profesor Antonio Roldán Báez, que resulta enormemente sugerente y rico en ideas, tanto en los aspectos conceptuales de la Hacienda Pública y la Política Económica, como en sus aplicaciones prácticas. Y, sobre todo, por la descripción y análisis detallado de un período desafortunado de la economía española, donde una crisis originada en el sector inmobiliario y financiero, recibe un tratamiento erróneo; hipótesis que queda probada de manera exhaustiva en las páginas del libro. Pero este trabajo es mucho más que el análisis de un caso, y debemos reiterar las gracias al profesor Roldán por iluminar el pensamiento sobre lo que puede ser, y lo que no, una buena fiscalidad y política económica.

Política económica internacional

Nuevas medidas económicas del gobierno chino ante un contexto de desaceleración

(por Graciela Giner Pérez, José Miguel Giner Pérez, Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, Universidad de Alicante)

China es la segunda mayor economía mundial, el mayor exportador y tiene las mayores reservas cambiarias del mundo. Sus más de 1.400 millones de habitantes y su potente clase media, reflejan su importancia, tanto para el consumo y demanda de bienes y materias primas como para la producción de manufactura y tecnología. Su economía repuntó con fuerza después de la profunda caída generada por la pandemia, y ha vuelto a un ritmo gradualmente ralentizado

El bajo crecimiento de las grandes economías del mundo, la inflación global y la inestabilidad asociada a guerras comerciales y otros riesgos de desacoplamiento, han sido observadas desde Beijing como un problema a enfrentar en los próximos años. China ha llevado a cabo importantes cambios, tanto en su esfera política como económica. Por una parte, la consolidación del liderazgo de Xi Jinping ha permitido darle continuidad a su gestión mientras que, en el ámbito económico, la guerra comercial y la pandemia, han hecho que el gigante asiático replantee su dependencia internacional y busque promover el crecimiento de la mano del consumo interno, así como afianzar las alianzas con aquellos socios que garanticen su cadena de suministro de materias primas.

1.- Nuevos problemas económicos

China ha sido durante mucho tiempo el motor del crecimiento mundial, pero en el segundo semestre, su desaceleración económica ha alarmado a los líderes internacionales y a los inversores. Las dudas sobre si el gigante asiático será capaz de cumplir con su objetivo de crecimiento anual, que el Gobierno fijó en un modesto 5% para el 2023, aumentan.

China, que abandonó los duros controles contra la covid-19 el pasado diciembre, inició la recuperación económica con más fuerza, pero, en los últimos meses el crecimiento se está estancando. Los precios al consumo caen junto a la caída en la confianza de los hogares y las empresas, el desempleo juvenil entre los jóvenes de 16 a 24 años alcanzó un nuevo máximo del 21,3%, el continuo deterioro del mercado inmobiliario se agrava y las exportaciones se desploman, a la vez que la deuda pública local aumenta. Además, China se enfrenta a algunos retos a largo plazo, como una crisis demográfica y unas tensas relaciones con socios comerciales clave como Estados Unidos y Europa.

A medida que continúan creciendo las preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR), máximo planificador económico del país, ha dado a conocer una serie de medidas para impulsar la recuperación de su economía, centrándose en la economía privada, enfocándose en el aumento del gasto en bienes de consumo y vehículos, alentando a las empresas privadas a invertir más y hacer más sencillo que los negocios accedan a financiamiento. A continuación, pasamos a analizarlas.

2.- Medidas económicas

Bienes de consumo

Las autoridades lanzan un plan para impulsar el gasto de los hogares en todo tipo de artículos, desde electrodomésticos hasta muebles, para ello, se debería mejorar el acceso de los ciudadanos al crédito para comprar productos del hogar.

A su vez, también se contempla un plan para aumentar la fabricación de pequeños bienes de consumo, o el llamado sector de la industria ligera, que representa más de una cuarta parte de las exportaciones chinas. Se tomarán medidas para aumentar las ventas de artículos ecológicos y para el hogar inteligente en las zonas rurales, y ampliar el uso de productos de batería en los coches eléctricos, la etapa de potencia y las telecomunicaciones.

Propiedad

Flexibilización de la política inmobiliaria, proponiendo que los gobiernos locales eliminen la norma que impide que las personas que hayan tenido alguna vez una hipoteca -aunque la hayan reembolsado en su totalidad- puedan ser consideradas compradores de su primera vivienda en las grandes ciudades, pero serán las autoridades locales las que tomen la última decisión de adoptar o no esta política.

Si los distritos centrales de las ciudades más importantes lo llevan a cabo, será un buen momento para que la economía china se recupere ya que ayudaría a revitalizar el mercado inmobiliario. Para ello deben incrementar los esfuerzos en la investigación y construcción de un nuevo modelo de desarrollo de la industria.

Además, se planea impulsar la renovación de las llamadas aldeas urbanas, buscando más capital privado en los proyectos y así ampliar la demanda interna e impulsar el desarrollo de las ciudades.

Los reguladores financieros ampliaron la concesión de préstamos a los promotores inmobiliarios para garantizar la entrega de las viviendas en construcción. El Banco Popular de China (BPC) también ha pedido a los bancos que bajen las tasas de las hipotecas existentes. En cuanto a las garantías jurídicas se suprimirán los reglamentos y los documentos oficiales que violen el principio de igualdad para los diversos tipos de propiedad, a fin de proteger el desarrollo de la economía privada.

Vehículos

La CNDR publicó un plan de 10 pasos para aumentar las compras de coches, especialmente de vehículos de nueva energía, que incluye la reducción de los costos de recarga de los vehículos eléctricos y la ampliación de las exenciones fiscales. El Ministerio de Comercio lanzó una campaña de seis meses para impulsar la compra de coches y la adopción de vehículos eléctricos en las zonas rurales.

 Tecnología

Pekín esbozó 31 medidas entre las que se incluían promesas de dar el mismo trato a las empresas privadas que a las estatales, consultar más a los empresarios sobre la elaboración de políticas y reducir las barreras de entrada al mercado, impulsándolas a participar en grandes proyectos nacionales que sean rentables y maduros, pudiendo liderar programas tecnológicos en áreas clave como software industrial e inteligencia artificial.

El máximo regulador de Internet publicó 24 directrices para servicios del tipo ChatGPT, suavizando algunas restricciones que había propuesto varios meses antes. El banco central pidió a las entidades de crédito y a los mercados financieros que apoyaran más la innovación y las adquisiciones relacionadas con la tecnología, y que fomentasen la inversión en nuevas empresas.

Empresas privadas

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma se ha comprometido a impulsar el crédito a las empresas privadas y ampliar otras medidas de financiación a las pequeñas empresas incluyendo la ampliación a todas las empresas privadas cualificadas, de una herramienta de mejora del crédito en bonos, respaldada por instituciones financieras, y la promesa de aumentar el importe de los préstamos crediticios para el sector. Para ello, las autoridades han publicado un plan para animar a las empresas privadas a invertir en sectores clave como el transporte, la conservación del agua, las energías limpias, las nuevas infraestructuras, la fabricación avanzada y las modernas instalaciones agrícolas. 

La CNDR también tratará de financiar los proyectos mediante préstamos bancarios y productos de fideicomisos de inversión inmobiliaria.

Las empresas disfrutarán de una reducción de impuestos en el gasto en investigación y desarrollo, menor tiempo en reembolsos a la exportación y un apoyo financiero inclusivo fortalecido.

También se ha decidido prolongar medidas favorables para ayudar a las micro y pequeñas empresas, a acceder a fondos incluyendo préstamos de apoyo y reducciones de impuestos. El Gobierno se comprometió a reducir la burocracia en la aprobación administrativa, liquidar los atrasos adeudados a las pequeñas y medianas empresas, así como a participar activamente con los empresarios en el proceso de formulación de políticas.

Tasas de interés

El 15 de agosto, el Banco Popular de China recortó su principal tasa de interés oficial, una medida sorpresa que supuso la mayor reducción de sus tasas préstamos a un año desde 2020. La medida se produjo poco antes de la publicación de los datos de julio, que mostraron un débil crecimiento del gasto de los consumidores, una caída de la inversión y un aumento del desempleo. Fue el segundo recorte de esa tasa este año. Sin embargo, los bancos chinos mantuvieran en suspenso el tipo de interés que rige las hipotecas. 

Mercados financieros

Las autoridades chinas han redoblado sus esfuerzos para reforzar los mercados en medio de la intensificación de las ventas masivas. En agosto, las autoridades pidieron a algunos fondos de inversión que evitaran convertirse en vendedores netos de acciones y animaron a las empresas que cotizan en la bolsa de ciencia y tecnología de Shanghai a recomprar sus acciones, entre otras medidas.

China también está estudiando un recorte del impuesto de timbre, vigente desde el 2008, sobre las transacciones bursátiles, lo que supondría un importante intento de reavivar la confianza. Para frenar la caída de la divisa, el banco central ha intensificado su defensa del yuan en las últimas semanas estableciendo fijaciones diarias más fuertes y elevando los costos de financiación en el mercado extraterritorial. Aun así, la moneda ha seguido debilitándose.

Inversión extranjera

China anuncia medidas para atraer y fomentar la inversión extranjera, ampliar el acceso al mercado y fortalecer la comunicación con empresas y cámaras de comercio extranjeras, fijando como objetivo establecer un sistema de apertura más amplio para atraer recursos globales y seguir siendo una fuente importante de crecimiento estable para la economía mundial en medio de la actual recuperación económica.

Estas iniciativas buscan mejorar el entorno de negocios para las empresas extranjeras que operan en China, desempeñando un papel clave en la conclusión de negociaciones para el primer acuerdo multilateral de inversión, el Acuerdo de Facilitación de la Inversión para el Desarrollo (IFD). Este acuerdo, tiene como objetivo mejorar la transparencia y la previsibilidad de las medidas de inversión y simplificar los procedimientos administrativos relacionados con la misma.

3.- Conclusiones

La economía china vive una situación delicada con el estallido de una doble burbuja, inmobiliaria y de deuda. China no está en recesión, pero su crecimiento se debilita. Es la segunda mayor economía del mundo por lo tanto preocupa el menor crecimiento económico mundial y, especialmente, la disminución del comercio internacional. Las autoridades chinas deben centrarse en limitar el contagio de la burbuja inmobiliaria en el sector financiero. China tiene medios para controlar los efectos adversos de la burbuja inmobiliaria, interviniendo en el mercado de cambios a través de los bancos y así evitar una depreciación del renminbi, pero el problema es que no lleva a cabo un plan de estímulo como en el 2018 porque la deuda pública ya es muy grande. No habrá crisis, pero la economía no despegará.

El gobierno debe adaptarse a la nueva situación, se deben implementar medidas orientadas al sector inmobiliario y los gobiernos locales, altamente endeudados, a través de planes de resolución de deuda;  adaptarse a la nueva situación en la que la dinámica de la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario está cambiando significativamente; hacer del empleo una alta prioridad; incrementar el consumo a través de medidas macroeconómicas e implementando subsidios para que compren más automóviles ,productos electrónicos y electrodomésticos para acabar con inventarios y aumentar la fabricación. En general, los economistas creen que el gobierno quiere asegurarse su objetivo de crecimiento de 5% para 2023.

Bibliografía

Banco Santander. China: Política y economía. Portal Santander Trade. En: https://santandertrade.com/es/portal

BBC News, “China and Taiwan: A really simple guide”. En: https://bbc.in/3IpJ0zk

Bloomberg News, “Todo lo que China está haciendo para impulsar su tambaleante economía”, 25 de agosto 2023. En: https://www.bloomberglinea.com/2023/08/25/todo-lo-que-china-esta-haciendo-para-impulsar-su-tambaleante-economia/

China´s National Bureau of Statistics, 2022.

CNN, “¿Por qué está en problemas la economía de China?” 22 de agosto, 2023. en: https://cnnespanol.cnn.com/2023/08/22/analisis-economia-china-problemas-esto-salio-mal-trax/

El País, “La economía china acelera y repunta un 4,5% en el primer trimestre”. En: https://bit.ly/3MbMWES

El País, “La economía china se desacelera en el segundo trimestre”. Bonet Bailén, Inma, 17 de julio 2023. En : https://elpais.com/economia/2023-07-17/la-economia-china-se-desacelera-en-el-segundo-trimestre.html

El País, “Xi Jinping hace historia en China al lograr su tercer mandato presidencial”. En: https://bit.ly/41RDZX7

El País, “El mediador chino pide en su visita a Kiev que Ucrania y Rusia creen “las condiciones” para negociar la paz”. En: https://bit.ly/42Otaqa

Global times, “China has willingness, capability to join CPTPP: senior trade oficial”. En: https://bit.ly/3IjPnnG

Gobierno Chino “China ampliará políticas fiscales preferenciales para el comercio exterior” 5 de septiembre de 2023. En: www.gov.cn

Heraldo, “¿Por qué debe preocuparnos la situación económica en China?”. En: https://www.heraldo.es/noticias/economia/2023/08/27/por-que-debe-preocuparnos-la-situacion-economica-de-china-1674069.html

International Monetary Fund, “World Economic Outlook – April 2023”. En: https://bit.ly/3WkRjlB

Morales Estay, Pablo. “Situación política y económica de China”, 18 de mayo 2023, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, programa Asia pacífico, número suplemento 138456.

Reuters, “China tomará medidas para impulsar la demanda y acelerar la transición ecológica”. En: Tianjin, China, 27 de junio (Reuters). En: https://es.investing.com/news/economic-indicators/china-tomara-medidas-para-impulsar-la-demanda-y-acelerar-la-transicion-ecologica-2415326

SCMP, “What is China’s dual circulation economic strategy and why is it important?”. En: http://bcn.cl/2z3qs

Xinhua (en español), “Xi afirma que China logra meta de construir sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos”. En: https://bit.ly/3MEcCeE

Política económica y género

Indicadores internacionales de las brechas de género

(por Lorenzo Escot Mangas y José Andrés Fernández Cornejo, Grupo de investigación en Análisis de Datos en Estudios Sociales, Género y Políticas de Igualdad <www.ucm.es/aedipi>, Universidad Complutense de Madrid)

La Economía de Género es aquella rama o especialidad de la Economía que se dedica al análisis de las desigualdades y las brechas entre varones y mujeres en diferentes ámbitos de la economía como son: el acceso a los recursos económicos, las oportunidades de empleo y la participación laboral, los salarios, la renta, la educación, la toma de decisiones económicas tanto en el poder político como empresarial, la pobreza, el bienestar económico, etc.

El análisis de las desigualdades de género puede abordarse desde diferentes enfoques o escuelas de pensamiento, desde las más ortodoxas hasta las corrientes más heterodoxas. Éste es un campo de investigación consolidado, pero no unificado. Además, cuando hablamos de economía de género nos movemos en ámbitos o campos bien conocidos como la Economía Laboral, la Demografía, la Educación, la Salud, la Familia y el reparto de tareas dentro del hogar, entre otros,

Uno de los objetivos de la economía de género es el de detectar situaciones de falta de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en cualquier esfera económica y promover la intervención mediante políticas específicas que ayuden a erradicar este fallo de equidad. Para ello, es necesario disponer de indicadores que evidencien la existencia de dichas situaciones y que además permitan profundizar en el análisis de los factores que se encuentran detrás de esas desigualdades de género

Encontrar pruebas o evidencia empírica de discriminación directa de género, es decir, diferencias de trato por el hecho de ser varón o mujer, no siempre es fácil e inmediato. Existen varias técnicas que intentan cuantificar la discriminación de género, por ejemplo, la descomposición de Oaxaca-Blinder (1973) para el análisis de la brecha salarial, o las metodologías experimentales para detectar la discriminación en la contratación laboral contra las mujeres (Lippens et al., 2021).

Dadas las dificultades para detectar discriminación directa, la mayoría de los estudios e indicadores se centran en encontrar diferencias en los resultados, diferencias en la participación entre hombres y mujeres (brechas de género) en diferentes ámbitos sociales. El Cuadro 1 recoge los indicadores estadísticos de género más ampliamente utilizados en la literatura

La utilización de estos indicadores de género para cuantificar brechas entre varones y mujeres permite obtener una medida del tamaño general y el alcance del problema de las desigualdades de género. Dichos índices deben ser fáciles de interpretar, utilizar una metodología clara en su construcción, y estimarse con el uso de datos obtenidos de manera rigurosa y homogénea cuando se quiere que sirvan de base para hacer comparaciones interregionales. Además, estos indicadores también deben tener una continuidad en el tiempo si se pretende evaluar la evolución y el logro de los objetivos de igualdad de género.

Existen diferentes ámbitos que pueden y deben estudiarse para cuantificar las brechas de género en una economía. En efecto, la desigualdad de género es un problema poliédrico o multifacético que requiere analizar las brechas de género en diferentes áreas de la sociedad en las que las mujeres han sido tradicionalmente objeto de discriminación. En este sentido, los indicadores de género deben reflejar de manera integral las diferencias de participación y las desigualdades en diferentes ámbitos sociales, como la participación laboral y la segregación ocupacional, los ingresos y la pobreza, la educación, la salud, las leyes de libertades civiles y las normas sociales, el empoderamiento político, la familia y la corresponsabilidad en el cuidado, la cultura o la violencia contra las mujeres.

Afortunadamente, prestigiosas instituciones internacionales publican regularmente indicadores de género rigurosamente construidos que reflejan de manera precisa y confiable las situaciones de desigualdad que sufren las mujeres en las diferentes regiones del mundo. Entre estos indicadores podemos encontrar, por ejemplo, el Índice Global de Brecha de Género (GGGI por sus siglas en inglés) publicado por el Foro Económico Mundial (que mide desde 2006 las brechas de género en el trabajo, la educación-salud y el empoderamiento político); el Índice de Género de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (SDGGI por sus siglas en inglés) elaborado por Equal Measures 2030 (que puntúa la dimensión de brechas de género para 14 de los 17 SDG); Los dos indicadores de género compuestos del Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Índice de Desarrollo de Género (IDG) (que mide las disparidades en el Índice de Desarrollo Humano -IDH- por género) y el Índice de Desigualdad de Género (GII) (que mide las brechas de género en salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral); el Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI) publicado por la OCDE (que mide la discriminación contra la mujer en las instituciones familiares, las libertades civiles, las normas sociales y los recursos productivos y financieros); o los indicadores de género de los SDG publicados por el Banco Mundial; o el Índice de Igualdad de Género de la Unión Europea. Los principales componentes de estos índices de género internacionales se muestran en el Cuadro 2.

Las diferencias entre los índices de cada institución se deben a diferencias en las dimensiones e indicadores explícitos utilizados en la construcción de cada uno de ellos. Todos estos índices, sin embargo, muestran una alta correlación entre ellos. De hecho, es posible construir un índice compuesto con todos ellos que resuma la situación media de la brecha de género en los diferentes países (Escot et. al 2023).

El Gráfico 1 y el Cuadro 3 muestran un índice compuesto global calculado como la media de GGGI, SDGGI, GII y SIGI. El índice compuesto se expresa como una relación o ratio Mujer/Varón, con un rango de 0 (una brecha de género muy alta) a 100 (igualdad de género)[1]. Este índice compuesto simple permite una comparación entre países, agrupándolos en buenos (>80), regulares (80-70), pobres (70-60) y muy pobres (<60) en términos de resultados de igualdad de género.

De los resultados obtenido se desprenden diferentes conclusiones. Por ejemplo, que pese a que existan países donde la situación de las mujeres sea especialmente preocupante (y que coinciden en general con aquellos países con un mayor atraso económico), las brechas de género son un fenómeno generalizado a nivel mundial: sólo un 17% de los países analizados tenían una brecha media Mujer/Varón inferior al 20%, y en ningún país (ni siquiera los nórdicos que son los que obtienen mejor resultado) presenta brechas inferiores al 90%. Estos indicadores pueden ayudar a dirigir las políticas de igualdad de género a nivel internacional, aunque sin duda resulta necesario no sólo medir brechas sino también profundizar en el conocimiento de las causas de estas desigualdades entre varones y mujeres, cuyo origen sin duda pueden variar de un país a otro.

Bibliografía

Blinder, A. (1973): “Wage discrimination: Reduced Form and structural estimates”, Journal of Human Resources, 8: 436-455.

Escot, L., Latorre M.C. y Fernández-Cornejo J.A. (2023). Tools and data for the analysis of gender policies: A review. Global Policy (1758-5880), Volume14, IssueS2, March 2023, pp 40-49 DOI: https://doi.org/10.1111/1758-5899.13175

Lippens, Louis; Vermeiren, Siel; Baert, Stijn (2021) The state of hiring discrimination: A meta-analysis of (almost) all recent correspondence experiments. GLO Discussion Paper, No. 972, Global Labor Organization (GLO), Essen

Oaxaca, R. (1973): «Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets,» International Economic Review, 14 (October): 693-709.

OECD Development Centre (2019) Global Report for the fourth edition of the Social Institutions and Gender Index (SIGI). https://www.genderindex.org/

United Nations (2021) Our Common Agenda – Report of the Secretary-General, New York.

United Nations Development Programme (2021) Human Develpment Reports. Gender Composite Indices https://hdr.undp.org/data-center/composite-indices

World Bank (2021) Gender Disaggregated Labor Database, available at https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038490

World Economic Forum (2022): Global Gender Gap Report. http://reports.weforum.org/globalgender-gap-report-2022

[1] Para la construcción de este índice se han utilizado datos de aquellos países para los que se disponía de datos en al menos uno de estos índices de género. Los datos faltantes se han imputado antes de hacer la media utilizando la información del resto de índices y aplicando un modelo de bosque aleatorio

Reseñas de libros

• Piketty, Thomas. (2021). Une brève histoire de l’égalité. ISBN 978-2-02-148597-4. 364 páginas. Seuil.[1]

(por Artur Colom Jaén, Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y Economía Mundial, Universidad de Barcelona)

 En este libro, el célebre economista francés expone de manera sintética y accesible las principales ideas que se encuentran en sus reconocidas obras previas, El capital en el siglo XXI (2013) y Capital e ideología (2019). En la introducción, Piketty mismo explica cómo el monumental tamaño de estos dos trabajos anteriores, cercanos a las mil páginas cada uno, disuadía a muchos de leerlos y participar en los debates propuestos sobre la evolución, las causas profundas y las consecuencias de la desigualdad, así como la forma de reducirla. Por lo tanto, hay que destacar en primer lugar el esfuerzo realizado para condensar toda la complejidad de su propuesta teórica y política en algo más de 350 páginas, sin perder rigor.

 Es importante recordar el contexto en el que se publicó El capital en el siglo XXI, poco después de la crisis financiera global de 2008-2009 y la Gran Recesión. Las respuestas ofrecidas por la economía convencional frente a la crisis resultaron profundamente insatisfactorias para muchos, tanto en el diagnóstico como en las medidas de política económica que se adoptaron. Esto fue especialmente cierto en Europa, donde las medidas de austeridad impulsadas desde la Unión Europea desencadenaron una crisis social sin precedentes, especialmente en el sur del continente, y casi llevaron al colapso de la unión monetaria. Surgió así una demanda creciente de enfoques alternativos que permitieran una comprensión distinta del funcionamiento de la economía. En estas circunstancias, el libro fue un éxito de ventas, algo ciertamente inusual para un trabajo académico, e incluso en 2019 se estrenó una adaptación cinematográfica de la misma en la que aparece Piketty.[2]

En El capital en el siglo XXI, Piketty desarrolla un sólido marco teórico respaldado por una extensa investigación empírica en base a largas series históricas. Su conclusión es que el capitalismo opera de tal manera que la tasa de retorno del capital supera la del crecimiento económico. De esta premisa surge la famosa expresión r>g, una suerte de ley de hierro del capitalismo. En ausencia de políticas públicas compensatorias o sucesos extremos como guerras, el funcionamiento natural del capitalismo conlleva un aumento de la desigualdad entre los propietarios del capital y el resto de la sociedad.

Aunque r>g es el fundamento del enfoque de Piketty sobre la desigualdad, esta expresión no aparece de modo explícito en el libro objeto de esta reseña. En su lugar, el autor adopta un enfoque menos técnico y más político. Basándose en algunos argumentos presentados en Capital e ideología, Piketty insiste en que la desigualdad no es una obra divina, sino que tiene fundamentos políticos e ideológicos. Por lo tanto, este orden político y económico construido socialmente puede ser alterado y, además, debe ser alterado por razones principalmente morales.[3] En este sentido, el enfoque más político que Piketty adopta en esta breve historia muestra un claro optimismo. El autor está convencido de que la acción ciudadana y las herramientas de política económica disponibles nos permitirían revertir el aumento de la desigualdad y avanzar hacia sociedades más justas. Desde esta perspectiva, el título del libro resulta revelador, ya que el autor prefiere abordar una «historia de la igualdad» en lugar de una historia de la «desigualdad».

El libro que nos ocupa está estructurado en 10 capítulos. Los dos primeros establecen las bases metodológicas de su análisis, incluyendo la elección de indicadores y la presentación de los diferentes conceptos de historia económica y economía política que va a usar. En los capítulos 3 y 4, Piketty aborda el legado del sistema esclavista y colonial, así como el debate sobre las posibles indemnizaciones que podrían derivarse de él. Uno de los puntos destacables de este libro es la ampliación de su enfoque histórico de las desigualdades, habitualmente aplicado a los países occidentales, a la realidad de los países en desarrollo, alineándose con las tesis clásicas estructuralistas del Centro-Periferia y los Sistemas-mundo. Para hacerlo, el autor se remonta hasta el período esclavista y examina sus efectos, abriendo así el debate sobre el pago de reparaciones económicas que Francia y otras economías colonialistas deberían afrontar.[4] Tomando como ejemplo el caso de Haití, cuyo gobierno tuvo que indemnizar a Francia tras su independencia en 1804, Piketty afirma que «Durante más de un siglo, desde 1825 hasta 1950, el precio que Francia quiso que pagara Haití por su libertad tuvo como consecuencia que el desarrollo de la isla estuviera determinado por la cuestión de la indemnización» (p. 111, traducción propia).

En los capítulos 5, 6 y 7, el autor analiza con una mirada histórica los acontecimientos y las políticas del siglo XX que contribuyeron a la reducción de la desigualdad entre 1914 y 1980, especialmente en Europa occidental, y cómo posteriormente, entre 1980 y 2020, la tendencia se ha invertido. La perspectiva de longue durée adoptada por Piketty en sus trabajos le permite argumentar que, si las sociedades occidentales han logrado transitar de un orden feudal a un orden burgués menos opresivo para la mayoría y construir estados de bienestar fuertes en el siglo XX, existen razones para creer que el aumento de la desigualdad observado dentro de los países desde la década de 1980 puede ser revertido. No obstante, el propio autor admite que esto no es una tarea sencilla. La facilidad con la que hoy día la extrema riqueza evita el pago de impuestos en un mundo globalizado, junto con la incapacidad de la socialdemocracia para proponer una alternativa política sólida y atractiva, son dos de los principales obstáculos a los que se enfrentan las propuestas de Piketty para reducir las desigualdades.

En los últimos tres capítulos (8, 9 y 10, e incluso la última parte del 7), Piketty presenta su plan de acción más político para revertir el crecimiento de las desigualdades, con especial énfasis en la capacidad de los sistemas fiscales para hacerlo. En estos capítulos, además, aborda las desigualdades derivadas del acceso desigual al sistema educativo, del racismo y del neocolonialismo, y en el último capítulo aboga por un nuevo socialismo democrático, ecológico, mestizo y cosmopolita.

A pesar de las críticas metodológicas que se le puedan hacer a las tesis de Piketty, como su forma de cuantificar el capital, su contribución a devolver el estudio de la desigualdad al centro de las preocupaciones de la economía en la última década es innegable. El enfoque de Piketty abandona la superficialidad del análisis neoclásico, en el que las dotaciones de factores vienen dadas, y se adentra en las profundidades de la economía política. Es decir, su análisis no se limita a determinar cuantitativamente la extensión de la desigualdad, sino que busca desentrañar sus orígenes. Para ello, Piketty se vale de un aparato conceptual que, de hecho, ya existe en la economía política clásica del siglo XVIII: la dialéctica entre Capital y Trabajo. Además, sus aportaciones también pueden ser interpretadas desde una óptica de historia económica, llegando a la conclusión de que las desigualdades no dependen únicamente de la coyuntura o del pasado más inmediato, sino que existen poderosas razones para pensar que la riqueza (y la pobreza) se transmiten de generación en generación, consolidando una realidad persistente de clases sociales que está ausente en el enfoque neoclásico. De ahí que sus propuestas de política económica no se limitan a la redistribución, sino que también alcanzan la predistribución, como su idea de una herencia universal (p. 230-39).[5]

Desde la perspectiva de la práctica docente, este libro ofrece diversas oportunidades para su utilización. En primer lugar, los capítulos son relativamente breves y, aunque no son completamente autocontenidos, se pueden abordar como unidades individuales o textos cortos que pueden emplearse en clase para preparar presentaciones magistrales o como material complementario para los alumnos. En segundo lugar, como libro de lectura obligatoria o complementaria para estudiantes de grado y posgrado, permite abrir numerosos debates sobre historia económica, conceptualización de la desigualdad, economía política, el mito de la meritocracia e incluso sobre los orígenes coloniales del subdesarrollo. Si bien reconocemos que puede parecer utópico esperar que un estudiante medio de grado pueda leerse un libro de 350 páginas, incluso si se promociona como «breve» en el título, permitan que este modesto revisor exprese sus fantasías más íntimas. En tercer lugar, la calidad de los numerosos gráficos presentes en el libro (41 en total) facilita su uso en clase como ejemplos metodológicos sobre tratamiento de datos y construcción de grafismos, así como para fomentar el aprendizaje de la interpretación de datos y gráficos, habilidades que en general nuestros estudiantes de grado no poseen en abundancia. Cabe destacar que cada gráfico viene acompañado de una explicación concisa pero exhaustiva, al estilo de las que encontramos en los informes del World Inequality Lab.[6] Además, los datos utilizados se hallan agrupados en formato Excel en diferentes archivos en una página web de acceso libre (https://piketty.pse.ens.fr/egalite). Este recurso resulta especialmente valioso para la enseñanza en el ámbito de posgrado. En un mundo caracterizado por las fake news y el anticientificismo conspirativo, es importante transmitir que hay que ser serio y responsable con los datos que se manejan.

En suma, para aquellos que no estén familiarizados con el influyente pensamiento de Piketty, este libro proporciona una manera excelente de adentrarse en sus ideas.

[1] El libro cuenta con traducciones al castellano y al catalán:

Piketty, Thomas. (2021). Una breve historia de la igualdad. Deusto.

Piketty, Thomas. (2021). Una breu història de la igualtat. Edicions 62.

[2] Capital in the 21st Century. Más información en https://www.imdb.com/title/tt5723056/

[3] De este libro se ha hecho una versión en cómic, de momento únicamente con traducciones al alemán y al italiano. Alet, C. et Adam, B. (2022). Capital et idéologie en bande dessinée. Seuil.

[4] En febrero de 2023 la televisión pública catalana (TV3) emitió un serio documental de producción propia sobre el origen esclavista de muchas fortunas de familias catalanas que levantó mucha polvareda. Esto dejó en evidencia que a pesar del tiempo transcurrido continúan siendo cuestiones relevantes. Negrers. La Catalunya esclavista. https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/negrers-la-catalunya-esclavista/video/6203403/

[5] En el número 40 de Noticias de Política Económica se puede leer un interesante debate, entre Alberto Tena y Juan Torres sobre la propuesta de herencia universal que la coalición SUMA lleva en su programa económico para las elecciones generales de julio de 2023, y en el que hay inevitables alusiones a Piketty: https://newspoleco.blogs.uv.es/2023/07/03/numero-40-12/

[6] El World Inequality Lab es un centro de investigación afiliado a la Paris School of Economics y a la Universidad de Berkeley, dirigido por el propio Thomas Piketty junto con Emmanuel Sáez, Gabriel Zucman y Lucas Chancel. En su página web (inequalitylab.world) se publican regularmente informes sobre desigualdad global y justicia climática entre otros temas.

versión pdf

XVI Jornadas Internacionales de Política Económica. “Decisiones de Política Económica en momentos de incertidumbre”

La Laguna (Tenerife), 25-26 de Mayo de 2023. (Resumen)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos –Política Económica-, Universidad de La Laguna (España)

Los días 25 y 26 de mayo de 2023 se celebraron las XVI Jornadas Internacionales de Política Económica en el antiguo Convento de Santo Domingo de La Laguna (Tenerife), organizadas por el Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna.

Unas jornadas que se plantearon como un punto de encuentro para reflexionar y debatir acerca de “Las decisiones de Política Económica en momentos de incertidumbre”, con la finalidad de realizar aportaciones en una etapa en la que la incertidumbre rodea las decisiones que deben afrontar los responsables de la política económica en los próximos años. El interés de este evento se orientó hacia el estudio de las políticas instrumentales, económicas sectoriales y los nuevos objetivos que van surgiendo a partir de los problemas que el contexto cambiante internacional está marcando.

Este encuentro científico se estructuró en varios bloques de contenido relacionados con el papel de la Unión Europea en el proceso de toma de decisiones de política económica, las medidas en esta materia para la gestión de la crisis de la COVID-19, las políticas económicas medioambientales y la crisis energética y el papel del sector público, entre otros.

También se abordaron las políticas económicas del sector financiero, de investigación y desarrollo, e igualmente se realizaron sesiones sobre responsabilidad social y emprendimiento. En este encuentro también se destinó un espacio para las políticas de descentralización fiscal y administrativa, la educativa y laboral, la regulación de precios frente a la inflación y los desequilibrios del mercado, y la innovación en la docencia en política económica.

Las Jornadas contaron con dos grandes conferencias: la de inauguración, dictada por Mª del Pilar Grau Carles, catedrática de Política Económica de la Universidad Complutense de Madrid, con el título “Desdibujando fronteras: el papel de la multidisciplinariedad en la comprensión de la incertidumbre en la política económica”; y, la de clausura, por Antón Costas Comesaña, presidente del Consejo Económico y Social de España, consejero de Estado y catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, quién disertó sobre “A quién deben hablar los economistas cuando proponen políticas, al poder o a la sociedad”.

Además, se llevaron a cabo dos mesas redondas. Una sobre “La docencia de la Política Económica”, coordinada por Antonio Sánchez Andrés, profesor titular de la Universidad de Valencia. Y la otra sobre “El retorno a la Economía Política”, con las intervenciones de Juan Ramón Cuadrado Roura, catedrático emérito de la Universidad de Alcalá de Henares, y de Xosé Carlos Arias Moreira, catedrático de la Universidad de Vigo.

Se debe señalar que las XVI Jornadas Internacionales de Política Económica tuvieron una buena acogida, con la participación de 75 inscritos y la presentación de 52 comunicaciones, lo que denota el interés que despertó la temática abordada y la calidad de los ponentes participantes.

Estas Jornadas culminaron con la presentación de las propuestas de celebración del Taller de Política Económica el próximo año 2024 en la Universidad de Granada, y de las XVII Jornadas Internacionales de Política Económica en la Universidad de Sevilla para el año 2025.

Información sobre las Jornadas: https://eventos.ull.es/xvi-jornadas-internacionales-de-politica-economica/comite-organizador

Encuentro Bilateral de Política Económica

Alicante, 12 de Septiembre de 2023

Organiza: Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, Universidad de AlicanteEspaña)

Los Encuentros Bilaterales de Política Económica aspiran a acercar la investigación y la docencia entre distintas Universidades. Este tipo de eventos pretende constituirse en un foro en el que se intercambien experiencias, trabajos y similares entre profesorado de distintas Universidades, no sólo con el objetivo de hacer fluir la información, sino como mecanismo para estimular la generación de colaboraciones diversas.

Esta experiencia-piloto se inicia con el Encuentro organizado por las correspondientes secciones de Política Económica de las Universidades de Alicante y de Valencia. El Encuentro tendrá lugar en el Departamento de Economía Aplicada y Política Económica de la Universidad de Alicante el 12 de septiembre de 2023. Se organizará en forma de dos franjas expositivas (mañana y tarde) donde distintos miembros de ambas Universidades expondrán contenidos de trabajo recientes, líneas de investigación en curso o en perspectiva, así como experiencias docentes. De esta manera, se espera encontrar puntos comunes para entablar futuras colaboraciones.

En el futuro, se pretende repetir esta experiencia entre profesorado de estas Universidades con otras. Asimismo, se abre la puerta a que otras Universidades puedan seguir el camino de este experimento donde se puedan acercar las actividades interuniversitarias entre profesorado interesado en Política Económica.

Máster de Política Económica y Economía Pública

Máster de Política Económica y Economía Pública. (Organiza: Departamento de Economía Aplicada, Facultad de Economía, Universidad de Valencia

(abierto periodo de inscripción: desde el 20 de julio hasta el 4 de septiembre)

Este es un Máster dirigido a satisfacer la demanda de profesionales cualificados en el ámbito de la intervención pública (como analista político-económico), que es requerida por diversas entidades como: organismos internacionales, instituciones europeas, administración central y autonómica, ayuntamientos y diputaciones, organismos autónomos, centros de investigación, consultoras, servicios de estudios de grandes empresas y bancos, organizaciones sociales, sindicales y empresariales, ONGs, etc.

Este Máster ofrece un programa avanzado para la formación de especialistas de alto nivel en política económica y economía pública capaces de interpretar las posibilidades y consecuencias de la intervención del Estado en la economía. En su contenido se incorpora una perspectiva interdisciplinar, al integrar las dimensiones económica, política y social en el análisis de los desafíos económicos actuales, y también de política internacional al conceder relevancia al proceso de globalización actual.

Cuenta con una orientación académica-investigadora, y también orientación profesional, por lo que resulta de interés para estudiantes que desean realizar una actividad investigadora profesional o carrera académica, o quienes desean trabajar en los ámbitos político-económicos públicos, privados y mixtos.

Las líneas de investigación son variadas y derivadas del trabajo desarrollado por personal doctor propio que mantiene conexiones relevantes con grupos de investigación nacionales e internacionales. Algunas de esas líneas de investigación son: Economía constitucional, Economía ecológica y desarrollo sostenible, Economía de la Unión Europea, Hacienda pública y economía del sector público, Desarrollo local, Política industrial y de innovación tecnológica, Política de desarrollo turístico, Economía, trabajo y territorio, Economía institucional y regulaciones públicas, Dinámica productiva y políticas sectoriales, Economía y política laboral, Globalización y política económica, Desarrollo y políticas de cooperación, Estado del Bienestar y políticas redistributivas, pobreza y desigualdad, Economía de la seguridad económica, economía de la educación, o Economía de la salud, etc.

Además de la formación, se desarrollan seminarios y reuniones con otros perfiles de profesionales y con profesores externos para ampliar el ámbito de conocimiento en las múltiples políticas públicas posibles, y de este modo ayudar a mantener el perfil del estudiante actualizado según los requisitos del ámbito profesional. A través de los mismos se ha ofrecido información sobre ámbitos como el Banco Central Europeo, Evaluación de políticas públicas, Lobbies en Bruselas, Desigualdad y política monetaria, Políticas Económicas no convencionales, Derechos Humanos, Políticas de empleo europeas, Evaluación políticas de defensa, Retos del cambio climático, Tarifas eléctricas en España, Aplicación reglas fiscales en Ayuntamientos, y Privatizaciones en España, etc.

Para la obtención del título del Máster en Política Económica y Economía Pública cada estudiante debe superar un total de 60 créditos, repartidos en 15 créditos obligatorios, y 33 créditos optativos.

• Director Máster: Carlos Ochando Claramunt <Carlos.Ochando@uv.es>
• Información:

https://www.uv.es/uvweb/master-politica-economica-economia-publica/es/master-universitario-politica-economica-economia-publica-1285906412842.html.

• Información sobre inscripciones:

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/preinscripcion-/-admision/instrucciones-1285846650865.html

Manuales de Política Económica: Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos

Cuadrado Roura, Juan R. (dir.) (2023): Política Económica: Elaboración, Objetivos E Instrumentos. Mc Graw Hill, Madrid (7º Edición) (ISBN: 978-84-486-3624-1; pp.412).

Los dos aspectos más relevantes de la nueva séptima edición del libro se resumen como sigue. Primero, como resulta lógico, en una actualización de su contenido en la que se ha recogido, por un lado, los acontecimientos más recientes que han sucedido desde la edición previa; por otro, la incorporación donde procedía de algunas aportaciones recientes en el ámbito macroeconómico. En segundo lugar, la incorporación de tres nuevos autores a la revisión teórica y aplicada del libro en las diversas realidades del panorama internacional, con la pretensión última de enriquecer el contenido de la obra.

El propósito de esta nueva edición continúa siendo su utilidad como un texto básico de Política Económica en los grados de Economía, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Políticas, Turismo y Sociología, así como en las Escuelas de Ingeniería y en todos aquellos programas académicos que incluyan asignaturas dedicadas al análisis de los problemas y orientaciones de la política económica y de su implementación.

El libro tiene también un objetivo adicional: servir a los profesionales que trabajan en las administraciones públicas, empresas y otras instituciones donde resulta imprescindible un conocimiento riguroso de la realidad económica actual y, en particular, de la evaluación de las políticas aplicadas. De hecho, esta obra ha resultado, desde su primera edición, un elemento de ayuda muy importante para la preparación de los temarios oficiales de un buen número de oposiciones del conjunto de las administraciones públicas, tanto nacionales como regionales.

En relación con su contenido, la obra responde a su propio título. Es decir, existen tres bloques fundamentales que se desagregan en catorce capítulos. El primer bloque se dedica a algunas cuestiones metodológicas y conceptuales básicas en los tres primeros capítulos, para entrar en el siguiente en la elaboración de la política económica: agentes intervinientes, fases y problemas. Este cuarto capítulo se cierra con un tratamiento sintético de un tema que algunos autores consideran fuera de la economía, pero por el que se interesan los economistas cada vez más, complementándolo que desde otros campos como la sociología o la politología venían tratando desde mucho antes: la interdependencia entre política y economía, cuestión clave para entender mejor la intervención pública de los gobiernos en la economía.

El segundo bloque trata del análisis de los denominados objetivos básicos de la política económica: empleo, estabilidad de precios y crecimiento económicos, al que se le añade el tratamiento de otros objetivos relevantes en las economías de mercado como la redistribución de la renta y el bienestar económico. Estos temas se plantean como cuestiones claves para cada uno de dichos objetivos de su concepto, cuantificación, tratamiento en la literatura económica y políticas a aplicar.

Finalmente, el último bloque del libro está dedicado al tratamiento del funcionamiento de las dos políticas macroeconómicas más relevantes, la monetaria y la fiscal y mixta; primero en el ámbito de una economía cerrada, para pasar después a su análisis en el marco de una economía abierta. Las políticas microeconómicas, una cuestión que muchas veces no se recoge en los manuales al uso, tienen un tratamiento detallado en los dos capítulos que cierran la obra poniendo en relevancia la gran importancia que este tipo de actuaciones están tomando en el funcionamiento de la política económica de las principales economías de mercado.

Manuales de Política Económica: Política Económica de España. Lecciones

Casares Ripol, Javier y San Martin González, Enrique (directores) (2023): Política económica española. Lecciones. Civitas, Madrid (ISBN: 978-84-1125-659-9; pp.400).

El manual Política económica española. Lecciones es un humilde heredero del famoso manual Política Económica de España del profesor Luis Gámir, que alcanzó nueve ediciones entre 1972 y 2013. En la 8ª y 9ª edición los profesores Casares y Velasco ayudaron al profesor Gámir a coordinar su publicación y, tras su fallecimiento en 2017, retomaron su labor, publicando la primera edición de este manual en 2019. En mayo de 2023 se acaba de publicar la segunda edición que actualiza el anterior incluyendo, por tanto, el convulso período que va desde la pandemia del COVID-19 en 2020 a la invasión rusa de Ucrania en 2022.

En el manual participan 18 autores, la mayoría de ellos profesores universitarios de Política Económica/Economía Aplicada, pero también incluyendo profesionales de otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los docentes que escriben el manual pertenecen a siete universidades distintas, todas ellas públicas: Alcalá de Henares, Castilla-La Mancha, Complutense, Coruña, Málaga, Rey Juan Carlos y UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

Las principales novedades de esta segunda edición son la inclusión de un tema de gobernanza pública, que acompaña al capítulo sobre corrupción que fue la principal novedad de la edición anterior, así como la inclusión de las políticas de género en el marco de las políticas laborales.

El manual se estructura en tres grandes bloques: i) introducción, ii) políticas de objetivos e instrumentos y iii) políticas transversales y sectoriales. En la introducción, además de la corrupción y la gobernanza ya mencionadas, se incluye un capítulo sobre el marco internacional y europeo de la política económica. En la segunda parte del manual, que trata las políticas de objetivos e instrumentos, se incluyen las tradicionales, pero imprescindibles, políticas monetaria y fiscal junto con competencia, comercio exterior y la también mencionada de género y laboral. Por último, en la tercera parte se tratan, dentro de las políticas transversales, la regional, la medioambiental y la turística, mientras que entre las políticas sectoriales, el manual recoge la industrial, la de infraestructuras de transporte y vivienda, la de comercio interior y la educativa.

Índice

Primera parte. Introducción

• Tema 1. Algunas ideas sobre el marco económico y social de la política económica en España. Javier Casares Ripol (UCM)
• Tema 2. La gobernanza pública desde una perspectiva de política económica. Juan Diego Paredes Gázquez y Carlos Velasco Murviedro (UNED)
• Tema 3. El marco internacional y europeo de la política económica. Pablo Moreno García (FMI)

Segunda parte. Políticas de objetivos e instrumentos

• Tema 4. Políticas de igualdad de género y laborales. Cristina Castellanos Serrano (UNED)
• Tema 5. Política de competencia. José María Marín Quemada, Javier García Verdugo y Ana Viejo González (UNED y CNMC)
• Tema 6. Política monetaria y financiera. Salvador Pérez Moreno (UMA) y Pablo Castellanos García (UDC)
• Tema 7. Política fiscal. Miguel Cuerdo Mir (URJC)
• Tema 8. Política comercial: de la liberalización a la autonomía estratégica. Gonzalo Escribano Francés y Juan Diego Paredes Gázquez (UNED)

Tercera parte. Políticas transversales y sectoriales

• Tema 9. Política regional. Tomás Mancha Navarro y Rubén Garrido Yserte (UAH)
• Tema 10. Política medioambiental, del agua y agraria. Enrique San Martín González (UNED)
• Tema 11. Política industrial, tecnológica y energética. Pedro Durá Juez y Victor J. Martín Cerdeño (UCM)
• Tema 12. Política de infraestructuras y vivienda. Víctor J. Martín Cerdeño (UCM)
• Tema 13. Política de comercio interior. Javier Casares Ripol (UCM) y Evangelina Aranda Garcia (UCLM)
• Tema 14. Política turística. Enrique San Martín González y Juan Diego Paredes Gázquez (UNED)
• Tema 15. Política de educación. Javier Casares Ripol (UCM) y Evangelina Aranda Garcia (UCLM)

Anuario de Política Económica: Política Económica 2021

Barac, Maja y Rohr, Margarita (coord.) (2023): Política Económica 2021. Tirant lo Blanch, Valencia (ISBN: 978-84-1169-096-6; pp.155)

Este libro constituye la séptima entrega del anuario Política Económica. Está consignado a recopilar y exponer de forma concisa y estructurada los principales y más recientes acontecimientos socio-económicos, así como las resoluciones institucionales adoptados ante los retos afrontados.

El anuario se compone de una primera parte con análisis de país desde un enfoque internacional. Todos estos estudios de política económica comparada reflejan los principales indicadores macroeconómicos de los países, el contexto socioeconómico e institucional de las actuaciones de política económica, así como los resultados y el grado de alcance de las políticas y de las medidas efectivamente aplicadas. La homogeneidad que se consigue en la estructura expositiva de los capítulos de esta primera parte del anuario permite comparar diversas experiencias nacionales de política económica, además de conducir a extrapolar conclusiones de mayor envergadura. En esta séptima edición se recogen distintos bloques de países, tanto en sentido económico como geográfico. Así, las economías desarrolladas están representadas por los Estados Unidos y Corea del Sur. Mientras que China, Brasil y Sudáfrica ilustran a los países emergentes, que además son miembros de los BRICS. La representación latinoamericana se recoge en los análisis de Colombia, Ecuador y México. Finalmente, se estudia el caso de Botsuana como uno de los países africanos con mejores perspectivas económicas del continente africano.

La segunda parte del anuario incluye dos capítulos en los que se analizan aspectos particulares de política económica. En primer lugar, el trabajo de los profesores Alexander Stepanov y Arina Andreeva del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, trata la reestructuración de la industria de defensa de China y su nuevo modelo de crecimiento. En segundo lugar, el grupo de autores constituido por Margarita Rohr de la Universidad de Valencia, Michail Tolmachev y Alexander Tzypin de la Universidad Financiera bajo del Gobierno de la Federación Rusa abordan las transformaciones de carácter estructural derivadas de la pandemia sanitaria sufrida en el año 2020 en las economías de los países iberoamericanos.

Finalmente, cabe señalar que la mayoría de los trabajos que forman parte de este anuario fueron expuestos, en su primera versión, en el Encuentro de Política Económica en el ámbito internacional y estudios de caso por países, que se celebró en Valencia el 18 de noviembre de 2021 y fue patrocinado tanto por la Facultad de Economía como por el Departamento de Economía Aplicada, ambos pertenecientes a la Universidad de Valencia.

Monográfico sobre Política Económica

Acaba de salir publicado un número (vol.1, nº14 – 2023) de la revista Atlántida. Revista Canaria de Ciencias Sociales (Universidad de La Laguna), que constituye un monográfico sobre Teoría de la Política Económica, que lleva el título “Reflexiones sobre el papel de la política económica en tiempos de incertidumbre”. Los artículos se pueden consultar en abierto en la dirección:

https://www.ull.es/revistas/index.php/atlantida

Los artículos concretos sobre Política Económica son:

• Presentación: Reflexiones sobre el papel de la política económica en tiempos de incertidumbre (Olga González Morales, Lilia C. Alonso Gutiérrez)
• Para una política económica democrática (Antón Costas)
• Incertidumbre knightiana y reconstrucción de la política económica (Xosé Carlos Arias)
• La política económica y la incertidumbre: notas para un programa de investigación (José Antonio Álvarez)
• Reflexiones para una teoría de la política económica (Antonio Sánchez Andrés)
• Política económica y nuevos riesgos económicos y sociales: una propuesta con dos pilares (Carlos Ochando Claramunt)
• Cambios en los objetivos y en los instrumentos de la política económica en contextos de crisis e incertidumbre: especial énfasis en el impacto de las criptomonedas sobre la estabilidad monetaria y financiera. (Antonio Calvo Bernardino, Jesús Paúl Gutiérrez)

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red. Durante el último trimestre se han publicitado varios artículos relacionados con política presupuestaria de la UE y política monetaria, así como sobre política industrial teniendo un artículo relación con aspectos de defensa. Asimismo, ha destacado un par de artículos sobre política regional y territorial, así como otro vinculado a aspectos con el polémico ChatGPT.

Fundamentos de Política Económica

¿Vuelve la planificación como instrumento de la política económica?

(por Dr. Fernando G. Jaén Coll. Profesor Titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña)

No es pregunta baladí cuando el gran economista francés, Jacques Sapir, ha publicado un libro para reflexionar y aportar informaciones que permiten afrontar el debate sobre el papel que puede jugar la planificación como herramienta de la política económica. En su reciente libro, Le grand retour de la planification? (Editor: Jean-Cyrille Godefroy, 2022 Colección Le Cercle Aristote), nos brinda la reflexión general y una selección de experiencias nacionales: India, Japón y Francia, además de señalar las limitaciones que impone el sustrato neoliberal de la Unión Europea.

El lector español, puede echar en falta el tratamiento de la experiencia española, relevante tanto por lo realizado a través de los Planes de Desarrollo durante la etapa abierta tras el Plan de Estabilización hasta los años postreros del general Franco, como por su reconocimiento en el marco de la Constitución española de 1978, expresada de consuno con la libertad de empresa en el artículo 38, dentro de la Sección 2.ª De los Derechos y deberes de los ciudadanos: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación” (resaltado por mí en cursiva). Y más concretamente desarrollado en el Título VII. Economía y hacienda, en su artículo 131: “1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.” Por otra parte, recientemente, el profesor Antonio Sánchez Andrés, del Departamento de Economía Aplicada-Política Económica (Universidad de Valencia), ha puesto de relieve la necesaria recuperación de la planificación como instrumento coordinador de la política económica, en su artículo La planificación en la política económica del siglo XXI, esbozo de una alternativa viable[1].

Cuando se habla de planificación, lo primero que viene a la cabeza son los planes quinquenales soviéticos[2], y también la llamada planificación indicativa, pero es preciso tomar en consideración otra clase de planificación, la de las grandes empresas y su interrelación con el poder público. Entonces resulta inevitable seguir el planteamiento que plasmó en un libro el profesor John Kenneth Galbraith, que deriva del análisis del sistema económico real configurado a partir de la II Guerra Mundial y que llega al presente con plena validez: la división del sistema económico en dos subsistemas, uno de planificación y otro de mercado. En el primero, se da la simbiosis de intereses entre el sector público y las grandes empresas del sector privado de la economía, cuyas enormes inversiones no pueden dejarse al albur de los acontecimientos inesperados, de ahí surgen la necesidad de planificar y la de “conducir” al consumidor hacia los productos que se ha decidido producir. Es un tipo de planificación a medio y largo plazo (cuando contempla, por ejemplo, el cambio tecnológico); es una planificación no centralizada, pero sí orientada por el sector público o con el consenso de éste. No nos adentremos más en este tipo de planificación, recomendando al lector interesado la obra de John Kenneth Galbraith que recoge su análisis completo del sistema económico, La economía y el objetivo público[3], que nos parece el enfoque más adecuado para la comprensión del sistema económico.

Jacques Sapir no hace el distingo que subrayó en su día el economista sueco Gunnar Myrdal, no sólo entre planificación soviética y no soviética, sino también entre la propia de los países ricos (u “occidentales”) y la de países pobres (subdesarrollados, que para él equivalían entrambas palabras), admitiendo una clase media de países; de manera que a los primeros correspondían los países de América del Norte, Australasia y la Europa noroccidental y central; admitiendo entre los de clase media algunos de América Latina, Japón e Israel y los de Europa meridional no claramente subdesarrollados. El resto, eran los pobres o subdesarrollados. Admitiendo, eso sí, una gradación estadística entre ricos y pobres. Planificación soviética, no soviética de países ricos y no soviética de países pobres, “Las tres órbitas tienen tipos de planificación completamente diferente. Cada una de ellas, decía en 1958, se desarrolla ahora en un ambiente histórico, material, cultural, ideológico, institucional y político diferente.” [4]

La pretensión de Jacques Sapir está relacionada con el presente, como queda reflejado en el título con la expresión “gran retorno”, aunque sin que debamos olvidar el signo de puntuación, la interrogante, a modo de duda por confirmar. Su perspectiva es francesa y sitúa claramente el retorno de la planificación a la palestra (que no es lo mismo que a la acción) por el acto político-administrativo de Macron, en septiembres de 2020, resucitando un Alto Comisariado del Plan. Si bien la justificación objetiva se fundamentaría en la epidemia del Covid-19 y la transición ecológica con motivo de que el mercado no puede resolver (al decir de Nicholas Stern en un informe de 2006 sobre el cambio climático), y de ahí que la planificación sea objeto de interés en los últimos años.

La planificación a la que se refiere, queda explicitada en un párrafo definitorio: “entendida en el sentido de la planificación llamada «indicativa» o planificación descentralizada, dicho de otra manera, la de las economías capitalistas [que] es un mecanismo que permite concentrar los medios existentes hacia ciertos objetivos y actividades que no parecen suficientemente beneficiosas a corto plazo para interesar al mercado. En estas situaciones, la intervención del Estado permite superar los fracasos del mercado, y esta intervención es tanto más eficaz cuanto ella se inscribe en una planificación general.” (p. 14. La traducción es mía). En este párrafo es preciso distinguir el último punto y seguido, pues encierra un juicio de valor controvertido sobre el papel del Estado como elemento superador de las deficiencias o fracasos del mercado; e implícitamente que la centralización de las decisiones resulta posible y mejor que las decisiones descentralizadas del mercado, que hacen inevitable referirse a la escuela Austriaca de economía, en la persona de Ludwig von Mises, autor al que menciona en la página 48 en el contexto del debate sobre la planificación en los años 1920 – 1930, junto a von Hayek y Oscar Lange.

Más allá de lo dicho por Sapir, voy a señalar que Ludwig von Mises, además de haber formulado lo que calificó de teorema de la imposibilidad del socialismo, se refiere a la planificación en su libro La acción humana. Tratado de Economía[5] en tres páginas: en la primera, distingue entre el sistema de economía de mercado y el “de cooperación social bajo un régimen de división del trabajo en el que la propiedad de los medios de producción pertenece a la sociedad o al estado. Este segundo sistema suele denominarse socialismo, comunismo, economía planificada o capitalismo de estado.” (p. 314) Tajantemente no admite la economía mixta de ambos sistemas: “la producción o la dirige el mercado o es ordenada por los mandos del órgano dictatorial, ya sea unipersonal o colegiado.” (p. 314); en la segunda, sostiene que “Los defensores de una economía planificada no han comprendido que el problema está en anticipar las necesidades futuras, que pueden ser muy distintas de las actuales, y en emplear los factores de producción disponibles en la forma más conveniente para la mejor satisfacción posible de las inciertas necesidades futuras.” (p. 796), achaque inapropiado, pues si algo se plantea la planificación es precisamente qué habrá que producir; finalmente y más relevante, es que destaca que no se trata de elegir “entre inerte mecanismo, de un lado, y sabia organización, de otro; entre la presencia o ausencia de un plan. La cuestión es: ¿Quién planifica? ¿Debe cada miembro de la sociedad hacer sus propios planes o debe planificar para todos un gobierno benevolente?” (p. 861) En ello estriba el busilis, y, de la respuesta y de su por qué, derivará la justificación de dejar que el individuo, con sus planes personales y a través del mercado, decida, o que lo haga un ente social por encima de los planes individuales, pudiendo plantearse incluso un plan mundial. En su libro, Gobierno omnipotente [en nombre del Estado][6], intitula el capítulo 11 “Las ilusiones de la planificación mundial”, centrándose en ella por ser entonces la que se planteaba singularmente a la salida de la IIGM, subrayando la inutilidad de la planificación para los fines que se le atribuían, partiendo de la base de que “quienes denigran la producción anárquica y propugnan la economía planificada desean eliminar los planes de todos los demás”, por lo que “la planificación no significa, pues, preparación para cooperar pacíficamente. Significa conflicto.” (p. 346) Cuestiona la justificación de los planificadores, que “describen a veces sus propuestas como medidas para combatir la pobreza y la indigencia. Pero esta descripción es ambigua. Todas las medidas económicas se conciben como remedio a la pobreza. También el laissez faire es un método para abolirla” (p. 351) Defiende que “No está en manos de los gobiernos el aumentar la oferta de un artículo sin restringir correlativamente la de otros requeridos con más urgencia por los consumidores.” (p. 352. La cursiva es suya) Y no sirve tampoco para bajar los precios inflacionarios, pues “la autoridad sólo puede reducir el precio de un artículo subiendo los precios de otros” (p.352), por lo que “Ninguna planificación –sea nacional, sea internacional—puede dar lugar a un descenso general de los precios reales ni aliviar las quejas de aquellos para quienes los precios son demasiado altos.” (p. 353)

El libro de Jacques Sapir, organizado en una introducción y cinco capítulos, parte de la aceptación de la planificación como instrumento de política económica, a la que corresponden instrumentos particulares y unas circunstancias históricas que la impusieron en su día: la guerra y su victoria, la defensa de la soberanía consiguiente y la reestructuración de un país tras la guerra. Una reflexión actual lleva a establecer una lista posibilitadora en el presente; así: 1) la puesta en cuestión del dominio financiero y la crisis de 2008-2010; 2) el proceso de desglobalización; 3) la vigencia de la transición energética; 4) el retorno del papel del Estado como consecuencia de la pandemia de Covid-19; 5) el retorno a la palestra de la cuestión de la soberanía nacional, y 6), en el caso de Francia (extensible a otros países), la perspectiva de una necesaria reindustrialización.

Aunque intentemos evitar vertebrar con el caso francés la exposición de la planificación indicativa en los países capitalistas, Sapir no puede dejar de hacerlo, pues su referente más directo, y menciona a su director de tesis doctoral, Charles Bettelheim, a Edmond Malinvaud y a François Perroux, a cuál de ellos de mayor relevancia entre los economistas franceses. Además del inevitable protagonismo en los orígenes de la planificación francesa de Pierre Mendès-France, Pierre Massé y Jean Monnet. Sapir nos recuerda que los antecedentes de la planificación que hemos conocido tras la II GM se encuentran en la experiencia planificadora de la I GM, que dio luz a la planificación soviética (recordemos que hasta 1921 no se crearía el GOSPLAN en la URSS). Es muy interesante el recorrido histórico que hace de entreguerras, así como la relación entre la planificación y la democracia, que le permite decir que la Alemania nazi y la Italia fascista, aunque intervenidas económicamente eran abiertamente opuestas a la planificación, distinguiendo los poderes de excepción económica de la planificación, que requiere de instituciones que se proyecten en el largo plazo y asuman un consenso de objetivos. Da cabida también a lo que denomina “la planificación en los templos del capitalismo”, refiriéndose a Estados Unidos y Gran Bretaña., señalando que se trató más de economía de guerra que no de planificación stricto sensu.

En cuanto a la planificación en el período de la Guerra fría, distingue entre los países del «bloque americano», de la de los países «no alineados». En los primeros, la presión de los movimientos sociales y, a veces, de los partidos comunistas locales, favorecerán la intervención del Estado relacionadas con la planificación. En los segundos, la planificación soviética o la indicativa, pudiendo incluir elementos de coerción, como aceleradora del desarrollo (teorizada en particular por Charles Bettelheim en su libro Planification et croissence accelérée, editada por Maspero, 1964). Menciona los casos de India, Malasia, Taiwán, Corea del Sur y otros países, particularmente de África, si bien su tratamiento requeriría otro libro. En. cualquier caso, señala que “la cuestión de la planificación, ha dominado el pensamiento económico en los primeros veinte años posteriores al final del segundo conflicto mundial.” (p. 69)

No detallaremos los casos que presenta y valora de la India, de Japón y de Francia, que se corresponden a capítulos independientes (II, III y IV respectivamente), parten de un somero análisis de las circunstancias económicas principales en el momento de decidirse el primer plan, incluyendo los antecedentes de su formulación; el resumen, con sus características principales, los primeros planes implementados en cada uno de los tres países y quiénes fueron sus protagonistas, sus objetivos, las instituciones creadas para dirigir la planificación, su evolución histórica más significativa y los logros, mayores y menores atribuibles a los diversos planes, así como las causas de su desaparición, incluyendo tablas y gráficos muy pertinentes para hacerse una rápida idea de la evolución de todos los planes. Cada capítulo es una síntesis introductoria, no un análisis pormenorizado, que requeriría un libro para cada experiencia nacional, y así delimitado no es exagerado decir que son muy interesantes y acertados en su composición, sin olvidar su crítica circunstanciada.

El último capítulo, el anterior a las conclusiones, “V. Retrouver le plan?”, consta de dos partes: una enteramente y exclusivamente francesa, en la que repasa los planteamientos recientes de economistas muy importantes, tales como Michel Aglietta y Robert Boyer, y centrándose en el medio ambiente y la planificación, especialmente en afrontar el cambio climático (sin cuestionarlo) y la transición energética, con la incertidumbre y el efecto intergeneracional de fondo. No falta la suspicacia de pensar que Macron ha utilizado la planificación como una operación de comunicación y para colocar a un socio en la Alta Autoridad. La segunda parte tiene que ver con la Unión Europea y si cabe la planificación en la legalidad de los Tratados vigentes. Para dar un marco conceptual, señala tres tipos de intervención pública, comparando sus características en la tabla 28 (p. 243), así, tenemos: un Estado intervencionista, un Estado regulador y un Estado catalizador, cada uno de ellos con sus principios de política económica, el papel de las agencias gubernamentales, estructuras de gobernanza e instrumentos.

En conclusión: debe considerarse qué visión tenemos del sistema económico y cómo funciona en realidad; si coincide con la de Ludwig von Mises, no ha lugar a defender la planificación, además de reducir el intervencionismo al mínimo; si nuestra manera de ver el sistema económico y su funcionamiento es el propio de John Kenneth Galbraith, admitiremos que la planificación ya se da en el subsistema de planificación y que, a lo sumo, puede requerir de algún tipo de orientación y coordinación, lo cual podría encuadrarse en la segunda dimensión de la “nueva planificación indicativa” señalada por el profesor Antonio Sánchez Andrés[7]. Cabe también una visión “tradicional” del sistema económico, al que se puede dotar de una planificación centralizada. En la propuesta de recuperación de la planificación por los estados, que plantea Jacques Sapir, domina la experiencia exitosa francesa del pasado, reforzada por el éxito de las experiencias de la India y de Japón, sin que falte una reflexión sobre el condicionamiento o los límites que imponen los Tratados de la UE, que, una vez más, muestran la ideología reinante en los órganos de la UE y su decantarse en favor de un liberalismo de conveniencia burocrática (a fin de cuentas, son sus burócratas y los políticos retirados del primer plano de la política nacional, los que defienden con más ahínco una UE dotada de poder, el que desean ellos para ser importantes. No parece que esté de vuelta la planificación centralizada de tipo soviético, y tengo serias dudas de que estemos ante el retorno de la planificación indicativa de tipo francés o similar. Mi visión del sistema económico está muy influida por las ideas de J. K. Galbraith, si bien atendiendo siempre a lo que dice von Mises, pues una cosa es el cómo funciona la economía dominada por el poder simbiótico de las grandes empresas, los políticos con las instituciones a su servicio y las Administraciones Públicas de todo nivel, desde el local hasta el supranacional, con sus intereses burocráticos (resaltemos aquí la “captura del Estado por las elites”, que nos recuerda el profesor Antonio Sánchez de Andrés al final de su artículo, antes de las conclusiones), y otra cosa es la acción humana de las personas en su comportamiento económico individual.

[1] Revista de Economía Crítica, n. 33. Primer Semestre 2022.

[2] Puede leerse La planificación en la URSS, de Publicaciones económicas, La Habana, 1964, que es versión de síntesis del libro del mismo título, de S. G. Strumlin, y del titulado Planificación ininterrumpida e índices del plan estatal, de A. N. Yefimov, A. S. Tolkachov y M. I. Petrushin. Véase también el libro de E. Liberman Plan y beneficio en la economía soviética (Ediciones Ariel, S. A., 2 ª edición: abril de 1969, siendo la 1 ª edición: junio de 1968. Traducción de J. Solé Tura e Información Comercial Española, de la versión original: Piano e profitto nell’economia soviética. Editori Riuniti. Roma, 1965), que reúne la contribución de varios autores y refleja la polémica de inicios de la primera mitad del decenio de 1960 sobre el papel del beneficio empresarial y de la descentralización en la planificación.

[3] Versión española en Plaza &Janés, S. A. Editores. Primera edición: Abril, 1975. El contraste entre el sistema comunista y el capitalista a las puertas de la caída de la URSS, puede verse en el libro Capitalismo, comunismo y coexistencia, compuesto a partir de los encuentros intelectuales de John Kenneth Galbraith y Stanislav Menshikov, publicado en 1989 por editorial Planeta (puede verse mi reseña en SYN@PSIS N. º 39. Marzo-Abril de 2009.

[4] Gunnar Myrdal, Perspectives de la planifiació. Edicions 62 S.A. Barcelona, 1965, por la traducción catalana. V. O.: Texto de las Conferencias Storr, Universidad de Yale, 1958, publicada por Gerald Duckworth and Co. Ltd., de Londres, con el título Beyond the Welfare State. Pág. 8. En la introducción, Myrdal nos aclara que: “En estas conferencias me limito, pues, primordialmente a un intento de analizar la tendencia hacia la planificación en los países ricos y las implicaciones internacionales de esta tendencia” (p. 12). La traducción del catalán, es mía.

[5] Unión Editorial, 7 ª ed., 2004.

[6] Versión española de Unión Editorial, S. A. 2022. (V. O. Omnipotent Government. The Rise of Total State and Total War, publicado por Yale University Press, en 1944).

[7] Véanse las páginas 8 a 10 del artículo citado ut supra.

Políticas económicas estructurales

Las industrias culturales y creativas como potencial estrategia de especialización europea: algunas perspectivas para la política industrial

(por Jordi Sanjuán Belda, Departament d’Economia Aplicada, Universitat de València)

Acontecimientos como la Gran Recesión, la pandemia de la Covid-19, la guerra en Ucrania o la crisis climática han puesto de manifiesto algunos de los desequilibrios del sistema económico actual. Desde una óptica de política económica, estos nuevos escenarios han obligado a poner en cuestión algunos de los pilares del consenso de Washington y a plantear nuevas formas e instrumentos de intervención en las economías de mercado. Pero más allá de las dificultades coyunturales que se han tenido que abordar, se han revelado notables debilidades estructurales existentes, especialmente, en algunas de las economías europeas. La inestabilidad y fragilidad achacada a la ausencia de planificación económica, a menudo demonizada, también ha sido objeto de impugnación (Sánchez Andrés, 2023), lo que ha vuelto a situar la política industrial y el papel del Estado en la definición de la estructura económica en el centro del debate económico (Aiginger & Rodrik, 2020).

En el contexto europeo, además, se observa con preocupación la pérdida de la hegemonía y el aparente estancamiento de los EEUU y el mundo occidental que, junto a la emergencia de nuevas potencias asiáticas como China e India, conforman un mundo multipolar que es ya más presente que futuro. En este nuevo escenario, resulta imprescindible configurar una nueva estrategia de especialización europea. Esto plantea la necesidad de reorientar las economías europeas hacia nuevos modelos productivos capaces de afrontar los retos de las sociedades postindustriales y del conocimiento, así como de la transición ecológica, llevando a cabo una “doble” transición verde y digital (Muench et al., 2022).

El pretendido retorno de la política industrial no implica, sin embargo, que se deban impulsar los mismos sectores que en su momento se consideraban de interés. Las industrias estratégicas ahora serán otras, y no en todos los territorios necesariamente las mismas. Es más, si bien la política industrial ha estado históricamente ligada a las manufacturas, y en buena medida todavía se asocia a ello en el imaginario colectivo, no hay ninguna razón por la que deba circunscribirse exclusivamente a este tipo de actividades económicas y no a otras (Rodrik, 2004).

El principal interrogante, por tanto, se encuentra en dilucidar cuáles son esas industrias que podríamos denominar estratégicas. Existe un cierto grado de consenso en torno a algunas de ellas, como la investigación y el desarrollo, las industrias de alto contenido tecnológico orientadas a impulsar la transformación digital o aquellas que aspiran a obtener nuevas fuentes de energía limpia y a minimizar el impacto de la transición ecológica. Otras, sin embargo, no resultan tan evidentes, aunque pueden jugar un rol estratégico por su papel estructural en la estructura productiva y su imbricación con otras industrias sobre las que provocan un efecto arrastre. Además de por factores diferenciales que otorgan una especial competitividad a un territorio dado para la especialización sectorial.

En este sentido, las industrias culturales y creativas (ICC) han despertado un creciente interés y han sido señaladas, tanto desde esferas académicas (Cooke & De Propris, 2011; Rausell-Köster, 2017; Gustafsson & Lazzaro, 2021) como institucionales (Comisión Europea, 2018; Comisión Europea & KEA European Affairs, 2019; OCDE, 2022) como un potencial vector de especialización para las economías europeas.

Las industrias culturales y creativas se caracterizan por ser actividades generadoras de bienes y servicios intensivos en contenido simbólico (es decir, que trasladan mensajes y significados) como output, y cuyo proceso productivo requiere importantes dosis de creatividad humana como input. Aun cumpliendo estos rasgos principales, las ICC son un conjunto heterogéneo de actividades muy diversas, cuya delimitación es habitualmente objeto de discusión (Vilares et al., 2022). Las distintas clasificaciones, no obstante, suelen coincidir en incluir actividades de creación artística, el sector editorial, actividades vinculadas a la música y al audiovisual, radiodifusión (televisión y radio), desarrollo videojuegos y medios interactivos, diseño, publicidad, arquitectura, etc. Gran parte de estas industrias tienen, además, un componente importante de generación de derechos de propiedad intelectual.

Las ICC, además, se insieren habitualmente en las cadenas de valor del resto de industrias incorporando contenido simbólico. Cada vez más, no se vende solo un producto por su funcionalidad sino también por su valor simbólico, es decir, por la idea asociada al producto y los mensajes que transmite (por ejemplo, a través de las industrias del diseño y la publicidad).

Además, en un contexto de creciente automatización y rápida irrupción de la inteligencia artificial, algunos autores apuntan que las actividades con un mayor componente creativo serán cada vez más relevantes en la economía, adquiriendo un papel central y estratégico (Bakhshi et al., 2015, Lazzeretti, 2023). Cobra fuerza, décadas después, lo que ya formulaban los teóricos postfordistas (Ash Amin, 1994). Es decir, en una sociedad crecientemente postmaterial, la forma de aumentar el valor de los bienes y servicios (sean materiales o inmateriales), recae cada vez más en incorporar ideas asociadas al producto, esto es, el contenido simbólico producido por las ICC como input para otras industrias.

Su rol como creadoras y diseminadoras de nuevas ideas y de contenido simbólico las sitúa como un engranaje clave en el sistema de innovación del conjunto de la economía. Algunos autores, por tanto, consideran que las ICC no deberían ser consideradas solamente una industria más, sino que más bien juegan un papel estructural en el crecimiento económico, como lo hacen la educación, la ciencia y la tecnología. Las ICC serían, en última instancia, facilitadoras de procesos evolutivos de cambio (Potts, 2009).

Existe de hecho evidencia empírica cada vez más consolidada y solvente sobre los efectos spillover (o efectos de derrame) de las ICC sobre el conjunto de la economía, provocando aumentos en la productividad media y la renta per capita (Boix et al., 2022; Boix & Soler, 2017; Innocenti & Lazzeretti, 2019). Pero sus efectos no se circunscriben a la esfera de lo estrictamente económico, sino que se han constatado impactos positivos en otras dimensiones como la educación (Mecocci & Bellandi, 2022) y, a través de la participación cultural, en áreas tan diversas como la salud (Fancourt & Finn, 2019; Zbranca et al., 2022), el compromiso cívico (Campagna et al., 2020), la cohesión social (Otte, 2019), el medio ambiente (Burke et al., 2018) o la satisfacción con la vida (Wheatley & Bickerton, 2019).

Las políticas orientadas a promover las ICC han pasado a ocupar un lugar central en la política económica de varios países, dado que la mayoría de las organizaciones internacionales reconocen el creciente papel de la cultura y la creatividad en los procesos de desarrollo (Cumbre Iberoamericana, 2006; Comisión Europea, 2010; UNESCO, 2013; OCDE, 2022). No es una cuestión exclusiva de los países occidentales, sino que territorios emergentes como Brasil y China han transformado significativamente la visión del ámbito cultural y creativo en los procesos de desarrollo a gran escala. El Gobierno de China, de hecho, decidió en 2010 promover las ICC como sector económico clave en el marco de su XII plan quinquenal, ofreciendo abundantes oportunidades para la industria (Yang Jianfei, 2011).

Pero en Europa, además, existe otra razón estratégica importante, y es que la actividad cultural y creativa se considera uno de los elementos estratégicos sobre el que descansa el propio proyecto europeo y que hacen de Europa un espacio socioeconómicamente atractivo, apuntalando su competitividad geoestratégica global en un mundo que está redefiniendo sus polaridades (Comisión Europea, 2018). Por tanto, las ICC se identifican cada vez más como un elemento central e impulsor de la competitividad europea.

Excede los objetivos de este breve artículo detallar cuáles son las intervenciones concretas más apropiadas para potenciar el desarrollo de las ICC en Europa, o si estas deben estar orientadas a la demanda o a la oferta. Pero el hecho de que se introduzcan progresivamente en la agenda política y se ponga en valor su potencialidad estratégica como motor de desarrollo económico es ya un primer paso relevante. Una política industrial enfocada a favorecer una cierta reestructuración sectorial requiere de una apuesta decidida a medio y largo plazo que supere los ciclos políticos más inmediatos. Más aún cuando las políticas en materia de cultura resultan especialmente susceptibles a la instrumentalización electoral (Sanjuán et al., 2020).

No obstante, deben cuidarse muchos aspectos del diseño y la aplicación de las políticas para que sean realmente eficaces y consigan los efectos esperados. Por un lado, debe estipularse minuciosamente a qué industrias concretas van dirigidas, ya que pueden dar lugar a resultados diferentes. Dada la heterogeneidad de las actividades incluidas en las ICC, es evidente que las políticas que favorecen las artes escénicas no son las mismas que las que impulsan el sector del videojuego. Como es lógico, no todas estas industrias se encuentran en la misma situación, ni siguen las mismas tendencias, ni pueden ser, por tanto, igualmente estratégicas (por ejemplo, el sector editorial, en declive, o el de las tecnologías de la información y la comunicación, en auge). Tampoco por lo que respecte a las características del empleo, dado que se agrupan sectores muy precarizados y otros que, en cambio, requieren de personal muy cualificado y, presuponemos, con unas mejores condiciones laborales. En consecuencia, los efectos sobre el resto de la economía de unas y otras industrias también diferirán entre sí.

También se debe prestar especial atención al marco territorial de implementación de las políticas. Aunque las líneas políticas generales pueden trazarse y coordinarse estratégicamente a nivel nacional o supranacional, dado que la configuración interna de las ICC y su relación con el entorno varía enormemente entre regiones, las políticas deberían aplicarse en los niveles subcentrales de gobierno, basándose en la proximidad y en un mejor conocimiento de la realidad regional. Deben tenerse en cuenta las particularidades de cada región y de sus propias ICC para potenciar los puntos clave de competitividad. Esto se fundamenta además en el principio de subsidiariedad (según el cual una política debe ser llevada a cabo por el nivel de gobierno más bajo que resulte apropiado) que guía la gobernanza multinivel, particularmente en la UE, en aras de una mayor eficiencia económica y de gestión de los recursos (Yishai Blank, 2010; Aurélian Portuese, 2012; Serafín Pazos-Vidal, 2019). En general, podemos decir que, en el contexto europeo, no existen fórmulas claras ni recetas consolidadas y directamente transferibles de unos territorios a otros.

En conclusión, las perturbaciones que han sacudido el sistema económico global en los últimos años, y especialmente algunas economías europeas, han devuelto la política industrial al centro del debate económico. Se plantea la necesidad de reorientar dichas economías hacia nuevos modelos productivos basados en sectores más dinámicos y de mayor valor añadido, con objetivos a medio y largo plazo basados en una cierta planificación económica de tipo indicativo (Sánchez Andrés, 2023). En este marco, el presente artículo señala el potencial de las ICC para definir una estrategia de especialización europea en torno a ellas. La literatura empírica acerca de sus efectos positivos sobre la innovación, la productividad y el crecimiento económico, entre otros aspectos, es cada vez más sólida. Además, Europa se encuentra en una posición particularmente competitiva en este ámbito, por lo que promover el desarrollo de las ICC en Europa se ha convertido en un objetivo estratégico también en el marco del proyecto europeo y su competitividad global.

Bibliografía

Aiginger, K., & Rodrik, D. (2020). Rebirth of industrial policy and an agenda for the twenty-first century. Journal of industry, competition and trade, 20, 189-207.

Amin, Ash. (1994). Post-Fordism. Blackwell Publishers.

Bakhshi, H., Frey, C.B., & Osborne, M. (2015). Creativity vs. robots: The creative economy and the future of employment. NESTA.

Berti Mecocci, F., Maghssudipour, A., & Bellandi, M. (2022). The effect of cultural and creative production on human capital: Evidence from European regions. Papers in Regional Science, 101(6), 1263–1287.

Blank, Y. (2010). Federalism, Subsidiarity, and the Role of Local Governments in an Age of Global Multilevel Governance. Fordham Urban Law Journal, 37(2), 509–558.

Boix, R., De Miguel, B., & Rausell, P. (2022). The impact of cultural and creative industries on the wealth of countries, regions and municipalities. European Planning Studies, 30(9), 1777–1797.

Boix, R., & Soler, V. (2017). Creative service industries and regional productivity. Papers in Regional Science, 96(2), 261–279.

Burke, M., Ockwell, D., & Whitmarsh, L. (2018). Participatory arts and affective engagement with climate change: The missing link in achieving climate compatible behaviour change? Global Environmental Change, 49, 95–105.

Campagna, D., Caperna, G., & Montalto, V. (2020). Does Culture Make a Better Citizen? Exploring the Relationship Between Cultural and Civic Participation in Italy. Social Indicators Research, 149(2), 657–686.

Comisión Europea. (2010). Green Paper: Unlocking the potential of cultural and creative industries.

Comisión Europea. (2018). A New European Agenda for Culture – SWD(2018) 267 final.

Comisión Europea & KEA European Affairs. (2019). Impulse paper on the role of cultural and creative sectors in innovating European industry. Publications Office of the European Union.

Cooke, P., & De Propris, L. (2011). A policy agenda for EU smart growth: the role of creative and cultural industries. Policy Studies, 32(4), 365–375.

Cumbre Iberoamericana. (2006). Carta Cultural Iberoamericana.

Fancourt, D. & Finn, S. (2019). What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. World Health Organization.

Gustafsson, C., & Lazzaro, E. (2021). The innovative response of cultural and creative industries to major european societal challenges: Toward a knowledge and competence base. Sustainability, 13(23), 13267.

Innocenti, N., & Lazzeretti, L. (2019). Do the creative industries support growth and innovation in the wider economy? Industry relatedness and employment growth in Italy. Industry and Innovation, 26(10), 1152–1173.

Jianfei, Y. (2011). The Chinese Understanding Of Cultural Industries. Santalka: Filosofija, Komunikacija, 19(2), 90.

Lazzeretti, L. (2023). The Rise of Algorithmic Society and the Strategic Role of Arts and Culture. Edward Elgar Publishing: Cheltenham.

Muench, S., Stoermer, E., Jensen, K., Asikainen, T., & Salvi, M. (2022). Towards a green & digital future: key requirements for successful twin transitions in the European Union (EUR 31075 EN-JRC129319; JRC Science for Policy Report). Publications Office of the European Union.

OCDE. (2022). The Culture Fix: Creative People, Places and Industries. In Local Economic and Employment Development (LEED). OECD Publishing.

Otte, H. (2019). Bonding or bridging? On art participation and social cohesion in a rural region of the Netherlands. Poetics, 76, 101355.

Pazos-Vidal, S. (2019). Subsidiarity and EU Multilevel Governance. Actors, Networks and Agendas. In Subsidiarity and EU Multilevel Governance. Routledge: New York.

Portuese, A. (2012). The principle of subsidiarity as a principle of economic efficiency. Columbia Journal of European Law, 17(2), 231–262.

Potts, J. (2009). Why creative industries matter to economic evolution. Economics of Innovation and New Technology, 18(7), 663–673.

Rausell Köster, P. (2017). Culture, Creativity and Economic Progress. En B. Mickov & J. Doyle (Eds.), Culture, Innovation and the Economy (pp. 3–6). Routledge: London.

Rodrik, D. (2004). Industrial policy for the twenty-first century. John F. Kennedy School of Government Working Paper Series, No. RWP04–047

Sánchez Andrés, A. (2022). La planificación en la política económica del siglo XXI. Esbozo de una alternativa viable. Revista de Economía Crítica, (33), 10-24.

Sanjuán, J., Rausell, P., Coll, V., & Abeledo, R. (2020). Mayors, using cultural expenditure in an opportunistic way improves the chances of re-election, but do not do it: Revisiting political budget cycles. Sustainability, 12(21), 9095.

UNESCO. (2013). The Hangzhou Declaration: Placing Culture at the Heart of Sustainable Development Policies.

Vilares, M., Rausell, P., Martínez, C., Boix, R., Sanjuán, J., Álvarez, F., Cabedo, A., Cordero, J., Alves, B., Colaço, D., Fonseca, I., Borrego, P., Justo, S., Bulian, G., & Turon, J. (2022). Measuring the Cultural and Creative Sectors in the EU. Publications Office of the European Union.

Wheatley, D., & Bickerton, C. (2019). Measuring changes in subjective well-being from engagement in the arts, culture and sport. Journal of Cultural Economics, 43(3), 421–442.

Zbranca, R., Kiss, K., Dámaso, M., Blaga, O., Dascal, M.D., Yakobson, D., & Pop, O. (2022). CultureForHealth Report: Scoping review of culture, well-being, and health interventions and their evidence, impacts, challenges and policy recommendations for Europe. Culture Action Europe.

Política económica y género

Lo que no se dice sobre los permisos de paternidad

(por Almudena Moreno Mínguez, Catedrática de Sociología, Universidad de Valladolid, almudena.moreno@uva.es)

Los permisos de paternidad se han integrado en la agenda política contemporánea como uno de los grandes avances de la última década producido en el diseño de las políticas familiares. Cabe preguntarse si estos avances legales han traspasado la barrera de lo jurídico para instalarse en los hábitos y estilos de vida de las familias. Para adentrarse en las respuestas certeras a este interrogante y poder así proporcionar respuestas motivadas desde las investigaciones que estamos realizando en la academia, hay que situar el foco de la reflexión en el eje de la familia como entorno de negociación en el que se toman las decisiones sobre los cuidados, la conciliación y el trabajo remunerado. Las ciencias sociales han demostrado que estas negociaciones vienen condicionadas por las relaciones de poder que median en los interiores familiares, que a su vez remiten a la posición económica que ocupan los padres en la estructura social.

Los datos sobre el uso de los permisos de paternidad indican que se ha producido un incremento continuado y sostenido desde que en 2007 se legisló el permiso de 13 días, hasta enero de 2021 que se aprobó el permiso de 16 semanas intransferible y equiparable al de la madre. Sin embargo, ese incremento es desigual despendiendo de los perfiles socio-económicos y culturales de los padres y madres que utilizan los permisos para conciliar vida laboral y familiar. Los estudios que se han realizado han evidenciado que la regulación jurídica de los permisos no es suficiente para lograr los objetivos que se esperan conseguir con la aplicación de la Ley. La norma es interpretada y negociada por los actores en función de sus circunstancias familiares, laborales y económicas. En esa negociación entra en juego la división sexual del trabajo que define las expectativas, los valores y preferencias ante la conciliación laboral y familiar en materia de permisos.

La división sexual del trabajo viene determinada entre otros factores por la estructura del mercado laboral, la desigualdad de rentas y de salarios, así como por los estereotipos de género asociados con lo que significa ser padre y madre. La combinación de estos factores se dirime en la familia, donde los padres decidirán que uso hacen del permiso de paternidad. Si introducimos estos factores en nuestros modelos de análisis los resultados pueden ser sorprendentes. Por ejemplo, hemos constatado que los padres hacen más uso del permiso de paternidad cuando la madre trabaja que cuando está en paro o no trabaja. Es decir, si la madre no trabaja hay una tendencia natural a normalizar que el cuidado de los menores es algo que la corresponde a ella por su condición de madre cuidadora. Para el caso español, Flaquer et al. (2018) han constatado a partir de los datos de la Encuesta del Tiempo que cuando las madres están desempleadas o inactivas disminuye la dedicación de tiempo de ellos al cuidado de los menores, de lo que se puede inferir indirectamente que quizás la situación laboral de la madre tenga alguna incidencia en el uso y disfrute del permiso de paternidad. En la misma línea de investigación otros estudios han sugerido que los padres participan más activamente en las diferentes formas de cuidado de los niños cuando las madres tienen estudios superiores y trabajos cualificados, mientras que la implicación de los padres en el cuidado a través de los permisos es menor cuando la madre no trabaja, o lo hace a tiempo parcial y cuando tiene sólo estudios primaros y secundarios de primer grado. Esto equivale a decir que no podemos dictaminar que se produzca una trasposición directa automática entre la aplicación la norma y la adopción de comportamientos por igual en las familias, sino que la norma pasa por el filtro negociador de la familia donde se decide el uso del permiso de paternidad en función de la situación laboral y socio-económica de los padres. Por lo tanto, si partimos de un mercado laboral desigual es muy probable que esas desigualdades se trasladen a la conciliación y al uso que se hace de los permisos parentales. Estos resultados ahondarían en la idea de que el permiso de paternidad supone una igualdad formal pero no así una igualdad real que sigue siendo deudora de la normalización patriarcal de los roles laborales que se reproduce en los interiores familiares.

Otro factor vinculado con el sesgo de la división del trabajo familiar que se opera en la desigualdad de fuerzas simbólicas y materiales de la familia es el capital humano, o dicho de otra forma, el nivel educativo de los padres condiciona el uso del permiso de paternidad. Cuando la madre tiene un nivel educativo elevado, el padre hace un mayor uso del permiso que si la madre tiene menor nivel educativo y esto ocurre independientemente del nivel educativo del padre. Esto significa que la educación de la madre es un potente revulsivo no sólo para favorecer la inserción laboral de la mujer sino también para posicionarse en la negociación dentro de la familia y favorecer que el padre hago uso del permiso de paternidad.

Según estos resultados, la formación y el empleo de la mujer actúa en la dinámica familiar de las negociaciones como un factor de empoderamiento para potenciar el trabajo de cuidados del padre a través de los permisos de paternidad. Por tanto, el diseño de las las políticas de permisos ha de tener en cuenta la intersectorialidad del curso de la vida de los padres que explican las dinámicas y toma de decisiones dentro de los entornos familiares.

Los hallazgos recogidos en los diferentes estudios sugieren que la política de los permisos de paternidad, como herramienta para favorecer la igualdad de género en la crianza y, por tanto, propiciar el cambio en la normalización patriarcal de los roles de género, depende de las características del hogar familiar, del perfil sociodemográfico de los padres y de los nexos que la madre establece con el mercado laboral según posicionamiento de los miembros de la pareja en la estructura social. Estas evidencias empíricas apuntan a la relevancia de la estructura de desigualdad de la unidad familiar como espacio de negociación y socialización en el uso diferencial del permiso de paternidad.

Hasta ahora los estudios realizados habían evidenciado que la formación y situación laboral de las mujeres favorecen su empoderamiento en los ámbitos públicos donde se toman las decisiones. A partir de los estudios realizados sobre los permisos de paternidad hemos comprobado que también contribuyen al reparto más equilibrado de las tareas de cuidado dentro de las familias, puesto que contribuyen a mejorar las posiciones negociadoras de las mujeres y, por tanto, reequilibran las relaciones de poder, favoreciendo el trato entre iguales a través del uso que hacen los hombres del permiso de paternidad.

Las implicaciones políticas de estos resultados son claras. Los avances en las políticas de permiso de paternidad ofrecen un contexto adecuado para favorecer la implicación de los padres en las tareas de cuidado. Sin embargo, no está exenta de la controversia que remite a las condiciones de desigualdad existentes en el mercado laboral entre hombres y mujeres que se trasladan a las relaciones familiares. Las políticas públicas de permisos parentales deben proporcionar contextos estructurales favorables para reducir la desigualdad socioeconómica, laboral y formativa que sustentan los discursos ideológicos tradicionales sobre la paternidad. Esto pasaría por reducir la brecha de género en el mercado laboral, tanto en el acceso como en los salarios. Por otro lado, los estudios han demostrado que la inversión en educación es un garante seguro para favorecer la igualdad en el uso de los permisos y por tanto en la corresponsabilidad de los cuidados, por lo que las políticas familiares deben diseñarse en función de la diversidad de perfiles sociales y demográficos de las familias, teniendo siempre en cuenta la desigualdad no siempre visible existente en las estructuras de poder que median en las relaciones y negociaciones familiares.

Bibliografía

Moreno-Mínguez, A. Martin, A. & Moral, A. (2022). Family analysis of men´s parental leave use in Spain: the role of the female partner, Work, Employment and Society, 37(1), 293–305. https://doi.org/10.1177/09500170211062808

Moreno-Mínguez, A. Martin, A. & Moral, A. (2023). Father’s parental leave use in Spain: the effect of education in the household. Journal of Family Studies, DOI: 10.1080/13229400.2023.2179534

Flaquer, Ll., Navarro-Varas, L., Antón-Alonso, F., Ruiz-Forès, N., Cónsola, A. (2018). La implicación paterna en el cuidado de los hijos en España antes y durante la recesión económica. Revista Española de Sociología, 28, º 28 (2), 249-268

Fernández Cornejo, J., Del Pozo García, E.; Escot Mangas, L. Cristina Castellanos & Serrano, C. (2018). Can an egalitarian reform in the parental leave system reduce the motherhood labor penalty? Some evidence from Spain, Revista Española de Sociología, 27, 45-64.

Pro et contra:

La herencia universal

(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

Pro…

Porqué la Herencia Universal es una buena idea

(por Alberto Tena Camporesi, Investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, becario DGAPA)

Desde la publicación en 2020 de Capital e Ideología de Piketty, se ha estado debatiendo cada vez más intensamente en torno a una de las propuestas que aparece en uno de sus últimos capítulos. Esta obra representa una continuación y perfeccionamiento de los argumentos y datos presentados en El Capital en el siglo XXI (2013), ampliando su enfoque tanto a nivel espacial hacia el mundo entero, como disciplinario al adentrarse en el análisis ideológico y político. Aunque la propuesta de «Herencia universal» tiene su propia historia, la capacidad de Piketty para atraer el debate público sin duda ha influenciado en la manera en que esta ha entrado en la discusión pública.

El economista francés combina ahí la evidencia empírica sobre la evolución de las desigualdades de riqueza, con un análisis histórico-ideológico de las formas en la que esta se ha enmarcado culturalmente. Desde la revolución francesa, la mayor o menos estabilidad del sistema de creencias que denomina “propietarismo”, ha sido para Piketty determinante a lo largo de la historia para explicar los aumentos o disminución de las desigualdades de riqueza. La clave del proyecto socialdemócrata, en los momentos de mayor capacidad igualitarista, habría sido su capacidad de volver instrumental la noción de propiedad a objetivos superiores, mientras que los momentos de mayor desigualdad habrían sido los de sacralización de la propiedad por encima de cualquier circunstancia concreta. Explorar las posibilidades existentes entre estas dos posturas es el marco donde es más interesante evaluar la propuesta de democratizar las herencias como un derecho de ciudadanía.

La propuesta de Capital Universal, o simplemente “dotación de capital”, aterrizada en nuestro país con la etiqueta de “Herencia Universal”, es parte en realidad de un programa más amplio de “socialismo participativo”, que incluye propuestas cómo la democratización en las empresas, un impuesto fuertemente progresivo sobre la propiedad, combinado con formas de tributación de la renta y sucesiones. La clave del argumento de Piketty es que esto permitiría instaurar una forma de circulación permanente del patrimonio en forma de “propiedad temporal”. Es decir, la Herencia Universal es solo una herramienta para conseguir este propósito más general. El objetivo es explorar la flexibilización de la forma de “propietarismo” ideológico extremo en el que nos encontramos, principal responsable del bloqueo del proyecto igualitarista inaugurado por a la revolución francesa.

La visión de Piketty es que la noción de una propiedad estrictamente privada basada en derechos naturales inviolables de ciertos individuos sobre ciertos bienes resulta completamente insostenible desde una perspectiva histórica. La acumulación de riqueza siempre surge como resultado de procesos sociales complejos y depende por completo de la existencia de estructuras colectivas como infraestructuras, sistemas legales, impositivos y educativos, así como de condiciones de salud pública favorables. Además, se apoya en la vasta acumulación de conocimientos a lo largo de milenios y en la existencia de sistemas de cooperación y dominación social, como el colonialismo o la división social y sexual del trabajo. Si aceptamos esta realidad, resulta perfectamente lógico comprender que aquellos individuos que acumulan riquezas extremas gracias a este entramado de relaciones sociales deberían devolver una pequeña parte de su riqueza cada año y otra más sustanciosa al final de sus vidas.

No es casualidad que una de sus fuentes de inspiración haya sido el Justicia Agraria (1797) de Thomas Paine, el revolucionario americano amigo de Condorcet y de los Girondinos franceses, que escribió durante los encendidos debates de la revolución una propuesta de herencia universal financiada directamente con un impuesto a la herencia. Tras el paso de los jacobinos por el poder, la restauración había vuelto a vincular los derechos políticos como el derecho a voto con el hecho de poseer determinadas propiedades y riquezas. Paine, un moderado también perseguido por los Jacobinos, intentaba con esta propuesta mantener vivos algunos de los principios fundamentales de la revolución.

El argumento histórico-ideológico de Piketty es solo uno de los posibles a favor de esta propuesta. Además, la idea de considerar la desigualdad de riqueza como un problema en si mismo constituye otro sólido argumento a favor de medidas como esta. La evidencia muestra que los niveles altos de desigualdad obstaculizan el crecimiento económico (Voitchovsky, 2005; Van der Weide y Milanovic, 2018), tienen un impacto negativo en la salud de la democracia (Gilens, 2012) y generan desigualdad de oportunidades en el presente, lo que limita la movilidad social en las próximas generaciones (Corak, 2013). Es decir, los efectos directos que una medida de este tipo tendría sobre la desigualdad podrían ser argumentos suficientemente fuertes para su implementación. Aunque estos argumentos sostienen la idea de que la desigualdad es un problema más allá de los cálculos de óptimos de bienestar, por supuesto, también será importante analizar los incentivos que se generarían con diferentes esquemas de herencia universal, así como su forma de financiamiento, teniendo en cuenta los contextos institucionales y culturales específicos. Así como los diferentes trade-offs presupuestarios respecto a otras políticas con objetivos similares. Sin embargo, esto excede las posibilidades de este artículo y requiere un análisis de las propuestas concretas y no puede discutirse de manera abstracta.

Las propuestas concretas de Herencia Universal han ido desde los 120.000 euros propuestos por Piketty, hasta las 5.000 libras que propone Tony Atkinson, pasando por la reciente propuesta del partido Sumar en España de 20.000 euros por persona al cumplir los 18 años. Y esto sería solo un lado del impacto a medir, si seguimos por ejemplo la propuesta de financiación de Piketty, habría que contar con un impuesto anual progresivo sobre la propiedad con un impuesto progresivo sobre las sucesiones, todos ellos con tipos marginales de hasta un 90%. Para hacernos una idea de como quedaría el conjunto del sistema para el economista galo rescato esta cita:

“Una persona que recibe a lo largo de su vida el equivalente a 0,5 veces el patrimonio medio (100.000 euros) pagaría un impuesto de sucesiones del 5 por ciento (5.000 euros), lo que supone una herencia total de 215.000 euros (sumando la dotación de capital de 120.000 euros). Una persona que recibe 2 veces el patrimonio medio (400.000 euros) pagaría un impuesto del 20 por ciento (80.000 euros), para una herencia total de 440.000 euros teniendo en cuenta la dotación. Una persona que reciba cinco veces el patrimonio medio (1 millón de euros) pagaría un impuesto del 50 por ciento (500.000 euros), lo que supondría una herencia de 620.000 euros teniendo en cuenta la dotación.” (Piketty, 2020, 988)

Otro argumento fuerte, sostenido en el informe del joven think tank Future Policy Lab (2022), es que una Herencia Universal ayudaría a derribar el “mito de la meritocracia”. Este concepto, popularizado por el libro de sátira de Michael Young The Rise of the Meritocracy (1958), se ha entendido normalmente de dos formas opuestas. La primera, de índole normativa, es la que considera una forma de selección en función de los méritos, de los cuales se derivarían después las recompensas. La segunda, que ha formalizado más recientemente Michael Sandell en The Tyranny of Merit (2020), invierte la dirección, considerando la meritocracia más bien una ideología que funciona a posteriori para legitimar las desigualdades existentes.

La primera idea ha sido atacada demostrando la función que tiene la suerte (lotería genética y lotería social) a la hora de determinar nuestras recompensas. Ciertos talentos que pueda tener cada persona no son atribuibles al esfuerzo individual, pero tampoco el hecho de que esos talentos sean reconocidos y recompensados socialmente. No es mérito propio el ser bueno en matemáticas o fútbol, pero tampoco lo es haber nacido en una época histórica en la que estas habilidades sean altamente valoradas y recompensadas de manera extraordinaria por la sociedad. En última instancia, el mercado recompensa la capacidad de crear valor y satisfacer las necesidades de otras personas, no el esfuerzo que se haya invertido en el trabajo. También está fuera de nuestro control el haber nacido en un país donde se pueda detectar y canalizar nuestro talento, en un vecindario con una buena escuela o en una familia con suficientes recursos. Es conocida la fórmula del economista Branko Milanovic (2015), que desde una perspectiva global sugiere que aproximadamente el 60% de tus ingresos depende de dónde naciste, el 20% depende de los ingresos de tus padres, y el 20% restante se divide entre el esfuerzo personal, la pura suerte, la raza y el género

Volviendo al tema de la herencia universal, la idea no consiste en eliminar los incentivos y las recompensas al esfuerzo, sino en crear condiciones igualitarias para que el esfuerzo se refleje en una proporción más significativa de las recompensas. Desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades sustantiva, más allá de la igualdad formal, las desigualdades derivadas de condiciones que escapan de tu control son injustas. Aquellos que han acumulado más a lo largo de su vida seguirán heredando más, pero se redistribuirá una pequeña parte, con el fin de generar mejores condiciones de igualdad sustantiva colectivamente.

Un último argumento relevante se refiere al cambio tecnológico y, en general, al proceso de automatización, y sus efectos en mercados de trabajo ya deteriorados. Sin entrar en la discusión de los impactos que cada tecnología pueda tener en mercados laborales específicos, es evidente que estamos en occidente ante una trayectoria de disminución de empleos ‘decentes’, es decir, aquellos con la capacidad suficiente para mantener una vida dignamente, generando lo que comúnmente llamamos “dualización” (Emmenegger et all, 2012; Schwander, 2019). En los próximos años, el impacto previsto del desarrollo tecnológico implicará una «dualización» más fuerte y nuevas divisiones entre insiders y ousiders (Gallego et all, 2022). Este problema ya existe en la actualidad y parece cada vez más evidente que los estados no pueden simplemente esperar a que el mercado opere y luego compensar a los perdedores. Aunque hay muchas medidas que podrían funcionar aquí, la idea de democratizar el acceso a una herencia sustancial al llegar a cierta edad puede ser una poderosa herramienta de pre-distribución. Es decir, una forma de intervenir en la distribución de ingresos y riqueza ‘antes’ de que el mercado intervenga, mejorando la condición inicial y el poder con el que los individuos operarán posteriormente. Los estados necesitan crear las condiciones y el respaldo necesarios para que todas las personas puedan desarrollarse y compensar adecuadamente sus esfuerzos. La nueva ola de automatización parece que solo va a volver más evidente esto.

En conclusión, podemos decir que la Herencia Universal es una buena propuesta de política económica para abordar algunos de los principales desafíos de este siglo, debido fundamentalmente a los efectos igualadores que puede tener desde diferentes perspectivas. Pero además, es literalmente una ‘buena idea’, es decir, que su propia conceptualización y discusión puede ayudarnos a superar los obstáculos ideológicos que cimentan y obstaculizan una distribución de la riqueza más justa y eficiente en nuestras sociedades y todos los problemas que de esto se derivan.

Bibliografía

Corak, Miles. (2013). «Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility.» Journal of Economic Perspectives, 27 (3): 79-102.

Emmenegger, Patrick, et al., eds. The age of dualization: The changing face of inequality in deindustrializing societies. OUP USA, 2012.

Future Policy Lab (2022), “Derribando el mito de la meritocracia”, Madrid 18 de mayo.

Gallego Dobón, Aina, and Thomas Kurer. «Automation, digitalization, and artificial intelligence in the workplace: implications for political behavior.» Annual Review of Political Science. 2022; 25: 463-84 (2022).

Gilens, M. (2012). Affluence and influence. In Affluence and Influence. Princeton University Press.

Milanovic, B. (2015). Global inequality of opportunity: How much of our income is determined by where we live? Review of Economics and Statistics, 97(2), 452-460.

Paine, Thomas (1797). “Justicia Agraria”En Los orígenes revolucionarios de la renta básica: textos de Thomas Paine y Thomas Spence del último tercio del siglo XVIII. Alberto Tena Camporesi (Ed).Postmetrópolis Editorial, 2021.

Piketty, Thomas (2020) Capital and Ideology. The Belknap Press of Harvard University Pressk London, England.

Schwander, Hanna. «Labor market dualization and insider–outsider divides: why this new conflict matters.» Political Studies Review 17.1 (2019): 14-29.

Van der Weide, R., & Milanovic, B. (2018). Inequality is bad for growth of the poor (but not for that of the rich). The World Bank Economic Review, 32(3), 507-530.

Voitchovsky, Sarah. (2005) «Does the profile of income inequality matter for economic growth? distinguishing between the effects of inequality in different parts of the income distribution.» Journal of Economic growth (2005): 273-296.

…Et contra

Herencia universal: una propuesta que enreda y no soluciona mucho (*)

(por Juan Torres López, Catedrático Universidad en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política, Universidad de Sevilla)

Los grupos de trabajo de Sumar, la plataforma impulsada por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, han propuesto la posibilidad de implantar en España una llamada «herencia universal» de 20.000 euros que recibirían todas las personas al cumplir 18 años, lo que tendría un coste anual de unos 10.000 millones de euros que sería financiado con gravámenes sobre el patrimonio y la riqueza.

Los medios han señalado que se trata de una propuesta reciente de Thomas Piketty pero no es así. En realidad, la propuso Thomas Paine en 1795.

Este último consideraba que la tierra es «propiedad común de la raza humana» y que, por tanto, la mejora o renta que pudiera obtenerse al cultivarla no podía separarse de la tierra misma. Por tanto, cuando un propietario la obtiene, le debe una parte de ella a la comunidad. Paine propuso generar un fondo para repartir esa parte que es de todos, dando un capital de 15 libras a quienes cumplieran 21 años y una pensión de 10 libras por año hasta la muerte a todos los que cumplían 50 años.

Con esas cantidades estimaba Paine que se compensaba al conjunto de la población por la herencia universal no recibida al instaurarse el derecho a la propiedad de la tierra. Y por ello decía «no es caridad sino un derecho, no generosidad, sino justicia lo que estoy suplicando».

Después de Paine han sido muchas las propuestas del mismo tipo y no siempre, como quizá se pueda creer, por parte de intelectuales de izquierdas. En 1989, Julian Le Grand propuso una dotación de 10.000 libras financiadas con el impuesto de sucesiones. En 1999 Bruce Ackerman y Anne Alstott propusieron un montante de 80.000 dólares para todas las personas de 21 años con diploma de escuela secundaria y sin antecedentes penales, financiada por un impuesto sobre el patrimonio. En 2000, Gavin Kelly, del Instituto de Investigación de Políticas Públicas (IPPR) del Reino Unido, propuso una subvención a cada ciudadano al nacer que se invertiría en una cuenta de ahorros o en algún otro vehículo de ahorro, cuyos fondos acumulados podrían ser utilizados por el beneficiario al cumplir los 18 años.  Se implantó en 2003 pero se abolió en 2011. En 2015, Tony Atkinson proponía un capital de 5000 a 10 000 libras esterlinas para cada joven, financiado por un impuesto sobre los ingresos de capital de por vida. En 2018, el citado instituto británico volvía a realizar una propuesta parecida, aunque ahora basada en la creación de un fondo soberano. En las elecciones presidenciales de 2020 varios candidatos hicieron propuestas de este tipo en Estados Unidos y, ese mismo año, Thomas Piketty proponía en su libro Capital e ideología una dotación de 125.000 euros financiada con impuestos sobre el patrimonio a quienes cumplan 25 años.

En Inglaterra se desarrolla desde 1996 un movimiento que defiende una «herencia mínima básica de 10.000 libras para todos los ciudadanos británicos adultos jóvenes nacidos en el Reino Unido al cumplir los 25 años» financiada por el impuesto de sucesiones. Se contempla «como una gran idea meritocrática, comparable con la venta de casas de protección oficial de Thatcher, que redistribuirá la riqueza y empoderará a las personas», como «una política popular capitalista y meritocrática».

La propuesta de Sumar, por tanto, ni es novedosa (tiene más de dos siglos), ni radical (6,25 veces menos cuantiosa que la de Piketty), ni de izquierdas (la defienden también partidos claramente conservadores y procapitalistas).

La pregunta que hay que hacerse, sin embargo, es si la propuesta es útil, financiable y beneficiosa. Y es ahí donde yo creo que hay que tiene sus flancos más débiles.

Es evidente, sin ninguna duda, que una persona que disponga de un determinado capital cuando comienza su vida activa podrá ejercer sus derechos y tener más oportunidades que quien no lo tenga. La cuestión es si proporcionar una determinada suma de dinero a esa edad es la mejor manera de garantizar derechos, oportunidades y bienestar a lo largo de la vida para todas las personas.

La ventaja de disponer de un cierto capital al llegar a una determinada edad es que permite llevar a cabo una inversión cuantiosa que permita mejorar las condiciones de vida, salir de la pobreza, generar fuentes de ingresos… Puede considerarse que constituye un trampolín, una especie de plataforma para dar un salto aunque, como señalaré enseguida, tiene el inconveniente de que nada asegura de que este sea exitoso y benefactor a corto, medio o largo plazo

Una dotación de capital recibida como herencia universal también podría convertirse, si se desea, en una renta periódica. Aunque la dotación de 20.000 euros que propone Sumar equivaldría, como han señalado Jordi Arcarons y Daniel Raventós, a  «21 euros al mes en 80 años, 28 euros al mes en 60 años, 34 al mes en 50 años, 42 al mes en 40 años, 56 al mes en 30 años y de 83 al mes en 20 años».

Sin embargo, la llamada herencia universal tiene también diversos inconvenientes, en sí misma y en comparación con otras propuestas que persiguen objetivos semejantes.

En primer lugar, para que una herencia universal tenga los efectos de oportunidad y liberación deseados es preciso que quien la reciba la utilice con buen criterio. Es obvio que puede usarse inadecuadamente, para realizar inversiones arriesgadas o sencillamente irresponsables.

Este inconveniente ha llevado a que muchas de las últimas propuestas que se vienen realizando vinculen la percepción del capital a determinadas acciones. Un instituto de investigación alemán, por ejemplo, propuso el año pasado establecer una herencia de 20.000 euros a los 18 años, pero dirigida a invertir en formación, compra de vivienda o iniciar un negocio. Un principio que no sólo plantea problemas relativos al reconocimiento de la libertad de uso de los recursos, sino otros de control y seguimiento. Nada garantiza que una inversión inicial en esos conceptos termine siendo efectivamente coherente con ellos, útil o adecuada y beneficiosa.

Es cierto que otros instrumentos, como la Renta Básica Universal, también pueden llevar consigo lo que pueda considerarse un uso inadecuado de los recursos pero, en ese caso, se trataría de algo mucho más fácilmente remediable y que, en todo caso, pondría en riesgo menor cantidad de recursos comunes. Además de ser más fácilmente financiable, conllevar menos costes de administración, proporcionar mayor seguridad y responder más fielmente al principio de hacer común el disfrute de los recursos comunes.

En segundo lugar, es también obvio que la utilidad de una dotación en efectivo recibida como herencia universal depende de circunstancias que son completamente ajenas a la persona que la recibe, como la existencia de crisis o procesos inflacionarios que la descapitalicen. Sus efectos benéficos pueden desaparecer de un momento a otro y sin remedio.

En tercer lugar, hay cierto acuerdo en que una herencia universal sería tanto más efectiva cuanto más cuantiosa sea, es decir, cuanto mayor sea su capacidad para proporcionar un cambio en las condiciones de vida. Aunque esto, lógicamente, la hace más difícilmente financiable. ¿Permite realmente cambiar de vida un capital de 20.000 euros en la España actual, una cantidad, como he señalado, muy por debajo de la que propone Piketty, a quien se quiere hacer padre de la propuesta más reciente y avanzada? ¿Sería útil como medio de acceso a la vivienda si no hay oferta social o de precio asequible suficiente? ¿Es mejor y más justo dotar de capital a los jóvenes que financiar becas para garantizar su acceso a la educación? ¿Es más eficiente dar esa suma de capital a todas las personas tratando de que algunas emprendan negocios en lugar de disponer de bancos especializados en financiar ese tipo de emprendimiento?

Me temo que el efecto final que puede tener el establecimiento de una herencia universal como instrumento de lucha contra la desigualdad y generación de riqueza y bienestar es, por tanto, bastante indeterminado. Al menos, en comparación con otras alternativas. Sobre todo, si al mismo tiempo que se aplica no se están cambiando las condiciones de entorno, formación, cultura, movilidad, valores… en que se mueven quienes vayan a percibirla.

Como bien decía Paine, la idea de la herencia o dividendo universal parte de un principio de justicia indiscutible, pero eso no garantiza que pueda garantizarla o que sea el mejor instrumento para ello.

Finalmente, creo que hay dos objeciones que se pueden poner a esta nueva propuesta.

En primer lugar, que no se haya presentado con un plan de financiación claro y bien construido. La experiencia nos ha enseñado lo difícil que resulta abrir debates rigurosos y convincentes en torno a las propuestas de rentas garantizadas en cualquier caso. Se argumenta en su contra incluso cuando las formas de financiarlas estén perfecta y rigurosamente cuantificadas, como viene ocurriendo con la Renta Básica Universal. Mucho más difícil va a ser que se consiga la comprensión de la propuesta y su apoyo cuando este aspecto queda en el aire o se presenta con escaso realismo, como me temo que es el caso.

En segundo lugar, creo que este tipo de propuestas vienen a incidir en un triple defecto que, a mi juicio, tienen las políticas que vienen proponiendo las diferentes corrientes de la izquierda.

El primero, creer que se puede combatir la desigualdad mediante la re-distribución de los recursos, cuando lo imprescindible es modificar su distribución originaria.

El segundo, confiar en que es políticamente posible y económicamente suficiente para resolver la desigualdad el quitar dinero a los ricos para dárselo a los pobres.

El tercero, pensar que el bienestar y la vida digna de quienes menos tienen se consiguen simplemente dándoles más dinero para que se lo gasten en mercancías, cuando lo que se precisa es justamente lo contrario, construir espacios de desmercantilización y economía del común.

Hace un par de años, Thomas Piketty dijo en una entrevista a Le Monde que «la solución más sencilla para repartir la riqueza es la herencia para todos». Es posible que lleve razón, pero no suele ocurrir que las respuestas más simples y sencillas sean las más eficaces para resolver problemas complejos.

(*) Este artículo fue publicado en Público.es el 5 de mayo de 2023

Reseñas de libros

• Blanchard, Olivier (2023): Fiscal Policy under Low Interest Rates. The MIT Press (ISBN: 978-0262544870, pp.192)

(por Juan Francisco Albert, Departamento de Economía aplicada, Universidad de Valencia)

“Cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. Y ¿usted qué hace?”  Olivier Blanchard empieza su libro con esta conocida expresión atribuida a Keynes para justificar el cambio de paradigma que ha vivido en los últimos años gran parte de la macroeconomía mainstream; desde una posición que mayoritariamente avalaba las políticas de austeridad fiscal, hacia una visión más complaciente con el déficit público y el crecimiento económico. Este proceso de cambio viene legitimado por una sencilla ecuación (r-g) y por el comportamiento de una variable: la caída secular de los tipos de interés reales desde la década de los años 80. El problema fundamental de este libro es precisamente que los hechos cambian a una velocidad atroz. El ensayo que se termina de escribir a finales de 2021 y se construye a partir de un mundo de baja inflación y bajos tipos de interés, se pone en cuestión ante la actual realidad de tasas de inflación e intereses elevadas. En esta ocasión los hechos vuelven a cambiar, pero el autor no cambia su opinión. Blanchard defenderá la validez de su obra por dos razones que posteriormente se discutirán en esta reseña, pero primero entremos a detallar las premisas principales de un libro riguroso, divulgativo y provocativo a partes iguales.

 Tras una breve introducción, en el capítulo 2, Olivier Blanchard realiza unas aclaraciones previas para ir dando forma a su teoría. En primer lugar, define el concepto de interés natural – noción de tipo de interés que no agradará al lector de corte postkeynesiano. A diferencia de la teoría keynesiana que sostiene que el tipo de interés es el resultado de equilibrio entre la oferta y demanda de dinero, es decir, es un fenómeno monetario, Blanchard sigue la tradición del economista sueco, Knut Wicksell, para definir el tipo natural como un tipo de interés independiente del mercado monetario y que es determinado por variables reales. Para esta tradición, el tipo de interés natural es el tipo de interés que iguala el ahorro y la inversión cuando la producción se sitúa en su nivel potencial. En otras palabras, es el tipo de interés que iguala la demanda agregada a la producción potencial. Nótese dos apreciaciones a este respecto en relación con los bancos centrales. La primera es que el banco central no influye en el devenir del tipo de interés natural, como ya se ha comentado, y este solamente sufre variaciones ante cambios en las variables reales – fundamentalmente cambios en las decisiones de ahorro o inversión. En segundo lugar, si el banco central quiere estabilizar el ciclo económico, lo único que tiene que hacer es fijar el tipo de interés de mercado en su tasa natural. De esta forma la producción será la potencial y la inflación estará anclada en el objetivo.

Pues bien, la evolución del tipo de interés natural va a tener implicaciones notables en la teoría de este libro. Blanchard observa el hecho estilizado de que el tipo de interés natural se ha ido reduciendo en los últimos 30 años. Esto tiene, al menos, dos implicaciones relevantes. Por un lado, si el tipo natural se encuentra en tasas muy bajas o incluso negativas, los bancos centrales se muestran incapaces de reducir el tipo de interés de mercado a los mismos niveles que el tipo de interés natural. Esto se conoce en la jerga como el límite inferior de los tipos nominales (effective lower bound en inglés). Las consecuencias son directas, si el tipo de interés de mercado se sitúa por encima del tipo de interés natural, los bancos centrales fallan en su intento de generar suficiente demanda para mantener la producción en su tasa potencial y llegamos a una situación que Alvin Hansen definió en los años 30 y fue rebautizada por Larry Summers en 2014 como “estancamiento secular”. Esto es, una carencia de demanda crónica donde el ahorro es superior a la inversión. La segunda implicación, que será la base que sustente el libro, es que al reducirse tanto el tipo de interés real de mercado porque los bancos centrales intentan perseguir el tipo de interés natural, la tasa de interés será menor a la tasa de crecimiento de la economía (expresado matemáticamente, r<g). Pero un momento, ¿no decía otro prominente economista francés, Thomas Pikkety, que la causa de la desigualdad de riqueza era que estaba sucediendo todo lo contrario? Es decir, el retorno del capital era superior al crecimiento de la economía (r>g). Aquí Blanchard reconcilia ambas realidades haciendo una distinción entre los tipos de interés. Mientras Pikkety tiene en cuenta en su tipo de interés el retorno del riesgo en las inversiones – la prima de riesgo- Blanchard usa como referencia el tipo de interés libre de riesgo, un tipo de interés más cercano al tipo marcado por los bancos centrales y la deuda pública de los países más solventes. De hecho, de nuevo la evidencia parece mostrar que mientras el tipo de interés libre de riesgo se ha reducido significativamente en los últimos años, los tipos con un riesgo implícito no lo han hecho tanto. Esto se explica principalmente por una mayor aversión al riesgo generalizada y un mayor apetito por activos más seguros y líquidos. Por tanto, ambas realidades son perfectamente compatibles, la prima de riesgo es lo que marca la diferencia entre la tendencia observada en ambos tipos de interés.

Llegados a este punto, cabe preguntarse qué es lo que ha causado una reducción de los tipos naturales en los últimos 30 años (¡realmente algunos estudios históricos apuntan a que la caída de los tipos de interés lleva produciéndose desde el año 1400!). Blanchard en el capítulo 3 señala algunas hipótesis refugiándose en la literatura empírica y teórica. Si como venimos diciendo el tipo de interés natural se determina en el mercado de ahorro-inversión, los sospechosos que han producido esta caída en el interés hay que buscarlos en los cambios producidos en las decisiones de los agentes en ambas variables. ¿Qué ha pasado con las decisiones de ahorro en los últimos años? Diversos cambios a nivel global han tendido a aumentar la demanda de ahorro. Por un lado, cambios demográficos profundos. La mayor esperanza de vida y la caída en la natalidad causa un aumento voluntario o forzoso del ahorro – las personas en edad de trabajar tienen que ahorrar más para financiar una vejez cada vez más dilatada o para sustentar las rentas de una generación creciente y numerosa de pensionistas.  Por otro lado, un exceso de ahorro global de países con una elevada capacidad exportadora, como China, Japón o los países productores de petróleo, han acumulado grandes superávits en sus balanzas comerciales que han ido destinados a la compra de deuda de países seguros como EE. UU. o algunos países europeos. Por otra parte, las elevadas desigualdades dentro de los países también han reducido la propensión marginal a consumir total de las economías al concentrar la renta y la riqueza en pocas manos con el consecuente aumento de la tasa de ahorro. Por el lado de la inversión, factores como la caída en el precio de los bienes de capital, un menor progreso tecnológico comparado con las anteriores revoluciones industriales o un menor dinamismo innovador también producido por un gradual envejecimiento poblacional han tendido a reducir la inversión. En suma, tanto el aumento del ahorro, como la caída en la inversión, han sido los causantes de la caída de los tipos de interés y el resultado de la afamada ecuación (r<g).

Llegados a este punto, el autor resalta dos conclusiones principales que desarrolla en los capítulos 4 y 5. La primera es que asumiendo que la condición de r < g se mantiene, existe un espacio fiscal adicional para políticas fiscales expansivas sin tener que preocuparse demasiado por la sostenibilidad de la deuda. Bajo ciertas condiciones, una economía que tenga un tipo de interés real de la deuda inferior a la tasa de crecimiento real de la economía podría generar pequeños déficits primarios dejando inalterada, o incluso reduciendo, la ratio deuda pública sobre el PIB.  La intuición es sencilla, si el crecimiento de la deuda (déficits primarios + el pago de intereses) es menor o igual al crecimiento de la economía, podrán coexistir déficits primarios con un mantenimiento de la ratio de la deuda sobre el PIB. Esto implica que si por cualquier razón, por ejemplo, durante una recesión, una economía ha generado déficits primarios por un tiempo, no necesariamente se requerirán superávits futuros para garantizar la sostenibilidad de la deuda. La ratio deuda pública sobre el PIB se podrá estabilizar sin ajustes fiscales futuros siempre y cuando r<g se mantenga. Ahora bien, ¿significa esto que los gobiernos tienen margen indefinido para gastar sin ninguna preocupación? Parece evidente que no. Existen, al menos, dos riesgos para las políticas fiscales expansivas sin precisar un ajuste fiscal posterior. El primero tiene que ver con la endogeneidad. La propia ejecución de una política expansiva podría ejercer una presión al alza sobre el tipo de interés natural, por tanto, si esto ocurre, el banco central en aras de defender su objetivo de estabilidad de precios aumentaría el tipo de interés de mercado pudiendo revertir el signo de (r-g). El segundo riesgo es la incertidumbre. Resumiendo mucho, no podemos dar por garantizado que r<g se produzca indefinidamente.

La segunda implicación notable de ese desequilibrio es que desde Phelps sabemos que una economía donde r es menor a g es dinámicamente ineficiente. La intuición aquí es que un r<g indica que la economía ha acumulado mucho capital. Como el crecimiento de la depreciación del capital es lineal a la acumulación de capital, llegará un momento en el que, al añadir una unidad adicional de capital, el incremento de la producción generado sólo permita reponer la depreciación de la unidad de capital incorporada. Llegados a este extremo, con unidades adicionales de capital, las posibilidades de consumo se reducen debido a que el incremento de la producción obtenido no permite reponer la depreciación de las nuevas unidades y, por lo tanto, se hace necesario disminuir el consumo para reponer el capital. Por tanto, en esta situación, se hace deseable una caída en el ahorro para reducir la acumulación del capital y aumentar el bienestar general. Y como no, aumentar el déficit y la deuda pública es una forma de lograrlo.

En resumen, la tesis de Blanchard avala el retorno de la política fiscal como política de estabilización a la macroeconomía mainstream, tanto por motivos de sostenibilidad, como por motivos de eficiencia y bienestar. Eso sí, siempre que la condición r<g se mantenga. Medidas fiscales demasiado complacientes con los déficits públicos podrían alterar esta condición, especialmente en los países ya muy endeudados tras dos importantes crisis prácticamente consecutivas.  Aquí precisamente es donde viene el problema que se describía al inicio de esta reseña. El repunte inflacionario actual ha provocado que los bancos centrales de buena parte del mundo aumenten el tipo de interés y esta relación deje de ser tan benigna para la política fiscal. Los críticos aprovechan la coyuntura para señalar que los bajos tipos de interés son una cosa ya del pasado. También señalan que a medida que la generación del baby boom se vaya retirando de la vida laboral empezarán a desahorrar. Además, es probable que la transición ecológica aumente las oportunidades de inversión. Menos ahorro y más inversión se traducirán en un mayor tipo de interés natural. Blanchard se defiende y se resiste a descatalogar su libro. Sostiene que los factores estructurales que presionan a la baja los tipos de interés siguen estando ahí, y mantiene que los tipos bajos y la baja inflación volverá a ser una realidad cuando pase la marea. El tiempo dirá si este interesante libro lo encontraremos disponible en las estanterías de historia económica o cobrará de nuevo plena vigencia. En cualquier caso, bienvenido sea el debate del retorno de la política fiscal.

• Beneyto, José María y Pampillón, Rafael (coord.)(2023): La Alternativa. Desafíos políticos y económicos en el nuevo ciclo. Deusto, Barcelona (ISBN: 978-84-234-3565-4, pp.373)

(por José María Beneyto y Rafael Pampillón son Catedráticos de Derecho Internacional y Política Económica respectivamente de la Universidad CEU San Pablo)

Este libro surge de la preocupación y el compromiso cívico de un grupo de personas que desean contribuir a la regeneración de la vida pública española y realizar propuestas positivas y de futuro. Surge también de un claro hastío ante las políticas de confrontación permanente y radicalismo que han alimentado los Gobiernos actuales. Lo que nos une son largas y experimentadas trayectorias profesionales y el deseo de aportar ideas y sugerencias que respondan a las verdaderas necesidades de nuestro país, no al narcisismo de determinadas minorías. Las reformas, los consensos, la centralidad, el sentido del interés general son absolutamente imprescindibles para cualquier política que no esté simplemente obsesionada por mantener el poder y supeditar el bienestar general a decisiones legislativas que responden a posicionamientos fuertemente ideológicos no compartidos por la mayoría de la sociedad española.

Ese dejarse guiar por los dogmas de una transformación social acelerada se ha venido acompañando de gestos cada vez más dirigidos a la estigmatización de las personas y los grupos que no se han alineado con los objetivos de un gobierno de coalición que ha incluso generado fuertes voces críticas o disidentes en el propio partido socialista. La vuelta a las reformas con amplio respaldo social, a las políticas sensatas, a la centralidad y a la moderación no significa hacer dejación de principios y valores, ni de una visión de la “buena vida”, como decían los clásicos griegos, de una mejor vida, con mayor exigencia personal y colectiva. Las múltiples crisis, y sus consecuencias, a las que nos enfrentamos en el escenario global, exigen la necesidad de superar la incapacidad demostrada de construir de forma consensuada un proyecto de país, una hoja de ruta sobre qué tipo de sociedad queremos compartir y cuál es nuestra meta compartida.       

Es necesario analizar y ser conscientes de nuestras debilidades y problemas estructurales, pero también de cuales son nuestras fortalezas. Es vital buscar soluciones alejadas del populismo, que olvida el papel clave del individuo, de las familias, y de las empresas, en la sociedad. El populismo acaba minando cualquier sentido de cohesión social con las falsas promesas de la solidaridad permanente “desde arriba”. Su solución consiste en aumentar los impuestos y hacer depender a los ciudadanos del maná estatal, para acabar gregarizándolos. La iniciativa, el realismo y la visión a largo plazo para realizar las reformas estructurales necesarias sobre la base de amplios acuerdos entre las fuerzas políticas, los agentes sociales y la sociedad civil es lo que demandamos del nuevo ciclo político. Somos bien conscientes de los desafíos, pero también de las decisiones requeridas para modernizar nuestro Estado del Bienestar, mejorar la eficiencia de las administraciones públicas y de las políticas activas de empleo, o diseñar un sistema fiscal, laboral y regulatorio que impulse la creación y el crecimiento de riqueza para todos.

En estas páginas nos ocupamos de las pensiones, de la educación, de las finanzas públicas, de la transformación digital y ecológica, de la innovación, de la lucha contra el cambio climático, el sector agroalimentario, las telecomunicaciones o el turismo. Desde el conocimiento técnico y haciendo propuestas avaladas por la experiencia. Y ponemos un énfasis particular en lo crucial que resulta la defensa de la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes, la autonomía de los supervisores económicos y la defensa de los derechos de los ciudadanos. El ataque sufrido por las instituciones del Estado de Derecho en los últimos años no debe volver a repetirse.

Ineludible resulta un plan de consolidación fiscal que permita reducir nuestros elevados niveles de endeudamiento público, como lo es una reforma del sistema educativo que garantice no solo la empleabilidad de nuestros jóvenes, sino también la certeza de que van a poder desarrollar su proyecto vital. Ya basta de adanismos y de improvisaciones. Las fortalezas de España son numerosas, pero sin duda la mayor debilidad es no tener presentes las fortalezas que poseemos y la falta de unidad para abordar los grandes retos comunes.   

Los autores de este libro estamos también firmemente convencidos de que Europa sigue siendo el marco para las soluciones que necesitamos, y que, como ha vuelto a poner de manifiesto la guerra de Ucrania, una firme alianza con Estados Unidos a través de la OTAN es la garantía de nuestra supervivencia y seguridad. Por eso rechazamos los antiamericanismos latentes o explícitos, la desconfianza, hasta el rechazo abierto, a los valores occidentales. La Unión Europea es un gran catalizador del progreso socioeconómico y de la prosperidad de los ciudadanos españoles, siempre y cuando Gobiernos ineficientes no pongan trabas burocráticas a la ejecución de las políticas y los fondos comunitarios.  

Y agradecemos también cordialmente a Alberto Núñez Feijoó, el presidente del Partido Popular, sus amables palabras en el prólogo, deseando que este libro se convierta en una pieza importante de la reflexión y el debate público de nuestro país en los próximos meses.

En el primer capítulo, Nicolás Checa, analista político y experto en Democracia, hace una reflexión sobre las motivaciones de los votantes españoles en la actualidad. En su opinión, la alternativa política se debe construir sobre una visión positiva de España, superando la división izquierda-derecha y la polarización. Hace falta un proyecto que tenga como Ideas-fuerza las siguientes: futuro, unidad, pragmatismo, moderación. Así se conseguirá conectar con el deseo de cambio de la ciudadanía. Hay que superar la dinámica de los últimos años, en los que una minoría radical ha impuesto su agenda a la mayoría. La intensa polarización, que se percibe en la vida política, no es compartida por la mayoría de los españoles en su vida cotidiana. Hay que acercar a los partidos y a los líderes a la España real, dejando atrás el quinquenio de Sánchez y Podemos, que ha roto los consensos fundamentales de la España constitucional. El viejo modelo divisivo, que ellos propugnan, no es atractivo ni reconocible para las generaciones actuales.

Por su parte, José María Beneyto. Catedrático de Derecho Internacional, Derecho Europeo y Relaciones Internacionales, aborda, en el Capítulo 2, asuntos de Política Exterior. A su juicio, en el contexto geopolítico creado tras la guerra de Ucrania, es necesario replantear conceptos y estrategias previos, así como redefinir las políticas de seguridad y defensa. España necesita integrar todos los nuevos desarrollos en una política exterior cohesionada y claramente definida y ejecutada. Por otro lado, hay que prestar especial atención a distintas regiones del mundo. Empezando por Europa, donde nuestro país debe hacer oír su voz y debe gestionar eficazmente los fondos Next Generation EU. En relación con Latinoamérica, resulta preciso modernizar y revitalizar de forma continuada las Cumbres Iberoamericanas, para que tenga un verdadero impacto en los ámbitos económico, social y político. Asimismo, se necesita una impulsar la inversión y la cooperación económica entre España e Iberoamérica. Otra región a la que habrá que prestar especial atención por su proximidad, por su relación con los movimientos migratorios y por su potencial económico es África Subsahariana. En este sentido, habría que reforzar la relación con países como Kenia, Sudáfrica o Angola.

En el capítulo 3, se desarrolla una materia clave para el futuro de nuestro país: Perspectivas de la economía global y la economía española. Este apartado ha sido escrito por los profesores Rafael Pampillón Olmedo (IE Business School y Universidad CEU San Pablo) y Ana Cristina Mingorance-Arnáiz (Universidad CEU San Pablo). Estos académicos consideran que el mundo actual parece encontrarse en una especie de crisis sistémica, que cada vez recuerda más al modelo VUCA, es decir, Volatilidad, Incertidumbre (Uncertainty en inglés), Complejidad y Ambigüedad. En efecto, en el primer cuarto del siglo XXI, se han incrementado las tensiones políticas, tanto a nivel nacional como internacional. Los problemas económicos y los conflictos sociales se han disparado. Y nuestro planeta empieza a ser un escenario distópico, lleno de cisnes negros: el Brexit, la pandemia, la Gran Renuncia, la Guerra de Ucrania, la inflación…Términos económicos como la inflación subyacente, el déficit estructural, la prima de riesgo, el nivel de endeudamiento, hasta hace poco desconocidos por una parte importante de la sociedad, han pasado a estar en boca de muchos. Solventar los problemas a los que se están enfrentando países como España debería ser la prioridad de los Gobiernos. En este capítulo se abordan, de una manera global, algunas de estas cuestiones. Se hace una breve revisión a los acontecimientos que se han sucedido desde el inicio de siglo, y que son, en parte, causa de los desajustes y tensiones que estamos viviendo. Además, se ofrece un análisis de los principales problemas sociales y económicos que estamos afrontando, así como de sus causas. Finalmente, el capítulo se cierra con una serie de medidas que podrían convertirse en la hoja de ruta del próximo Gobierno de España.

El cuarto capítulo lleva por título “Nuevos paradigmas para la política monetaria”. Ha sido elaborado por Alicia Coronil Jonsson, Economista Jefe de Singular Bank. La autora considera que 2023 será un año clave en términos de inflación y de evolución de los tipos de interés. Después de años de política monetaria expansiva de los principales bancos centrales, nos enfrentamos a un nuevo escenario, en el que los gobiernos tendrán mayores incentivos para acometer procesos de consolidación fiscal y reformas estructurales de calado. Sólo así se podrá impulsar la competitividad y la productividad, especialmente en algunos países de la Eurozona como Italia y España. Para conseguir un crecimiento elevado y sostenible es necesario apostar por las reformas estructurales de oferta y por una gestión más eficiente del gasto público. En el caso de España, se necesita, además, reforzar la estabilidad política, la seguridad jurídica o la calidad educativa. Es básico que, en nuestro país, se recupere el protagonismo de las empresas y de las políticas de ofertas para garantizar un entorno estable de precios y el dinamismo futuro de la economía. Los retos que afrontamos exigen no caer en los errores del pasado en la toma de decisiones de la política económica.

El capítulo 5 aborda una materia de especial relevancia: el futuro de las pensiones. Ha sido escrito por Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA. González resalta la importancia de que los ciudadanos cuenten con sistemas de previsión social complementaria que, junto con la pensión pública, les permitan que sus ingresos tras la jubilación sean adecuados y puedan mantener su patrón de consumo. En su opinión, la previsión social complementaria en España es claramente insuficiente, en relación con los países de nuestro entorno europeo. Deben adoptarse medidas que reviertan dicha situación, de modo que estos sistemas puedan contribuir al crecimiento económico y a la mejora de la competitividad de nuestro país. Esto supone, en primer lugar, regular adecuadamente los incentivos fiscales para los planes de pensiones, que, en los últimos años, en España no han sido estables y se han reducido drásticamente. También se podrían implantar otras actuaciones. Por ejemplo, una vez al año debería remitirse, por parte de la Seguridad Social, a todos los trabajadores una comunicación con la información de la previsible pensión pública, en euros de hoy, que percibirían, bajo determinadas hipótesis, en el momento de jubilarse. Esta obligación sería extensiva a los sistemas complementarios privados. Finalmente, hay que apostar por los sistemas de previsión social empresarial para dar cumplimiento a una de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

El capítulo 6 se titula “Una educación estancada en la mediocridad”. Ha sido obra de Julio Pomés, presidente de Civismo. Como se sabe, la educación es un ámbito clave para que España tenga un futuro próspero como país. Al mismo tiempo, se trata de una de las materias en las que más difícil ha resultado llegar a pactos de Estado desde la aprobación de la Constitución del 78. Según Pomés, hay que apostar por una educación centrada en responder a esta pregunta: ¿qué es lo que le conviene al estudiante para su propio desarrollo? Y aventura tres respuestas: disponer de un sistema educativo que respete la libertad de los padres, estimular el esfuerzo del alumno para lograr un aprendizaje de calidad, e incorporar unas evaluaciones rigurosas. Estos tres retos son los que nos acercarían a los países con un mejor sistema educativo del mundo.

En el capítulo 7, se nos plantea un reto intelectual: ¿Cómo conseguir la cuadratura del círculo fiscal: rebajas fiscales y mejora del Estado del bienestar? Sus autoras son Begoña Barruso-Castillo (Universidad CEU San Pablo) y Ana Cristina Mingorance-Arnáiz (Universidad CEU San Pablo). En su opinión, el cuadro macroeconómico español (finanzas públicas desequilibradas, elevada inflación, tasa alta de desempleo), requiere adoptar medidas fiscales que permitan al Gobierno el sostenimiento del Estado del bienestar. Para ello se hace necesario reducir el gasto público no productivo e introducir criterios de eficiencia en el gasto. Esto, a su vez, permitirá adoptar medidas de reducción en los ingresos impositivos. Para ello habrá que modificar el tax mix, reduciendo el peso de los impuestos directos y de las cotizaciones sociales, lo que a medio plazo permitiría incrementar la recaudación impositiva al estimular la creación de empleo, la producción y la productividad. Para no poner en riesgo las finanzas públicas, estas medidas podrían ir acompañadas de un aumento selectivo de los impuestos indirectos. Por otro lado, hay que evitar que la inflación haga que los ciudadanos soporten una carga tributaria mayor, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo. Estas medidas podrían suponer un estímulo para que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias, reduciéndose así el peso de la economía sumergida. De este modo, habría más recursos para nuestro Estado del bienestar, que, se puede ver presionado por el proceso de envejecimiento de la población española.

A continuación, Iñigo Fernández de Mesa, Presidente del Instituto de Estudios Económicos, se plantea, en el octavo capítulo, cómo responder a las necesidades de las empresas en el nuevo ciclo: inversión, tamaño, transformación digital y ecológica. A su juicio, la economía española se enfrenta a un escenario complejo, si se quieren superar las dificultades actuales sin que se resientan los niveles de crecimiento y empleo. Sería necesario un ajuste presupuestario que consolide nuestras finanzas públicas, y reforzar los mecanismos que mejoren las condiciones en las que operan las empresas. De esta forma, se favorecerán las inversiones que mejoran la productividad a largo plazo y que minimizan las pérdidas de renta y de bienestar. Algunas de estas inversiones serán necesarias, por ejemplo, para convertir España en una economía climáticamente neutra. Este objetivo requerirá descarbonización, energías renovables, infraestructuras energéticas, eficiencia energética y transporte sostenible. En este ámbito, se ha de considerar el papel que puede adoptar la Economía Circular. Se trata de un nuevo paradigma que resuelve los grandes retos medioambientales a través de nuevas tecnologías, que abren oportunidades de negocio y, por tanto, la creación de puestos de trabajo. Para tener una economía sostenible, el volumen de recursos necesarios es muy elevado. Por ejemplo, se estima que para lograr los objetivos de la agenda 2030 de Naciones Unidas serán necesarias inversiones por valor de entre 5 y 7 billones de dólares al año hasta 2030.

En el capítulo 9, “Sostenibilidad, transición energética y el papel de las finanzas”, Emma Navarro, Consejera de Iberdrola y ex Presidenta del ICO, afirma que la sostenibilidad se ha convertido en uno de los principales retos a los que se enfrentan los países y empresas. Y destaca la importancia que ha tenido el cambio climático en los debates y políticas nacionales e internacionales. El consenso sobre la necesidad de descarbonizar las economías es cada vez mayor. En efecto, los países comprometidos con la neutralidad climática representan ya el 90% del PIB mundial. Sin embargo, la guerra en Ucrania y la consiguiente crisis energética han dificultado la consecución de este objetivo. Previsiblemente, la situación catalizará a medio plazo la transición energética, favoreciendo la apuesta por las energías renovables como forma de reducir la dependencia energética. En este contexto se han desarrollado, en los últimos años, las finanzas sostenibles. Es decir, la incorporación en las decisiones del sector financiero de los aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno (los llamados factores ESG).

El capítulo 10 ha sido escrito por Nemesio Fernández-Cuesta, empresario y ex Secretario de Estado de la Energía, y versa sobre la lucha contra el cambio climático y el desafío de la transición energética. Fernández-Cuesta afirma que, en tiempos de crisis, se requiere que los mercados funcionen correctamente, lo que sucede cuando éstos reflejan de forma adecuada la interacción de la oferta y la demanda. Un mercado no funciona necesariamente bien cuando los precios son bajos y los beneficios empresariales se reducen. Al contrario, tampoco funciona mal cuando los precios son altos y los beneficios de las empresas se disparan. En la medida en que reflejen el equilibrio entre oferta y demanda, el funcionamiento del mercado es correcto. Otra cuestión que se plantea de forma recurrente es si, ante una situación de precios altos, los beneficios extraordinarios de los operadores están justificados. En Europa, se ha tomado la decisión de gravar con un tipo extraordinario del 30% aquellos beneficios que superaran en un 20% los beneficios medios de los últimos tres años. La decisión española de gravar con un tipo del 1,2%, no los beneficios sino los ingresos, carece de una lógica comprensible desde el punto de vista del negocio. En cualquier caso, la transición energética en un esfuerzo de largo aliento que requiere, no dejar a nadie atrás. Contar con recursos financieros públicos, como los fondos europeos en esta fase inicial, e ingresos fiscales suficientes a lo largo de los años, es una garantía para la culminación de un proceso que, si se hace bien, supondrá un drástico y positivo cambio para nuestra economía.

En el capítulo 11, se aborda el sector agroalimentario español. Se hace a través del trabajo de Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, Secretario General de la Cámara de Comercio de España. El autor resalta la importancia estratégica de este área de actividad económica, así como su enorme potencial para la cohesión territorial y social. Consecuentemente el sector agroalimentario debe estar bien representado políticamente. En este sentido, el Ministro de Agricultura debe tener liderazgo y capacidad de gestión para defender los intereses los agricultores españoles en la Unión Europea. Por otro lado, el Ministerio ha de contar con un equipo con suficiente rigor técnico y relevancia institucional. En este sentido, se recomienda elevar el rango de la Secretaría General de Agricultura, Pesca y Alimentación al de Secretaría de Estado. Asimismo, se debería intensificar la colaboración interministerial entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y aquellos departamentos ministeriales con competencias expresas en cuestiones que impactan de modo notable sobre el sector, como Sanidad, Economía, Comercio, o Hacienda. En suma, la agricultura debe ser una política de Estado. Una política, al tiempo, adaptada a cada realidad territorial del país, capaz de atender a sus singularidades y de tener una visión de conjunto.

El capítulo 12 está dedicado a Telecomunicaciones y transformación digital. Su redacción ha corrido a cargo de Carlos López-Blanco, ex secretario de Estado de Telecomunicaciones. El autor propone afrontar una reflexión estratégica, a nivel nacional, sobre las Telecomunicaciones y la regulación digital. En su opinión, la normativa española se ha visto primero condicionada y luego sustituida por Directivas y Reglamentos, lo que no deja margen de maniobra alguno al legislador español. Por otro lado, necesitamos imperiosamente una Autoridad Europea de Competencia, en materia de Telecomunicaciones y sector digital. Las Políticas de Telecomunicaciones y Digital están hoy, en manos de la Unión Europea pero existen zonas de soberanía nacional que deben desarrollarse adecuadamente, como las redes de nueva generación y la Fibra Óptica. La Política de Telecomunicaciones y su heredera natural la Digital han sido históricamente en España políticas de Estado, donde no hay bandazos al cambiar el partido en el Gobierno, y debe seguir siendo así. Además, es necesario completar la liberalización de las Telecomunicaciones con la definitiva normalización del sector. También es necesario afrontar el proceso de digitalización de los sectores principales de la economía española y las empresas de todos los tamaños. Para eso, se requieren políticas regulatorias adecuadas, pero también medidas de fomento y desarrollo, especialmente de la pequeñas y medianas empresas.

El capítulo 13 está centrado en uno de nuestros buques insignia: el turismo. Este tema ha sido desarrollado por Simón P. Barceló, Co-presidente del Grupo Barceló. En su opinión, el sector turístico funciona, como lo demuestran los datos. Siempre, sale al rescate de la economía en España equilibrando la balanza de pagos. Al mismo tiempo, se puede mejorar. En primer lugar, partiendo de cero, hay nuevos modelos de negocio, la economía 3.0. El consumidor ha cambiado, ha puesto el foco en otras motivaciones para satisfacer sus necesidades, y la irrupción de la tecnología es ya una realidad. Los cambios son rápidos, pero la Administración es lenta. Se necesita que la relación público-privada sea de acompañamiento, de gestión del conocimiento y valor compartido para dar un verdadero impulso al bienestar social y económico. La medida también permitiría el impulso al turismo sostenible donde se minimizan los efectos de la actividad sobre el medio ambiente, y se apuesta por un modelo turístico a largo plazo. En segundo lugar, España es un país rico, diverso, lleno de atractivos vinculados a su historia, a su gente, a sus valores, a su gastronomía, a sus recursos naturales y culturales. El turismo en el mundo va a seguir creciendo (2000 millones de viajeros internacionales). Según Barceló, depende de los españoles decidir qué papel queremos tener en ese crecimiento. Habría que hablar de desarrollo económico, eso implica hablar de desarrollo turístico, implica decidir qué porcentaje del PIB turístico mundial queremos para España. Implica asumir el liderazgo en materia de sostenibilidad, de digitalización y de talento. Implica ser los mejores en rentabilidad social y económica.

En el capítulo 14, se expone un asunto de máxima trascendencia: la eficiencia del gasto público en España. Este tema ha sido desarrollado por Gregorio Izquierdo, Director General del Instituto de Estudios Económicos. Según Izquierdo, el proceso de consolidación fiscal que deberá afrontar nuestra economía en los próximos años debe centrarse en la mejora de la eficiencia del gasto público y no en el incremento de impuestos. Esta mejora de la eficiencia del gasto cobra especial relevancia tras el endurecimiento de la política monetaria que se ha producido en 2022 (y que continuará en 2023), así como ante la vuelta de las reglas fiscales a partir de 2024. Nuestro país presenta un claro margen de mejora, ya que en las clasificaciones internacionales aparece sistemáticamente por debajo de los promedios de la UE y de la OCDE, y a unas distancias muy considerables de las mejores prácticas internacionales. El objetivo debería ser lograr una Administración más flexible, más dinámica, más moderna, más transparente, más coordinada, más cercana, más digitalizada y, por supuesto, más eficiente y eficaz.

El capítulo 15 lleva por título La independencia del Poder judicial. El Consejo General del Poder judicial. Y ha sido escrito por el abogado Luis de Burgos. Según De Burgos, que nuestro sistema constitucional se fundamenta en “la justicia”, como valor fundamental, y el Estado de derecho, entendido como “el imperio de la ley”. En desarrollo de este fundamento, el artículo 9.1 de la Carta Magna indica “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. En coherencia con todo lo anteriormente dicho, es necesario el establecimiento de un poder separado e independiente de los otros dos poderes, que se encargue de administrar esa justicia. Ese será el “poder judicial” recogido en el Título VI de la Constitución. Así el famoso art 16 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 señala que “Toda sociedad en la cual no está asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes no tiene Constitución”. En consecuencia, el Poder Judicial será el encargado de administrar la justicia, que emana del pueblo, y se concreta en la ley, y esa administración se hará “por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes”. (Artículo 117 de la constitución española). Queda claro, pues, que la independencia no es una cualidad más, ni una cualidad adjetiva de quienes tienen el encargo de velar por la proclama constitucional de que España sea un Estado de derecho, y que en ella se cumpla de manera efectiva su fundamento en la justicia. La independencia de los jueces y tribunales se constituye en la primera cualidad de quienes tienen atribuida esa misión.

El capítulo 16 se centra en cómo fortalecer y mejorar los supervisores económicos independientes, como la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Ha sido elaborado por Sebastián Albella Amigo, Abogado, Ex Presidente de la CNMV. Albella habla de algunos cambios que podrían introducirse en España en la estructura de la supervisión financiera. El objetivo sería reforzar la eficacia de la supervisión y asegurar esa independencia que es tan relevante para su credibilidad y para que no se vea perturbada por pulsiones o intereses ajenos a los objetivos que debe perseguir. En primer lugar, tal estructura debería orientarse hacia un modelo sectorialmente consolidado y de doble polo, solvencia y conducta: el famoso twin peaks, un modelo que está siendo adoptado cada vez en más países. La implantación en España del modelo de doble polo se basaría en atribuir al Banco de España la supervisión prudencial o de solvencia sobre todas las entidades financieras, cualquiera que sea el subsector en que operen -bancario, asegurador o de servicios de inversión- y a la CNMV la supervisión de conducta, igualmente en relación con los tres. Lo más importante, en todo caso, no es cambiar el modelo de la supervisión financiera, por mucho que ello pueda ser deseable, o asignarle funciones adicionales, sino garantizar que se desempeña de modo estable, riguroso y profesional en beneficio de la economía española y, en definitiva, de los ciudadanos.

versión pdf

XVI Jornadas Internacionales de Política Económica. “Decisiones de Política Económica en momentos de incertidumbre”. La Laguna (Tenerife), 25-26 de Mayo de 2023. (ampliación de la fecha de inscripción hasta el 14 de abril de 2023)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos –Política Económica-, Universidad de La Laguna (España)

Las XVI Jornadas Internacionales de Política Económica tratarán de realizar aportaciones en una etapa en la que la incertidumbre rodea las decisiones que deben afrontar los responsables de la Política Económica en los próximos años. El interés de estas Jornadas se orienta hacia el estudio de las diversas políticas instrumentales, las políticas económicas sectoriales y los nuevos objetivos que van surgiendo a partir de los problemas que el contexto cambiante internacional está marcando. Asimismo, será de interés los aspectos relacionados con la docencia en esta disciplina.

COMITÉ ORGANIZADOR

Fechas importantes

Fecha límite para la presentación del resumen / abstract 13 de enero de 2023. Los autores deben enviar un resumen en formato pdf de 500 palabras (referencias bibliográficas aparte). El nombre del archivo deberá contener los apellidos del autor/a que presentará el trabajo. Por ejemplo: GonzálezPérez.pdf. El archivo se enviará al correo jipe2023@ull.edu.es

Fecha límite para la notificación de la aceptación de propuestas a los autores: 15 de febrero de 2023

Periodo de inscripción: del 16 de febrero al 3 de abril de 2023 (130 € pronto pago hasta el 15 de marzo de 2023; 200 € del 16 de marzo al 3 de abril de 2023)

Próximamente se enviará la web de las jornadas donde se especificará con más detalle las instrucciones de la inscripción y el resto de información.

Las Jornadas se centrarán en los siguientes grades bloques:

• El papel de la Unión Europea en el proceso de toma de decisiones de Política Económica
• Medidas de Política Económica para la gestión de la crisis COVID19
• Políticas económicas medioambientales (economía circular, política turística, etc.)
• La crisis energética y el papel del sector público (los efectos spillover de las instituciones gubernamentales sobre la eficiencia energética).
• Políticas económicas del sector financiero (banca, seguros, digitalización creciente, etc.)
• Políticas económicas de I+D+i+e (investigación, desarrollo, innovación, políticas públicas de fomento de la Responsabilidad Social, del emprendimiento)
• Políticas de descentralización fiscal y administrativa (la descentralización fiscal y el logro de acuerdos, el papel de las transferencias intergubernamentales verticales para alcanzar metas multidimensionales, etc.)
• Política educativa y laboral (políticas de innovación educativa, reformas educativas, la intervención de los agentes públicos en el mercado de trabajo)
• Regulación de precios frente a la inflación y los desequilibrios del mercado
• Innovación en la docencia de la Política Económica

COMITÉ CIENTÍFICO

Más información: https://eventos.ull.es/xvi-jornadas-internacionales-de-politica-economica/comite-organizador

XVIII Simposio Hispano-Ruso “España y Rusia en un mundo multipolarizado en crisis”, Valencia (España), 28-29 de junio de 2023

(realización dual: directo y telemática)

Organiza: Universidad de Valencia (Unidad Docente de Política Económica. Departamento de Economía Aplicada) y Centro de Estudios Ibéricos del Instituto de Latinoamérica (ACR)

Presentación

Desde el inicio del siglo XXI se han sucedido una serie de crisis que están conduciendo a cambiar la fisionomía mundial de la centuria anterior. La crisis financiera de 2008 ha trastocado los motores de crecimiento económicos, la sanitaria de 2020 ha alterado los fundamentos sociales y el conflicto bélico en Europa iniciado en 2022 está cambiando el marco geopolítico internacional. Como consecuencia de estos cambios parece que se está iniciando un periodo de transición caracterizado por un mundo multipolar. Su peculiaridad radica en que se está operando al mismo tiempo que tiene lugar una crisis económica, política y social, y a la que hay que añadir la cuestión medioambiental. Parece que se ha reactualizado un nuevo enfrentamiento mundial Oriente-Occidente, combinado con una creciente autonomía de un conjunto de países “no alineados”. Este Simposio tiene como referencia de la discusión este tipo de aspectos.

Dados los grandes y plurales retos que se plantean este Simposio pretende fomentar un debate interdisciplinar. Son bienvenidos los trabajos de análisis económico o políticos aplicados, pero también los que pretenden poner de relieve las intervenciones estatales en estas circunstancias cambiantes (política económica). No obstante, dados los cambios internacionales, también serían de interés aquellos que tengan un enfoque social o los de carácter medioambiental. Adicionalmente, podrían tener importancia para la discusión aquellos con un perfil más cultural o psicosocial.

 Idioma del Simposio: español

Plazos y procedimientos:

Fecha límite de presentación de las propuestas (200-250 palabras): 28 de abril 2023

Fecha límite de textos completos (max.30 mil caracteres) (para su publicación): 15 de julio 2023

Envío de textos completos a: ilacentroiberico@gmail.com

Envío de propuestas a: xviiisimposio@uv.es

Docencia en Política Económica: Twitter del Master en Política Económica y Economía Publica de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia

La dirección del Master en Política Económica y Economía Publica de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia ha decidido reactivar el twitter del Máster. Este mecanismo pretende ser un instrumento de comunicación no sólo académico, sino que también refleje las relaciones entre Política Económica-Economía Publica y la realidad actual.

Tweets by MasterPolecoUV

ó

@MasterPolecoUV

 Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.

Durante el último periodo se ha difundo por REDIPE un interesante análisis denominado “Radiografía de las subvenciones provenientes de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en España”, donde se analiza parte de la aplicación de este plan marco de política económica en España. Varios de los documentos distribuidos versan sobre los grandes problemas actuales de la UE, como se trata de la gestión de la deuda pública, la política antiinflacionista y sus relaciones con la política económica aplicada en EEUU. Es interesante la aparición de un artículo escrito por Hausmann acerca de la recuperación de una política industrial activa. Asimismo, destacan dos trabajos que abordan problemas estructurales, como se trata de la desaceleración mundial y el papel de China, así como la influencia que están jugando las tecnologías avanzadas y, en particular, la inteligencia artificial. Finalmente, vale la pena reseñar un trabajo escrito por Acemoglu y Simon sobre el ChatGPT, instrumento que está teniendo una gran resonancia en los medios de enseñanza. También es interesante el artículo de James Galbraith en el que señala la publicación de cuatro libros, aunque no nuevos: “La corrupción en la Economía” (M. Gaffney), “Recuperando a Keynes” (S. Marglin), “La era de la disgregación” (A. Roncaglía) y “¿Qué está equivocado en la Economía?” (R. Skildelsky)

Fundamentos de Política Económica

Adam Smith, el relato neoliberal y la política económica

(por Juan Carlos Palacios Cívico, Universitat de Barcelona, jcpalacios@ub.edu)

En estos tiempos en los que la cuestión del relato forma parte de cualquier análisis político que se precie, es interesante reflexionar sobre cómo se ha construido el relato económico a lo largo de la historia. El papel concedido, por ejemplo, a la sociedad o al individuo, la visión social de la desigualdad, el reconocimiento (o no) de conflictos y agentes con intereses divergentes o la propia idea de una ciencia económica exacta y precisa (capaz de fundamentar políticas neutrales) son elementos constituyentes de una narrativa al servicio de los intereses y objetivos de la visión dominante en cada momento.

Otro aspecto interesante de la construcción del relato económico (y del cuerpo teórico al que acompaña) tiene que ver con la forma en la que se adoptan (y adaptan) conceptos e ideas precedentes. Y es que, si bien la construcción de conocimiento económico se hace siempre sobre la base de un sustrato teórico previo (que no se debe ignorar, en ningún caso) y la adopción de aquellos conceptos que se consideran válidos y compatibles con los nuevos planteamientos, la historia del pensamiento económico ofrece ejemplos de asimilaciones y reivindicaciones teóricas que, por su parcialidad o falta de fidelidad al espíritu del cuerpo teórico del que proceden, han contribuido más a desdibujar la figura que se quiere reivindicar que a la difusión de su pensamiento. Entre los múltiples ejemplos de lo anterior puede citarse la síntesis neoclásica-keynesiana o aquellos análisis neokeynesianos que, si bien incorporan algunos elementos keynesianos, han servido, esencialmente, para legitimar y justificar teóricamente algunas de las políticas económicas más combatidas por el propio Keynes a lo largo de su obra (como la conveniencia de que el libre mercado resuelva por sí solo el problema del desempleo).

1. La vertiente moral de la obra de Adam Smith

En el presente artículo nos centramos en una de las grandes figuras de la ciencia económica, Adam Smith, y en la forma en la que el actual mainstream neoliberal decidió ignorar aquella parte de su obra centrada en las cuestiones morales que, aunque esenciales para comprender su visión de la sociedad y la economía, resultaban incompatibles con un relato económico al servicio, básicamente, de justificar la desigualdad y el sálvese quien pueda.

Un ejemplo claro de lo anterior lo encontramos en su concepto de simpatía: entendida como la capacidad de ponernos en el lugar del otro y de entender su forma de sentir. Con ello, Smith nos recuerda que, si bien no podemos ser las otras personas ni sentir sus emociones con la misma intensidad, sí podemos y debemos imaginar cómo se sienten; experimentando de ese modo la emoción propia de asumir su situación. La simpatía smithiana constituye además la base moral de cualquier conducta, dado que la aprobación que buscamos para nuestros actos no se encuentra tanto en la noción egoísta de satisfacer solamente necesidades propias, sino también las del otro, a través de un intercambio que busca un bien común. El mecanismo por el que tendríamos en cuenta las necesidades de los otros derivaría, por lo tanto, del juicio moral que emitimos hacia nosotros mismos, en tanto que espectadores imaginarios de nuestras propias conductas. Es por ello por lo que no solo nos importa el reproche que los demás puedan hacer de nuestros actos sino también el ser (o sentirnos) reprochables.

Esa misma idea es la que lleva al economista escocés a preguntarse “¿qué mayor felicidad hay que la de ser amado y saber que lo merecemos?” o “¿qué mayor desgracia que la de ser odiado y saber que lo merecemos?” (Smith, 2004). La ética planteada en la obra de Smith no descansa, en consecuencia, en principios de utilidad individual o social (como sí lo harían la de posteriores autores como Bentham) sino en la noción de simpatía o en la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Desde el punto de vista moral, la simpatía se vuelve aún más relevante ante el dolor ajeno; en palabras de Smith, unas “emociones amargas y dolorosas que requieren más vehementemente el consuelo reparador de la simpatía” (Smith, 2004).

2. Política Económica Neoliberal: ¿una derivada natural del pensamiento smithiano?

La condición de mito fundacional del neoliberalismo que algunos han querido ver en Adam Smith obliga a preguntarse si la deriva que la política económica ha experimentado desde la década de los 70 se ajusta a los postulados defendidos por el economista escocés o si, por el contrario, se trata más bien de una apropiación tendenciosa de su figura. Con el fin de responder a esa pregunta, analizamos a continuación el encaje de los dos elementos centrales del neoliberalismo, en términos de objetivos y mecanismos, en el pensamiento smithiano.

2.1. Primacía de la eficiencia y el crecimiento económico por encima de otros objetivos como la reducción de la desigualdad o de la pobreza

Uno de los cambios más sustanciales que el monetarismo/neoliberalismo introdujo en la política económica tuvo que ver con la reordenación de los objetivos de la política económica; al relegar a un plano marginal al pleno empleo y la reducción de la desigualdad, centrales en el pensamiento keynesiano, en favor de la maximización de la eficiencia y el crecimiento económico. Hasta tal punto es así que, lejos de tratarla como un verdadero problema, el enfoque neoliberal nos presenta la desigualdad como un incentivo necesario para el crecimiento económico (al estimular tres de sus palancas más importantes: inversión, trabajo y educación) contra el que no tendría ningún sentido luchar. Igualmente, los gobiernos deberían abstenerse de combatir una pobreza que el propio crecimiento económico se encargará de resolver por sí mismo, mediante el famoso efecto filtración (trickle down effect), dado que la intervención estatal acabaría generando distorsiones que minarían la eficiencia y alejarían el objetivo que pretendían perseguir. Sin menospreciar la importancia que Smith otorga a la eficiencia y a la productividad, la preocupación del economista escocés por la desigualdad y la pobreza constituyen, sin duda, un elemento central en su obra. De hecho, una de las condiciones del espectador imparcial es la de ver como iguales a todos los seres humanos. Al otorgar a los intereses de otras personas el mismo valor que a los propios, Smith se sitúa en una posición igualitarista que parece incompatible con la aceptación de grandes diferencias materiales (las cuales considera injustificables en numerosos casos). La preocupación de Smith por los temas distributivos vuelve a quedar clara en su crítica a las élites económicas y a los patronos (a quienes acusa de aliarse, tácitamente, para no subir los salarios y elevar los precios con tasas de beneficio injustificadamente altas) y, especialmente, en su visión de la pobreza y de los pobres que, en opinión de Himmelfarb (1984) y Baugh (1983), puede considerarse el elemento más revolucionario de toda su obra. En relación con lo anterior, Himmelfarb nos recuerda que la defensa efusiva que Smith realiza de los derechos de los más desfavorecidos tiene lugar en un contexto y una sociedad que consideraba que los pobres debían seguir manteniéndose pobres, por el incentivo que eso suponía para el trabajo de éstos y por el alto coste económico de programas de ayuda como el que representaba la “Ley de Pobres” británica (Himmelfarb, 1984).

2.2. Estado mínimo y fe ciega en el libre mercado

Como es sabido, el neoliberalismo apuesta por reducir al máximo el papel del Estado y la desregulación de los mercados, como garantías de la máxima eficiencia y el equilibrio económico. En ese esquema, entender el egoísmo individual como el verdadero motor del progreso social resulta enormemente funcional. Sin embargo, aunque Smith reconoce la utilidad del egoísmo para el intercambio, está lejos de ver en esta forma de actuar el fundamento central de las relaciones humanas; reconociendo, incluso, que dicho egoísmo puede producir resultados desastrosos para el conjunto de la sociedad. Asimismo, si bien es cierto que Smith critica la burocratización y corrupción existente en el Estado; eso no le impide apelar a leyes que garanticen la justicia y a instituciones que acompañen al mercado y contribuyan a la estabilidad, la equidad y la reducción de la pobreza (Sen, 2010). El mejor ejemplo de ello puede encontrarse en el libro quinto (y parte del cuarto) de La Riqueza de las Naciones, dedicado a describir el papel del Soberano y la República y sus principales fuentes de financiación^[1]. En esta parte de su obra pueden encontrarse medidas intervencionistas y redistributivas, como la transferencia de parte de la riqueza de los ricos a los pobres (especialmente aquella asociada a las herencias), la implantación de impuestos progresivos (con mayores tasas para los ricos o que graven bienes exclusivos como los vehículos de lujo) o la utilización de los ingresos fiscales para financiar servicios que beneficien en mayor medida a los pobres, como la promoción de la escolarización pública (Smith, 1994). No parece, por lo tanto, que Smith pudiera sentirse muy cómodo escuchando a políticas neoliberales, como Margaret Thatcher, afirmar, en relación con la sociedad, que “no existe tal cosa”, sino solo individuos; individuos dueños y responsables de sus problemas y desdichas y que no deben aspirar, en modo alguno, a que la intervención del Estado (como representante último de la sociedad) alivie sus dolores y amarguras.

3. Conclusiones

Como veíamos anteriormente, la importancia de la dimensión ética de la obra de Adam Smith contrasta con los planteamientos y recomendaciones de una economía convencional que, a pesar de haber hecho del filósofo escocés su principal referente e ideólogo, parece haber olvidado casi por completo el componente moral de sus planteamientos. Y es que las políticas y narrativas neoliberales han servido, sobre todo, para naturalizar esas situaciones “amargas y dolorosas” con las que, según Smith, debemos simpatizar de forma vehemente, como por ejemplo, el alto desempleo (cuya superación queda supeditada al control de la inflación y a los equilibrios macroeconómicos), los elevados niveles de desigualdad, la no eliminación de la pobreza (y el surgimiento de nuevos fenómenos como el de los/as trabajadores/as pobres), la disminución de los derechos laborales y sociales o el propio desmantelamiento del Estado social.

Parece, por lo tanto, que el pensamiento económico neoliberal decidió encumbrar determinados elementos smithianos (como la la división del trabajo, el libre comercio o la propiedad privada) al mismo tiempo que obviaba, casi por completo, la dimensión ética y moralista de una obra que defiende, entre otros aspectos, que la actuación de cada persona en el mercado quede supeditada a no violar las leyes de la justicia; como bien nos recuerda al afirmar que “por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros, y hacen que la felicidad de éstos resulte necesaria, aunque no derive de ella más que el placer de contemplarla”. Una preocupación por la felicidad de los otros que parece ubicarse en las antípodas del relato neoliberal; cada vez más darwinista y dispuesto a resolver cualquier dilema ético, responsabilizando a los individuos de su propia desdicha y diluyendo la responsabilidad social bajo la falsa promesa y el espejismo de la igualdad de oportunidades.

La recuperación de esa parte, intencionadamente olvidada, de la obra de Adam Smith debe contribuir a la construcción de una nueva narrativa que reivindique el papel del Estado, las instituciones, la política económica y la política social, como los únicos instrumentos, dentro del capitalismo, capaces de controlar la tendencia natural del mercado a expandir las desigualdades (y con ellas la explotación, la pobreza y la exclusión), garantizar el bienestar del conjunto de la sociedad y hacer más sostenibles (económica, política y medioambientalmente) las propias dinámicas del sistema. 

Bibliografía

Baugh, D. A. (1983): “Poverty, Protestantism and Political Economy: English Attitudes Toward The Poor, 1660-1800” en Stephen Baxter (ed.), England´s Rise to Graetness. Berkeley: University of California Press.

Camps, H. (2022): “Recuperando a Adam Smith, genealogía de un engaño”. https://rebelion.org/recuperando-a-adam-smith-genealogia-de-un-engano-2/

Himmelbarb, G. 1984. The Idea of Poverty. New York: Knopf.

Sen (2010). “Adam Smith y el mundo contemporáneo”. Erasmus Journal for Philosophy and Economics, Vol.3, nº.1, Spring 2010, pp.50-67. http://ejpe.org/pdf/3-1-art-3.pdf

Smith, A (1994). La riqueza de las naciones. Madrid: Alianza

Smith, A (2004). La teoría de los sentimientos morales. Madrid: Alianza.

[1] A este respecto, resulta relevante destacar cómo interpretaciones posteriores, como la realizada por Jean Baptiste Say en su Tratado de Economía Política, ignoran casi por completo esa parte de la obra de Smith.

Políticas económicas estructurales

La regulación de la calidad diferenciada en los productos agroalimentarios: el caso del vino

(por Francisco Higón Tamarit, Departament d’Economia Aplicada, Universitat de València)

Dentro del amplio abanico de regulaciones referidas al área agroalimentaria, una de las más destacadas es la referida a los regímenes de calidad. Desde hace siglos nos encontramos con productos provenientes de zonas específicas cuya reputación hacía que fueran buscados por consumidores de otras regiones, a veces muy lejanas. Cuando la demanda era muy elevada y parte de ella procedía de grupos de población con alta capacidad adquisitiva ello implicaba la escasez del producto y la inevitable tentación hacia el fraude. Por eso no es de extrañar que en muchas de esas zonas surgieran las primeras regulaciones al respecto de la calidad de los productos agroalimentarios, siendo frecuentes las referencias históricas a los regímenes de calidad del queso de Roquefort o las de los Vinos de Porto, Chianti o Tokaji.

De hecho, se suele citar como “creador” de los modernos regímenes regulatorios de calidad a un portugués, al Marqués de Pombal, que en 1756 creó, mediante Real Decreto, la Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (abreviadamente Real Companhia Velha) delimitando la zona de producción para los vinos de Porto. Años más tarde se fijaron reglas precisas para la comercialización de los vinos de la zona mediante la aprobación de un “pliego de condiciones”, claro antecedente de los actuales pliegos de las zonas de calidad protegidas.

Pero lo cierto es que el concepto “moderno” de régimen de calidad no aparece hasta llegado el siglo XX, en Francia, con la regulación de las Denominaciones de Origen (Apellation d’Origine Contrôlée o AOC). En España la primera de estas regulaciones llegaría durante la Segunda República Española con la publicación del Decreto de 8 de septiembre de 1932 relativo al Estatuto del Vino, elevado a rango de Ley por la Ley de 26 de mayo de 1933. En su capítulo V se introducen por vez primera en España las Denominaciones de Origen. Así en el artículo 20 se definen las Denominaciones de Origen como: “los nombres geográficos conocidos en el mercado nacional o extranjero, como empleados para la designación de vinos típicos que respondan a unas características especiales de producción y a unos procedimientos de elaboración y crianza utilizados en la comarca o región de la que toman el nombre geográfico”.

En dicha norma se establecen también algunas de las zonas que serían protegidas con la calificación de Denominación de Origen, concretamente en el Decreto inicial constaban^[1]: Rioja, Jerez, Xerez o Sherry^[2], Málaga, Tarragona, Priorato, Panadés, Alella, Alicante, Valencia, Utiel, Cheste, Valdepeñas, Cariñena, Rueda, Rivero, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Malvasía-Sitjes, Noblejas y Conca de Barbará y en la Ley de 1933 se añaden: “Montilla, Moriles, Mancha, Manzanares, Toro, Rueda, Navarra, Martorell, Extremadura, Huelva y Barcelona”.

Con el golpe de estado que dio paso a la guerra civil y posteriormente a la dictadura franquista el desarrollo de esta normativa se paralizó, pero la norma no fue derogada y de alguna manera podemos decir que se mantuvo en vigor hasta la aprobación de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes. Esta norma establece en su Título III relativo a la protección de la calidad un capítulo (el primero) dedicado a la Denominación de Origen de los vinos donde, de nuevo, se procede a definir dicho concepto, en este caso se afirma: “se entiende por Denominación de Origen el nombre geográfico de la región, comarca, lugar o localidad empleado para designar un producto procedente de la vid, del vino o los alcoholes de la respectiva zona, que tengan cualidades y caracteres diferenciales debidos principalmente al medio natural y a su elaboración y crianza.” Además, en la Disposición Transitoria Primera se habla de las Denominaciones de origen ya existentes y la necesidad de su reorganización, citándose: Jerez-Xéres-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda; Málaga; Montilla y Moriles; Rioja; Tarragona; Priorato; Ribero; Valdeorras; Alella; Valencia; Utiel-Requena; Cheste; Alicante; Cariñena; Navarra; Panadés; Jumilla; Huelva y Mancha, incluidas las subdenominaciones Manchuela, Almansa y Méntrida, y Valdepeñas.

El fallecimiento del dictador en 1975 y, especialmente, otros dos eventos de sustancial importancia, como fueron la promulgación de la Constitución Española de 1978 -que dio lugar al Estado de las Autonomías- y el posterior ingreso de España en la Unión Europea -en aquel momento Comunidad Económica Europea- hicieron que la norma pasara a una situación peculiar de cierta “alegalidad” que se alargó hasta el año 2003 momento en el que se aprueba la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino. Esta norma pretendía reflejar la nueva situación del país y el nuevo entorno normativo que, en el caso de las políticas de calidad dispone de una regulación marco en el ámbito europeo. Y digo pretendía porque el hecho de que las competencias en agricultura correspondan, de una forma que en un primer momento podríamos calificar de imprecisa, a las Comunidades Autónomas generó un conflicto competencial. La sentencia del Tribunal Constitucional (STC 112/1995) trató de encontrar una distribución clara de competencias entre las Comunidades Autónomas y el Estado en esta cuestión, estableciendo que «El Estado puede, sin duda, dictar normas válidas –con carácter básico o pleno según corresponda– allí donde las Comunidades Autónomas no tengan la competencia exclusiva. E igualmente puede ordenar las denominaciones de origen que abarquen el territorio de varias Comunidades Autónomas, una actuación que lógicamente sólo pueden efectuar los órganos generales del Estado».

Pese a ello, tras la aprobación de la Ley se interpusieron diversos recursos de inconstitucionalidad que, aunque mayoritariamente dieron razón al Estado apoyaron puntualmente la opinión contraria a una pequeña parte del articulado de la Ley, ello junto con cambios en la regulación marco de la Unión Europea llevaron a la derogación de una parte importante del articulado de la Ley 24/2003 y, bastante más tarde, a la aprobación de una Ley específica para aquellas Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, la Ley 6/2015^[3].

Corresponde ahora analizar la citada regulación marco de la Unión Europea. Dicha normativa en referencia a la industria agroalimentaria tiene como objetivo “proteger las denominaciones de productos específicos para promover sus características únicas, vinculadas a su origen geográfico y al saber hacer tradicional.”^[4]

Para ello se han establecido una serie de indicaciones geográficas que, en el caso de los vinos son las Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas Protegidas y, en el caso de bebidas espirituosas y aromatizadas simplemente son llamadas Indicaciones geográficas. Hay también una protección específica para productos agroalimentarios vinculadas a aspectos tradicionales de los mismos, como puede ser su elaboración o composición, pero que no están vinculadas a una zona geográfica específica, las especialidades tradicionales garantizadas (ETG).

La base de esta normativa la encontramos, lógicamente, en la regulación de la Política Agraria Común (PAC) y más concretamente en Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013^[5] pero también en el Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios^[6].

En el caso del vino las especificidades propias del sector llevaron a la aprobación del Reglamento Delegado (UE) 2019/33, de la Comisión, de 17 de octubre de 2018 en el que se completa y desarrolla el citado 1308/2013 en lo que se refiere “a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al etiquetado y la presentación”.

Pues bien, el marco normativo recogido en el Reglamento 1308/2013 incluye en su artículo 93 las definiciones de Denominación de Origen (Protegida) y de Indicaciones de Origen (Protegida) además de regular el uso de los llamados términos tradicionales. Así se dice de las Denominaciones de Origen:

“nombre, incluido un nombre utilizado tradicionalmente, que identifica un producto contemplado en el artículo 92, apartado 1:

1. i) cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él;
2. ii) que es originario de un lugar, una región o, excepcionalmente, un país determinados;

iii) que se produce a partir de uvas procedentes exclusivamente de dicha zona geográfica;

1. iv) cuya elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y
2. v) que se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinifera o de un cruce entre esta especie y otras especies del género Vitis;”

Mientras que se definen las Indicaciones Geográficas como: “nombre, incluido un nombre utilizado tradicionalmente, que identifica un producto contemplado en el artículo 92, apartado 1:

1. i) cuya calidad, reputación u otras características específicas son atribuibles a su origen geográfico;
2. ii) que es originario de un lugar, una región o, excepcionalmente, un país determinados;

iii) en el que al menos el 85 % de la uva utilizada en su elaboración procede exclusivamente de esa zona geográfica;

1. iv) cuya elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y
2. v) que se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinifera o de un cruce entre esta especie y otras especies del género Vitis.”

Los referidos “nombres utilizados tradicionalmente” que la propia normativa acaba definiendo como “términos tradicionales” son, como sustitutivo de la expresión Denominación de Origen Protegido: Denominación de Origen, Denominación de Origen Calificada, Vino de Pago y Vino de Calidad y como sustitutivo de Indicación Geográfica Protegida el de Vino de la Tierra. Ello permite por tanto seguir usando denominaciones más reconocidas en España, pero, sobre todo, expresar el mayor desglose existente en la clasificación de calidad española que desarrolla la normativa de Denominaciones de Origen Protegidas europeas, ya que ésta incluye diferentes subcategorías más allá de las dos que refleja la normativa marco europeo.

En la Disposición Adicional Tercera de la Ley 6/2015 se establecen dichas categorías. Tanto las consideradas DOP como las consideradas IGP si bien el orden en el que se recogen no respecta la llamada “pirámide de calidad” de los vinos de España que reproduciré posteriormente. Por ejemplo, la calificación de más alto grado, la referida a los llamados “vino de pago”, cierra la citada disposición. En ella se explicita que es una categoría de DOP que debe de cumplir una serie de características específicas, destacando en especial que “La zona geográfica de la DOP deberá ser un pago, entendiendo por tal, el paraje o sitio rural con características edáficas y de microclima propias que lo diferencian y distinguen de otros de su entorno, conocido con un nombre vinculado de forma tradicional y notoria al cultivo de los viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos y cualidades singulares y cuya extensión máxima será limitada reglamentariamente por la Administración competente, de acuerdo con las características propias de cada Comunidad Autónoma, sin que pueda ser igual ni superior a la de ninguno de los términos municipales en cuyo territorio o territorios, si fueren más de uno, se ubique.”

El segundo nivel es el de las llamadas Denominación de Origen Cualificada, en este momento solo hay dos en España, Rioja y Priorat. En este caso, además de una serie de requisitos de calidad, se exige que previamente haya tenido la calificación de “Denominación de Origen” durante al menos 10 años.

La tercera categoría sería de la Denominación de Origen, de nuevo se advierte que se deben cumplir las condiciones que exige la Unión Europea para la concesión de una DOP recordando que “tendrán que haber sido reconocidos previamente como ámbito geográfico de un vino de calidad con indicación geográfica con una antelación de, al menos, cinco años.”

La cuarta categoría y última de las DOP es la de “Vino de Calidad” y de nuevo se hace referencia a la normativa de la UE.

Finalmente, la quinta categoría y la única asociada a la definición de IGP, llevará bien el nombre de IGP o bien la denominación tradicional Vino de la Tierra.

Aunque no está recogido en esta parte de la normativa, existe un nivel base de identificación de los vinos, el que tradicionalmente se conocía como “vino de mesa” y que en la actualidad se denomina con la palabra vino acompañada del nombre del país donde ha sido elaborado. Dicho cambio se dio con la entrada en vigor del Reglamento (CE) 479/2008 que, por cierto, actualmente está derogado. La terminología cambió y el “vino de mesa” pasó a ser simplemente “vino” y para facilitar su identificación pasó a añadirse el nombre del país donde se elabora. Así aparecen en las etiquetas la expresión Vino de España, Vin de France, Vino d’Italia,…

Como ya hemos comentado, las competencias en materia de agricultura dependen de las comunidades autónomas, pero no todas ellas han llevado a cabo una regulación específica referida al sector del vino. Como no es el objetivo de este trabajo ser exhaustivo citaré solo el caso que me resulta más próximo, el de la Comunidad Autónoma de Valencia. En este caso contamos con la Ley 2/2005, de 27 de mayo, de la Generalitat, de Ordenación del Sector Vitivinícola de la Comunidad Valenciana, desarrollada mediante el Decreto 8/2007, de 19 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2005, de 27 de mayo, de la Generalitat, de Ordenación del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana. En estas disposiciones se definen los niveles del sistema de protección de la calidad con la “jerga”, algo desfasada, propia de la ley 24/2003 que, como hemos comentado, está derogada en gran medida. Concretamente en el Capítulo II: Niveles del sistema de protección establece dos niveles, el de los vinos de mesa que incluye Vinos de mesa y Vinos de mesa con la mención tradicional “vino de la tierra” y los Vinos de Calidad Producidos en una Región Determinada, conocidos por las siglas (V.C.P.R.D.) y en el que se habla de Vinos de calidad con indicación geográfica, Vinos con denominación de origen, Vinos con denominación de origen calificada y Vinos de pago. Si revisamos esto con la perspectiva más actualizada derivada de las definiciones de la Ley 6/2015, el primero de los niveles incluiría los Vinos de España y los vinos con IGP y en el segundo nivel los vinos con DOP.

En conclusión, podemos ver como la regulación de la calidad es una cuestión normativamente compleja y así ha venido siendo desde sus inicios. En el caso de España dicha normativa tiene tres niveles. El marco de referencia viene de la Unión Europea, concretamente a través de la Política Agraria Común, la normativa referente a DOP e IGP españolas en referencia a cuestiones no reguladas por las comunidades autónomas y a Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito supraautonómico es formulada por el estado español y, finalmente la normativa relativa al resto de DOP e IGP españolas dependen de la normativa al respecto de la Comunidad Autónoma donde se encuentran.

[1] Algunas denominaciones catalanas figuran con nombres que hoy serían incorrectos tanto en catalán como en castellano. Nos referimos a Panadés, Sitjes o Conca de Barbará.

[2] Las 3 palabras diferentes, que aún se mantienen, muestran la diversidad de mercados que históricamente tenían los vinos del marco de Jerez, haciendo un guiño al mercado francés (Xerez) y otro al británico (Sherry).

[3] Tres son las DOP de ámbito supraautonómico: Rioja, Cava y Jumilla y hay también una IGP de de dicho tipo, Ribera del Queiles.

[4]https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/geographical-indications-and-quality-schemes-explained_es

[5] Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007, y en particular su artículo 99.

[6] Ver también el Reglamento de Ejecución (UE) n °668/2014 de la Comisión, de 13 de junio de 2014, que establece las normas de desarrollo del Reglamento (UE) n ° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios

Política económica y género

Inclusión de la perspectiva de género en la investigación sobre docencia de política económica: ¿ha tenido un impacto de género las políticas aplicadas durante el COVID-19?*

(por Cristina Castellanos Serrano, Gonzalo Escribano, Juan Diego Paredes Gázquez y Enrique San Martín González, miembros del Departamento de Economía Aplicada, Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED-)

1. Introducción

Algunos estudios sugieren que se ha alcanzado la igualdad de género en la educación y que los resultados de las mujeres superan a los de los hombres. Sin embargo, hay pocas evidencias sobre esto en la enseñanza superior y las investigaciones que se refieren a la educación a distancia son escasas. En este sentido, este artículo presenta un análisis de género de los resultados educativos en Economía en la principal universidad a distancia de España, la UNED, que es también la mayor universidad de la Unión Europea en términos de matriculación. El objetivo del artículo es evaluar si existe una brecha de género en los resultados académicos e identificar las variables sociodemográficas y académicas que pueden estar causándola, analizando cómo se configuran estas diferencias. Por último, también se ha considerado el impacto del COVID-19 y su sesgo de género. Se quería analizar, todo con perspectiva de género, si la adaptación de la evaluación a las restricciones a la movilidad en el periodo COVID-19 había tenido un sesgo de género.

Para ello se usó una metodología cuantitativa basándose en varias fuentes de información de la UNED que cubren cinco cursos académicos (de 2016/2017 a 2020/2021), a 7477 estudiantes, 18.821 matrículas y cuatro grados de la UNED: Economía, ADE, Turismo o Ciencias Políticas y de la Administración (Cuadro 1).

2. Principales resultados

En contra de lo comúnmente aceptado, los resultados confirman que las mujeres obtuvieron resultados significativamente inferiores en cuanto a aprobados y calificación (Gráfico 1), especialmente las del grupo de edad central (30-45 años), que tienen más probabilidades de tener hijos pequeños.

Si se tiene en cuenta la distribución de las tareas domésticas y de cuidado, que realizan mayoritariamente las mujeres, junto con la mayor edad media del estudiantado de las universidades a distancia, se pueden explicar las diferencias de género que parecen ser mayores en la enseñanza no presencial. Durante el confinamiento estricto que se decretó a causa del COVID-19, entre el 15 de marzo y el 21 de junio del 2020, se redujo la brecha de género, ya que algunos hombres y mujeres que se quedaron juntos en casa pudieron mejorar el reparto de tareas. Sin embargo, cuando se empezó a permitir el movimiento, los resultados de las mujeres empeoraron en comparación con los obtenidos antes del COVID, ya que tuvieron que seguir desempeñando las mismas tareas familiares, además de sustituir a aquellos servicios de educación y cuidados (por ejemplo, guarderías y centros de día para personas mayores) que no reanudaron su actividad de forma inmediata ni continuada (Gráfico 2).

3. Implicaciones de política

Desde el punto de vista de las políticas educativas e instrumentos de enseñanza universitaria, especialmente a distancia, se pueden extraer varias lecciones. En primer lugar, todavía existen sesgos en el acceso a los distintos campos, no solo en los grados STEM, sino en otros como Economía, Educación, etc. En segundo lugar, los exámenes en línea no son la causa de que las notas sean más altas, ya que la UNED mantuvo este tipo de evaluación en el periodo posterior al confinamiento, pero las notas empeoraron. Por lo tanto, el uso de exámenes en línea podría considerarse académicamente aceptable si fueran necesarios.

Desde un punto de vista más estructural, las brechas de género en los resultados universitarios a distancia podrían considerarse similares a las del mercado laboral, ya que uno de los factores subyacentes más importantes es la misma asimetría en la distribución de las tareas domésticas y familiares. Por tanto, para reducir dichas brechas, se estima que las políticas públicas que puedan tener más impacto serán aquellas que estructuralmente fomenten que los hombres se incorporen al cuidado de forma masiva y en proporción e intensidad a como lo hacen las mujeres. Además, se observa un empeoramiento en los resultados de la educación universitaria de personas adultas cuando no se proveen los servicios de cuidado y atención a la infancia y de personas adultas de forma generalizada, como ocurre en el periodo post-confinamiento en el que se producen olas recurrentes y cierres temporales y parciales de dichos servicios. En consecuencia, las políticas que universalizasen estos servicios de educación infantil y cuidado de mayores permitirían más tiempo y repartido de forma más equitativa en términos de género para que las personas adultas puedan seguir formándose en su etapa adulta y con mejores resultados, así como participar en condiciones equitativas en el mercado de trabajo y en otros ámbitos de la esfera pública (Castellanos-Serrano y Perondi, 2022).

Bibliografía

Castellanos-Serrano C, Escribano G, Paredes-Gázquez J, San-Martín González E (2022) What is behind the gender gap in economics distance education: Age, work-life balance and COVID-19. PLOS ONE 17(8): e0272341. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272341

Castellanos-Serrano, C. y Perondi, A. C. (2022). Presupuestos y legislación con perspectiva de género: educación 0 a 3, permisos por nacimiento, jornadas y condiciones laborales. Papers, 107(3), e3064. 1-22 https://doi.org/10.5565/rev/papers.3064 

* Este artículo resume brevemente el artículo publicado en Agosto de 2022, al que se puede acceder en el siguiente enlace: Castellanos-Serrano C, Escribano G, Paredes-Gázquez J, San-Martín González E (2022) What is behind the gender gap in economics distance education: Age, work-life balance and COVID-19. PLOS ONE 17(8): e0272341. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272341

Pro et contra

El Plan Hidrológico del Tajo aprobado en 2023 y su impacto en la Comunidad Valenciana

(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

Pro…

El establecimiento de un régimen de caudales ecológicos en el Tajo y el transvase Tajo-Segura

(por Francesc La-Roca, Fundación Nueva Cultura del Agua)^[1]

La planificación hidrológica es un instrumento fundamental de la administración del estado para la gestión del agua y los ecosistemas hídricos, cuyas dimensiones políticas y económicas son incuestionables. La reciente aprobación de los planes hidrológicos de las demarcaciones intercomunitarias ha renovado la polémica en torno al transvase Tajo-Segura, generando un notable ruido mediático.

Más allá de las manifestaciones, las declaraciones altisonantes y las exageraciones interesadas es posible y conveniente analizar el fondo del conflicto. Para ello es necesario ampliar la perspectiva y situar en el contexto evolutivo de la política hídrica el reciente episodio de esta querella enquistada.

Los consensos básicos en torno al agua

Con el fin de acotar el alcance del conflicto conviene elucidar los consensos básicos establecidos. En el estado español, al menos desde finales del siglo XIX, la política del agua considera ésta un bien común, cuya gestión se encomienda al estado, quien puede ceder caudales a particulares para su uso privativo en determinadas circunstancias convenientemente reguladas. La excepcionalidad a este régimen de agua pública de la cual gozaron las aguas subterráneas hasta la aprobación de la ley de aguas de 1985, ya se puede considerar superada.

En segundo lugar, existe un consenso incuestionado acerca de la prioridad del abastecimiento a poblaciones frente a cualquier otro uso, formalizado en el artículo 60.3 de la ley de aguas[2]. Esta visión se ha visto reforzada con el reconocimiento en 2010 por la Asamblea general de Naciones Unidas de los derechos humanos al agua y el saneamiento, que han sido incorporados a la legislación interna a través del Real Decreto de transposición de la directiva de aguas potables de reciente aprobación[3].

La directiva marco del agua (DMA)[4], vigente desde 2000, constituye la expresión formal del consenso existente en torno a la política hidrológica en la Unión Europea desde el inicio del siglo. Sin embargo, es precisamente en la contestación de este acuerdo básico por parte de ciertos agentes donde cabe situar el conflicto que nos ocupa.

La directiva marco del agua parte de la constatación, avalada por la investigación científica, del deterioro generalizado del estado de las masas de agua (acuíferos, ríos, lagos, etc.) en todo el territorio de la Unión Europea, al tiempo que reconoce la insuficiencia de las medidas adoptadas para frenar y revertir dicha situación. La nueva política impulsa un cambio radical en la concepción de la gestión del agua, que pasa de una perspectiva productivista, es decir de la adopción de medidas encaminadas a incrementar la disponibilidad sin restricciones de agua para la producción, a un enfoque proteccionista, que sitúa en el centro de la gestión el objetivo de recuperar y proteger el buen estado de los ecosistemas acuáticos como garantía de disponibilidad de agua de calidad para aquellos usos que sean compatibles.

Con el fin de propiciar este importante cambio de rumbo, la DMA establece un proceso detallado de planificación y un generoso calendario, que otorgaba a los estados miembro nueve años, a contar desde su aprobación en 2000, para acordar los planes y seis más, hasta 2015, para alcanzar los objetivos. A ello hay que añadir la posibilidad de sucesivas prórrogas, convenientemente justificadas, para aquellos aspectos especialmente dificultosos de conseguir. La directiva encuadra toda la legislación europea en materia de aguas previamente existente bajo un enfoque de protección de la calidad ecológica y uso sostenible, ya que los tratados europeos limitan a los aspectos cualitativos las competencias de la Unión en materia de aguas.

Uno de los elementos fundamentales en la consecución del buen estado de los ecosistemas hídricos es el de las condiciones hidromorfológicas. En el caso de los ríos, éstas incluyen aspectos como el régimen hidrológico, los caudales y la hidrodinámica del flujo de las aguas, la conexión con masas de agua subterránea o la continuidad del río[5].

La legislación española prevé en la ley de aguas la obligación de establecer un régimen de caudales ecológicos con carácter de restricción previa a la asignación de agua para los usos, a excepción del abastecimiento. Además, a través del reglamento y la instrucción de planificación[6], se detallan las componentes del régimen de caudales ecológicos que se han de determinar con la finalidad de mantener en buen estado ríos y lagos, así como la conexión de éstos con las aguas subterráneas. Es decir, ha de ser un caudal suficiente para mantener los hábitats y permitir la vida piscícola que, además, reproduzca las variaciones temporales naturales (p.ej., estiajes) sin exceder volúmenes inadecuados y evitando cambios bruscos que pudieran dañar la biota. Por otra parte, se deben establecer caudales de crecida, que faciliten la movilización y transporte de sedimentos y otras funciones fluviales. La determinación del régimen de caudales ecológicos es una tarea de carácter científico-técnico que compete a los organismos de cuenca.

El acuerdo de las instituciones europeas para la renovación de la política de aguas concede una relevancia especial a los aspectos económicos de la gestión del agua. Además de prescribir la realización de un análisis económico del uso del agua que acompañe al estudio de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas, la directiva marco del agua establece la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua de acuerdo con el principio de quien contamina paga, como criterio de distribución de las cargas derivadas de la nueva política. En este sentido, determina en su artículo noveno la exigencia a los estados miembro de una política de precios del agua [que] proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a los objetivos medioambientales de la directiva, otorgándoles a tal fin un plazo máximo de diez años (2010). Los costes a los que se hace referencia incluyen los llamados costes financieros –los usuales en cualquier contabilidad-, así como los ambientales y del recurso, más difíciles de definir y estimar.

Hay que tener presente que, más allá de los costes monetarios recuperables a través de la política de precios, los usos del agua generan otro tipo de costes ambientales no monetizables, como la pérdida de servicios ecosistémicos, que también han de tomarse en consideración a la hora de establecer los programas de medidas. Si bien la DMA no hace referencia explícita a los servicios ecosistémicos, es decir a la contribución de los ecosistemas al bienestar humano, su enfoque de recuperación y protección de los ecosistemas acuáticos es coherente con la identificación y valoración de dichos servicios.

La deslealtad hidráulica

Los acuerdos alcanzados en Bruselas con la participación de la representación española, tanto en el Parlamento como en el Consejo, plasmados en la directiva marco del agua, no fueron bien recibidos en España ni por los grandes usuarios del agua (regantes, hidroeléctricos…) ni por parte de la propia administración hidrológica. Los primeros temían una reducción en la asignación de caudales para su uso privativo debido a que el enfoque de protección ambiental de la nueva política limita el volumen de agua destinado a los usos, subordinándolo a la recuperación del buen estado de las masas de agua. Además, la idea de un incremento de la recuperación de costes (ya existía una contribución parcial a través del canon y la tarifa de utilización del agua) y, sobre todo, la aplicación del principio de quien contamina paga, generó una intensa reacción de los usuarios a la implementación de la nueva directiva.

Por otro lado, el cuerpo técnico de las confederaciones hidrográficas se enfrentaba a un cambio cultural para el que muchos no estaban preparados ni dispuestos a aceptar. Su visión quedó plasmada en el Plan Hidrológico Nacional de 2001 que, fiel a la tradición hidráulica consolidada durante el siglo XX, priorizaba los usos frente a la recuperación ambiental, promoviendo la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas –embalses y transvases- para mantener la expansión de la oferta.

En conjunto, la comunidad política[7] del agua, consolidada a lo largo del siglo XX en torno a las confederaciones hidrográficas con la integración de los intereses privativos en el propio seno de la administración, consiguió limitar a través de una transposición deficiente, primero, y retrasar después mediante tácticas dilatorias, la reforma de la política de aguas impulsada por la directiva marco.

El Transvase Tajo-Segura

El Transvase Tajo-Segura, con sus brotes conflictivos recurrentes, constituye uno de los puntos de fricción más destacados entre la visión continuista de la política productivista del agua del siglo XX y el enfoque innovador de la DMA orientado a la recuperación y protección de los ecosistemas y adaptación de los usos.

La defensa del statu quo por parte de los beneficiarios del transvase en la cuenca receptora y su oposición frontal a las medidas de recuperación y protección de los ecosistemas acuáticos, ahora tímidamente incorporadas a la planificación hidrológica del Tajo, constituyen una impugnación de los consensos generales en torno a la gestión del agua en el siglo XXI.

La demarcación del Segura es hoy una muestra ejemplar de las consecuencias del enfoque productivista en la gestión del agua. La expansión de los usos, que mucho antes de que acabara el siglo ya habían superado la disponibilidad renovable de agua en la cuenca, se mantuvo una vez agotados los propios recursos, trasladando la presión a las reservas subterráneas no renovables y al territorio del Tajo. Es más, con la aprobación del proyecto de transvase se generaron unas expectativas de disponibilidad de agua barata que reforzaron la transformación del secano en regadío muy por encima de la planificación inicial. Como consecuencia se incrementó el supuesto “déficit hídrico estructural” que la infraestructura debía cancelar.

Para la consolidación del modelo de agricultura intensiva alimentada por el trasvase fue determinante el ejercicio del poder dictatorial del estado franquista, que acalló las tímidas –y arriesgadas- voces de protesta que surgieron en la cuenca cedente. Hace tiempo, además, que sabemos que el balance oficial aparentemente positivo del negocio agroindustrial del sureste es engañoso, puesto que no tiene en cuenta los costes ambientales y sociales del mismo. No ya en la cuenca cedente, sino tampoco en la receptora.

La catástrofe anunciada del colapso ecológico del Mar Menor, la desposesión del agua de los regantes tradicionales en favor de los del trasvase o las condiciones de vida y trabajo de la mano de obra[8], mayoritariamente inmigrante, son aspectos sistemáticamente ignorados en la evaluación de un modelo, que se presenta con títulos cada vez más enfáticos y engañosos –¡la huerta de Europa!- a medida que se hacen más visibles sus flaquezas.

¿Qué hacer?

Conviene recordar aquí que los caudales transvasables se subordinan a las prioridades de la cuenca cedente, lo que durante décadas se ha limitado a la satisfacción de las demandas de los usuarios del Tajo, con la única excepción del establecimiento de un caudal mínimo (6 m³/s) a su paso por Aranjuez. Los usuarios de aguas del Tajo en la cuenca del Segura no están amparados por una concesión.

La novedad que aporta el Plan Hidrológico de la Demarcación del Tajo, aprobado en enero de 2023[9], es el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos en todas las masas de agua, en cumplimiento de la DMA, la Ley de aguas y su desarrollo y cinco sentencias del Tribunal Supremo. Ante la solidez de este respaldo legal, la impugnación por parte de la cuenca receptora se ha enfocado al caudal ecológico mínimo establecido, cuestionando el método de cálculo.

Independientemente de la batalla legal, existen pocas dudas acerca del mal estado del rio Tajo y algunos de sus afluentes causado, entre otras razones, por la insuficiencia de los caudales circulantes. A ello hay que añadir las previsiones de disminución de la disponibilidad de agua como efecto del cambio climático y de la probable mayor frecuencia, intensidad y duración de los periodos secos.

Las soluciones aportadas desde la oferta –desalación y, en determinados casos, la reutilización de aguas residuales urbanas- pueden ser instrumentos útiles en la adaptación a las nuevas circunstancias, pero con limitaciones importantes. Muy especialmente los costes energéticos de producción y bombeo.

La alternativa más razonable es, pues, la de ajustar los usos a las disponibilidades reales de agua. Se trata de un proyecto que se debería haber iniciado hace décadas, desde el momento en que se tiene evidencia del deterioro generalizado de las masas de agua y de la reducción –física antes que política- de los caudales transvasables. El empecinamiento en la reivindicación política –agua para todos o agua para siempre- no hace sino retrasar la solución del problema y, a medio plazo, incrementar la violencia del choque con la realidad. Si bien es cierto que a corto plazo puede dar réditos electorales a algún partido, es difícilmente cuestionable que, desde el punto de vista del interés general, el mantenimiento de la situación actual es insostenible, debido a los costes crecientes en términos de subvenciones monetarias al agua y de pérdida de servicios ecosistémicos como consecuencia del deterioro en ambas cuencas.

La reconversión del sector agroindustrial en la cuenca del Segura, se puede y se debe hacer de manera planificada. Con urgencia, pero a un ritmo que facilite la amortiguación de las consecuencias negativas del cambio, gestionando y compensando en los casos justificados los costes de transición. Como muestran experiencias anteriores de reconversión sectorial (siderurgia, carbón) la dilación solo contribuye a la pérdida de oportunidades y a la acumulación de costes.

…Et contra

Factores en contra del establecimiento del caudal ecológico en el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación del Tajo

(por Andrés Molina Giménez, Director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante. Profesor titular de Derecho Administrativo)

El Trasvase Tajo-Segura (TTS) es una obra hidráulica estratégica de enorme importancia para el sureste de España, y en particular para la superficie regada de la Demarcación hidrográfica del Segura. Abastecimientos urbanos, cultivos de alto valor añadido y vocación exportadora, y un conjunto de actividades económicas vinculadas directa o indirectamente a la infraestructura, han podido florecer gracias a la existencia de estas aportaciones que comenzaron a llegar a la cuenca del Segura en 1979 (Melgarejo y Molina, 2010; Melgarejo, 2009; Hernández y Morales, 2008; Rico y Hernández, 2005).

En 2019, cinco sentencias del Tribunal Supremo[10] anularon el Plan hidrológico de la parte española de la Demarcación del Tajo, de segundo ciclo de planificación (2016-2021), en los aspectos relacionados con los “caudales circulantes” que fijaba el plan, por entender que estos no resultaban equivalentes a los “caudales ecológicos” que exige la legislación vigente. Estas mismas sentencias desestimaron la pretensión de los demandantes, que buscaba que fuera el propio Tribunal el que fijara los caudales ecológicos con un volumen sustancialmente mayor a los caudales garantizados hasta ese momento. Su definitivo establecimiento quedaba así diferido al tercer ciclo de planificación.

A finales del mes de enero de este año, quedó finalmente aprobado el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos, en el que se aprecia una sustancial elevación del caudal ecológico. El nuevo plan incrementa estos requerimientos ambientales en varios tramos del Tajo, con riesgo evidente para la continuidad del Trasvase Tajo-Segura. Por citar un punto de referencia, podemos referirnos al punto de control situado en Aranjuez, donde se incrementan los caudales de manera progresiva: 7 m³/seg a la entrada en vigor del Plan, 7,97 m³/seg en 2026 y 8,65 m³/seg en 2027 (caudales medios determinados a partir de datos trimestrales)[11].

El dato contrasta con los 6 m³/seg que garantizaba el plan de segundo ciclo, y con lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulación del Régimen Económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura, que prevé en el Tajo, antes de su confluencia con el Jarama (en Aranjuez), un caudal no inferior a esa misma cifra.

El marco jurídico del Trasvase Tajo Segura está determinado en la actualidad por tres normas con rango de Ley, la Ley 21/1971, de 19 de junio, sobre el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, a la que siguió la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulación del Régimen Económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura, y finalmente, la disposición adicional 5ª de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Esta disposición recoge la regla de explotación del TTS, que ya se había incluido en la Ley de Evaluación Ambiental, habiendo sido declarada inconstitucional por motivos formales (ausencia de un informe autonómico preceptivo).

La Regla de Explotación, que tiene por tanto rango de ley, y que ha sido desarrollada mediante Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura (modificado por Real Decreto 638/2021, de 27 de julio), hace depender las transferencias a la cuenca del Segura del nivel de existencias que en cada momento del año hidrológico tengan los embalses de cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía). A grandes rasgos, se configuran 4 niveles, tres de los cuales son reglados, es decir, suponen trasvases automáticos o trasvase cero (niveles 1, 2 y 4, respectivamente), y uno discrecional, dependiente de la decisión que en cada caso tome el titular del Ministerio correspondiente (nivel 3).

La elevación del caudal ecológico en la cuenca del Tajo incide directamente en el funcionamiento del Trasvase y su regla de explotación, ya que los mayores desembalses que se precisarán para poder alcanzar los volúmenes circulantes requeridos aguas abajo reducirán sustancialmente el volumen embalsado en cabecera, haciendo más difíciles los trasvases mensuales.

Con las cifras actuales de caudal ecológico se han identificado los siguientes efectos negativos:

El Plan hidrológico del Tajo no ha alcanzado un consenso suficiente como demuestra el hecho de que presentado el proyecto ante el Consejo Nacional del Agua el 29 de noviembre de 2022, este alto órgano consultivo del Estado lo aprobó con la expresa oposición de las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía y Murcia, contando además con la abstención de la Generalitat Valenciana. La oposición de estas Instituciones al volumen de caudal ecológico planteado para la cuenca alta del Tajo augura una abundante litigiosidad y genera mayor inseguridad jurídica. El Plan va a ser recurrido ante el Tribunal Supremo por numerosas entidades públicas y privadas, que se plantean además solicitar su suspensión cautelar, lo que incide todavía más en el grado de inseguridad que plantea el nuevo escenario. 

Se ha estimado que la cifra de caudal ecológico comentada supondrá una reducción muy significativa de los caudales trasvasables al Levante español, con particulares efectos negativos al regadío, ya que los abastecimientos que dependen del Trasvase son prioritarios frente a dichos usos. La reducción alcanzaría unos 105 hm³/año que dejarían de llegar a la Demarcación del Segura, lo que supone más de la mitad de los recursos que, como media, se vienen trasvasando con destino a regadío.

La reducción de estos recursos supondrá una pérdida de un 15,62% de la superficie de regadío actual vinculada al TTS, que deberá transformarse en tierras de secano o, eventualmente, quedará abandonada y sin explotación alguna. En hectáreas, esta cifra se concreta en unas 27.314, lo que constituye una enorme bolsa de suelo que dejará de ser productivo.

Esta pérdida de superficie de regadío tendrá una inmediata repercusión en la disminución del precio de la tierra, observándose además un lucro cesante, calculado a través del margen neto, que asciende en total a unos 6.592,46 M€. Esta pérdida patrimonial se desagrega en los perjuicios causados en abastecimientos (364,52 M€), regadíos (daño emergente: 1366,15 M€) y regadío (lucro cesante: 3961,79 M€). En términos de empleo, se estima la pérdida de unos 15,322 trabajadores, lo que además repercutirá en una reducción de los ingresos del Estado en cotizaciones, IVA e IRPF[12].

El impacto sobre los abastecimientos es mucho menor ya que son preferentes y se verán mucho menos afectados por las reducciones de caudal trasvasado; no obstante, se estima que podrían ver reducidas las aportaciones del TTS en unos 20 hm³/año, caudal que deberá ser sustituido por aguas procedentes de la desalación de agua marina, con un mayor coste. Esta situación puede llevar a la necesaria actualización de las tarifas del abastecimiento urbano en algunos municipios (Melgarejo et al., 2021).

Los impactos socioeconómicos en la cuenca del Segura no se han evaluado en la planificación del Tajo. De hecho, las alegaciones presentadas durante las fases EPTI y proyecto de plan hidrológico apuntando en este sentido fueron desestimadas afirmando que correspondían a cuestiones ajenas a la Demarcación. Esta postura no es razonable, ya que las aportaciones al TTS influyen en la Demarcación del Tajo y son afectadas por su planificación; además, aunque los usuarios del TTS no son usuarios de dicha Demarcación, deben tener la oportunidad, en base al principio de participación pública, de expresar sus consideraciones y recibir las oportunas respuestas por parte de la Confederación del Tajo, algo que no ha sucedido.

La Demarcación del Segura, tal como reconoce el Plan hidrológico de tercer ciclo, tiene un déficit estructural de unos 270 hm³/año (proyección a 2027). Es decir, las demandas superan con mucho la oferta de caudales, y no precisamente en situaciones de sequía, sino en situaciones de normalidad. Esta circunstancia se trata de paliar mediante la reutilización de aguas regeneradas, que es altísima tanto en la Región de Murcia como en Alicante, con las aportaciones de las desaladoras, y con los recursos trasvasados. La no corrección del déficit agrava problemas recurrentes como la sobreexplotación de los acuíferos de la Demarcación. Pues bien, al reducirse las aportaciones del TTS, el déficit no solo no se corregirá, sino que aumentará. El balance hídrico mostrará un déficit estimado en 2027 de 309 hm³ (Melgarejo et al. 2021a).

No se acredita suficientemente en la documentación justificativa del plan hidrológico el beneficio ambiental en la cuenca cedente. Es un error vincular el mal estado ecológico de las masas de agua en puntos más allá de Aranjuez con el Trasvase Tajo-Segura, ya que éste detrae caudales aguas arriba y existen otras aportaciones posteriores a la cuenca; por otra parte, el derecho comunitario impide afrontar los problemas derivados de la contaminación con la dilución de caudales, es decir, con la aportación de mayores volúmenes que diluyan la carga contaminante. Debe resolverse el problema en las fuentes de contaminación, no mediante la elevación de los caudales circulantes a costa de reducir los trasvases.

Por otra parte, no se ha evaluado el impacto ambiental que generará la sustitución de caudales trasvasados por desalados (1 kWh/m³ agua de trasvase – 4 kWh/m³ agua desalada de mar). La desalación es intensiva en el consumo de energía, que no procede, en su integridad, de fuentes renovables. Hay también falta de infraestructuras para llevar el agua desde las desaladoras (situadas en la costa) a los puntos de consumo. Todo ello hace que el uso de aguas trasvasadas sea, hoy por hoy, más barato y ambientalmente más sostenible.

La fijación del caudal ecológico en la planificación del Tajo puede ser objeto de anulación si el Tribunal Supremo estima los recursos que están siendo elaborados. Existen serias dudas sobre el ajuste a la legalidad del plan hidrológico, que como norma reglamentaria que es, no puede contravenir o hacer inaplicable el marco legal que regula el Trasvase. Caudales ecológicos tan elevados como los que se han establecido debían haber sido recogidos en una norma con rango de Ley (Molina, 2022). Además, el volumen de caudal ecológico hace que el Plan del Tajo resulte incompatible con las determinaciones del Plan hidrológico del Segura en materias como los balances, asignaciones, o en relación con el mantenimiento del caudal ecológico en el Segura. Esta incompatibilidad puede tener también efecto invalidante.

Referencias

Hernández, M. y Morales, A. (2008) “Transcendencia socio-económica del trasvase Tajo-Segura tras 30 años de su funcionamiento en la provincia de Alicante”, Investigaciones Geográficas, nº 46.

Melgarejo, J. (2009) (dir). El Trasvase Tajo-Segura: repercusiones económicas, sociales y ambientales en la cuenca del Segura. Caja Mediterráneo-Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante.

Melgarejo, J.; Molina, A. (2010) Incidencia del Trasvase Tajo-Segura en la provincia de Alicante.  Fundación COEPA-Fundación de la CV. Agua y Progreso, Alicante.

Melgarejo, J.; Molina, A. y del Villar, A. (2021). Valoración jurídica y patrimonial de las medidas relativas al caudal ecológico y explotación de embalses del trasvase tajo-segura en el tercer ciclo de planificación hidrológica. Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales, Universidad de Alicante.

Melgarejo, J.; del Villar, A. y García-López, M. (2021a). Valoración socioeconómica del trasvase Tajo-Segura. La importancia de la agricultura y sus actividades relacionadas. Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales, Universidad de Alicante.

Molina, A. (2022). Trasvases, medio ambiente y planificación hidrológica. Reflexiones a la luz del tercer ciclo de planificación (2022-2027). Tirant lo Blanch, Valencia.

Rico, A. y Hernández, M. (2005) “El Trasvase Tajo-Segura”, Observatorio Medioambiental, nº 8.

[1] Agradezco a Julia Martínez (FNCA) la lectura del borrador del presente texto y sus pertinentes observaciones

^[2] Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas

^[3] Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

^[4] Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

^[5] Directiva 2000/60/CE, Anexo V

^[6] Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica; Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica

^[7] Pérez Díaz, V. & J. Mezo (1998) Política del agua en España: argumentos, conflictos y estilos de deliberación, I Congreso Ibérico de Gestión y Planificación de Aguas, Zaragoza, septiembre 1998.

^[8] Pedreño et al. (2006) De cómo vive y trabaja “la otra mitad”: flujos de inmigración y modernización regional, en Foro Ciudadano de la Región de Murcia, Informe 2006, Diego Marín Librero-Editor, Murcia, Cap.3; pp. 53-68

^[9] Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

[10] STS 856/2019 de 11 de marzo, nº rec. 4351/2016 y concordantes

[11] Apéndice 5.1 del Anexo V (disposiciones normativas del Plan)

[12] Fuente: Melgarejo et al., 2021a

¿Sabías que…

Joan Robinson veía en el racionamiento el instrumento de política económica más equitativo en la lucha contra la inflación en guerra?

(Por Fernando G. Jaén Coll, Profesor Titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Vic-UCC)

El profesor Estapé afirmó que, “Joan Violet Robinson es seguramente la economista británica de mayor envergadura” y, según el gran Maestro Schumpeter, subrayó que ocupa el primer puesto en cuanto a capacidad analítica”[1]. Destacando como miembro de la escuela inglesa de Cambridge, no se discute su defensa del keynesianismo, bebiendo en la tradición de los clásicos (Smith, Ricardo y Marx)[2], si bien el profesor Estapé resalta de ella su heterodoxia, remitiéndose a escuelas muy diversas, muy crítica con los modelos neoclásicos, que consideraba obsoletos, irreales, metodológicamente erróneos y no carente de fallos empíricos, subrayando que “para ella, la ciencia económica se manifestaba como una doctrina inseparable de la política”. Para una profundización en sus ideas y aportaciones, recomendamos las páginas que le dedica el profesor Alessandro Roncaglia en su libro La era de la disgregación. Historia del pensamiento económico contemporáneo (traducción de Jordi Pascual. Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2019).

De la selección realizada por el profesor Argandoña en el libro citado de Joan Robinson, entre los Ensayos críticos de ésta, ha situado en el capítulo dieciséis y último “La inflación en tiempos de guerra”, que corresponde al guion de una conferencia pronunciada por ella en París en el mes de enero del año 1945, con epicentro factual en Gran Bretaña y contexto de finales de la Segunda Guerra Mundial, que se da por concluida en el mes de septiembre de ese mismo año.

Joan Robinson empezaba por señalar la polisemia de la palabra inflación y que “ante todo es preciso aclarar lo que queremos indicar con ella” (p. 209), inicio éste que me parece deseable[3], si bien no está en el texto, ni siquiera cuando insiste inmediatamente diciendo que “al pronunciar una conferencia es mejor buscar la precisión.” Y pasa a distinguir tres etapas de la inflación, que establece en relación con sus causas: la primera es de crecimiento relativo de los precios respecto de los costes de producción; la segunda, fruto de lo que denomina «espiral viciosa» que es consecuencia del aumento de los salarios monetarios de los trabajadores en compensación del aumento de precios que padecen, proceso que se vuelve iterativo y ella llama «inflación progresiva», y tercera, la «hiperinflación», consecuencia de las expectativas de nuevas alzas con un «frenesí de adquisición de bienes».

Descartando, hasta entonces, tanto en Gran Bretaña como en Francia, la inflación derivada del hundimiento del cambio de divisas como la que se dio a partir de 1918, sitúa a Gran Bretaña en la primera etapa (o tipo de inflación); en tanto considera que Francia lucha por evitar el paso de la segunda a la tercera. Lo que caracteriza a la inflación padecida a consecuencia de la II Guerra Mundial en Gran Bretaña, “es un excedente de la demanda de dinero respecto a la oferta de bienes.” Más personas trabajando más horas aumenta los ingresos percibidos que no se corresponden con bienes civiles producidos en los que gastar el exceso relativo de ingresos obtenidos en la producción de armamento, por ejemplo.

Esta inflación no le parece perniciosa per se para financiar la guerra, al contrario la considera “un medio ideal” (p. 210), pues el aumento de precios de los bienes civiles limitaría su adquisición hasta situarla en la nueva producción de estos bienes, actuando de mecanismo de racionamiento. Como dicho incremento de precios daría lugar a un exceso de beneficios empresariales, un impuesto sobre ellos los limitaría y permitiría financiar los gastos de guerra sin acudir a la deuda nacional. Claro está que es objetable, y así lo hace ella, que dependiendo de la distribución de riqueza, la desigualdad aumentaría, pues los ricos podrían seguir adquiriendo y serían los menos acaudalados los que deberían hacer el esfuerzo reductor de su nivel de vida, y también piensa en aquellos que estando al borde de la miseria en tiempos de paz, pasarían literalmente a morirse de hambre. Considera otros males, como el derivado de no poder recaudar todos los beneficios inflacionarios, que podría concretarse en el consumo de lujo.

De no poder detener la inflación en esta primera etapa, los males que surgen son mayores, pues lo que hoy denominamos «espiral precios-salarios» (menos moralizante, aunque describiendo el mismo proceso que la expresión utilizada por ella, como hemos recogido antes «espiral viciosa»), conduce a aumentos salariales desiguales en función de la capacidad de unos trabajadores u otros de imponerlos; así los sectores más fuertemente sindicados pueden obtener unos salarios que no logren otros sectores, al igual que los más altos directivos asalariados frente a los obreros o aquellos que trabajan en sectores que han devenido imprescindibles por la guerra, etc., todos ellos perjudicando la distribución en el colectivo asalariado. Además de los asalariados, hemos de pensar en los pensionistas y su capacidad de equiparar el aumento de sus pensiones con el aumento del coste de la vida que se va retroalimentando entre precios y salarios.

En la discusión doctrinal, Joan Robinson indica que “Según la antigua teoría de la inflación, ésta se debe a la creación excesiva de medios de cambio. Pero esta teoría resulta bastante equívoca e indica soluciones erróneas. En la primera etapa, la inflación no tiene nada que ver con la emisión de dinero. Surge de la percepción de ingresos por la producción de bienes no disponibles para el consumo. Existen más ingresos para gastar y menos bienes en qué gastarlos. Si aumentan los ingresos, se requiere una mayor cantidad de dinero en circulación, pero el aumento de aquéllos no puede impedirse a través de un control de la emisión de dinero.” (p. 212) Causalidad ésta que se ajusta a las necesidades implícitas de la guerra, por lo que la desaparición de la inflación se resolvería con la inexistencia de la guerra. Tratándose de una conferencia de una exposición científico-académico la rotundidad de su afirmación inicial no sabemos si se circunscribe al caso de guerra o si es de carácter general (queda esto para explorarlo en otra ocasión en otros textos de la autora[4]).

El primer instrumento que se aplicó en Gran Bretaña al inicio de la guerra fue el control de precios mediante la Prices of Goods Act, fijando los precios de preguerra en todos los productos, si bien autorizándose algunos aumentos para cubrir incrementos de costes. La autora nos explica las limitaciones del mecanismo con carácter general, que convierte a los tenderos en asignadores de productos seleccionando la clientela, fruto del aumento de la demanda no seguido por el de la oferta en igual medida y tener sujetos los precios, lo cual conduce a una escasez relativa y quien decide a quién le vende es el tendero, bien sea por afinidad o por la formación de colas que dejan a los últimos sin producto. Injusticia social y penurias son creadas por la inflación. Como señala ella, “Los precios elevados distribuyen los bienes de acuerdo con el poder adquisitivo de los compradores. La escasez distribuye los bienes de acuerdo con el «poder de compra».” (p. 213)

Tras concluir que “El control de precios atenúa el síntoma, pero no cura la enfermedad.”, examina el remedio tributario, distinguiendo los efectos de aumentos de impuestos indirectos (sobre las mercancías) y directos (sobre la renta y la riqueza). Lo que fuera novedad en el Gran Bretaña en el año 1940, un impuesto general sobre la compraventa, considera que impide la aparición de beneficios, pero no sirve contra el mal principal: “El impuesto hace subir los precios y distribuye los bienes entre la población de acuerdo con su poder adquisitivo”, reproduciendo el efecto inflacionario, totalmente ineficaz para obtener una distribución más equitativa de los bienes entre los consumidores. Gravar el lujo o los bienes no esenciales puede contribuir como remedio contra la inflación, sistema que se impuso en Gran Bretaña

La tributación directa retira poder adquisitivo y es más equitativa, pero presenta el problema de reducir los estímulos al trabajo, por lo que su uso es limitado. El dilema que se presenta en tiempos de guerra es que “es necesario que todos trabajen tanto como puedan y, por tanto, resulta conveniente que deseen ganar dinero. Pero es sumamente indeseable que gasten dinero. ¿Para qué sirve el dinero si no se puede gastar?” (p. 214) Menciona la solución de Keynes del «pago diferido», que se materializó en alguna medida en el presupuesto del año 1941, aunque la idea no fue muy popular y “no resultó un poderoso incentivo para trabajar horas extraordinarias.”

Del estímulo del ahorro voluntario, a través de la Campaña de Ahorro Nacional, considera que apartó muchos excedentes de ingresos de las tiendas; pero no le convenció el aspecto de dicha campaña, que conducía a invertir en deuda pública, que le pareció un error, pues su efecto es similar al de guardar el dinero en un colchón, pero con el perjuicio de que el Estado ha de pagar intereses, “de modo que es más patriótico no comprar títulos que comprarlos.” (p. 215) Reconoce, sí, que el Movimiento en pro del Ahorro, que convenció a la gente para que se abstuviera de gastar, fue una auténtica contribución a la campaña contra la inflación.

Insiste en que ninguno de los tres instrumentos: control de precios, tributación y ahorro voluntario consigue evitar la inflación, afirmando que “El único remedio que ataca el mal de raíz es el racionamiento. El racionamiento reduce de golpe la demanda al nivel de la oferta disponible y distribuye las existencias disponibles de modo que cada cual reciba su parte.” (p. 215) Los otros remedios mencionados pueden coadyuvar, unos, a evitar el exceso de beneficios (vía control de precios); otros (el ahorro y la tributación son «operaciones de limpieza», a reducir el exceso de ingresos. Su convicción queda reflejada en esta rotunda frase: “Pero la batalla importante sólo puede ganarse por medio del racionamiento.» Ello, no obstante, queda matizado al explicar la implantación lenta y progresiva del racionamiento que se hizo en Gran Bretaña, que no fue de todos los productos y que el de las prendas de vestir no llegó hasta el año 1941, describiendo sucintamente cómo operaba. En síntesis, consideró que el racionamiento fue muy elástico, democrático y bastante justo.

Joan Robinson remataba doctrinalmente poniendo en las autoridades británicas la experiencia aprendida “que si se ataca de raíz la verdadera causa de la inflación –el excedente de los ingresos respecto a las existencias disponibles-, la cantidad de dinero puede dejarse abandonada a su suerte. [Y] las autoridades monetarias han descubierto que si la gente prefiere conservar sus ahorros en numerario, no perjudica a nadie darle el dinero para que lo guarden, siempre y cuando existan poderosos controles que impidan que los gasten.” (p. 217) Tan sencilla afirmación conduce a meditar sobre la política monetaria, pero el debate doctrinal, sigue abierto.

[1] Véase Estapé, F. (2009): Mis economistas y su trastienda, (Ed. Planeta, S. A., 2009. Capítulo 11, “Las economistas”, en el que dedica las páginas 151 a 154 a Joan Robinson.

[2] Véase la presentación del profesor A. Argandoña en su selección de textos Joan Robinson. Ensayos críticos (Ediciones Orbis, S. A., 1986), de donde tomamos el referido a la inflación en tiempos de guerra.

[3] De la ambigüedad del concepto económico de inflación, de su imprecisión y del remedo que adoptamos con el Índice de Precios al Consumo, ya lo remarqué en mi artículo “Reflexiones sobre la inflación, su medición y algunos datos recientes (1)”. Rebelion, 24-1-2023 (https://rebelion.org/reflexiones-sobre-la-inflacion-su-medicion-y-algunos-datos-recientes-1/).

[4] Como puede ser el libro Robinson, J. y Eatwell, J. (1976): Introducción a la economía moderna (Fondo de Cultura Económica, 1.ª edición en español. De la 1.ª edición en inglés, 1973)

versión pdf

XVI Jornadas Internacionales de Política Económica. «Decisiones de Política Económica en momentos de incertidumbre». La Laguna (Tenerife), 25-26 de Mayo de 2023. (solicitud de trabajos)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos –Política Económica-, Universidad de La Laguna (España)

Las XVI Jornadas Internacionales de Política Económica tratarán de realizar aportaciones en una etapa en la que la incertidumbre rodea las decisiones que deben afrontar los responsables de la Política Económica en los próximos años. El interés de estas Jornadas se orienta hacia el estudio de las diversas políticas instrumentales, las políticas económicas sectoriales y los nuevos objetivos que van surgiendo a partir de los problemas que el contexto cambiante internacional está marcando. Asimismo, será de interés los aspectos relacionados con la docencia en esta disciplina.

COMITÉ ORGANIZADOR

Fechas importantes

Fecha límite para la presentación del resumen / abstract 13 de enero de 2023. Los autores deben enviar un resumen en formato pdf de 500 palabras (referencias bibliográficas aparte). El nombre del archivo deberá contener los apellidos del autor/a que presentará el trabajo. Por ejemplo: GonzálezPérez.pdf. El archivo se enviará al correo jipe2023@ull.edu.es

Fecha límite para la notificación de la aceptación de propuestas a los autores: 15 de febrero de 2023

Periodo de inscripción: del 16 de febrero al 3 de abril de 2023 (130 € pronto pago hasta el 15 de marzo de 2023; 200 € del 16 de marzo al 3 de abril de 2023)

Próximamente se enviará la web de las jornadas donde se especificará con más detalle las instrucciones de la inscripción y el resto de información.

Las Jornadas se centrarán en los siguientes grades bloques:

• El papel de la Unión Europea en el proceso de toma de decisiones de Política Económica
• Medidas de Política Económica para la gestión de la crisis COVID19
• Políticas económicas medioambientales (economía circular, política turística, etc.)
• La crisis energética y el papel del sector público (los efectos spillover de las instituciones gubernamentales sobre la eficiencia energética).
• Políticas económicas del sector financiero (banca, seguros, digitalización creciente, etc.)
• Políticas económicas de I+D+i+e (investigación, desarrollo, innovación, políticas públicas de fomento de la Responsabilidad Social, del emprendimiento)
• Políticas de descentralización fiscal y administrativa (la descentralización fiscal y el logro de acuerdos, el papel de las transferencias intergubernamentales verticales para alcanzar metas multidimensionales, etc.)
• Política educativa y laboral (políticas de innovación educativa, reformas educativas, la intervención de los agentes públicos en el mercado de trabajo)
• Regulación de precios frente a la inflación y los desequilibrios del mercado
• Innovación en la docencia de la Política Económica

COMITÉ CIENTÍFICO

Más información: https://eventos.ull.es/xvi-jornadas-internacionales-de-politica-economica/comite-organizador

Encuentro de Política Económica “Política económica internacional en condiciones de incertidumbre”. Valencia, 2 de Diciembre de 2022 (resultados)

Organiza: Unidad Docente de Política Económica. Departamento de Economía Aplicada.

Universidad de Valencia

La séptima edición del congreso se desarrolló con éxito durante la mañana del viernes, con cuatro sesiones y cada una con su correspondiente tiempo para las preguntas y la discusión en la que participaron los asistentes tanto de forma presencial como en línea.

Las primeras tres sesiones estuvieron dedicadas al análisis específico de países emergentes y desarrollados centrándonos en los problemas del país, el diseño de las políticas económicas y la ejecución de estas políticas en los últimos años. El contexto actual es especialmente interesante a la vez que incierto y convulso ya que tras la concatenación de dos graves crisis globales, la Gran Recesión y la pandemia de la COVID-19, los países vuelven a verse inmersos en un contexto de crisis derivado de la Guerra en Ucrania y la consecuente pugna energética. Adicionalmente, la cuarta sesión estuvo dedicada al análisis de políticas económicas más transversales. En la primera sesión analizamos Brasil, India y Vietnam, con la intervención de profesores de la Facultat d’Economia de la Universitat València (UV): Juan Francisco Albert, Maja Barac y Margarita Rohr, respectivamente. En la segunda nos centramos en China, Rusia, Cuba e Indonesia con la participación de José Miguel Giner Pérez de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante, Antonio Sánchez Andrés de la Facultat d’Economia de la UV, Juan Carlos Palacios de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona y Julián Martínez de la Facultat d’Economia de la UV. La tercera sesión abordó los países de Argelia por el profesor Ángel Soler, Hungría por el profesor Antoni Seguí y Chile por la profesora Luz Ramírez, todos de la Facultat d’Economia de la UV. En la cuarta sesión contó con la participación de dos doctorandos de la Facultat d’Economia de la UV, Pau Sales que presentó la ponencia titulada Ciclos económicos y estabilizadores automáticos: nuevas propuestas de política económica e Inés Soldevilla con Política económica y desigualdad. La Unión Europea en el siglo XXI. Finalmente, en la clausura del evento contamos con la intervención del Decano de la Facultat d’Economia (UV) D. Francisco Muñoz Murgui y las profesoras organizadoras del evento Margarita Rohr y Maja Barac.

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) (año 2022)

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista académica que concentra su atención en la Política Económica. La revista es editada en Valencia (España) por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia (irep.uv.es)

IREP acepta contribuciones de todos los enfoques económicos (ortodoxos y heterodoxos), así como procedentes de otras disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales. Desde esta perspectiva, IREP acepta trabajos de carácter tanto teóricos como aplicados, al tiempo que son bienvenidas tanto las aportaciones sustentadas en análisis cuantitativos como cualitativos, destacando su contenido realista. En concreto, IREP acepta trabajos procedentes de orígenes diversos como la economía, la economía política, el desarrollo y la planificación, la historia o las ciencias sociales en general. IREP publica artículos sobre todo tipo de temáticas relacionadas con la Política Económica.

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista internacional que publica manuscritos en inglés y en español. Todos los artículos son sometidos a un estricto sistema de evaluación anónima por pares, ofreciendo un medio académico de comunicación y de diseminación de ideas de elevada calidad científica

Contenidos de

Vol.4, Núm. 1 (2022)

• “Medidas de política económica en la UE ante la crisis derivada de la COVID-19”. Maja Barac, Pilar Tamborero (pp.1-19)
• “Política de empleo: posibilidades y limitaciones”. Beatriz Benítez-Aurioles (pp.20-40)
• “Resultados de la política de formación profesional en España y Alemania”. Ángel Soler Guillén, Fernando Pascual (pp.41-62)
• “Las políticas de emprendimiento en México”. Angélica Beatriz Contreras Cueva, Pamela Macías Álvarez, Olga González-Morales (pp.63-75)
• “Políticas públicas de cuidados de larga duración: residencias para mayores, calidad del servicio y atención de calidad”. (María Ángeles Briones Peralta, Isabel Pardo García, Francisco Escribano Sotos (pp.76-98)
• “Importancia económica de la empresa familiar. Una aproximación desde la política económica”. Evangelina Aranda Garcia, Victor J. Martín Cerdeño, Jesús Santos del Cerro (pp.99-118)

Vol.4, Núm. 2 (2022)

• “The Fiscal Effects of Uncapping Social Security Contributions: Implications for Pension Reform in Spain”. Ferran Elias y Marc Riudavets-Barcons (pp.)
• “Evolución del impacto del COVID-19 sobre el empleo en España: análisis de las diferencias a nivel autonómico”. Joan Antoni Alujas Ruiz (pp.20-47)
• “Reducción de la desigualdad y gasto social. Evidencia empírica para 35 países europeos, 2004-2018”. Juan Ignacio Martín-Legendre (pp.48-64)
• “Políticas Públicas Focalizadas en Latinoamérica: Revisión de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas”. Luz G. Castro y Mauro Mediavilla (pp.65-82)
• “El desarrollo del hidrógeno: estrategias y políticas en Europa y España”. Gonzalo Escribano, Lara Lázaro e Ignacio Urbasos (pp.83-96)
• “Sistemas sectoriales de innovación ante el desarrollo sostenible: el caso de la política económica en la industria agroalimentaria de El Salvador”. Elías Humberto Peraza Castañeda y Guillermo Aleixandre Mendizábal (pp.97-110)

Los contenidos e información se pueden consultar en línea en la web:

irep.uv.es

Noticias internacionales: Revista Finanzas y Política Económica

La Revista Finanzas y Política Económica, de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Colombia, constituye un espacio científico de discusión de aspectos relacionados con Política Económica. Tiene una categoría de Q4 en Scopus. Más información:

https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/

Contenidos de número reciente

vol.14, nº.2, julio-diciembre, 2022

Editorial

• Los fallos de la integración económica internacional y de la gobernanza supranacional (Joan Miguel Tejedor Estupiñán)

Artículos de Investigación

• Convergencia estocástica en el Índice de Complejidad Económica: el caso de América Latina y el Caribe, 1995-2019 (Leobaldo Enrique Molero Oliva)
• El capital intelectual en el rendimiento financiero del sector carrocero del Ecuador (María del Carmen Gómez Romo)
• Efectos de la comunicación del banco central sobre el desacuerdo en las expectativas de la tasa de política monetaria: evidencias para Colombia (Juan Camilo Galvis Ciro, Juan Camilo Anzoátegui Zapata)
• Análisis de la influencia de la pandemia de COVID-19 sobre la transmisión de volatilidad en la colaboración de los mercados de valores extranjeros e indios (Runumi Das, Arabinda Debnath)
• ¿Por qué los responsables políticos y los científicos sociales deberían adoptar la economía del comportamiento?: un análisis del periodo 2000-2020 (Ignacio Aliende, Lorenzo Escot Mangas)
• Revisión del nexo entre apertura comercial, inversión interna y crecimiento económico: implicaciones políticas contemporáneas para la región MENA (Stephen Taiwo Onifade, Abdul Qahar Khatir, Ahmet Ay, Murat Canitez)
• Cultura de individualismo y prevención de la incertidumbre de las industrias de los países del G20: un análisis de la estructura y el comportamiento del capital (Oderson Panosso, Gleice Carvalho de Lima Moreno, Tarcísio Pedro da Silva, Luciano Castro Carvalho)
• Ingresos de los hogares en 2021: influencia de la pandemia de Covid-19 (Iuliia Pinkovetskaia, Diego Arbeláez Campillo, Magda Julissa Rojas Bahamón)
• La diversidad de género y el rendimiento en el sector financiero ecuatoriano (Edisson Coba Molina, Jaime Díaz Cordova, Geovany Carrion Gavilanes, Daniela Chango Casanova)

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.

Durante el último periodo se ha difundo por REDIPE un trabajo de Rodrik sobre calidad de empleo, así como otro acerca del papel de los servicios en la economía de EE.UU. y, también, un informe sobre la calidad de las elites políticas. Cabe destacar, asimismo, la publicitación con fines docentes del uso de gráficos de forma alternativa. Son interesantes los artículos acerca de inevitable crisis económica que se nos acerca, también una discusión sobre políticas económicas en las actuales condiciones realizada por Bernanke, así como un trabajo de Prof. Sinn, exdirector del Ifo Institute, acerca de la débil situación económica en Alemania, que augura problemas económicos serios en la UE.

La docencia de la Política Económica en inglés: un manual muy recomendable

(por Carlos Rodríguez González, Departamento de Políticas Públicas e Historia Económica, Universidad del País Vasco)

Como bien plantea el profesor Antonio Sánchez en el número 36 de Noticias de Política Económica, no hay tradición en el mundo anglosajón por la edición de manuales de Política Económica como tales. Las cuestiones propias de la política económica se suelen dilucidar en apartados o capítulos de textos más generalistas. Así, por ejemplo, las políticas de oferta o estructurales se recogen en manuales de Economía Industrial y las políticas de crecimiento y las coyunturales en los manuales de Macroeconomía. Pues bien, este es el caso del texto de macroeconomía sobre el cual vamos a hacer una breve recensión de aquellos contenidos que se centran es las políticas coyunturales.

Se trata de la segunda edición de Macroeconomics: Institutions, Instability, and the Financial System, que se publicó en 2014 y cuyos autores son W. Carlin de la University College London y D. Soskice de la London School of Economics. Aunque en esta última edición aciertan al incluir dos capítulos muy interesantes sobre el ciclo financiero, el núcleo central del libro es el modelo de las tres ecuaciones (“the 3 equation model”), en torno al cual giran todas las demás cuestiones que tienen que ver con la dinámica del ciclo a corto/medio plazo y el papel de la Política Monetaria y Fiscal (PM, PF).

El modelo consta, como no podría ser de otra manera, de 3 ecuaciones; a saber: (i) la curva IS, que recoge el funcionamiento de la demanda agregada y que siendo la parte de la síntesis keynesiana del modelo, las alumnas(os) suelen dominar ya por sus cursos de macroeconomía anteriores; (ii) la Curva de Phillips (CP) aumentada con expectativas de inflación que recogería -debidamente reformulada en términos de la relación entre output e inflación- la oferta agregada y que también suelen conocer de antemano los estudiantes; y la tercera de las ecuaciones (iii) que es la Regla Monetaria del Banco Central (BC), la parte más afín al modelo de los nuevos keynesianos (Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M.1999)[1] y que es también la más novedosa e interesante para el tema que nos ocupa.

Los autores consideran su modelo más realista y acorde con la evidencia empírica que el modelo IS-LM de la síntesis o que el de los nuevos keynesianos. Primero porque la obsoleta LM de la síntesis se sustituye por la Regla Monetaria y la ubicua dentro de la hipótesis fuerte de expectativas racionales, mientras que el “forward looking” de los nuevos keynesianos se limita solo al caso del BC (y al mercado de divisas en una economía abierta).

La IS es la de siempre, valga la expresión, aunque con un retardo temporal que es importante destacar porque hace que el modelo sea dinámico. La CP incluye expectativas de inflación adaptivas, que no obstante pueden estar más o menos ancladas al objetivo de inflación del BC. El anclaje de las expectativas es una cuestión importante para la Política Monetaria y resulta fácil de entender para las alumnas(os) porque la idea se formaliza aumentando la CP de manera tal que no cuente solo la inflación pasada en la generación de expectativas de inflación, sino también el objetivo de inflación del BC. La inclusión de la Regla Monetaria, que como hemos dicho es la ecuación más novedosa, es una manera muy pedagógica y rigurosa de formalizar las estrategias de los BCs que, siendo mayoría, siguen una estrategia de PM consistente en alcanzar un objetivo de inflación bajo y estable a medio plazo (estrategias llamadas “IT”, de Inflation Targeting por sus siglas en inglés). Dicha regla (parecida a la famosa regla de Taylor) se plantea como el resultado de la optimización por parte del BC de una función de pérdidas que recoge entre sus argumentos precisamente el mandato típico de esas estrategias.

Es precisamente por cómo se modeliza la PM del BC lo que permite aproximarse a ésta de una manera mucho más realista. En efecto, el instrumento y mecanismo de transmisión fundamental del BC es el tipo de interés (“policy rate”). La oferta monetaria es por tanto una variable residual en el modelo y que en cualquier caso se determinaría de manera endógena[2]. No obstante, y como ya hemos apuntado, se tiene en cuenta el efecto retardado de los cambios en el tipo de interés operados por parte del BC sobre el output y, de hecho, es ese retardo lo que convierte a este modelo en un modelo dinámico y no de estática comparada como el IS-LM. Ese dinamismo lo pueden visualizar fácilmente las alumnas(os) con las funciones de impulso-respuesta y con el simulador que se incluye en la página web del manual[3].

Como hemos dicho el objetivo de un BC con una estrategia IT se alcanza en el medio plazo y la longitud de ese medio plazo depende de lo “halcón” o “paloma” que sea el BC. Adjetivos que se hacen fácilmente comprensibles para los estudiantes porque son los parámetros que definen su función de pérdidas. Además, el modelo sirve el cometido de aludir al marco institucional del BC, marco en el que su independencia está garantizada, al menos frente a la política fiscal (PF) del Gobierno que se toma como variable exógena por parte de la autoridad monetaria.

Respecto de la PF, es la curva IS la que puede cumplir también -aunque como segunda línea de defensa- un papel estabilizador; especialmente si la economía se enfrenta a un shock de demanda negativo, profundo y duradero. Por lo demás, el funcionamiento de la PF es de sobra conocido para las alumnas(os) con un conocimiento previo del modelo de la síntesis, cosa que suele ser el caso en los planes de estudio.

Por último, es fácil explicar a los estudiantes una cuestión relevante: que como todo modelo que se preste, al hacer suyos unos supuestos y simplificaciones, también tiene lógicamente sus limitaciones. Pero estos se hacen explícitos y patentes en el texto. Así, el supuesto más restrictivo -o menos realista si se quiere- pero acerca del cual los estudiantes pueden apreciar fácilmente su alcance, es que el ciclo es el resultado de algún shock exógeno e inesperado que perturba el equilibrio a medio plazo (equilibrio entre la demanda agregada y el output potencial) con efectos en la inflación, el empleo y el output. Son el BC manejando los tipos de interés y/o el gobierno la PF los “mecanismos” que permiten reconducir la economía de nuevo a ese equilibrio a medio plazo donde la inflación se estabiliza para el objetivo fijado por el BC.

Más allá de lo restrictivo de este supuesto, los estudiantes si llegan a entender fácilmente que los shocks no anticipados, bien sean de demanda o de oferta, temporales o permanentes, perturban el equilibrio a medio plazo, provocan una reacción estabilizadora del BC o de la PF y acaban por generar el “business cycle”.

[1] Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: a new Keynesian perspective. Journal of economic literature, 37(4), 1661-1707.

[2] La expansión cuantitativa se plantea como un instrumento adicional que contribuye al aplanamiento de la curva de rendimientos en caso de que los tipos de interés nominales lleguen al límite cero si el shock hunde la economía en la trampa de la deflación.

[3] El simulador es una herramienta que sirve muy bien a los estudiantes para afianzar el funcionamiento del modelo y comprobar como el cambio en los parámetros del modelo alteran la dinámica de las variables endógenas del modelo (output, inflación y tipos de interés). Además, pueden diseñar ellos mismos un simulador con el programa Excel, capturar en las ecuaciones y los parámetros distintos supuestos y entender a través de las funciones de impulso-respuesta las implicaciones de esos cambios en la dinámica macroeconómica.