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Políticas económicas estructurales

Papel del Estado en la innovación empresarial

(por Ivet María del Sol Alonso y Sergio M. Afcha Chávez, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia)

En la actualidad, existe un amplio consenso amplio consenso respecto a la concepción de la innovación como motor del crecimiento económico y la competitividad. Desde la conceptualización de Joseph Schumpeter, quien definió la innovación como el proceso de destrucción creativa, por el cual nuevas innovaciones reemplazan a tecnologías y métodos obsoletos, se ha reconocido su papel fundamental en la transformación de los sectores productivos y los mercados (Schumpeter, 1983). En el contexto actual, caracterizado por una rápida evolución tecnológica y una intensa presión competitiva, la intervención estatal desempeña un papel crucial a la hora de fomentar y sostener la innovación.

La promoción del sector público, mediante la financiación directa de la investigación y desarrollo (I+D), incentivos fiscales y otros mecanismos de apoyo financiero y técnico, se justifica no solo para corregir fallos de mercado, como la dificultad de apropiabilidad, la incertidumbre y asimetrías de información, sino también para resolver fallos de carácter sistémicos y promover así, una mayor participación de las empresas y el resto de los agentes del sistema de innovación, en actividades innovadoras (Díaz, Cruz, & Jessenia, 2021; Bayona-Velásquez, Erazo-Ortiz, & Martínez-González, 2018). Estas políticas no solo buscan incentivar la creación de nuevas tecnologías y procesos, sino también su difusión y adopción en el mercado facilitando, en última instancia, el crecimiento económico.

En este artículo, se analiza el impacto de las políticas públicas en la innovación, con un enfoque particular en los subsidios a la I+D. Se discuten tanto los efectos directos como indirectos de estas políticas, incluyendo la adicionalidad de las inversiones y los cambios en el comportamiento empresarial inducidos por el apoyo estatal. A través de una revisión de la literatura reciente, se examinan las diversas estrategias implementadas por los gobiernos para fomentar la innovación y se discute sobre su efectividad en términos de resultados económicos y sociales.

Al proporcionar un análisis detallado, fundamentado en evidencia reciente, este artículo contribuye a una mejor comprensión de cómo las políticas públicas de promoción de la ciencia y la tecnología pueden ser diseñadas e implementadas para maximizar su impacto positivo en la innovación y, por ende, en la productividad y el crecimiento económico.

1. La innovación: concepto e importancia

A pesar de que la innovación nació con la libertad individual y la seguridad jurídica de protección a las invenciones efectuada en Gran Bretaña en el siglo XVIII, el desarrollo de su conceptualización se le atribuye a Joseph Schumpeter, quien la asocia a experimentos de mercado dirigidos a causar una profunda reestructuración de los sectores productivos y el mercado. Schumpeter consideraba que ciertos agentes, denominados innovadores, rompían el equilibrio del sistema económico. Estos innovadores se diferenciaban de los inventores, ya que su papel implicaba la implementación de nuevas combinaciones de recursos y métodos productivos (OECD & Eurostat, 2007).

Autores posteriores sostienen la diferenciación entre invención e innovación establecida en un primer momento por Schumpeter. Se sustenta que la invención se corresponde con el descubrimiento que pertenece al saber científico o técnico, siendo así un acto de creatividad intelectual, sin importancia para el análisis económico. Por su parte, la innovación consiste en la introducción de nuevas combinaciones de los factores productivos. Se trata de una ruptura intencional del equilibrio productivo, en función de nuevas técnicas que permiten dar un salto y colocar a la empresa en mejor situación de competencia. Por lo tanto, la innovación es una decisión económica: una organización/individuo aplicando una invención (Albornoz, 2009).

En el Manual de Oslo según OECD & Eurostat (2007) se plasma un concepto de innovación ampliamente aceptado, definiéndola como la “introducción de un producto (bien o servicio), nuevo, o significativamente mejorado, de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (p. 56). Esto convierte a las empresas en actores fundamentales en la generación de innovaciones, que no actúan de manera aislada, sino que involucran a otros actores y recursos de su entorno.

Por su parte, como plantea Moyeda & Arteaga (2016) el Departamento de Comercio de lo Estados Unidos de América define a la innovación como “el diseño, desarrollo e implementación de productos, servicios, procesos, estructuras organizacionales y modelos de negocios, nuevos o mejorados, que crean valor para el cliente y rentabilidad financiera a la empresa” (p. 40).

La innovación es un proceso colectivo, incierto y acumulativo, dirigido a la generación y aplicación de nuevos conocimientos. Por consiguiente, innovar implica combinar diferentes tipos de conocimiento, competencias, capacidades y recursos, con el objetivo de generar una ventaja competitiva, sea por disminución en los costes de producción, por el desarrollo de nuevos productos o por cambios en los ya existentes. Además, esta acción no se produce aleatoriamente, sino que implica la realización de esfuerzos explícitos tendientes a mejorar o crear competencias y capacidades tecnológicas (Díaz et al., 2021; Lugones, 2010).

En investigaciones iniciales, se consideraba que la innovación era el resultado de un proceso lineal de flujo de conocimiento que comienza en la investigación científica básica siguiendo por el desarrollo experimental hasta la fabricación y comercialización de nuevo producto o servicio, identificándose esta visión como la teoría del “impulso creado por la ciencia”, según la cual, el desarrollo de la ciencia genera innovaciones que acaban siendo admitidas por el mercado. En estudios posteriores, surge el enfoque de la “atracción ejercida por la demanda”, que implica que la demanda de un producto por los consumidores impulsa la actividad creativa e innovadora de la empresa (Tomás, 2015).

A pesar de que estas teorías identifiquen que el detonante de la innovación se encuentra en actores económicos contrapuestos, en la práctica ambas teorías convergen ya que los progresos científicos pueden crear oportunidades que, posteriormente, se emplean como respuesta a las necesidades del mercado. Por lo tanto, los procesos que dan lugar a la innovación se corresponden más con un modelo interactivo, multidimensional y multidepartamental, con lo que se debe prestar atención, tanto a la aplicación de la ciencia y el conocimiento, como al posicionamiento y recepción del producto en el mercado (Freeman, 1982; Tomás, 2015).

A raíz de las investigaciones conducidas en el campo de la economía de la innovación, se han efectuado varias clasificaciones de acuerdo a diversos enfoques, así como respecto al objeto de la innovación. En la Cuadro 1, se tiene un resumen de las clasificaciones presentadas por algunos autores.

En Schumpeter (1976) y Schumpeter (1983), se encuentra la clasificación efectuada por este autor, quien distingue hasta cinco tipos de innovación: introducción de nuevos productos, introducción de nuevos métodos de producción, apertura de nuevos mercados, desarrollo de nuevas fuentes de suministro de materias primas u otros insumos, y creación de nuevas estructuras de mercado en un sector de actividad.

En Brugué et al. (2014) introduce una distinción entre dos enfoques: instrumentales y sustantivos. El enfoque instrumental, se refiere a la innovación como un conjunto de ideas que permiten mejorar la eficiencia de determinadas actuaciones, con lo que no se modifica lo que se hace, sino la manera de hacerlo. Por su parte, el enfoque sustantivo, considera que la innovación implica una forma sustancialmente diferente de entender, abordar y transformar la realidad, por lo que no se limita a incidir en los procesos, sino que busca replantear la propia naturaleza de los problemas (p. 10).

Moyeda & Arteaga (2016), por su parte, presentan varias tipologías bajo las que se pueden clasificar las innovaciones, donde, de acuerdo a su grado de novedad puede ser radical, incremental y adaptativa, y de acuerdo con su impacto económico, básica y aplicada. Además, estas pueden ser clasificadas como horizontales cuando se incrementa la variedad de productos o nuevos bienes intermedios que aumentan la especialización, pero conviven con los bienes antiguos, y verticales, cuando la integración de nuevo conocimiento científico genera cambios en ingeniería o propiedades de un bien intermedio (p. 42).

A partir de la clasificación propuesta por Schumpeter, y adaptándose a un contexto más actualizado, el Manual de Oslo distingue cuatro tipos de innovación: innovaciones de producto, innovaciones de proceso, las innovaciones de mercadotecnia y las innovaciones organizacionales (OECD & Eurostat, 2007).

En OECD & Eurostat (2007) se definen a las innovaciones de producto, como la introducción de un bien o de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina. Esto incluye la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y los materiales, de la informática integrada y de la facilidad de uso u otras características funcionales. En el caso de los servicios, este tipo de innovaciones pueden incluir mejoras significativas en la manera en que estos se prestan, la adición de nuevas funciones o características a servicios existentes, o la introducción de servicios enteramente nuevos (p. 58).

Las innovaciones de proceso, por su parte, son consideradas como la introducción de un proceso de producción o de distribución nuevo, o significativamente mejorado. Ello implica cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos. En los métodos de producción incluyen las técnicas, equipos y programas informáticos utilizados para producir bienes o servicios, mientras que, los métodos de distribución están vinculados a la logística de la empresa y engloban equipos, programas informáticos y técnicas para el abastecimiento de insumos, la asignación de suministros en el seno de la empresa o la distribución de productos finales (OECD & Eurostat, 2007).

Una innovación de mercadotecnia, según la OECD & Eurostat (2007) es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación. Con esto, se tratan de satisfacer mejor las necesidades de los consumidores, de abrir nuevos mercados o de posicionar en el mercado de una nueva manera un producto de la empresa con el fin de aumentar las ventas. Este tipo de innovación, se distingue de otros cambios en los instrumentos de comercialización de una empresa, ya que implica la introducción de un método de comercialización que esta empresa no utilizaba antes (p. 60).

Finalmente, la innovación de organización se refiere a la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa. Las innovaciones de organización pueden tener por objeto mejorar los resultados de una empresa reduciendo los costes administrativos o de transacción, mejorando el nivel de satisfacción en el trabajo, lo que aumenta la productividad, y facilitando el acceso a bienes no comercializados o reduciendo los costes de los suministros (OECD & Eurostat, 2007).

Otra de las cuestiones sobre las que se ha puesto énfasis en los estudios sobre la innovación es en el efecto que generan en el crecimiento económico, el desarrollo, el empleo y la competitividad, que le atribuyen importancia a la introducción de actividades de innovación y, por ende, generan interés tanto en el sector público, como en el privado. Schumpeter llamó al impacto de la innovación en el desarrollo económico “destrucción creativa” ya que mediante un proceso dinámico en el cual nuevas tecnologías sustituyen a las antiguas, la innovación es capaz de generar desarrollo económico. Según el autor, las innovaciones “radicales” originan los grandes cambios del mundo mientras que las innovaciones “incrementales” alimentan de manera continua el proceso de cambio (Martínez Román et al., 2012).

Dentro del sistema empresarial, la innovación se reconoce como un elemento que fomenta el desarrollo de nuevas actividades económicas, eleva los niveles de productividad y contribuye a la generación de empleos. Se ha determinado que aquellas empresas que dedican esfuerzos a realizar actividades de innovación muestran mejores indicadores en términos de ventas, exportaciones, productividad y empleo, lo cual no solo se traduce en tendencias positivas más pronunciadas, sino también en tendencias más estables (Díaz et al., 2021; Lugones, 2010).

Las ventajas competitivas obtenidas por la empresa debido a la introducción de innovaciones, no solo se producen en el mercado doméstico, sino también en mercados internacionales, ofreciendo así, a la empresa innovadora, mayor posibilidad de participación en el mercado externo, con lo que puede competir con éxito frente a productos fabricados en otros países, destinados a satisfacer los mismos requerimientos o a abastecer la misma demanda. Esto trae consigo el aumento de la participación de ese sector en la economía, pudiendo llegar a una especialización productiva y comercial, fortaleciendo con ello el sector externo de la economía, teniendo un impacto sobre el bienestar de la sociedad en su conjunto (Lugones, 2010).

A pesar de sus beneficios, la innovación implica retos y dificultades significativos. Requiere recursos financieros y humanos, a veces a gran escala, dependiendo del sector y la actividad económica. Existe una amplia incertidumbre sobre su impacto, ya que es difícil anticipar la recepción del producto en el mercado, el tiempo y los recursos necesarios para implementar el cambio, así como su nivel de éxito. Además, se desconoce si, cuando se obtengan los resultados de la innovación, existirán nuevos conocimientos y tecnologías, o si habrá variado la demanda de los productos y su utilización. Esto implica el riesgo de que la innovación quede obsoleta justo antes de comenzar, o que no se logren los resultados estimados inicialmente. (OECD & Eurostat, 2007).

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la innovación está sujeta a externalidades positivas, como los llamados efectos de desbordamiento tecnológico (spillovers). Esto implica que, raramente, las ventajas de la innovación creativa son completamente apropiadas por la empresa innovadora, ya que los costes de imitación son sustancialmente menores que los costes de desarrollo, lo cual es aprovechado por los competidores (OECD & Eurostat, 2007).

Los anteriores son algunos de los motivos por los que las empresas suelen mostrarse reticentes a invertir en solitario en innovación, compartiendo así los riesgos derivados de este tipo de actividad (OECD & Eurostat, 2007).

Cuando las empresas se trazan el propósito de llevar a cabo actividades innovadoras, en dependencia de su situación y características pueden optar por financiar estas actividades con financiamiento propio, colaborar con socios externos o pueden adoptar innovaciones desarrolladas por otras empresas o instituciones en el marco de un proceso de difusión. La creación y la adopción de innovaciones puede ir acompañado de un aprendizaje intensivo y de interacciones con otros agentes o no implicar más que un mínimo de vínculos con el exterior (OECD & Eurostat, 2007).

Centrando la atención en el financiamiento de la innovación, la empresa cuenta con tres posibles fuentes de financiación: i) fondos propios; ii) fondos públicos, lo cuales comprenden subvenciones, créditos blandos y u compras públicas; y iii) otros fondos, estando dentro de estos últimos los créditos bancarios, inversores externos, entre otros. Se puede optar por una única fuente de financiamiento, o por la combinación de estas (Mate & Molero, 2020).

Los fondos propios que una empresa dedica a la innovación dependen de factores como el tamaño y el sector al que pertenece, aunque existen otros como la propia visión de la empresa, oportunidades de nuevos mercados o incluso su localización. Debido a las características de la innovación, muchas empresas no se muestran tan dispuestas a invertir con fondos propios en innovación, sobre todo aquellas para las que destinar fondos bajo altos niveles de incertidumbre, les supone un gran esfuerzo.

En este sentido, las políticas públicas desempeñan un papel crucial en la promoción y el fortalecimiento de la innovación en diversas economías. Como ya se ha comentado, estas políticas no solo buscan corregir fallos de mercado, sino también incentivar la creación y difusión de nuevas tecnologías, productos y procesos.

La literatura coincide en señalar la existencia de ciertos fallos en el mercado que dificultan la implementación de actividades de innovación por parte de la empresa, financiadas con sus propios recursos. Entre los más frecuentes, se encuentran los problemas de apropiabilidad de los resultados de la innovación, la incertidumbre, asimetrías de información y riesgo moral y la no propiedad sobre los recursos humanos dedicados a la realización de actividades innovadoras, entre otros.

En cuanto a la apropiabilidad de los resultados, se encuentra que la innovación es un bien no rival. Esto significa que los resultados asociados a los procesos de innovación pueden ser utilizados por múltiples empresas sin que su uso rivalice con el de las demás. Esto implica que las empresas tendrán dificultades para apropiarse de los resultados de su esfuerzo innovador, especialmente en el caso del conocimiento, el cual tiene características de bien público, además de ser indivisible.  Así, cuando el empresario innovador coloca un nuevo producto en el mercado, este puede ser reproducido sin costes significativos, lo que hace que el empresario pierda el poder de monopolio sobre el producto. Por ende, las empresas no pueden incorporar totalmente el rendimiento de sus inversiones en innovación, lo que crea un problema de externalidades positivas, donde la sociedad obtiene un beneficio marginal social superior al beneficio marginal individual del empresario. Esta situación conduce a una disminución del incentivo para que los empresarios realicen inversiones, y, por lo tanto, la economía produciría menos innovaciones de las necesarias para un correcto desarrollo de la sociedad. (Aboal & Garda, 2015; Bayona-Velásquez et al., 2018; Callejón & García, 2002; Pereiras & Huergo, 2006; Torrado, 2011).

La incertidumbre, por su parte, es algo intrínsecamente ligado a la actividad innovadora. Aunque puedan tomarse ciertas precauciones, el riesgo siempre está presente en las actividades de innovación. Puede suceder que la actividad innovadora simplemente falle, que no se alcancen los resultados esperados, o incluso si se alcanzan, puede ser que la implementación del nuevo proceso o la producción del nuevo producto suponga unos costes demasiado elevados. Existe también el riesgo de que el nuevo producto no pueda ser introducido en el mercado debido a requerimientos regulatorios, o que durante la implementación del nuevo producto o proceso aparezca una nueva innovación que lo desplace (Pereiras & Huergo, 2006; Torrado, 2011).

No obstante, no es solo la incertidumbre la que deriva en riesgos, ya que en ocasiones este riesgo se compensa con las altas rentabilidades que generan las empresas innovadoras, sino que se encuentran elevados riesgos por problemas de asimetrías de información y de riesgo moral. Dado que el empresario tiene una mejor información acerca de la probabilidad de éxito de un proyecto que los inversores, en ocasiones las mejores ideas pueden ser expulsadas del mercado debido a la imposibilidad de reconocerlas por parte de los financiadores (Pereiras & Huergo, 2006).

Uno de los principales componentes del gasto en I+D es el capital humano, el cual no es completamente transferible a la empresa, lo que constituye un riesgo adicional para dicha inversión. La empresa enfrenta el riesgo de perder su inversión si los trabajadores en quienes ha invertido deciden abandonar la organización. Esta situación puede ocurrir por factores que están fuera del control de la empresa, tales como la muerte, la renuncia o el despido (Torrado, 2011).

Otras de las cuestiones que frenan las inversiones por parte de las empresas en innovación son la elevada proporción de activos intangibles como el conocimiento y la reputación, o activos altamente especializados con un escaso valor de liquidación, los elevados costes fijos que en algunos casos son necesarios para poner en marcha determinados proyectos innovadores, lo que supone una barrera de entrada para muchas empresas y la existencia de imperfecciones en el mercado de trabajo, dado que para la introducción de innovaciones se hacen necesarios recursos humanos altamente cualificados, no siempre disponibles en un territorio (Pereiras & Huergo, 2006).

Además de la existencia de estos fallos de mercado, se producen fallos sistémicos, los cuales están relacionados con limitaciones en la comunicación, interacción y cooperación entre los actores del sistema de innovación, y en problemas para conseguir flujos adecuados de información y conocimiento por parte de los diferentes agentes que intervienen en los procesos innovadores (REDEL, 2023).

Estos fallos en los mercados de bienes, capitales y trabajo, así como los fallos sistémicos, justifican la intervención de un organismo que, como beneficiario, realice esfuerzos para alcanzar niveles deseados de innovación. En este contexto, el Estado, como garante del bienestar social y del crecimiento económico de la nación, debe intervenir mediante políticas públicas para la innovación, de modo que el nivel de inversión sea el requerido para alcanzar el óptimo social.

3. Políticas Públicas de Innovación

Las políticas de estímulo a la innovación han sido incorporadas gradualmente en la mayoría de economías del mundo. En un comienzo su alcance se limitaba, principalmente, a la reconversión industrial, pero con el redescubrimiento de las teorías de Schumpeter, se fueron incorporando las políticas de ciencia y tecnología y las políticas de educación superior (Albornoz, 2009).

Como plantea Díaz et al. (2021, p. 257) “el foco de la intervención del Estado, en este contexto, sería facilitar la maximización del retorno de la Propiedad Intelectual, a fin de lograr un mejor conocimiento, flujo de información y acceso a mecanismos financieros,  que incentiven la creación de nuevas ideas e impulse la actividad innovadora, que mejora el crecimiento económico”. Para ello, se requiere un entorno institucional y macroeconómico que estimule la generación y difusión de las innovaciones, con base en políticas macroeconómicas que abarquen la fiscalidad, el acceso a la financiación y la regulación, entre otros (Botella & Suárez, 2012).

Por lo tanto, como define REDEL (2023, p. 100) “la política de innovación engloba tanto las actuaciones públicas que pretenden favorecer la asignación de recursos para la generación de innovaciones, como las acciones dirigidas a incentivar directamente la innovación empresarial y a mejorar el entorno institucional en el que se desarrollan estas actividades innovadoras”. Esta se justifica, de manera creciente, en una orientación proactiva para acelerar y viabilizar ciertos desarrollos que se consideran socialmente deseables (Jung & Karsaclian, 2017).

Más allá de que lo beneficiosa que puede resultar la intervención estatal para incrementar los resultados en innovación, aún no existe consenso sobre las políticas más acertadas para lograr este objetivo. Por una parte se tiene el criterio de que la intervención pública debe limitarse, únicamente, a corregir los fallos del mercado a través de instrumentos de corte transversal como lo es la protección de la propiedad privada, exención de impuestos por adquisición de equipos tecnológicos y la cooperación empresarial, que eliminan en alguna medida los impedimentos que poseen las empresas para absorber tecnologías externas y la dificultad de los empresarios para captar el beneficio de sus propias innovaciones. Del otro lado, se encuentran criterios donde se encuentra provechoso un papel más activo del estado, a través de la financiación con fondos públicos (Bayona-Velásquez et al., 2018).

En cualquier caso, la acción pública debe desempeñar funciones específicas para fomentar la innovación. Esto incluye facilitar la articulación e implementación de iniciativas innovadoras, brindar apoyo técnico y financiero a los innovadores, y reducir los obstáculos a la innovación mediante la creación de un marco regulatorio y legal adecuado. Además, es crucial financiar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como formar una población creativa y receptiva a la innovación. (REDEL, 2023).

El diseño óptimo de las políticas depende, como se plantea en Herrera & Heijs (2003)  de la estructura de mercado, de los patrones de innovación, del tipo de investigación y desarrollo, los cuales tienden a ser distintos según sector o área tecnológica además de ser cambiantes en el tiempo (p. 5).

En Loray (2017) encontramos que las políticas para el fomento de la innovación puede ser clasificada en tres tipologías: las horizontales, las verticales y las focalizadas, las cuales no son opuestas, sino que pueden ser complementarias entre sí (p. 3).

Las políticas horizontales incluyen medidas para apoyar la formación de capital humano, apoyo a las actividades de producción e incentivos para la infraestructura y el sector empresarial. Las políticas sectoriales involucran sectores o áreas de interés específico, aplicando instrumentos como la atracción selectiva de inversión extranjera directa, los incentivos y subsidios para sectores o para la producción específica de actividades y programas de apoyo a la competitividad de las actividades industriales, hasta la producción directa de las empresas estatales y la implementación de contratos públicos. Finalmente, las políticas de frontera tienen por objeto la creación de capacidades en áreas tecnológicas y científicas estratégicas (Loray, 2017).

Teniendo en cuenta lo anterior, los principales objetivos del sector público al formular políticas para impulsar la innovación serían superar fallos del mercado, apoyar a los «Campeones Nacionales» (grandes empresas en sectores estratégicos de alta o media-alta intensidad tecnológica con gran potencial de crecimiento y un elevado efecto de arrastre sobre la economía nacional), y brindar apoyo a regiones especialmente desfavorecidas por motivos de equidad, así como a sectores en procesos de reconversión o a industrias en crisis. (Pereiras & Huergo, 2006).

Para llevar a cabo las políticas públicas de innovación el Estado emplea instrumentos de políticas públicas, los cuales han sido definidos y clasificados por varios investigadores. REDEL (2023) los clasifica en tradicionales, emergentes y experimentales, Pereiras & Huergo (2006) los clasifica en financieros y no financieros, mientras que en Torrado (2011) se encuentra una clasificación a partir de los objetivos de la política económica. A pesar de que puedan existir más clasificaciones en la literatura, se procederá a explicar someramente en qué consisten las clasificaciones anteriormente mencionadas (Cuadro 2).

Cuadro 2: Instrumentos de las Políticas Públicas de Innovación

Comenzando con la clasificación de REDEL (2023) se tiene que los instrumentos tradicionales, tienden a diferenciar entre generación, difusión y explotación del conocimiento, ofreciendo distinto apoyo para cada una de las anteriores etapas. Dentro de estos instrumentos encontramos las subvenciones, la financiación bonificada y las desgravaciones fiscales, los cuales pueden destinarse a distintas modalidades de apoyo: proyectos de investigación, desarrollo de prototipos, creación de plantas piloto, equipamiento de centros de I+D, contratación de investigadores, formación, ubicación en centros científico-tecnológicos, etc.

Los instrumentos emergentes incluyen incentivos integrados para la generación, difusión y explotación de conocimiento, así como nuevas acciones dirigidas a cada una de las fases por separado. Estas intervenciones pueden actuar como un generador y catalizador de la demanda de servicios de innovación por parte de las empresas, especialmente las de menor dimensión (REDEL, 2023).

Los instrumentos experimentales son aquellas medidas públicas orientadas a fomentar la demanda de innovaciones, aprovechando la compra de bienes o servicios por el gobierno, y a mejorar las condiciones para que las innovaciones tengan mejor acogida en el mercado. En lugar de poner el acento en el principio de la cadena de innovación este instrumento se centra en el final de la misma, o sea, el mercado (REDEL, 2023).

Según la clasificación de Pereiras & Huergo (2006), las políticas para el impulso de la innovación pueden dividirse en financieras y no financieras. Las ayudas no financieras incluyen aquellas dirigidas a la difusión de tecnología, el fomento de la cooperación en investigación y desarrollo entre empresas, y entre estas y los centros públicos de investigación y universidades. Además, las patentes, cuyo objetivo principal es proteger a los empresarios frente a los problemas de apropiabilidad de los resultados de sus innovaciones, también se consideran ayudas no financieras. Estas políticas incluyen otras medidas regulatorias, principalmente relacionadas con políticas de competencia y los requisitos legales para la constitución de empresas o el lanzamiento de nuevos productos.

A pesar del esfuerzo que debe realizar el sector público para ofrecer ayudas no financieras, el mayor esfuerzo presupuestario se destina a las ayudas financieras a la innovación. Estas ayudas consisten principalmente en incentivos fiscales, subvenciones o créditos blandos para la inversión en proyectos de I+D+i, y compras públicas y podrían clasificarse en directas (subvenciones, créditos blandos y compras públicas) e indirectas (incentivos fiscales).

La principal diferencia entre las ayudas directas e indirectas radica en el acceso que tienen las empresas a ellas. Para acceder a las ayudas directas, las empresas se someten a un proeso competitivo, en el cual deben presentar sus proyectos ante una agencia pública, que evalúa y decide sobre su concesión según determinados criterios. En cambio, las ayudas indirectas son horizontales, ya que no existe intervención pública en la selección de los proyectos, lo que permite que cualquier empresa pueda beneficiarse de estos incentivos.(Pereiras & Huergo, 2006).

De acuerdo a los objetivos de la política pública, en Torrado (2011) encontramos cuatro grupos de políticas. El primero comprende las políticas enfocadas hacia la oferta de nueva tecnología, dentro de las cuales clasifica los subsidios horizontales, la financiación temática, las estrategias de señalización, las medidas proteccionistas y las medidas financieras. El segundo se refiere a las políticas que buscan aumentar la oferta de factores complementarios a la innovación como lo son el capital humano y las licencias tecnológicas. El tercero incluye las políticas que buscan incentivar la demanda de tecnología y, el cuarto, se compone de políticas encaminadas a realizar cambios institucionales.

A continuación, se describirán los incentivos fiscales, créditos blandos y subvenciones como instrumentos de las políticas públicas para la innovación. Los incentivos fiscales son deducciones tributarias, generalmente expresados como un porcentaje, de las que pueden beneficiarse las firmas cuando hacen el tipo de gasto o inversión que se desee incentivar. Estos son deducidos o reembolsados a las empresas del pago de sus impuestos corporativos (Antolín-López et al., 2016; Torrado, 2011).

Como mecanismos más comunes dentro de los incentivos fiscales se encuentran las deducciones en la base imponible del impuesto (se deducen los gastos destinados a I+D de los beneficios empresariales, de modo que el tipo impositivo se aplica sobre una cantidad menor); deducciones en la cuota del impuesto (donde la deducción se aplica a la deuda fiscal); y mecanismos de amortización acelerada (que en definitiva lo que suponen es un retraso en el pago del impuesto, permitiendo que los pagos sean menores los primeros años) (Pereiras & Huergo, 2006).

La principal ventaja con la que se relaciona a los incentivos fiscales es que deja en manos de la empresa el tipo de innovación que prefieren, siendo estas y no el gobierno, las que tienen mejor conocimiento y criterio al respecto. Por otro lado, debido a que no son ayudas focalizadas, si el esquema está bien diseñado, permite que las empresas se autoseleccionen y sólo participen las que harán buen provecho del incentivo (Torrado, 2011).

Como desventajas se tiene la pérdida de información en la que se incurre, que podría ayudar a un mejor direccionamiento de las políticas públicas. Además, dada su horizontalidad, se deja abierta la posibilidad de invertir en proyectos que no son deseables para la sociedad. Por otro lado, este instrumento deja espacio para que surjan problemas de riesgo moral, como, por ejemplo, las empresas pueden “renombrar” actividades nuevas o ya existentes para que cumplan con los requisitos exigidos y pasen como inversiones en innovación (Torrado, 2011).

Otros de los instrumentos son los préstamos para financiar los proyectos de innovación, también conocidos como créditos blandos, los cuales consisten en proporcionar a las empresas financiación con condiciones más favorables que las del mercado. Con esto, las empresas tienen acceso a recursos financieros al principio del proceso de desarrollo de la innovación, y de una forma más barata que en circunstancias normales. Estos no tienen un carácter horizontal, sino que se destinan a aquellos proyectos que, a juicio de la agencia encargada de su concesión, son mejores teniendo en cuenta cuestiones científico-tecnológicas o criterios de bienestar social (Antolín-López et al., 2016; Pereiras & Huergo, 2006).

Las subvenciones son una de las herramientas más comúnmente empleadas en las políticas públicas para la innovación. Estas consisten en la entrega de una cantidad de dinero sin obligación de reembolso para que se realice la actividad subvencionada. Para su obtención, normalmente debe mediar la solicitud y elaboración de un proyecto de investigación, el cumplimiento de requisitos contables, superar revisiones científico-técnicas y la justificación económica de los gastos (Antolín-López et al., 2016).

Subvencionar la innovación, puede eliminar en algún grado algunas barreras que presentan algunas empresas para innovar, como puede ser su tamaño, actividad económica, acceso al financiamiento privado y edad, aunque a su vez las reglas de selección de proyectos pueden ser, en la práctica, bastante heterogéneas, lo que pude dejar fuera a algunas empresas cuyas características supongan una barrera de entrada (Ayelén, 2018; Bayona-Velásquez et al., 2018).

Las subvenciones son especialmente apropiadas para estimular el desarrollo de proyectos en los que existe un gran diferencial entre la rentabilidad social y la privada. Por otra parte, las subvenciones son convenientes para áreas con elevados costes iniciales, como los sectores de alta tecnología, donde la incertidumbre sobre los resultados de la inversión hace que el gasto privado en este tipo de actividades sea muy reducido. A pesar de sus virtudes, los gobiernos deben ser cuidadosos al diseñar subvenciones, ya que, además de los posibles efectos de crowding-out (sustitución de dinero privado por dinero público), que se explicarán a continuación, es importante evitar que este financiamiento introduzca distorsiones en los mercados y genere problemas de competencia. (Pereiras & Huergo, 2006).

4. Evaluación de las políticas públicas de apoyo a la innovación

Las políticas públicas se implementan para corregir varios fallos de mercado que impiden que las empresas inviertan en innovación. Como ya se comentó anteriormente, estos fallos incluyen problemas de apropiabilidad, incertidumbre, asimetrías de información y riesgo moral. La intervención estatal, a través de las políticas de apoyo directo e indirecto, puede ayudar a mitigar estos problemas, facilitando que las empresas realicen inversiones que de otro modo considerarían demasiado riesgosas o costosas (Díaz, Cruz, & Jessenia, 2021; Loray, 2017).

En general, el apoyo gubernamental a través de la financiación de proyectos de I+D ha mostrado ser efectivo para aumentar la capacidad innovadora de las empresas. Estudios recientes indican que las subvenciones y créditos blandos no solo incrementan el gasto en I+D, sino que también fomentan la colaboración entre empresas y centros de investigación, ampliando el alcance y el impacto de las actividades innovadoras, así como la amplitud de la colaboración de las firmas subvencionadas (Botella & Suárez, 2012; Chapman et al 2018; Jung & Karsaclian, 2017).

Los incentivos fiscales, como deducciones tributarias y amortización acelerada, permiten a las empresas reducir su carga fiscal al invertir en actividades de innovación. Estos incentivos son especialmente útiles para que las empresas pequeñas y medianas superen barreras de entrada y compitan en igualdad de condiciones con empresas de mayor dimensión (Antolín-López, Martínez-del-Río, & Céspedes-Lorente, 2016; Torrado, 2011). No obstante, es crucial diseñar estos incentivos de manera que minimicen el riesgo moral y aseguren que los recursos se utilicen efectivamente para actividades innovadoras (Afcha, 2011; Bayona-Velásquez et al., 2018).

El entorno regulatorio y las políticas macroeconómicas que promueven la innovación también juegan un papel fundamental. Un marco regulatorio favorable, que incluya protección a la propiedad intelectual y facilidades para la comercialización de nuevas tecnologías, es esencial para que las innovaciones se traduzcan en ventajas competitivas (Freeman, 1982; Navarro et al., 2011). Además, la creación de clústeres y la promoción de la colaboración público-privada son estrategias clave para fortalecer los ecosistemas de innovación (Botella & Suárez, 2012; Lugones, 2010).

La evaluación de las políticas públicas es crucial para medir su efectividad y hacer ajustes necesarios. Indicadores como el número de patentes, el gasto en I+D, y la colaboración entre entidades son utilizados para evaluar el impacto de estas políticas. Estudios recientes sugieren que las metodologías de evaluación deben considerar el efecto de la política sobre los inputs y los outputs de la innovación, además de los cambios cualitativos en el comportamiento de las empresas (Jung & Karsaclian, 2017; Vega Jurado, Gutiérrez Gracia, & Fernández de Lucio, 2005).

Cuando se intenta medir la efectividad de las políticas públicas para la innovación, especialmente de las subvenciones, se suelen identificar dos posibles efectos que estas pueden provocar en la inversión de la empresa en innovación. Por un lado, algunos estudios han obtenido como resultado que se produce un efecto de crowding-out, mientras que otros manifiestan que se produce una adicionalidad en la inversión. Estas conclusiones pueden deberse a múltiples factores y criterios que se hayan asumido en cada investigación.

El efecto de crowding-out o sustitución, implica que la subvención que la administración concede es utilizada para cubrir los costes de inversiones que se hubieran realizado de sin necesidad de financiación, directa o indirecta, de la administración pública, lo que significa que no se ha incrementado la inversión en innovación, sino que se ha sustituido una fuente de financiamiento por otra (Ayelén, 2018). Además, como se plantea en Jung & Karsaclian (2017), pueden generarse incentivos para la captura de rentas, por parte de las empresas, lo que puede llevar a una mala asignación de los recursos disponibles por parte de las agencias responsables de las políticas.

El concepto de adicionalidad es fundamental para la evaluación de la política de innovación. Según Mate y Molero (2020), este criterio se basa en la idea de que las subvenciones y ayudas públicas incrementan las inversiones en innovación por parte de las empresas. Herrera y Heijs (2003) describen la adicionalidad como un efecto que se obtiene gracias a la intervención pública, un efecto que no existiría sin dicha intervención y que responde básicamente al incentivo proporcionado por la política pública.

La adicionalidad se manifiesta de varias formas, incluyendo tanto la adicionalidad de input, como el aumento en el gasto en I+D, como la adicionalidad de output, evidenciada en el incremento de patentes y nuevos productos en el mercado (Ayelén, 2018; Pereiras y Huergo, 2006). Además, las políticas públicas tienen el potencial de cambiar el comportamiento de las empresas, alentándolas a asumir proyectos más ambiciosos y a explorar nuevos mercados (Herrera y Heijs, 2003; Pastor Pérez et al., 2017).

Con la adicionalidad de input se pretende determinar si la empresa hubiese invertido la misma cantidad de recursos tanto al obtener la subvención, como en ausencia de esta. Si se observase que las empresas receptoras hacen el mismo esfuerzo privado que sin las ayudas, se podría concluir que estos instrumentos no son efectivos. Si, además, el esfuerzo privado fuese menor, se estaría produciendo un efecto de sustitución plena de financiación privada por financiación pública (Afcha, 2011; Busom Piquer et al., 2010).

La adicionalidad de resultados, intenta medir la proporción de outputs que no hubiesen tenido lugar en ausencia de la ayuda pública, por lo que se determina con ello la efectividad de la empresa para obtener innovaciones. La dificultad de este enfoque radica en determinar cómo medir los resultados de la innovación. Algunas aproximaciones en la literatura, toman el registro de nuevas patentes, artículos o prototipos o bien outputs de carácter más general como indicadores del desempeño de la empresa, el nivel de ventas, la productividad de los trabajadores, la generación de beneficios y otros indicadores generales del funcionamiento de la organización (Afcha, 2011; Busom Piquer et al., 2010).

Finalmente, la adicionalidad de comportamiento se refiere a los posibles cambios que estas ayudas pueden inducir en aspectos cualitativos del comportamiento empresarial, tal como, cambios en la gestión, en las características de los proyectos que se abordan, o en la localización de las actividades de innovación de la empresa. Por lo tanto, la adicionalidad de comportamiento existe cuando la corporación beneficiada se comporta de una manera diferente a consecuencia de la ayuda. Algunos estudios analizados por Pastor Pérez et al. (2017) sugieren que el subsidio acelera la ejecución de los proyectos, expande su escala y alcance y motiva a las compañías a llevar a cabo investigación más desafiante. También se pueden producir modificaciones en la estrategia empresarial, y alentar a las empresas a entrar en mercados nuevos, mejorar las habilidades gerenciales, la capacidad de aprendizaje o la colaboración con otros actores (Busom Piquer et al., 2010).

Para que las políticas públicas de innovación tengan los resultados más deseables, deben garantizarse algunos elementos que posibiliten el éxito de las colaboraciones público-privadas. Algunos de estos factores son:

1. Compromiso a largo plazo: Es crucial que tanto los poderes públicos como la industria se comprometan a largo plazo, basándose en una visión compartida. Este compromiso debe ser sólido y sostenido para asegurar la continuidad y el desarrollo de los proyectos de innovación.
2. Integración en clústeres locales y regionales de innovación: Las políticas deben fomentar la integración en clústeres de innovación locales y regionales. Esto beneficia tanto a las pymes como a las grandes empresas, permitiendo un entorno colaborativo y sinérgico donde se puedan compartir recursos y conocimientos.
3. Adopción de redes existentes: Utilizar las redes de colaboración ya existentes como punto de partida es fundamental. Al mismo tiempo, no se deben descuidar aquellas áreas donde los agentes están dispersos o carecen de experiencia. Es importante brindar apoyo público para fomentar la cohesión y la experiencia en estos sectores.
4. Mecanismos eficaces de dirección: Implementar mecanismos de dirección eficaces que garanticen un equilibrio sostenible entre los intereses públicos y privados es esencial. Esto incluye:

– Selección competitiva de proyectos y participantes: Los proyectos y los participantes deben ser seleccionados a través de procesos competitivos y transparentes para asegurar la calidad y la viabilidad de las iniciativas.

– Financiamiento óptimo: Es necesario proporcionar un financiamiento adecuado y oportuno que cubra las necesidades del proyecto sin generar dependencia excesiva de fondos públicos.

– Evaluación rigurosa: Establecer un sistema de evaluación riguroso para monitorear el progreso y los resultados de los proyectos, asegurando que cumplan con los objetivos establecidos y ofreciendo retroalimentación para mejorar futuras iniciativas.

Estos elementos son fundamentales para crear un entorno donde las colaboraciones público-privadas puedan florecer y generar los resultados deseables en términos de innovación y desarrollo económico. (Botella & Suárez, 2012).

5. Conclusiones

Las políticas públicas de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación, han demostrado ser un instrumento esencial para impulsar la capacidad innovadora de las empresas y, por ende, para fomentar el crecimiento económico. La intervención estatal, mediante la provisión de incentivos financieros y no financieros, ha logrado mitigar varios de los fallos de mercado que impiden la inversión en actividades innovadoras, tales como problemas de apropiabilidad, incertidumbre y asimetrías de información.

Como se ha revisado en este trabajo, la literatura empírica aporta evidencia respecto a cómo los subsidios a la I+D incrementan no solo el gasto en actividades innovadoras (adicionalidad de input), sino que también promueven la colaboración entre empresas y centros de investigación, ampliando así el alcance y el impacto de las innovaciones (Howell, 2017; Czarnitzki & Lopes-Bento, 2018). Estas colaboraciones no solo potencian los recursos y capacidades de las empresas individuales, sino que también contribuyen a la creación de redes de conocimiento y al fortalecimiento de los ecosistemas de innovación regionales.

Asimismo, los incentivos fiscales han permitido a las pequeñas y medianas empresas superar barreras de entrada y competir de manera más igualada con empresas de mayor dimensión, facilitando así un entorno más dinámico y competitivo (Appelt et al., 2016). No obstante, es fundamental que estos incentivos sean diseñados de manera que minimicen el riesgo moral y aseguren que los recursos se utilicen efectivamente para actividades innovadoras.

Las políticas públicas también han generado efectos de adicionalidad, incentivando inversiones en innovación que no se habrían realizado sin el apoyo estatal. Este efecto se observa tanto en términos de inputs, como el aumento del gasto en I+D, como en outputs, evidenciados en el incremento de patentes y nuevos productos en el mercado (Zúñiga-Vicente et al., 2014; Dechezleprêtre et al., 2016). Además, las políticas públicas pueden inducir cambios cualitativos en el comportamiento de las empresas, alentándolas a asumir proyectos más ambiciosos y a explorar nuevos mercados (Dimos & Pugh, 2016).

Sin embargo, la efectividad de las políticas de innovación depende en gran medida de su diseño e implementación. Es crucial que los gobiernos continúen evaluando y ajustando sus estrategias para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que las políticas de innovación contribuyan efectivamente al desarrollo económico y social sostenible.

En conclusión, las políticas públicas de innovación, particularmente los subsidios a la I+D, juegan un papel vital en el fortalecimiento de la capacidad innovadora de las empresas y en el impulso del crecimiento económico. La correcta implementación y evaluación de estas políticas son esenciales para maximizar su efectividad y asegurar que las inversiones públicas generen los beneficios esperados en términos de competitividad y desarrollo económico.

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Pro et contra…

Control de precios en un contexto de inflación

Pro…

La supervisión y regulación de precios

(por Ferran Elias Moreno, Profesor Visitante Departamento de Economía, Universidad de Girona, ferran.elias@udg.edu)

El saber convencional en economía considera que es mejor no regular los precios. En general, se otorga a las empresas el poder de decidir sus precios confiando en que el ejercicio de la competencia es suficiente para garantizar un sistema de producción eficiente y evitar abusos de poder por parte de los vendedores.

Sin embargo, hay motivos para regular los precios, sin que esto signifique renunciar a las ventajas que tiene el mercado como institución de coordinación descentralizada. En esta nota presentamos primero cuatro argumentos a favor de la regulación de precios. A continuación, detallamos una propuesta sobre cómo institucionalizarla. Finalmente, consideramos el papel que el control de precios puede tener en una espiral inflacionaria.

Argumentos a favor de la regulación de precios

En primer lugar, la alta concentración de muchos sectores económicos indica que no podemos confiar en que la competencia sea suficiente para garantizar unos precios que reflejen los costos marginales. Más bien, la alta concentración nos señala que hay una distancia creciente entre precios y costos marginales (De Loecker et al., 2020). Es más, la elevada concentración empresarial es característica de los tres sectores donde se concentra casi el 50% del gasto de los hogares: vivienda, energía y alimentos. El mercado de la energía es un oligopolio donde unas pocas empresas dominan el sector. En el sector de alimentos, la distribución también está mayoritariamente controlada por unas pocas cadenas de supermercados. En el caso del mercado de alquileres de vivienda, los datos públicos disponibles sobre la propiedad de inmuebles de alquiler son escasos. Sin embargo, hay evidencia de que desde la Gran Recesión muchos fondos de inversión han comprado apartamentos para lucrarse con el negocio del alquiler.

En segundo lugar, y a pesar del saber convencional que demoniza la regulación de precios, vivimos rodeados de precios administrados, sin que se cumplan los presagios tremendistas de los detractores del control de precios. Algunos ejemplos son el salario mínimo, los precios de los medicamentos o las mascarillas, o el tope al gas.

El salario mínimo es un caso interesante. Por un lado, porque ha tenido y tiene muchos detractores que, de forma similar a los que se oponen a la regulación de precios, argumentan que los efectos perniciosos que tiene sobre la ocupación son mayores que las ganancias salariales que provoca. Por otro lado, porque existe una abundante evidencia empírica que, desde hace más de tres décadas muestra abrumadoramente que el salario mínimo aumento los ingresos de los trabajadores más vulnerables sin casi efectos negativos sobre el empleo (Cengiz et al, 2019; Dube, 2019; Dube et al., 2010). ¿Cómo es posible? La literatura señala el poder de mercado de los empresarios a la hora de contratar como el responsible de que se paguen salarios muy bajos y que, por tanto, el salario mínimo no destruya puestos de trabajo, sino que ayude a compensar la asimetría de poder entre empresarios y trabajadores.

En tercer lugar, la evolución de las economías de Rusia y China desde su paulatina incorporación al capitalismo es muy reveladora (Weber, 2021). En Rusia, los precios se liberalizaron de un día para otro, lo que produjo un hundimiento de la economía y una hiperinflación. En cambio, en China se adoptó un enfoque de liberalización de precios gradual: se mantuvo el control sobre precios de bienes básicos mientras se liberalizaban el resto. ¿Cuál fue el resultado? Una gran expansión del PIB de China durante las décadas siguientes y una inflación bajo control.

En cuarto lugar, la regulación de precios implica dotar al estado de un instrumento más para regular la economía. Volviendo a la comparación entre China y Rusia. La regulación de precios se puede usar para crear mercados de forma paulatina, el caso de China, y la falta de regulación puede desorganizar los sistemas de producción de un país, el caso de Rusia. Asimismo, en un contexto inflacionario como el vivido recientemente en 2022, con fuertes sospechas de inflación provocada por aumento de márgenes empresariales, la regulación de precios también se puede usar para evitar que empresas con poder de mercado abusen de su posición de dominio, y proteger de esta forma a los consumidores y a la sociedad.

En resumen, la alta concentración de muchos sectores, la evidencia empírica de algunos precios administrados y la evidencia histórica son argumentos para regular los precios. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿cómo se regulan los precios?

La institucionalización de la supervisión y regulación de precios

En esta sección, pensamos cómo implementar una política de regulación de precios. Para ello, primero defendemos la necesidad de mejores datos sobre precios y costos de producción. En segundo lugar, recurrimos a las lecciones aprendidas de la intervención de precios implementada en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que pueden servir como principios para guiar la regulación de precios hoy en día.

El primer paso para una política de ingresos que pueda regular los precios es tener información detallada sobre los precios. De hecho, las administraciones públicas ya tienen estos datos, ya que el IVA se aplica a todas las transacciones comerciales, y por lo tanto, el Estado tiene conocimiento de los precios y los costos de producción no laborales a lo largo de la cadena de producción. Esta información puede complementarse con estadísticas de la Seguridad Social sobre los costos de producción laboral. De hecho, la reciente creación del Observatorio de Márgenes Empresariales es un buen paso en esta dirección.

Con estos datos disponibles, ¿cómo pueden ser utilizados? ¿Cuándo debería regularse un precio? ¿Y cómo? Para ayudar a responder a la última pregunta, el libro de Galbraith (1952) ofrece algunos conocimientos muy útiles. Durante la Segunda Guerra Mundial, Galbraith trabajó en la Oficina de Administración de Precios (OPA) de EE.UU., que se encargaba de limitar la inflación para que no interfiriera con el objetivo de ganar la guerra. Galbraith extrae dos lecciones muy prácticas de este período. La primera es cómo decidir el precio adecuado. Según él, la forma más segura y efectiva de intervención es establecer un precio máximo equivalente a los últimos precios observados en el mercado. De esta manera, por un lado, se asegura la rentabilidad de las empresas porque pueden seguir vendiendo a precios que consideraban rentables. Por otro lado, las empresas son libres de reducir los precios si pueden, aumentando así sus beneficios a través de más ventas. La segunda lección es en qué parte de la cadena de producción y distribución es mejor limitar los precios. La conclusión es que es más fácil regular un precio en las partes de la cadena donde hay menos empresas. Galbraith presenta dos argumentos para defender esta posición. En primer lugar, en mercados donde hay menos empresas, los precios ya son de hecho administrados por la junta directiva de las empresas. En otras palabras, las empresas ya son formadoras de precios y no tomadoras de precios. Según Galbraith, es más fácil regular cuando las empresas ya están acostumbradas a gobernar sus precios. En segundo lugar, el autor considera que el monitoreo del cumplimiento del precio máximo es mucho más fácil en un segmento con menos empresas, ya que hay menos información que recopilar y procesar.

Una vez discutidas las necesidades de datos y los principios rectores de la política de ingresos respecto a los precios, ¿cuál debería ser el próximo paso? Para que se convierta en una fuente de información creíble y estable y para que la tarea se lleve a cabo con éxito, una institución pública necesita supervisar el proceso. Se podría crear por tanto una Oficina de Supervisión y Regulación de Precios (OSRP). Galbraith (1952) explica en su libro que durante la Segunda Guerra Mundial solo se necesitó alrededor de 1,000 trabajadores en la OPA de EE.UU. para monitorear los precios y controlar la inflación en un país que, en ese momento, tenía una población de 140 millones. Con las tecnologías de la información actuales, es probable que el mismo trabajo pueda hacerse con mayor detalle y con incluso menos personal. En resumen, vemos a la OSRP con dos tareas principales. La primera sería el desarrollo de estadísticas sobre precios, beneficios y márgenes empresariales para informar al Estado y a los ciudadanos sobre la distribución de ingresos entre los principales agentes económicos y asesorar sobre el diseño de la política de ingresos. La segunda sería la implementación de topes de precios para prevenir episodios inflacionarios o limitar los márgenes empresariales que se derivan del poder de mercado.

Supervisión y regulación de precios en períodos inflacionarios

Después de presentar argumentos a favor de la regulación de precios y hacer propuestas para su institucionalización, ahora consideramos si el control de precios debería ser cualitativamente diferente en una espiral inflacionaria. Para hacer esto, utilizamos el concepto de «inflación inducida por vendedores» (Lerner, 1958). En general, las empresas aumentan los precios por dos razones: quieren mantener beneficios, o quieren aumentarlos. Esto contrasta con la espiral precios-salarios, que culpa a los trabajadores de generar inflación al pedir aumentos salariales. Una consideración alternativa es el concepto de sectores significativamente sistémicos (Weber et al., 2024). Examinamos más de cerca estas ideas a continuación.

En un artículo reciente, Weber y Wasner (2023) desarrollan el concepto de Lerner. En su contribución presentan al menos tres argumentos que pueden ayudar, por un lado, a entender la situación desencadenada en 2022 y, por otro lado, a considerar el papel de la supervisión de precios como una política dinámica que puede diferir dependiendo de la fuerza del mercado empresarial en cualquier momento dado. Basándose en una revisión de la literatura sobre precios estratégicos, estos autores llegan a varias conclusiones: en primer lugar, las empresas no tienen la costumbre de reducir precios y, por lo tanto, los aumentos de precios suelen ser irreversibles; en segundo lugar, los aumentos de costos a nivel sectorial pueden servir como un mecanismo de coordinación en toda la industria, ya que todas las empresas involucradas quieren proteger sus márgenes y saben que las otras empresas comparten este objetivo; en tercer lugar, si la demanda excede sustancialmente la oferta, las empresas aumentan su poder de mercado o monopolio potencial, aunque sea temporalmente, lo que puede permitirles aumentar los precios para expandir sus márgenes de beneficio.

Por lo tanto, la supervisión y control de precios debería ser más vigilante cuando hay inflación de costos, especialmente si hay un exceso de demanda que confiere un poder de mercado extraordinario a los vendedores. La acción también necesita ser preventiva en lugar de reactiva porque el mismo poder de mercado dificulta que los precios vuelvan a bajar después del período inflacionario. En tal contexto, similar al de eventos recientes y contemporáneos, la OSRP debería monitorear cualquier aumento inusual en los márgenes empresariales. En otras palabras, puede ser razonable que los precios aumenten para mantener el mismo nivel de beneficios, pero no para aprovechar una situación inflacionaria.

Como argumento alternativo, Weber et al. (2024) identifican sectores en la economía de EE.UU. que llaman significativamente sistémicos. En otras palabras, son industrias en las que, si los precios aumentan, el riesgo de contagio a toda la economía es mucho mayor y podría generar una inflación generalizada. Por lo tanto, la OSRP debería tener los datos y los métodos estadísticos necesarios para identificar aquellos sectores que representan los mayores riesgos para la estabilidad monetaria y someterlos a una vigilancia más estricta.
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…Et contra

Sobre el control de precios para reducir la inflación: una visión escéptica

(por Carlos Legna Verna, Profesor emérito, Universidad de La Laguna, clegna@ull.edu.es)

La finalidad de este artículo es analizar los resultados de las políticas de control de precios para contener la inflación, ya sea ésta, general o de los precios de un sector, como es el caso de los de la vivienda, cuestión importante actualmente en España. En otros términos, y para ser más precisos, se trata en este documento del control de precios máximos y no de mínimos, como puede ser el de los salarios o de productos agrícolas.  Partiremos de la revisión de la política de control de precios realizada en Argentina durante el gobierno del señor Alberto Fernández, precedente al actual (que hemos estudiado en Legna Verna, 2023 y Legna Verna, 2023b); y luego, a partir de ella, trataremos de deducir algunas conclusiones más generales.

1. El control de precios aplicado en Argentina y sus resultados

El período considerado para este análisis de la inflación argentina y del control de precios comprende desde el inicio de 2020 (el gobierno del Sr. Fernández asumió a fin de diciembre de 2019) hasta agosto de 2023, durante el cual se implementó una política de control de precios. Describiremos brevemente el desarrollo del proceso con la finalidad de deducir algunas conclusiones.

Al inicio del coronavirus en Argentina, marzo de 2020, el gobierno nacional dispuso establecer, “la fiscalización y el control” de los precios de 2.300 productos de alimentos y de limpieza con la intención de que los comercios cumplan con la exigencia de retrotraerlos a los vigentes al 6 de marzo (días previos al inicio de la pandemia); y, simultáneamente,  instituyó sanciones a quienes no cumplieran con las normas de control de precios, tales como clausuras del negocio, multas y decomiso de la mercadería. Se había producido una combinación no ciertamente deseable: una tasa de inflación próxima al 40% y una caída de la actividad económica (consecuencia de la pandemia), con su secuela sobre el paro y los ingresos de la población. La intención del gobierno era paliar los efectos de esa conjunción de hechos, como es prácticamente la norma en casi todos los regímenes de control de precios. 

El método de control predominante fue el siguiente: en primer lugar, los inspectores, verifican los precios de cada negocio y, si hay subas, se labra un acta y se los compromete a bajarlos a los fijados en la página de precios máximos; en la segunda visita, si no se adecúan los valores de los productos, se clausura el comercio o se impone una multa.

La inflación continuó, y en ascenso (ver tabla 1), lo que significa que el control de precios fracasó como política para reducirla; pero, además, produjo varios efectos negativos (Reinhold & Lafuente, 2023; Legna Verna, 2023a: Legna Verna, 2023b):

1. Se hizo evidente, en primer lugar, un problema general del control de precios: la imposibilidad de aplicar la medida a todas las empresas y a todos los productos. En el caso de Argentina, ante esta imposibilidad, se produjo una enorme distorsión de los precios de un mismo artículo cuyo precio estaba sujeto al control, particularmente entre los que se ofrecían en los supermercados (más fáciles de vigilar) y en otros canales comerciales (como los pequeños comercios de barrio), la que fue, según estimaciones para algunos productos, del orden del 50%. Además de que, por sí mismo, esto produce una ineficiente asignación de los recursos, se dificultó la elaboración de presupuestos para realizar todo tipo de trabajos (de la construcción, por ejemplo, pero no exclusivamente), pues era necesario hacer una amplia investigación para determinar dónde conseguir menores precios de los insumos necesarios; y, además, volátiles.
2. Los precios de los productos sujetos al control se retrasaron en relación con la tasa general de inflación, lo que acentuó la pérdida de rentabilidad relativa de la producción de éstos respecto de los que no lo estaban, pues los costes de su producción continuaron creciendo. Una empresa puede compensar la baja o negativa rentabilidad de la producción de un artículo con la que obtiene de otros. Pero, lógicamente, tiende a reducir la producción de aquél y a aumentar la de este último; que fue lo que ocurrió. Fenómeno que fue acompañado, muchas veces, con la reducción de la calidad del producto sujeto al control de precios.
3. Así, la oferta de los artículos sujetos a control de precios se redujo a la vez que aumentaba su demanda, debido a sus menores precios relativos. Se provocó así escasez de estos productos, largas colas (para comprar combustibles, por ejemplo, a pesar de que Argentina es un productor de petróleo, de gas y de hidroelectricidad), menús de restaurantes sin precio y “arbolitos”[1] para vender o comprar dólares a un precio distinto del oficial (entre la lista de los artículos cuyos precios fueron controlados se encontraban los combustibles y el dólar y otras divisas). Era frecuente que no se encontrara en los supermercados el artículo cuyo precio estaba controlado, pero sí el mismo producto, con una pequeña variación en su presentación, cuyo precio era libre.
4. Se generó un constante cambio de los precios relativos, el que de por sí impulsa la inflación si predomina la inflexibilidad a la baja de los precios (Olivera, 1960).
5. El control del precio de las divisas combinado con la continuación de la inflación produjo un atraso cambiario, que a su vez repercutió sobre las cuentas del sector externo.
6. Si bien no es resultado del control de precios, es oportuno observar que la alta inflación tiene un coste en términos de crecimiento del PIB, pues lo reduce (Álvarez, Beraja, González-Rosada, & Neumeyer, 2019).

La consecuencia de todo esto fue una gran distorsión de los precios relativos de los bienes y también una elevada incertidumbre, acompañados por una caída del salario real y un aumento de la pobreza, cuya mejora del primero y una reducción de la segunda era uno de los objetivos a cuyo logro contribuiría el control de los precios.

Es oportuno mencionar que, en Argentina, y en el mundo, hay una larga tradición de aplicación de controles de precios; y es interesante mencionar un ejemplo, entre los tantos, de sus efectos: en 2008 comenzaron a aplicarse controles de los precios de la carne:  se perdieron casi 10 millones de cabezas de ganado en sólo 3 años, porque los productores desviaron la producción hacia otros rubros agrícolas o ganaderos más rentables.

2. Por qué fracasan los controles de precios

La respuesta a la cuestión que plantea el título de esta sección es sencilla: los controles de precios, como medida permanente, fracasan porque ellos no resuelven el problema. Pueden (subrayamos el condicional) ser un paliativo de corto plazo; pero a la larga acentúan el problema, porque tienden a reducir la oferta y a aumentar la demanda.

Los dos tipos de fenómenos inflacionarios corrientemente estudiados en la literatura económica son el de demanda (estimulada por un aumento de la oferta monetaria o por otros factores, como es el caso de los alquileres en varias ciudades de España) y el de costes (como los de algunos bienes, debido a la guerra de Ucrania). A los que en el caso de Argentina les agregamos lo que se podría denominar una tercera clase: la inflación motorizada por el comportamiento de los agentes económicos, que se deriva del aprendizaje que ellos han realizado como consecuencia de la larga historia de inflaciones que ha experimentado el país. Y a ninguna de ellos los soluciona el control de precios.

Los problemas y efectos del control de precios mencionados en el caso de Argentina no difieren de los aplicados en otros países (Neely, 2022;Schuettinger & Butler, 1979); si bien este instrumento de política puede desempeñar un rol limitado durante algunos episodios, como en EEUU durante la segunda guerra mundial (Rockoff, 2002;Rockoff, 1981; Galbraith, 1952).

Bibliografía

Álvarez, F., Beraja, M., González-Rosada, M. G., & Neumeyer, P. A. (2019). From hyperinflation to stable prices: Argentinas evidence on menu cost models. The Quarterly Journal of Economics, 134(1), 451–505.

Galbraith, J. K. (1952). A Theory of Price Control. Cambridge, MA & London: Harvard University Press.

Legna Verna, C. (2023a). Hiperinflación argentina durante el gobierno actual (2019-2023): por qué fracasa la regulación de precios y lecciones de política económica. XVI Jornadas Internacionales de Política Económica (25 y 26 de Mayo). La Laguna, Islas Canarias, España.

Legna Verna, C. (2023b). Una interpretación no monetaria de la inflación argentina durante el período 2019-2023 (No. 10/2023). Alcalá de henares.

Neely, C. J. (2022). Why Price Controls Should Stay in the History Books. Retrieved May 30, 2024, from Federal Reserve Bank of St. Louis, March 24 website: https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/2022/mar/…

Olivera, J. H. G. (1960). La teoría no monetaria de la inflación. El Trimestre Económico, 27(108), 616–628.

Reinhold, M., & Lafuente, E. (2023, November 6). Inflación bajo la alfombra: los efectos y los riesgos del retraso de unos precios frente a otros. Diario La Nación. Retrieved from https://www.lanacion.com.ar/economia/inflacion-bajo-la-alfombra-los-efectos-y-los-riesgos-del-retraso-de-unos-precios-frente-a-otros-nid05112023/

Rockoff, H. (1981). The Response of the Giant Corporations to Wage and Price Control in World War II. The Journal of Economic History, 41(1), 123–128.

Rockoff, H. (2002). Drastic Measures: A History of Wage and Price Controls in the United States. https://doi.org/DOI: 10.2307/2597032

Schuettinger, R., & Butler, E. (1979). Forty Centuries of Wage and Price Controls: How Not to Fight Inflation. Thornwood, New York: Caroline House, Publishers, Inc.

[1] En Argentina se designa “arbolitos” a los compradores y vendedores de dólares que están en la calle, de pie, por lo que se los nombra así.

Reseñas

• Sanchis i Marco, Manuel (2023): Miseria de la economía. Anatomía filosófica de una racionalidad vacía. Trea S.L. (978-8419525994), pp.292.

(por Isidro Antuñano Maruri, profesor de la Universidad de Valencia -jubilado- Isidro.Antunano@uv.es)

Bajo el título Miseria de la economía. Anatomía filosófica de una racionalidad vacía (editorial Trea Ensayos, enero de 2023), el profesor Manuel Sanchis i Marco aporta una reflexión metodológica profunda, documentada y muy crítica con el statu quo hegemónico en la ciencia social que llamamos Economía. Su reflexión se articula en dos partes, la primera de las cuales analiza y se posiciona sobre la relación entre la economía y la filosofía de la ciencia, mientras que la segunda explora los vínculos entre la economía y la filosofía de la justicia, o sea, entre las bases más materiales de la actividad humana y los valores no materiales en los que la actividad económica se encuentra inmersa.

La primera parte del libro es a la que más apropiadamente se aplica el riguroso título de Miseria de la economía, que en realidad podría decir, en mi opinión, Miseria de los economistas conservadores, autosatisfechos y regoldones. Y es que miseria, dice la Real Academia de la Lengua, RAE, en la primera de sus varias acepciones, es la estrechez o pobreza extrema, y esto es en definitiva de lo que el autor acusa a la ortodoxia económica de corte formalista: de ver la actividad económica exclusivamente desde las estrechas atalayas del individualismo, el egoísmo y el corto plazo, construyendo con ello una ciencia económica extremadamente alicorta y autista, que expulsa lo mucho que no entiende hacia los que considera sospechosos terrenos de la sociología, la antropología, la psicología y (vade retro) de la política, a la que la economía ortodoxa vitupera con saña. Como decía despectivamente el tan ortodoxo Milton Friedman acerca de la vasta obra de John Kenneth Galbraith: “après moi, la sociologie!” 

Tras haberse despachado a gusto contra el formalismo, en especial el de ropaje matemático, la segunda parte del libro de Sanchis devuelve la economía a los amplios continentes de la filosofía de la justicia, a los que la actividad económica se debe en última instancia y de los que nunca debió ser cercenada. Para la citada RAE, la justicia es (entre otras cosas…) el principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente, entendiendo por honesto lo que es decente o decoroso. Lo que nos deja (¡ay!) con la inquietud de saber quiénes y cómo definen la decencia y el decoro, pero con la certeza de que no han sido Donald Trump, Elon Musk, o Bernard Madoff.

Sanchis analiza las teorías de la justicia desde Adam Smith a John Rawls y a Amartya Sen, con algunas excursiones gourmet sobre Thomas Hobbes, David Hume, Immanuel Kant y Jean-Jacques Rousseau. El hilo conductor de este análisis es nítido: de un lado, el rechazo a la pretensión por parte de la economía neoclásica de una eficiencia apolítica y exenta de valores morales; de otro, la presentación de las distintas vestimentas o ropajes con que las ideas abstractas de la justicia se presentan según los diferentes autores que han reflexionado sobre el tema: justicia conmutativa, justicia distributiva, igualdad de oportunidades, ampliación de las capacidades humanas, etc.

Se vislumbra así una economía muy alejada de lo que en su momento se denominó la era de los barones del robo, tan típica del siglo XIX pero que está plenamente vigente en algunos predios especulativos en este primer cuarto del siglo XXI. Una economía social, inclusiva, solidaria, arraigada en el territorio, que no echa del templo de la economía oficial a las personas con discapacidad, a los desempleados de larga duración, a las personas discriminadas por razón de género, a los habitantes de las comarcas alejadas de los grandes centros urbanos, o a las personas que identifican las nuevas necesidades sociales y las cubren a través de empresas sociales como los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cooperativas sin fines de lucro, etc.

Una concepción económica que no es un brindis al sol, sino seguramente la única que puede reconciliarnos como sociedad y con la naturaleza. Pero, claro, hay tanto negacionista…

• Ramió, Carles (2024): El colapso de la Administración en España. Un análisis políticamente incorrecto. Libros de la catarata, Madrid (ISBN: 978-84-1352-983-7), pp.157.

(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia)

Este libro constituye una reflexión sobre los problemas de la administración del Estado en España en la actualidad. En una sociedad de corte democrático, la población elige a unos representantes en el Parlamento o a un Presidente, siendo estas instituciones quienes determinan la composición del gobierno. Todas estas estructuras son las que dirigen la sociedad, en parte, a través de la política económica. Para que este tipo de dirección social sea posible se requiere la existencia de un cuerpo administrativo estatal. Entre sus funciones más relevantes aparece la recopilación y sistematización de información para poder tomar decisiones, y la aplicación de las medidas adoptadas por la gobernación del país. Así pues, la administración del Estado constituye un elemento esencial dentro de la política económica. En este contexto, adquieren un especial interés las consideraciones expuestas en este libro.

Este trabajo pone de manifiesto anomalías que presenta la administración pública en España, que se han acentuado a partir de la crisis del COVID. El libro se organiza en 6 capítulos. En el primero, se apuntan unos problemas que han contribuida a generar problemas funcionales en la administración pública. Los servicios se están transformando cada vez en más complejos, al tiempo que se han de ir considerando en su diseño y aplicación multitud de nuevas restricciones, como una multitud de identidades sociales y empoderamientos, consideraciones de género, cuestiones vinculadas a la incorporación de nuevas tecnologías, como la digitalización, la apertura de nuevas fuentes de transmisión informativas (redes sociales) o el envejecimiento de los trabajadores del Estado. Sin embargo, una limitación a la actividad del Estado que subraya el autor consiste en los problemas que acaecen con la dirección de la administración pública. En parte, estas dificultades se encuentran asociadas a su “soledad”, problemas de coordinación o la apatía en la estructura administrativa, cuando no su animadversión, a veces, ligada al empoderamiento de grupos ubicados en su interior. Desde este punto de vista, la administrativa estatal se encuentra inmersa en una falta de consideración del largo plazo, la falta de capacitación de los empleados en unas condiciones de cambio económico y tecnológico rápidos, la ausencia de compromiso de los empleados con la organización o, incluso, la adopción de malas decisiones por parte de algunos de estos últimos.

Como consecuencia de estos problemas se deriva una falta de capacidad de adaptación de la administración pública al entorno (incluso a su interior) cambiante. Estos son los aspectos que se abordan en el capítulo 2. En esta parte se destacan los problemas que generan la digitalización, la caída en la autoridad de la dirección de la administración estatal y la obsolescencia en la tareas y personal de la estructura administrativa.

En el capítulo 3 se explica otro tipo de problemas referentes a las relaciones entre el ámbito político y el administrativo. Por un lado, se constata el bajo nivel técnico de muchos políticos, por otra parte, se apuntan las intromisiones políticas en aspectos técnicos (siendo un caso extremo la aparición de casos de corrupción que se abordan al final de este capítulo) o la renuncia a introducir cambios sustanciales en el aparato administrativo del Estado.

El capítulo 4 se adentra en la gestión del personal de la administración pública. Aquí se subraya, en primer lugar, el problema del envejecimiento de la plantilla funcionarial y la necesidad de su rejuvenecimiento. En este contexto, se pone encima de la mesa la discusión sobre la estructura psicosociológica de la nueva generación. En segundo lugar, se subraya la necesidad de cambiar las formas organizativas internas de la administración pública. En tercer lugar, se apuntan los incentivos de los trabajadores del Estado, que se vinculan a la necesidad de establecer nuevos mecanismos de adhesión. En este momento de la discusión, el autor cuestiona el sistema de vacaciones, los días de asuntos propios o el teletrabajo, apuntando hacia medidas de reformas más imaginativas. Así pues, los cambios en las formas de selección de personal, la reordenación de los incentivos a los trabajadores y la recuperación de la autoridad de la dirección de la administración pública pasan a un primer término. Sobre este último aspecto se incide especialmente en el capítulo 5, en el que se platea una reforma en las funciones de los directivos de la administración estatal.

El capítulo 6 es una especie de conclusión en el que se plantean de manera sintética algunas propuestas de reforma de la administración pública. Parte de ellas se derivan de la exposición realizada en el libro, pero realizada de forma más sistemática, como ocurre con los nuevos derechos y obligaciones de los trabajadores del Estado.

En conclusión, se trata de un libro interesante y actual, que puede utilizarse en cursos introductorios de Política Económica. En particular, en aquellos que aluden a los límites institucionales de la política económica.

versión pdf

VI Taller Internacional de Política Económica. “Instituciones, políticas y territorio”. Granada, 13-14 de Junio de 2024. (solicitud de trabajos)

Organiza: Departamento de Economía Internacional y de España (Universidad de Granada) y Asociación Andaluza de Ciencia Regional El VI Taller Internacional de Política Económica se celebrará en formato presencial.

Programa provisional:

Jueves 13 de junio:

• 16:30 – 17:00 horas: Presentación y bienvenida
• 17:00 – 18:00 horas: Conferencia de apertura: Pendiente de confirmar
• 18:30 – 19:30 horas. Mesa 1. Marco institucional: políticas y gobernanza territorial

Viernes 14 de junio:

• 9:00 – 10:00 horas. Mesa 2. Políticas de cohesión social y mercado de trabajo.
• 10:00 – 11:00 horas. Mesa 3. Sostenibilidad entre una estrategia y una necesidad.
• 11:30 – 12:30 horas. Mesa 4. Sistema productivo y políticas económicas.
• 12:30 – 13:00 horas: Conferencia de clausura: Pendiente de confirmar
• 13:30 – 14:00 horas: Clausura

Plazos y entregas:

El Taller contará con un grupo de ponencias invitadas que constituirán la estructura vertebral de la discusión. A estas se añadirán las comunicaciones (no será necesario enviar el texto completo) que sean ofertadas por iniciativa propia de investigadores y aceptadas por la organización. Se precisará el envío de un resumen de 1.500 palabras como máximo, con las especificaciones formales que se establezcan al efecto, antes del 30 de abril de 2024. Su aceptación se comunicará antes del 8 de mayo de 2024, así como las áreas de trabajo y las mesas para su presentación y debate. Aquellas comunicaciones que hayan sido aceptadas enviarán una presentación PowerPoint en fichero pdf, antes del 4 de junio de 2024, por el medio que establezca la organización.

Inscripciones:

60 euros (incluye cafés y cena)

El Taller dispondrá de una web en la que se publicará información adicional.

Más información:

José A. Camacho Ballesta <jcamacho@ugr.es>

XIX Simposio Ruso-Español “Creciente incertidumbre en la economía y la política global: desafíos para Rusia y España”, Moscú, 27-28 de junio de 2024 (realización dual: presencial y telemática)

Organiza: Centro de Estudios Ibéricos del Instituto de Latinoamérica (ACR), Universidad de Valencia (Unidad Docente de Política Económica. Departamento de Economía Aplicada) (España)

Presentación

El tema propuesto para el simposio refleja una característica clave de la situación geoeconómica y geopolítica actual y es sumamente relevante tanto para Rusia como para España – ambos países están enfrentando serios desafíos internos y externos.

En el ámbito económico, estamos hablando de una desaceleración del crecimiento de la mayoría de los países del mundo, la persistencia de una inflación relativamente alta, una reducción del comercio internacional, un crecimiento de los costos de transporte y un aumento de la carga de la deuda. El problema de garantizar la seguridad energética persiste. El rumbo hacia una economía verde y energías alternativas requiere inversiones colosales y, por lo tanto, consume recursos y frena aún más el crecimiento económico.

En el campo político, hay una exacerbación de muchos “viejos” conflictos y el surgimiento de nuevos puntos de tensión. El uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales, o al menos la amenaza de la fuerza, es cada vez más común.

En este contexto, en Rusia y España se están desarrollando procesos políticos internos complejos y contradictorios, cuyo resultado final es difícil de predecir. Todo ello plantea nuevas tareas de investigación para los científicos rusos y españoles.

Son bienvenidos los trabajos de análisis económicos, políticos, sociales, de política económica (nacional e internacional) y medioambientales. El simposio pretende tener un carácter interdisciplinar y dar posibles pistas para mirar al futuro próximo con optimismo.

Idioma del Simposio: español

Plazos y procedimientos:

Fecha límite de presentación de las propuestas (200-250 palabras): 28 de abril

Fecha límite de textos completos (max.30 mil caracteres) (para su posible publicación): 15 de julio

Para aplicarse al simposio, por favor rellene el formulario:

https://forms.gle/vvTNHrMkVyknej1e6

Más información: ilacentroiberico@gmail.com

Manuales de Política Económica

Sánchez, Antonio (2024): Introducción a la Política Económica. Concepto, estructura y formación. Tirant lo Blanch, Valencia (2ª edición) (ISBN: 978-84-1056-322-3), pp.195.

Este libro constituye la segunda edición de un manual editado hace unos pocos años orientado a explicar el concepto y la formación de la política económica en un semestre. No obstante, no se trata de una reimpresión de la primera edición, sino que se han introducido cambios sustanciales. Los más destacados afectan al tema relacionado con el diseño de la política económica, pero afecta especialmente a los dos últimos temas, cuyos contenidos actuales no tienen nada que ver con los que aparecieron en la anterior edición y se refieren a dos aspectos originales, a saber, cómo se adoptan las decisiones de política económica en la realidad y cuáles son sus efectos reales.

Este manual se organiza en tres bloques. En primer lugar, el concepto y estructuración de la Política Económica. En el primer capítulo se explica el concepto y la relevancia de la Política Económica. En los dos siguientes se indica su estructuración por fases. En el primero de ellos se aborda la configuración de la agenda, es decir, cómo los problemas relevantes socioeconómicos pasan a ser considerados por el gobierno como dignos de actuar sobre ellos y, por este motivo, les asocia unos indicadores, que son los objetivos. En la segunda parte de ese tema, se explica cómo se trata de dar solución a estos problemas. En este capítulo, juega un papel didáctico relevante el esquema fines-medios. El tercer capítulo de libro presta atención a la aplicación de la política económica y a su evaluación. Estos son aspectos a los que, desde la disciplina, se les ha prestado tradicionalmente poca atención. La aplicación presenta una especial relevancia porque es el momento en que la política económica se hace realidad. Sin ella, el diseño de la política económica constituye simplemente papel mojado.

La segunda parte del libro agrupa los diversos aspectos de la formación de la política económica. Es decir, cómo llegan a tomarse las decisiones de política económica en un contexto institucional y con agentes concretos. En el tema cuarto, se explica la estructura del estado, en el tema quinto, se abordan los aspectos relacionados con los agentes y proceso formales en la toma de decisiones estatales y, en el tema sexto, se apunta el papel de agentes externos al estado, es decir, los grupos de presión internos y los externos (estos últimos adoptando la forma de fenómenos globalizadores).

La parte tercera del libro alude a la dinámica de la política económica. Una vez establecidas las restricciones a las tomas de decisiones en política económica falta por concretar, cómo se adoptan estas, es decir, cuál es su motor, aspectos que se explican en el tema séptimo. Finalmente, en el último capítulo se pone de manifiesto que, a pesar de la aparente volatilidad en la toma de decisiones, los resultados de las políticas económicas guardan bastante estabilidad. Estos dos temas, como se ha comentado más arriba, son novedosos respecto a la primera edición de este libro.

Manuales de Política Económica

Pulido Fernández Juan Antonio y López Sánchez Yaiza (coords.) (2023): Política Económica del Turismo. Pirámide, Madrid (ISBN: 978-84-368-4766-6). 384 páginas

(por Antoni Seguí Alcaraz, Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

En este libro se valora la intervención pública en la actividad económica y, por tanto, también en la actividad turística. Se estructura en tres partes. La primera parte es una introducción a la política turística. La intervención pública ha sido justificada tradicionalmente por la existencia de fallos de mercado que han dado lugar a algunos de los problemas a los que se enfrenta la actividad turística. Entre los fallos de mercado se puede encontrar la presencia de estructuras de mercado con competencia imperfecta, donde se utilizan bienes públicos o en las que aparecen externalidades. La complejidad de la actividad turística hace necesaria las fórmulas de gestión que propicien la resolución de conflictos y el establecimiento de estrategias y objetivos que conduzcan al crecimiento de esta actividad de manera sostenible. La participación de diferentes actores en la gestión de la actividad turística, las nuevas tecnologías, la existencia de diversos intereses, entre otras cuestiones, nos llevan a una nueva forma de intervención que permita una actuación coordinada y conjunta de los diferentes actores privados, públicos y la sociedad civil.  De ahí la relevancia de la segunda parte, en la que nos da una visión de la política turística desde un enfoque teórico, donde se tratan:

• La política económica.
• Introducción a la política turística y sus características
• Las áreas y los instrumentos de la política turística.
• Los ámbitos de la política turística.

La política turística es considerada como un eslabón más de la política económica, ya que tiene que ayudar a mejorar el bienestar de los ciudadanos de un territorio a través de la creación de riqueza, mejorando el saldo exterior, etc.  De esta manera, la comprensión de la realidad socioeconómica de un país y de su política económica, en un momento dado, son elementos necesarios para comprender la política turística que se ha venido implementando. El turismo es una industria más de la actividad económica de un país, si bien la importancia de ésta en la economía varía de unos países a otros, dependiendo del volumen de turistas que sea capaz de atraer y del volumen de ingresos que este negocio genere. De ahí que, la política turística tiene que formar parte de la estrategia adoptada por un país, una región o un área local, en relación con su política económica, ya que el turismo también contribuye a la generación de riqueza en un territorio, de tal manera que los objetivos de ambas políticas, económica y turística, tienen que ser coincidentes. La administración local es la más cercana a los ciudadanos del territorio, y por tanto, también a los turistas que lo visitan, aunque la hegemonía la tienen las Comunidades Autónomas, después de la Constitución de 1978. La tercera parte se centra en diferentes niveles de implementación de la política turística, para ello analiza:

• La política turística de la Unión Europea.
• La política turística del Gobierno central español.
• La política turística de los Gobiernos autonómicos.
• La política turística en el ámbito local: la gestión pública de destinos.
• Especificidades de la política turística por tipologías turísticas.

La Unión Europea es el destino más visitado del mundo. Es una actividad económica de gran importancia en toda Europa, incidiendo notablemente en la generación de empleo y en el PIB.  El estado español en 2022, fue el tercer destino mundial por volumen de flujos turísticos (recibiendo unos ingresos de 159 mil millones de euros y más de 71,5 millones de turistas internacionales), la industria turística emplea a 2,8 millones de personas y general el 14% del PIB, de ahí que la actividad turística sea clave para garantizar la competitividad de esta actividad económica. A pesar de tratarse de un fenómeno transversal, multidisciplinar y multisectorial, el turismo se ha considerado tradicionalmente desde una perspectiva sectorial, olvidando su dependencia de otras actividades y procesos y, sobre todo, su capacidad de influencia en los mismos. Además, el turismo ha sido una actividad gravada desde sus inicios para conseguir determinados objetivos vinculados con la política económica de los gobiernos, tales como compensar costes derivados de la provisión de bienes y servicios de carácter público, corregir fallos de mercado o aumentar los ingresos, sin menoscabo de ser utilizada para conseguir otros fines como el fomento del desarrollo económico o la protección del medio ambiente, entre otros. Por los elementos comentados, resulta relevante la cuarta parte del libro que habla de los aspectos clave de la gestión pública del turismo, estudiando para ello:

• La fiscalidad turística.
• La sostenibilidad en la política turística.
• El turismo y transporte.
• La gobernanza turística.
• La transformación digital, innovación y big data.

Se asume que la sostenibilidad es un paradigma fundamental en los procesos de gestión de los destinos turísticos y de planificación. Existe un consenso generalizado en el hecho de que es la Administración Pública la que tiene que generar las condiciones necesarias para garantizar que todos los agentes implicados en el desarrollo turístico de un territorio puedan tomar las mejores decisiones en sus respectivos ámbitos competenciales para avanzar en materia de sostenibilidad. Por otra parte, el análisis de la demanda de transporte turístico es fundamental para que los operadores de infraestructuras y transporte puedan planificar la comercialización y gestión de los servicios de transporte. De ahí que, la planificación del turismo ha de establecer estrategias que permitan aprovechar las fortalezas existentes, contrarrestando las amenazas de su crecimiento y capitalizando las oportunidades de este. También resulta relevante el abordaje de los principios de inteligencia turística y el papel del big data en su evolución imparable, dedicando un mayor interés a la fase de análisis, como pieza clave de este proceso. Desde una perspectiva instrumental, se citan las herramientas más habituales en la implementación de soluciones big data en general, y en algunas de las soluciones implementadas con éxito en el sector.

Este manual es interesante para la asignatura de Política Económica del Turismo del grado de Turismo. Su lectura permite obtener una visión general sobre la actual realidad de la política turística, especialmente en España

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP)

(Diciembre de 2023)

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista académica que concentra su atención en la Política Económica. La revista es editada en Valencia (España) por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia (irep.uv.es)

IREP acepta contribuciones de todos los enfoques económicos (ortodoxos y heterodoxos), así como procedentes de otras disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales. Desde esta perspectiva, IREP acepta trabajos de carácter tanto teóricos como aplicados, al tiempo que son bienvenidas tanto las aportaciones sustentadas en análisis cuantitativos como cualitativos, destacando su contenido realista. En concreto, IREP acepta trabajos procedentes de orígenes diversos como la economía, la economía política, el desarrollo y la planificación, la historia o las ciencias sociales en general. IREP publica artículos sobre todo tipo de temáticas relacionadas con la Política Económica.

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista internacional que publica manuscritos en inglés y en español. Todos los artículos son sometidos a un estricto sistema de evaluación anónima por pares, ofreciendo un medio académico de comunicación y de diseminación de ideas de elevada calidad científica

Contenidos de

Vol.5, Núm. 2 (2023)

• Presentación (por Gregorio Vidal)
• Los Gobiernos progresistas y la política económica en América Latina (por Gregorio Vidal)
• Política Económica de Austeridad en México (por Marcia Solorza)
• América Latina y el financiamiento externo: el orden monetario internacional cambiante (por Wesley C. Marshall, Louis-Philippe Rochon)
• La financiarización y la dominación de la política monetaria en México durante la pandemia (por César Duarte Rivera)
• Impacto de las políticas ejecutadas para impulsar el empleo tras la pandemia de Covid-19. Un estudio diferenciado por sexo (por Angélica Beatriz Contreras Cueva, Pamela Macías Álvarez, Noé Rene Luna Plascencia)
• Las contradicciones de la constitución de clases en Brasil a principios del siglo XXI (por Iderley Colombini)

Los contenidos e información se pueden consultar en línea en la web:

irep.uv.es

Noticias internacionales

Revista Finanzas y Política Económica

La Revista Finanzas y Política Económica, de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Colombia, constituye un espacio científico de discusión de aspectos relacionados con Política Económica. Tiene una categoría de Q4 en Scopus. Más información:

https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/

Contenidos de número reciente

vol.16, nº.1, enero-junio, 2024

Editorial

• Inteligencia artificial para la investigación económica (Tejedor Estupiñán Joan Miguel)

Artículos de investigación

• Análisis de la eficiencia del mercado de acciones chileno (Gutierrez Ponce Herenia, Garrido Suazo Marcelo)
• Mujeres en la sala de juntas y desempeño empresarial: una visión de las empresas de Indonesia (Ahmad Gatot Nazir, Iranto Dicky, Siregar Edo, Sebayang Dianta A.)
• Influencia del género en el desempeño de las instituciones microfinancieras: el caso de América Latina y el Caribe (Paillacho Bolaños Lisbeth Cathiana, Palacín-Sánchez María-José, Irimia Diéguez Ana Isabel, Pérez López José Angel)
• Endeudamiento público municipal en México en el periodo 2009-2021: los efectos de las reformas legales y la pandemia por covid-19 (Huerta Cuervo Rocío)
• La estructura fiscal óptima desde la perspectiva del crecimiento del PIB (Kutasi Gábor, Marton Ádám)
• Efecto de la liberación comercial sobre el mercado de trabajo y la pobreza en el sector de las confecciones en Colombia (Prieto Bustos William Orlando, Molina Domínguez Juliana, Riaño Viatela Daniel)
• Brechas de género y gobernanzas criminales del narcotráfico en Latinoamérica (Wilches Jaime, Rivera Ortega Daniela, Guerrero Sierra Hugo Fernando, Villarreal Román)
• Propuesta de adaptación de la metodología valor económico agregado (EVA) aplicada a diez instituciones de educación superior (IES) en Colombia (Mariño-Arevalo Andres, Muñoz-Martínez Ivonne Tatiana)
• Factores del sistema tributario argentino: ¿incentivo o desincentivo a la informalidad empresarial? Percepción de los comerciantes y contadores públicos (Pedroni Florencia)

Tesis doctorales en Política Económica

Ciencia de Datos aplicada al análisis y mejora de la carrera del árbitro de fútbol y propuesta de políticas federativas basadas en la economía del comportamiento

Autor: Iñaki Aliende Povedano.

Directores: Dr. Lorenzo Escot (UCM) y Dr. Tom Webb (University of Coventry).

Departamento: Economía Aplicada, Pública y Política Económica.

Programa de Doctorado: Análisis de Datos (Data Science).

Universidad: Universidad Complutense de Madrid.

Resumen: El arbitraje en el fútbol se haya en crisis debido a una escasez de árbitros adecuadamente formados para dar respuesta a una demanda de árbitros creciente y que está desembocando en la imposibilidad de continuar algunas ligas amateur en distintos países. Esta tesis, emplea la ciencia de datos para conocer cuáles son las claves que hace que un árbitro decida continuar su carrera o abandonarla. Gracias a la colaboración del Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid, el autor identifica cuáles son esas variables, lo que permite formular recomendaciones para mejorar las diferentes políticas de gestión del talento por parte de las federaciones de fútbol. En síntesis, se trata de un trabajo que combina la ciencia de datos, la gestión de carreras profesionales en un mercado laboral concreto, y el enfoque de la economía del comportamiento que modela las decisiones de los árbitros.

En las conclusiones de la tesis sobre la carrera del árbitro de fútbol, se destacan varios aspectos clave que han surgido del análisis de las hipótesis de estudio. Algunas de las conclusiones más relevantes son:

• La temprana incorporación al arbitraje favorece una carrera de mayor duración.
• Los árbitros tienden a alcanzar la enseñanza universitaria en mayor medida que el resto de la población.
• Los programas específicos de desarrollo y formación organizados por la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) en los últimos años no han demostrado un efecto positivo en la duración de la carrera.
• Los perfiles de árbitro con un componente de mayor competitividad y asunción de rivalidad muestran una duración mayor de su carrera.
• La remuneración inicial es un motivador relevante para la duración de la carrera, especialmente para aquellos que la consideran importante al principio de su trayectoria.
• Los antecedentes familiares y la experiencia previa como futbolista o entrenador no demuestran ser factores determinantes para la duración de la carrera arbitral.
• La violencia verbal o física contra los árbitros acelera el abandono de la profesión.
• Los árbitros nacidos en la provincia de Madrid tienden a tener carreras de mayor duración.
• El apoyo de los compañeros a través del entrenamiento conjunto habitual, afecta positivamente a la duración de la carrera.

En base a estas conclusiones, se derivan recomendaciones para mejorar la gestión del talento por parte de la RFFM:

• Con relación al reclutamiento y selección, se sugiere dar preferencia a candidatos con un alto grado de competitividad e iniciar la carrera arbitral a edades tempranas.
• Sobre la formación y desarrollo, es preciso revisar y mejorar los programas de formación, ya que los existentes no favorecen la permanencia a largo plazo, así como promover el entrenamiento grupal, utilizando las localidades de residencia como nodos. Estos aspectos se verán favorecidos por una monitorización más formalizada de la experiencia del árbitro proporcionando feedback personalizado.
• El estudio también indica que es preciso profundizar en la investigación del nivel óptimo de remuneración que pueda reducir los costos de retención.
• Deben intensificarse las campañas de concienciación social para reducir comportamientos de abuso y violencia contra los árbitros por parte de aficionados, deportistas y medios de comunicación.
• Las medidas de conciliación deben considerar la experiencia vital de los árbitros universitarios para facilitar su permanencia, así como valorar políticas de igualdad de género, ya que las responsabilidades familiares no son un obstáculo para permanecer en la carrera arbitral, especialmente para los hombres.

Más información se puede obtener en : https://docta.ucm.es/entities/publication/9625c593-d0a5-40e2-9db2-d4956bde88b1

Tesis doctorales en Política Económica

Cooperación Sur-Sur y relaciones internacionales: la estrategia china en América Latina entre la ayuda al desarrollo, la política exterior y las exigencias de la economía nacional

Autora: Meng Zhan

Director: Dr. Raúl de Arriba Bueno

Departamento: Economía Aplicada (Política Económica)

Programa de Doctorado: Ciencias Sociales

Universidad: Universidad de Valencia

Resumen: La cooperación Sur-Sur se basa en la idea de que los países del sur son más conscientes de los problemas apremiantes a los que se enfrenta el mismo Sur. En principio, se trata de una cooperación horizontal, centrada en el beneficio mutuo. Sin embargo, cabe afirmar que solo recientemente se ha consolidado el embrión del modelo de la cooperación Sur-Sur y que hay un largo camino por delante en lo que se refiere a su estandarización y sistematización. Esta tesis analiza la cooperación china desde la perspectiva de la eficacia de la ayuda, de los problemas del mercado interior de China y de los conflictos en las relaciones internacionales. En particular, se investiga el caso particular de la política china de cooperación en América Latina. La eficacia de la cooperación china al desarrollo se ve obstaculizada debido a la parcialidad de sus motivaciones, a su desconocimiento de los países beneficiarios y sus intenciones egoístas. En esta nueva etapa de definición de estrategias en la política exterior china, lo que motiva la cooperación china es su necesidad de tener una voz política en el escenario internacional. A través de la cooperación, China busca crearse una buena reputación para mejorar su status internacional. Al mismo tiempo, dado que se requiere una gran cantidad de materias primas para satisfacer la creciente demanda de suministro del mercado interno chino, el abastecimiento desde el mercado exterior es también uno de los factores que empujan la cooperación.

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.

Durante el último periodo se han difundo por REDIPE varios trabajos relacionados con la crisis global, en particular, uno relacionado con el final de esta mencionada distorsión y otro firmado por Rogoff. También apareció un artículo que se refería a una dimensión especial de la crisis actual, en concreto, acerca de los problemas que pueden suponer la paralización del tráfico mercantil en el mar Rojo.

Sobre objetivos de política económica, se ha aludido en varios casos a aspectos relacionados con la inflación y la productividad (BBVA, junto con algunas recomendaciones de política económica). Algunas explicaciones de la inflación se apuntan en una reflexión sobre las cadenas alimentarias.

En cuanto a instrumentos de política, se pueden destacar dos trabajos, por un lado, uno editado por el Fondo Monetario Internacional relacionado con política industrial y, por otro lado, uno que explica aspectos de la reforma laboral. Asimismo, se puede destacar la aparición de un trabajo de Rodrik sobre las instituciones y el funcionamiento económico, y otro de Milanovic que se refiere a aspectos de equidad.

Para finalizar, se puede reseñar la difusión de dos trabajos: uno sobre Cantillón y el otro sobre los economistas y las políticas, este último firmado Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España

Políticas económicas estructurales

¿Por qué necesitamos un nuevo Estado de Bienestar?

(por Guadalupe Souto, Departament d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona y Ció Patxot, Departament d’Economia, Universitat de Barcelona)

El Estado de Bienestar comprende el conjunto de políticas y programas diseñados para proteger a las personas frente a diferentes situaciones de riesgo o vulnerabilidad que pueden afectar gravemente a su capacidad económica a lo largo de la vida y que, por ende, puedan derivar en consecuencias tan graves como la pobreza o la exclusión social. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reafirmó en 2012 el firme compromiso de las Naciones Unidas con el derecho a la protección social a lo largo del ciclo vital como un derecho fundamental de las personas (OIT, Recomendación 202, 2012), y así ha quedado recogido de manera explícita entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 aprobada en 2015 por la ONU.[1] En Europa, tradicionalmente considerada la cuna del estado de bienestar, la UE ha mostrado su compromiso en avanzar hacia mejores políticas sociales con la aprobación en 2017 del Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS) y su Plan de Acción en 2021.[2]

Actualmente, todos los países europeos disponen de un Estado de Bienestar consolidado y que goza de un amplio consenso social, articulado en torno a cuatro grandes pilares: las pensiones de jubilación, la sanidad, la educación y otros programas de protección social (incluyendo este último un conjunto de políticas diversas entre las que se encuentran por ejemplo la protección de los desempleados, los cuidados de larga duración o las políticas familiares, entre otros). Lógicamente, el peso relativo de los diferentes programas varía entre países, si bien es claramente detectable un rasgo común. Aunque pudiera ser el objetivo inicial, el papel principal del Estado de Bienestar no es el de redistribuir rentas de los que más a los que menos tienen, sino intergeneracionalmente, de las personas que están en edad activa hacia los niños (educación, políticas familiares) y, muy especialmente, hacia las personas mayores (pensiones de jubilación, sanidad, cuidados de larga duración). En prácticamente toda Europa, el Estado del Bienestar ha socializado una buena parte de las necesidades de consumo de la gente mayor, especialmente en aquellos países donde las pensiones de jubilación funcionan como un sistema de reparto. Es decir, toda la sociedad (pero muy especialmente los que trabajan) contribuyen con sus impuestos a sufragar las pensiones y los servicios sanitarios de las personas mayores. Sin embargo, no ha ocurrido algo similar con los niños, pues sus necesidades más allá de la educación siguen siendo mayoritariamente sufragadas por sus propios padres. Aún en aquellos países con importantes políticas familiares como las asignaciones universales por hijo a cargo (como por ejemplo Finlandia, Suecia, Alemania o Francia), los datos siguen mostrando que la mayor parte del gasto social se dirige a las necesidades de los mayores (pensiones y sanidad). No digamos en España y otros países mediterráneos, donde tales políticas familiares brillan por su ausencia. Al respecto, es interesante el trabajo de Solé et al. (2019), que analiza este desequilibrio del Estado de Bienestar, así como el desigual impacto de la Gran Recesión en España por grupos de edad. El fuerte incremento del desempleo y la bajada general de los salarios condujeron inevitablemente a un empobrecimiento de las familias, y en particular de los jóvenes, que apenas contaron con políticas sociales para compensar la fuerte caída de ingresos laborales. Por el contrario, las pensiones actuaron como una red de seguridad efectiva para proteger a las personas mayores. Los indicadores de pobreza reflejan claramente esa dura realidad: en 2008, la tasa de riesgo de pobreza de los menores de 18 años y de los mayores de 65 era prácticamente la misma (26%), pero en 2015 se había incrementado hasta casi el 30% para los niños, mientras que para los mayores se había reducido al 12%. En 2023, la brecha continúa: un 29% de los niños y un 18% de los mayores de 65 viven en riesgo de pobreza. [3]

Es conveniente tener en cuenta también que el Estado de Bienestar tal y como lo conocemos nació inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial (bastante más tarde en España), y se desarrolló y consolidó en un contexto social que ha sufrido cambios significativos en las últimas décadas, todos ellos interrelacionados. Por un lado, cabe destacar cambios demográficos tan sobresalientes como el importante incremento de la longevidad. En 1960, la esperanza de vida al nacer en España era apenas de 60 años, mientras que en 2022 superaba los 80 (siempre con una cierta diferencia a favor de las mujeres), situándose entre las más altas del mundo. Valga decir que, felizmente, las proyecciones futuras no vislumbran un cambio de tendencia, es decir, cada vez viviremos más. La reducción de la mortalidad se ha visto acompañada por un descenso de la natalidad. En este apartado, España también se sitúa entre los países destacados en el ranking, en este caso por tener las tasas más bajas. En 2022, la tasa de fecundidad media en la UE era de 1,46 hijos por mujer, siendo Francia el país con el valor más alto (1,86) y Malta (1,08) y España (1,16) los que registran los valores más bajos. La tendencia histórica en este caso ha sido claramente a la baja, y tampoco se atisban cambios significativos en las próximas décadas.

Las tendencias demográficas mencionadas, sobre todo en la natalidad, están fuertemente interrelacionados con otros cambios sociales que han tenido lugar paralelamente. En primer lugar, cabe mencionar la importante transición educativa iniciada en la segunda mitad del siglo XX (algo más tarde en España), con los jóvenes alargando su formación más allá de la etapa obligatoria, y muy particularmente las chicas. Del mismo modo, la participación femenina en el mercado laboral tampoco ha dejado de crecer en las últimas décadas. Como apunta Miret (2022), la tasa de actividad femenina en España se ha incrementado del 15% a finales de los años 80 hasta el 50% en 2021. No obstante, tal incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral ha sido especialmente importante en aquellas con un mayor nivel de formación y sin hijos, y es de esperar que siga aumentando en los próximos años al ir desapareciendo paulatinamente de las estadísticas las mujeres que tuvieron menor acceso a la educación. Aquí comienzan a divisarse las interrelaciones con otros cambios sociodemográficos ya mencionados anteriormente, la transición educativa y la reducción de la natalidad, y otros no menos importantes, como los nuevos modelos de familia. Las sociedades europeas parecen haber abandonado definitivamente el modelo tradicional del hombre que “trae el pan a casa” y el ama de casa que cuida de los hijos, para incorporar otras formas familiares alternativas. El divorcio y la monoparentalidad son dos buenos ejemplos de factores que han modificado las pautas familiares, pero también otros como la reducción de las familias extensas, con cada vez menos mayores conviviendo con sus descendientes. El tamaño medio de los hogares en España era de 4 miembros en los años 70, frente a tan sólo 2,5 en la actualidad. Dicha evolución se explica por el menor número de hijos y por el significativo incremento del número de personas que viven solas. Según las previsiones del INE, esta tendencia continuará, ya que para dentro de 15 años el número de hogares unipersonales alcanzará el 30%, frente al 27% en 2022.

Ahora bien, la entrada de las mujeres en el mercado laboral no se ha visto acompañada en la misma medida por una mayor participación de los hombres en las tareas domésticas. Según las estimaciones de Rentería et al. (2018), las mujeres españolas entre 21 y 65 años trabajan en promedio 1,1 horas más al día, teniendo en cuenta tanto su dedicación al trabajo remunerado como a la producción doméstica (básicamente, tareas del hogar y cuidados de hijos u otros familiares).[4] Las desigualdades existen también en otros países europeos, si bien son menores. Los cuidados son una variable muy importante en la compleja ecuación de la desigualdad, en la que no sólo el dinero es importante, sino también el tiempo. Las mujeres son quienes mayoritariamente se encargan de cuidar informalmente (es decir, sin remuneración a cambio). Ello les supone una doble carga, cuyo precio puede ser tan alto como ver penalizada (o anulada) su carrera laboral.

En sociedades como las actuales, donde la tasa de fecundidad lleva décadas por debajo de la tasa de reposición, es imprescindible comenzar a pensar cómo adaptar ciertas estructuras sociales a esta nueva realidad. En el caso concreto del Estado de Bienestar, los niños y niñas son imprescindibles para asegurar su sostenibilidad, pero se están convirtiendo en activos cada vez escasos. Las personas que tienen hijos y se encargan de su cuidado hasta su vida adulta (especialmente las madres), generan una externalidad positiva a aquellas otras que no son padres pero que, gracias a esos niños, podrán igualmente disfrutar de programas públicos como la sanidad o las pensiones cuando envejezcan (Bovenberg, 2007). Aplicando la teoría de las externalidades, la cantidad eficiente de niños y niñas sólo se conseguiría si el sector público subvenciona a los padres para que al tomar su decisión sobre el número de hijos consideren el beneficio externo para toda la sociedad. Es decir, si el sector público socializa el coste de tener y criar hijos, para que sea toda la sociedad la que sufrague sus costes igual que más tarde percibirá los beneficios.

En un reciente estudio, Spielauer et al. (2022) utilizaron un modelo de microsimulación para estimar las transferencias privadas y públicas en cuatro países europeos (Austria, Finlandia, España y Reino Unido) según tipos de familia y el nivel educativo. Sus resultados muestran que las familias con hijos se ven obligadas a hacer un importante esfuerzo para cubrir los costes de criarlos, sin que el sector público sea capaz de compensar dicho esfuerzo con mayores transferencias públicas. El desequilibrio es especialmente importante entre los individuos de mayor nivel educativo que son o no padres y en particular en España: en promedio, los padres y madres con nivel educativo alto pagan significativamente más impuestos netos (descontando posibles transferencias recibidas) que las personas sin hijos y con el mismo nivel educativo. ¿No tendrá esto algo que ver con la baja natalidad en nuestro país? Raramente existen explicaciones simples a problemas complejos, y el de la natalidad sin duda lo es. Las políticas públicas por sí solas no pueden explicar los cambios en las decisiones de las mujeres sobre tener hijos o no, cuántos y cuándo, pero sin duda tienen un papel. El trabajo Adsera y Lozano (2021) arroja más luz sobre el tema. Según sus estimaciones, España presenta la brecha más elevada de Europa entre la fecundidad deseada y la lograda, brecha que achacan a un cúmulo de factores entre los que están las razones económicas (alto desempleo y condiciones precarias de trabajo para muchos jóvenes), al inicio tardío de la convivencia en pareja (debido tanto a razones económicas como al cambio en el significado de las relaciones) y a la práctica ausencia de políticas públicas de apoyo a las familias y de conciliación laboral.

En definitiva, las sociedades actuales son muy diferentes a aquellas en las que nació y se desarrolló el Estado de Bienestar, lo que exige que las políticas sociales se adapten a las nuevas circunstancias y a las nuevas necesidades. Sin ánimo de exhaustividad, se proponen a continuación tres grandes áreas en las que deberían centrarse las reformas: la educación, las políticas de protección familiar y la jubilación. Como intentaremos demostrar, no se trata de tres áreas aisladas en las que el sector público puede intervenir para lograr un mayor bienestar personal y social con políticas sociales adecuadas, sino fuertemente interrelacionadas entre sí.

La educación es, sin duda, la gran clave de los cambios necesarios porque, al concentrarse al inicio de nuestro ciclo vital será determinante para resto de la vida. Curiosamente, uno de los factores que a la postre resultan clave en nuestro desarrollo como personas es completamente aleatorio y ajeno a nuestra voluntad: las características de la familia en la que nacemos y crecemos. Es bien sabido que la probabilidad de ser pobre durante la vida adulta es significativamente alta si se nace en una familia pobre, siendo la educación la variable intermedia más relevante: el nivel de estudios alcanzado está fuertemente correlacionado con el nivel socioeconómico de la familia y, a su vez, con el nivel de estudios de los padres (especialmente de la madre). En realidad, sería más apropiado hablar de la adquisición de capital humano que de educación. El capital humano tiene diferentes componentes, que van más allá de lo que entendemos habitualmente por la educación reglada. Entre ellos están habilidades no cognitivas como la capacidad de adaptación y la habilidad para aprender, que se adquieren principalmente durante la niñez, y dependen en buena parte del papel de la familia (Heckman, 2000, Cunha et al., 2006). De ahí que la sociedad deba volcar sus esfuerzos en áreas tan fundamentales como la educación escolar temprana y en la intervención en familias con necesidades socioeconómicas, para garantizar que ningún niño se quede atrás. Estas políticas determinarán en buena parte los resultados a lo largo de la vida: mejores condiciones laborales, mayores rentas, mejor salud, más esperanza de vida y más bienestar para esa persona y su familia. Y también mayores impuestos para contribuir a un mayor bienestar social, y para el mantenimiento de todos servicios públicos, incluido el Estado de Bienestar. En este sentido resulta interesante el trabajo de Abio et al (2016), que estima los perfiles por edad de renta laboral, consumo y transferencias según el nivel educativo en España, mostrando importantes diferencias. Y también los de Rentería et al. (2018 y 2024), en los que se utilizan dichos perfiles en diferentes países para mostrar el importante papel que puede jugar la educación para compensar los efectos negativos del envejecimiento de la población. Sin embargo, la miopía juega en contra de la toma de decisiones correctas a la hora de decidir las inversiones en el capital humano de los niños y niñas: los costes son inmediatos, mientras los beneficios son a largo plazo. De ahí que las políticas educativas sean de las primeras en sufrir las restricciones de gasto público. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo son catastróficas, porque implican la perpetuación de las desigualdades y de la pobreza, además de ser claramente ineficientes. Tenemos que asumir que los niños y niñas, independientemente de que sus familias sean pobres o ricas, nacionales o inmigrantes, son bienes absolutamente preciosos para las sociedades modernas. Y debemos cuidarlos como tal, porque invertir en ellos y garantizarles un futuro también es garantizar el de las generaciones anteriores y posteriores.

Por supuesto, las reformas necesarias en torno a la educación no se circunscriben estrictamente a la atención temprana. El sistema educativo durante la etapa obligatoria debe garantizar las oportunidades de todos los niños y niñas durante la educación obligatoria, poniendo los elementos necesarios para erradicar problemas tan graves en España como son el fracaso escolar y abandono temprano, fuertemente focalizados en las familias de bajo nivel socioeconómico. De ahí la necesaria interrelación entre las políticas de protección a la familia y las educativas.

Una vez culminada la educación media, en las etapas superiores de educación sería deseable que se fomentase la interrelación entre la formación y el trabajo. En esta línea, los programas de formación dual en la formación profesional, o la simultaneidad de prácticas laborales y docencia en los grados universitarios deberían ser la norma, y no la excepción. Con los estímulos públicos adecuados (que incluirían sin duda actuaciones en materia de vivienda), se fomentaría la independencia de los jóvenes y su emancipación. En este aspecto, España tiene mucho que aprender de la mayoría de nuestros vecinos europeos, donde la edad a la que los jóvenes abandonan el domicilio paterno es claramente más reducida. Por último, aunque no menos importante debemos desterrar definitivamente la idea de que la educación (o mejor dicho, la adquisición de capital humano), se circunscribe a nuestra niñez y juventud. En las sociedades del conocimiento en las que estamos inmersos, la rápida innovación implica una mayor obsolescencia de los conocimientos. Ello unido a la mayor longevidad, hace imprescindible que la formación continúe a lo largo de toda nuestra vida activa. Deben diseñarse políticas que fomenten la colaboración público-privada en la formación continua de los trabajadores, que serán, a la postre, las mejores políticas de protección contra el desempleo, al garantizar su empleabilidad.

El segundo gran eje sobre el que debe girar la reforma de los Estados de Bienestar en las sociedades modernas, es el de la protección de las familias, es decir, de los padres y muy especialmente las madres. En línea con lo ya comentado para el caso concreto de la educación, las sociedades deben volcarse en el cuidado de los niños y niñas para garantizar no solo la equidad, sino también la eficiencia (que todas las personas consigan el mayor bienestar personal posible y, por ende, para toda la sociedad). En lo que se refiere a los padres y madres, las bajas de maternidad/paternidad y los servicios de cuidados de menores son medidas necesarias, pero no suficientes para garantizar que las mujeres puedan tener el número de hijos deseados en sociedades con tasas de fecundidad muy por debajo de la tasa de reposición de la población. Sin duda, las líneas de actuación deben estar centradas en el mercado laboral, que debe flexibilizarse permitir a las mujeres reingresar después de un período de ausencia por cuidado de hijos sin que suponga un coste en su carrera. Para ello, será útil que las carreras laborales sean más largas y menos rígidas, con políticas públicas más focalizadas a promover interrupciones temporales a lo largo de la vida activa que permitan a las personas combinar el trabajo con otras actividades (cuidar, descansar y formarse).

Finalmente, y muy relacionado con lo anterior, la reforma del Estado de Bienestar exige también la necesidad de replantear la etapa de jubilación como un período estrictamente definido a partir de una determinada edad para toda la población. Debe redefinirse el concepto de vejez, sustituyendo los típicos límites absolutos (65 o 67 años) por un límite relativo: la esperanza de vida al nacer ha pasado de 65 a 82 años en los últimos sesenta años (ni más ni menos que un 35%), ¿tiene algún sentido que, en paralelo, la definición oficial de vejez, es decir, la edad de retiro, se haya incrementado únicamente de 65 a 67 (un 3%)? Como afirma Bovenberg (2007), la “edad social” y la edad biológica deben moverse en la misma dirección. Nuevas realidades sociales, como la incorporación más tardía al mercado laboral, el incremento de la esperanza de vida y la necesidad de integrar la formación a lo largo de toda la vida activa, así como otras actividades como cuidar a los hijos u otros familiares, justifican la necesidad de eliminar la existencia de una edad máxima en la vida activa. Las personas debemos tener la capacidad para decidir en qué momento nos parece adecuado abandonar el mercado de trabajo, y si queremos hacerlo de manera total o parcial. Para ello, es imprescindible que los sistemas de pensiones funcionen como cuentas de ahorro personal (o las imiten), proporcionándonos información correcta sobre los derechos acumulados y su equivalencia en forma de pensión de acuerdo con nuestra esperanza de vida restante. El sistema de cuentas nocionales de Suecia es sin duda, un ejemplo a seguir. Al contrario de lo que suele pensarse, esto no necesariamente significa un castigo para los trabajadores con profesiones físicamente más exigentes, típicamente desempeñadas por los menos cualificados, dado que sus carreras laborales suelen ser más largas (comienzan antes), y su esperanza de vida es algo más corta. Y, en todo caso, al tratarse de un sistema público el estado se reserva la capacidad de introducir elementos redistributivos cuando así se considere socialmente deseable.

Aceptar la necesidad de reformar el Estado de Bienestar es la única manera de reconocer y mantener su papel fundamental como instrumento de soporte para garantizar una vida digna a todas las personas y la equidad intergeneracional. Las políticas públicas deben adaptarse a las nuevas realidades sociales, para así garantizar tanto su efectividad como su sostenibilidad en el tiempo, entendida esta última no únicamente en términos financieros, sino también a seguir contando con un amplio apoyo social. Las generaciones pasadas asumieron la responsabilidad de crear el Estado de Bienestar, mientras que la nuestra debe asumir las reformas necesarias para garantizar que también las siguientes podrán seguir disfrutándolo.

Bibliografía

Abio, G., Patxot, C,, Rentería, E. and Souto, G. (2017). “Intergenerational Trasfers in Spain: The Role of Education”. Hacienda Pública Española/Review of Public Economics, 223 (4), p. 101-130. DOI: 10.7866/HPE-RPE.17.4.4

Adserá, A. y M. Lozano (2021). “¿Por qué las mujeres no tienen todos los hijos que dicen querer tener?”. El Observatorio Social, Dosier Estado del bienestar, ciclo vital y demografía, Noviembre 2021, Fundación La Caixa. Disponible en: https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/es/-/por-que-las-mujeres-no-tienen-todos-los-hijos-que-dicen-querer-tener

Bovenberg, A. (2007).  «The Life-Course Perspective and Social Policies: An Overview of the Issues”, in OECD, Modernising Social Policy for the new Life-Course, Chapter 2, p. 23-74, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264041271-en

Heckmann, J.J. (2000). “Policies to Foster Human Capital”. Research in Economics, 54, p. 3-56. https://doi.org/10.1006/reec.1999.0225.

Cunha, F., J.J. Heckman, L. Lochner and D.V. Masterov (2006). “Interpreting the Evidence on Life Cycle Skill Formation”. In E. Hanushek and F. Welch (Eds) Handbook of the Economics of Education, Vol. 1, Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1574-0692(06)01012-9.

Miret, P. (2022). “Convergencia de género en la participación laboral: ¿solo para algunas? España, 1987-2021”. Sociología del Trabajo, 101, 285-299. https://doi.org/10.5209/stra.81225 (Original work published 2022)

Rentería, E., Souto, G., Mejía-Guevara, I., and Patxot, C. (2016). “The Effect of Education on the Demographic Dividend”. Population and Development Review, 42(4), 651–671. http://www.jstor.org/stable/44132228

Rentería, E., Scandurra, R., Souto G. y Patxot, C. (2017). “Mujeres y hombres, consumo y producción a lo largo de la vida. Una relación desigual”. Observatorio Social de La Caixa, septiembre 2017. Disponible en: https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/es/-/mujeres-y-hombres-consumo-y-produccion-a-lo-largo-de-la-vida-una-relacion-desigual

Rentería, E. Souto, G., Istenič, T. and Sambt, J. (2024). “Generational economic dependency in aging Europe: Contribution of education and population changes”. The Journal of the Economics of Ageing, 27, 100485. https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2023.100485

Solé, M., Souto, G., Rentería, E., Papadomichelakis, G. and Patxot, C.  (2020) “Protecting the elderly and children in times of crisis: An analysis based on National Transfer Accounts”. The Journal of the Economics of Ageing, 15, Article 100208. https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2019.100208

Spielauer, M. Horvath, T., Fink, M. Abio, G., Souto, G., Patxot, C. and Istenič, T. (2022). “Measuring the lifecycle impact of welfare state policies in the face of ageing”. Economic Analysis and Policy,75, p.1-25. https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.05.002

[1] Ver https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

[2] Ver https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=es

[3] La tasa de riesgo de pobreza se define como el porcentaje de población con menos del 60% de la renta mediana del país. Los datos provienen de Eurostat, que los estima a partir de las Encuestas de Condiciones de Vida (EU-SILC): https://doi.org/10.2908/ILC_LI02

[4] Las estimaciones se refieren al año 2010, última ola disponible hasta el momento de la Encuesta de Empleo del Tiempo (EET) elaborada por el INE.

Política económica y género

Orgullo y prejuicio en el camino hacia la paridad de género en los consejos

(por Ruth Mateos de Cabo, Universidad CEU San Pablo)

En un mundo cada vez más interconectado, resulta curioso que la diversidad de género en las empresas aún se analice como una decisión aislada, sin considerar la influencia ejercida por otras empresas muy a menudo conectadas mediante «interlocking directorates», es decir, miembros comunes de sus consejos de administración. Estas personas crean una red de influencia e intercambio de información entre empresas, de manera similar a cómo funcionan las redes sociales en nuestras vidas personales. Esta interconexión tiene una influencia significativa en las decisiones de los consejos de administración, incluyendo aquellas relacionadas con la diversidad de género. Por lo tanto, es crucial reconsiderar la forma en que las redes sociales corporativas afectan a las políticas de diversidad de género, apuntando a que los consejos podrían ajustar su composición de género a la de otras empresas en su red. Como consecuencia, se podría producir un comportamiento grupal en las decisiones de los consejos con respecto a la representación de mujeres en los mismos.

Los resultados de nuestro estudio confirman esta tendencia, revelando una dinámica de imitación entre 18,000 empresas cotizadas en EE.UU. a lo largo de dos décadas. Así observamos que las empresas interconectadas tienden a imitar los niveles de diversidad de género de aquellas empresas con las que están directamente conectadas mediante la participación de miembros comunes en sus consejos de administración (interlocking directorates). Este comportamiento mimético parece estar motivado por una presión social que impulsa a las empresas a conformarse a las normas del grupo, buscando alinearse con las expectativas, y promover la homogeneidad social dentro de su red corporativa. Este descubrimiento aporta una dimensión novedosa sobre el comportamiento de las empresas en materia de diversidad de género, sugiriendo que las decisiones de los consejos sobre este aspecto no son tan independientes como podríamos pensar, sino que están significativamente influenciados por las redes corporativas en las que se integran, adaptándose a los estándares de diversidad de género observados en las empresas con las que están interrelacionadas. La figura muestra cómo una empresa con más mujeres en su consejo reduce su diversidad para igualarse a empresas vecinas con directivos/as en común que tienen menos mujeres en sus consejos.

En un escenario ideal, esta dinámica de difusión de la diversidad de género en los consejos llevaría a todas las empresas a niveles de diversidad similares al promedio en la proporción de mujeres consejeras en toda la red. Sin embargo, el proceso de imitación dentro de los consejos corporativos no resulta ser uniforme ni directo, enfrentándose a diversas peculiaridades y obstáculos.

Modelo de difusión asimétrica: Regresión sobre el cambio en la proporción de mujeres en el consejo de administración de las empresas

 Nota. *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; † p < 0.10. La variable explicativa Gap (normal) es la diferencia entre la proporción de mujeres en el consejo de administración de la empresa y la proporción media de mujeres en el consejo de administración de empresas que comparten un director con esa empresa, eliminando los valores extremos. Gap (extremo negativo) es la misma diferencia, si el valor es extremadamente negativa, y 0 en otro caso. Gap (extremo positivo) es la misma diferencia, si el valor extremadamente positiva, y 0 en otro caso. Los extremos se definen como <-.15 para los negativos (cuantil 5) y >.15 para los positivos (cuantil 95). Las variables de control son el tamaño del consejo (logaritmo del número de directores), el tamaño de la empresa (logaritmo de los activos totales), el nivel de riesgo medido como deuda sobre activos totales y la rentabilidad (retorno sobre activos). Todas las variables dependientes se retrasan un período. Todos los modelos incluyen efectos fijos de tiempo y empresa. La estimación utiliza el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas, donde Gap y Gap (extremo positivo) y Gap (extremo negativo) se instrumentan utilizando las mismas variables retrasadas dos períodos, así como el resto de las variables de control.

Nuestro estudio revela una asimetría sorprendente: existe un número pequeño, pero significativo, de empresas que se quedan atrás en términos de diversidad en comparación con las empresas con las que están directamente conectadas. Este comportamiento contrasta notablemente con aquel de las empresas que, teniendo una mayor representación de mujeres que las empresas con las que están interconectadas, tienden a reducir sus niveles de diversidad para alinearse con su red social. Además, observamos una resistencia férrea de los consejos con escasa diversidad de género, caracterizados por tener una o ninguna mujer, mostrando una marcada reticencia a aumentar el número de consejeras, incluso estando rodeados por empresas con una mayor proporción de mujeres en sus consejos, las cuales representarían un pool accesible de potenciales consejeras. Esta resistencia al cambio, prefiriendo mantener su composición tradicional a pesar del panorama en evolución que los rodea, sugiere una postura defensiva de los directivos masculinos, probablemente debido a la percepción de que su estatus quo se ve amenazado. La imagen ilustra una empresa con escasa representación femenina en su consejo que progresa lentamente para incrementarla, simbolizado por dos flechas ascendentes, en contraste con la rápida adaptación hacia la baja visualizada en la figura del gap positivo anterior.

Las implicaciones de estos resultados son profundas. Las empresas con una proporción alta de mujeres en sus consejos tienden a reducir sus cifras a la baja rápidamente para alinearse a las normas de su entorno, en contraste con aquellas empresas reticentes a la paridad, que muestran una marcada resistencia a incrementar la proporción de mujeres en sus consejos. Esta resistencia persiste a pesar de la disponibilidad de candidatas cualificadas en las empresas que las rodean que podrían contratar. Este escenario desafía la visión optimista de que la progresión natural llevará inevitablemente a consejos equilibrados en términos de género. Por el contrario, revelamos una realidad donde la representación de mujeres en los consejos permanece endémicamente baja y estancada. Esto es así porque las empresas reacias a aumentar la participación de mujeres en sus consejos no solo se resisten a la influencia de su red, sino que también ejercen presión para que las empresas circundantes reduzcan la presencia de mujeres en sus consejos a través del efecto mimético identificado. Esta dinámica podría explicar la subrepresentación persistente de mujeres en los consejos, refutando el argumento de que un «crecimiento orgánico» eventualmente equilibrará la representación de género en los consejos sin medidas proactivas. En este contexto, la figura ilustra la tendencia de las empresas con baja representación femenina en sus consejos a no solo resistirse al cambio, sino también a ejercer una influencia significativa sobre sus redes corporativas, fomentando una rápida disminución en su diversidad de género, lo que perpetúa la infrarrepresentación de mujeres en los ámbitos decisivos de poder corporativo.

Bajo estas circunstancias, la imitación actúa como una espada de doble filo que obstaculiza el avance hacia la paridad en los consejos. Por un lado, parece que las empresas más avanzadas en igualdad de género pueden temer ser etiquetadas como empresas «woke» y rápidamente buscan alinearse en este aspecto con sus empresas vecinas. Por otro lado, los consejos reticentes a la paridad parecen priorizar la preservación de su estatus quo sobre el riesgo de críticas por falta de progreso, especialmente en un contexto donde el tema de la diversidad de género entre las élites económicas ha pasado a un segundo si no a un tercer plano de urgencia. En definitiva, la asimetría observada en las tendencias de adopción y reducción de la diversidad de género en los consejos sugiere un comportamiento acomodaticio a las normas del entorno corporativo predominantes.

Así, llegamos a una conclusión innovadora: el camino hacia la diversidad de género en los consejos debería manejar un equilibrio delicado entre promover el orgullo y confrontar el prejuicio. Para las empresas líderes en diversidad, se trataría de ensalzar el orgullo por sus logros en materia diversidad de género, posicionándolas como ejemplos inspiradores para otras. Reconocer a las empresas como referentes e íconos de buenas prácticas dentro de la comunidad empresarial, puede equilibrar la presión hacia la conformidad. Simultáneamente, es crucial que las empresas reticentes examinen críticamente las causas de su brecha de género, evaluando si se debe a consideraciones económicas legítimas o en prejuicios o sesgos inconscientes. Un proceso de autocrítica activa y reflexión sobre la escasa representación femenina puede motivar a estas empresas a evolucionar más allá del status quo, favoreciendo un alineamiento más rápido con sus empresas vecinas. Este acto de introspección y disposición a enfrentar prejuicios, pueden acelerar su transición hacia una mayor diversidad de género en sus consejos, transformando el reconocimiento en acción y progreso.

En este ingenioso juego de «Orgullo y Prejuicio», delineamos una estrategia dinámica para propulsar al mundo corporativo hacia un futuro más inclusivo en términos de género. Es una narrativa que celebra los éxitos de los líderes del cambio, al mismo tiempo que motiva a los rezagados a revisar y ajustar sus políticas, asegurando que el camino hacia la paridad de género en los consejos se caracterice tanto por la celebración de logros como por la introspección crítica.

Bibliografía

Mateos de Cabo, R., Gimeno, R., Gabaldón, P., & Grau, P. (2024). The board gender diversity imitation game: Uncovering the resistant boards that refuse to play. Corporate Governance: An International Review.

NOTA: Una versión anterior de este artículo fue publicado en el blog https://nadaesgratis.es/ (08-03-2024)

Pro et contra:

La ampliación norte del puerto de Valencia

(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

Pro…

En defensa de la ampliación norte del puerto de Valencia

(por Julián Martínez Moya, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia; Julian.martinez-moya@uv.es.

En los últimos años, el proyecto de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia ha sido objeto de una gran polémica a nivel local, regional y nacional, siendo un objetivo claro del foco mediático y sobre el que se han escrito multitud de artículos de prensa. Tanto es así, que la sociedad valenciana y algunos partidos políticos se ha posicionado como defensores o detractores del proyecto como si de un partido de fútbol se tratase. Por suerte, a diferencia de un acontecimiento deportivo donde priman las emociones y sentimientos, los economistas disponemos de herramientas para poder realizar una evaluación ex ante rigurosa que permita guiar la toma de decisiones sobre la viabilidad de dicha infraestructura.

Cabe empezar diciendo que, como cualquier otra actividad económica, proyecto de inversión en infraestructuras o localización de una planta productiva en un nuevo emplazamiento, la ampliación del puerto generará un conjunto de spillover effects sociales, medioambientales y económicos que es necesario cuantificar. Y es aquí cuando entramos los economistas, con el objetivo de poder medir esos efectos positivos y negativos derivados de la inversión. La herramienta en cuestión para llevar a cabo dicho ejercicio es el Análisis Coste Beneficio (ACB)[1], que puede definirse como la cuantificación en términos monetarios de los cambios incrementales en el bienestar derivados de la ejecución de un proyecto con respecto a un contrafactual (la economía sin el proyecto), con el objetivo último de examinar si la sociedad está mejor después de la intervención[2]. Pese a que en el pasado reciente los ACB han sido utilizados para la evaluación de infraestructuras, son sonados los cálculos demasiado optimistas que dieron como resultado inversiones que se llevaron a cabo y que terminaron por no generar el bienestar esperado para la sociedad. Sin embargo, el mal uso de la herramienta no es excluyente de que, si se utiliza con rigor, sea útil y necesaria para la evaluación ex ante del proyecto.

En mi caso, daré algunos argumentos por los cuales creo que el proyecto de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia puede ser beneficioso para la sociedad valenciana.

Buena parte de la polémica ha estado protagonizada por la necesidad o no de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Mientras que una de las partes defendía la no vigencia de la DIA actual debido al cambio realizado en el diseño original de la terminal, la otra parte implicada contratacaba afirmando que se trataba de una modificación que no requería solicitar una nueva, apelando en este caso al retraso que supondría en la aprobación y ejecución del proyecto. Más allá de este debate jurídico-técnico[3], en mi opinión, la modificación del proyecto planteada es necesaria por motivos operativos de la terminal. Los grandes proyectos de infraestructuras se planifican para que sean duraderos a largo plazo y sigan generando utilidad a sus usuarios y a la sociedad muchas décadas después de haberse construido.  Por ello, tal y como fue diseñado originalmente el proyecto y a la velocidad a la que el mercado y la tecnología han avanzado, la infraestructura hubiese quedado obsoleta para las necesidades de las empresas en unos pocos años. Y la principal razón es que, en las últimas décadas, el tamaño de los buques ha crecido de forma considerable[4], llegando a duplicarse en apenas 10 años, lo que ha ejercido presión sobre la disponibilidad de infraestructuras con suficiente capacidad y dimensiones para permitir la escala de estos megabuques. Bien, pues la modificación propuesta iba en esta dirección, cambiando el diseño de la terminal para que fuese una única línea de atraque que permitiese albergar la escala de los buques más grandes. Así que, la no modificación del proyecto hubiese reducido las posibilidades de éxito en el medio plazo.

Tras este apunte, empezaré exponiendo algunos de los argumentos económicos de mayor peso para defender la aprobación de la Ampliación Norte.

Inversión privada

En primer lugar, creo que es necesario destacar que parte de la inversión de la Ampliación será sufragada por la propia empresa privada concesionada (MSC/TiL), mientras que la inversión restante saldrá de las arcas públicas. La implicación del sector privado en este caso resulta fundamental en un proyecto de infraestructuras de esta magnitud. Cuando se planifica y lleva a cabo un proyecto que busca atender las necesidades futuras del mercado, uno de los riesgos implícitos que se asume es que la infraestructura pueda ser infrautilizada por los usuarios y no cumpla con las previsiones realizadas para garantizar su rentabilidad económico-financiera. Lo cierto es que en demasiadas ocasiones las decisiones sobre nuevas infraestructuras se toman sin tener en cuenta las necesidades de las empresas, y eso puede convertirse en un grave problema para su supervivencia. Prueba de ello es que en las últimas décadas hemos sido testigos de multitud de proyectos de infraestructuras de transporte que han quedado en desuso, con el enorme coste que ha supuesto para la sociedad. A todos nos viene a la cabeza nombres propios de puertos, aeropuertos y autopistas que encajan perfectamente en este grupo. En cambio, en el caso de la Ampliación Norte, la inversión realizada por la naviera en la terminal de contenedores reduce la probabilidad de que este problema ocurra. La empresa concesionada querrá rentabilizar la inversión realizada a través de la explotación de la infraestructura, compitiendo para que las empresas importadoras y exportadoras puedan desarrollar su actividad internacional a través de sus instalaciones. En este sentido, los responsables de este tipo de decisiones en infraestructuras deben realizar la ardua y compleja tarea de planificar las necesidades futuras del mercado, por lo que, si cuentan con la participación financiera e implicación de las empresas usuarias del proyecto, como en el caso de Valencia, la probabilidad de éxito será mayor.

Efectos sobre flujos comerciales

Otro de los puntos clave es el efecto que esta nueva terminal puede tener sobre la conectividad marítima del puerto y los flujos de importación y exportación de las empresas valencianas y españolas. A escala global, según los datos publicados en el informe anual de la UNCTAD, más del 75% del comercio mundial se transportó por vía marítima en 2021[5]. En este proceso, los puertos juegan un papel fundamental como facilitadores de dichos intercambios, siendo infraestructuras que permiten a países y empresas participar en las cadenas de valor globales e integrarse en las redes de transporte internacional. A nivel estatal, en la configuración del mapa de puertos de entrada y salida de mercancías en contenedor en España, los puertos de Valencia y Barcelona son los dos principales del país, por los que pasa más del 70% de las importaciones y exportaciones realizadas por las empresas españolas. Por lo tanto, el papel que juegan estos enclaves para la industria es de suma importancia, influyendo en el coste y tiempo de entrega de sus productos. La nueva terminal supondrá la apuesta de una de las principales compañías navieras del mundo por Valencia como puerto de referencia en el Mediterráneo. Por este motivo, se esperaría que su llegada se tradujese en un mayor número de conexiones marítimas que enlacen Valencia con más mercados internacionales y con mayor frecuencia de servicios. Esto aumentará las opciones de las empresas en la gestión de sus flujos de importación y exportación. Además, puede que aumente la competencia entre navieras para servir a algunos mercados, lo que puede traducirse en un menor coste del transporte marítimo a pagar por las empresas y una mejora en la calidad del servicio. Si a esto añadimos que la Ampliación Norte necesitará también de la inversión de un conjunto de infraestructuras auxiliares que mejoraran la eficiencia de los flujos de mercancías entre el origen y el puerto (nuevo acceso al puerto, mejora de la red ferroviaria, etc), puede tener efectos todavía más reductores sobre el coste y tiempo. En definitiva, la Ampliación Norte puede a través del incremento de la conectividad y aumento de la competencia mejorar la competitividad de las empresas en los mercados internacionales.

Perdida de actividad

Además, en este sentido, es importante ser conscientes de los efectos que podría tener para las empresas la paralización de proyecto. La compañía naviera MSC necesita de nuevas y más modernas instalaciones para atender su negocio en el Mediterráneo. Dicha naviera ya dispone de una terminal de contenedores en el Puerto de Valencia, siendo sus tráficos los más relevantes del enclave valenciano. Así que, si la empresa no puede mejorar sus instalaciones en Valencia, se esperaría que buscase otro puerto para llevar a cabo la inversión y, desde este, poder distribuir sus tráficos al resto del mundo. En efecto, esto supondría una reducción de parte de la actividad en su terminal de Valencia, especialmente la vinculada a transbordo. Presumiblemente, esto sería un fuerte revés para las empresas usuarias del puerto, ya que el transbordo permite que estas se aprovechen de menores costes de exportación en mercados en los que existe un fuerte desequilibrio comercial, como por ejemplo China. Por lo tanto, el escenario de no inversión no es inocuo y no dejaría al puerto tal y como está, sino que tendría efectos negativos para el propio puerto (pérdida de actividad) y para las empresas (pérdida de conectividad y mayores costes de transporte). 

Impacto económico

Por último, es necesario destacar el impacto económico que puede generar la ampliación del puerto en términos de empleo, creación de empresas logísticas y ubicación de nuevas empresas manufactureras en el territorio valenciano. Según las estimaciones del informe realizado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia[6], en 2030, con la nueva terminal ya construida y a pleno funcionamiento, el impacto económico del puerto de Valencia se espera que represente en términos de valor añadido el 2,27 % del conjunto de la Comunidad Valenciana, con un empleo de 44.000 puestos de trabajo y cuyo salario medio estará en torno a los 32.000 euros anuales. Con la nueva Ampliación Norte, el puerto de Valencia representará el 2,2 % de todo el empleo de la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, no basta únicamente con incorporar los beneficios económicos, sino que también es necesario incorporar los costes y beneficios medioambientales para la evaluación del proyecto en su conjunto. Gracias a que parte de la sociedad ha interiorizado su preocupación por el cambio climático, se ha empezado a tomar acciones que tratan de protegerlo y preservarlo para las generaciones futuras. Sin duda, es este el principal motivo que ha originado el debate y provocado multitud de reflexiones acerca de la necesidad y sostenibilidad medioambiental de la Ampliación Norte. Las reticencias de la sociedad valenciana en esta cuestión ejemplifican ese cambio de mentalidad global en el que incorporar la dimensión “verde” va ser un eje fundamental para la aprobación y el respaldo de la sociedad a los proyectos futuros como este.

Externalidades medioambientales

Por ello, uno de los puntos más controvertidos son las externalidades medioambientales que puede generar la terminal a su entorno más inmediato, tanto en la fase de construcción como en su etapa de explotación. En este sentido, no se puede ni se debe negar el impacto sobre el medioambiente apelando a que será un proyecto ecológico. Las externalidades negativas se van a producir, pero, en mi opinión, la cuestión fundamental es si existen herramientas para que dichos efectos negativos se internalicen y si habrá disponibles tecnologías limpias para mitigarlos o minimizarlos. Es aquí donde empieza la tarea obligatoria de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), que debe tratar de tomar medidas para corregir dichos efectos.

Por un lado, tenemos las externalidades provocadas por su construcción. En este sentido, pese a que se ha repetido hasta la saciedad, creo que es necesario señalar de nuevo que el dique de abrigo de la Ampliación Norte ya está construido desde hace más de una década. Es decir, el problema de interrumpir la corriente del flujo natural de sedimentos al que apelan los detractores del proyecto es ya una realidad que se terminó de construir en el año 2012. Por lo tanto, en esta fase, si el proyecto no se aprobase, la cuestión sobre los sedimentes continuaría siendo un problema. ¿Cuál es la alternativa? ¿Destruir el dique? ¿Hay algún cálculo sobre el coste económico y medioambiental de dicha acción? Pese a que el proyecto tuvo la aprobación de la DIA en su momento, lo cierto es que es una lástima que la angustia sobre el cambio climático no formase parte de nuestras vidas cuando se aprobó el proyecto décadas atrás, ya que se hubiese generado un intenso debate al respecto. En cuanto al tema de los sedimentos, es necesario también destacar que la acción de las administraciones públicas competentes encargadas de la gestión de nuestras costas resultará fundamental para llevar a cabo las medidas oportunas que permitan reducir el efecto provocado por el menor depósito de sedimentos en las playas del sur de Valencia.

Por otro lado, encontramos las externalidades negativas derivadas del funcionamiento de la terminal en cuanto al incremento del número de buques, camiones y trenes, que, evidentemente, supondrán un aumento de emisiones contaminantes. Esto no se puede negar. Sin embargo, hay que tener en cuenta la disponibilidad de herramientas para tratar de generar los incentivos necesarios y las obligaciones legales a los usuarios (y a su vez generadores de emisiones del puerto) para que puedan ir avanzando hacia el uso de combustibles y tecnologías más sostenibles. En este sentido, creo que es de justicia destacar el esfuerzo que la APV viene realizando en las últimas décadas en materia de mejora de la sostenibilidad medioambiental de sus operaciones. Su participación en numerosos proyectos de innovación dirigidos a mejorar la eficiencia energética de la operativa de las terminales, mediante la introducción de nuevas tecnologías y también de combustibles más limpios han sido reconocidas y premiadas internacionalmente. Además, como ejercicio de transparencia, se puede consultar su Memoria Medioambiental en la que monitorizan su huella de carbono y se puede observar la paulatina reducción de las emisiones en los últimos años. Todo esto es una señal del compromiso de la APV en actividades que contribuyan a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad hasta alcanzar el puerto de cero emisiones en 2030[7]. Y así debe seguir siendo con la Ampliación Norte, en la que los dirigentes de la APV tienen la oportunidad de incorporar en el acuerdo de concesión los ambiciosos objetivos medioambientales que debe formalizar la empresa concesionada, vigilando y garantizando su cumplimiento. Esto es lo que podemos exigir a APV, que la nueva terminal del puerto de Valencia sea una de las más modernas y sostenibles del mundo y así consta en el proyecto: terminal autosuficiente energéticamente, 98% de la maquinaría será eléctrica (con origen de la energía eléctrica de fuentes renovables) y el 2% restante de hidrogeno y, finalmente, la posibilidad de conectar el buque a la red eléctrica durante su estancia en puerto. Esta es la responsabilidad de la APV y de la empresa concesionada con la sociedad valenciana, por lo que esas obligaciones para tratar de minimizar las externalidades negativas en el entorno más próximo al puerto deben cumplirse.

No obstante, las obligaciones medioambientales no dependerán únicamente de la voluntad de la APV, sino que la Comisión Europea ha definido un plan de actuación dotado con inversiones, medidas y regulaciones para conseguir la neutralidad climática a través de la implementación del paquete fit for 55, donde el transporte marítimo tiene un lugar destacado. Así, la legislación europea pretende reducir las emisiones contaminantes con medidas como la introducción del transporte marítimo en el EU Emissions Trading System (EU ETS) a partir de 2024. De este modo, las empresas navieras deberán pagar por el carbono emitido a la atmósfera a través del sistema de derechos de emisión, penalizando en este caso aquellas empresas emisoras y generando los incentivos para la transición progresiva hacia combustibles y tecnologías más limpias. Otra de las medidas propuestas por la Comisión es la inversión en proyectos de I+D+i vinculados al uso de nuevos combustibles para buques y maquinaria portuaria (por ejemplo, el hidrogeno o amoniaco). Por último, también exigirá que los puertos pongan a disposición de los buques la posibilidad de conectarse a su red eléctrica durante su estancia en puerto, en lugar de mantener encendidos los motores auxiliares y seguir emitiendo gases contaminantes como hasta ahora, reduciendo de este modo las emisiones generadas en el área portuaria. Por lo tanto, estas son tan solo algunas de las medidas que, desde las instituciones europeas, se están trabajando para conseguir que la actividad de transporte sea cada vez menos contaminante en su lucha contra el cambio climático.

En definitiva, esto son únicamente algunos de los argumentos a favor de la aprobación del proyecto. No cabe duda de que la preocupación por las externalidades medioambientales derivadas de dicha infraestructura es uno de los puntos clave para la aceptación del proyecto por parte de la sociedad. Por ello, la necesaria cuantificación en términos monetarios de las mismas permitiría ponerlas en la misma balanza que los beneficios económicos para determinar de qué lado se decanta. También es cierto que desde las administraciones públicas y la Comisión Europea existe el compromiso y se están tomando acciones dirigidas a minimizar dichos impactos en el medio plazo. Esperemos que lo cumplan.

…Et contra

La ampliación del puerto de València a debate: ¿Economía a cualquier precio?

(por Joan Olmos, Doctor Ingeniero de Caminos y profesor Titular de Universidad, Director General de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana entre 1983 y 1988)

Hace unas semanas publiqué un artículo dedicado al ministro de transportes Óscar Puente sobre la ampliación del puerto de Valencia. He utilizado, en parte, algunas ideas de ese escrito para confeccionar este otro, atendiendo a la petición formulada por el profesor Ochando, a quien agradezco la oportunidad que me ofrece para esta ocasión.

El mito del crecimiento

Tim Jackson, en su Libro Post Crecimiento (2022), le atribuye el carácter de mito porque según él, todas las culturas, todas las sociedades viven aferrados al mismo: “mientras la economía se continúe expandiendo, estamos convencidos y seguros de que la vida va a ir mejorando”.

Por su parte, Ramon Folch, en su libro La quimera del crecimiento (2011) señalaba que “las ideas económicas de los siglos XIX y XX consideraban que la matriz biofísica era ajena a los procesos económicos, hasta el punto de que algunos de sus componentes productivamente esenciales como el agua, el suelo, el clima, eran bienes libres, irrelevantes. Esta manera sesgada de mirar la realidad ha situado al sistema económico, supuestamente, al margen del entorno biofísico. No obstante, hoy más que nunca esos factores pretendidamente secundarios tienen un valor socioeconómico enorme”.

Este marco conceptual me parece el idóneo para centrar el debate: si nos importan o no los efectos que tienen determinadas intervenciones en el territorio, si consideramos que los llamados beneficios para la economía justifican ‘cualquier sacrificio’. Y si en algunos casos las estimaciones de los costes son tan onerosos que impiden seguir adelante con el proyecto.

Un apunte histórico

En 1950, tal como aparece en la memoria del Puerto de Valencia  “Sobre su historia, progreso y desarrollo” (enero 1942- diciembre 1949), su director Luis Dicenta se refería a la “ímproba labor desarrollada por el Estado (…) para dotar a esta región de un tan preciado medio de comunicación, que da un valor a toda la agricultura y comercio de su ‘hinterland’ que justifica cualquier sacrificio que para mantenerlo y mejorarlo sea preciso (…) pues nadie, si es buen valenciano, debe ignorar ni olvidar el esfuerzo que representa crear y mantener un puerto completamente artificial, sin abrigo natural, y lo que su fracaso u (sic) abandono hubiera representado para la Economía Regional…”  (El destacado en negrita es mío).

Se refería a unas condiciones geomorfológicas de la costa nada favorables para este tipo de instalaciones y que están en el origen de la mayor parte de los problemas que ha causado el puerto en su entorno.

Con la escasa pendiente de la plataforma costera, el puerto ha ido extendiendo sus diques mar adentro (1.500 metros adicionales en la ampliación actual) para conseguir calados suficientes, y ese proceso ha generado graves desequilibrios en la dinámica litoral, uno de los ejes básicos y más controvertidos de la oposición actual al proyecto. 

La ampliación norte está bloqueada desde 2018 cuando ya estaban construidos los diques de abrigo, lo que podríamos llamar los cimientos de la nueva terminal marítima. La ampliación, por tanto, no está en absoluto realizada como afirman repetidamente desde instancias oficiales: falta el dragado para aumentar el calado, el relleno para cimentar los muelles, y toda la superestructura. Y, por tanto, a tiempo de rectificar.

El nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, sin embargo, zanjó de manera rotunda la posibilidad de seguir debatiendo, cuando el pasado 18 de diciembre de 2023, apenas estrenado en el cargo declaró: “La operación, desde el punto de vista ambiental, es impecable… Hay cierta sobreactuación medioambiental”.

Si hay un proyecto ahora mismo en el Estado que contraviene toda lógica ambiental frente al Cambio Climático y el derecho a la ciudad, ese es el de la ampliación norte del puerto de València. Los efectos de la última gran ampliación, bien contrastados, y que causaron daños materiales, ambientales y humanos irreparables, constituyen un banco de pruebas irrefutable. Esas pruebas, y la declaración de parque natural de la Albufera en el año 1986, debieran haber bastado para descartar cualquier nuevo proyecto de ampliación.

La experiencia y el conocimiento acumulados en los últimos años sobre los impactos del Puerto de València nos llevan a afirmar que la deuda social y ambiental acumulada, al menos en las últimas tres décadas, en absoluto justifica el triunfalismo que emiten continuamente los informes y las declaraciones de sus representantes. Se trata de evidencias bien documentadas sobre los enormes costes ocasionados a la ciudad y a su entorno. De haberse considerado de inicio esos factores, ni la ampliación sur de los años noventa ni la que ahora se pretende ejecutar, se deberían haber planteado.

El parque natural de la Albufera, joya de nuestros humedales, ha sido el principal afectado por ello, como ya lo indicaba el Gobierno en 2007 en la declaración de impacto ambiental (DIA); y ahora, los efectos permanecen por mucho que se intenten ocultar los informes científicos y académicos que no gustan.

Pero es el conjunto de la ciudad el que plantea un problema de primer orden para proteger la Salud Pública, empezando por los vecinos de su fachada marítima. Los barcos consumen el combustible más sucio del mundo y las emisiones de azufre de uno solo de esos buques tiene dimensiones estratosféricas, con lo que “las áreas portuarias son la vanguardia de la contaminación sigilosa que no tiene fronteras” Recomiendo el visionado del documental Freightened. El precio real del transporte marítimo.

La ampliación norte se sometió a examen ambiental con unos requisitos que ya entonces resultaban absolutamente insuficientes, si bien es cierto que la DIA de 2007 en absoluto daba carta blanca para actuar. Pero el paso de casi veinte años ha generado un nuevo marco económico y ambiental mucho más exigente con las pruebas de aptitud. Este ha sido uno de los temas del conflicto.

Un solo concursante (la naviera MSC) aspira desde 2019 a completar la ampliación con ayudas públicas para, a continuación, explotar la nueva terminal, duplicando la capacidad de atraque usando instalaciones y dineros públicos -600 millones para empezar- para una actividad difícilmente calificable como de interés general que exige a su vez unas obras complementarias nada desdeñables, como son la ampliación de los accesos terrestres.  De hecho, ya se presentó en ese mismo año una descabellada propuesta para conectar el puerto con Sagunto a través de un túnel submanrino. 

¿Economía a cualquier precio?

La defensa de la posición oficial ha ido virando desde posiciones económicas clásicas (PIB, empleo, “crear riqueza”) hasta reconocer (a regañadientes, añado yo) la dimensión ambiental del proyecto diciendo, sin embargo, que se tratará -nada menos- que de una “terminal medioambientalmente sostenible y neutra en términos de emisiones”.

En 2010, el profesor Juan Piqueras de la Universitat de València cuestionaba (diario Levante 9/10/2010) la supuesta incidencia positiva y reiteradamente proclamada del Puerto en la economía regional. 

«A la vista de la composición del tráfico y de la modesta y estancada representación de la exportación valenciana, cabe preguntarse si están justificadas tanto las obras de ampliación del mismo, ya en ejecución, que aumentarán a casi el doble la capacidad del mismo, y el tan solicitado acceso norte (…) sin explicar a la opinión pública cuál pueda ser su repercusión sobre la economía regional ni de qué magnitud su tremendo impacto ambiental sobre las playas. De grandes obras deberíamos estar ya escarmentados (…)  La cuestión es si esta demanda por parte de la Autoridad Portuaria responde realmente a las necesidades locales o si por el contrario el coste y el impacto de las obras tienen otro tipo de justificación puramente empresarial y privado».

Han pasado catorce años y esa cuestión sigue planeando en el debate.

En cuanto a la anunciada conciliación ambiental, (no solo expresada por el ministro Puente) resulta imposible en este caso: porque si hay ampliación se supone (las previsiones a largo plazo, en Economía, como dice Carl Sagan, pertenecen a la pseudociencia) que crecerá el trasiego de buques y camiones, y por tanto, habrá más impactos y nuevas exigencias para ampliar accesos terrestres sobre la Huerta, otro ecosistema tradicional en peligro. Por mucho que la Administración se proponga modernizar las instalaciones portuarias, no va a poder obligar a las grandes navieras a hacer lo mismo con sus navíos. Tampoco parece muy probable que las empresas de camiones acepten fácilmente ceder el paso al ferrocarril, que sería lo razonable.

Afirmar, por tanto, que el proyecto de ampliación generará una “terminal medioambientalmente sostenible y neutra en términos de emisiones” resulta lo más parecido al negacionismo ecológico.

Contra la ciudad

Nuestra ciudad y su entorno geográfico poseen extraordinarios valores que están siendo reconocidos incluso por instancias internacionales. Un proyecto como el que analizamos devalúa claramente este patrimonio, en un año en que València celebra la capitalidad verde europea. ¿En qué parte del proyecto se contabiliza esa devaluación, que podemos concretar, por ejemplo, en el patrimonio inmobiliario? ¿Y los costes que cargan a la comunidad en materia de salud de la población afectada?… 

A la anomalía geográfica que hemos citado hay que añadir la de la gobernanza del puerto, según la cual este dispone de un estatus jurídico y administrativo especial. La anacrónica ley de Puertos concede a los espacios portuarios unas facultades que les libran de someterse a las autoridades municipales y a sus normas, no han de tener en cuenta el planeamiento municipal ni pedir licencia para sus obras. 

Sabemos que el proyecto cuenta con el apoyo de los partidos mayoritarios en la Comunidad Valenciana; y por descontado, con el del mundo empresarial.  Sin embargo, poseer la fuerza no necesariamente lleva a tener razón.

Aun así, se ha producido alguna grieta en ese robusto bloque promotor por la presión ejercida por los colectivos sociales agrupados en torno a la Comissió Ciutat- Port, forzando las exigencias de transparencia y participación, una obligación, por cierto, que debió asumir desde el principio la Administración Pública.

Una presión que ha conseguido que la ampliación esté en discusión ante los tribunales. Y solo por eso, el ministro Puente debió tomar un tiempo, escuchando a quienes califica, como en los viejos tiempos, de ambientalistas exagerados y alarmistas. En momentos en que tanto se apela al diálogo, hay que aceptar a quienes ya supones que te van a incomodar.

Son tantas las incertidumbres que planean sobre el futuro del transporte marítimo (cambios en las rutas interoceánicas, progresiva automatización de los trabajos portuarios, endurecimiento de la legislación contra las emisiones…) que resulta inaceptable justificar actuaciones a plazos tan largos (35 años para la nueva ampliación programada) con ese optimismo desbordante al que nos tienen acostumbrados tanto la APV como los sectores que le apoyan de manera incondicional.

Por otra parte, la credibilidad del Gobierno frente a los graves retos ambientales y sociales de nuestro tiempo se resiente gravemente con su posicionamiento en casos como el que analizamos. El ‘mito de las infraestructuras’ sigue dominando la acción de los gobiernos, ahora también con la pulsión de ampliar aeropuertos.

Apostar en Valencia por una progresiva contención de la actividad portuaria, en especial de aquella que sirve exclusivamente a los intereses de las compañías navieras, ofrecería la oportunidad para situar en ese espacio litoral tan cotizado, actividades económicas de inequívoca etiqueta social y ambiental.  Un buen momento para orientar la inversión pública y privada, por citar unos casos, hacia la investigación científica, las infraestructuras sanitarias y de atención a los cuidados sociales, la reindustrialización, la rehabilitación urbana, la movilidad sostenible y la agricultura de proximidad, pues todas ellas son una base potentísima para la actividad económica, en la línea fijada por la UE en 2019. Recordemos que se trata de sectores que generan mucho más empleo y bienestar que los que venimos criticando.

No podemos dejarnos llevar por un discurso triunfalista que vincula de manera tan simplista la actividad portuaria y su futuro con la economía local. Se trata, por lo tanto, de parar y reflexionar.

Separar Economía y Medio Ambiente en el análisis de los proyectos resulta a estas alturas inaceptable. Recordemos que Economía y Ecología son dos términos que comparten idéntico origen etimológico: oikos, en griego, la casa.

[1] Aunque también existen otras herramientas como el Análisis Multicriterio o los Modelos de Equilibrio General, el ACB es el más utilizado.

[2] Para mayor detalle sobre el ACB, consultar de Rus, G., Socorro, M. P., Valido, J., & Campos, J. (2022). Cost-benefit analysis of transport projects: Theoretical framework and practical rules. Transport Policy, 123, 25-39.

[3] En el siguiente enlace se puede encontrar todos los informes técnicos y jurídicos sobre el proyecto: https://www.valenciaport.com/autoridad-portuaria/infraestructuras/en-proyecto/

[4] El buque de mayor capacidad del mercado era capaz de transportar 12.500 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit en sus siglas en inglés), mientras que en 2024 la capacidad supera los 24.000 TEU.

[5] Review of Maritime Transport publicado en el año 2021 por la UNCTAD.

[6] El informe se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.cev.es/wp-content/uploads/Puerto-de-Valencia-la-nueva-terminal-en-la-amplacion-norte-INTERACTIVO.pdf

[7] En el siguiente enlace se puede consultar la estrategia medioambiental de APV: https://www.valenciaport.com/wp-content/uploads/Presente-y-Futuro-sostenibilidad-APV-Junio-2021-copia.pdf

Reseñas

• Acocella, Nicola (2022): Economic Policy in the 21st Century The Four Great Challenges. Cambridge U.P. (ISBN: 978-1009209151), pp. 256

(por Juan Francisco Albert, Departamento de Economía aplicada, Universidad de Valencia)

Nicola Acocella en su nuevo libro realiza un análisis exhaustivo de lo que a su juicio son los cuatro principales problemas para la política económica que han surgido o se han agravado en los últimos años. Estos son los cambios producidos en las graves y recientes crisis económicas – Gran Recesión y la crisis de la Covid-19- , el estancamiento económico, las desigualdades y la globalización. De acuerdo con el libro, estos problemas no son nuevos y coexisten en las economías avanzadas durante mucho tiempo, pero se han agravado en las últimas décadas, lo que ha generado una serie de desafíos que requieren una acción pública efectiva. En este sentido, el libro pone el énfasis en cómo muchas herramientas tradicionalmente utilizadas en la acción pública se han vuelto ineficaces debido a los cambios producidos por diversas circunstancias.

En el primer capítulo se abordan las causas y consecuencias de las crisis recientes poniendo especial énfasis en el impacto sobre la Eurozona. Como es bien sabido, a partir del año 2008, muchas áreas del mundo y particularmente Europa, sufrieron una de las mayores crisis financieras de la historia con consecuencias devastadoras en los niveles promedio de ingresos y empleo. Acocella aborda esta cuestión explicando como el efecto de la explosión de la burbuja financiera en los Estados Unidos se transmitió rápidamente por la zona euro y muchos otros países desarrollados, pero las consecuencias fueron más largas y notables al otro lado del atlántico. El autor examina los determinantes y la evolución de la crisis financiera tanto en Estados Unidos como en Europa. Aunque la desregularización financiera era un denominador común en ambas áreas, el tipo de sistema financiero de la eurozona que carecía de control, supervisión e instrumentos de rescate comunes agravó la situación en las economías europeas. Otros factores señalados fueron los desequilibrios financieros que aparecieron en la zona euro como consecuencia de la formación de un área monetaria liderada por Alemania y su modelo exportador y la ausencia de políticas activas comunes para hacer frente a una crisis asimétrica. Las consecuencias de este evento también son sobradamente conocidas: desempleo, pobreza, desigualdades y ratios de déficit y deuda elevados. El libro se muestra crítico con la gestión de la política fiscal y el cumplimiento estricto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que, según la opinión del autor, solo hizo que agravar el problema y profundizar una crisis deflacionaria. En la segunda parte del capítulo se aborda la crisis de la pandemia. Esta quizá sea la parte menos interesante del libro dado que el libro fue escrito durante los meses duros de la pandemia y con anterioridad a la aparición de las vacunas. El autor hace un pronóstico nada halagüeño sobre la gravedad y duración de las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria que afortunadamente y con la claridad que nos da el paso del tiempo, podemos afirmar que no se han cumplido.

El capítulo 2 aborda el problema del estancamiento. Precisamente, uno de los fenómenos que se ha hecho más visible a partir de la crisis de 2008 ha sido el estancamiento secular, es decir, la tendencia de la tasa de crecimiento del PIB a disminuir a largo plazo. Acocella señala que la tasa de crecimiento de los países avanzados cayó en 1 punto porcentual en los treinta y cinco años después de 1971 y apunta algunas de las causas que se han debatido en la literatura económica en los últimos años. Aquí el autor señala dos hipótesis: (1) las lentas recuperaciones económicas que históricamente siguen a las crisis de carácter financiero y que podrían explicar las bajas tasas de crecimiento en los últimos 15 años; (2) la caída del tipo de interés natural que se ha producido por un menor apetito de inversión global y mayores deseos de ahorro. Sea como fuere, tal situación requiere de una batería de nuevas políticas y un replanteamiento de la política económica que van desde el fortalecimiento del presupuesto público, políticas monetarias no convencionales, coordinación de la política fiscal con la política monetaria, limitar el poder oligopólico de las grandes empresas o cambios en la edad de jubilación.

En el capítulo 3, el autor pone el énfasis en uno de los desafíos más recurrente de los últimos años: el aumento en los niveles de pobreza y desigualdad. En esta línea, se apuntan algunos potenciales responsables como las políticas de liberalización de los mercados de trabajo, bienes y capitales aplicadas desde 1980, la reducción de la presión fiscal sobre la renta y el patrimonio, la digitalización, el propio efecto de las crisis o el envejecimiento poblacional. Asimismo, se subrayan los efectos perniciosos que pueden tener las desigualdades sobre el crecimiento económico. Por un lado, la reducción en la propensión marginal a consumir global, que, entre otros efectos, puede intensificar el estancamiento secular. Por otro lado, una trampa perpetua de pobreza que reduzca los niveles de educación, la productividad y el crecimiento futuro.

La globalización se trata en el capítulo 4. Aquí se apunta que algunos aspectos de la globalización presentan ventajas, al fomentar una relación más estrecha entre las economías e incentivar el comercio internacional. Sin embargo, estos no están carentes de inconvenientes, como el aumento del grado de monopolización debido a la formación de oligopolios o monopolios internacionales, resultado de ciertos movimientos de capital. Por otro lado, los desplazamientos internacionales de personas ofrecen potenciales beneficios por diversas razones, como lo demuestra la experiencia histórica. No obstante, su concentración en el espacio y el tiempo puede generar problemas económicos, sociales y políticos significativos. Por último, el incremento en el intercambio global de bienes ha provocado en algunos casos la obsolescencia de antiguos oficios y profesiones, teniendo un impacto negativo en la distribución del ingreso. Estos efectos se atribuyen en gran medida a la falta de instituciones capaces de regular la globalización, ya que en el mundo real esta función recae casi exclusivamente en la libre operación de los mercados

En el capítulo 5 se exploran las interrelaciones entre los cuatro fenómenos económicos previamente analizados. El libro intenta abordar y debatir los nuevos instrumentos de política económica surgidos en respuesta a los desafíos actuales. Sin embargo, una de las principales limitaciones del libro es su rápida obsolescencia, a pesar de estar recientemente publicado. No aborda, por ejemplo, los riesgos geopolíticos ni el aumento de la inflación experimentado en los últimos años. También carece de suficientes referencias al cambio climático, sorprendiendo la ausencia de un capítulo dedicado íntegramente a este tema.

En resumen, se trata de una obra divulgativa que aborda algunos desafíos contemporáneos y puede servir como una introducción inicial a los temas tratados para estudiantes o el lector menos familiarizado con estas temáticas. Sin embargo, para los más versados, las discusiones muchas veces carecen de profundidad. Para aquellos familiarizados con la obra del autor, gran parte del libro reproduce y actualiza contribuciones previas realizadas por Acocella.

• Economistas frente a la crisis (2023): Economía, política y ciudadanía. Reformas estructurales para una década de progreso. Libro de la catarata, Madrid (ISBN: 978-8413528878) pp. 256

(por Carlos Ochando Claramun, Departamento de Economía aplicada, Universidad de Valencia)

Economistas frente a la crisis nació en septiembre de 2011 como una plataforma informal de economistas críticos preocupados, en ese momento, con el diagnóstico y principios con los que se estaba gestionando la crisis del 2008. Declaraban su clara oposición a las respuestas y soluciones que implicaban ajustes fiscales y sociales recetadas para combatir la crisis financiera. En septiembre del 2013 se constituyeron como asociación sin ánimo de lucro y han seguido defendiendo los mismos principios políticos y académicos originales. A día de hoy el presidente es Jorge Fabra Utray (economista y doctor en Derecho) y sus vicepresidentes Cecilia Castaño Collado (catedrática de Economía Apllicada de UCM) y Antonio González González (consejero del CES). En la página web https://economistasfrentealacrisis.com. se pueden consultar multitud de artículos de opinión y trabajos sobre los temas económicos de máxima actualidad. Pues bien, ese trabajo de divulgación y pensamiento crítico de la asociación ha adquirido la forma de un  libro de reciente publicación. Economía, política y ciudadanía: reformas estructurales para una década de progreso es una recopilación de trabajos y estudios de los principales miembros de la asociación y pretende recoger un amplio abanico de temas (y de políticas) económicos que articulen una cierta arquitectura de programa económico progresista para la situación actual de la economía española. Esta ambición es su mayor virtud, pero también su principal debilidad. Como todo libro compuesto por la recopilación de trabajos heterogéneos y de diversos autores, el libro en cuestión se muestra un poco irregular en la profundidad con que los autores tratan los temas. La ventaja: que el lector encontrará en un mismo libro el tratamiento de las principales políticas económicas y sociales que articulan el debate actual sobre las reformas necesarias para nuestro país. Sería extenso repasar uno por uno los 14 capítulos en los que consta el libro. Enumeraré los 14 temas tratados en el libro, para, posteriormente, centrarme en algunos particularmente interesantes para los lectores interesados en el análisis de la política económica.

Los temas tratados en el libro, por orden, son los siguientes: el cambio de paradigma de la política económica (José Moisés Martín), la transformación del modelo productivo (Ignacio Muro), economía y ecología (Cristina Narbona), la economía de los cuidados (Cecilia Castaño, María Ángeles Sallé, Lina Gálvez y Ruth Rubio), la transición digital y la desigualdad territorial (Ignacio Muro), la demografía (Juan Antonio Fernández), la coordinación entre la política monetaria y la fiscal (Carles Manera), la fiscalidad (Juan Gimeno Ullastres), la regulación de la electricidad (Jorge Fabra), las relaciones laborales colectivas (Antonio González), la reforma empresarial para democratizar la economía (Mónica Melle), la vivienda (Julio Rodríguez), los presupuestos desde una perspectiva de género (Gloria Alarcón) y la sanidad pública tras la pandemia (Emili Ferrer). Como se puede observar, la amplitud de los temas es enorme. Como he apuntado con anterioridad ese rasgo concede al libro una gran virtud (se tratan casi todos los temas para un programa de política económica y social progresista), pero también una gran debilidad (la superficialidad y escasa profundización con que se tratan algunos de ellos. Voy a detenerme en los capítulos que me han parecido más interesantes, también desde la perspectiva de un lector interesado en el análisis de la política económica.

Sin duda uno de los capítulos más interesantes es el primero (“¿Un cambio de paradigma? La política económica en los últimos años”) realizado por José Moisés Martín Carretero. El autor resume en cuatro bloques los principales cambios que ha sufrido la política económica en los últimos años: 1) la limitación de la globalización (auge del concepto de “autonomía estratégica”); 2) el retorno de la política industrial; 3) la búsqueda de un nuevo pacto social y 4) la reformulación de la política de estabilización macroeconómica. Son significativas las preguntas con que el autor acaba su capítulo: “¿fin del neoliberalismo?” y “¿y ahora, qué?”, con lo cual parece dejar caer que no tiene claro que los pasos que se han dado en la academia para reformular una política económica diferente a las recetas tradicionales del “mainstream” se vayan a consolidar en el futuro.

En el capítulo 2, Ignacio Muro Benayas (“Una oportunidad única para transformar el modelo productivo”) plantea que “los países desarrollados, pugnan para conseguir ventajas comparativas en un nuevo escenario de reubicación de las cadenas de valor y de especialización productiva vinculadas a las transiciones ecológicas, digitales y demográficas” (p. 40). También España, que según el autor tiene una oportunidad única con la llegada de los fondos Next Generation europeos. Lo interesante del capítulo es que el autor muestra (y cuantifica) en qué cinco sectores nuestro país está concentrando los fondos: 1) sectores punteros como los chips de nueva generación en el campo de la microelectrónica e hidrógeno verde; 2) energías renovables, digitalización del ciclo del agua, economía circular y descarbonización; 3) sector industrial (vehículo eléctrico, naval, aeronaútico, agroalimentario); 4) nueva economía de la lengua, sistemas de salud de vanguardia, economía social y de cuidados e 5) infraestructuras asociadas al sector de la construcción.

Otro capítulo interesante, por la tesis que defiende, es el de Juan Antonio Fernández Cordón (“Algunos problemas sociales relacionados con la demografía”). El autor da la vuelta al argumento del declive demográfico, afirmando que no existe tal, sino un nuevo modelo demográfico que no tiene por qué suponer un gran problema social, económico y político. Especialmente, para las pensiones públicas, rebatiendo, de esta manera, la manida crisis financiera de las pensiones por la “bomba demográfica”. Para Fernández Cordón una de las soluciones es un flujo de llegadas de inmigrantes, eso sí, ordenado. Podríamos resumir su tesis en la siguiente cita: “puede afirmarse que España no tiene un problema demográfico siempre que puedan llegar inmigrantes. Lo cual no va a impedir un cierto envejecimiento de la población, esencialmente debido a la mayor longevidad, pero los vaticinios catastróficos de los recortadores del gasto público dejan de ser creíbles” (p. 92).

Sin duda, otro de los capítulos interesantes para los estudiosos de la política económica es el séptimo, realizado por Carles Manera y que lleva por título “Crecimiento, inflación, inversión. Por una necesaria coordinación entre política monetaria y política fiscal”. Podríamos resumir en los siguientes enunciados la propuesta de política económica del autor: 1) la importancia de la inversión pública; 2) la imprescindible coordinación entre la política fiscal y la monetaria (“porque política monetaria y política fiscal son dos caras de una misma moneda. Ambas se retroalimentan, se influyen, se comunican” (p.121); 3) una política fiscal más expansiva (“los proyectos económicos conocidos de Joe Biden marcan el camino: más gasto público en infraestructuras, en investigación, en políticas sociales y sanitarias, con elevación de la deuda y del déficit” (p.125) y 4) perder el “miedo a los mercados” en el sentido de abandonar la rigidez monetarista o la ortodoxia presupuestaria.

El trabajo de Juan Gimeno Ullastres (“Financiación pública. Fiscalidad suficiente”) también es interesante para los estudiosos de la política económica, especialmente, para los dedicados a la política fiscal y tributaria. En mi opinión, es excesivamente esquemático y adolece de una cierta profundidad en sus propuestas. Resumamos (todavía más) lo que plantea el autor: 1) mejorar la eficiencia del gasto y la lucha contra la evasión y el fraude;2) no subir o bajar impuestos, sino eliminar privilegios (de las rentas de capital financiero frente a las del trabajo; de las grandes empresas respecto a las PYMES; de las transacciones financieras frente al resto ;3) simplificar los tributos; 4) nuevos tributos y tareas (tasa sobre transacciones financieras, impuesto especial sobre beneficios de empresas con un control excesivo del mercado, mínimo de la tributación empresarial por encima del 15%, eliminación gradual del régimen de estimación objetiva de rendimientos empresariales e imposición verde).

Para finalizar, reseñaremos un último capítulo que nos ha parecido interesante. Se trata del capítulo 10 (“Reequilibrar el papel del trabajo en las relaciones laborales colectivas”), realizado por Antonio González. Es interesante tanto por la información empírica y estadística, como por sus propuestas. El autor comienza con un diagnóstico de la debilidad de las relaciones laborales en España, elemento estructural de los desequilibrios sociales y económicos. Este diagnóstico lo descompone en las siguientes evidencias: 1) la escasa participación de las rentas salariales en la distribución de la renta; 2) salarios reales estancados durante 25 años; 3) las rentas salariales han sido las más perjudicadas por la inflación; 4) persistente exceso de oferta de trabajo, causa de la máxima “holgura laboral”; 5) la polarización del empleo retroalimenta la debilidad del trabajo. Tras esas “evidencias”, el autor enumera algunos de los espacios de intervención para las reformas pendientes. Concretamente, 1) el bajo nivel de protección del empleo frente a los despidos; 2) la desproporcionada y unilateral capacidad del empresario en la determinación y rebaja de las condiciones de trabajo en la empresa; 3) la dificultad de los empresarios para asumir la defensa de los asalariados; 4) las limitaciones de contenidos en los convenios; 5) la representación sindical en las categorías cualificadas; 6) la carencia de un sistema general de participación colectiva real de los trabajadores en las decisiones que les afectan y 7) la ausencia de instituciones que apoyen a los negociadores de los convenios colectivos.

Hemos dejado de comentar algunos capítulos que, sin duda, pueden ser de gran interés para el estudioso de las políticas económicas y sociales. Razones de espacio nos obligan a ello. En resumen, pensamos que el libro puede resultar interesante en un doble sentido: a) armar la arquitectura de un nuevo programa de política económica más justo, equitativo y progresista y 2) desde el punto de vista didáctico, algunos capítulos pueden servir de bibliografía para los estudiantes de economía y sociología interesados en  estos temas, ya que compila lecturas comprensibles y fáciles de leer, pero muy interesantes para estimular el debate en las aulas.

Una última reflexión: sería muy interesante contrastar las propuestas del libro con las realizadas por otros cuatro libros de reciente publicación y de muy similares características: a) Roldán, T., Galindo, J., Cortázar, L. y Raigada, T (Coords.) (2023): Un país posible. Manual de reformas políticamente viables. (Ed. Deusto); 2) Beneyto, J. M. y Pampillón, R. (Coord.) (2023): La alternativa. Desafíos políticos y económicos en el nuevo ciclo (Ed. Deusto); Buendía, L. (Ed.) (2023): El papel del Estado en la economía. Análisis y perespectivas para el siglo XXI (Ed. Fuhem-La Catarata) y Garrido-Yserte, R y Mancha, T. (Coords.)(2022): Repensar el futuro. Tendencias y desafíos de una economía pos-COVID. (Ed. Catarata). Queda pendiente la tarea para el futuro.

Necrológica: Pilar Tamborero Sanjuan

El pasado 28 de diciembre falleció Pilar Tamborero Sanjuan a los 57 años de edad. Fue miembro de la Unidad Docente de Política Económica del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales (1984-89) en la Universidad de Valencia y se doctoró en 1999 con una tesis que analizaba aspectos de la política económica en Gran Bretaña durante el periodo Thatcher. Posteriormente fue realizando sus tareas investigadoras sobre políticas antiinflacionistas, equilibrio externo, política laboral y de rentas, política medioambiental y la respuesta de la UE ante la COVID-19. Dichos estudios fueron publicados en diversos artículos y capítulos de libros que contribuyeron significativamente al ámbito académico. Cabe destacar uno de sus últimas contribuciones publicada en la Revista Internacional de Política Económica – International Review of Economic Policy.

Posteriormente siguió su labor investigadora, pero progresivamente se interesó más por el ámbito de la docencia. Como docente impartió numerosas asignaturas de Política Económica, como Política de la Unión Europea en el grado de Economía y Economía de la Unión Europea e Instituciones Internacionales en los grados de ADE y doble grado de Turismo y ADE, donde fue pionera al impulsar la enseñanza en inglés. Asimismo, participó en diversos proyectos de innovación docente.

Como gestora, desempeñó un papel clave en la mejora continua de la calidad académica. Cabe destacar su implicación en la Oficina de Relaciones Internacionales en las Dobles Titulaciones Internacionales de la Facultad de Economía en el marco de los programas de Graduado en Economía Europea. Recientemente también desempeñó un papel fundamental en la elaboración del doble grado en Derecho y Economía, asumiendo la coordinación desde el momento de su implantación. También asumió, entre otras muchas responsabilidades, la de Coordinadora de la Unidad Docente de Política Económica desde septiembre de 2021 a febrero de 2022.

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I Ciclo de Seminarios de Política Económica

Virtual, 25 de octubre de 2023. (resultados)

Organiza: Salvador Pérez Moreno, Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, Universidad de Málaga, (sperezmoreno@uma.es)

El pasado miércoles 25 de octubre de 2023 tuvo lugar el primer seminario del I Ciclo de Seminarios sobre Política Económica que organiza REDIPE, la Red de Docentes e Investigadores en Política Económica, bajo el título «La Política Económica: desentrañando su significado y relevancia». Dicho seminario, impartido por los profesores Juan R. Cuadrado Roura (UCJC y UAH) y Pilar Grau Carles (UCM) y moderado por el profesor Salvador Pérez Moreno (UMA), se retransmitió de forma sincrónica gracias a la colaboración del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá, que se encargó de los aspectos técnicos.

En la primera parte del seminario el profesor Cuadrado abordó la evolución y situación actual de la disciplina académica de Política Económica en España, y realizó algunas propuestas para recuperar el peso perdido en el contexto universitario español durante las últimas décadas. En su intervención, planteó diversas cuestiones, tanto en el ámbito docente como investigador, como la necesidad de recuperar y actualizar algunos temas centrales de nuestra disciplina –de las instituciones al análisis de políticas comparadas– y de tomar siempre la ‘realidad’ como referencia frente a supuestos y modelos que se alejan de la misma, o la importancia de desarrollar y potenciar posgrados sobre Política Económica y de publicar investigaciones de calidad sobre la materia en revistas internacionales especializadas.

Posteriormente, tomó la palabra la profesora Grau, quien profundizó en algunos aspectos anteriormente apuntados y planteó diversas contribuciones. Así, tras una serie de reflexiones sobre el cambiante pasaje de la Política Económica a lo largo del tiempo, valoró la situación actual y tendencias de la Política Económica en lo relativo a diferentes temáticas de estudio –desde la desigualdad hasta la sostenibilidad o la economía digital e innovación–, la conveniencia de potenciar los enfoques micro de políticas frente a los análisis exclusivamente macro, la necesidad de contar con una amplia variedad de instrumentos para abordar los múltiples objetivos presentes, o la importancia de la evaluación de políticas y las numerosas herramientas cuantitativas y cualitativas disponibles para ello.

El seminario terminó con un espacio final para el diálogo y el debate, en el que algunos de los numerosos participantes plantearon sus cuestiones a los ponentes y compartieron sus opiniones. El siguiente seminario tendrá lugar el próximo miércoles 24 de enero de 2024, bajo el título «Doctrinas económicas y Política Económica», y será impartido por el profesor José J. Benítez Rochel (UMA), y moderado por el profesor Miguel Cuerdo Mir (URJC.)

Encuentro de Política Económica

La misión de la Política Económica”. Valencia, 22 de Noviembre de 2023 (resultados)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia)

Este Encuentro se celebró por el motivo del cumplimiento del 10º aniversario de la creación de la revista Noticias de Política Económica. De esta manera se dejaba constancia, de una manera especial, de la constitución de este medio académico que ya tiene una visible tradición en la Universidad española.

Así como hace cinco años se optó por conmemorar el 5º aniversario de la creación de Noticias de Política Económica a través de la edición de un número especial, en esta ocasión se ha optado por organizar una mesa redonda. El motivo de la discusión que se planteó fue “La misión de la Política Económica”.

Este Encuentro tuvo la importancia de que fue abierto oficialmente por un alto responsable del actual gobierno valenciano: el Honorable Sr. D. José Antonio Rovira Jover, Conseller de Educación, Universidades y Empleo. Asimismo, también participó en la apertura oficial el Decano de la Facultad de Economía, D. Francisco Muñoz Murgui.

Respecto a los contenidos académicos, se optó por reunir tres intervenciones. En primer lugar, tuvo lugar una en la que predominaba el componente teórico de la Política Económica, que fue realizada por Antonio Sánchez Andrés, profesor del Departamento de Economía Aplicada -Política Económica- de la Universidad de Valencia, con una ponencia titulada “Hacia una teoría de la Política Económica”. Otra intervención tuvo como pretensión ofrecer una visión más aplicada (académico) de la Política Económica, mediante el trabajo presentado por Rubén Garrido, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá, que llevó por título “Reforma en la política económica: instituciones y desigualdad”. Finalmente, la otra intervención pretendía mostrar las relaciones entre la teoría (Academia) y la práctica en el ámbito de la Política Económica, aspecto sobre el que inicio el debate José Antonio Martínez, profesor del Departamento de Economía Aplicada y Política Económica de la Universidad de Alicante, con una ponencia que versó sobre “Política económica y asesoramiento”

En acto tuvo una nutrida asistencia, pero contó, adicionalmente, con la posibilidad de realizar seguimiento a través de internet.

VIII Encuentro de Política Económica

«Política Económica Internacional comparada», Valencia 30 de noviembre de 2023 (resultados)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia Coordina: Luz Dary Ramírez (luz.ramirez@uv.es).

El 30 de noviembre se celebró en la Facultad de Economía, concretamente en el Departamento de Economía Aplicada, a través de la Unidad Docente de Política Económica, el VIII Encuentro de Política Económica (2023) bajo el título “Política Económica Internacional comparada”. En esta edición, las jornadas se dividieron en dos grandes apartados, el primero, como cada año y siguiendo los objetivos del encuentro, presentó el análisis de la política económica de un conjunto de países, Argentina, Sudáfrica, China, Costa Rica y Japón.

El análisis de cada país contextualizó a los participantes en el conjunto de problemas actuales, el diseño de la política económica y los resultados obtenidos a partir de la aplicación de dicha política económica. Del mismo modo, cada conferenciante planteó los retos a los que se enfrenta cada uno de estos cinco países. Con ello, se deja un material docente que ofrece a los profesores la oportunidad de analizar situaciones reales de política económica y que, por tanto, sirven de base a los y las estudiantes para que aprendan a relacionar la teórica económica con la evidencia empírica. Los análisis o comunicaciones presentadas en el encuentro se compilarán en el anuario de Política Económica, edición 2023, por lo que tanto docentes como demás personas interesadas en el material contarán con el anuario impreso por una editorial prestigiosa.

La segunda parte del programa del VIII Encuentro se concentró en el análisis de la política económica del nuevo modelo económico, la economía circular. Un tema vigente por el gran interés que suscita el cambio de modelo económico. La sociedad actual exige un cambio de modelo económico que permita hacer frente a la contaminación ambiental y el recalentamiento global. Por tanto, es responsabilidad de todos los analistas y las instituciones educativas incursionar en el tema. En este sentido, el anuario de Política Económica incluirá este año un análisis tanto local, Economía Circular de la Comarca del Berguedà, como internacional, México: Pasos hacia la Economía Circular, además, del trabajo Políticas para la Economía Circular en la Unión Europea. Este conjunto de trabajos da cuenta de la inserción de la economía mundial en ese nuevo modelo. Para dar mayor validez al análisis de política económica que abarca el encuentro, se presentó también un análisis crítico del modelo de economía circular, el cual pretende alertar sobre la necesidad de considerar no solo las ventajas del modelo, sino también los limitantes de este.

En resumen, puede decirse que el VIII Encuentro de Política Económica, condensado en la publicación del anuario de Política económica, con el pasar de los años, ha tomado relevancia dentro de la enseñanza de la política económica, pues, a través de este libro, se ha ido construyendo un historial de la política económica que aplican los países para hacer frente no solo a sus problemáticas coyunturales, sino también para relacionar los cambios sociales que van marcando las nuevas generaciones.

Se puede decir que este encuentro marca una pauta, a saber, continuar con el análisis país, pero dar continuidad y, también ofrecer un seguimiento a la política económica del nuevo modelo económico, la economía circular.

El próximo encuentro tiene el reto de ser no solo más interesante, sino más… Descúbrelo con tu participación.  Te invitamos. Contacta con tono.sanchez@uv.es

Seminarios de Política Económica (resultados)

(Organizados en de la Universidad de Valencia durante el curso académico 2022-23 y hasta diciembre de 2023)

• «Política económica turística: creatividad, diversificación sectorial y gestión pública», impartido por la profesora Paula Simó (20 de diciembre de 2023)
• «Políticas de Innovación en los sectores culturales y creativos» impartido por el profesor Chuan Li (14 de diciembre de 2023)
• VIII Encuentro de Política Económica «Política Económica Internacional comparada» coordinada por Luz Dary Ramírez. Organizada por la Unidad Docente de Política Económica (30 de noviembre de 2023)
• «Mesa redonda: La Misión de la Política Económica» con la intervención de Rubén Garrido (Universidad de Alcalá), José Antonio Martínez (Universidad de Alicante) y Antonio Sánchez. Organizada por la Unidad Docente de Política Económica (22 de noviembre de 2023)
• «Razones para la fragilidad de la política económica en el siglo XXI” impartido por Aurelia Mañé Estrada, profesora del Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y Economía Mundial de la Universitat de Barcelona (20 de noviembre de 2023).
• «Política de desarrollo local en áreas rurales» impartido por Néstor Verger. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (16 de noviembre de 2023)
• «Las políticas de desarrollo en África: el papel del FMI y del endeudamiento externo” impartido por Artur Colom Jaén de la Universitat de Barcelona (14 de noviembre de 2023).
• «Taller teórico y práctico de ordenanzas fiscales municipales” impartido por Jordi Vila, Jefe del Servicio de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Alzira (8 de noviembre de 2023).
• «¿Es la última reforma del sistema de pensiones una buena reforma?» por Carlos Ochando. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (18 de julio de 2023).
• «La situación del mercado de trabajo en España: los efectos de la última reforma laboral» por Joaquín Pérez. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (9 de junio de 2023).
• «Cambio social: ¿a dónde vamos?» por Peadar Kirby. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (4 de mayo de 2023).
• «Estructuras y políticas para la transformación socioeconómica a escala territorial: la Ribera de Xúquer» por Gema March. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (23 de marzo de 2023).
• «Mercado de trabajo y su regulación en el capitalismo mediterráneo» por Oscar Molina. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (23 de marzo de 2023).
• «Investigación cualitativa: definición y diseño» por Azahara Cañedo. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (21 de febrero de 2023).

• «Nuevas propuestas de política económica en el siglo XXI» por Antonio Sánchez. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (21 de diciembre de 2022).
• «Una propuesta para medir el principio de ‘no dejar a nadie atrás’: una aplicación en los países europeos» por Elena Bárcena. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (19 de diciembre de 2022).
• VII Encuentro de Política Económica «Política Económica Internacional en condiciones de incertidumbre». Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (2 de diciembre de 2022).
• «Incertidumbre en la política económica y riesgo sistémico» por Pilar Grau. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (25 de noviembre de 2022).
• «Inflación y teoría monetaria en tiempos de incertidumbre» por Aurelia Mañé. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (14 de noviembre de 2022).
• «Los grupos políticos municipales: régimen jurídico y financiación» por Jordi Vila. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (7 de noviembre de 2022).
• «Y ahora, ¿qué hacemos con la política fiscal?» por Jorge Uxó. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (18 de octubre de 2022).
• «Normalización de la política monetaria en un contexto de anormalidad» por Salvador Pérez. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (11 de octubre de 2022).
• «Investigación en Economía de la salud: preguntas y respuestas basadas en investigaciones recientes» por Beatriz González. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (7 de octubre de 2022).
• «Jornadas sobre política climática europea, descarbonización y economía circular». Organizado por la Cátedra Interuniversitaria de Nueva Transición Verde. (6 de octubre de 2022).
• «Presentación de manuales de la troncalidad de Política Económica en Universitat de València» por Carlos Ochando y Antonio Sánchez. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (21 de julio de 2022)

Nueva legislación académica en España y la disciplina de la Política Económica

Sobre las comisiones de acreditación de profesorado, según el RD 678/2023 de 18 de julio

(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada –Política Económica-, Universitat de València)

Antes del verano, el Ministerio de Universidades dio difusión a un proyecto de Real Decreto Ley, que, finalmente, vio la luz el 18 de julio en forma del RD 678/2023, publicado en el BOE del 6 de septiembre de este año. A pesar de las críticas que se suscitaron y se transmitieron al Ministerio, la parte esencial del proyecto no ha sido cambiada en la versión final de esta legislación. Aunque existen varios puntos muy discutibles como, por ejemplo, las incompatibilidades de ciertos profesores para participar en las comisiones de acreditación o varias de indefiniciones sobre la documentación a presentar, en este caso concentraremos la atención en dos puntos esenciales. Las características de los profesores que pueden participar y el método de selección de los miembros, ambos relacionados de las comisiones de acreditación.

1.- Características de los profesores

En el artículo 7 (composición de las comisiones), se exige para poder ser miembro de las comisiones de acreditación 3 sexenios de investigación para Catedráticos y 2 para Titulares, debiendo haber sido reconocido el último de esos tramos en los últimos seis años. Este criterio subraya de manera unilateral e injustificable que se destaquen como únicamente válidas para poder pertenecer a estas comisiones unas de las facetas del profesorado, a saber, la investigadora, más aún, la de producción de investigación, puesto que se convocó de manera generalizada una única vez la dimensión de transferencia, obligando a disponer de los mencionados sexenios (de generación) de investigación. Debe señalarse a este respecto que tanto los Catedráticos como los Titulares son “personal docente e investigador” (además de administración) y, por tanto, el RD degrada las funciones no investigadoras de las mencionadas figuras administrativas, que son de obligatorio cumplimiento para quien las ocupa.

Por su parte, no hay ningún motivo académico que justifique la discriminación de que el último sexenio deba haberse obtenido en los últimos seis años, puesto que es insostenible que la capacidad de los catedráticos o titulares se haya degradado por no disponer de un tramo reconocido recientemente. Además, tal exigencia del RD introduce un criterio de discriminación en funciones que puede atentar contra la Ley de la Función Pública., entre otros motivos, porque hace prevalecer sobre los criterios de jerarquía y antigüedad, otros espurios (sexenios de investigación y su concesión reciente).

¿Existen alternativas a esta redacción de RD?. Sí. No exigir ningún requisito relacionados con sexenios, sino la simple condición de pertenecer al correspondiente nivel de funcionario

2.- El método de selección de los miembros de la comisión

Las comisiones de acreditación se nutrirán en su 50% de miembros propuestos por el Consejo de Universidades a partir de un sorteo público (entre el profesorado que reúna las características discutidas en el anterior apartado) y el 50% será seleccionado por la ANECA de manera unilateral. En el caso de que los miembros de las comisiones sean impares, entonces se reserva a la ANECA el privilegio de seleccionar al miembro del desempate, es decir, a la mayoría de los miembros (50%+1).

Así como el proceso de sorteo planteado resulta neutral y transparente, en contrapartida, la designación por parte de la ANECA de forma directa no solo del 50% de los miembros de las comisiones, sino incluso su potestad especial de designar la mayoría de los miembros cuando su número es impar es muy discutible. Más aún, esta última característica abre una dimensión de presión sobre las comisiones que genera unas posibilidades nada desdeñables de discrecionalidad y arbitrariedad, limitando la independencia de las comisiones y obscureciendo los criterios de selección.

¿Existen opciones a estas pretensiones?. Sí. El 100 por ciento de los miembros de las comisiones debería ser propuesto al Consejo de Universidades a partir de un sorteo público entre todo el personal en activo de los correspondientes cuerpos docentes, sin exigencia de un tramo de investigación reconocido en los últimos seis años. Es decir, simplemente, como se hacía ya hace años.

3.-Otras consideraciones

Derivado del mencionado RD, el 14 de noviembre de 2023 vio la luz una Resolución de la ANECA (BOE del 22 de noviembre de 2023), por la que se creaban las comisiones de acreditación. En particular, se establecía la constitución de 30 comisiones. Cabe señalar dos aspectos relevantes. En primer lugar, que la primera de ellas, la denominada como “Comisión 0”, tenía el título de “Interdisciplinar. Esto puede abrir cierto optimismo respecto a la resolución de ciertas irregularidades aparecidas en las acreditaciones de profesorados. En segundo lugar, la composición de áreas resulta muy asimétrica, en el sentido de que en ciertos campos aparece una descomposición muy prolija, siendo afectados un número de profesores muy pequeños, como, por ejemplo, en las filologías o en los derechos, que contrasta con, por ejemplo, “Ciencias Económicas” (Comisión 19). Ahí se contempla una descomposición de 5 áreas, siendo una de ellas “Economía Aplicada” (225). Este detalle atisba un horizonte nada halagüeño. Esto resulta más grave en la medida en que se tiene presente que el área de Economía Aplicada es una de los dos más grandes por volumen de profesorado, con una heterogeneidad muy acentuada.

Un problema aparte que debe abordarse se refiere a las “especialidades de conocimiento”. A este respecto, como se señaló en el número anterior de Noticias de Política Económica, un grupo del profesorado de Política Económica presentó una enmienda al proyecto de RD elaborado por el Ministerio, por la que se solicitaba la inclusión de “Política Económica” como “especialidad de conocimiento”. Finalmente, esta pretensión fue aceptada. Sin embargo, este tipo de criterios no está claro que sea contemplado por las comisiones de acreditación de la ANECA, subrayando los problemas mencionados en el párrafo anterior.

En este sentido, teniendo en cuenta que, según el RD analizado, en su artículo 29.2, se limita seriamente la capacidad de perfilar las plazas y las formas de acreditar al profesorado (comentados en este artículo) entonces la adaptación de los profesores a las necesidades docentes dejará bastante que desear con el consiguiente deterioro de la enseñanza, ámbito por el que el RD no presenta ninguna preocupación. En este sentido, desconecta a la Universidad pública de una de sus funciones sociales más importantes, la docencia, contribuyendo esta reforma universitaria en apoyar la tendencia a aumentar la cuota de mercado en grado y posgrados de las universidades privadas, que no solo es muy importante, sino que, además, en algunas Comunidades Autónomas, en breve pasará a ser mayoritario.

No obstante, para saber el alcance de la aceptación de las enmiendas propuestas al proyecto del RD y del significado académico de las “especialidades de conocimiento”, se habrá de esperar alrededor de un año. Este es el plazo que establece el RD en su disposición final tercera para que el Ministerio de Universidades emita una orden ministerial al respecto.

4.- Conclusión

Los comentarios apuntados en este trabajo señalan las partes más estructurales en el sistema de acreditación y selección del profesorado funcionario universitario en España. La falta de justificación técnica de las exigencias establecidas es digna de destacar. Por una parte, se continúan exigiendo unas condiciones de investigación a los miembros de las comisiones, sobredimensionando una faceta del profesorado (la investigación), que menosprecia sus actividades docentes, de transferencia y administrativas.

Por otro lado, la reserva a la ANECA del privilegio de designar, al menos, la mitad de los miembros de la comisión, de forma genérica y sin ningún criterio claro, dota al sistema de una ausencia de transparencia, que en un régimen de corte democrático no debería existir. En este sentido, el texto del RD, probablemente con asesoramiento de la ANECA, puede estimular las designaciones de los miembros de las comisiones (la parte que corresponde a la ANECA) por sugerencia de los propios miembros existentes, estableciendo y consolidando un sistema “hereditario” en el nombramiento de la mayoría de los miembros de las mencionadas comisiones, en beneficio de lobbies académicos específicos y en perjuicio de la institución de la Universidad.

Nueva legislación académica en España y la disciplina de la Política Económica

Entre la economía y la política: en el campo 0 de la ANECA se respira mejor

Un soplo de aire fresco llega procedente del campo…, del campo 0. Después de muchos años de despropósitos y desagravios, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), al fin, ha abierto los ojos. La Agencia acaba de aprobar la creación de un nuevo campo de conocimiento, tanto para la evaluación de los sexenios de investigación como para la acreditación a cuerpos docentes universitarios: el Campo 0, destinado a reconocer la investigación interdisciplinar. Han tenido que pasar más de 20 años desde su creación…pero parece que la ANECA ya está dispuesta a saldar su deuda con la ciencia.

Hasta hoy, muchos investigadores e investigadoras han visto mutiladas sus carreras profesionales por recibir, de forma reiterada, valoraciones parciales y sesgadas de su trayectoria académica por parte de los comités de evaluación de la ANECA (y la CNEAI). En concreto, quienes han trabajado con una perspectiva interdisciplinar, insuficientemente reconocida por la Agencia, y/o se han dedicado más a la transferencia del conocimiento que a las publicaciones científicas. Y, entre ellos, muchos colegas de Política Económica, que fieles a su ámbito de especialización, se han movido entre la Economía y la Política… o más allá.

Es cierto, la Política Económica no ha encajado bien en la ANECA por diversas razones. En primer lugar, por su naturaleza interdisciplinar, a mitad de camino entre la economía, las instituciones y la política. Esto se explica por su carácter ambivalente: puede formar parte del conjunto de políticas públicas, pues la intervención del Estado (categoría política) constituye su punto de partida; y también de la economía, pues es este su espacio de intervención. Finalmente, la Política Económica tiene vocación de ciencia de acción, muchas veces ocupada con el diseño de políticas, la evaluación y el asesoramiento, es decir, con la difusión de la investigación en forma de transferencia del conocimiento hacia la sociedad y los poderes públicos.

La investigación en Política Económica no se ha ajustado del todo bien ni al campo de la Economía ni al de Ciencias Políticas, tal como estas han estado delimitados por la ANECA hasta la fecha. No solo es un problema de la Política Económica, también los economistas alejados de la ortodoxia positivista, conectados en mayor o menor medida con la perspectiva más amplia de la economía política, han sido infravalorados en los campos de Economía y de Ciencias Políticas.

El problema de esta falta de reconocimiento no es solo el menosprecio y la obstaculización de las carreras académicas individuales de muchos investigadores e investigadoras interdisciplinares; muy frustrante, cierto. Sino también los daños colaterales con efecto multiplicador en términos de: (1) desánimo, incluso descuelgue, de muchos profesores y profesoras que reducen su actividad investigadora; (2) deformación del proceso y sentido de la investigación, sesgada por incentivos que premian escoger un tipo de carrera académica y dificultan otra; y (3) efectos sobre la configuración de unas elites académicas con sobrerrepresentación de perfiles premiados en los procesos de acreditación y de reconocimiento de sexenios.

Hasta la fecha la ANECA no ha hecho bien su trabajo. De hecho, ha estado incumpliendo el artículo 39.2 de la anterior Ley de Universidades de 2001 (vigente hasta la aparición de la LOSU en 2023), que decía explícitamente que “se reconoce y garantiza la libertad de investigación en el ámbito universitario”, y el artículo 41.2, que establecía que el fomento de la investigación científica tiene “la finalidad, entre otros objetivos, de asegurar […] el desarrollo de la investigación inter y multidisciplinar.” Es decir, los investigadores e investigadoras debíamos poder elegir los temas y métodos de investigación con total libertad, sin temor a ser penalizados en nuestra carrera profesional por esa decisión, mucho menos si hacíamos investigación interdisciplinar.

También ha incumplido la anterior Ley 14/2011 de Ciencia, vigente hasta la aprobación de la nueva ley en 2022. Entre los derechos reconocidos al personal investigador, el artículo 14 mencionaba expresamente el derecho “a la movilidad geográfica, intersectorial e interdisciplinaria, para reforzar los conocimientos científicos y el desarrollo profesional del personal investigador,”. Es decir, la ANECA estaba obligada a reconocer el valor de la investigación interdisciplinar, sin penalizar a quien la desarrollase.

Finalmente, la ANECA ha ido en contra también de la política española de investigación científica de los últimos años. Como no puede ser de otra manera, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ciencia, la administración pública, en el desarrollo de la política de I+D, también reconoce y fomenta la investigación inter y multidisciplinar. La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 dice que se “debe garantizar el funcionamiento de un modelo de actuación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación…que combine ciencia excelente e innovación, basado en la inter y multidisciplinariedad” (p.14).

Este reconocimiento, interés y fomento de la investigación interdisciplinar no es nuevo. En el anterior Plan Estatal Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 también está recogido. Efectivamente, el Plan recuerda que “la generación de conocimientos científico-técnicos y la difusión de los resultados de la investigación se encuentran en proceso de transformación reflejado en la expansión de las fronteras del conocimiento, fuera de los silos disciplinares y tecnológicos tradicionales,” (p. 31). Respecto a su Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, y refiriéndose a las Ciencias Sociales y Humanas, el Plan reconocía que “Sociología, economía, psicología, pedagogía, ciencia política, arte, historia, arqueología, filología, ciencias audiovisuales y de la comunicación, derecho, ética, y filosofía son, entre otros, ámbitos esenciales en la generación de conocimientos, el desarrollo de capacidades y la búsqueda de soluciones interdisciplinares necesarias para abordar la búsqueda de soluciones a la complejidad de los retos sociales planteados” (p.71). Finalmente, el Plan sostiene que “esta interdisciplinariedad proporciona a las actividades de I+D+i una riqueza cuyo reconocimiento es incuestionable hoy en día” (p.71).

En consecuencia, realizar investigación interdisciplinar no es una anomalía, un defecto o una mala práctica del investigador y no puede derivar en una degradación del mérito investigador. De hecho, la legislación y las instituciones académicas y de investigación han subrayado la relevancia y el valor de la investigación interdisciplinar y respaldado y animado a los investigadores a trabajar en esa línea. Todas las instituciones menos la ANECA.

Pero parece que esto va a cambiar. Al menos se han dado ya los primeros pasos. La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (integrada en la ANECA) acaba de aprobar, en Resolución de 5 de diciembre, los nuevos criterios de evaluación de la actividad investigadora para la convocatoria de sexenios de investigación de 2023. Se trata de la primera convocatoria desde la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) este mismo año.

De los cambios que incorpora esta convocatoria quiero resaltar dos que pueden significar una oportunidad para el reconocimiento del trabajo investigador en Política Económica: (1) la ampliación del tipo de aportaciones que los solicitantes pueden someter a evaluación, de forma que se reconozca una mayor diversidad de perfiles investigadores, y (2) el reconocimiento de la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad.

Respecto a la ampliación del tipo de aportaciones, la Resolución adopta una consideración más amplia de las aportaciones extraordinarias, que incluirán “informes, trabajos técnicos o artísticos, exposiciones, excavaciones arqueológicas, o aportaciones a congresos, entre otros”. Más adelante, añade que “las aportaciones solo serán valorables si contribuyen al progreso del conocimiento y presentan impacto científico o social, entendido este último como los beneficios evidenciables que aporta el conocimiento más allá del ámbito académico.” Por tanto, “se defenderá el impacto científico de la aportación” y/o “la contribución de dicha aportación a la generación de impacto social evidenciado, por ejemplo, a través de aportaciones al diseño e implementación de políticas públicas, contribución al desarrollo de soluciones a problemas sociales, o cualquier otro aspecto que se considere relevante”. Esto es una novedad muy interesante: informes, trabajos técnicos, aportaciones al diseño e implementación de políticas públicas y a la solución a problemas sociales… Es precisamente un tipo de méritos que la CNEAI nunca tuvo en cuenta y que es muy propio de la investigación en Política Económica orientada a la transferencia.

Respecto al reconocimiento de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, se crea un nuevo campo: el “Campo 0. Interdisciplinar y multidisciplinar”, destinado aquellas personas con una trayectoria investigadora de carácter interdisciplinar y a quienes consideren que su trayectoria tiene difícil encaje en el resto de los Campos por incluir aportaciones a diversas disciplinas (trayectoria multidisciplinar). No solo eso, todos los Campos restantes deberán valorar positivamente los resultados de investigaciones multidisciplinares e interdisciplinares. La CNEAI termina la definición del Campo 0 afirmando que “en este Campo se apuesta decididamente por reconocer y promover la diversidad de procesos y resultados de la investigación.”

Con las acreditaciones está pasando algo parecido. La aprobación del Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos marca el principio del cambio. Sobre los méritos evaluables, el artículo 21.4 señala explícitamente que “los criterios de evaluación de la actividad docente e investigadora y de la transferencia e intercambio del conocimiento deberán incorporar la interdisciplinariedad o multidisciplinariedad”. Es más, respecto a las Comisiones de acreditación, el artículo 8.4 señala que “al menos uno de los miembros propuestos deberá contar con contribuciones científicas, docentes o de transferencia e intercambio del conocimiento de carácter marcadamente interdisciplinar o multidisciplinar”. Este es un detalle no menos importante, pues es esencial que haya investigadores en las comisiones que entiendan las peculiaridades de esa forma de trabajar. Aunque sería conveniente garantizar que la mayoría de los miembros de las comisiones tuviesen perfil interdisciplinar, dada la relevancia que la Ley de Universidades y la Ley de Ciencia reconocen a la investigación interdisciplinar.

Como parte del desarrollo del Real Decreto, la Resolución de 14 de noviembre de 2023 de la ANECA ha creado las nuevas comisiones de acreditación que valorarán los méritos en el procedimiento de acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Entre ellas se incluye “una comisión de naturaleza interdisciplinar para dar cumplimiento al principio legal que favorece la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad en los procesos de acreditación (artículo 11 de la LOSU)”: la Comisión 0. Interdisciplinar.

En resumen, buenas noticias para la Política Económica: reconocimiento del trabajo en transferencia del conocimiento y reconocimiento del trabajo interdisciplinar, tanto para la obtención de sexenios como para las acreditaciones. No obstante, todavía no está todo hecho, queda por conocer los criterios específicos que tienen que aplicar las comisiones de evaluación de los sexenios y de acreditación (cuya publicación es inminente), quienes van a formar parte de las comisiones y, por supuesto, comprobar como éstas desarrollan su trabajo. Si se hace bien, es un primer paso para avanzar hacia una mejor ciencia, más útil para la sociedad y más plural.

Tesis doctorales en Política Económica

Incertidumbre de política económica, geopolítica y volatilidad financiera: efectos sobre los mercados bursátiles

Autora: Mary Elena Sánchez Gabarre

Directores: Dr. Pablo Castellanos García y Dr. José Manuel Sánchez Santos

Departamento: Economía Aplicada

Programa de Doctorado: Análisis Económico y Estrategia Empresarial

Universidad: Universidade da Coruña

Resumen: El objetivo de la presente tesis doctoral es triple. En primer lugar, se pretende profundizar en la naturaleza y alcance de los efectos de la incertidumbre en los mercados bursátiles. En segundo lugar, se trata de determinar si existen diferencias en el impacto de tres tipos distintos de incertidumbre (política económica, geopolítica y volatilidad de los mercados). En tercer lugar, se verifica si la influencia de la incertidumbre varía dependiendo del contexto de los distintos mercados bursátiles nacionales. En particular, se estudia la influencia de la incertidumbre sobre los índices bursátiles de una muestra representativa de países a nivel mundial, haciendo especial hincapié en el caso del IBEX 35. Esta relación se aborda mediante tres enfoques econométricos: análisis de cointegración (modelo autorregresivo de retardos distribuidos, ARDL), de datos de panel (modelos de efectos fijos y aleatorios) y de volatilidad condicional variable (modelo GARCH). A partir de los resultados obtenidos, se concluye que la incertidumbre de política económica y la volatilidad de los mercados desempeñarían un papel destacado como determinantes de las cotizaciones bursátiles españolas, mientras que los riesgos geopolíticos resultan relevantes cuando se extiende el análisis a una muestra de economías con características diversas.

Otros congresos

12 th PhD-Student Workshop on Industrial and Public Economics (WIPE) Reus, February 8 th – 9 th 2024

Organized by ECO-SOS Research Center on Economics and Sustainability (Universitat Rovira i Virgili)

The Research Center on Economics and Sustainability (ECO-SOS) is a research center created in 2010 as CREIP (Research Center in Industrial and Public Economics), that recently moved to sustainability issues, in line with research interests of its members. Specifically, ECO-SOS studies the connection between sustainability and the following areas of interest: environmental and climate economics, health economics, regional and urban economics, education and labor market business and innovation, energy and natural resources, industrial organization, economic policy, game theory and environmental conflicts, and transport and tourism. Workshop objectives WIPE aims to be an academic meeting for PhD students to interact with other young scholars, postdoc, and senior researchers to exchange experiences, research ideas, ongoing projects, and future research activities in the fields of Industrial Organization and Public Economics. WIPE will include about 18-20 presentations, each of them being discussed by a participant at the workshop, will also host a keynote lecture by Andrés Carvajal (University of California). Former keynote speakers at WIPE have been: Inés Macho (UAB and BSE), Mar Reguant (Northwestern University), Natalia Fabra (UC3M), Kai Konrad (Max Planck Institute), Mark Armstrong (University of Oxford), Alessandro Gavazza (LSE), Luis Cabral (NYU), Jose Luis Moraga-Gonzalez (VU Amsterdam), Tommaso Valletti (Imperial College London), Xavier Vives (IESE), and Massimo Filippini (ETH Zürich).

More information: https://www.eco-sos.urv.cat/

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.

Durante el último trimestre se han difundido varios trabajos sobre política fiscal, en particular dentro de la UE y sobre sus relaciones con la desigualdad. También ha aparecido otro sobre algunas políticas de gasto en términos medioambientales. Destaca una reflexión sobre la discusión acerca de la independencia de los bancos centrales. Se han publicitado dos trabajos sobre la importancia de la inteligencia artificial, uno de ellos sobre sus relaciones con el empleo y, a su vez, relacionado con este último ámbito, vale la pena poner de manifiesto un escrito de Rodrik. Son relevantes los trabajos específicos sobre recursos hídricos en España, así como los de mayor reflexión general acerca de euroescepticismo, gobernanza, ciclo económico y papel del comercio internacional, así como uno sobre el neoliberalismo. Para terminar, se ha distribuido un artículo sobre evaluación de políticas económicas desde el punto de vista social, que tiene especial interés

Fundamentos de Política Económica

Regularidades en la teoría de la Política Económica y el método histórico-institucional

(Ferran Moncho, Departament d’Economia Aplicada, Universitat de València)

La política económica como disciplina consolidada data del siglo XIX y concretamente se caracterizó por poseer un acento centrado en el contexto histórico, político, sociológico e institucional. Se convirtió así en una alternativa al pretendido universalismo de la teoría económica clásica (Roscher, 1843; Spiethoff, 1952). Los pioneros en la conceptualización de la política económica escribieron desde el cameralismo hasta la gestación, desarrollo y declive de la Escuela Histórica Alemana.

Hoy nos centramos en esta línea histórico-teórica para recuperar el método analítico de los pioneros de la política económica. Erigiremos así una metodología que sirva como marco para la comprensión y desarrollo de una teoría sistemática de la intervención del estado en la economía, es decir, una teoría de la Política Económica. Esta teoría estaría basada en las fuentes históricas como productoras de contextos concretos de aplicación de la política económica. Los elementos a tener en cuenta serán políticos, sociales e institucionales permitiéndonos comparar experiencias sustancialmente distintas (Brugada, 1929; Sánchez, 2023; Tomás, 1982). Tales comparaciones podrían también orientar la acción en las políticas económicas actuales. En este sentido, para construir una teoría de la Política Económica es necesario rescatar de la Escuela Histórica Alemana unas bases teóricas y analíticas para realizar comparaciones entre experiencias de política económica. Entra en juego, por tanto, la necesidad de establecer regularidades entre distintos contextos históricos, sociales, políticos e institucionales (Sánchez; 2023). De acuerdo con Hall (1993:36), entendemos por regularidades pautas de organización económica determinadas históricamente, cosa que finalmente se traduce en un contexto político, social e institucional concreto. En este sentido, se fijarían las características de las principales políticas económicas aplicadas (fiscal, de gasto público, monetaria, industrial, laboral…). En cada país y periodo histórico (este definido por el cambio institucional y de correlación de fuerzas entre los principales agentes socioeconómicos), se podrían establecer unas relaciones entre patrón institucional y políticas aplicadas (Sánchez, 2023; Hall, 1993). Esta definición procede también de las palabras de Arthur Spiethoff (1952: 10) al señalar que: “La teoría histórica puede abordar no sólo patrones completos de vida económica, es decir, estructuras institucionales, sino también instituciones individuales. Estos últimos son accesibles a la teoría «histórica» porque son parte integrante de esa realidad institucional que se refleja en el modelo de estilo en cuestión y porque muestran uniformidades como exige la teoría económica”. Para captar estas uniformidades, como observamos, el concepto que usa Spiethoff es el llamado “estilo económico” o “estilos económicos”. Este concepto es equivalente al de regularidad de Hall (1993) y formulado claramente por Sánchez (2023). Por tanto, los estilos económicos captarán la esencia de las regularidades desde el propio método histórico, ya que Spiethoff se suele ubicar en la tercera generación de la Escuela Histórica Alemana. Esta relación entre regularidad como estilo económico que encontramos en Spiethoff, nos obliga a remontarnos necesariamente a los exponentes del historicismo alemán. De hecho, el concepto de estilo de Spiethoff fue una elaboración sintetizada ya en el siglo XX, para resumir el concepto de regularidad, muy posterior al período en el que el pensamiento historicista era dominante, es decir, durante el siglo XIX. La Escuela Histórica Alemana, sobre todo en sus dos primeras generaciones, realizó un gran esfuerzo en cuanto al estudio de estas regularidades desde el método histórico. Además, los historicistas no solo estudiaron las regularidades históricas del siglo XIX, que envolvían el mundo alemán en su condición occidental, sino que supieron captar su esencia en relación con agentes sociales, instituciones y políticas económicas concretas, a las que dedicaremos espacio más abajo.

Todo esto verifica la necesidad imperativa de un estudio de las condiciones económicas que rodean y contribuyen a la política económica actual en cada contexto. Con las regularidades se vislumbra un elemento analítico a recuperar para encadenar hoy en día de nuevo las regularidades con las políticas económicas. En las líneas que siguen analizamos las aportaciones de los principales autores de esta escuela germana, además de delinear muy brevemente sus antecedentes, para remarcar la importancia del concepto de regularidad. Con ello, nuestro fin último es contribuir a la construcción de la teoría de la política económica apuntada más arriba. Entre los autores historicistas destacamos: de la primera generación de la escuela a Friedrich List (1789-1846), Wilhelm Roscher (1817-1894) y Karl Knies (1821-1898). De la segunda generación nos detendremos sobre Gustav Schmöller (1838-1917).

1- Antecedentes de la Escuela Histórica Alemana: cameralismo y Karl H. Rau

Las primeras disciplinas que articulan de forma parcial los aspectos de política económica en torno a unas determinadas regularidades tuvieron lugar en el siglo XVIII y se prolongaron hasta el XIX. Así, las ciencias policiales (Polizeywissenschaft) hacen referencia al orden, seguridad y la regulación de la vida económica ciudadana a través de la acción directa de los gobiernos. Esta misma ciencia se encuentra dentro de las ciencias camerales (Kameralwissenschaften), junto a las finanzas públicas (Kamerlwissenschaft) y a los aspectos de política económica en clave institucional. Además, aparecen combinados con aspectos de las artes del gobierno o ciencias del estado (Staatwissenschaft), como acción del estado basada en el derecho (Wagner, 2011; Lindenfeld, 1997; Baumstark, 1835; Roscher, 1874). El alcance de las ciencias camerales se extendió, de hecho, a las regulaciones de precios, estructuración de la vida en las ciudades (política de infraestructuras), controles y servicios hacendísticos, además de políticas comerciales, institucionales y de producción, contemplando cuestiones de aritmética política o contabilidad nacional. Esta línea de pensamiento se consolidará como antecedente de la Escuela Histórica Alemana y se deriva básicamente de las obras de Jakob F. von Bielfeld, Joseph von Sonnenfels y Johan H. Gottlob von Justi. En concreto, ya se auguraba la referencia a las estructuras institucionales a tener en cuenta por las políticas de los estados-nación en la obra Instituciones Políticas (1767) de Bielfeld. En él podemos observar un hilo inicial para delinear lo que posteriormente se entendería como regularidades.

Más adelante, en el siglo XIX, el sistematizador del pensamiento cameralista Karl H.Rau sería la conexión entre política económica y cameralismo que llegaría en forma de referente a la Escuela Histórica Alemana, remarcando de nuevo el papel del contexto institucional-histórico en la política económica. Las regularidades se auguran en Rau en paralelo a la difusión de su obra Manual de Economía Política (Lehrbuch der Politischen Ökonomie, 1826-1832). Esta obra conectó la teoría expuesta en Visiones sobre la economía nacional con especial referencia a Alemania (Ansichten der Volkswirtschaft mit besonderer Beziehung auf Deutschland: Rau, 1821) con las políticas económicas en general. Su Manual, sin embargo, tendría una estructura tripartita de la que resaltaron su primer volumen sobre economía política teórica (1826), su segundo volumen sobre política económica (1828) y en menor medida el volumen de finanzas (1832). Los dos primeros, sobre todo, se erigieron como primera muestra clara de conexión entre regularidades históricas-institucionales y políticas económicas. Centrándonos en el segundo volumen (Rau, 1828), encontramos cómo las regularidades son la base que orienta directamente las políticas económicas. Así los cambios socioeconómicos en curso se reflejaban, por una parte, en las medidas de política económica expuestas y, por otra parte, en cómo estas medidas se contemplan dentro de un entramado institucional, y social fruto de la historia. A saber, primero se formularon muchas políticas dedicadas al sector agrario atravesadas por sucesos como la división del trabajo en el campo, la expansión del comercio y los procesos de organización tanto de la propiedad de las tierras como de su organización territorial y económica. Además, se atiende a los procesos de cambio en sectores como la ganadería, la minería y la distribución. Por tanto, se erigieron medidas generales como la educación pública agraria y de los funcionarios agrícolas, el apoyo estatal a la agricultura, el diseño de un sistema de seguros y la regulación del sistema de crédito, además de regulaciones de los precios de los bienes y de la propiedad de la tierra en su división y traspaso. Se proponía también un sistema de arrendamiento de tierras eficientemente regulado, a la vez que se establecen derechos de aduana protectores y se erigían medidas de fomento y mantenimiento de las infraestructuras de transporte. Acabando con el sector agrícola se desplegaban medidas sobre jardinería, silvicultura, ganadería y minería con un acento muy interventor. Respecto a la industria, una parte importante de las regularidades se explicaba por el cambio los oficios (entidad intermedia entre la pequeña industria y la gran industria mecanizada) en transición a la gran industria mediante un sistema de concesiones y uno de patentes. La expansión del comercio guiaría políticas de transporte y de conexión de comunicaciones con los servicios postales. En temas de circulación, dada la monetización y bancarización que se estaba dando en la economía, se requería de regulación y creación de instituciones comerciales de crédito. Además, se propusieron otras como las bancarias con la estatalización de la emisión y acuñación de moneda. Siguiendo con el ámbito comercial, encontramos políticas aduaneras y arancelarias con gran margen protector pero enfocadas a un posible libre comercio en el futuro. Además, se esgrimían también medidas de regulación de la competencia en agricultura e industria centrada en precios y monopolios. Finalmente, Rau se ocupó de problemas de pobreza y consumo desplegando políticas sociales y de pobreza como la educación pública, la regulación y estímulo de instituciones de apoyo privadas, ayudas directas como último recurso y medidas que promoverían el ahorro y combatirían la especulación; como por ejemplo a través de un impuesto al lujo además de regular consumos de bienes nocivos.

2- El historicismo alemán: primera generación

En la estela iniciada por Karl H. Rau, y en paralelo a cómo se intentó reproducir la estructura de política económica ofrecida en su obra, fueron fructíferas las aportaciones de la Escuela Histórica Alemana. El método histórico inductivo (Hegel, 2017; Von Ranke, 2012) marca la novedad en la identificación de regularidades en oposición a la economía política británica, que no se sirvió de uniformidades histórico-institucionales ni comparaciones, a diferencia de la economía política alemana o también llamada “economía nacional” (Nationalökonomie o Volkswirtschaft). Esta última estaba implicada desde sus inicios en el análisis socio-histórico, político e institucional, con un acento interventor. En este sentido, estas diferencias redundarían en que el enfoque de la economía política británica aportaría medidas parciales para endurecer el tratamiento sobre los pobres, liberalizar el comercio exterior y establecer el patrón-oro como mecanismo de regulación del comercio exterior (Roncaglia y Hormigo, 2011; Roncaglia, 2006). En cambio, el énfasis sistemático en los elementos contextuales, históricos y prácticos de los cameralistas y Rau se recuperó fervientemente con la Escuelas Histórica Alemana. Todo ello a pesar de que existió una recepción desigual de esta estructura de la obra y concepto de la política económica de Rau entre los autores historicistas. No obstante, no sucedió lo mismo con el acento analítico histórico-institucional y comparativo, esto es el estudio de regularidades, que se desprende de la obra de Rau, puesto que se difundiría entre los autores historicistas de una forma mucho más uniforme que la propia estructura de su obra. Este acento heredado lo encontraremos en su versión más amplia en Wilhelm Roscher, iniciador de la Escuela Histórica Alemana. Pero, antes que Roscher y de una forma menos clara y sistemática, Friedrich List (1841) abrió la brecha conceptual para analizar regularidades a través de la idea de nación vinculada a la productividad y las fuerzas productivas de cada país (Mañé et al., 2015; Tomás y Monzón, 1984). Según List, tales fuerzas eran la fuente del desarrollo económico y ejercían de justificación de la política económica. Ello le llevó a orientarse sobre las políticas comerciales proteccionistas como estímulo principal de las fuerzas productivas, pero sin una consideración sistemática e integral de las políticas económicas. Karl Knies, que publicó sus obras coetáneamente a las obras de Roscher, resultaría todavía más fragmentario en la presentación de medidas de política económica debido a la adopción de un enfoque mucho más cuantitativo. Aun así, mantendrá la orientación a la intervención estatal porque Rau influyó en él y sobre todo, aportará valor a través de la comparación de contextos mediante analogías entre naciones (Knies, 1853; Spiethoff, 1952).

Volviendo a Roscher, él sería el autor de Esquemas sobre economía del estado de acuerdo con el método histórico (Grundriss zu Vorlesungen über die Staatswirtschaft nach geschichtlichen Methode, 1843:III.4), que consistió en un encuadre de la política económica dentro de su especificidad contextual justificando el método histórico (Ahsley, 1894). Este Esquemas de Roscher sería la primera muestra de la aplicación del método histórico a la economía de forma directa y sistematizadora. Pero la culminación del proceso de maduración del método historicista en la obra Roscher, se encontraría en sus Visiones de la economía nacional desde el punto de vista histórico (Ansichten der Volkswirtschaft aus dem geschichtlichen Standpunkte, 1861), inspirada en la obra previa de análisis histórico de Rau Visiones sobre la economía nacional con especial referencia a Alemania (Ansichten der Volkswirtschaft mit besonderer Beziehung auf Deutschland, 1821). Además, Roscher se ocupó en distintas obras de la historia de Inglaterra y Alemania con aspectos económicos. Sin embargo, en este caso, la conexión de las regularidades con la política económica la encontramos en su obra Sistema de Economía Nacional: un manual de lectura para empresarios y estudiantes (System der Volkswirtschaft: Ein Hand-und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studirende, 1854-1894). Esta extensa obra cuenta con un primer volumen dedicado a la economía política, un segundo a las políticas agrarias y de producción de materias primas (1860), un tercer volumen para las políticas comerciales e industriales (1880), un cuarto volumen a las finanzas (1886) y un último a las políticas sociales y de pobreza (1894). En este sentido, la obra fue muy similar a la de Rau, pero mucho más extensa y repleta de ejemplos histórico-estadísticos. A pesar de ello, las diferencias entre ambos autores se basarán en una variación fundamental en la definición de las regularidades, es decir, el papel primordial que jugaba en Rau la división entre oficios e industria mecanizada resulta ser el papel que juega la división del trabajo y el desarrollo de las ciudades en Roscher. Además, otro aspecto diferenciador es la ampliación por parte de Roscher de los temas tratados por Rau sobre los oficios e industria, transporte, tráfico-circulación y comercio. Pero, sin duda, el aspecto en el que Roscher destaca sobre Rau sería el mayor protagonismo al equilibrio industria-agricultura en las políticas agrarias e industriales, debido a la existencia de una industria más madura respecto del momento en que Rau escribió (Roscher, 1880: 488-500). Como parte del valor añadido de esta obra, encontramos la revisión de las políticas comerciales desde la teoría de List. Finalmente, resalta el ejercicio de comparación de regularidades realizado por Roscher al profundizar en aspectos sociales y de pobreza ya expuestos por Rau. En concreto, se comparan las distintas reformas de los sistemas de ayuda a los pobres llevadas a cabo en este ámbito en Alemania, Inglaterra, Escocia, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda y Suiza.

Menos elaborada fue la conexión entre regularidades y política económica en Karl Knies. De hecho, aunque se alinea con el método histórico, sus propuestas de política económica fueron menos estructuradas y sistemáticas (Knies, 1853:157). Resultó fragmentario escribiendo diversas obras con un tratamiento parcial de las políticas migratorias, de distribución, monetarias, de transportes, fiscales y crediticias. Su labor se reconocería, no obstante, en la difusión del método histórico para la economía y en la identificación de regularidades, ya que formaría a los economistas extranjeros que estimularían lo que después sería el institucionalismo norteamericano. Sobre todo, gracias al papel activo de sus alumnos Richart T. Ely y Herber Baxter Adams. Además, entre esos alumnos y en la atmósfera de gestación del institucionalismo también encontraríamos a John Bates Clark y Edwin R.A. Seligman. Todos ellos consideraron a Knies su maestro.

3- El historicismo alemán: segunda generación

Pasando a la segunda generación de historicistas, se observa la influencia de Rau junto con Roscher, sobre todo en la conceptualización de política económica realizada por Gustav Schmöller en referencia al análisis de regularidades. En esta generación, las aportaciones de política económica se vieron atravesadas, y en parte eclipsadas, por el socialismo de cátedra (Kathedralsozialismus) en la gestación de la Asociación para la Política Social (Verein für Sozialpolitik). No obstante, se siguió reconociendo la necesidad de la intervención sistemática del estado, es decir, dando importancia a la política económica para el funcionamiento de la economía. De hecho, estas intervenciones se teñirían de un carácter social innegable. En la obra Esquemas sobre la Economía Nacional en General (Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, 1900-1904) Schmöller trataría tanto las bases psicológicas y sociológicas que motivan las acciones humanas como las políticas económicas en función de la capacidad de esas bases para desarrollar instituciones. Partiendo de esta base, Schmöller en sus obras más importantes estuvo remitiéndose al método histórico como orientación de la investigación y la política socioeconómica (Schmöller, 1900: 76-127; Shionoya, Y., 2005). Además, sus posturas sobre política económica estarían marcadas por la revisión del historicismo positivista de la primera generación, para una crítica aún más profunda de la teoría económica clásica y neoclásica. Su propósito, en cambio, sería ver la economía desde una lente normativa para encaminarla a las políticas sociales (Conrad et al, 1891-1894; Spiethoff, 1918). En este sentido, Schmöller (1900;1904) abarcó las regularidades con la identificación de elementos comunes de experiencias distintas a través de políticas de transportes, circulación, proteccionismo contextual y reguladoras corporativistas. Sin embargo, la innovación se encontraba en las regularidades que identificó en sus obras al existir un gran énfasis en las políticas sociolaborales y de pobres. Otorgó también un gran papel a los sindicatos y siempre considerando la interacción de los agentes económicos y sociales a través de las cooperativas y otras formas de organización colectiva.

4- Conclusión

La Escuela Histórica Alemana propuso una metodología basada en el estudio de las regularidades para el diseño de las políticas económicas. En este sentido, actualmente, esto valida el método histórico-institucional para construir una teoría de la política económica que guíe la acción estatal en base a las regularidades identificables en el presente, siempre en clave comparativa. En definitiva, recuperar el concepto de regularidad y el análisis histórico-institucional puede ser fructífero actualmente. 

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Fundamentos de Política Económica

La controversia en política económica: un arte según John Kenneth Galbraith, aplicado a los Estados Unidos de América (del Norte)

(por Dr. Fernando G. Jaén Coll. Profesor Titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña)

Una manera factible y útil de presentar la política económica es mostrarla a través de las controversias que suscita. John Kenneth Galbraith, adoptó un enfoque peculiar con un objetivo diferente: mostrarnos la dinámica propia de las controversias surgidas en la política económica, teniendo ésta el rol de ejemplo o caso de aquellas. El desarrollo de sus ideas fraguó en la primavera de 1954 para las conferencias que pronunció en el College of Puget Sound, en Tacoma, Washington, patrocinadas por la Brown & Haley Company en 1954, dando lugar posteriormente al libro Economics and the art of controversy (Trustees of Rutgers College. New Jersey, 1955), si bien la versión castellana de Ediciones Ariel, de 1960, se realizó “por expreso deseo del autor, sobre la edición publicada por Vintage Books Inc., New York, 1959, recogiendo las modificaciones introducidas” (Prefacio a la edición Vintage).

Por la fecha de las conferencias, es evidente que la política económica considerada corresponde a años anteriores a 1954, principalmente la practicada en las décadas de los 30 y 40 del siglo XX y centrada en los Estados Unidos de América, si bien el objeto de estudio es la controversia generada por el asunto más que el asunto mismo, destacando el comportamiento que se ha manifestado en la controversia, extrayendo de la observación algunas reglas generales, teniendo en cuenta que los acuerdos o desacuerdos en cada controversia se manifiestan en posturas políticas que adoptan y defienden dirigentes políticos y “son ellos quienes presentan un interés para estas páginas.” (p. 16) Estamos, pues, ante controversias suscitadas en el ámbito de la política económica y no de juicios sobre la marcha de la economía o de alguna de sus partes. Ni la teoría ni la estructura económica ni siquiera las doctrinas económicas son de interés aquí. Cuatro son los temas abordados en cinco capítulos, por orden: la cuestión laboral, la política agrícola, la responsabilidad del gobierno en el funcionamiento del sistema económico y la cuestión del Estado Providencia. Un capítulo final versa sobre la dicotomía entre acuerdo y discordia en las controversias.

En el primero de ellos, Galbraith se refiere a la negativa de los empresarios al derecho a existir de los sindicatos. Los ejemplos que expresan dicha negativa los manifestaba con gran claridad y crudeza en el año 1903 la Asociación Nacional de Manufactureros, también grandes empresarios, como George F. Bauer, en plena huelga de los mineros de carbón: “Los derechos e intereses del trabajador serán protegidos y amparados no por los agitadores sindicales sino por hombres cristianos a los cuales Dios, en su infinita sabiduría, ha encomendado el cuidado de los intereses de la propiedad en el país.” (citado en p. 20). En 1935, historiadores del sindicalismo americano señalaron que “Los empresarios ingleses, salvo pocas excepciones, habían aceptado el sindicalismo antes de que finalizara el siglo XIX. Pero el sindicalismo ha continuado siendo para el empresario americano el invasor y el usurpador que tiene que ser expulsado tan pronto como se presente la primera oportunidad.” (tomado de la cita en p.21, de Perlman y Taft). En las páginas siguientes del capítulo, Galbraith pone de relieve los cambios que tuvieron lugar en la década de los treinta del siglo XX (no olvidemos que se vivía la crisis de 1929 y sus duraderas consecuencias) y la tolerancia benevolente hacia los sindicatos y el movimiento obrero. El sucinto repaso de la evolución de las relaciones laborales en los Estados Unidos nos va mostrando la progresiva aceptación de la organización obrera en sindicatos y de las huelgas, de las que nos dice Galbraith que la discusión en torno de una huelga cesa normalmente cuando se firma un nuevo contrato. Concluye el capítulo señalando la enorme reducción del conflicto en la política laboral en los últimos veinte años, que hace incomparable la lucha actual con la antigua. “el ruido sigue siendo igual, la furia ya no lo es.” (p. 35)

La segunda controversia se refiere a la intervención estatal en los mercados agrícolas (insistamos en recordar que el momento de análisis es el año 1954 y anteriores), como otro caso particular de controversia sobre el poder de negociación (Capítulo III): los muchos disgregados frente a los pocos organizados, sean obreros frente a empresas (de ahí la necesidad de los sindicatos); sean agricultores frente a terceros (tanto proveedores como clientes), con la consecuencia de ver perjudicada su relación de intercambio. El descontento agrario ha conducido a la intervención del gobierno en el mercado, tanto en los Estados Unidos como en la práctica totalidad de los países occidentales en favor del agricultor. Transcurridos muchos decenios no se nos hace extraña ya esta intervención, cuya expresión diáfana sería la Política Agraria Común (PAC) de la Unión europea, que además ha de tener en cuenta no sólo los umbrales de precios sino también sus consecuencias sobre las diferentes regiones.

La tercera polémica que aborda Galbraith es de carácter general (“cósmica” dirá él): “Y esta no será otra que el aspecto y forma definitivos de la sociedad política y económica que regirá la comunidad. ¿Se tratará de una sociedad capitalista, socialista o comunista? ¿Cuáles serán las características de las instituciones políticas correspondientes?” (p. 47) Polémica distinta si consideramos Italia a o Francia, o si nos centramos en los Estados Unidos de América, reconoce el autor. En estos últimos, en los que no tiene cabida la posición del socialismo o el comunismo, la polémica se desdobla en: a) si el capitalismo conduce a un final feliz por sí mismo, dejándolo operar automáticamente, y b) en los objetivos y actividades gubernamentales, lo que se dio en llamar el Estado Providencia (en el que nos adentraremos en un capítulo aparte). La controversia sería entre libre funcionamiento del capitalismo frente a intervención gubernamental, siendo “La medida normal de los resultados alcanzados en esta cuestión la capacidad de la economía para mantener una ocupación casi plena.” (p. 53)

Dejando actuar libremente a los mecanismos del capitalismo, las dos amenazas que aparecen son:  la depresión (incluso el estancamiento) y la inflación; si bien cabe admitir la intervención gubernamental en favor del bien común en cuanto a proveer bienes y servicios colectivos, deberá sujetarse al equilibrio presupuestario que iguala ingresos y gastos, sin intervenir en la dirección del sistema económico, lo que, por el contrario, sí es admitido desde el lado opuesto de la controversia con la finalidad de lograr la estabilidad, lo que conllevará que el gasto público no sea  valorado por los servicios que preste sino por su contribución a la estabilidad y su correlato en la política tributaria será su incidencia en el gasto de los consumidores  y la inversión de las empresas. De hecho, esta intervención es una forma de planificación que sería lo menos malo para la pervivencia del capitalismo. Este tipo de intervencionismo abriría las puertas a una nueva moral pública: ahora los criterios que fueron humanitarios e igualitarios serán funcionales. Los esfuerzos por conseguir ventajas privadas de acciones públicas deberán sujetarse a dos normas: no entrañar soborno flagrante y que el alegato, tan falso como se quiera, debe poner de manifiesto que se sirve al interés público (p. 59)

Admite Galbraith una tercera posición en la polémica: la de aceptar una depresión económica aguda, preferiblemente muy corta y ocasional, compensando a los obreros mediante un seguro de paro. Depresión que traería una mayor eficiencia y productividad acelerando el crecimiento económico y consiguiendo una mayor prosperidad a más largo plazo, si bien esta posición la considera exclusivamente intelectual, pues duda que un americano defienda la depresión como remedio. Por traer al presente un ejemplo de esta opción, se podría pensar en la crisis de las subprimes, con la posibilidad de dejar hundir los bancos, con pérdidas asumidas por sus accionistas, pero no fue la opción adoptada por ningún país de los que se consideran “liberales”. Cabe, eso sí, la reflexión intelectual sobre si valiera como salida de la crisis a von Mises (a quien dedicará las páginas 98 y 99, en relación con el intervencionismo, pero en un contexto claramente diferente como veremos).

El capitulo V prosigue con la polémica, ahora ya del lado del abandono del automatismo en la economía, entre los propios norteamericanos, en los que la Gran Depresión dejó una huella inolvidable con “el catastrófico colapso y el lúgubre estancamiento de la década de los treinta” (p. 71). Contribuyeron después dos acontecimientos que señala Galbraith: la publicación en 1936 de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, de J. M. Keynes y, en 1942, la creación del Comité de Desarrollo Económico (CED) por temor a que una nueva depresión afectara a la reputación del capitalismo, y que al poco tiempo acabó aceptando “un cierto y conservador grado de intervención estatal como requisito para el buen funcionamiento del sistema económico.” (p 74) Resultó perjudicial para el automatismo el hecho de que fuese una organización representativa del sector industrial y comercial privado. También la administración Eisenhower rechazó la idea del automatismo, reconociendo la necesidad de que el gobierno dirigiera la economía. Finalmente, entre los pocos economistas profesionales que defendían el automatismo, defendieron la política monetaria como principal forma de intervención gubernamental, pero el New Deal y el Fair Deal redujeron el papel de esta política.

Admitida la intervención en principio, quedaría por ver la situación concreta que la hace admisible, lo que lleva a nuestro autor a dedicar tres páginas (89 a 91) a los pronósticos económicos, de los que no se podrá obtener conclusión alguna sobre la necesidad de la intervención estatal, pues llevaría “a rechazar la incertidumbre propia del capitalismo” (p. 89).

El último gran tema de controversia económica, el Estado Providencia, ocupa el capítulo VI (20 páginas, de la 95 a la115), es enjundioso. En la década de los 30 del siglo XX, los seguros sociales (particularmente el del paro no deseado) no estaban bien vistos, calificándolos de “limosna”, lo que venía pintiparado con la frase que recoge Galbraith de que “ningún americano que se respete debiera nunca aceptar una limosna.” (p. 96). La denigración por la palabra se dejó ver también con el uso del término “estatismo”, condenatorio de la intervención pública. La misma connotación desagradable corresponde, a “Estado Providencia”, si bien no se impuso el carácter despectivo pretendido: mientras John Fuster Dulles hizo enconada campaña en contra de la expresión en unas elecciones parciales al Senado, en 1949, frente a Herbert Lehman, partidario de esta política, y que ganó claramente.

El autor recalca que no todas las disposiciones de previsión social son rechazadas en bloque incluso por aquellos que son contrarios al Estado Providencia, y trae a colación a Ludwig von Mises (que fue exponente destacado de la Escuela Austriaca de economía), al que califica de “enconado opositor del estado Providencia” (p. 99), señalando que incluso este “es tímidamente partidario de la educación pública”, recogiendo al respecto una cita textual de su libro Human Act (déjeseme aprovechar para señalar la enorme calidad de dicho libro).

Por otra parte, a Galbraith le resulta sorprendente el que se apague la polémica sobre la previsión social una vez que ha sido aprobada su legislación (así sucedió con la Ley de Seguridad Social americana de 1935, con gran oposición en los años previos, pero sin discusión al finalizar la década de los 30 del siglo XX), al contrario de lo que ha sucedido con otras controversias. Hoy podemos reconocer que se mantiene una polémica sobre el Estado del Bienestar (un desarrollo que abarca lo que fue la legislación del Estado Providencia), pero circunscrita a su amplitud e intensidad más que al reconocimiento en sí de su conveniencia, incluso por quienes defienden el capitalismo a ultranza, que una cosa es adelgazar y otra extinguir. La polémica se sustentaba en hipótesis agoreras sobre el devenir, pero una vez alcanzado un plazo razonable sin que acontezca lo hipotéticamente previsto, deja de preocupar la controversia.

Específicamente de los Estados Unidos de América era (y aún es) la atención médica pública, y Galbraith le dedica las páginas 107 a 112, por la controversia que suscita y cómo la Asociación Médica Americana (AMA) describió consecuencias hipotéticas que comportaría la adopción  de un sistema nacional de seguros médicos: los médicos serían instrumentalizados por los políticos, se reduciría rápidamente el nivel de atención médica, incluso la ciencia dejaría de progresar, los servicios médicos “secuestrados” por los hipocondríacos, etc. Este caso muestra que “Todo sistema patrocinado por el Estado que brinde asistencia médica gratuita se enfrenta con la implacable oposición de los organizados profesionales de la medicina.” El tiempo transcurrido y las experiencias europeas muestran que lo previsto por la AMA, no tiene por qué suceder necesariamente, que sus hipótesis eran descabelladas, salvo que se tomaran como consignas a seguir por sus miembros caso de aprobarse el seguro médico. La polémica no se extinguió y aún hoy está presente, como lo están la vivienda y la educación. Quizás debiera ser fuente de polémica hoy el por qué destinar parte de los recursos públicos a las empresas, salvo para compensar las ayudas que reciben las de otros países, pero ya las diferencias entre Comunidades autónomas en España presentan un problema en relación con la competencia y no parece ser fuente de controversia.

El capítulo “VII. La política del acuerdo y de la disensión”, el último, se abre con el reconocimiento de que no se han tratado todas las “escenas de conflicto”, pero sí probablemente las más debatidas, concluyendo que “En definitiva, ninguna de las grandes cuestiones de la política económica que proporcionaron tan abundante combustible a la controversia política durante las décadas de los treinta y de los cuarenta conserva ahora su antigua posición como tema de discordia. Los partidos políticos han llegado a tener unos mismos objetivos estratégicos y discrepan únicamente en cuestiones de táctica.” (p. 119) Más adelante lo concretará respecto del sistema americano de partidos: “Dadas unas circunstancias determinadas, un conocimiento de las actitudes populares y un deseo de ser reelegidos, la actividad que se lleve a cabo, tanto por republicanos como por demócratas, será casi la misma” (p. 124)

Las controversias en la política económica prosiguen, incluso las que carecen de contenido sustancial.

Pro et contra

La condonación de la deuda autonómica

(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

Pro…

Sobre la condonación de la deuda

(por Asensi Descalç i Tormo, Departament d’ Economia Aplicada, Universitat de València)

Nos referimos al perdón de parte de la deuda contraída por las Comunidades Autónomas con el Estado o, por mejor decir, con el nivel central del Estado, a través del Fondo de Liquidez Autonómica –FLA-.

Problemas con el azar moral

Por supuesto, en general, las deudas no deben perdonarse so pena de que se creen incentivos a comportamientos que no son deseables, en este caso, entre los responsables públicos, como es el de no asumir el coste, como mínimo político, de la creación de déficit y del endeudamiento consiguiente. Y esto debería aplicarse en todos los órdenes de la vida económica: Si los Gobiernos rescatan a los bancos privados que han entrado en quiebra por no medir bien el riesgo de sus operaciones, el rescate sin apenas costes para esos bancos, por los efectos sociales que ello tendría y en favor de  la necesaria confianza en las instituciones monetarias que esas quiebras podrían acarrear –Too Big to Fall, ¿les suena?-, el riesgo de estar dando incentivos para que se repitan los comportamientos es grande: Cambia el comportamiento al sentirse respaldado por el Estado.

¿Cómo se ha generado ese endeudamiento?

Pero sucede que esa deuda que se pretende condonar puede tener unas causas distintas al despilfarro, a la ineficiencia en la gestión pública o, en definitiva, al gasto público excesivo respecto a los recursos que una comunidad autónoma ha podido generar.

En particular, hay dos causas principales que explican parte de este endeudamiento. Una es el desequilibrio en las competencias de ingresos públicos en relación a las competencias de gasto, en contra del nivel autonómico. Todos los analistas reconocen que la reforma del sistema autonómico debe pasar, primero, por un reajuste en los recursos del sistema en favor del nivel autonómico frente al central, para equilibrar mejor los recursos propios con las competencias de gasto. Cualquier sistema de financiación en un sistema descentralizado –se llame federal o de otra forma-, pasa por ese principio básico.

La otra causa viene dada por el mal diseño institucional del sistema autonómico y, en mi opinión, como consecuencia de ello, el mal funcionamiento del sistema de financiación que produce unas diferencias en recursos por habitante ajustado que no se pueden explicar por las diferencias en costes de prestación de los servicios. Como consecuencia de ello aparecen las Comunidades Autónomas infrafinanciadas, con menores recursos por habitante ajustado a pesar de estar por debajo de la media en renta per cápita. Podíamos decir, a estas alturas ya, las consabidas CCAA infrafinanciadas.

La primera de las razones que he mencionado justifica una condonación general e “igual” –habrá que definir qué entendemos por condonación igual o similar para todas las CCAA-, la segunda no. Veamos esto con más detalle.

El desequilibrio vertical

El desequilibrio entre ingresos propios y competencias de gasto entre el nivel central y autonómico, que no es mi intención explicar aquí y ahora en detalle, empeoró significativamente durante la crisis financiera por las medidas de ajuste impuestas al Estado Español para evitar el temible rescate, en épocas en que la prima de riesgo de la Deuda Pública española alcanzó máximos históricos. La reducción en el déficit corriente que se le impuso al Gobierno de España, para el conjunto de las administraciones públicas, se repartió de forma desigual, por decisión del Gobierno en 2012. En particular, el nivel autonómico asumió un recorte de gasto mucho mayor que el nivel central, lo que sumado a la precaria situación de insuficiencia financiera, especialmente en las CCAA peor financiadas –Murcia y Comunidad Valenciana a la cabeza, o a la cola, según se mire- generaba unas lógicas necesidades extraordinarias –en el sentido literal del término- de financiación para cubrir con las necesidades de gasto en la prestación de los servicios públicos fundamentales que son competencia de las comunidades autónomas.

… y así surge el FLA

De manera que, inmediatamente después de  la decisión de imponer un techo de gasto a las Comunidades Autónomas para cumplir con la reducción del déficit global del Estado, se habilita un fondo de liquidez que el Estado pone a disposición de las CCAA, que formalmente supone convertir la insuficiencia financiera que el propio modelo de financiación produce, en deuda asumida por las Comunidades Autónomas que, por supuesto, genera intereses y lastra más aun las capacidades futuras de gasto de esas CCAA -el conocido fenómeno “bola de nieve” de la deuda pública.

Por ello la condonación de la deuda tiene una doble motivación: reconocer que la deuda no se ha generado por ningún comportamiento discrecional de los gobiernos autonómicos que haya generado tal deuda–o que al menos no es la única ni más importante razón-.

En todo caso, el primer paso debería ser atribuir el montante de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica a los factores que la han generado. Es decir, la parte que se debe al desequilibrio vertical, o sea recursos del sistema que van al sistema central y que deberían haber ido al conjunto de las CCAA; la parte que se debe a los “errores” generados por el sistema de financiación a la hora de repartir los recursos del nivel autonómico entre las CCAA de Régimen común; la parte que se debe a los costes indebidos generados por la carga financiera de la deuda inadecuadamente asumida por la Comunidad Autónoma, y el resto de deuda.

En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, esta diferenciación es primordial y nos muestra que, de hecho, la llamada condonación de la deuda, supone admitir que el sistema de financiación no es adecuado desde parámetros elementales en Economía Pública: Suficiencia financiera de las administraciones para prestar los servicios de los que son responsables –competentes-, y equidad en la asignación de los recursos públicos a las administraciones subcentrales para que puedan ejercer sus competencias asumiendo sus responsabilidades políticas de ingresos y gastos.

En el informe de 2021 de la Sindicatura de Comptes sobre la evolución de la Deuda de la Generalitat Valenciana, sólo el 22% del total de más de 58.000 millones de deuda, no se explicaban por los motivos mencionados; Es decir, solo esa parte sería generada por comportamiento discrecional del que serían responsables los gobiernos valencianos desde 2009-; Pero un 37%, la fracción mayor, se debía a deuda originada por la infrafinanciación respecto a las necesidades reconocidas, es decir, lo que he llamado desequilibrio vertical; mientras que otro 31% de la deuda se debía a la situación particular de la Comunidad Valenciana, es decir, generada por recibir menos recursos por habitante (ajustado) que la media de las CCAA, es decir lo que he llamado “errores” en el reparto de los recursos  del nivel autonómico entre las CCAA de régimen común. Finalmente, un 10% que, en 2021, representaban más de 5.000 millones de euros, se debían simplemente al efecto “bola de nieve” que he mencionado antes, es decir al coste financiero provocado por el endeudamiento y los efectos de acumulación que produce.

Así las cosas, qué hacer y qué no hacer

La lógica de lo expuesto, nos obliga a recomendar un planteamiento multilateral de negociación del conjunto de las autonomías de régimen común[1] con el nivel central. La “condonación de la deuda” deber ser un paso, el primero, necesario, pero no suficiente, en la reforma del sistema de financiación. En mi opinión, debe partir de la base de adjudicar al Estado o a un nuevo organismo de carácter estatal pero independiente de los gobiernos de turno, que pueda reunir la información suficiente para hacer los cálculos que he mostrado para una comunidad autónoma y extenderlos al conjunto. Es decir, determinar los componentes causales de esa deuda contraída con el Estado

Sin embargo, lo que es razonable no es siempre políticamente factible. Una propuesta así, sin duda creará movimientos en el statu quo y eso hace difícilmente plausible esta solución. Sin embargo, no nos corresponde a los universitarios resolver este problema sino señalar la necesidad de acometer la solución sobre una buena base.

Por desgracia, parece que, en cambio, lo que se está haciendo, en cuanto al método -no hay todavía ninguna medida concreta adoptada al respecto- es justo lo que no hay que hacer. Y atención, el método es fundamental en el resultado final.

Para empezar, el hecho de que esté sobre la mesa la condonación de la deuda de las CCAA con el FLA, es producido por la exigencia unilateral de una de las CCAA de régimen común en particular, Cataluña. Por desgracia, ha sido necesario una coyuntura política concreta para que la exigencia de una CA desate lo que en buena lógica debería haber promovido el Estado por su propia iniciativa. Nada nuevo bajo el sol: hoy ya nadie discute la necesidad de que las CCAA compartan la recaudación de los impuestos fundamentales de nuestro sistema fiscal, como el IRPF, el IVA, los impuestos especiales sobre consumos, o que incluso se ceda el 100% y bastante competencia legislativa en impuestos tan esenciales para la equidad global del sistema como el impuesto sobre el patrimonio o sobre las herencias y donaciones. Pero todo empezó en 1996 cuando, de nuevo, la coyuntura política y la presión (algunos llegaron a llamarlo extorsión) de Catalunya desató un proceso que luego ha ido desarrollándose y creciendo de forma lógica y natural sin excesivas presiones por parte de las CCAA

Este error de método tiene, además, consecuencias para poder explicar a los ciudadanos la necesidad de la medida y estas cuestiones más políticas que económicas, no son menores.

Pero, además, el “método” incorrecto puede llevar, nuevamente, a perpetuar el statu quo si, una vez acordada la cantidad a condonar con una comunidad autónoma, se pretende extender la misma condonación con un criterio de proporcionalidad, ya sea por habitante o ya sea respecto del total del endeudamiento de la CA de turno. Si se hace así e insisto en que con este método unilateral el Estado se va a ver forzado a hacerlo, se perpetúa la inequidad del sistema actual; habrá CCAA que recibirán mucho menos que lo que les correspondería por la deuda impropia asumida y otras que recibirán incluso más de lo justo según este criterio.

Una condonación que no reduce la deuda; la mutualiza

En este punto es importante recordar que la deuda del Estado español continúa ahí y que nos estamos, simplemente, perdonando una deuda entre nosotros mismos a nivel interno. Por supuesto, esta deuda continuará ahí, formando parte de la que el Reino de España tiene con los que suscriben sus emisiones, básicamente inversores institucionales extranjeros. Lo que se hace con la condonación de la deuda de las CCAA con el Fondo de Liquidez Autonómica es mutualizar una deuda de la que, además, los deudores –las CCAA- no eran en buena medida responsables.

Además, se hace justicia y se gana en un mejor método para financiar los servicios públicos básicos que es de lo que se trata y que sucede que en España los prestan las CCAA. Pero el endeudamiento global es el mismo y quizá fuera una nueva oportunidad de explicar a los ciudadanos que no puede compararse la deuda pública con la privada. Por eso decimos que el método en hacer las cosas bien con un procedimiento lógico es importante; la tentación de pensar que se está perdonando deuda a personas físicas concretas –políticos- es grande y más en tiempos de demagogia en las redes.

Concluyo, sí a una medida de condonación parcial de la deuda autonómica, pero el procedimiento de negociación y el método para asignar los montantes entre las CCAA es tan importante como la condonación en sí, según mi opinión.

…Et contra

Quitar deuda, pero condonar bien

(por Roberto Fernández Llera, Departamento de Economía, Universidad de Oviedo)

Hagamos un doble descargo inicial.

Primero, para solemnizar la obviedad de que los debates dicotómicos suelen conllevar un peligro cierto de polarización (no solo un cierto peligro). Sobre las condonaciones de deuda autonómica (y en otros temas muy diversos, como por desgracia ocurre en los últimos tiempos), reducir el mapa de alternativas a una afirmación taxativa o a una negativa rotunda, solo puede conducir a la eliminación de matices que aportan valor a la discusión y rigor a los números.

El segundo descargo también es incuestionable. Cuando las circunstancias que atañen a un asunto han cambiado (y, sobre todo, si lo han hecho de forma radical), no resulta muy práctico encastillarse en ciertas posiciones de resistencia que, pudiendo ser muy lógicas y deseables, no conducen más que a la melancolía. Dicho en corto: aunque uno se hubiese opuesto antes a las condonaciones de deuda en general, el hecho es que ahora se van a llevar a término, con lo cual el nuevo deseo es que se hagan de la mejor manera posible, con eficiencia, justicia, equidad y al menor coste financiero posible.

Viene todo lo anterior al caso de los acuerdos políticos de noviembre de 2023 suscritos entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez Pérez-Castejón como presidente del Gobierno. Uno de ellos va encabezado con el título de “autonomía financiera y acceso a los mercados”, cuyo fin declarado es “sanear la situación financiera de la Generalitat [de Cataluña] y facilitar su vuelta a la financiación en los mercados de deuda”. Como objetivo general parece irreprochable (salvo extrema necedad) y no es diferente al que ya explicitó la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, constituida en enero de 2017 por encargo de la VI Conferencia de Presidentes, cuyo informe se entregó al Gobierno de España en julio de ese año.

Aquella Comisión de expertos fue unánime en reclamar la vuelta de las comunidades autónomas (CCAA) a los mercados financieros “en condiciones razonables”, junto a otros dos desafíos básicos que siguen vigentes en materia de endeudamiento: la reconfiguración de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y la retirada paulatina de los mecanismos adicionales de financiación. La quiebra del consenso se produjo entre aquellos expertos a la hora de articular en la práctica el ansiado retorno a los mercados. La mayoría de la Comisión apostó por una “reestructuración transparente de la deuda”, mientras que la parte minoritaria creía insuficiente esa medida y defendía completarla con “una reducción” de la misma (VV.AA., 2018).

En su literalidad, el acuerdo PSOE-ERC refiere a la condonación de deuda a “todas las comunidades autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto negativo del ciclo económico, para lo cual se determinará qué parte del incremento de deuda obedece al impacto del ciclo, pudiendo también acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario”. Para Cataluña se ponen cifras muy concretas: la asunción por el Estado en torno al 20% de la deuda viva contraída por la Generalitat en los mecanismos de liquidez estatales, lo que equivale a unos 15.000 millones de euros y, además, un ahorro derivado de 1.300 millones de euros en intereses. El acuerdo habla también de que “el FLA [Fondo de Liquidez Autonómico] pueda seguir operando como sistema de último recurso en el caso de situaciones críticas de mercado”.

Desde el momento en que se conocieron esos acuerdos políticos, han salido a la luz interpretaciones -más o menos afinadas- sobre el alcance de dicha condonación a Cataluña, pero sobre todo, de su eventual extensión al resto de las CCAA. Baste un rápido vistazo al listado de entidades o autores que han mostrado sus cartas iniciales con rapidez: Fedea (De la Fuente, 2023), Gestha o las agencias de calificación Fitch, S&P, Moodys y Scope. Nota tangencial: estas últimas se habían hecho muy famosas durante la crisis de deuda que comenzó en 2008, para entrar luego en un cierto letargo y saltar ahora de nuevo a la palestra. Otro día hablaremos de ello.

No es el objeto de estas líneas hacer una simulación, para empezar, porque el principal criterio esbozado y que -se supone- guiará las futuras quitas de deuda es algo tan etéreo y difícil de calcular -e incluso de explicar en foros no especializados- como “el impacto negativo del ciclo económico” (sic). Ello implica, entre otros aspectos, estimar un crecimiento potencial, una brecha de producción (output gap) y varias elasticidades de ingresos y gastos autonómicos, además, de manera diferencial para cada una de las CCAA. Misión imposible; es más fácil partir de una cifra prefijada y llegar a ella por aproximaciones sucesivas de retorcimiento de variables. 

Con respecto al ámbito temporal de cómputo, el documento del acuerdo PSOE-ERC no especifica nada concreto, aunque de la parte diagnóstica se puede intuir que se trataría del periodo 2008-2014, cuyas consecuencias se agravaron -seguimos la literalidad del texto- con una “insuficiente respuesta europea y del Estado ante la crisis”.

En segundo lugar, pero aún más relevante, es la metodología de estimación a emplear, si bien la ley orgánica de estabilidad presupuestaria da algunas pistas, cuando remite a la utilizada “por la Comisión Europea”. La Orden ECC/2741/2012, de 20 de diciembre, detalla algo dicha metodología, basada en las funciones de producción, si bien la propia norma reconoce la dificultad de aplicar los criterios a cada una de las CCAA. Remata diciendo que “en el cálculo del saldo cíclico de cada comunidad autónoma, por razones de la simplicidad y transparencia que debe poseer una regla fiscal, se utilizarán las mismas elasticidades y brecha de producción que a nivel nacional”. De nuevo en corto: como el ejercicio ideal es una quimera, procedemos de la manera que mejor nos convenga, asumiendo que el impacto de la crisis fue idéntico en toda España, cuando la realidad es tozuda y cualquiera puede constatar que no fue así, ni lo será en el futuro.

En tercer lugar, colocados ya en la hipótesis de condonar la deuda autonómica de forma masiva, incluso suponiendo -y es mucho suponer- que se acuerde un método de estimación del impacto cíclico, el propio acuerdo intenta facilitar la interpretación, al recomendar que el perdón financiero se aplique a todas las CCAA “de régimen común”, aunque es fácil suponer que las de régimen foral no querrán renunciar de manera voluntaria a tal posibilidad. Al respecto, cabe hacer algunas observaciones.

Para empezar, la desigualdad de trato no es algo que se mitigue extendiéndola. En la estricta lectura del acuerdo PSOE-ERC, lo único que se haría es desplegar una medida (la condonación), con un único y cuestionable criterio (el impacto cíclico de la crisis) y que beneficiaría sobre todo a una comunidad autónoma (obviamente, Cataluña). Lo que viene ahora son puros corolarios.

El primero, para afirmar con seguridad que la mayoría de las CCAA preferiría una reforma del sistema de financiación autonómica para allegar nuevos recursos, antes que la mentada condonación financiera. Podríamos citar como muestra el sólido bloque de las ocho CCAA que firmaron la Declaración de Santiago en noviembre de 2021.

El segundo, para manifestar que algunas CCAA apostarían por un criterio alternativo al del impacto cíclico para sustentar el perdón financiero. Por ejemplo, aludiendo a su infrafinanciación ordinaria por habitante ajustado, como en la Comunidad Valenciana (algo que Cataluña no podría reclamar, por situarse en torno a la media).

Y el tercero, para recordar que algunas CCAA no pedían en absoluto la quita de préstamos con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (singularmente, por el compartimento FLA), por la sencilla razón de que su deuda con el Estado instrumentada mediante este mecanismo es muy baja e incluso nula (Madrid, Navarra y País Vasco). Pero, como ya hemos dicho, o juegan todas, o se rompe la baraja. Aún más claro: si se camina hacia quitas generales, no quedará otro remedio que acordar compensaciones financieras -con transferencias estatales ad hoc a esas CCAA- para amortizar deuda con otros acreedores distintos del Estado. Verbigracia: el País Vasco tiene la menor ratio deuda/PIB, pero aun así debía un total de 10.851 millones de euros en el tercer trimestre de 2023.

Algunos datos muy básicos ilustran el argumentario. La deuda pública de Cataluña ascendía en la fecha señalada a 84.549 millones de euros, de los cuales 71.308 estaban instrumentados mediante préstamos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (las estadísticas oficiales son del Banco de España). Se trata del volumen total de deuda más abultado entre las 17 CCAA (aunque no es el mayor en términos del PIB) y significa que más del 84% de los pasivos computables de Cataluña eran deudas con el Estado, para una media de todas las CCAA del 59% en ese mismo indicador. Queda claro quién tiene la necesidad y la fuerza para liderar el debate público con su relato.

En suma, se hará lo de siempre en diversos aspectos de la financiación autonómica y, en cambio, veremos lo nunca visto, con perdón por el fácil juego de palabras. Algo así:

• Seguramente Cataluña verá satisfechas sus aspiraciones de reducir su deuda de un golpe y en un alto grado, así como su carga derivada de intereses. Esto no impedirá que después el acuerdo sobre las quitas de deuda se traslade a los foros multilaterales (Conferencia de Presidentes y Consejo de Política Fiscal y Financiera), para terminar por extenderse -con los matices que corresponda- a la totalidad de las CCAA mediante las oportunas reformas legales. El resultado antes que el procedimiento, algo que, por otro lado, forma parte de la idiosincrasia de la historia de la financiación autonómica.
• Teniendo en cuenta que el vigente sistema de financiación autonómica lleva sin revisar desde 2014, considerando el clima político general, incorporando la dificultad añadida que supone el regreso de las reglas fiscales a partir de 2024 y, por último, aliviando a las CCAA por efecto de las verosímiles condonaciones de deuda y de otros arreglos financieros generales o específicos, casi es una apuesta segura la hipótesis de no reforma del sistema de financiación autonómica a corto plazo, salvo inesperado pacto de Estado entre PSOE y PP en la materia, seguido de un amplio acuerdo de base territorial entre CCAA.
• Sobre todo lo anterior, asistiremos a acalorados debates políticos e intensas discusiones técnicas, estas últimas llenas de ecuaciones, parámetros ad hoc y variables de compromiso, para justificar ex post el resultado que ya teníamos decidido ex ante. No está mal por el principio de eficacia, pero no sobraría un poco más de lealtad y transparencia (federalismo, lo llamamos algunos).
• Hay una diferencia sustancial en este momento que añade optimismo. Se trata de la existencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que, lógicamente, no ha emitido informe alguno sobre la cuestión de las quitas (ni podría hacerlo, puesto que no es preceptivo, menos aún, sobre un mero documento de intenciones políticas). Lo que quizás conozcamos pronto es una opinión motu proprio o un estudio a solicitud del Gobierno de la Nación o del Consejo de Política Fiscal y Financiera, algo que juzgo como muy deseable. Ese juicio técnico e independiente de sensatez no iría sobre la decisión como tal (que se antoja ya tomada en sede política), sino sobre el mejor modo de articular su contenido y desarrollo. A posteriori, el Tribunal de Cuentas fiscalizaría todo el proceso, no solo en términos de cumplimiento de la legalidad y la normativa contable, sino también acerca de otros principios de buena gestión.

En definitiva, la corresponsabilidad fiscal debe ser -o seguir siendo, según el juicio de cada uno- un principio nuclear de la financiación de las CCAA. Si las CCAA perciben una restricción presupuestaria blanda, esto equivaldrá a un salvoconducto para un endeudamiento casi ilimitado, sobre todo si se internaliza el rescate como una eventualidad factible. Riesgo moral, en terminología clásica, con los graves problemas que ello conlleva.

La decisión -casi- tomada sobre condonaciones no es la óptima en términos de eficiencia. Particularmente, sigo apostando en su integridad por la reflejada en el informe de 2017 y respaldada por la mayoría de aquella Comisión de expertos: “una reestructuración transparente de la deuda de las CCAA con el Estado, supervisada por el Banco de España y la Airef, ampliando los plazos de forma razonable, añadiendo en su caso nuevos períodos de carencia y fijando unos tipos de interés favorables, que en ningún caso podrían suponer una bonificación respecto del coste medio de la deuda del Estado. En todo caso, este apoyo debería estar condicionado al cumplimiento por parte de las CCAA beneficiarias de una serie de objetivos previamente acordados de consolidación fiscal y cumplimiento presupuestario”.

Pero digamos más para rizar el rizo. Si el objetivo es que las CCAA tengan una ratio máxima de deuda/PIB del 13% (así lo establece la ley orgánica de estabilidad presupuestaria), en el entendido harto simplificador de que ese pudiera ser un umbral razonable de vuelta a los mercados, posiblemente las magnitudes de quitas de deuda que se están poniendo sobre la mesa para Cataluña sean muy insuficientes. Con un ejercicio de aritmética simple, esta Comunidad Autónoma tendría que borrar de su balance el doble de lo que se ahora se está manejando, esto es, llevar la quita hasta más de 30.000 millones de euros. Y todas las CCAA irían detrás con lo suyo, claro.

Aún queda mucho por escribir. Estamos empezando.

Bibliografía

De la Fuente, A. (2023): “El contenido económico de los pactos de investidura”, Apuntes Fedea, 2023/21.

VV.AA. (2018): Reforma de la financiación territorial: informes de las comisiones de expertos de 2017, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales.

[1] La situación de las otras dos comunidades autónomas, País Vasco y Navarra, es, de facto, y a efectos fiscales, la de territorios confederados, que ni siquiera asumen la parte que les correspondería en su cuota de solidaridad en el conjunto del Estado.

13.- Reseñas de libros

• Escrivà, Andreu (2023): Contra la sostenibilidad. Barcelona, Arpa Editores

(por Josep Banyuls, Departament d’Economia Aplicada, Universitat de València)

Al Phorsche Cayene Turbo S E-hybrid, de 680 CV, se le ha incorporado un módulo eléctrico que le permite hacer (sobre el papel) cerca de 48 kilómetros sin consumir gasolina. ¿El resultado? Que un coche de cinco metros y más de dos toneladas y media de peso, que cuando se le acaba la batería (con la que puede hacer unos escasos cuarenta kilómetros) consume el triple que cualquier utilitario, y que cuesta sobre 200.000€, puede llevar en el parabrisas un adhesivo que lo acredita como vehículo ecológico. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que se certifique un coche como ecológico cuando a todas luces no lo es? Y no solo eso. ¿Cómo hemos podido llegar a creernos que eso es ecológico?

Este es solo un ejemplo de los muchos casos que platea Andreu Escrivà en el libro Contra la sostenibilidad. El texto se articula en tres partes. En un primer bloque, breve, explica el origen del concepto sostenibilidad y profundiza en su significado y como a lo largo de los años ha ido perdiendo el sentido original. ¿Qué es sostenible? Parece una pregunta de respuesta fácil pero el autor nos muestra claramente que no lo es. Lo podemos definir en un sentido positivo, en contraposición a lo negativo (¿Qué es insostenible?), en un sentido fuerte, en un sentido débil… infinidad de matices que requieren una reflexión serena para poder hablar con cierta propiedad y conocimiento de causa de estas cuestiones.

La segunda parte del libro, la más amplia, consta de catorce capítulos en los cuales el autor desmonta todos -o casi todos- los tópicos típicos asociados de alguna forma la idea de sostenibilidad: el mantra de las generaciones y necesidades futuras, la transición ecológica, las finanzas sostenibles, la economía circular, el reciclaje, el coche eléctrico, la neutralidad climática, … Los capítulos son breves pero muy bien documentados y con una clara incitación al debate, a mostrar las contradicciones y a poner de manifiesto los límites de algunas propuestas actuales que se «venden» como solución a los problemas ambientales que tenemos.

La tercera parte es una reflexión sobre posibles soluciones para superar el modelo actual de crecimiento, principal causante de los problemas medioambientales y origen de la insostenibilidad, no solo ecológica sino también económica y social, a la que estamos abocados. A pesar de que en los capítulos previos la imagen que se desprende es bastante pesimista -se tiene la sensación de que nada tiene solución, o si la tiene es muy compleja- en esta parte final el autor muestra una ventana de esperanza y no cierra las puertas al cambio. Son reflexiones pertinentes y que apuntan hacia propuestas de intervención en materia de política económica.

Todo el análisis que se lleva a cabo en el libro se articula, a mi modo de ver, alrededor de dos ejes argumentales que el autor combina con acierto. Uno es ahondar en la idea que plantea Jose Manuel Naredo sobre los «no-conceptos» (José Manuel Naredo, La crítica agotada. Claves para un cambio de civilización, Madrid, Editorial S.XXI, 2022). Naredo plantea la necesidad de «investigar el origen, el contenido y la correspondencia de los conceptos con el mundo al que teóricamente se refieren. (…) en las ciencias sociales la correspondencia de los conceptos con la realidad se hace más laxa hasta llegar a distanciarse por completo, haciendo que en este caso su función encubridora o mixtificadora predomine, sin decirlo, sobre la explicativa o predictiva» (Naredo 2022:31). El problema por tanto es que el concepto (en este caso sostenibilidad) queda difuso y sin correspondencia con la realidad. Puede tener cierta conexión o semejanza con la realidad, pero es un concepto fetiche, en la mayoría de los casos un elemento retórico que acaba siendo utilizado de forma confusa y tergiversada. En definitiva, lo que Naredo define como «no-concepto» o «pseudoconcepto».

Vaciar de contenido el concepto de sostenibilidad permite que la palabra sea utilizada en cualquier sentido: un coche que claramente no es sostenible por su consumo y uso de materiales pasa a ser sostenible, las petroleras pueden hacer greenwhasing (sin comentarios), el coche eléctrico es lo mejor para el medio ambiente (sin entrar a analizar la movilidad) y así muchos más ejemplos. Estas son precisamente las contradicciones que Andreu Escrivá aborda en esa segunda parte del libro a la que nos referíamos antes y en la que va mostrando aquello que aparentemente es sostenible pero que en realidad no lo es. Pero no solo permite el engaño. Si además la sostenibilidad puede englobar cualquier cosa permite tranquilizar la conciencia de una gran parte de la población. El autor no cuestiona que pequeños actos cotidianos no sean beneficiosos (es más, reflexiona sobre la pertinencia de múltiples pequeños actos cotidianos en la dirección de reducir el impacto ambiental de nuestras vidas como una de las vías de cambio), pero también plantea que la inconcreción del concepto permite que pensemos que con pequeños actos estamos haciendo una gran contribución a la sostenibilidad y que seamos víctimas fáciles del engaño.

El segundo eje del libro está directamente relacionado con lo que acabamos de señalar. Vaciar de contenido el término sostenibilidad y convertirlo en un elemento retórico permite que no nos fijemos en el aspecto central del problema, y no es otro que el modelo de crecimiento económico. Un modelo depredador que necesita aumentar la extracción de recursos naturales y la generación de residuos para poder mantenerse en el tiempo. Es por ello que, al vaciar de sentido el concepto de sostenibilidad, ha sido absorbido por el sistema de producción capitalista, cuando la sostenibilidad en realidad no es compatible con el modelo productivo y social actual. Ello ha permitido circunscribir el debate prácticamente a la cuestión energética, en el cambio de las energías fósiles por renovables, sin alterar nada más y manteniendo el patrón del modelo de crecimiento. El autor expone claramente que esto no es posible, que los problemas del modelo de crecimiento van mucho más allá de la energía (suministro de materiales, residuos, desigualdades crecientes, crisis alimentaria, impacto diferencial del cambio climático según regiones y clases sociales) y sin cambios profundos en el modelo de producción distribución y consumo no es posible abordar estos retos. Es necesario, por tanto, modificar profundamente la organización económica y social actual.

El libro es muy ameno y de lectura fácil. El autor mantiene la curiosidad del lector en todo momento, combinando con acierto la reflexión más teórica con la presentación de casos reales, debates actuales, noticias de prensa y reflexiones a partir de estos elementos. No es extraña esta claridad del texto si tenemos en cuenta que el autor es un gran divulgador medioambiental, asiduo conferenciante y con varios libros publicados sobre este tema (Andreu Escrivà | Impulsant la conversa climàtica (andreuescriva.com). Es un libro que resulta interesante tanto para las personas expertas en economía ecológica como para estudiantes o cualquier persona que quiera acercarse al tema ya que a partir del análisis de los casos que plantea puede comprender claramente los problemas ambientales y los límites de muchas políticas económicas actuales. En definitiva, un libro imprescindible para analizar los retos actuales del crecimiento económico y de las políticas económicas al respecto.

• Pimentel, Manuel (2023). La venganza del campo. Almuzara, Córdoba,

(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada –Política Económica-, Universitat de València)

Manuel Pimentel es ingeniero agrónomo y asumió la cartera del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Es colaborador asiduo en la prensa y derivado de esta actividad ha aparecido este libro. Es decir, el libro constituye una recopilación de 17 artículos de prensa que vieron la luz entre 2009 y agosto de 2023 al que se le ha añadido una introducción y un epílogo. El título del libro, la venganza del campo, corresponde a tres artículos así denominados, que aparecieron en 2009 (los dos primeros) y en 2022.

El argumento del libro es claro. Ha habido desde ya hace mucho tiempo un maltrato del sector agrario, en particular, dentro de las políticas económicas en la UE y ahora la Europa occidental se ha comenzado a notar su efecto más visible desde después de la crisis del COVID-19, con irregularidades en el abastecimiento y subidas en el precio de los productos agrarios.

La argumentación que se atisba en el libro es que en la Unión Europea se elaboró una política agraria comunitaria (PAC), dentro de cuyos principales objetivos se encontraba la seguridad alimentaria. El trasfondo de la prioridad de este objetivo de política económica fueron los fenómenos de hambre y carestía derivados de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a finales del siglo XX, la generación que tenía experiencia vivencial de aquellos efectos negativos ya dejó de tener influencia en la política económica y las nuevas cohortes poblacionales se acostumbraron a los excedentes productivos y a encontrar productos agrarios y abundantes en las tiendas. El resultado fue un cambio en la política económica (la nueva PAC), pasando el principal objetivo a ser la competitividad. En un primer momento, se apostó por fomentar una producción agraria de calidad, limitando los volúmenes generados y presionando al alza sobre los precios y, posteriormente, por inclinar la actividad de ese sector primario hacia actividades no enraizadas en su propia naturaleza: el ocio (por ejemplo, el turismo rural). Uno de los efectos ha sido el desprecio hacia el sector agrario tradicional, sin la consciencia de que es la base de la obtención de alimentos y ciertas materias primas. Ha habido una animadversión de los “urbanitas” respecto a los “campesinos”, subrayando las retóricas de la importancia del ocio, la defensa de los derechos de los animales o el estímulo de los productos ecológicos.

Sin embargo, a partir de la crisis del COVID-19, han tenido distintas irregularidades productivas, en los mecanismos de distribución y de transporte, así como en las cadenas de valor que se están reflejando en la “venganza del campo”. El resultado se está plasmando en la aparición de carestías y el aumento en los precios de los productos agrarios, conduciendo a una caída en el nivel y en la calidad de vida de la población, con más impacto en las clases medias y bajas.

El libro resulta interesante, aunque un tanto repetitivo. Supone introducir una reflexión acerca de la política agraria realizada y que debería diseñarse en el futuro. Desde el punto de vista docente tiene interés como material de discusión o de recomendación para estudiantes que estudian las políticas estructurales, en particular las sectoriales (desde un punto de vista tradicional) de corte agrario.

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10º ANIVERSARIO DE

NOTICIAS DE POLÍTICA ECONÓMICA

Editorial: 10 años de Noticias de Política Económica

En septiembre de 2013 inició su vida Noticias de Política Económica. Nació con la aspiración de constituirse en un medio de comunicación entre los académicos interesados en Política Económica. Después de esta década de vida se puede asumir que, efectivamente, está desempeñando el papel que pretendía cumplir. Cabe señalar que inicialmente se trataba de que llegase a los antiguos departamentos de Política Económica de las universidades españolas, pero progresivamente fue ampliando sus horizontes, en gran medida, derivado de los cambios acaecidos en la Universidad española. Por este motivo, fue ampliando su difusión entre académicos interesados en Política Económica, no sólo españoles, sino extranjeros. En particular, de las 750 personas que están recibiendo Noticias de Política Económica 600 está ubicadas en España y 150 en otros países (un total de 18 países, siendo mayoritariamente latinoamericanos).

Inicialmente pretendía limitarse a transmitir noticias sobre Política Económica, pero progresivamente se está transformando en una fuente original de generación de informaciones. Por un lado, se han multiplicado las secciones sobre diversos aspectos de Política Económica, estimulando el debate. Un caso típico es la sección Pro et contra. No obstante, las secciones relacionadas con políticas estructurales, turística, sociolaborales, de género o internacional están generando un material original de discusión, para uso del profesorado o también de los estudiantes. Por otra parte, cabe señalar que, aunque originariamente el formato pensado era el de artículos cortos, posteriormente ha ido proliferando la publicación de trabajos con una extensión media, es decir, artículos científico-académicos al uso.

Estas circunstancias han conducido a la continua ampliación en la extensión de Noticias de Política Económica. Mientras que los primeros cuatro números tenían una media de 16 páginas, posteriormente la media de páginas supera las 30 por ejemplar. Es decir, se ha ampliado la extensión dada la dinámica de participación del profesorado de Política Económica.

Dentro de Noticias de Política Económica se han publicado varias series de trabajos que merecen la pena ser destacadas. En primer lugar, la de “Docencia de la Política Económica en España” (en los primeros 10 números), que ofreció un panorama global de las asignaturas de Política Económica que se estaban impartiendo en España. En segundo lugar, destaca, por su relación con la investigación, una serie de 5 trabajos sobre las revistas con índice de impacto más proclives o especializada en Política Económica (durante los años 2015-16). En tercer lugar, la sección de entrevistas a Catedráticos de Política Económica acometió el reto de mostrar una historia viva de la Política Económica académica, labor que no se ha ofrecido por ninguna otra disciplina o especialidad, al menos, económica.

También es destacable la aparición de los submonográficos, que han recogido artículos sobre algún aspecto específico relevante, al menos, para la Política Económica. En concreto, han aparecido los relacionados con el libro “El problema de los salarios en España” del profesor José Jané, cuya publicación causó gran sensación en su momento, el de conmemoración del 200 aniversario del nacimiento de Carlos Marx o el relacionado con la primera política económica diseñada en España como respuesta a la crisis del COVID-19. A este respecto, parece que constituyó el primer análisis sistemático de análisis de la política económica española que vio la luz en España (abril de 2020)

Noticias de Política Económica surgió con una vocación de ser una publicación trimestral y durante este periodo se ha observado estrictamente esta regularidad, editándose con puntualidad. Puede añadirse que, además de los números ordinarios, se han editado varios de tipo extraordinarios. El primero conmemorando la figura de Víctor Brugada Panizo, primer catedrático de Política Económica en España y, los tres siguientes recordando a tres catedráticos de Política Económica que acababan de fallecer: Luis Gámir, José Jané y Luis Rodríguez Sáiz. También se incluyó un submonográfico dentro del número de junio de 2020 recordando al recientemente fallecido profesor Jacint Ros Hombravella.

Adicionalmente, para aumentar la divulgación de Noticias de Política Económica, desde 2021 se está editando en formato web y se encuentra alojado en https://newspoleco.blogs.uv.es/ . En esta dirección se pueden descargar todos los números editados, al tiempo que se puede acceder a los diversos trabajos según su tipo de contendido, al tiempo que hacer búsqueda en toda la revista. De esta manera, se ofrece un mejor acceso, así como hacer consultas selectivas para poder localizar materiales interesantes para docencia o investigación.

Una apuesta que se ha realizado por parte de Noticias de Política Económica ha sido consolidar y aumentar su rigurosidad científica. En este sentido, inicialmente se creó un Comité Científico y de Selección de trabajos y, posteriormente, se introdujo un sistema de evaluación anónima por pares.

Noticias de Política Económica fue al principio una iniciativa procedente del grupo de profesorado de Política Económica en la Universidad de Valencia, pero en la actualidad constituye un proyecto de ámbito español. Así pues, la iniciativa de Noticias de Política Económica se encuentra en pleno cambio, elemento que constituye un indicador de la dinámica de la Política Económica como disciplina.

I Ciclo de Seminarios de Política Económica (virtual)

Organiza: Salvador Pérez Moreno, Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, Universidad de Málaga, (sperezmoreno@uma.es)

En los últimos años se está produciendo una importante renovación del profesorado de Política Económica en muchos departamentos y unidades docentes de la universidad española, y son muchos los profesores/as jóvenes que se están incorporando como docentes e investigadores de Política Económica. En ese sentido, y con la intención de la Política Económica siga ocupando un lugar destacado en los planes de estudio y que se continúe fortaleciendo la docencia de nuestra disciplina, desde hace algún tiempo, desde REDIPE, se viene valorando la idea de poner en marcha seminarios telemáticos de formación en Política Económica, con objeto de promover la reflexión e intercambio de ideas y opiniones para la formación de docentes e investigadores de la Política Económica, con especial interés en la formación del profesorado más joven.

Sirva esta nota para anunciar el I Ciclo de Seminarios sobre Política Económica que se ha organizado para el curso 2023/2024, centrado en algunos de los aspectos nucleares de la Política Económica. A continuación, explicitan los detalles:

• Primer seminario:

Miércoles 25 de octubre de 2023, 17.00h

Título: «La Política Económica: desentrañando su significado y relevancia»

Ponentes: Juan R. Cuadrado Roura (UCJC y UAH) y Pilar Grau Carles (UCM)

Moderador: Salvador Pérez Moreno (UMA)

• Segundo seminario:

Miércoles 24 de enero de 2024, 17.00h

Título: «Doctrinas económicas y Política Económica»

Ponente: José J. Benítez Rochel (UMA)

Moderador: Miguel Cuerdo Mir (URJC)

• Tercer seminario:

Miércoles 24 de abril de 2024, 17.00h

Título: «Ciencia Política y Política Económica»

Ponente: Víctor Lapuente (Universidad de Gotemburgo)

Moderador: Tomás Mancha Navarro (UAH)

Los seminarios serán transmitidos de forma sincrónica por Internet gracias a la colaboración del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, y serán grabados para su posterior puesta a disposición en repositorios de libre acceso.

Para poder conectarse y participar en los seminarios será necesario una inscripción previa (y gratuita), siguiendo las indicaciones que se facilitan con unas dos semanas de antelación a cada uno de los seminarios por esta misma vía.

Encuentro Bilateral de Política Económica. Alicante, 12 de Septiembre de 2023 (resultados)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, Universidad de Alicante, España)

Con este primer Encuentro Bilateral de Política Económica se aspira a iniciar la realización en España de un tipo nuevo de eventos académicos. Estos pretenderían acercar la investigación y la docencia entre distintas Universidades a través de un entre profesorado de distintas Universidades, donde se intercambien trabajos y experiencias con el objetivo no solo de hacer fluir la información, sino como mecanismo para estimular la generación de colaboraciones futuras.

Esta experiencia-piloto se inicia con el Encuentro organizado por las correspondientes secciones de Política Económica de las Universidades de Alicante y de Valencia. El Encuentro ha tenido lugar en el Departamento de Economía Aplicada y Política Económica de la Universidad de Alicante el 12 de septiembre de 2023. Se ha organizado en forma de dos franjas expositivas (mañana y tarde) donde distintos miembros de ambas Universidades han expuesto los contenidos de trabajo recientes, líneas de investigación en curso o en perspectiva, así como experiencias docentes o de transferencia.

Dentro de las líneas de investigación en Política Económica que se están desarrollando en Valencia se encuentran:

• Pensamiento y metodologías de la Política Económica (Antonio Sánchez)
• Docencia en la Política Económica (Antonio Sánchez y Maja Barac)
• Política Económica internacional (Antonio Sánchez, Margarita Rohr y Raúl de Arriba)
• Nuevos enfoques de las políticas presupuestarias (Margarita Rohr)
• Política monetaria y distribución de la renta (Carlos Ochando y Juan F. Albert)
• Políticas educativas (Ángel Soler)
• Políticas medioambientales y desarrollo local (Antoni Seguí)
• Política económica y economía circular (Luz Ramírez)
• Política de desarrollo local (Josep V. Pitxer)
• Políticas laborales (Josep Banyuls y Maja Barac)

Mientras tanto, se ha puesto de manifiesto que las líneas de trabajo en Alicante serían las siguientes:

• Política industrial (Antonio Fuster y Juan Carlos Vicedo)
• Política económica en China (Graciela Giner y José Miguel Giner)
• Políticas de desarrollo local (Manuel Fuentes y José Miguel Giner)
• Políticas de análisis coyuntural (Manuel Fuentes)
• Políticas sociales (Rosa Mateu)
• Política de vivienda (José Antonio Martínez)
• Política universitaria (José Antonio Martínez)
• Política de infraestructuras (María Jesús Santa María)

A partir de estas líneas de investigación se acordó estrechar colaboraciones. En primer lugar, se plantea la presentación de algún trabajo en el Encuentro de Política Económica Internacional que se celebrará en Valencia a finales de noviembre. En segundo lugar, se ha bosquejado la realización de una colaboración en uno de los futuros Anuarios de Política Económica que se están editando. En tercer lugar, se pretende organizar en las respectivas universidades seminarios de política económica presentando contendidos de trabajos de investigación en curso. En cuarto lugar, a través de las líneas de investigación se tratará de acercar puntos de encuentro para iniciar algún trabajo conjunto.

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) (año 2022)

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista académica que concentra su atención en la Política Económica. La revista es editada en Valencia (España) por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia (irep.uv.es)

IREP acepta contribuciones de todos los enfoques económicos (ortodoxos y heterodoxos), así como procedentes de otras disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales. Desde esta perspectiva, IREP acepta trabajos de carácter tanto teóricos como aplicados, al tiempo que son bienvenidas tanto las aportaciones sustentadas en análisis cuantitativos como cualitativos, destacando su contenido realista. En concreto, IREP acepta trabajos procedentes de orígenes diversos como la economía, la economía política, el desarrollo y la planificación, la historia o las ciencias sociales en general. IREP publica artículos sobre todo tipo de temáticas relacionadas con la Política Económica.

International Review of Economic Policy – Revista Internacional de Política Económica (IREP) es una revista internacional que publica manuscritos en inglés y en español. Todos los artículos son sometidos a un estricto sistema de evaluación anónima por pares, ofreciendo un medio académico de comunicación y de diseminación de ideas de elevada calidad científica

Contenidos de

Vol.5, Núm. 1 (2023)

 La estrategia de la Unión Europea frente al cambio climático (por Emilio Padilla Rosa)

• Política fiscal para un nuevo régimen de bienestar post pandemia COVID-19 basado en Buen Vivir (por Santiago García Álvarez)
• ¿Estiman los analistas de forma diferente en períodos de incertidumbre? Un análisis empírico de los precios objetivo de los bancos españoles (por Roberto Pascual)
• Influencia de la incertidumbre de política económica en las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Panamá (por Mary Elena Sánchez Gabarre, Pablo Castellanos García, Víctor Hugo Herrera Ballesteros)
• Política laboral y de igualdad de género: permisos parentales, lactancia y bienestar infantil (por Cristina Castellanos-Serrano, Carlamarina Rodríguez, Carlamarina Rodríguez)
• El sector del vino en España. Una aproximación desde la perspectiva de la política económica (por Juan José Juste Carrión, Benjamín Peñas Moyano)

 Los contenidos e información se pueden consultar en línea en la web:

irep.uv.es

Noticias internacionales

Revista Finanzas y Política Económica

La Revista Finanzas y Política Económica, de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Colombia, constituye un espacio científico de discusión de aspectos relacionados con Política Económica. Tiene una categoría de Q4 en Scopus. Más información:

https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/

Contenidos de número reciente

vol.15, nº.1, enero-junio, 2022

Editorial

• La reforma rural y el problema de la distribución desigual de la tierra en Colombia (Tejedor Estupiñán Joan Miguel)

Artículos de investigación

• La respuesta de Ibovespa al comportamiento de los precios del petróleo y del mineral de hierro durante la crisis internacional causada por el COVID-19 (Sánchez Arévalo Jorge Luis, Ferreira de Andrade Alisson Maxwell, de Oliveira Vendramin Elisabeth)
• El teorema Modigliani-Miller: un análisis desde la estructura de capital mediante modelos Data Mining en pymes del sector comercio (López-Solís Oscar, Haro Sarango Alexander Fernando, Córdova-Pacheco Ana, Pérez-Briceño Juan)
• El efecto de los salarios en el capital humano y su ciclo dinámico virtuoso (Lartigue Mendoza Jacques, Domínguez Salomón)
• ¿Cómo la capacidad de absorción afecta la innovación frugal de las pymes en el Bajío mexicano? (Cortés-Palacios Héctor Abraham, Cuevas-Vargas Héctor)
• “Quédate en casa (si puedes)”: empleo informal y COVID-19 en México (Chapa Cantú Joana Cecilia, Saldaña Villanueva Carlos Emmanuel, Luna Domínguez Edgar Mauricio)
• Nexo entre gasto militar y desempleo en Bangladesh (Hanif Abu, Salah Uddin Muhammad, Bakirtas Tahsin, Kader Sheikh Abdul)
• El efecto moderador de la educación financiera en la relación entre las herramientas de toma de decisiones y los rendimientos de las acciones en el mercado secundario de acciones de la India (Isidore Renu, Arun C. Joe)
• Medición de los factores que determinan la creación de valor en los sectores económicos colombianos: periodo 2016-2020 (Isaac Roque Daniel, Caicedo Carrero Andrés, de la Oliva De Con Fidel)
• Brecha de género en la confianza de productos y servicios financieros desde la perspectiva del comportamiento (Hernández-Rivera Ariadna)

vol.15, nº.2, julio-diciembre, 2023

Editorial

• La economía y gestión de la cultura popular como motor de desarrollo territorial (Heredia-Carroza Jesús, Aguado Luis Fernando, Tejedor Estupiñán Joan Miguel)

Artículos de investigación

• Provisión eficiente de bienes públicos: oferta y demanda de bibliotecas públicas en Colombia (Andrade Agudelo Doris Lilia, Fernández-Cantero Angy Lorena , Velásquez-Galeano. Dayana Andrea)
• La transorganización como respuesta estructural de las micro-organizaciones creativas (Cortázar Triana Daniel)
• Interés por las artes escénicas desde el capital cultural y la educación: el caso español, 2019 (Díaz León Blas, Martínez Fernández Ignacio, Palma Martos Luis)
• Desarrollo humano e inclusión productiva en la música popular colombiana: el caso de las bandas de viento en Sucre (Colombia) (Peralta Farak Yeraldin , Espinosa Espinosa Aaron)
• Derechos sociales y culturales en el trabajo artístico: un análisis exploratorio de artistas chilenos y mexicanos durante tiempos pandémicos (Reyes-Martínez Javier, Guzmán-Andrade Carlos)
• La industria cultural taurina española en tiempos de crisis (2007-2013): fase del ciclo de vida de la industria (García-Parejo Antonia, Caro González Francisco Javier, Chavarría Ortiz Carlos)
• Pandemia e industrias culturales en un contexto regional (Bérubé Julie)

Artículo de reflexión

• COVID-19 un acelerador de las tendencias del Control de Gestión en las empresas españolas (Caviedes Conde Angela Andrea, Yanguas Morte Luis Ramón)

Artículo de revisión

• Patrimonio Cultural Inmaterial y Ecosistemas Creativos: una revisión de literatura (Maussa Pérez Fausto Orlando, Montes Hincapié Juan Manuel)

Cursos

Design and Evaluation of Social Interventions under a Behavioral Economics Approach. Virtual (7/11/2023-13/12/23) 0815

Organiza: Facultad de Estudios Estadísticos, Universidad Complutense de Madrid

Directores: Lorenzo Escot Mangas <escot@ucm.es> y Iñaki Aliende Povedano.

Behavioral Economics is an established field, boasting three Nobel Prizes in recent decades. Its empirical approach makes it a highly practical discipline to be considered by any student or professional in the social sciences.

The choice architect is capable of discerning the impact of information scarcity on social matters and, in relation to this, influencing the way economic agents make decisions across various domains such as savings, adopting healthy habits, consumption, future planning, or compliance.

While its presence in academic literature, the business world, and as a tool for public entities has been growing, it still has significant potential in university programs. This Certificate responds to that need.

Any professional whose field of work requires influencing the decisions of citizens and economic agents should view behavioral economics as a methodology. This includes social transformation projects, commercial and communication campaigns, habit change, economic policies, promotion of socially desirable behaviors, and environmental protection.

The course includes the following blocks:

• A brief history of behavioral economics, where we explain its formation and main contributions over past centuries, complementing the neoclassical approach to economics.
• The increasing presence of behavioral economics in various social spheres, in public entities such as ‘nudge units,’ and in private organisations.
• Cases from key application sectors: health, energy, consumption, environment, safety, marketing, finance, education, etc.
• Distinctive elements of social intervention projects from the perspective of behavioral economics: heuristics, biases, and nudges.
• Process of constructing projects from the standpoint of behavioral economics: significance of decisions, identification of cognitive biases, intervention typology, and development of nudges.
• Success indicators and project evaluation methods using statistical methods.

Sessions:

1. Introduction: Social Interventions, Behavioral Economics, and Impact Measurement

This introductory section sets the context for the program by introducing participants to the concepts of social interventions, behavioral economics, and how impact is measured in these contexts.

2. Human Behavioral Approach to Economic Matters

This section explores the fundamental principles of behavioral economics, emphasising how human behavior often deviates from traditional economic assumptions.

3. Behavioral Economics Process to Apply on Social Matters

This part delves into how the principles of behavioral economics can be applied to social issues, using a structured process.

4. Data-Driven Methods to Design and Measure Behavioral Interventions

This section covers how data analysis and evidence-based methods can be used to design and measure the effectiveness of behavioral interventions.

5. The Measurement of Interventions Impact in Social Matters

This topic focuses on the methodologies and metrics used to quantify the impact of behavioral interventions in social contexts.

6. Cases of Application of a Behavioral Approach

This section showcases real-world examples of how behavioral economics principles have been successfully applied to address social challenges.

7. Research Strategies in Social Studies

This will involve discussing the different strategies and methodologies commonly used in social studies.

8. Presentations of Participants’ Projects

This is an interactive session which participants have the opportunity to present and discuss their own projects related to applying behavioral economics to social matters.

Más información: https://www.ucm.es/aedipi/behavioral-economics

Nueva legislación académica en España y la disciplina de la Política Económica

Alegación sobre Política Económica al proyecto de Decreto Ley

Se abre esta nueva sección en la que se pretende iniciar un debate acerca de los cambios en el marco legislativo que están teniendo lugar en la actualidad en España y sus efectos para el desarrollo de la disciplina de la Política Económica. El cambio se ha iniciado con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (BOE, 23 marzo de 2023). A partir de ese momento, se suscitó la necesidad de concretar este marco legal y, en este sentido, se publicarán sucesivos Reales Decretos-Ley. Antes del verano, se publicó un borrador de un Decreto-Ley. En ese momento y con poco tiempo se organizó una contestación por para del profesorado de Política Económica sugiriendo una enmienda por la que se sugería la introducción de la Política Económica como especialidad de conocimiento. Finalmente, fue aceptada esta propuesta.

La propuesta, como se ha apuntado, tuvo que redactarse y organizarse muy rápidamente con una penuria de tiempo digna de reseñar. Por razones operativas, se buscó a un profesor de cada Universidad donde se explican extensamente contenidos de Política Económica. Cabe señalar que a una parte del profesorado no les dio tiempo a responder y, por tanto, al no disponer del permiso explicito, no fueron incluidas las respectivas personas adscritas a esas respectivas Universidades.

La alegación presentada, cuyo contenido fue aceptado por el Ministerio reza de la siguiente manera:

Red Española de Docentes e Investigadores en Política Económica (REDIPE)

En reunión virtual llevada a cabo el día 14 de junio de 2023 por profesorado vinculado a la Red Española de Docentes e Investigadores en Política Económica (REDIPE), se acuerda apoyar la alegación al Proyecto de Real Decreto Ley por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos, en el sentido de que sea incorporada “Política Económica” como especialidad de conocimiento específica y separada de la existente “Economía Aplicada” (con texto explicitado a continuación).

Se adhieren a esta propuesta los siguientes profesores (uno por Universidad)

Antonio Sánchez Andrés

Departamento de Economía Aplicada

Universitat de València

Alegación

al Proyecto de Real Decreto Ley por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos

Alegación sobre Anexo II. Especialidades de conocimiento

Junto a Economía Aplicada, incorporación de la especialidad de conocimiento

• Política Económica

 Motivación

Las especialidades apuntadas en el proyecto de Real Decreto, en muchas ocasiones, se desagregan hasta extremos que pueden llegar a coincidir con una materia docente (o muy pocas). Por ejemplo, Derecho (se distinguen 13 especialidades de conocimiento), Didáctica (se indican, al menos, 8), Física (con 6 especialidades) o Historia (donde se distinguen 11 especialidades distintas).

Sin embargo, Economía Aplicada, con toda la heterogeneidad docente e investigadora que contiene, se reduce como especialidad de conocimiento a ella misma, una sola. Esta situación resulta más llamativa cuando se tiene presente que, ateniéndose a la información del Ministerio de Universidades, en 2021-22, el personal funcionario que se agrupaba en Economía Aplicada sumaba un total de 1115 personas, que contrasta con muchas otras que reunían unas decenas de profesorado o, en particular, con los 208 profesores de media teniendo como referencia todas las áreas/especialidades de conocimiento contempladas en el proyecto de Real Decreto. En fin, Economía Aplicada constituye un área/especialidad de conocimiento sobre dimensionada que podría dar cabida a 6 especialidades si se aplicara el término medio de profesores por especialidad.

Adicionalmente, dentro del macro-área de conocimiento de Economía Aplicada anidan en España múltiples campos de especialización con diferencias significativas entre sí, hasta el punto de poder ser consideradas disciplinas científicas. El reconocimiento de esta pluralidad dentro de la Economía Aplicada resultaba posible hasta el presente a través del establecimiento de perfiles en las plazas de profesorado. Pero el nuevo Decreto elimina la posibilidad de establecer estos perfiles, diluyendo esta pluralidad interna en una macro-especialidad de conocimiento. Por ello, resulta necesario mantener esta pluralidad adaptada al nuevo entorno marcado por el nuevo Decreto, reconociendo varias especialidades de conocimiento dentro de la Economía Aplicada y, en concreto, la especialidad de conocimiento de Política Económica.

En términos técnico-académico, las enseñanzas universitarias y las investigaciones económicas difieren esencialmente en sus contenidos cuando se tiene como referencia el funcionamiento del sector privado, el comportamiento del sector público o las actividades del Estado en la economía. Así pues, la acreditación y la selección de profesorado debería contar, al menos, con la especialidad de conocimiento de Política Económica para garantizar la calidad de la enseñanza pública universitaria impartida y se consideren en su justa medida las investigaciones del correspondiente profesorado.

La necesidad de explicitar la especialidad de conocimiento de Política Económica separada de la de “Economía Aplicada” resulta especialmente necesaria a la luz de las consideraciones de los organismos internacionales y los nacionales en el ámbito de la educación y la investigación. La singularidad y especificidad de la Política Económica, respecto a Economía Aplicada, queda patente cuando se considera la clasificación de la UNESCO (Nomeclatura Internacional Unesco para los campos de la Ciencia y la Tecnología). En esta clasificación, la materia “Política Económica” tiene el código 590206 y está dentro del campo “5902 Ciencias Políticas”. En concreto, la clasificación específica es:

5902 Ciencias políticas

01 Política agrícola

02 Política cultural

03 Política comercial

04 Política de comunicaciones

05 Política demográfica

06 Política económica

07 Política educativa

08 Política del medio ambiente

09 Política exterior

10 Política sanitaria

11 Política industrial

12 Política de la información

13 Planificación política

14 Política científica y tecnológica

15 Política social

16 Política de transportes

Asimismo, en España, el propio Ministerio de Educación y Ciencia asumió tradicionalmente como suya la mencionada clasificación de la UNESCO, tal como se muestra en la convocatoria desglosada de 2004 “Guía para solicitantes. Convocatoria de Fomento de la Cultura Científica y Tecnológica (2004). MEC” (https://web.ua.es/vr-investigacio/documentos/documentacion/clasificacion-unesco-de-las-areas.pdf). Además, también los correspondientes ministerios responsables de Ciencia, Investigación, Educación o Universidades reconocen la autoridad de la clasificación de la UNESCO. Por añadidura, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) también se manifestó en el mismo sentido (véase, http://ciencia.micinn.fecyt.es/ciencia/culturacientifica/files/conv-2006-clasificacion-unesco.pdf)

Por otra parte, el propio proyecto de Real Decreto así como la Ley Orgánica del Sistema Universitario legitiman la inclusión de la nueva especialidad de conocimiento que se propone, en tanto que el indicado Real Decreto ya contempla precedentes de inclusión de nuevas especialidades de conocimiento, como es la de Turismo.

Así pues, técnicamente la docencia e investigación en Política Económica excede los límites de la Economía Aplicada (con fuerte componente de aspectos políticos –ciencias políticas-) exigiendo el reconocimiento de una especialidad de conocimiento propia, en coherencia con la tradición marcada por los altos organismos gubernamentales españoles.

Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)

La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red.

Durante el último trimestre se han difundido varios artículos que han centrado su atención en la necesidad de llevar a cabo una política industrial activa (Rodrik y Strain). Asimismo, se ha publicitado el último libro de Peter Singer, filósofo que reflexionada sobre el papel de la ética aplicada a diversos aspectos.

Políticas económicas coyunturales

Crisis económica y financiera, fiscalidad y política económica

(por Francisco González Fajardo, director del Departamento de Economía Aplicada -Hacienda Pública, Política Económica y Economía Política- de la Universidad de Málaga y Gumersindo Ruiz, Catedrático honorario de Política Económica en el mismo Departamento.

 Con el título “Fiscalidad y crisis económico-financiera. Un análisis de las políticas de austeridad frente a la Gran Recesión”, publica el profesor Antonio Roldán Báez de la UMA, en Laborum Ediciones (2023), un libro fruto de su tesis doctoral. Esta nota es una reseña de la obra al tiempo que una reflexión y desarrollo de ideas que surgen en torno al trabajo y que realizamos en los siguientes 6 apartados.

1. Inoportunidad de las políticas fiscales tras el impacto de la crisis, desde 2009

Las políticas tras la crisis han sido analizadas por diferentes autores con una coincidencia mayoritaria en la inoportunidad de aquellas medidas fiscales que fueron restrictivas. Esto es especialmente cierto en el caso de la economía española, pues deterioraron una situación de por sí inicialmente grave, provocando un daño histórico en magnitudes económicas y sociales fundamentales, con secuelas que aún persisten. No se trata sólo de un análisis ex post, sino que en los momentos en que tenían lugar los acontecimientos, algunas voces solventes advertían del peligro de aplicar medidas convencionales que confiaban en mecanismos semiautomáticos de equilibrio en los mercados, en vez de las no menos convencionales identificables con el keynesianismo. El trabajo de Antonio Roldán añade valor a lo que conocemos sobre el tema, pues es singular en realizar un análisis exhaustivo de la política fiscal seguida en España, y situarlo en el marco de la teoría de la Hacienda Pública y la Política Económica, ofreciendo una visión completa y compleja de la economía en el período 2009 a 2015. Dicho trabajo, prologado por el profesor Juan José Hinojosa, director de la tesis, cuenta con el aval de investigadores tan prestigiosos como los profesores Martín Delgado, Aguiló Agüero, Eseverri Martínez, de Villota Gil-Escoin, y González Fajardo, que formaron el tribunal de tesis.

2. Funcionamiento del mercado, papel del Estado y crisis económica

Con el propósito de trabajar en el marco conceptual de la fiscalidad, la parte primera trata de las formas del Estado y el papel de la imposición en las sociedades modernas. En cuanto al papel del Estado y la crisis económica, se documenta la inestabilidad consustancial al funcionamiento de la economía en circunstancias que no necesariamente son de inestabilidad política, con choques externos como guerras o pandemias, reducción de oferta de energía y materias primas o disrupción en cadenas de suministros, que no son nuevos. El hecho que da lugar a la crisis que es objeto del libro, es una sobreproducción inmobiliaria en unas condiciones prolongadas de tipos de interés muy bajos, y abundante liquidez, con un endeudamiento privado, no público.

La exuberancia irracional de los mercados financieros se mostraba en la utilización de instrumentos financieros derivados, en gran medida con subyacente inmobiliario, cuya valoración del riesgo era imprecisa en términos de volatilidad y riesgos de cola subestimados, así como en la relación de ese riesgo con la rentabilidad que habría exigido intereses más altos. Precisamente la desregulación, que se consideraba una conquista del sistema neoliberal de mercado, lleva a una proliferación de operaciones con activos financieros, que eran a su vez subyacentes de otros activos financieros, de manera que se perdía la conexión con el subyacente real último. En el desarrollo de operaciones y productos sintéticos, la referencia del valor real no llegó a existir más que como indicios lejanos de su volatilidad, o el aseguramiento de unas probabilidades casi desconocidas de impago, cuya prima sería el flujo financiero del que se nutriría el interés del bono de deuda. Estas figuras financieras llevan a una sobredimensión del sistema financiero, y a crisis de liquidez cuando se duda de la calidad de los activos en los que se soporta la posición de liquidez de un intermediario financiero, bancario o no; y afecta a las expectativas reales, al crecimiento, el empleo, y lleva a la quiebra de entidades financieras y no financieras.

El deficiente funcionamiento de la economía de mercado, con presiones fortísimas sobre la política monetaria para que sirviera de estímulo al proceso especulativo que vivía la economía, da lugar a un endeudamiento privado generalizado en familias e intermediarios financieros, y provoca una crisis sin posibilidad de corrección y vuelta natural a un equilibrio. En este contexto se cita en el libro a Joseph Stiglitz cuando compara la inviabilidad del sistema de planificación centralizada evidenciada en la caída del muro de Berlín en 1989, con lo que ocurre veinte años después cuando las quiebras bancarias, por un desequilibrio entre la valoración por el mercado de sus activos, la iliquidez de los mismos, y la financiación ajena, descompensada en plazos y ratios, respecto al total del balance -en el pasivo-, lleva a una exigencia de intervención pública masiva. Esta se da con gran rapidez en Estados Unidos, haciéndose cargo la Reserva Federal de los productos financieros con subyacente hipotecario, comprando deuda pública, y estableciendo condiciones expansivas de política monetaria. En la Unión Europea hay un retraso notable y vacilaciones del BCE, que finalmente lleva a cabo un programa de liquidez bancaria y compra de deuda pública y privada en unas condiciones monetarias muy laxas. Para Stiglitz esta crisis cuestiona de raíz la idea de que los mercados dejados a su libre albedrío proporcionan prosperidad y crecimiento.

El análisis de Antonio Roldán sobre las funciones del Estado es, desde luego, más completo y complejo que estas observaciones que venimos haciendo, y no se limita a la intervención en las crisis, sino que documenta un pensamiento que evoluciona desde finales del siglo diecinueve con teorías de la Hacienda Pública vinculadas al pensamiento económico y a la Teoría y Política económicas. En la práctica, vemos grupos económicos y de interés, que se expanden apoyados ya sea en forma militar, o mediante legislación social y económica. Junto a estas realidades, el énfasis en la reducida dimensión del sector público, sus ingresos y gastos, desde una visión neoliberal, ha entrado secularmente en contradicción con las exigencias de regulación, desregulación, y el favorecimiento de posiciones de oligopolio y dominio del mercado. La privatización de servicios que siguen considerándose públicos se financian por el Estado, y se admite un beneficio privado en su prestación. La fiscalidad, por su parte, mantiene un sesgo permanente en detrimento de las rentas del trabajo frente a las del capital.

3. La imposición en el pensamiento económico. De un óptimo de no interferencia en la actividad económica, a segundo y tercer óptimos de adaptación a las crisis

Ante la mención de Joseph Stiglitz por el autor, conviene traer a colación uno de los artículos más apasionantes que se conocen sobre el sentido de la imposición. Se titula: In praise of Frank Ramsey´s contribution to the theory of taxation, (NBER Working Paper 20530, September 2014). En él Stiglitz toma el trabajo seminal de Ramsey, que ejerció una profunda influencia al plantear un sistema fiscal óptimo, en el sentido recaudatorio y en el de no ocasionar distorsiones en la producción económica, y desmonta la “manipulación” realizada por algunos economistas a partir del pensamiento de Ramsey.

¿Por qué dedica Stiglitz tanta atención a un artículo de Ramsey, publicado en 1927, como un ejercicio de matemáticas de enorme valor para los fundamentos de la economía, pero con escaso interés en su aplicación práctica? El motivo es que el trabajo de Ramsey ha servido de apoyo a economistas de gran prestigio que han querido sacar implicaciones de su análisis contra la imposición progresiva e impuestos sobre el capital y sus rentas, por las distorsiones que pueden producir en la oferta y demanda de bienes y servicios. Stiglitz demuestra que cualquier interpretación práctica que se pretenda extraer de Ramsey está sesgada por supuestos que Ramsey no estableció, como la elasticidad infinita de las curvas de oferta en la interpretación de Diamond y Mirrlees -y de ahí el supuesto daño a la producción-. Ramsey era consciente de las limitaciones de su análisis, una propuesta abstracta que requería una información real no disponible, y expresaba su preocupación por los efectos complejos de la imposición que no se podían entender en abstracto, y no fue más allá de sugerir y probar matemáticamente que los impuestos deberían ser inversamente proporcionales a las elasticidades de oferta y demanda. Su principio de evitar distorsiones fiscales en la demanda de productos, ya fuera por producción y precio de oferta, o por disponibilidad de renta y capacidad de demanda, no lleva a un óptimo por sí mismo si no se incorporan consideraciones de bienestar.

Frank Ramsey murió con 27 años; había ido más allá de Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein en filosofía y lógica matemática, donde están sus aportaciones geniales. Convencido socialista, su pensamiento económico se relaciona más con el valor y el bienestar social, que con el desapegado concepto de utilidad, relacionado con el disfrute, que es el emblema de la economía neoliberal. Wittgenstein eligió a Ramsey, cuando apenas tenía 20 años, para que tradujera su “Tractatus”, y son conocidas las ideas del filósofo sobre la unidad de lógica y ética, y la relevancia de la voluntad y efectos de hacer o no hacer, sobre la inteligencia abstracta.

Sacar ideas contra la progresividad impositiva del acercamiento de Ramsey a la imposición óptima resulta bastante cínico, aunque Stiglitz trata el tema de manera cortés, con ese respeto que guardan entre sí los premios Nobel. Para él, podría avanzarse en un paradigma equilibrado sobre fiscalidad siguiendo la intuición básica de aceptar el funcionamiento imperfecto de la oferta y demanda, contando con datos suficientes y tomando en consideración efectos de bienestar por la forma también imperfecta -no competitiva- en que se adquiere capital, talento y capacidades, Esto llevaría a un sistema progresivo sobre la renta, complementado con impuestos indirectos, herencias y donaciones, y capital, que fortalezcan la progresividad que puede alcanzarse con un sistema impositivo, al tiempo que se limita el nivel de distorsión.

Nos hemos extendido sobre estos temas porque la idea de optimalidad y no interferencia en los mercados lleva a que en situaciones como la crisis de 2009 se ignorara en España una política fiscal práctica que hiciera frente a la situación de las empresas y la demanda efectiva. De la misma manera, se ha criticado en estos últimos años el endeudamiento como salida a la crisis y la búsqueda de equilibrios mediante impuestos específicos -banca, energía-, que, por otra parte, se han intentado contrarrestar en el ámbito autonómico con fórmulas de rebaja de impuestos a renta altas y capitales. Con el espíritu de Ramsey, más allá del modelo simple competitivo, y cuando la distorsión no lo es todo, estaríamos en situaciones subóptimas, donde la reducción impositiva sobre productos demandados por las clases de menor renta tendría sentido por consideraciones redistributivas; de la misma manera que la reducción de impuestos y subvención a carburantes es contradictorio con el intento de reducir el consumo, pero no lo es para que coyuntural y temporalmente se apoye la actividad económica y se evite una recesión.  También, en el ámbito práctico cabría, si se quiere estimular la inversión productiva en un contexto internacional muy competitivo y con tendencia a cierta autonomía, avanzar en igualar el impuesto sobre las rentas del capital a las del trabajo, al tiempo que se permita de forma permanente que se deduzcan de beneficios las inversiones en instalaciones y maquinaria, lo que podría además hacerse para objetivos deseables como inversiones para la eficiencia energética. Todo esto sirve para argumentar que la política fiscal ante una crisis no pasa necesariamente por respuestas simplistas de optimalidad impositiva, sino por una adaptación inteligente a las características de la crisis, el entorno, y las respuestas que se pretenden conseguir en oferta y demanda.

4. Política Fiscal en el marco de la Política Económica

La parte segunda del libro se dedica a la Política Fiscal en el marco de la Política Económica, y desarrolla lo que podríamos llamar una Teoría de la Política Económica en cuanto a sus límites, efectividad y el esquema objetivos e instrumentos, destacando la distribución de la renta y la riqueza, el equilibrio fiscal, así como otras variables: el equilibrio exterior y tipo de cambio, en las que influyen los equilibrios presupuestarios. Asimismo, recoge la especial relevancia que ha cobrado en las últimas décadas, aunque no de forma continuada, la reducción de la pobreza y exclusión social, dentro de la complejidad de la actividad económica y el empleo.

En la Unión Europea los límites entre política fiscal y monetaria se han visto desdibujados, tal como se mostraba en Ruiz, G. (2017): “El policy mix monetario y fiscal revisitado” (en A. Sánchez y T. Carpi, “Política Económica”, Tirant lo Blanch), y tal como apuntábamos anteriormente con la adquisición de activos de deuda pública y privada por parte de los bancos centrales, en lo que se conoce como “Quantitative Easing”. En el contexto de la Unión Europea ha sido muy destacado en los últimos diez años que el BCE proporcione liquidez a los bancos para que compren deuda pública, y el mismo Banco la incorpore a su balance. Esta nueva política se anuncia en el verano de 2012, y puede decirse que marca una inflexión en la crisis financiera y económica, generando una demanda de deuda en el mercado, contribuyendo a reducir aún más los tipos de interés, creando expectativas optimistas, y posibilitando la salida de la crisis a países como España, que estaban financiera y económicamente hundidos. En el gráfico siguiente vemos el activo del balance del BCE en este periodo, que crece en estos años por las masivas compras de deuda realizadas. Se observa que es una política reciente la de hacer crecer el balance para paliar las consecuencias de la crisis y cómo vuelve a crecer sustancialmente para hacer frente a los problemas de liquidez de la pandemia y la guerra, y cómo más recientemente, ante el problema de la inflación de precios al consumo, se deja de reinvertir la deuda comprada cuando vence, y va poco a poco reduciendo su volumen, al tiempo que suben los tipos de interés. Como dato indicativo y de manera aproximada, actualmente el 57% de este balance son bonos de deuda pública y privada, y el 26% préstamos concedidos a entidades del área del euro, con lo que se ve la importancia que han tenido las compras de deuda para el balance del Banco. Hay que mencionar, aunque sea obvio, que este tipo de compras de deuda propia sólo pueden hacerlo países y zonas cuya divisa es de aceptación internacional, sin que repercuta significativamente en el tipo de cambio.

Las políticas fiscales seguidas en los países de la UE afectan a los tipos, ya que los países con mayores déficits presupuestarios y volúmenes de deuda sobre el PIB, se ven penalizados y pagan más por su deuda por sus desequilibrios fiscales. Esta situación es delicada pues el Banco tiene la referencia para comprar deuda de un país según la participación de cada país en el capital del Banco; aunque puede comprar y vender a lo largo de la curva de duración de la deuda, la curva de tipos, aliviando tensiones en circunstancias concretas de los mercados. También es paradójica la utilización de un único tipo de interés para países dispares; en el caso de España los tipos deberían haber sido mucho más altos en los años anteriores a la crisis para evitar la inflación inmobiliaria; y negativos en los primeros años de la crisis, si atendemos a la caída del producto y el empleo. En la actualidad España, que registra la inflación al consumo más baja de la Unión Europea, soporta una política monetaria restrictiva que no se corresponde con su situación económica, y que como decimos más adelante es un elemento a tener en cuenta en la política fiscal a seguir.

Destaca en el libro que reseñamos el análisis de Hacienda Pública que realiza sobre cuestiones específicas relacionadas con el efecto de los impuestos en el comportamiento de los agentes económicos, y el papel multiplicador del gasto público en las crisis de demanda. Estos análisis empíricos proporcionan información para tomar decisiones aun con incertidumbre, y aunque no son generalizables, sí permitían prever que la crisis financiera y económica de 2008 podía agravarse con una política fiscal que dejara de sostener la economía, de la misma manera que políticas de liberalización del mercado de trabajo llevarían a despidos masivos, sin un mecanismo previsible de recuperación. Por su parte, con una visión conservadora de los impuestos, sólo cabía esperar una reducción en la recaudación y mayor déficit y aumento de deuda.

Reproducimos el gráfico 3.13, página 408 del libro, en el que se constata la secular relativa baja presión fiscal en la economía española, y cómo desciende fuertemente en los años de crisis, sin que estimule a la economía, como parte de los fenómenos que estamos describiendo.

Recogemos también el gráfico 3.20, página 417 del libro, en el que se comprueba la desigual contribución de consumo y rentas de personas, en las que se basa principalmente la imposición, respecto a las rentas del capital y beneficios, y la inoportunidad de no aumentar la imposición a estas rentas y beneficios en épocas de crisis, que tienen siempre efectos desiguales sobre grupos de rentas y sectores económicos.

5. Reformas fiscales durante la crisis

Las reformas fiscales durante la crisis y sus efectos se analizan detalladamente, paso a paso, en la parte tercera del libro, considerando todos los impuestos.

Es muy interesante lo que ocurre entre 2009 y 2010, cuando hay un intento de reacción keynesiana por parte del gobierno. Este se encuentra con una fuerte oposición conservadora interna y una falta de sintonía externa por la rigidez con que las instituciones europeas gestionan la crisis. La economía, deprimida, sólo se mantiene por el comercio exterior, por la reacción desesperada de las empresas que pueden afrontarlo, ante la caída en la demanda interna.

Reproducimos el gráfico 3.5 de la página 393 del libro, donde se observa la depresión a que se lleva a la demanda efectiva de la economía. La respuesta del comercio exterior puede entenderse como una reacción inevitable de las empresas ante la fortísima caída de la demanda interna. Son significativos los famosos comentarios de Beveridge, que recoge el autor del libro en estas páginas donde se trata la demanda, sobre la necesidad de un fuerte estímulo público en este tipo de coyunturas económicas. En esta misma línea y en esas mismas páginas, van también los comentarios del Banco de España sobre los fortísimos desequilibrios que sufría la economía española, aunque de su lectura puede desprenderse cualquier tipo de política, desde la que supuestamente llevaría al equilibrio haciendo algunos ajustes financieros, que no funcionó, sino que agravó la situación, a la necesidad de una fuerte intervención pública de estímulo, que se ignoró en su momento.

En este caso la deuda pública no era un problema, pues como se recoge en la Tabla 3.31, página 401 del libro, que no reproducimos pero sintetizamos, en 2004 la deuda era el 47,6% del PIB, y el nuevo gobierno la reduce a 35,5% en 2007, cuando España era de los pocos países en la Unión Europea que cumplía con este objetivo; en 2010 la deuda pasa a 60,1%, y tras las medidas neoliberales en 2014 la economía española sigue en una situación muy difícil y con un 99,3% de deuda pública respecto al PIB.

El mayor ajuste se da precisamente entre 2011 y 2014, tal como se detalla, en salud, educación, protección medioambiental, vivienda, y recortes en las prestaciones por desempleo, con una insuficiente tasa de cobertura que se reduce aún más. Esto lleva a conclusiones donde se hace hincapié en el aumento de la desigualdad y de la pobreza, como resultado de unas políticas fiscales inadecuadas para una crisis del sector financiero e inmobiliario, endeudamiento privado, y sistema financiero sobredimensionado. Una reducción del gasto refuerza la caída de la demanda, del PIB, quiebran empresas, aumenta el paro, a lo que contribuyen medidas de liberalización, y se reduce la recaudación fiscal que es la clave del aumento de la deuda pública que casi triplica el porcentaje sobre el PIB en unos pocos años. El encogimiento del sector público, que se explica con precisión en el libro, y que lleva a ser uno de los más reducidos de Europa, no se ve compensando por una economía privada pujante sino todo lo contrario. La crisis sólo la solventaría el BCE en el verano de 2012 revirtiendo las expectativas ante la sugerencia de comenzar un programa de compra de deuda, como efectivamente hizo.

6. ¿Cuál debería ser el papel de la política fiscal en España ante una política monetaria contractiva?

En las propuestas de política económica, con las que finaliza el libro, hay rasgos de las medidas adoptadas por el gobierno de coalición ante la crisis que empieza en 2020 con la pandemia y que continúan con la guerra. Estas políticas han conseguido mantener el crecimiento, empleo e inflación a tipos bajos, y atender asuntos sociales salarios mínimos y pensiones, con una deuda pública importante, pero que se relativiza al crecer el PIB. Esta nueva política económica se da con la inflación al consumo más baja de la Unión Europea, y con el tipo de interés en el mercado de la deuda con un diferencial sólo en torno al 1 por ciento de la referencia inferior, que es Alemania. Sin embargo, si bien se observa una inclinación hacia poner fin a la política monetaria contractiva, hay también defensores de reconducir la política fiscal con argumentos similares a los que vimos en la austeridad, pero ahora con el argumento de la inflación.

El artículo “Inflation as a Fiscal Limit” (Francesco Bianchi y Leonardo Melosi, Johns Hopkins University y Federal Reserve Bank of Chicago. Jackson Hole, 2022), intenta probar que la inflación actual sólo puede frenarse si la política fiscal, con más impuestos y menos gastos, apoya a la política monetaria con mayores tipos de interés y sin compras de deuda pública. Mediante un modelo muy complejo y laboriosamente construido, donde además de los determinantes de las políticas monetaria y fiscal incluyen para un periodo de 70 años prácticamente todas las variables relevantes de la economía y con hipótesis sobre expectativas y reacción ante la inflación de consumidores y empresas, según lo que perciben de cómo se va actuar monetaria y fiscalmente, llegan a la conclusión de que lo monetario y lo fiscal tienen que ir juntos, dado que en la situación actual la inflación es un fenómeno con una fuerte implicación de política fiscal.

Los efectos sobre la inflación de los impactos del precio de la energía y de las guerras encuentran que son temporales, pues cuando suben los precios la demanda cae, con consecuencias para el crecimiento y el empleo, pero los precios se equilibran. Es difícil generar expectativas de reducción de la inflación, y con ello comportamientos de contención de precios por las empresas y de salarios por los trabajadores, si además de la política restrictiva de los bancos centrales -dicen- no se equilibra la política fiscal. El estudio se hace para Estados Unidos, pero es generalizable a otros casos, y es sin duda un punto de apoyo para el análisis de la inflación y el papel conjunto que tienen las políticas monetaria y fiscal.

No obstante, la fuerte intervención con gasto público en la pandemia y la guerra ha estado vinculada con una política persistente de tipos de interés muy bajos, y compras de deuda pública y privada por los bancos centrales. Los autores no incorporan el hecho de que la política fiscal expansiva de estos años ha sido posible no sólo porque los tipos de la deuda eran bajos, sino porque los bancos centrales compraban masivamente esa deuda. El resultado es que frente a lo que hemos visto en la crisis financiera y económica anterior, hay ahora una demanda de consumo que se mantiene por apoyos a empresas y programas sociales de empleo, sanitarios, familias sin recursos, así como en la actual crisis energética, subvenciones y ayudas a empresas y familias. Estos apoyos han tomado la forma de desgravaciones y subvenciones fiscales.

Las expectativas que generaban los bancos centrales era que mantendrían la actividad económica en cualquier circunstancia; y los gobiernos, que no dejarían que la economía y el empleo cayeran, con lo que la inflación y las expectativas de inflación no encuentran restricciones en el “policy mix”. Intuitivamente, a la simetría de política monetaria expansiva y política fiscal también expansiva, para hacer frente a un proceso inflacionista se requiere la simetría de una política monetaria restrictiva y una política fiscal restrictiva, de más ingresos fiscales y menores gastos. La política monetaria actual sí que frena el crecimiento al elevar los tipos de interés y reducir la capacidad de demanda del deudor, mientras que la política fiscal compensa favoreciendo demanda, crecimiento y empleo, pero también las expectativas de inflación. Hay diversos escenarios y combinaciones posibles, y factores como la evolución de la guerra, el impacto energético sobre la producción de las empresas, el comercio internacional, el engranaje de las cadenas de valor, el efecto relativo de programas nacionales de estímulo a la producción local, que hacen dudar de la conveniencia de alinear la política fiscal a la monetaria, que ayudaría a estabilizar los precios, pero aumentaría el coste en crecimiento y empleo. En el caso de España, además, la inflación es baja y la política monetaria es inconveniente para nuestro país, por lo que el papel restrictivo de la política fiscal parece estar fuera de lugar.

Tenemos que poner final a esta reseña del libro del profesor Antonio Roldán Báez, que resulta enormemente sugerente y rico en ideas, tanto en los aspectos conceptuales de la Hacienda Pública y la Política Económica, como en sus aplicaciones prácticas. Y, sobre todo, por la descripción y análisis detallado de un período desafortunado de la economía española, donde una crisis originada en el sector inmobiliario y financiero, recibe un tratamiento erróneo; hipótesis que queda probada de manera exhaustiva en las páginas del libro. Pero este trabajo es mucho más que el análisis de un caso, y debemos reiterar las gracias al profesor Roldán por iluminar el pensamiento sobre lo que puede ser, y lo que no, una buena fiscalidad y política económica.

Política económica internacional

Nuevas medidas económicas del gobierno chino ante un contexto de desaceleración

(por Graciela Giner Pérez, José Miguel Giner Pérez, Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, Universidad de Alicante)

China es la segunda mayor economía mundial, el mayor exportador y tiene las mayores reservas cambiarias del mundo. Sus más de 1.400 millones de habitantes y su potente clase media, reflejan su importancia, tanto para el consumo y demanda de bienes y materias primas como para la producción de manufactura y tecnología. Su economía repuntó con fuerza después de la profunda caída generada por la pandemia, y ha vuelto a un ritmo gradualmente ralentizado

El bajo crecimiento de las grandes economías del mundo, la inflación global y la inestabilidad asociada a guerras comerciales y otros riesgos de desacoplamiento, han sido observadas desde Beijing como un problema a enfrentar en los próximos años. China ha llevado a cabo importantes cambios, tanto en su esfera política como económica. Por una parte, la consolidación del liderazgo de Xi Jinping ha permitido darle continuidad a su gestión mientras que, en el ámbito económico, la guerra comercial y la pandemia, han hecho que el gigante asiático replantee su dependencia internacional y busque promover el crecimiento de la mano del consumo interno, así como afianzar las alianzas con aquellos socios que garanticen su cadena de suministro de materias primas.

1.- Nuevos problemas económicos

China ha sido durante mucho tiempo el motor del crecimiento mundial, pero en el segundo semestre, su desaceleración económica ha alarmado a los líderes internacionales y a los inversores. Las dudas sobre si el gigante asiático será capaz de cumplir con su objetivo de crecimiento anual, que el Gobierno fijó en un modesto 5% para el 2023, aumentan.

China, que abandonó los duros controles contra la covid-19 el pasado diciembre, inició la recuperación económica con más fuerza, pero, en los últimos meses el crecimiento se está estancando. Los precios al consumo caen junto a la caída en la confianza de los hogares y las empresas, el desempleo juvenil entre los jóvenes de 16 a 24 años alcanzó un nuevo máximo del 21,3%, el continuo deterioro del mercado inmobiliario se agrava y las exportaciones se desploman, a la vez que la deuda pública local aumenta. Además, China se enfrenta a algunos retos a largo plazo, como una crisis demográfica y unas tensas relaciones con socios comerciales clave como Estados Unidos y Europa.

A medida que continúan creciendo las preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR), máximo planificador económico del país, ha dado a conocer una serie de medidas para impulsar la recuperación de su economía, centrándose en la economía privada, enfocándose en el aumento del gasto en bienes de consumo y vehículos, alentando a las empresas privadas a invertir más y hacer más sencillo que los negocios accedan a financiamiento. A continuación, pasamos a analizarlas.

2.- Medidas económicas

Bienes de consumo

Las autoridades lanzan un plan para impulsar el gasto de los hogares en todo tipo de artículos, desde electrodomésticos hasta muebles, para ello, se debería mejorar el acceso de los ciudadanos al crédito para comprar productos del hogar.

A su vez, también se contempla un plan para aumentar la fabricación de pequeños bienes de consumo, o el llamado sector de la industria ligera, que representa más de una cuarta parte de las exportaciones chinas. Se tomarán medidas para aumentar las ventas de artículos ecológicos y para el hogar inteligente en las zonas rurales, y ampliar el uso de productos de batería en los coches eléctricos, la etapa de potencia y las telecomunicaciones.

Propiedad

Flexibilización de la política inmobiliaria, proponiendo que los gobiernos locales eliminen la norma que impide que las personas que hayan tenido alguna vez una hipoteca -aunque la hayan reembolsado en su totalidad- puedan ser consideradas compradores de su primera vivienda en las grandes ciudades, pero serán las autoridades locales las que tomen la última decisión de adoptar o no esta política.

Si los distritos centrales de las ciudades más importantes lo llevan a cabo, será un buen momento para que la economía china se recupere ya que ayudaría a revitalizar el mercado inmobiliario. Para ello deben incrementar los esfuerzos en la investigación y construcción de un nuevo modelo de desarrollo de la industria.

Además, se planea impulsar la renovación de las llamadas aldeas urbanas, buscando más capital privado en los proyectos y así ampliar la demanda interna e impulsar el desarrollo de las ciudades.

Los reguladores financieros ampliaron la concesión de préstamos a los promotores inmobiliarios para garantizar la entrega de las viviendas en construcción. El Banco Popular de China (BPC) también ha pedido a los bancos que bajen las tasas de las hipotecas existentes. En cuanto a las garantías jurídicas se suprimirán los reglamentos y los documentos oficiales que violen el principio de igualdad para los diversos tipos de propiedad, a fin de proteger el desarrollo de la economía privada.

Vehículos

La CNDR publicó un plan de 10 pasos para aumentar las compras de coches, especialmente de vehículos de nueva energía, que incluye la reducción de los costos de recarga de los vehículos eléctricos y la ampliación de las exenciones fiscales. El Ministerio de Comercio lanzó una campaña de seis meses para impulsar la compra de coches y la adopción de vehículos eléctricos en las zonas rurales.

 Tecnología

Pekín esbozó 31 medidas entre las que se incluían promesas de dar el mismo trato a las empresas privadas que a las estatales, consultar más a los empresarios sobre la elaboración de políticas y reducir las barreras de entrada al mercado, impulsándolas a participar en grandes proyectos nacionales que sean rentables y maduros, pudiendo liderar programas tecnológicos en áreas clave como software industrial e inteligencia artificial.

El máximo regulador de Internet publicó 24 directrices para servicios del tipo ChatGPT, suavizando algunas restricciones que había propuesto varios meses antes. El banco central pidió a las entidades de crédito y a los mercados financieros que apoyaran más la innovación y las adquisiciones relacionadas con la tecnología, y que fomentasen la inversión en nuevas empresas.

Empresas privadas

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma se ha comprometido a impulsar el crédito a las empresas privadas y ampliar otras medidas de financiación a las pequeñas empresas incluyendo la ampliación a todas las empresas privadas cualificadas, de una herramienta de mejora del crédito en bonos, respaldada por instituciones financieras, y la promesa de aumentar el importe de los préstamos crediticios para el sector. Para ello, las autoridades han publicado un plan para animar a las empresas privadas a invertir en sectores clave como el transporte, la conservación del agua, las energías limpias, las nuevas infraestructuras, la fabricación avanzada y las modernas instalaciones agrícolas. 

La CNDR también tratará de financiar los proyectos mediante préstamos bancarios y productos de fideicomisos de inversión inmobiliaria.

Las empresas disfrutarán de una reducción de impuestos en el gasto en investigación y desarrollo, menor tiempo en reembolsos a la exportación y un apoyo financiero inclusivo fortalecido.

También se ha decidido prolongar medidas favorables para ayudar a las micro y pequeñas empresas, a acceder a fondos incluyendo préstamos de apoyo y reducciones de impuestos. El Gobierno se comprometió a reducir la burocracia en la aprobación administrativa, liquidar los atrasos adeudados a las pequeñas y medianas empresas, así como a participar activamente con los empresarios en el proceso de formulación de políticas.

Tasas de interés

El 15 de agosto, el Banco Popular de China recortó su principal tasa de interés oficial, una medida sorpresa que supuso la mayor reducción de sus tasas préstamos a un año desde 2020. La medida se produjo poco antes de la publicación de los datos de julio, que mostraron un débil crecimiento del gasto de los consumidores, una caída de la inversión y un aumento del desempleo. Fue el segundo recorte de esa tasa este año. Sin embargo, los bancos chinos mantuvieran en suspenso el tipo de interés que rige las hipotecas. 

Mercados financieros

Las autoridades chinas han redoblado sus esfuerzos para reforzar los mercados en medio de la intensificación de las ventas masivas. En agosto, las autoridades pidieron a algunos fondos de inversión que evitaran convertirse en vendedores netos de acciones y animaron a las empresas que cotizan en la bolsa de ciencia y tecnología de Shanghai a recomprar sus acciones, entre otras medidas.

China también está estudiando un recorte del impuesto de timbre, vigente desde el 2008, sobre las transacciones bursátiles, lo que supondría un importante intento de reavivar la confianza. Para frenar la caída de la divisa, el banco central ha intensificado su defensa del yuan en las últimas semanas estableciendo fijaciones diarias más fuertes y elevando los costos de financiación en el mercado extraterritorial. Aun así, la moneda ha seguido debilitándose.

Inversión extranjera

China anuncia medidas para atraer y fomentar la inversión extranjera, ampliar el acceso al mercado y fortalecer la comunicación con empresas y cámaras de comercio extranjeras, fijando como objetivo establecer un sistema de apertura más amplio para atraer recursos globales y seguir siendo una fuente importante de crecimiento estable para la economía mundial en medio de la actual recuperación económica.

Estas iniciativas buscan mejorar el entorno de negocios para las empresas extranjeras que operan en China, desempeñando un papel clave en la conclusión de negociaciones para el primer acuerdo multilateral de inversión, el Acuerdo de Facilitación de la Inversión para el Desarrollo (IFD). Este acuerdo, tiene como objetivo mejorar la transparencia y la previsibilidad de las medidas de inversión y simplificar los procedimientos administrativos relacionados con la misma.

3.- Conclusiones

La economía china vive una situación delicada con el estallido de una doble burbuja, inmobiliaria y de deuda. China no está en recesión, pero su crecimiento se debilita. Es la segunda mayor economía del mundo por lo tanto preocupa el menor crecimiento económico mundial y, especialmente, la disminución del comercio internacional. Las autoridades chinas deben centrarse en limitar el contagio de la burbuja inmobiliaria en el sector financiero. China tiene medios para controlar los efectos adversos de la burbuja inmobiliaria, interviniendo en el mercado de cambios a través de los bancos y así evitar una depreciación del renminbi, pero el problema es que no lleva a cabo un plan de estímulo como en el 2018 porque la deuda pública ya es muy grande. No habrá crisis, pero la economía no despegará.

El gobierno debe adaptarse a la nueva situación, se deben implementar medidas orientadas al sector inmobiliario y los gobiernos locales, altamente endeudados, a través de planes de resolución de deuda;  adaptarse a la nueva situación en la que la dinámica de la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario está cambiando significativamente; hacer del empleo una alta prioridad; incrementar el consumo a través de medidas macroeconómicas e implementando subsidios para que compren más automóviles ,productos electrónicos y electrodomésticos para acabar con inventarios y aumentar la fabricación. En general, los economistas creen que el gobierno quiere asegurarse su objetivo de crecimiento de 5% para 2023.

Bibliografía

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CNN, “¿Por qué está en problemas la economía de China?” 22 de agosto, 2023. en: https://cnnespanol.cnn.com/2023/08/22/analisis-economia-china-problemas-esto-salio-mal-trax/

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El País, “Xi Jinping hace historia en China al lograr su tercer mandato presidencial”. En: https://bit.ly/41RDZX7

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Global times, “China has willingness, capability to join CPTPP: senior trade oficial”. En: https://bit.ly/3IjPnnG

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Morales Estay, Pablo. “Situación política y económica de China”, 18 de mayo 2023, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, programa Asia pacífico, número suplemento 138456.

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SCMP, “What is China’s dual circulation economic strategy and why is it important?”. En: http://bcn.cl/2z3qs

Xinhua (en español), “Xi afirma que China logra meta de construir sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos”. En: https://bit.ly/3MEcCeE

Política económica y género

Indicadores internacionales de las brechas de género

(por Lorenzo Escot Mangas y José Andrés Fernández Cornejo, Grupo de investigación en Análisis de Datos en Estudios Sociales, Género y Políticas de Igualdad <www.ucm.es/aedipi>, Universidad Complutense de Madrid)

La Economía de Género es aquella rama o especialidad de la Economía que se dedica al análisis de las desigualdades y las brechas entre varones y mujeres en diferentes ámbitos de la economía como son: el acceso a los recursos económicos, las oportunidades de empleo y la participación laboral, los salarios, la renta, la educación, la toma de decisiones económicas tanto en el poder político como empresarial, la pobreza, el bienestar económico, etc.

El análisis de las desigualdades de género puede abordarse desde diferentes enfoques o escuelas de pensamiento, desde las más ortodoxas hasta las corrientes más heterodoxas. Éste es un campo de investigación consolidado, pero no unificado. Además, cuando hablamos de economía de género nos movemos en ámbitos o campos bien conocidos como la Economía Laboral, la Demografía, la Educación, la Salud, la Familia y el reparto de tareas dentro del hogar, entre otros,

Uno de los objetivos de la economía de género es el de detectar situaciones de falta de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en cualquier esfera económica y promover la intervención mediante políticas específicas que ayuden a erradicar este fallo de equidad. Para ello, es necesario disponer de indicadores que evidencien la existencia de dichas situaciones y que además permitan profundizar en el análisis de los factores que se encuentran detrás de esas desigualdades de género

Encontrar pruebas o evidencia empírica de discriminación directa de género, es decir, diferencias de trato por el hecho de ser varón o mujer, no siempre es fácil e inmediato. Existen varias técnicas que intentan cuantificar la discriminación de género, por ejemplo, la descomposición de Oaxaca-Blinder (1973) para el análisis de la brecha salarial, o las metodologías experimentales para detectar la discriminación en la contratación laboral contra las mujeres (Lippens et al., 2021).

Dadas las dificultades para detectar discriminación directa, la mayoría de los estudios e indicadores se centran en encontrar diferencias en los resultados, diferencias en la participación entre hombres y mujeres (brechas de género) en diferentes ámbitos sociales. El Cuadro 1 recoge los indicadores estadísticos de género más ampliamente utilizados en la literatura

La utilización de estos indicadores de género para cuantificar brechas entre varones y mujeres permite obtener una medida del tamaño general y el alcance del problema de las desigualdades de género. Dichos índices deben ser fáciles de interpretar, utilizar una metodología clara en su construcción, y estimarse con el uso de datos obtenidos de manera rigurosa y homogénea cuando se quiere que sirvan de base para hacer comparaciones interregionales. Además, estos indicadores también deben tener una continuidad en el tiempo si se pretende evaluar la evolución y el logro de los objetivos de igualdad de género.

Existen diferentes ámbitos que pueden y deben estudiarse para cuantificar las brechas de género en una economía. En efecto, la desigualdad de género es un problema poliédrico o multifacético que requiere analizar las brechas de género en diferentes áreas de la sociedad en las que las mujeres han sido tradicionalmente objeto de discriminación. En este sentido, los indicadores de género deben reflejar de manera integral las diferencias de participación y las desigualdades en diferentes ámbitos sociales, como la participación laboral y la segregación ocupacional, los ingresos y la pobreza, la educación, la salud, las leyes de libertades civiles y las normas sociales, el empoderamiento político, la familia y la corresponsabilidad en el cuidado, la cultura o la violencia contra las mujeres.

Afortunadamente, prestigiosas instituciones internacionales publican regularmente indicadores de género rigurosamente construidos que reflejan de manera precisa y confiable las situaciones de desigualdad que sufren las mujeres en las diferentes regiones del mundo. Entre estos indicadores podemos encontrar, por ejemplo, el Índice Global de Brecha de Género (GGGI por sus siglas en inglés) publicado por el Foro Económico Mundial (que mide desde 2006 las brechas de género en el trabajo, la educación-salud y el empoderamiento político); el Índice de Género de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (SDGGI por sus siglas en inglés) elaborado por Equal Measures 2030 (que puntúa la dimensión de brechas de género para 14 de los 17 SDG); Los dos indicadores de género compuestos del Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Índice de Desarrollo de Género (IDG) (que mide las disparidades en el Índice de Desarrollo Humano -IDH- por género) y el Índice de Desigualdad de Género (GII) (que mide las brechas de género en salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral); el Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI) publicado por la OCDE (que mide la discriminación contra la mujer en las instituciones familiares, las libertades civiles, las normas sociales y los recursos productivos y financieros); o los indicadores de género de los SDG publicados por el Banco Mundial; o el Índice de Igualdad de Género de la Unión Europea. Los principales componentes de estos índices de género internacionales se muestran en el Cuadro 2.

Las diferencias entre los índices de cada institución se deben a diferencias en las dimensiones e indicadores explícitos utilizados en la construcción de cada uno de ellos. Todos estos índices, sin embargo, muestran una alta correlación entre ellos. De hecho, es posible construir un índice compuesto con todos ellos que resuma la situación media de la brecha de género en los diferentes países (Escot et. al 2023).

El Gráfico 1 y el Cuadro 3 muestran un índice compuesto global calculado como la media de GGGI, SDGGI, GII y SIGI. El índice compuesto se expresa como una relación o ratio Mujer/Varón, con un rango de 0 (una brecha de género muy alta) a 100 (igualdad de género)[1]. Este índice compuesto simple permite una comparación entre países, agrupándolos en buenos (>80), regulares (80-70), pobres (70-60) y muy pobres (<60) en términos de resultados de igualdad de género.

De los resultados obtenido se desprenden diferentes conclusiones. Por ejemplo, que pese a que existan países donde la situación de las mujeres sea especialmente preocupante (y que coinciden en general con aquellos países con un mayor atraso económico), las brechas de género son un fenómeno generalizado a nivel mundial: sólo un 17% de los países analizados tenían una brecha media Mujer/Varón inferior al 20%, y en ningún país (ni siquiera los nórdicos que son los que obtienen mejor resultado) presenta brechas inferiores al 90%. Estos indicadores pueden ayudar a dirigir las políticas de igualdad de género a nivel internacional, aunque sin duda resulta necesario no sólo medir brechas sino también profundizar en el conocimiento de las causas de estas desigualdades entre varones y mujeres, cuyo origen sin duda pueden variar de un país a otro.

Bibliografía

Blinder, A. (1973): “Wage discrimination: Reduced Form and structural estimates”, Journal of Human Resources, 8: 436-455.

Escot, L., Latorre M.C. y Fernández-Cornejo J.A. (2023). Tools and data for the analysis of gender policies: A review. Global Policy (1758-5880), Volume14, IssueS2, March 2023, pp 40-49 DOI: https://doi.org/10.1111/1758-5899.13175

Lippens, Louis; Vermeiren, Siel; Baert, Stijn (2021) The state of hiring discrimination: A meta-analysis of (almost) all recent correspondence experiments. GLO Discussion Paper, No. 972, Global Labor Organization (GLO), Essen

Oaxaca, R. (1973): «Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets,» International Economic Review, 14 (October): 693-709.

OECD Development Centre (2019) Global Report for the fourth edition of the Social Institutions and Gender Index (SIGI). https://www.genderindex.org/

United Nations (2021) Our Common Agenda – Report of the Secretary-General, New York.

United Nations Development Programme (2021) Human Develpment Reports. Gender Composite Indices https://hdr.undp.org/data-center/composite-indices

World Bank (2021) Gender Disaggregated Labor Database, available at https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038490

World Economic Forum (2022): Global Gender Gap Report. http://reports.weforum.org/globalgender-gap-report-2022

[1] Para la construcción de este índice se han utilizado datos de aquellos países para los que se disponía de datos en al menos uno de estos índices de género. Los datos faltantes se han imputado antes de hacer la media utilizando la información del resto de índices y aplicando un modelo de bosque aleatorio

Reseñas de libros

• Piketty, Thomas. (2021). Une brève histoire de l’égalité. ISBN 978-2-02-148597-4. 364 páginas. Seuil.[1]

(por Artur Colom Jaén, Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y Economía Mundial, Universidad de Barcelona)

 En este libro, el célebre economista francés expone de manera sintética y accesible las principales ideas que se encuentran en sus reconocidas obras previas, El capital en el siglo XXI (2013) y Capital e ideología (2019). En la introducción, Piketty mismo explica cómo el monumental tamaño de estos dos trabajos anteriores, cercanos a las mil páginas cada uno, disuadía a muchos de leerlos y participar en los debates propuestos sobre la evolución, las causas profundas y las consecuencias de la desigualdad, así como la forma de reducirla. Por lo tanto, hay que destacar en primer lugar el esfuerzo realizado para condensar toda la complejidad de su propuesta teórica y política en algo más de 350 páginas, sin perder rigor.

 Es importante recordar el contexto en el que se publicó El capital en el siglo XXI, poco después de la crisis financiera global de 2008-2009 y la Gran Recesión. Las respuestas ofrecidas por la economía convencional frente a la crisis resultaron profundamente insatisfactorias para muchos, tanto en el diagnóstico como en las medidas de política económica que se adoptaron. Esto fue especialmente cierto en Europa, donde las medidas de austeridad impulsadas desde la Unión Europea desencadenaron una crisis social sin precedentes, especialmente en el sur del continente, y casi llevaron al colapso de la unión monetaria. Surgió así una demanda creciente de enfoques alternativos que permitieran una comprensión distinta del funcionamiento de la economía. En estas circunstancias, el libro fue un éxito de ventas, algo ciertamente inusual para un trabajo académico, e incluso en 2019 se estrenó una adaptación cinematográfica de la misma en la que aparece Piketty.[2]

En El capital en el siglo XXI, Piketty desarrolla un sólido marco teórico respaldado por una extensa investigación empírica en base a largas series históricas. Su conclusión es que el capitalismo opera de tal manera que la tasa de retorno del capital supera la del crecimiento económico. De esta premisa surge la famosa expresión r>g, una suerte de ley de hierro del capitalismo. En ausencia de políticas públicas compensatorias o sucesos extremos como guerras, el funcionamiento natural del capitalismo conlleva un aumento de la desigualdad entre los propietarios del capital y el resto de la sociedad.

Aunque r>g es el fundamento del enfoque de Piketty sobre la desigualdad, esta expresión no aparece de modo explícito en el libro objeto de esta reseña. En su lugar, el autor adopta un enfoque menos técnico y más político. Basándose en algunos argumentos presentados en Capital e ideología, Piketty insiste en que la desigualdad no es una obra divina, sino que tiene fundamentos políticos e ideológicos. Por lo tanto, este orden político y económico construido socialmente puede ser alterado y, además, debe ser alterado por razones principalmente morales.[3] En este sentido, el enfoque más político que Piketty adopta en esta breve historia muestra un claro optimismo. El autor está convencido de que la acción ciudadana y las herramientas de política económica disponibles nos permitirían revertir el aumento de la desigualdad y avanzar hacia sociedades más justas. Desde esta perspectiva, el título del libro resulta revelador, ya que el autor prefiere abordar una «historia de la igualdad» en lugar de una historia de la «desigualdad».

El libro que nos ocupa está estructurado en 10 capítulos. Los dos primeros establecen las bases metodológicas de su análisis, incluyendo la elección de indicadores y la presentación de los diferentes conceptos de historia económica y economía política que va a usar. En los capítulos 3 y 4, Piketty aborda el legado del sistema esclavista y colonial, así como el debate sobre las posibles indemnizaciones que podrían derivarse de él. Uno de los puntos destacables de este libro es la ampliación de su enfoque histórico de las desigualdades, habitualmente aplicado a los países occidentales, a la realidad de los países en desarrollo, alineándose con las tesis clásicas estructuralistas del Centro-Periferia y los Sistemas-mundo. Para hacerlo, el autor se remonta hasta el período esclavista y examina sus efectos, abriendo así el debate sobre el pago de reparaciones económicas que Francia y otras economías colonialistas deberían afrontar.[4] Tomando como ejemplo el caso de Haití, cuyo gobierno tuvo que indemnizar a Francia tras su independencia en 1804, Piketty afirma que «Durante más de un siglo, desde 1825 hasta 1950, el precio que Francia quiso que pagara Haití por su libertad tuvo como consecuencia que el desarrollo de la isla estuviera determinado por la cuestión de la indemnización» (p. 111, traducción propia).

En los capítulos 5, 6 y 7, el autor analiza con una mirada histórica los acontecimientos y las políticas del siglo XX que contribuyeron a la reducción de la desigualdad entre 1914 y 1980, especialmente en Europa occidental, y cómo posteriormente, entre 1980 y 2020, la tendencia se ha invertido. La perspectiva de longue durée adoptada por Piketty en sus trabajos le permite argumentar que, si las sociedades occidentales han logrado transitar de un orden feudal a un orden burgués menos opresivo para la mayoría y construir estados de bienestar fuertes en el siglo XX, existen razones para creer que el aumento de la desigualdad observado dentro de los países desde la década de 1980 puede ser revertido. No obstante, el propio autor admite que esto no es una tarea sencilla. La facilidad con la que hoy día la extrema riqueza evita el pago de impuestos en un mundo globalizado, junto con la incapacidad de la socialdemocracia para proponer una alternativa política sólida y atractiva, son dos de los principales obstáculos a los que se enfrentan las propuestas de Piketty para reducir las desigualdades.

En los últimos tres capítulos (8, 9 y 10, e incluso la última parte del 7), Piketty presenta su plan de acción más político para revertir el crecimiento de las desigualdades, con especial énfasis en la capacidad de los sistemas fiscales para hacerlo. En estos capítulos, además, aborda las desigualdades derivadas del acceso desigual al sistema educativo, del racismo y del neocolonialismo, y en el último capítulo aboga por un nuevo socialismo democrático, ecológico, mestizo y cosmopolita.

A pesar de las críticas metodológicas que se le puedan hacer a las tesis de Piketty, como su forma de cuantificar el capital, su contribución a devolver el estudio de la desigualdad al centro de las preocupaciones de la economía en la última década es innegable. El enfoque de Piketty abandona la superficialidad del análisis neoclásico, en el que las dotaciones de factores vienen dadas, y se adentra en las profundidades de la economía política. Es decir, su análisis no se limita a determinar cuantitativamente la extensión de la desigualdad, sino que busca desentrañar sus orígenes. Para ello, Piketty se vale de un aparato conceptual que, de hecho, ya existe en la economía política clásica del siglo XVIII: la dialéctica entre Capital y Trabajo. Además, sus aportaciones también pueden ser interpretadas desde una óptica de historia económica, llegando a la conclusión de que las desigualdades no dependen únicamente de la coyuntura o del pasado más inmediato, sino que existen poderosas razones para pensar que la riqueza (y la pobreza) se transmiten de generación en generación, consolidando una realidad persistente de clases sociales que está ausente en el enfoque neoclásico. De ahí que sus propuestas de política económica no se limitan a la redistribución, sino que también alcanzan la predistribución, como su idea de una herencia universal (p. 230-39).[5]

Desde la perspectiva de la práctica docente, este libro ofrece diversas oportunidades para su utilización. En primer lugar, los capítulos son relativamente breves y, aunque no son completamente autocontenidos, se pueden abordar como unidades individuales o textos cortos que pueden emplearse en clase para preparar presentaciones magistrales o como material complementario para los alumnos. En segundo lugar, como libro de lectura obligatoria o complementaria para estudiantes de grado y posgrado, permite abrir numerosos debates sobre historia económica, conceptualización de la desigualdad, economía política, el mito de la meritocracia e incluso sobre los orígenes coloniales del subdesarrollo. Si bien reconocemos que puede parecer utópico esperar que un estudiante medio de grado pueda leerse un libro de 350 páginas, incluso si se promociona como «breve» en el título, permitan que este modesto revisor exprese sus fantasías más íntimas. En tercer lugar, la calidad de los numerosos gráficos presentes en el libro (41 en total) facilita su uso en clase como ejemplos metodológicos sobre tratamiento de datos y construcción de grafismos, así como para fomentar el aprendizaje de la interpretación de datos y gráficos, habilidades que en general nuestros estudiantes de grado no poseen en abundancia. Cabe destacar que cada gráfico viene acompañado de una explicación concisa pero exhaustiva, al estilo de las que encontramos en los informes del World Inequality Lab.[6] Además, los datos utilizados se hallan agrupados en formato Excel en diferentes archivos en una página web de acceso libre (https://piketty.pse.ens.fr/egalite). Este recurso resulta especialmente valioso para la enseñanza en el ámbito de posgrado. En un mundo caracterizado por las fake news y el anticientificismo conspirativo, es importante transmitir que hay que ser serio y responsable con los datos que se manejan.

En suma, para aquellos que no estén familiarizados con el influyente pensamiento de Piketty, este libro proporciona una manera excelente de adentrarse en sus ideas.

[1] El libro cuenta con traducciones al castellano y al catalán:

Piketty, Thomas. (2021). Una breve historia de la igualdad. Deusto.

Piketty, Thomas. (2021). Una breu història de la igualtat. Edicions 62.

[2] Capital in the 21st Century. Más información en https://www.imdb.com/title/tt5723056/

[3] De este libro se ha hecho una versión en cómic, de momento únicamente con traducciones al alemán y al italiano. Alet, C. et Adam, B. (2022). Capital et idéologie en bande dessinée. Seuil.

[4] En febrero de 2023 la televisión pública catalana (TV3) emitió un serio documental de producción propia sobre el origen esclavista de muchas fortunas de familias catalanas que levantó mucha polvareda. Esto dejó en evidencia que a pesar del tiempo transcurrido continúan siendo cuestiones relevantes. Negrers. La Catalunya esclavista. https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/negrers-la-catalunya-esclavista/video/6203403/

[5] En el número 40 de Noticias de Política Económica se puede leer un interesante debate, entre Alberto Tena y Juan Torres sobre la propuesta de herencia universal que la coalición SUMA lleva en su programa económico para las elecciones generales de julio de 2023, y en el que hay inevitables alusiones a Piketty: https://newspoleco.blogs.uv.es/2023/07/03/numero-40-12/

[6] El World Inequality Lab es un centro de investigación afiliado a la Paris School of Economics y a la Universidad de Berkeley, dirigido por el propio Thomas Piketty junto con Emmanuel Sáez, Gabriel Zucman y Lucas Chancel. En su página web (inequalitylab.world) se publican regularmente informes sobre desigualdad global y justicia climática entre otros temas.

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XVI Jornadas Internacionales de Política Económica. “Decisiones de Política Económica en momentos de incertidumbre”

La Laguna (Tenerife), 25-26 de Mayo de 2023. (Resumen)

Organiza: Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos –Política Económica-, Universidad de La Laguna (España)

Los días 25 y 26 de mayo de 2023 se celebraron las XVI Jornadas Internacionales de Política Económica en el antiguo Convento de Santo Domingo de La Laguna (Tenerife), organizadas por el Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna.

Unas jornadas que se plantearon como un punto de encuentro para reflexionar y debatir acerca de “Las decisiones de Política Económica en momentos de incertidumbre”, con la finalidad de realizar aportaciones en una etapa en la que la incertidumbre rodea las decisiones que deben afrontar los responsables de la política económica en los próximos años. El interés de este evento se orientó hacia el estudio de las políticas instrumentales, económicas sectoriales y los nuevos objetivos que van surgiendo a partir de los problemas que el contexto cambiante internacional está marcando.

Este encuentro científico se estructuró en varios bloques de contenido relacionados con el papel de la Unión Europea en el proceso de toma de decisiones de política económica, las medidas en esta materia para la gestión de la crisis de la COVID-19, las políticas económicas medioambientales y la crisis energética y el papel del sector público, entre otros.

También se abordaron las políticas económicas del sector financiero, de investigación y desarrollo, e igualmente se realizaron sesiones sobre responsabilidad social y emprendimiento. En este encuentro también se destinó un espacio para las políticas de descentralización fiscal y administrativa, la educativa y laboral, la regulación de precios frente a la inflación y los desequilibrios del mercado, y la innovación en la docencia en política económica.

Las Jornadas contaron con dos grandes conferencias: la de inauguración, dictada por Mª del Pilar Grau Carles, catedrática de Política Económica de la Universidad Complutense de Madrid, con el título “Desdibujando fronteras: el papel de la multidisciplinariedad en la comprensión de la incertidumbre en la política económica”; y, la de clausura, por Antón Costas Comesaña, presidente del Consejo Económico y Social de España, consejero de Estado y catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, quién disertó sobre “A quién deben hablar los economistas cuando proponen políticas, al poder o a la sociedad”.

Además, se llevaron a cabo dos mesas redondas. Una sobre “La docencia de la Política Económica”, coordinada por Antonio Sánchez Andrés, profesor titular de la Universidad de Valencia. Y la otra sobre “El retorno a la Economía Política”, con las intervenciones de Juan Ramón Cuadrado Roura, catedrático emérito de la Universidad de Alcalá de Henares, y de Xosé Carlos Arias Moreira, catedrático de la Universidad de Vigo.

Se debe señalar que las XVI Jornadas Internacionales de Política Económica tuvieron una buena acogida, con la participación de 75 inscritos y la presentación de 52 comunicaciones, lo que denota el interés que despertó la temática abordada y la calidad de los ponentes participantes.

Estas Jornadas culminaron con la presentación de las propuestas de celebración del Taller de Política Económica el próximo año 2024 en la Universidad de Granada, y de las XVII Jornadas Internacionales de Política Económica en la Universidad de Sevilla para el año 2025.

Información sobre las Jornadas: https://eventos.ull.es/xvi-jornadas-internacionales-de-politica-economica/comite-organizador

Encuentro Bilateral de Política Económica

Alicante, 12 de Septiembre de 2023

Organiza: Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, Universidad de AlicanteEspaña)

Los Encuentros Bilaterales de Política Económica aspiran a acercar la investigación y la docencia entre distintas Universidades. Este tipo de eventos pretende constituirse en un foro en el que se intercambien experiencias, trabajos y similares entre profesorado de distintas Universidades, no sólo con el objetivo de hacer fluir la información, sino como mecanismo para estimular la generación de colaboraciones diversas.

Esta experiencia-piloto se inicia con el Encuentro organizado por las correspondientes secciones de Política Económica de las Universidades de Alicante y de Valencia. El Encuentro tendrá lugar en el Departamento de Economía Aplicada y Política Económica de la Universidad de Alicante el 12 de septiembre de 2023. Se organizará en forma de dos franjas expositivas (mañana y tarde) donde distintos miembros de ambas Universidades expondrán contenidos de trabajo recientes, líneas de investigación en curso o en perspectiva, así como experiencias docentes. De esta manera, se espera encontrar puntos comunes para entablar futuras colaboraciones.

En el futuro, se pretende repetir esta experiencia entre profesorado de estas Universidades con otras. Asimismo, se abre la puerta a que otras Universidades puedan seguir el camino de este experimento donde se puedan acercar las actividades interuniversitarias entre profesorado interesado en Política Económica.

Máster de Política Económica y Economía Pública

Máster de Política Económica y Economía Pública. (Organiza: Departamento de Economía Aplicada, Facultad de Economía, Universidad de Valencia

(abierto periodo de inscripción: desde el 20 de julio hasta el 4 de septiembre)

Este es un Máster dirigido a satisfacer la demanda de profesionales cualificados en el ámbito de la intervención pública (como analista político-económico), que es requerida por diversas entidades como: organismos internacionales, instituciones europeas, administración central y autonómica, ayuntamientos y diputaciones, organismos autónomos, centros de investigación, consultoras, servicios de estudios de grandes empresas y bancos, organizaciones sociales, sindicales y empresariales, ONGs, etc.

Este Máster ofrece un programa avanzado para la formación de especialistas de alto nivel en política económica y economía pública capaces de interpretar las posibilidades y consecuencias de la intervención del Estado en la economía. En su contenido se incorpora una perspectiva interdisciplinar, al integrar las dimensiones económica, política y social en el análisis de los desafíos económicos actuales, y también de política internacional al conceder relevancia al proceso de globalización actual.

Cuenta con una orientación académica-investigadora, y también orientación profesional, por lo que resulta de interés para estudiantes que desean realizar una actividad investigadora profesional o carrera académica, o quienes desean trabajar en los ámbitos político-económicos públicos, privados y mixtos.

Las líneas de investigación son variadas y derivadas del trabajo desarrollado por personal doctor propio que mantiene conexiones relevantes con grupos de investigación nacionales e internacionales. Algunas de esas líneas de investigación son: Economía constitucional, Economía ecológica y desarrollo sostenible, Economía de la Unión Europea, Hacienda pública y economía del sector público, Desarrollo local, Política industrial y de innovación tecnológica, Política de desarrollo turístico, Economía, trabajo y territorio, Economía institucional y regulaciones públicas, Dinámica productiva y políticas sectoriales, Economía y política laboral, Globalización y política económica, Desarrollo y políticas de cooperación, Estado del Bienestar y políticas redistributivas, pobreza y desigualdad, Economía de la seguridad económica, economía de la educación, o Economía de la salud, etc.

Además de la formación, se desarrollan seminarios y reuniones con otros perfiles de profesionales y con profesores externos para ampliar el ámbito de conocimiento en las múltiples políticas públicas posibles, y de este modo ayudar a mantener el perfil del estudiante actualizado según los requisitos del ámbito profesional. A través de los mismos se ha ofrecido información sobre ámbitos como el Banco Central Europeo, Evaluación de políticas públicas, Lobbies en Bruselas, Desigualdad y política monetaria, Políticas Económicas no convencionales, Derechos Humanos, Políticas de empleo europeas, Evaluación políticas de defensa, Retos del cambio climático, Tarifas eléctricas en España, Aplicación reglas fiscales en Ayuntamientos, y Privatizaciones en España, etc.

Para la obtención del título del Máster en Política Económica y Economía Pública cada estudiante debe superar un total de 60 créditos, repartidos en 15 créditos obligatorios, y 33 créditos optativos.

• Director Máster: Carlos Ochando Claramunt <Carlos.Ochando@uv.es>
• Información:

https://www.uv.es/uvweb/master-politica-economica-economia-publica/es/master-universitario-politica-economica-economia-publica-1285906412842.html.

• Información sobre inscripciones:

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/preinscripcion-/-admision/instrucciones-1285846650865.html

Manuales de Política Económica: Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos

Cuadrado Roura, Juan R. (dir.) (2023): Política Económica: Elaboración, Objetivos E Instrumentos. Mc Graw Hill, Madrid (7º Edición) (ISBN: 978-84-486-3624-1; pp.412).

Los dos aspectos más relevantes de la nueva séptima edición del libro se resumen como sigue. Primero, como resulta lógico, en una actualización de su contenido en la que se ha recogido, por un lado, los acontecimientos más recientes que han sucedido desde la edición previa; por otro, la incorporación donde procedía de algunas aportaciones recientes en el ámbito macroeconómico. En segundo lugar, la incorporación de tres nuevos autores a la revisión teórica y aplicada del libro en las diversas realidades del panorama internacional, con la pretensión última de enriquecer el contenido de la obra.

El propósito de esta nueva edición continúa siendo su utilidad como un texto básico de Política Económica en los grados de Economía, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Políticas, Turismo y Sociología, así como en las Escuelas de Ingeniería y en todos aquellos programas académicos que incluyan asignaturas dedicadas al análisis de los problemas y orientaciones de la política económica y de su implementación.

El libro tiene también un objetivo adicional: servir a los profesionales que trabajan en las administraciones públicas, empresas y otras instituciones donde resulta imprescindible un conocimiento riguroso de la realidad económica actual y, en particular, de la evaluación de las políticas aplicadas. De hecho, esta obra ha resultado, desde su primera edición, un elemento de ayuda muy importante para la preparación de los temarios oficiales de un buen número de oposiciones del conjunto de las administraciones públicas, tanto nacionales como regionales.

En relación con su contenido, la obra responde a su propio título. Es decir, existen tres bloques fundamentales que se desagregan en catorce capítulos. El primer bloque se dedica a algunas cuestiones metodológicas y conceptuales básicas en los tres primeros capítulos, para entrar en el siguiente en la elaboración de la política económica: agentes intervinientes, fases y problemas. Este cuarto capítulo se cierra con un tratamiento sintético de un tema que algunos autores consideran fuera de la economía, pero por el que se interesan los economistas cada vez más, complementándolo que desde otros campos como la sociología o la politología venían tratando desde mucho antes: la interdependencia entre política y economía, cuestión clave para entender mejor la intervención pública de los gobiernos en la economía.

El segundo bloque trata del análisis de los denominados objetivos básicos de la política económica: empleo, estabilidad de precios y crecimiento económicos, al que se le añade el tratamiento de otros objetivos relevantes en las economías de mercado como la redistribución de la renta y el bienestar económico. Estos temas se plantean como cuestiones claves para cada uno de dichos objetivos de su concepto, cuantificación, tratamiento en la literatura económica y políticas a aplicar.

Finalmente, el último bloque del libro está dedicado al tratamiento del funcionamiento de las dos políticas macroeconómicas más relevantes, la monetaria y la fiscal y mixta; primero en el ámbito de una economía cerrada, para pasar después a su análisis en el marco de una economía abierta. Las políticas microeconómicas, una cuestión que muchas veces no se recoge en los manuales al uso, tienen un tratamiento detallado en los dos capítulos que cierran la obra poniendo en relevancia la gran importancia que este tipo de actuaciones están tomando en el funcionamiento de la política económica de las principales economías de mercado.